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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Amador D’Alzina Nin

2016 TSPR 157

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Amador D’Alzina Nin

AB-2013-278

Conducta Profesional- Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplir con requerimientos y órdenes del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2016 TSPR 157

Amador D’Alzina Nin

195 DPR ____

Número del Caso: AB-2013-278

Fecha: 30 de junio de 2016

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray

Procuradora General

Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez

Subprocuradora General

Lcda. Karla Pacheco Álvarez

Subprocuradora General

Lcda. Minnie H. Rodríguez López

Procuradora General Auxiliar

Materia: La suspensión será efectiva el 5 de julio de 2016, fecha en

que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que

está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Núm. AB-2013-278

Amador D’Alzina Nin

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016

Nuevamente,

nos

vemos

obligados

a

separar

a

un

profesional del Derecho del ejercicio de la profesión de

la abogacía y la notaria, debido a su incumplimiento con

las órdenes de este Tribunal durante el transcurso de un

procedimiento disciplinario en su contra.

I

El

Lcdo.

Amador

D’Alzina

Nin

fue

admitido

al

ejercicio de la profesión de la abogacía el 31 de octubre

de 1977 y al de la notaría el 24 de noviembre de 1982.

El

26

de

junio

de

2013,

la

Sra.

Natalia

Sierra

presentó una queja en contra del licenciado D’Alzina Nin

ante este Tribunal. La señora Sierra arguyó que contrató

al licenciado D’Alzina Nin para que la representara en el

trámite de ciertas gestiones ante la Oficina del Servicio

de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

Como parte de ello, le delegó al licenciado D’Alzina Nin

la

responsabilidad

USCIS.

Por

estos

de

enviar

servicios,

dos

(2)

formularios

la

señora

Sierra

le

a

la

pagó

$800.00 en concepto de honorarios de abogado. A pesar de

lo anterior, la señora Sierra alegó que los documentos a

AB-2013-0278

enviarse

2

nunca

fueron

presentados

ante

la

USCIS.

Por

tanto, solicitó que ordenáramos al licenciado D’Alzina Nin

a devolverle una cuantía ascendente a $1,620.00.

El 22 de julio de 2013, este Tribunal le notificó al

licenciado D’Alzina Nin la presentación de la queja en

cuestión.

Además,

se

le

concedió

un

término

para

que

compareciera y reaccionara a la misma. Eventualmente, el

31 de agosto de 2013, éste compareció e informó que no

había

reaccionado

a

la

queja,

en

parte,

porque

se

encontraba en recuperación de una intervención quirúrgica

que le fue efectuada con anterioridad a la presentación de

la queja.

En síntesis, el licenciado D’Alzina Nin alegó que, en

efecto,

realizó

correspondiente

reacción,

la

a

el

la

señora

envío

USCIS

Sierra

de

vía

la

documentación

correo

compareció,

regular.

En

nuevamente,

y

planteó que, pasados varios meses desde el alegado envío,

llamó

a

la

USCIS

y

no

fue

documentación

le

informaron

presentada.

que

Por

la

referida

ello,

decidió

realizar una petición de rembolso ante el Servicio Postal

de los Estados Unidos (USPS) de dos (2) giros postales,

por la cantidad de $420.00 cada uno. Puntualizó, además,

que el USPS le informó que no se realizó gestión de cobro

alguna respecto a estos giros.

El 4 de noviembre de 2013, le referimos este asunto a

la

Oficina

correspondiente

de

la

Procuradora

investigación

e

General

informe,

para

la

conforme

lo

AB-2013-0278

3

establecido en la Regla 14 (d) del Reglamento del Tribunal

Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-B R. 14.

Posteriormente, el 7 de enero de 2014, la Oficina de

la Procuradora General presentó su informe. En resumen,

concluyó

que

el

licenciado

D’Alzina

Nin

no

realizó

efectivamente el trámite para el cual fue contratado. Por

ello, recomendó la devolución inmediata de los $800.00 que

le pagó la señora Sierra en concepto de honorarios de

abogado. Por último, sugirió que, una vez realizado el

pago, se archivara la queja correspondiente.

El 13 de marzo de 2014, le concedimos un término de

veinte

(20)

días

al

licenciado

D’Alzina

Nin

para

expresarse en torno al informe. Además, se le apercibió

que, de no comparecer, se entendería que se allanaba a las

recomendaciones formuladas en éste. A pesar de ello, el

licenciado D’Alzina Nin no compareció. Así las cosas, el

26 de junio de 2015, le concedimos un periodo adicional de

quince (15) días para cumplir con nuestra orden previa. Al

día de hoy, éste no ha comparecido.

Examinado lo anterior, corresponde repasar, si bien

someramente, los fundamentos jurídicos aplicables a este

caso.

II

Los profesionales del Derecho tienen un rol esencial

en el funcionamiento efectivo de los procesos judiciales

que supone un deber “de contribuir para salvaguardar la

integridad y eficacia de nuestro ordenamiento jurídico”.

AB-2013-0278

4

In re: Vázquez González, 2016 T.S.P.R. 27, en la pág. 7,

194 D.P.R. ___ (2016).

En innumerables ocasiones hemos dispuesto que todos

los

profesionales

del

Derecho

tienen

la

obligación

de

obedecer y respetar las órdenes de los tribunales. Véase

In re: Colón Cordovés, 2016 T.S.P.R. 94, 195 D.P.R. ___

(2016).

Asimismo,

éstos

tienen

que

responder

a

dichos

señalamientos de manera oportuna y rigurosa. Véase In re:

Hance Flores, 193 D.P.R. 767 (2015). El incumplimiento con

este

deber,

sin

duda

alguna,

mina

la

confianza

que

deposita el pueblo en el sistema de justicia, por lo que

acarrea

sanciones

disciplinarias.

Véase

In

re:

Lebrón

Arroyo, 2016 T.S.P.R. 49, 195 D.P.R. ___ (2016); In re:

Irizarry Rodríguez, 193 D.P.R. 633 (2015).

A

esos

efectos,

el

Canon

9

del

Código

de

ética

profesional establece que los abogados deben observar para

con los tribunales “una conducta que se caracterice por el

mayor respeto”. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 9. Cabe destacar

que, en el contexto de una acción disciplinaria, dicha

obligación cobra mayor preminencia. Véase In re: Rodríguez

Zayas, 2015 T.S.P.R. 175, 194 D.P.R. ___ (2015); In re:

Ezratty Samo, 2016 T.S.P.R. 19, 194 D.P.R. ___ (2016). De

igual

forma,

cumplir

con

es

preciso

nuestras

recordar

órdenes

en

que

los

“[e]l

deber

de

procedimientos

disciplinarios es independiente de los méritos de la queja

presentada”. In re: Pestaña Segovia, 192 D.P.R. 485, 493

(2015).

AB-2013-0278

5

En fin, “[e]l proceder apático e indiferente respecto

a nuestros pronunciamientos, constituye un ultraje a la

autoridad de este Tribunal y a nuestro poder inherente de

regular el ejercicio de la profesión legal”. In re: Nieves

Vázquez, 2016 T.S.P.R. 22, en la pág. 14, 194 D.P.R. ___

(2016). Véase, además, In re: Dávila Toro, 193 D.P.R. 159

(2015); In re: Burgos González, 192 D.P.R. 769 (2015). Por

tanto,

reiteradamente,

referido

hemos

incumplimiento

indefinida

del

optado

por

sancionar

con

la

suspensión

de

la

abogacía.

ejercicio

el

inmediata

Véase

In

e

re:

Colón Cordovés, 2016 T.S.P.R. 94; In re: Ward Llambias,

2016 T.S.P.R. 83, 195 D.P.R. ___ (2016).

III

Según narramos, la Oficina de la Procuradora General

recomendó

un

proceder

disciplinario

comedido.

A

saber,

sugirió ordenarle al licenciado D’Alzina Nin la devolución

de los honorarios de abogado cobrados por servicios no

realizados

y

el

correspondiente

archivo

de

la

queja,

sujeto al cumplimiento con lo primero. A esos efectos, le

concedimos dos (2) oportunidades al licenciado D’Alzina

Nin

para

que

recomendaciones.

se

expresara

Asimismo,

lo

en

torno

apercibimos

a

estas

de

las

consecuencias de incumplir con dicha orden. No obstante,

el

licenciado

optó

por

la

inacción

y

la

desidia.

Puntualizamos que, aunque sólo le concedimos al licenciado

D’Alzina Nin una prórroga de veinticinco (25) días para

comparecer, al día de hoy, han transcurrido más de dos (2)

AB-2013-0278

años

sin

6

respuesta

alguna.

Ello,

sin

lugar

a

dudas,

constituye una ofensa al deber consagrado en el Canon 9

del Código de ética profesional. Así, pues, dicha conducta

amerita,

de

suyo,

la

imposición

de

una

sanción

disciplinaria.

IV

Por

los

fundamentos

que

anteceden,

se

ordena

la

suspensión inmediata e indefinida de la práctica de la

abogacía y la notaría del licenciado D’Alzina Nin. En caso

de

que

éste

nuestros

deber

se

encuentre

representando

clientes

actualidad,

le

tribunales

en

la

notificar

a

éstos

de

se

ante

impone

el

sobre

su

inhabilidad

de

continuar

representándolos,

devolver

los

honorarios

por

trabajos

no

realizados

e

informar

inmediatamente

sus

respectivas

suspensiones

a

cualquier

foro

judicial

y

administrativo en el que tenga casos pendientes.

Asimismo, se le ordena devolver, dentro de un término

improrrogable de treinta (30) días, los $800.00 pagados

por la señora Sierra a éste, en concepto de honorarios de

abogado.

Deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con

lo anterior en un término de treinta (30) días contados a

partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Finalmente, la Oficina del Alguacil de este Tribunal

deberá

incautar,

de

inmediato,

la

obra

protocolar

del

licenciado D’Alzina Nin y entregar la misma al Director de

AB-2013-0278

la

Oficina

7

de

Inspección

de

Notarías

para

el

trámite

correspondiente.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Amador D’Alzina Nin

Núm. AB-2013-278

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam

que antecede, se ordena la suspensión inmediata e

indefinida de la práctica de la abogacía y la notaría del

Lcdo. Amador D’Alzina Nin. En caso de que éste se encuentre

representando clientes ante nuestros tribunales en la

actualidad, se le impone el deber de notificar a éstos

sobre

su

inhabilidad

de

continuar

representándolos,

devolver los honorarios por trabajos no realizados e

informar inmediatamente sus respectivas suspensiones a

cualquier foro judicial y administrativo en el que tenga

casos pendientes.

Asimismo, se le ordena devolver, dentro de un término

improrrogable de treinta (30) días, los $800.00 pagados

por la señora Sierra a éste, en concepto de honorarios de

abogado.

Deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con

lo anterior en un término de treinta (30) días contados a

partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Finalmente, la Oficina del Alguacil de este Tribunal

deberá incautar, de inmediato, la obra protocolar del

licenciado D’Alzina Nin y entregar la misma al Director de

la Oficina de Inspección de Notarías para el trámite

correspondiente.

Notifíquese

Sentencia.

personalmente

esta

Opinión

Per

Curiam

y

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el

Juez Asociado señor Rivera García no intervinieron.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo