Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Amador D’Alzina Nin
2016 TSPR 157
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Amador D’Alzina Nin
AB-2013-278
Conducta Profesional- Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplir con requerimientos y órdenes del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2016 TSPR 157
Amador D’Alzina Nin
195 DPR ____
Número del Caso: AB-2013-278
Fecha: 30 de junio de 2016
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray
Procuradora General
Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez
Subprocuradora General
Lcda. Karla Pacheco Álvarez
Subprocuradora General
Lcda. Minnie H. Rodríguez López
Procuradora General Auxiliar
Materia: La suspensión será efectiva el 5 de julio de 2016, fecha en
que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que
está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Núm. AB-2013-278
Amador D’Alzina Nin
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016
Nuevamente,
nos
vemos
obligados
a
separar
a
un
profesional del Derecho del ejercicio de la profesión de
la abogacía y la notaria, debido a su incumplimiento con
las órdenes de este Tribunal durante el transcurso de un
procedimiento disciplinario en su contra.
I
El
Lcdo.
Amador
D’Alzina
Nin
fue
admitido
al
ejercicio de la profesión de la abogacía el 31 de octubre
de 1977 y al de la notaría el 24 de noviembre de 1982.
El
26
de
junio
de
2013,
la
Sra.
Natalia
Sierra
presentó una queja en contra del licenciado D’Alzina Nin
ante este Tribunal. La señora Sierra arguyó que contrató
al licenciado D’Alzina Nin para que la representara en el
trámite de ciertas gestiones ante la Oficina del Servicio
de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
Como parte de ello, le delegó al licenciado D’Alzina Nin
la
responsabilidad
USCIS.
Por
estos
de
enviar
servicios,
dos
(2)
formularios
la
señora
Sierra
le
a
la
pagó
$800.00 en concepto de honorarios de abogado. A pesar de
lo anterior, la señora Sierra alegó que los documentos a
AB-2013-0278
enviarse
2
nunca
fueron
presentados
ante
la
USCIS.
Por
tanto, solicitó que ordenáramos al licenciado D’Alzina Nin
a devolverle una cuantía ascendente a $1,620.00.
El 22 de julio de 2013, este Tribunal le notificó al
licenciado D’Alzina Nin la presentación de la queja en
cuestión.
Además,
se
le
concedió
un
término
para
que
compareciera y reaccionara a la misma. Eventualmente, el
31 de agosto de 2013, éste compareció e informó que no
había
reaccionado
a
la
queja,
en
parte,
porque
se
encontraba en recuperación de una intervención quirúrgica
que le fue efectuada con anterioridad a la presentación de
la queja.
En síntesis, el licenciado D’Alzina Nin alegó que, en
efecto,
realizó
correspondiente
reacción,
la
a
el
la
señora
envío
USCIS
Sierra
de
vía
la
documentación
correo
compareció,
regular.
En
nuevamente,
y
planteó que, pasados varios meses desde el alegado envío,
llamó
a
la
USCIS
y
no
fue
documentación
le
informaron
presentada.
que
Por
la
referida
ello,
decidió
realizar una petición de rembolso ante el Servicio Postal
de los Estados Unidos (USPS) de dos (2) giros postales,
por la cantidad de $420.00 cada uno. Puntualizó, además,
que el USPS le informó que no se realizó gestión de cobro
alguna respecto a estos giros.
El 4 de noviembre de 2013, le referimos este asunto a
la
Oficina
correspondiente
de
la
Procuradora
investigación
e
General
informe,
para
la
conforme
lo
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3
establecido en la Regla 14 (d) del Reglamento del Tribunal
Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-B R. 14.
Posteriormente, el 7 de enero de 2014, la Oficina de
la Procuradora General presentó su informe. En resumen,
concluyó
que
el
licenciado
D’Alzina
Nin
no
realizó
efectivamente el trámite para el cual fue contratado. Por
ello, recomendó la devolución inmediata de los $800.00 que
le pagó la señora Sierra en concepto de honorarios de
abogado. Por último, sugirió que, una vez realizado el
pago, se archivara la queja correspondiente.
El 13 de marzo de 2014, le concedimos un término de
veinte
(20)
días
al
licenciado
D’Alzina
Nin
para
expresarse en torno al informe. Además, se le apercibió
que, de no comparecer, se entendería que se allanaba a las
recomendaciones formuladas en éste. A pesar de ello, el
licenciado D’Alzina Nin no compareció. Así las cosas, el
26 de junio de 2015, le concedimos un periodo adicional de
quince (15) días para cumplir con nuestra orden previa. Al
día de hoy, éste no ha comparecido.
Examinado lo anterior, corresponde repasar, si bien
someramente, los fundamentos jurídicos aplicables a este
caso.
II
Los profesionales del Derecho tienen un rol esencial
en el funcionamiento efectivo de los procesos judiciales
que supone un deber “de contribuir para salvaguardar la
integridad y eficacia de nuestro ordenamiento jurídico”.
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4
In re: Vázquez González, 2016 T.S.P.R. 27, en la pág. 7,
194 D.P.R. ___ (2016).
En innumerables ocasiones hemos dispuesto que todos
los
profesionales
del
Derecho
tienen
la
obligación
de
obedecer y respetar las órdenes de los tribunales. Véase
In re: Colón Cordovés, 2016 T.S.P.R. 94, 195 D.P.R. ___
(2016).
Asimismo,
éstos
tienen
que
responder
a
dichos
señalamientos de manera oportuna y rigurosa. Véase In re:
Hance Flores, 193 D.P.R. 767 (2015). El incumplimiento con
este
deber,
sin
duda
alguna,
mina
la
confianza
que
deposita el pueblo en el sistema de justicia, por lo que
acarrea
sanciones
disciplinarias.
Véase
In
re:
Lebrón
Arroyo, 2016 T.S.P.R. 49, 195 D.P.R. ___ (2016); In re:
Irizarry Rodríguez, 193 D.P.R. 633 (2015).
A
esos
efectos,
el
Canon
9
del
Código
de
ética
profesional establece que los abogados deben observar para
con los tribunales “una conducta que se caracterice por el
mayor respeto”. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 9. Cabe destacar
que, en el contexto de una acción disciplinaria, dicha
obligación cobra mayor preminencia. Véase In re: Rodríguez
Zayas, 2015 T.S.P.R. 175, 194 D.P.R. ___ (2015); In re:
Ezratty Samo, 2016 T.S.P.R. 19, 194 D.P.R. ___ (2016). De
igual
forma,
cumplir
con
es
preciso
nuestras
recordar
órdenes
en
que
los
“[e]l
deber
de
procedimientos
disciplinarios es independiente de los méritos de la queja
presentada”. In re: Pestaña Segovia, 192 D.P.R. 485, 493
(2015).
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5
En fin, “[e]l proceder apático e indiferente respecto
a nuestros pronunciamientos, constituye un ultraje a la
autoridad de este Tribunal y a nuestro poder inherente de
regular el ejercicio de la profesión legal”. In re: Nieves
Vázquez, 2016 T.S.P.R. 22, en la pág. 14, 194 D.P.R. ___
(2016). Véase, además, In re: Dávila Toro, 193 D.P.R. 159
(2015); In re: Burgos González, 192 D.P.R. 769 (2015). Por
tanto,
reiteradamente,
referido
hemos
incumplimiento
indefinida
del
optado
por
sancionar
con
la
suspensión
de
la
abogacía.
ejercicio
el
inmediata
Véase
In
e
re:
Colón Cordovés, 2016 T.S.P.R. 94; In re: Ward Llambias,
2016 T.S.P.R. 83, 195 D.P.R. ___ (2016).
III
Según narramos, la Oficina de la Procuradora General
recomendó
un
proceder
disciplinario
comedido.
A
saber,
sugirió ordenarle al licenciado D’Alzina Nin la devolución
de los honorarios de abogado cobrados por servicios no
realizados
y
el
correspondiente
archivo
de
la
queja,
sujeto al cumplimiento con lo primero. A esos efectos, le
concedimos dos (2) oportunidades al licenciado D’Alzina
Nin
para
que
recomendaciones.
se
expresara
Asimismo,
lo
en
torno
apercibimos
a
estas
de
las
consecuencias de incumplir con dicha orden. No obstante,
el
licenciado
optó
por
la
inacción
y
la
desidia.
Puntualizamos que, aunque sólo le concedimos al licenciado
D’Alzina Nin una prórroga de veinticinco (25) días para
comparecer, al día de hoy, han transcurrido más de dos (2)
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años
sin
6
respuesta
alguna.
Ello,
sin
lugar
a
dudas,
constituye una ofensa al deber consagrado en el Canon 9
del Código de ética profesional. Así, pues, dicha conducta
amerita,
de
suyo,
la
imposición
de
una
sanción
disciplinaria.
IV
Por
los
fundamentos
que
anteceden,
se
ordena
la
suspensión inmediata e indefinida de la práctica de la
abogacía y la notaría del licenciado D’Alzina Nin. En caso
de
que
éste
nuestros
deber
se
encuentre
representando
clientes
actualidad,
le
tribunales
en
la
notificar
a
éstos
de
se
ante
impone
el
sobre
su
inhabilidad
de
continuar
representándolos,
devolver
los
honorarios
por
trabajos
no
realizados
e
informar
inmediatamente
sus
respectivas
suspensiones
a
cualquier
foro
judicial
y
administrativo en el que tenga casos pendientes.
Asimismo, se le ordena devolver, dentro de un término
improrrogable de treinta (30) días, los $800.00 pagados
por la señora Sierra a éste, en concepto de honorarios de
abogado.
Deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con
lo anterior en un término de treinta (30) días contados a
partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y
Sentencia.
Finalmente, la Oficina del Alguacil de este Tribunal
deberá
incautar,
de
inmediato,
la
obra
protocolar
del
licenciado D’Alzina Nin y entregar la misma al Director de
AB-2013-0278
la
Oficina
7
de
Inspección
de
Notarías
para
el
trámite
correspondiente.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia.
Se dictará sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Amador D’Alzina Nin
Núm. AB-2013-278
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam
que antecede, se ordena la suspensión inmediata e
indefinida de la práctica de la abogacía y la notaría del
Lcdo. Amador D’Alzina Nin. En caso de que éste se encuentre
representando clientes ante nuestros tribunales en la
actualidad, se le impone el deber de notificar a éstos
sobre
su
inhabilidad
de
continuar
representándolos,
devolver los honorarios por trabajos no realizados e
informar inmediatamente sus respectivas suspensiones a
cualquier foro judicial y administrativo en el que tenga
casos pendientes.
Asimismo, se le ordena devolver, dentro de un término
improrrogable de treinta (30) días, los $800.00 pagados
por la señora Sierra a éste, en concepto de honorarios de
abogado.
Deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con
lo anterior en un término de treinta (30) días contados a
partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y
Sentencia.
Finalmente, la Oficina del Alguacil de este Tribunal
deberá incautar, de inmediato, la obra protocolar del
licenciado D’Alzina Nin y entregar la misma al Director de
la Oficina de Inspección de Notarías para el trámite
correspondiente.
Notifíquese
Sentencia.
personalmente
esta
Opinión
Per
Curiam
y
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el
Juez Asociado señor Rivera García no intervinieron.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo