Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: William Rivera Hernández
2016 TSPR 151
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: William Rivera Hernández
AB-2014-56
Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía por recaer sentencia de convicción por delito grave. Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, 4 LPRA sec. 735
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2016 TSPR 151
William Rivera Herrans
195 DPR ____
Número del Caso: AB-2014-56
Fecha: 3 de junio de 2016
Abogado del Promovido:
Por derecho propio
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Karla Z. Pacheco Álvarez
Subprocuradora General
Lcda. Yaizamarie Lugo Fontanez
Procuradora General Auxiliar
Materia: La suspensión será efectiva el 8 de julio de 2016, fecha en
que se le notificó por correo al abogado de su suspensión inmediata.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
William Rivera Herrans
AB-2014-56
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 3 de junio de 2016.
I
El Lcdo. William Rivera Herrans (licenciado
Rivera Herrans) fue admitido al ejercicio de la
abogacía el 9 de septiembre de 1994.
El
asunto
de
autos
consiste
en
que
el
licenciado Rivera Herrans fue encontrado culpable
por el delito de agresión grave de tercer grado en
el Caso Criminal Núm. KIC2009G0023. Así las cosas,
la Oficina de la Procuradora General nos refirió el
asunto para el trámite de rigor. Como corolario,
emitimos una Resolución el 8 de abril de 2014 en la
que
ordenamos
al
licenciado
Rivera
expresarse sobre el asunto de referencia.
Herrans
AB-2014-56
El
2
licenciado
Rivera
Herrans
compareció
dentro
del
término ordenado. A estos efectos, se limitó a señalar que
había presentado recursos ante los foros federales y que
las
alegaciones
eran
falsas.
Empero,
éste
no
negó
la
regular
el
sentencia de culpabilidad recaída en su contra.
II
No
existe
duda
de
que
la
facultad
de
ejercicio de la abogacía en nuestra jurisdicción es una
inherente de este Tribunal. Rivera Schatz v. ELA y C. Abo.
PR II, 191 DPR 791, 802-803 (2014); véanse, además: In re
Doitteau Cruz, 190 DPR 979, 981 (2014); In re Colón Ledée,
190 DPR 51, 54 (2014); In re García Suárez, 189 DPR 995,
998 (2013). Tal poder nos permite imponer las sanciones
disciplinarias necesarias a los miembros de la profesión.
Entre éstas, podemos desaforar o suspender a los abogados y
abogadas
que
ministerio.1
no
In
estén
re
aptos
Colón
para
Ledée,
ejercer
supra,
tan
pág.
delicado
54;
In
re
García Suárez, supra, pág. 998; In re Morell Corrada, 171
DPR 327, 330 (2007); In re González Díaz, 163 DPR 648, 650
(2005).
Esa
facultad
inherente
conlleva
el
ejercicio
inseparable de reglamentar la profesión de la abogacía sin
restricción alguna, siempre que se le brinde al letrado o
1
Nótese que, en lo pertinente, de la Sec. 9 de la Ley
de 11 de marzo de 1909 se desprende que un abogado que sea
hallado culpable de engaño, conducta inmoral, delito grave
o delito menos grave —en conexión con el ejercicio de su
profesión— o que sea culpable de cualquier delito que
implique depravación moral, podrá ser suspendido o
destituido de la profesión. Véase 4 LPRA sec. 735.
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3
letrada el debido proceso de ley al permitir presentar sus
defensas. In re González Blanes, 65 DPR 381, 391 (1945).
En
consecuencia,
en
múltiples
ocasiones
hemos
expresado que las razones para ejercer nuestra facultad
disciplinaria no se confinan o restringen por cualquier
estatuto. In re Colón Ledée, supra, pág. 54; In re García
Suárez, supra, pág. 998; In re González Díaz, supra, pág.
650. Al contrario, comprenden toda conducta manifestada por
el abogado que perturbe su condición moral y, de esa forma,
lo haga indigno de ser miembro y de representar a este
foro. In re Colón Ledée, supra, pág. 54; In re García
Suárez, supra, pág. 998; In re González Díaz, supra, págs.
650-651; In re Morell Corrada, supra, pág. 330. Por ello,
este Tribunal ha asentado que toda conducta delictiva de un
letrado que evidencie su quebrantamiento moral, aun cuando
no
sea
producto
o
en
conexión
con
el
ejercicio
de
su
profesión, es motivo para desaforarlo o suspenderlo. In re
Colón Ledée, supra, pág. 54; In re García Suárez, supra,
pág. 998; In re González Díaz, supra, pág. 651. En esas
circunstancias, hemos expresado que constituye depravación
moral
el
realizar
algo
contrario
a
la
justicia,
la
honradez, los buenos principios o la moral.2 In re Colón
2
Incluso, hemos señalado que la depravación moral
consiste en un estado del individuo, compuesto por una
deficiencia en su sentido de la moral y la rectitud, en que
la persona ha dejado de preocuparse por el respeto y la
seguridad de la vida humana. In re Colón Ledée, 190 DPR 51,
55 (2014); In re García Suárez, 189 DPR 995, 999 (2013); In
re Morell Corrada, 171 DPR 327, 330 (2007); In re González
Díaz, 163 DPR 648, 651 (2005).
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4
Ledée, supra, pág. 55; In re García Suárez, supra, pág.
999; In re González Díaz, supra, pág. 651.
Conforme a la norma jurídica enunciada, procedemos a
atender el asunto ante nuestra consideración.
III
Según expresado, el licenciado Rivera Herrans resultó
convicto de un delito de agresión grave de tercer grado. La
acción
incurrida
por
el
letrado
violentó
gravemente
la
integridad corporal de otra persona, lo que muestra una
falta de respeto a los principios éticos que deben regir la
conducta esperada de los miembros de la profesión legal.
Asimismo, surge de la contestación del letrado que aún no
acepta sus actuaciones cuando señala que los hechos son
falsos sin ninguna otra explicación y sin
reconocer la
finalidad de la sentencia criminal dictada en su contra.
Ante esta realidad, concluimos que el licenciado Rivera
Herrans no se encuentra apto para ejercer la práctica de la
abogacía en nuestra jurisdicción. Por ello, procede que
ejerzamos nuestro poder inherente de regular la profesión y
lo suspendamos inmediata e indefinidamente del ejercicio de
la abogacía.
IV
A
tenor
con
indefinidamente
lo
del
expuesto,
ejercicio
suspendemos
de
la
inmediata
abogacía
al
e
Lcdo.
William Rivera Herrans.
Por consiguiente, se le impone al señor Rivera Herrans
el
deber
de
notificar
a
todos
sus
clientes
sobre
su
inhabilidad para continuar representándolos, y devolverles
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5
cualesquiera
honorarios
recibidos
realizados.
De
igual
forma,
oportunamente
de
su
suspensión
por
tendrá
a
trabajos
que
cualquier
no
informar
sala
del
Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el
que
tenga
certificar
algún
ante
caso
este
pendiente.
Tribunal
el
Deberá
acreditar
cumplimiento
con
y
lo
anterior, dentro del término de treinta (30) días contados
a partir de la notificación de la presente Opinión Per
Curiam y Sentencia.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia al Sr. William Rivera Herrans por la Oficina del
Alguacil de este Tribunal.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
William Rivera Herrans
AB-2014-56
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 3 de junio de 2016.
Por las razones expuestas en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace
formar parte de la presente Sentencia, se
decreta
la
suspensión
inmediata
e
indefinida del ejercicio de la abogacía del
Lcdo.
William
Rivera
Herrans.
Por
consiguiente, se le impone al señor Rivera
Herrans el deber de notificar a todos sus
clientes sobre su inhabilidad para continuar
representándolos, y devolverles cualesquiera
honorarios
recibidos
por
trabajos
no
realizados. De igual forma, tendrá que
informar oportunamente de su suspensión a
cualquier sala del Tribunal General de
Justicia o foro administrativo en el que
tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar
y
certificar
ante
este
Tribunal
el
cumplimiento con lo anterior, dentro del
término de treinta (30) días contados a
partir de la notificación de la presente
Opinión Per Curiam y Sentencia.
Notifíquese personalmente esta Opinión
Per Curiam y Sentencia al Sr. William Rivera
Herrans por la Oficina del Alguacil de este
Tribunal.
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2
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Kolthoff Caraballo no intervino.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo