LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Gloria A. Torres Román

2016 TSPR 154

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Gloria A. Torres Román

CP-2014-14

Conducta Profesional- Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría por quebrantar los Cánones 9 y 12 de Ética Profesional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2016 TSPR 154

Gloria A. Torres Román

195 DPR ____

Número del Caso: CP-2014-14

Fecha: 28 de junio de 2016

Abogado de la querellada:

Por derecho propio

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Karla Pacheco Álvarez

Subprocuradora General

Lcda. Minnie H. Rodríguez López

Procuradora General Auxiliar

Comisionada Especial:

Hon. Crisanta González Seda

Materia: La suspensión será efectiva el 3 de agosto de 2016, fecha

en que se le notificó por correo a la abogada de su suspensión

inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Gloria A. Torres Román

CP-2014-14

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2016

I

La

Lcda.

Gloria

A.

Torres

Román

fue

admitida

al

ejercicio de la abogacía el 20 de enero de 1993 y al de la

notaría el 27 de agosto de 1993.

El 23 de mayo de 2011, el Sr. Carlos Agosto Rodríguez

presentó una queja contra la letrada de epígrafe. En ésta,

adujo

que

la

licenciada

Torres

Román

autorizó

una

escritura de hipoteca defectuosa –la Escritura Núm. 3 de

16 de septiembre de 2010-, la cual no pudo ser debidamente

inscrita en el Registro de la Propiedad. Esto, debido a

falta

de

licenciada

tracto

sucesivo.

Torres

Román

El

8

de

contestó

agosto

la

de 2011,

referida

la

queja,

negando, esencialmente, las contenciones formuladas por el

señor Agosto Rodríguez y alegando haber sido inducida a

error durante la otorgación de la escritura en cuestión.

Luego de los trámites de rigor, previa moción de la

Oficina de la Procuradora General, este Tribunal emitió

una

resolución

y

refirió

la

queja

que

nos

ocupa

a

la

Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) con tal que ésta

hiciera las investigaciones correspondientes y preparara

CP-2014-14

2

un informe. Por tanto, el 21 de mayo de 2012, la ODIN

rindió su informe, en el cual determinó que, en efecto, la

licenciada Torres Román autorizó una escritura defectuosa.

En consecuencia, la ODIN estimó que la licenciada Torres

Román

contravino

el

artículo

Puerto

Rico

y,

además,

reprochable.

El

7

de

2

de

la

incurrió

en

conducta

2013,

por

mayo

de

Ley

notarial

de

éticamente

su

parte,

la

Oficina de la Procuradora General rindió su informe. En

éste, fundamentalmente avaló la apreciación hecha por la

ODIN.1

En consideración de lo anterior, el 25 de abril de

2014,

este

Tribunal

le

ordenó

a

la

Oficina

de

la

Procuradora General que procediera a presentar la querella

correspondiente.

resolución

querella

Dicha

emitida

contra

la

por

oficina,

este

licenciada

pues,

acatando

la

Tribunal,

presentó

una

Torres

Román

imputándole

haber contravenido el artículo 2 de la Ley notarial de

Puerto

Rico

y

haber

incurrido

en

conducta

éticamente

reprochable al amparo de los cánones 18, 35 y 38.

1

Es preciso señalar que, el 28 de octubre de 2013, el

director de la ODIN, Lcdo. Manuel E. Ávila de Jesús,

compareció

ante

este

Tribunal,

mediante

un

escrito

intitulado Moción informativa. En éste, indicó que la

licenciada Torres Román –a través de una comunicación

escrita con fecha del 15 de octubre de 2013- expresó su

interés en ser dada de baja del ejercicio de la notaría.

Esto, debido a la existencia de varias condiciones de

salud, las cuales no fueron acreditadas en ese momento. Sin

embargo, a modo de excepción, el licenciado Ávila de Jesús

aceptó la entrega de la obra protocolar de la querellada,

la cual, según sus tomos han sido aprobados, está

depositada en el Archivo Notarial de San Juan.

CP-2014-14

El

Román

3

15

de

diciembre

compareció

y

de

2014,

la

licenciada

acusó

recibo

tanto

contra,

como

del

presentada

en

su

contestar

la

misma.

Sin

embargo,

de

la

Torres

querella

mandamiento

informó

que

para

sería

sometida a una cirugía el 14 de septiembre de 2014 y que,

luego, estaría fuera del País hasta principios de febrero

del

2015

recibiendo

tratamiento

médico,

en

la

Clínica

Mayo. Por tanto, solicitó una prórroga de seis meses para

contestar la querella en cuestión. En atención a dicha

solicitud, este Tribunal le concedió a la querellada un

término de 30 días para que presentara su contestación a

la

querella.

La

licenciada

Torres

Román,

empero,

no

presentó ésta dentro del referido término.

El 25 de junio de 2015, este Tribunal designó a la

Hon. Crisanta González Seda como Comisionada Especial, con

tal que recibiera prueba sobre las presuntas faltas éticas

de

la

licenciada

Torres

Román

y

rindiera

el

informe

correspondiente. Nótese que, en ese momento, la querellada

no

había

comparecido

ni

había

solicitado

una

prórroga

adicional para contestar su querella. Valga destacar que

la licenciada Torres Román tampoco había presentado prueba

sobre sus padecimientos de salud. Por tanto, el 13 de

julio de 2015, la Comisionada Especial emitió una orden,

en la cual pautó una vista y dispuso para que las partes

elaboraran

un

informe

de

conferencia

con

antelación

a

vista, en o antes del 31 de agosto de 2015. Asimismo, la

CP-2014-14

referida

4

orden

pautó

una

conferencia

con

antelación

a

vista para el 1 de septiembre de 2015.

El 22 de julio de 2015, la licenciada Torres Román

acusó

recibo

de

la

orden

emitida

por

la

Comisionada

Especial a través de un correo electrónico dirigido a una

funcionaria de la Secretaría de este Tribunal. Esto, no

empece que en la orden en cuestión se le había indicado la

dirección a la cual debía dirigir cualquier comunicación

durante la pendencia del procedimiento disciplinario. En

su

mensaje,

la

querellada

indicó

que

se

encontraba

en

Rochester, Minnesota, recibiendo tratamiento médico y que

tendría que someterse a siete intervenciones quirúrgicas.

Por tanto, alegó que tuvo que mudarse a dicho estado y

que, además, desconocía cuándo podría regresar a nuestra

jurisdicción. De otra parte, señaló que había solicitado

infructuosamente asistencia legal del Colegio de Abogados

y Abogadas de Puerto Rico.

Posteriormente, el 23 de julio de 2015, la querellada

compareció

nuevamente

comunicó

en

que,

lo

mediante

una

pertinente,

y

moción,

en

dado

tratamiento

su

la

que

médico, tendría que permanecer en Minnesota por dos años.

Asimismo, en dicha comparecencia, la querellada negó las

alegaciones de la queja y dijo haber sido víctima de una

estafa.

En

consideración

Torres

Román

solicitó

la

de

lo

anterior,

suspensión

del

la

licenciada

procedimiento

disciplinario en su contra hasta tanto se encontrara en

una situación de salud y económica propicia para poder

CP-2014-14

5

defenderse apropiadamente. Añadió, también, que justamente

por

su

situación

de

salud

no

pudo

refutar

el

informe

rendido por la ODIN. Es preciso destacar que la querellada

no

presentó

ninguna

evidencia

tendente

a

probar

sus

aseveraciones; en particular, la necesidad de someterse a

siete

intervenciones

quirúrgicas

y

de

permanecer

en

el

estado de Minnesota durante un período de dos años.

El

3

emitió

una

de

agosto

orden,

de

2015,

la

Comisionada

concediéndole

a

la

Especial

licenciada

Torres

Román un período de diez días para que sometiera evidencia

con tal de probar la veracidad de sus alegaciones. Por

otro

lado,

en

conferencia

con

septiembre

de

dicha

orden

se

antelación

2015.

a

reiteró

vista,

Asimismo,

se

la

a

fecha

de

la

el

1

de

apercibió

a

la

saber,

le

querellada que su incumplimiento con la orden en cuestión

podría acarrear sanciones disciplinarias.

El 15 de agosto de 2015, la licenciada Torres Román

envió otro mensaje por correo electrónico a personal de la

Secretaría de este Tribunal, haciendo caso omiso, una vez

más,

a

la

directriz

de

la

Comisionada

Especial,

quien

había señalado un apartado postal a donde debía enviarse

toda comunicación durante la tramitación del procedimiento

disciplinario. En esta comunicación, la querellada indicó,

entre

otros

particulares,

prueba

relacionada

con

su

que

ya

había

condición

enviado

médica.

señaló que no divulgaría sus récords médicos.

cierta

Asimismo,

CP-2014-14

6

El

20

de

agosto

emitió

una

resolución

licenciada

Torres

exhaustiva,

no

relacionado

con

siete

2015,

la

la

cual

que,

luego

en

Román

había

Comisionada

le

de

encontrado

una

intervenciones

quirúrgicas

a

que

en

efecto,

la

querellada

búsqueda

presuntas

y

ninguna

la

documento

médico

había

a

ningún

tratamiento

Tampoco

Especial

comunicó

su

someterse.

que,

de

las

las

evidencia

tendría

tendría

que

que

que

probara

permanecer

durante un período de dos años fuera del País. En cuanto a

sus récords médicos, la Comisionada Especial señaló que

era imperativo que la querellada presentara evidencia que

justificara su incomparecencia, aun cuando estaba en todo

su derecho de no divulgar información confidencial. Por

último, se le apercibió nuevamente a la licenciada Torres

Román

que,

de

no

comparecer

a

la

conferencia

con

antelación a vista pautada para el 1 de septiembre de 2015

ni

presentar

solicitaría

la

que

disciplinarias

evidencia

este

que

que

Tribunal

estimara

le

fue

impusiera

pertinentes.

requerida,

las

se

sanciones

Ello,

dado

el

reiterado incumplimiento de la letrada de epígrafe con las

órdenes emitidas durante la pendencia del procedimiento

disciplinario.

Así las cosas, el 1 de septiembre de 2015, se celebró

la

conferencia

Torres

Román,

con

antelación

a

sin

embargo,

compareció.

no

vista.

La

licenciada

Durante

la

celebración de dicha conferencia, además, trascendió que

la querellada no le había notificado ningún escrito a la

CP-2014-14

7

Procuradora General. Así, la Comisionada Especial emitió

una orden para mostrar causa por la cual no debía referir

el asunto a la consideración de este Tribunal con tal que

se

le

impusieran

sanciones

a

la

licenciada

correspondientes.

Torres

Asimismo,

Román

las

pautó

la

continuación de la conferencia con antelación a vista para

el 22 de septiembre de 2015, con tal de darle oportunidad

a la querellada de comparecer. Tanto la orden como la

minuta

de

licenciada

la

conferencia

Torres

Román

le

fueron

notificadas

por

correo

electrónico

a

la

y

por

recibieron

dos

correo ordinario, a la dirección provista por ésta.2

El

8

de

septiembre

de

2015,

se

escritos en la Secretaría de este Tribunal, a saber, una

carta y una moción. En éstos, esencialmente, la querellada

reitera que ha informado su condición de salud y solicita

que

se

posponga

el

procedimiento

disciplinario

en

su

contra hasta tanto esté en mejor posición para contestar

la querella. Asimismo, indicó que envió evidencia de que

se encontraba recibiendo tratamiento médico en la Clínica

Mayo, debido a serios problemas de salud. Valga señalar

que

la

licenciada

Torres

Román

meramente

se

limitó

a

someter una copia de un brazalete de hospital con fecha

del 23 de agosto de 2015. De otra parte, negó de modo

general las alegaciones de la querella y adujo haber sido

víctima de una estafa.

2

Nótese, empero, que la dirección provista por la

licenciada Torres Román no es la misma que la que consta en

el Registro Único de Abogadas y Abogados.

CP-2014-14

8

El 11 de septiembre de 2015, la querellada presentó

varios documentos. En primera lugar, presentó una carta de

la

Clínica

Mayo

con

fecha

del

24

de

julio

de

2015,

mediante la cual se confirmaba una cita médica. Asimismo,

presentó un itinerario de citas médicas, entre el 31 de

agosto de 2015 y el 3 de septiembre de 2015. Es menester

señalar que, según se desprende de dicho itinerario, no

había ninguna cita pautada para el 1 de septiembre de 2015

ni para el 22 de septiembre de 2015. Nótese, también, que

de los documentos sometidos por la querellada surge que

las

citas

médicas

en

cuestión

fueron

notificadas

con

posterioridad al 22 de julio de 2015, fecha en que la

licenciada Torres Román acusó recibo de la notificación de

la

conferencia

Torres

con

antelación

Román

nunca

utilizó

justificación

para

solicitar

a

vista.

dichas

La

licenciada

citas

médicas

como

se

pospusiera

la

que

conferencia en cuestión.

El

22

de

septiembre

de

2015,

se

celebró

la

continuación de la conferencia con antelación a vista. La

licenciada Torres Román no compareció. Por otra parte, en

lo pertinente, la Procuradora General solicitó que, sin

trámite

ulterior,

se

sometiera

la

conducta

de

la

querellada a la consideración de este Tribunal. Ello, por

entender que el reiterado incumplimiento de la licenciada

Torres

Román

con

las

órdenes

y

resoluciones

emitidas

durante la pendencia del proceso disciplinario constituye

una falta ética independiente de aquellas que le fueron

CP-2014-14

9

imputadas

en

Procuradora

querellada

la

querella.

General,

vulneró

la

las

Es

decir,

conducta

normas

según

alegó

la

por

la

encarnan

los

desplegada

éticas

que

cánones 9 y 12 del Código de Ética Profesional. De otro

lado,

también

trajo

ante

la

consideración

de

la

Comisionada Especial el hecho de que la licenciada Torres

Román no había actualizado su información personal en el

Registro Único de Abogadas y Abogados (RÚA), tal y como

requiere la Regla 9(j) del reglamento de este Tribunal.

Así, la Comisionada Especial acogió la recomendación

de

la

Procuradora

General

y

procedió

a

suspender

el

procedimiento disciplinario en curso. Por tanto, el 13 de

octubre de 2015, presentó un Informe especial, en el cual

detalló

las

incidencias

acaecidas

hasta

entonces

y

recomendó que este Tribunal impusiera las sanciones que

estimara

pertinentes.

La

querellada,

por

su

parte,

respondió al informe en cuestión y, en esencia, repitió

los

argumentos

esgrimidos

durante

el

resto

del

proceso

disciplinario en su contra.

Habiendo

expuesto

indispensables,

procede

las

circunstancias

auscultar

las

normas

fácticas

éticas

pertinentes.

II

A

En primer lugar, el deber de respeto consagrado en el

canon

9

del

Código

de

Ética

Profesional

condiciona

la

totalidad de la conducta de un abogado en sus tratos no

CP-2014-14

sólo

10

con

los

tribunales

del

País,

sino

también

con

aquellas entidades que asisten a éstos en el descargo de

su delicada tarea, a saber, impartir justicia.

Así, en lo pertinente, el texto claro del canon 9

dispone

que

“[e]l

abogado

debe

observar

para

con

los

tribunales una conducta que se caracterice por el mayor

respeto”. Cód. Ética Prof. C. 9, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 9.

In re Fontanez Fontanez, 181 D.P.R. 407, 416 (2011). En

consecuencia,

los

abogados

están

indefectiblemente

obligados a cumplir toda orden emitida por un tribunal. In

re Dávila Toro, 179 D.P.R. 833, 840

adquiere

mayor

importancia

y

(2010). Ello, además,

relevancia

durante

la

tramitación de un procedimiento disciplinario, dado los

intereses públicos que informan éste. Véase, por ejemplo,

In re Pestaña Segovia, 192 D.P.R. 485, 493 (2015). Nótese,

también, que, según ha dicho este Tribunal, “los abogados

tienen

la

obligación

de

responder

diligentemente

a

nuestras órdenes, independientemente de los méritos de la

queja

presentada

en

su

contra”.

In

re

Toro

Soto,

181

D.P.R. 654, 660 (2011).

Asimismo, la obligación de respeto y diligencia que

subyace

el

canon

9

se

extiende

a

los

requerimientos

emitidos por la Oficina de la Procuradora General, la ODIN

y

los

Comisionados

Especiales,

en

tanto

éstos

son

dependencias que, por delegación expresa, asisten a este

Tribunal

en

el

ejercicio

de

su

poder

inherente

para

regular la profesión legal. Véase, por ejemplo, id.; In re

CP-2014-14

García

11

Ortiz,

187

D.P.R.

507,

524

(2012).

Por

consiguiente, el reiterado incumplimiento por parte de los

abogados con los deberes encarnados en el canon 9 es razón

suficiente para suspenderlos inmediata e indefinidamente

del ejercicio de la abogacía y la notaría. Véase In re

Borges Lebrón, 179 D.P.R. 1037 (2010); In re López de

Victoria

Brás,

178

D.P.R.

888

(2010);

In

re

Escalona

Colón, 149 D.P.R. 900 (1999); In re Reyes, Rovira, 139

D.P.R. 42 (1995).

B

De otro lado, y ciñéndonos a las imputaciones éticas

formuladas

contra

la

licenciada

Torres

Román,

conviene

recordar que el canon 12 del Código de Ética Profesional

“requiere

que

los

abogados

presten

atención

minuciosa,

sean diligentes y cumplan con las órdenes del tribunal, en

particular cuando se trata de procedimientos relacionados

a la conducta profesional [de éstos]”. In re García Ortiz,

187 D.P.R. en la pág. 517. Véase 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 12;

In re Ruiz Hernández, 177 D.P.R. 963 (2010); In re Cuevas

Velázquez, 174 D.P.R. 433 (2008); In re Ron Menéndez, 149

D.P.R. 105 (1999).

De manera análoga a los deberes impuestos en virtud

del canon 9, la aplicación del canon 12 no está limitada a

las órdenes emitidas propiamente por este Tribunal, sino

que

también

regula

la

conducta

que

los

abogados

deben

observar con los requerimientos hechos por las diversas

entidades que asisten a este Tribunal en el descargo de

CP-2014-14

12

sus responsabilidades. Véase In re Massanet Rodríguez, 188

D.P.R. 116, 125 (2013); In re Lasalle Pérez, 153 D.P.R.

368 (2001). Dada su enorme pertinencia para el caso que

nos ocupa, es menester señalar que este Tribunal ha sido

enfático al señalar que “un abogado actúa en contravención

al Canon 12 si no responde a las resoluciones del Tribunal

Supremo . . .”. In re Massanet Rodríguez, 188 D.P.R. en la

pág. 125-26. Véase, además, In re Rodríguez Bigas, 172

D.P.R. 345 (2007).

C

Por último, la regla 9(j) de este Tribunal dispone de

manera taxativa el deber de todos los abogados en nuestra

jurisdicción

de

personal

el

en

mantener

Registro

actualizada

Único

de

su

información

Abogados

y

Abogadas

(RÚA). 4 L.P.R.A. Ap. XXI-B, R. 9(j). Por tanto, cualquier

cambio

en

su

dirección

postal

o

física

ha

de

ser

oportunamente informado, con tal que así conste en el RÚA.

Véase, en general, In re Toro Soto, 181 D.P.R. 654; In re

Grau Collazo, 185 D.P.R. 938, 944 (2012).

“Cabe mencionar que nuestro énfasis en la importancia

de que todo abogado mantenga al Tribunal al tanto de sus

direcciones

y

de

su

información

personal

no

es

novel

[sic]. En reiteradas ocasiones hemos señalado la gravedad

que

conlleva

no

notificar

de

manera

inmediata

a

la

Secretaría de este Tribunal de cualquier cambio ocurrido”.

In re Camacho Hernández, 188 D.P.R. 739, 743 (2013). De

hecho,

este

Tribunal

ha

suspendido

un

sinnúmero

de

CP-2014-14

13

abogados por el mero hecho de no mantener actualizada su

información en el RÚA. In re Arroyo Rosado, 191 D.P.R.

242, 245 (2014). Véase, además, In re Rivera Trani, 188

D.P.R. 454 (2013).

III

En el caso ante nuestra consideración, no cabe duda

que la licenciada Torres Román hizo caso omiso no sólo a

las resoluciones emitidas por este Tribunal, sino también

a las órdenes y los requerimientos emitidos por la Oficina

de la Procuradora General y la Comisionada Especial. Con

su proceder, pues, obstaculizó y dilató injustificadamente

el proceso disciplinario instado en su contra.

En primer lugar, nótese que, aun cuando la licenciada

Torres

Román

adujo

que

sus

padecimientos

médicos

le

impedían comparecer y contestar la querella, ésta nunca

acreditó su condición de salud. La confidencialidad de sus

récords médicos, por otra parte, no es una carta blanca

para

justificar

el

obstinado

incumplimiento

de

la

licenciada Torres Román con los diversos requerimientos

que

le

fueron

hechos

durante

la

pendencia

del

otro

de

procedimiento disciplinario en su contra.

Bien

pudo

la

querellada

procurar

tipo

evidencia –como certificados médicos, por ejemplo-, que

pusiera a este Tribunal en posición de poder aquilatar

debidamente los presuntos padecimientos de ésta. Ese no

fue el caso. Más bien, la licenciada Torres Román insistió

en que diéramos como buenas las alegaciones presentadas en

CP-2014-14

14

sus comparecencias y decretáramos, sin más, la suspensión

indefinida del procedimiento disciplinario. Al actuar de

esta forma, la licenciada contravino flagrantemente los

deberes éticos encarnados en los cánones 9 y 12. Téngase

en cuenta, además, que este Tribunal ha dispuesto, en el

pasado, que los padecimientos de salud de un abogado no lo

excusan de cumplir con los deberes éticos que informan el

ejercicio de la abogacía en nuestra jurisdicción. In re

Massanet Rodríguez, 188 D.P.R. en la pág. 128 (“[E]l hecho

de que el estado de salud [de un abogado] sea delicado, no

excusa el incumplimiento con las obligaciones impuestas a

todo abogado que ejerce la profesión”.) (citas omitidas).

Véase, además, In re Grau Collazo, 185 D.P.R. en la pág.

945.

De otra parte, es preciso destacar que, durante la

tramitación del procedimiento disciplinario que nos ocupa,

la

licenciada

Torres

Román,

a

través

de

sus

propias

manifestaciones, dejó claro que no había actualizado su

información personal en el RÚA. Al actuar de este modo,

contravino la Regla 9(j) de este Tribunal, lo que, de

suyo,

es

fundamento

suficiente

para

imponer

severas

medidas disciplinarias.

Por tanto, en consideración de lo anterior, procede

suspender

inmediata

e

indefinidamente

a

la

licenciada

Torres Román del ejercicio de la abogacía y la notaría.

CP-2014-14

15

IV

En

vista

de

lo

anterior,

se

suspende

inmediata

e

indefinidamente a la licenciada Torres Román del ejercicio

de la abogacía y la notaría. Se le impone el deber de

notificar

seguir

a

todos

sus

clientes

representándolos,

recibido

por

trabajos

su

devolverles

no

oportunamente

de

judiciales

administrativos

y

su

de

inhabilidad

cualquier

realizados

suspensión

e

para

honorario

informar

a

los

distintos

foros

del

País.

Además,

deberá

acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior

dentro del término de treinta (30) días a partir de la

notificación de esta opinión Per Curiam y sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Núm. CP-2014-0014

Gloria A. Torres Román

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico 28 de junio de 2016

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, se suspende inmediata e

indefinidamente a la licenciada Torres Román del

ejercicio de la abogacía y la notaría. Se le impone

el deber de notificar a todos sus clientes de su

inhabilidad

para

seguir

representándolos,

devolverles

cualquier

honorario

recibido

por

trabajos no realizados e informar oportunamente de

su suspensión a los distintos foros judiciales y

administrativos del País. Además, deberá acreditar a

este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro

del término de treinta (30) días a partir de la

notificación de esta opinión Per Curiam y sentencia.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo