Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Benjamín Sepúlveda Torres
2016 TSPR 164
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Benjamín Sepúlveda Torres
TS-16,285
Conducta profesional- Suspensión inmediata e indefinida de la profesión legal por incumplir con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías y del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2016 TSPR 164
Benjamín Sepúlveda Torres
196 DPR ____
Número del Caso: TS-16285
Fecha: 12 de ju1io de 2016
Oficina de Inspección de Notarías:
Lcdo. Manuel E. Dávila de Jesús
Director
Materia: La suspensión será efectiva el 13 de julio de 2016, fecha
en que se le notificó por correo al abogado de su suspensión
inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Benjamín Sepúlveda Torres
TS-16285
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de julio de 2016.
Hoy
nos
corresponde
ejercer
nuestro
poder
disciplinario y ordenar la suspensión inmediata e
indefinida
de
un
abogado
por
desobedecer
las
órdenes de este Tribunal. Por los fundamentos que a
continuación enunciamos, lo suspendemos inmediata e
indefinidamente de la práctica de la abogacía y la
notaría.
I
El Lcdo. Benjamín Sepúlveda Torres (licenciado
Sepúlveda Torres) fue admitido a la práctica de la
abogacía el 26 de enero de 2007 y a la práctica de
la notaría el 5 de marzo de 2008. El 3 de diciembre
de 2014 el Director de la Oficina de Inspección de
Notarías (ODIN) presentó ante esta Curia un escrito
titulado “Informe Especial sobre Incumplimiento de
TS-16285
la
Ley
2
Notarial
y
su
Reglamento,
y
en
Solicitud
de
Remedios” en el que nos informó que el licenciado Sepúlveda
Torres había incumplido con su obligación de remitir a la
ODIN un Informe Estadístico de Actividad Notarial Anual
para el año natural 2013.
En el informe se hizo constar que el 29 de septiembre
de 2014 se envió una carta por correo certificado con acuse
de recibo en la que se orientó al notario sobre el derecho
aplicable, se le advirtió sobre la gravedad de la conducta
desplegada y
sobre
las consecuencias disciplinarias que
acarrea tal incumplimiento. A esos fines, se le concedió un
término
de
10
días
para
rendir
todos
los
documentos
adeudados. Dentro de ese mismo término, también tenía que
informar dónde está ubicada la obra notarial autorizada por
éste y explicar las razones por las cuales no ha designado
un(a) notario (a) sustituto(a). La carta fue devuelta por
el servicio postal federal. La razón de la devolución fue:
“Not deliverable as addressed – Unable to forward”.
Ante esta circunstancia, el 14 de octubre de 2014 se
le envió otra comunicación al licenciado Sepúlveda Torres.
En esta ocasión se remitieron dos cartas mediante correo
certificado con acuse de recibo a las direcciones postales
registradas en el Registro Único de Abogados (RUA) y a las
dos direcciones de correo electrónico que surgen del mismo
sistema. En las comunicaciones se le reiteró al letrado los
posibles cursos de acción a seguir ante la respuesta o
falta de esta en cuanto a los requerimientos. Una de las
TS-16285
3
cartas fue devuelta por el servicio postal el 29 de octubre
de 2014 y la otra fue recibida por licenciado Sepúlveda
Torres el 24 de octubre de 2014.
Ante el incumplimiento del notario en contestar, el 24
de abril de 2015 emitimos una Resolución en la que le
ordenamos que en un término de 10 días mostrara causa por
la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la notaría
e imponerle una sanción de $500.00. En la misma Resolución
se
le
ordenó
que
notificara
a
la
ODIN
el
lugar
donde
ubicaba su obra notarial. Así las cosas, el personal de la
Secretaría del Tribunal Supremo notificó dicha orden a la
dirección postal del abogado según consta en RUA.
Posteriormente, el 1 de junio de 2015, el Director de
la ODIN compareció nuevamente mediante “Moción Informativa
Notificando
Incumplimiento
Remedios”.
En
ésta
nos
de
Orden
informó
y
que
en
luego
Solicitud
de
que
de
este
Tribunal le concedió al notario de epígrafe un término para
contestar, éste había hecho caso omiso a lo requerido. Por
lo
tanto,
solicitó
que
se
tomara
conocimiento
de
lo
expresado y que a la luz de la jurisprudencia se ordenara
la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la
abogacía y la notaría del letrado. También, solicitó que se
le
impusiera
una
sanción
de
$500.00
por
su
reiterado
incumplimiento y se le requiriera la entrega inmediata de
la obra protocolar y sello notarial que se encuentra bajo
su custodia.
TS-16285
4
El 18 de marzo de 2016 emitimos otra Resolución en la
que le concedimos al licenciado Sepúlveda Torres un término
de 5 días para que mostrara causa por la cual no debía ser
suspendido inmediatamente del ejercicio de la notaría y la
abogacía y por la cual no se le debía imponer una sanción
económica de $500.00 en virtud del Artículo 62 de la Ley
Notarial,1 por incumplir con los requerimientos hechos por
la ODIN. La Resolución fue archivada en autos y notificada
el 23 de marzo de 2016.
Se envió la misiva a la dirección
postal del notario, sin embargo, la misma fue devuelta por
el correo
postal.
La razón de la devolución fue: “Not
deliverable as addressed – Unable to forward”. Cabe señalar
que al día de hoy, éste no ha comparecido a cumplir con lo
ordenado.
II
Como parte de nuestro poder inherente de regular la
profesión legal en Puerto Rico nos corresponde asegurar que
los miembros admitidos a la práctica de la abogacía y la
notaría
ejerzan
sus
funciones
de
manera
responsable,
competente y diligente.2 A tono con ello, el Código de
Ética Profesional establece las normas mínimas de conducta
que deben desplegar los abogados y abogadas que ejercen tan
ilustre profesión.3
1
4 LPRA sec. 2102.
In re Oyola Torres, 2016 TSPR 73, 194 DPR ___ (2016); In re Vera
Vélez, 192 DPR 216, 226 (2015).
3
In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 617-618 (2014); In re Falcón
López, 189 DPR 689 (2013).
2
TS-16285
5
Entre
las
disposiciones
de
mayor
envergadura
en
nuestro ordenamiento jurídico se encuentra el Canon 9 de
Ética Profesional, supra, el cual dispone que los abogados
y las abogadas deben “observar para con los tribunales una
conducta que se caracterice por el mayor respeto”.4 Al
interpretar este precepto hemos expresado que la naturaleza
de la función de abogado requiere que se emplee estricta
atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal o de
cualquier foro al que se encuentre obligado a comparecer.5
Por lo tanto, todo letrado tiene la obligación de responder
diligente
y
oportunamente
a
este
particularmente
órdenes
de
Tribunal,
asuntos
relacionados
con
los
requerimientos
procedimientos
en
y
las
aquellos
disciplinarios
sobre su conducta profesional.6 El incumplimiento con las
órdenes de esta Curia, demuestra un claro menosprecio hacia
nuestra
autoridad.7
Asimismo,
hemos
reiterado
que
la
actitud de indiferencia a nuestros apercibimientos sobre
sanciones disciplinarias constituye causa suficiente para
una suspensión inmediata de la práctica de la profesión.8
De
manera
que
desatender
nuestros
requerimientos
es
incompatible con la práctica de la profesión y constituye
4
4 LPRA Ap. IX. C. 9.
In re García Ortiz, 187 DPR 507, 524 (2012).
6
In re Vera Vélez, supra, pág. 226; In re Pérez Román, 191 DPR 186,
188 (2014); In re Fidalgo Córdova, 183 DPR 217, 222 (2011); In re
Fontán La Fontaine, 182 DPR 931, 935 (2011).
7
In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368, 374 (2014); In re De León
Rodríguez, 190 DPR 378, 390-391 (2014).
8
In re López González et al. 2015 TSPR 107, 193 DPR __ (2015); In re
Vera Vélez, supra, pág. 227; In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660 (2011);
In re Martínez Sotomayor I, 181 DPR 1, 3 (2011).
5
TS-16285
6
una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional,
supra.9
Por otra parte, es harto sabido que todo notario y
toda notaria tiene la obligación de cumplir cabalmente con
la Ley Notarial de Puerto Rico y su Reglamento. Tanta es la
importancia de esto que hemos enfatizado que desacatar los
requerimientos cursados por la ODIN equivale a ignorar las
órdenes de este Tribunal.10 A tales efectos, éstos tienen
el ineludible deber de desempeñarse con esmero, diligencia
y estricto celo profesional.11 Por lo que el incumplimiento
con estas fuentes de obligaciones y deberes los expone a la
acción disciplinaria correspondiente.12
Por último, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal
Supremo, supra, impone la obligación a los abogados y a los
notarios
de
mantener
actualizados
los
datos
y
la
información que consta en el RUA.13 De igual forma hemos
señalado que el abogado deberá notificar cualquier cambio
en
su
dirección,
teléfono,
fax
y
correo
electrónico.14
Sabido es que el incumplimiento de mantener actualizadas
sus
direcciones
en
el
RUA
y/o
cualquier
información
personal de contacto acarrean la imposición de sanciones en
su
9
contra,
las
cuales
pueden
incluir
sanciones
In re Cepero Rivera et al. 2015 TSPR 107, 193 DPR __ (2015).
In re Rodríguez Zayas, 2015 TSPR 175, 194 DPR __ (2015).
11
In re Martínez Sotomayor I, supra, pág. 499.
12
Íd.
13
4 LPRA Ap. XXI-B.
14
In re Oyola Torres, supra; In re Pacheco Pacheco, 192 DPR 553, 561
(2015); In re Arroyo Rosado, 191 DPR 242, 245 (2014).
10
TS-16285
7
disciplinarias.15 Cuando un abogado incumple este deber,
obstaculiza
el
ejercicio
de
nuestra
jurisdicción
disciplinaria.16
III
Luego
forzoso
de
examinar
concluir
que
el
expediente
de
este
caso,
el
licenciado
Sepúlveda
es
Torres
incumplió con su obligación de remitir a la ODIN el Informe
Estadístico Anual correspondiente al año natural 2013 y de
contestar sus requerimientos. Este tampoco ha comparecido a
contestar
los
señalamientos
hechos
por
este
Tribunal,
infringiendo así el Canon 9 de Ética Profesional, supra. A
pesar de las múltiples oportunidades y apercibimientos que
le
concedimos
al
licenciado
Sepúlveda
Torres,
este
ha
desplegado una conducta de desatención a nuestra autoridad
como foro regulador de la profesión legal. Cabe destacar
que se le notificó a través del servicio postal federal a
las dos direcciones postales que constaban en RUA y las
direcciones electrónicas que constaban en el registro y aun
así el letrado incumplió con su deber de ser responsivo. Su
incumplimiento
omisión
de
con
las
mantenernos
órdenes
de
informados
este
sobre
Tribunal
su
y
su
dirección
actual, constituyó un craso incumplimiento con el Canon 9
del Código de Ética Profesional, supra.
IV
15
In re Bryan Picó, 192 DPR 246, 252 (2015); In re Arroyo Rosado,
supra, pág. 245; In re Rivera Trani, 188 DPR 454, 460 (2013); In re
Grau Collazo, 185 DPR 938, 944 (2012).
16
In re Pacheco Pacheco, supra, pág. 561; In re Toro Soto, supra, pág.
660.
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8
Por los fundamentos que anteceden, concluimos que el
licenciado Sepúlveda Torres infringió el Canon 9 del Código
de Ética Profesional, supra, al incumplir con su deber de
responder diligentemente los requerimientos de esta Curia.
En
consecuencia,
indefinida
Además,
del
decretamos
ejercicio
de
su
suspensión
inmediata
la
abogacía
la
y
e
notaría.
en virtud del Artículo 62 de la Ley Notarial,
supra, se le impone una sanción económica de $500.00 por
incumplir con los requerimientos hechos por esta Curia y de
la ODIN.
En vista de lo anterior, le imponemos el deber de
notificar
inmediatamente
inhabilidad
de
seguir
a
todos
sus
clientes
representándolos,
cualesquiera
honorarios
recibidos
realizados.
De
forma,
igual
y
por
tendrá
de
su
devolverles
trabajos
que
no
informar
inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y
administrativos de Puerto Rico en el que tenga algún caso
pendiente. Asimismo, tiene la obligación de acreditar y
certificar
ante
este
Tribunal
el
cumplimiento
con
lo
anterior, dentro del término de 30 días contados a partir
de la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Finalmente,
el
Alguacil
de
este
Tribunal
deberá
incautar la obra protocolar y sello notarial del señor
Sepúlveda Torres y entregarlos al Director de la ODIN para
que realice la correspondiente investigación e informe.
Notifíquese
inmediatamente
por
electrónico y por la vía ordinaria.
fax,
teléfono,
correo
TS-16285
Se dictará Sentencia de conformidad.
9
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
TS-16,285
Benjamín Sepúlveda Torres
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de julio de 2016.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte
de
la
presente
Sentencia,
suspendemos
indefinidamente de la práctica de la abogacía y la
notaría al Lcdo. Benjamín Sepúlveda Torres.
En vista de lo anterior, le imponemos el deber
de notificar inmediatamente a todos sus clientes de
su inhabilidad de seguir representándolos, y
devolverles cualesquiera honorarios recibidos por
trabajos no realizados. De igual forma, tendrá que
informar inmediatamente de su suspensión a los
foros judiciales y administrativos de Puerto Rico
en el que tenga algún caso pendiente. Se le ordena
acreditar y certificar ante este Tribunal el
cumplimiento con lo anterior, dentro del término de
30 días contados a partir de la notificación de
esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Además, en virtud del Artículo 62 de la Ley
Notarial, 4 LPRA sec. 2102, se le impone una
sanción económica de $500.00 por incumplir con los
requerimientos hechos por esta Curia y de la ODIN.
Finalmente, el Alguacil de este Tribunal
deberá incautar la obra protocolar y sello notarial
y entregarlos al Director de la Oficina de
Inspección
de
Notarías
para
que
realice
la
correspondiente
investigación
e
informe.
TS-16285
2
Notifíquese inmediatamente por fax, teléfono, correo
electrónico y por la vía ordinaria.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo Interina. La Juez Asociada
señora Rodríguez Rodríguez y los Jueces Asociados señores
Feliberti Cintrón y Colón Pérez no intervinieron.
Sonnya Isabel Ramos Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo Interina