LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Autoridad de Tierras de Puerto Rico v. Volmar Figueroa y otros

2016 TSPR 148

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Autoridad de Tierras de Puerto Rico v. Volmar Figueroa y otros

CC-2015-1023

30 de junio de 2016 · Procedimiento sumario de desahucio-Consecuencia de que el Tribunal de Primera Instancia no fije la cuantía de la fianza en la sentencia como requisito jurisdiccional para perfeccionar el recurso de apelación

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Autoridad de Tierras de

Puerto Rico

Certiorari

Recurrida

2016 TSPR 148

v.

195 DPR ____

Andrés Volmar Figueroa,

Emillienne Mathieu Michel y

la Sociedad Legal de Gananciales

Peticionarios

Número del Caso: CC-2015-1023

Fecha: 30 de junio de 2016

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón, Panel VII

Abogado de las Partes Peticionarias:

Lcdo. Juan C. Rivera Rodríguez

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Eduardo René Estades

Materia: Procedimiento sumario de desahucio – Consecuencia de que

el Tribunal de Primera Instancia no fije la cuantía de la fianza en

la sentencia como requisito jurisdiccional para perfeccionar el

recurso de apelación.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Autoridad

de

Puerto Rico

Tierras

de

Certiorari

Recurrida

v.

CC-2015-1023

Andrés

Volmar

Figueroa,

Emillienne Mathieu Michel y

la

Sociedad

Legal

de

Gananciales

Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

(Regla 50)

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016.

Esta controversia nos da la oportunidad de

interpretar

ciertas

disposiciones

del

procedimiento sumario de desahucio regulado por

el

Código

de

Enjuiciamiento

Civil,

específico,

debemos

resolver

consecuencia

de

el

que

infra.

En

es

la

cuál

Tribunal

de

Primera

Instancia no incluya en la sentencia el monto de

la

fianza

requisito

que

debe

prestar

jurisdiccional

recurso de apelación.

el

para

demandado

como

perfeccionar

su

CC-2015-1023

2

Por los fundamentos que pasamos a exponer concluimos

que hasta tanto el Tribunal de Primera Instancia no fije en

la sentencia el monto de la fianza, la sentencia carece de

finalidad y, por ende, el término jurisdiccional de cinco

días para presentar la apelación no empieza a transcurrir.

Veamos.

I

En el año 1999 la Autoridad de Tierras de Puerto Rico

(recurrida) pactó un contrato de arrendamiento con el Sr.

Andrés Volmar Figueroa y la Sra. Emilienne Mathieu Michel

(peticionarios). En particular, la recurrida les arrendó

unos terrenos agrícolas ubicados en la Finca Cibuco en el

Municipio

de

Vega

Baja.

Dicho

contrato

tendría

una

vigencia de quince años, retroactivo al 1994 y con fecha

de vencimiento el 1 de enero de 2009.

Varios años después, el 18 de agosto de 2015, la

recurrida

presentó

una

demanda

de

desahucio

contra

los

peticionarios y alegó que tras el vencimiento del contrato

éstos habían continuado en posesión de los terrenos sin

tener derecho a ello. Solicitó, pues, que se ordenara el

lanzamiento

y

se

les

condenara

a

pagar

$100,413.44

en

concepto de cánones de arrendamiento adeudados.

Los peticionarios contestaron la demanda y negaron

las alegaciones. Presentaron, además, una reconvención en

la que sostuvieron que la recurrida incumplió el contrato

de arrendamiento al interferir previamente con su derecho

CC-2015-1023

3

al goce pacífico del inmueble. Asimismo, solicitaron la

desestimación

conversión

de

del

la

demanda

proceso

o,

sumario

en

la

de

alternativa,

desahucio

a

la

uno

ordinario.1

El 25 de septiembre de 2015 se celebró la vista en

los méritos y el 7 de octubre de 2015 el Tribunal de

Primera Instancia dictó una sentencia –notificada el mismo

día- en la que declaró con lugar la demanda de desahucio.2

En

consecuencia,

decretó

el

desahucio

y

condenó

a

los

peticionarios a pagar la suma de $102,234.69 en concepto

de cánones atrasados.3

Inconformes, los peticionarios apelaron al Tribunal

de Apelaciones dentro del plazo de cinco días que dispone

el Art. 629 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA

sec. 2831. Entre otros, señalaron como errores que no se

hubiera convertido el procedimiento a uno ordinario, así

como

la

admisión

de

cierta

evidencia

durante

la

celebración de la vista en los méritos. Por su parte, la

recurrida

solicitó

la

desestimación

apelación

y

que

el

adujo

foro

del

recurso

intermedio

no

de

tenía

jurisdicción pues los peticionarios no habían prestado la

1

Los peticionarios alegaron que la recurrida no siguió las

disposiciones de uno de sus reglamentos internos que requiere ciertos

trámites previos a la interposición de una demanda de desahucio.

Alegaron también que existían controversias entre las partes que

impedían la resolución del caso por la vía sumaria.

2

El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reconvención y declaró

sin lugar la Moción de desestimación y/o solicitud de conversión a

trámite ordinario.

3

También los condenó a pagar $2,000.00 en concepto de honorarios de

abogado, más las costas y gastos del proceso.

CC-2015-1023

fianza

4

requerida

por

el

Art.

630

del

Código

de

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2832.

Los

peticionarios

replicaron

y

sostuvieron

que

no

prestaron la fianza debido a que el Tribunal de Primera

Instancia no la impuso en la sentencia por considerarlos

insolventes y eximirlos de ese requisito. No obstante, el

tribunal a quo desestimó la apelación tras concluir que

los

peticionarios

incumplieron

con

el

requisito

jurisdiccional de otorgar la fianza en apelación, sin que

el foro de primera instancia los eximiera y sin que el

alegado estado de insolvencia surgiera del expediente.4

En

Tribunal

desacuerdo,

mediante

los

un

peticionarios

recurso

de

acudieron

Certiorari

a

este

civil

y

señalaron como único error que el Tribunal de Apelaciones

desestimara la apelación a pesar de que el Tribunal de

Primera

Instancia

“relevó

al

peticionario

de

dicho

requisito obviando la imposición de una fianza”.5 Atendido

el recurso, le concedimos un término a la recurrida para

que

mostrara

causa

por

la

cual

no

debíamos

dejar

sin

efecto la determinación del foro intermedio de declararse

sin

jurisdicción.

expedir

el

recurso

Cumplida

y

nuestra

disponer

de

orden,

esta

procedemos

a

controversia

al

amparo de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, 4

LPRA Ap. XXI-B, R. 50.

4

Esta sentencia se dictó el 18 de noviembre de 2015 y se notificó el

11 de diciembre de 2015.

5

Certiorari civil, pág. 8. Este recurso se presentó el 16 de diciembre

de 2015. También se presentó una moción en auxilio de jurisdicción que

se declaró sin lugar.

CC-2015-1023

5

II

El desahucio sumario es un procedimiento reglamentado

por

los

Artículos

620-634

del

Código

de

Enjuiciamiento

Civil, 32 LPRA secs. 2821-2838, que responde al interés

del Estado en atender rápidamente la reclamación del dueño

de un inmueble que ve interrumpido el derecho a poseer y

disfrutar

Velardo

de

su

Ortiz,

propiedad.

130

DPR

Turabo

226,

Ltd.

234-235

Partnership

(1992);

Mora

v.

Dev.

Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 749 (1987). Así, el objetivo

de esta acción especial es recuperar la posesión de hecho

de un bien inmueble mediante el lanzamiento o expulsión

del arrendatario o precarista que lo detente sin pagar

canon o merced alguna. Fernández & Hno. V. Pérez, 79 DPR

244 (1956).

Puesto

que

lo

único

que

se

busca

recobrar

es

la

posesión, en reiteradas ocasiones hemos dicho que en la

acción

sumaria

consolidación

de

debe

limitarse

otras

acciones

la

o

concurrencia

defensas.6

Por

o

ello

cuando el demandado presenta otras defensas afirmativas

relacionadas

solicitar

que

con

el

la

acción

de

procedimiento

desahucio,

se

convierta

éste

puede

al

trámite

ordinario. Jiménez v. Reyes, 146 DPR 657 (1998); Mora Dev.

Corp. v. Sandín, supra, págs. 747-748. En tal caso, la

6

No obstante, el Art. 627 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA

sec. 2829, dispone que en los casos en que la demanda se base en la

falta de pago del canon o precio convenido, el tribunal podrá

“permitir la acumulación de una reclamación en cobro de dinero,

fundamentada en la falta de pago del canon o precio en que se base la

reclamación de desahucio, con esta última en el mismo procedimiento

judicial sobre desahucio...”.

CC-2015-1023

6

reclamación estará sujeta a las reglas de la litigación

civil ordinaria, excluyendo la legislación especial que

reglamenta el desahucio sumario y sus restringidos plazos

y condiciones.

En lo pertinente a la controversia de autos, el Art.

629 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, establece

un término jurisdiccional de cinco días para que la parte

perjudicada

por

la

sentencia

de

desahucio

presente

un

recurso de apelación.7 Este recurso sólo se perfecciona si

dentro del referido término el demandado presta una fianza

por el monto que sea fijado por el Tribunal de Primera

Instancia:

No se admitirá al demandado el recurso de

apelación si no otorga fianza, por el monto que

sea fijado por el tribunal, para responder de

los daños y perjuicios que pueda ocasionar al

demandante y de las costas de apelación;

pudiendo el demandado, cuando el desahucio se

funde en falta de pago de las cantidades

convenidas, a su elección, otorgar dicha fianza

o consignar en Secretaría el importe del precio

de la deuda hasta la fecha de la sentencia. Art.

630 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra.

(Énfasis suplido).

Asimismo, el Art. 631 del Código de Enjuiciamiento

Civil, 32 LPRA sec. 2835, dispone que cuando la acción de

desahucio

deber

del

esté

fundamentada

demandado

en

la

falta

consignar

en

la

de

pago

Secretaría

“será

del

Tribunal de Primera Instancia el importe de todos y cada

uno de los cánones de arrendamiento que vayan venciendo u

7

“Las apelaciones deberán interponerse en el término de cinco (5)

días, contados desde la fecha de archivo en autos de la notificación

de la sentencia, por las partes perjudicadas por la misma o sus

abogados”. 32 LPRA sec. 2831.

CC-2015-1023

7

otorgar

fianza,

responder

del

a

importe

satisfacción

de

todos

y

del

tribunal,

cada

uno

de

para

dichos

arrendamientos”. (Énfasis suplido).8

Respecto a la importancia de que el foro de primera

instancia cumpla la obligación de fijar la cuantía de modo

que el demandado pueda ejercer su derecho a apelar, hemos

establecido que:

De acuerdo con lo que dispone el Código de

Enjuiciamiento Civil, en los casos de desahucio

el demandado tiene que prestar una fianza como

requisito para presentar su recurso de apelación

de la sentencia que se dictó en su contra. [...]

El requisito que obliga a un demandado a prestar

una fianza en apelación es jurisdiccional en

todo tipo de pleito de desahucio, aun si no se

funda en la falta de pago. La razón es obvia: la

fianza no existe para garantizar únicamente los

pagos

adeudados,

sino

también

los

daños

resultantes de mantener congelado el libre uso

de

la

propiedad

mientras

se

dilucida

la

apelación. “Lo anterior aconseja que sea el

Tribunal de Primera Instancia el foro que fije

la fianza, como paso previo y jurisdiccional a

la radicación del recurso de apelación”. Crespo

Quiñones v. Santiago Velázquez, 176 DPR 408,

413-414 (2009). (Citando de la Exposición de

Motivos de la Ley Núm. 378-2000.) (Énfasis

suplido.)

El deber del Tribunal de Primera Instancia de fijar

la fianza en apelación quedó establecido con la aprobación

de la La Ley Núm. 378-2000, la cual enmendó el Art. 630

8

Aunque el demandado puede perfeccionar su recurso de apelación

consignando los cánones adeudados en el Tribunal de Primera Instancia,

los Artículos 630 y 631, supra, le dan la opción de, a su

conveniencia, elegir entre la consignación de la deuda o la prestación

de la fianza, cuyo monto deberá ser fijado por el tribunal para que el

demandado pueda ejercer su derecho a apelar. Por otro lado, valga

añadir que este Tribunal, al examinar ambos Artículos, ha resuelto que

deben interpretarse en conjunto como requiriendo la prestación de una

sola fianza y no dos fianzas separadas. Pratts v. Corte, 66 DPR 3

(1946).

CC-2015-1023

8

del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, para disponer

que sea ese tribunal, y no el Tribunal de Apelaciones,

quien determine la cuantía. Ello, pues es ante el foro de

primera

instancia

que

desfila

la

prueba

necesaria

para

evaluar de forma más completa y precisa el posible daño

que se busca cubrir. Véase, Exposición de Motivos de la

Ley Núm. 378-2000.9

Aunque

la

jurisdiccional

hemos

prestación

para

reconocido

Tribunal

de

apelar

de

fianza

es

un

requisito

la

sentencia

de

desahucio,

como

excepción

los

casos

Primera

Instancia

declara

al

en

que

el

demandado

insolvente. Bucaré Management v. Arriaga García, 125 DPR

153,

158-159

otorgar

(1990).

fianza

pues

En

tales

casos

su

condición

estará

económica

exento

le

de

impide

cumplir con ese requisito. Esto, de conformidad con el

interés

del

Estado

en

garantizar

el

acceso

a

los

tribunales. Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, supra,

pág. 414.

9

La Exposición de Motivos, en lo pertinente, dice que

[l]o anterior aconseja que sea el Tribunal de Primera

Instancia el foro que fije la fianza, como paso previo y

jurisdiccional a la radicación del recurso de apelación.

Ese Tribunal puede hacerlo con facilidad al emitir

sentencia o dentro del término para apelar, a base de la

prueba presentada durante la vista en su fondo o en una

vista de fijación de fianza

No obstante, hay que tener presente que estas expresiones, en lo

que atañe a la posibilidad de celebrar una vista de fijación de fianza

dentro del término para apelar, fueron hechas bajo un estado de

derecho en el que el término para apelar era de treinta días y no de

cinco, como lo es ahora.

CC-2015-1023

9

III

Como

vimos,

el

Código

de

Enjuiciamiento

Civil

le

impone al Tribunal de Primera Instancia la obligación de

fijar

la

fianza

que

el

demandado

debe

prestar

como

requisito para perfeccionar el recurso de apelación. Así

surge

de

los

Artículos

630

y

631

del

Código

de

Enjuiciamiento Civil, supra, los cuales fueron enmendados

para

disponer

expresamente

que

sea

el

foro

de

primera

instancia, por encontrarse en mejor posición para ello,

quien establezca la cuantía.10

En vista de que se ha reconocido estatutariamente el

derecho del demandado a apelar la sentencia sujeto a que

presente la apelación en cinco días y otorgue una fianza,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

tiene

que

dar

cumplimiento oportuno a su deber de fijar el monto de

ésta. De lo contrario no sólo se privaría al demandado de

ejercer un derecho reconocido por ley, sino que además se

incidiría en la facultad del foro intermedio para revisar

la sentencia.

Asimismo, hay que tomar en cuenta que una vez el Art.

628 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2830,

hizo

disponible

el

recurso

de

apelación,

éste

entró

a

formar parte del debido proceso de ley y el Estado está

obligado

a

garantizarlo.

Por

eso,

el

procedimiento

apelativo en las acciones de desahucio debe estar diseñado

10

Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 378-2000 y el Art. 9 de

la Ley Núm. 129-2007. Véase también el Informe Positivo sobre el P.

del. S. 428, rendido por la Cámara de Representantes, págs. 4-5.

CC-2015-1023

10

de forma que no afecte el ejercicio de ese derecho. Esto

requiere,

pues,

procedimiento

que

los

sumario

requisitos

protejan

no

sólo

especiales

del

el

del

interés

dueño en recuperar rápidamente la posesión del inmueble,

sino

también

el

derecho

del

demandado

a

tener

un

procedimiento justo conforme al debido proceso de ley.11

Según

está

diseñado

actualmente

ese

proceso,

el

demandado tiene cinco días jurisdiccionales para presentar

el

recurso

significa

de

que

apelación

si

el

y

prestar

Tribunal

de

la

Primera

fianza.

Esto

Instancia

no

incluye la cuantía en la sentencia, el demandado tendrá

que solicitar que así se haga, el tribunal establecerla o

celebrar

una

vista

para

evaluarla,

y

posteriormente

otorgar el demandado la fianza que se determine. Todo eso

dentro del término fatal de cinco días, en el que, además,

el

demandado

deberá

presentar

el

recurso

de

apelación

luego de prestar la fianza.

Es

evidente

que

este

procedimiento

presenta

un

problema de diseño cuando el monto de la fianza no se

11

Así lo reconoció la Comisión de lo Jurídico Civil del Senado en su

Informe Positivo sobre el P. del S. 1776 (eventual Ley Núm. 86-2011)

el cual, con el propósito de agilizar el procedimiento de desahucio,

enmendó el Art. 629 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, y

redujo el término para apelar la sentencia de treinta días a cinco

días. La Comisión concluyó que

[l]as enmiendas propuestas en el Proyecto del Senado 1776,

tienen como propósito el acortar los términos para el

procedimiento de desahucio con el fin de propiciar el

desarrollo del mercado de arrendamiento de viviendas y

salvaguardar el derecho propietario de los arrendadores

sin menoscabar el derecho al debido procedimiento de ley

al demandado. Informe Positivo sobre el P. del S. 1776,

Comisión de lo Jurídico Civil del Senado de Puerto Rico,

pág. 4.

CC-2015-1023

11

establece en la sentencia. Ello, pues sujeta el derecho a

apelar a la condición de que se realicen diversos trámites

de forma sucesiva –algunos de los cuales están fuera del

control del demandado- en el corto plazo de cinco días. La

consecuencia es que, de facto, en muchos casos el derecho

a apelar queda anulado. Esto no sólo es contrario a lo

dispuesto en el Código de Enjuiciamiento Civil, sino que

impide que pueda corregirse cualquier error que se haya

cometido durante el trámite sumario en primera instancia.

Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia deberá

fijar en la sentencia que emita el monto de la fianza que

el

demandado

debe

otorgar

si

interesa

apelar

al

foro

intermedio.12 Esto no representa mayor dificultad pues al

celebrar el juicio de desahucio el tribunal podrá requerir

la prueba que necesite para evaluar los posibles daños a

ser cubiertos por la fianza. De esta forma se logra un

balance más justo entre los derechos de ambas partes, de

conformidad con el trámite expedito que caracteriza a este

procedimiento y con el debido proceso de ley.

Así, el efecto de que el tribunal no fije el monto de

la fianza en la sentencia es que ésta no será final debido

a la falta de un elemento fundamental requerido por ley.

En

consecuencia,

jurisdiccional

transcurrir

12

de

hasta

careciendo

de

finalidad

cinco

para

apelar

que

el

días

Tribunal

de

el

no

Primera

término

empieza

a

Instancia

De otra parte, si el Tribunal de Primera Instancia concluye que el

demandado se encuentra en un estado de insolvencia y lo exime de

prestar fianza, así deberá decirlo en la sentencia.

CC-2015-1023

establezca

12

la

cuantía

o,

en

la

alternativa,

exima

al

demandado de tener que prestar la fianza.

En el caso de autos el Tribunal de Primera Instancia

celebró el juicio sumario y dictó una sentencia en la que

decretó el desahucio de los peticionarios ordenándoles a

pagar la suma de $102,234.69 en concepto de cánones de

arrendamiento.13 Empero, nada dispuso respecto al monto de

la fianza que éstos tendrían que otorgar en caso de apelar

la

sentencia.

Por

esa

razón

los

peticionarios,

aunque

apelaron oportunamente al foro intermedio, no prestaron

fianza

pues

entendieron

que

el

Tribunal

de

Primera

Instancia les había eximido. No obstante, el Tribunal de

Apelaciones

se

declaró

sin

jurisdicción

y

desestimó

la

apelación por no haberse cumplido ese requisito.

En atención a los fundamentos de esta Opinión debemos

concluir

que

la

sentencia

del

Tribunal

de

Primera

Instancia no era susceptible de apelación pues carecía de

un

elemento

peticionarios

fundamental,

debían

a

saber,

prestar

la

cuantía

que

los

como

fianza

o

una

determinación

de

insolvencia.

Por

eso

el

Tribunal

Apelaciones,

al

declararse

sin

jurisdicción,

de

debió

devolver el caso al foro de primera instancia para que

éste incluyera en la sentencia el monto de la fianza o

hiciera la referida determinación. No habiendo sucedido

13

Mientras la controversia se encontraba pendiente ante nuestra

consideración, la recurrida compareció e informó que decidió desistir

sin perjuicio de la causa de acción de cobro de dinero, mas no así de

la causa de acción por desahucio.

CC-2015-1023

así,

13

se

le

ordena

al

Tribunal

enmendar

la

sentencia

y

de

fijar

Primera

la

Instancia

fianza

o,

en

a

la

alternativa, determinar si los peticionarios están exentos

de

prestarla

debido

jurisdiccional

para

a

su

apelar

insolvencia.

no

comenzará

El

a

término

transcurrir

hasta tanto el foro primario cumpla con lo anterior y

archive en autos copia de la notificación de la sentencia

enmendada.

IV

Por

los

Certiorari

fundamentos

civil

al

que

amparo

anteceden,

de

la

se

Regla

50

expide

el

de

este

Tribunal, supra, y se confirma la sentencia del Tribunal

de Apelaciones por otros fundamentos. Se devuelve el caso

al

Tribunal

de

Primera

Instancia

para

que

enmiende

la

sentencia de autos de conformidad con lo expuesto en esta

Opinión.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Autoridad

de

Puerto Rico

Tierras

de

Certiorari

Recurrida

v.

CC-2015-1023

Andrés

Volmar

Figueroa,

Emillienne Mathieu Michel y

la

Sociedad

Legal

de

Gananciales

Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente Sentencia, se expide el Certiorari civil al

amparo de la Regla 50 de este Tribunal, supra, y se

confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones por

otros fundamentos. Se devuelve el caso al Tribunal de

Primera Instancia para que enmiende la sentencia de autos

de conformidad con lo expuesto en esta Opinión.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica el

Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora

Pabón Charneco concurre sin Opinión escrita.

El Juez Asociado señor Rivera García concurre con el

resultado y hace constar la siguiente expresión a la cual

se unió la Jueza Asociada señora Pabón Charneco:

CC-2015-1023

“Estoy de acuerdo con el resultado alcanzado

en la presente Opinión dado a las circunstancias

particulares que suscitaron la controversia que

hoy atendemos. Sin embargo entiendo que la

Opinión carece de esa noción básica y práctica

que se da en nuestros tribunales primarios en

procesos tan comunes como el de desahucio, en la

medida que brinda espacio para que una sentencia

carezca de finalidad por un tiempo indeterminado.

Esto claramente iría en contra del propósito

legislativo de establecer un término expedito en

este tipo de casos. Me explico.

Según surge de la Opinión, el término

jurisdiccional de cinco días que establece el

Código de Enjuiciamiento Civil para presentar un

recurso de apelación en casos de desahucio no

comenzará a transcurrir hasta tanto el Tribunal

de Primera Instancia establezca en la sentencia

la cuantía de la correspondiente fianza o exima

al demandado de su prestación. Ante ello,

podríamos tener una sentencia no final y sujeta a

revisión por tiempo indeterminado, a pesar de la

clara intención del legislador de estructurar un

andamiaje legal que propicie no tan solo los

trámites cortos y expeditos, sino la finalidad de

los

dictámenes.

Ciertamente,

esa

intención

legislativa

hay

que

balancearla

con

el

reconocimiento efectivo del derecho que le asiste

a la parte demandada de poder acceder al recurso

de apelación que expresamente dispone nuestra

legislación. En ese sentido, coincido con la idea

que subyace en la Opinión de que constituiría una

clara violación al debido proceso de ley el que

una

parte

no

pueda

apelar

un

dictamen

desfavorable por una omisión del propio tribunal.

Ahora bien, alcanzado ese punto común,

entiendo que nuestra Opinión debió ir un poco más

allá en ánimo de lograr ese balance entre el

interés del legislador de promover procesos

expeditos y el derecho de la parte de acceder a

los procesos de apelación.

En ese ánimo, ¿no

hubiese

sido

conveniente

que

procuráramos

mediante

nuestras

expresiones

que

la

parte

demandada que, en efecto, interese apelar sea

proactiva y traiga oportunamente a la atención

del tribunal su omisión? Note que aun partiendo

de la premisa lógica de que la parte demandante y

promovente

del

proceso

de

desahucio

tendrá

interés de lograr la finalidad de la sentencia a

su favor y, por ende, procurará que ésta cumpla

2

3

CC-2015-1023

con todos los requisitos, este Tribunal no debió

establecer, sin más, que una sentencia carecerá

de finalidad hasta tanto no se incluya el asunto

de la fianza.

Si vamos a resolver sobre esa

falta de finalidad – con lo cual claramente

coincidió en este caso – debimos establecer

entonces el deber de la parte que interese apelar

de poner oportunamente en posición al tribunal de

corregir su omisión.

En esa línea, entiendo que la Opinión debió

incluir un lenguaje como el siguiente:

La parte demandada no podrá descansar en

el hecho de que el tribunal haya omitido

su deber de establecer una fianza o de

exponer claramente que lo eximió del pago

de ésta. Por lo tanto, una vez el

demandado que interese apelar reciba la

sentencia que omite establecer el asunto

de la fianza, éste deberá acudir al

tribunal dentro de un término de cinco

días a partir de la notificación de la

sentencia y solicitar su corrección, de

manera que el foro primario enmiende el

dictamen. Una vez el Tribunal de Primera

Instancia

notifique

la

sentencia

enmendada que incluya la cuantía de la

fianza o su exención, entonces comienza a

transcurrir el término de apelación de

cinco días que establece el Código de

Enjuiciamiento Civil.

Entiendo que incluir un lenguaje como el que

antecede hubiese propiciado no tan solo que se

salvaguarde el derecho de la parte de acudir en

revisión al Tribunal de Apelaciones, sino también

el interés de la Asamblea Legislativa de lograr

la pronta finalidad de los procesos de desahucio,

dentro de los mismos parámetros de nuestra

legislación vigente.”

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo