Tribunal Supremo de Puerto Rico
Autoridad de Tierras de Puerto Rico v. Volmar Figueroa y otros
2016 TSPR 148
Poder Judicial de Puerto Rico
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Autoridad de Tierras de Puerto Rico v. Volmar Figueroa y otros
CC-2015-1023
30 de junio de 2016 · Procedimiento sumario de desahucio-Consecuencia de que el Tribunal de Primera Instancia no fije la cuantía de la fianza en la sentencia como requisito jurisdiccional para perfeccionar el recurso de apelación
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Autoridad de Tierras de
Puerto Rico
Certiorari
Recurrida
2016 TSPR 148
v.
195 DPR ____
Andrés Volmar Figueroa,
Emillienne Mathieu Michel y
la Sociedad Legal de Gananciales
Peticionarios
Número del Caso: CC-2015-1023
Fecha: 30 de junio de 2016
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón, Panel VII
Abogado de las Partes Peticionarias:
Lcdo. Juan C. Rivera Rodríguez
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Eduardo René Estades
Materia: Procedimiento sumario de desahucio – Consecuencia de que
el Tribunal de Primera Instancia no fije la cuantía de la fianza en
la sentencia como requisito jurisdiccional para perfeccionar el
recurso de apelación.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Autoridad
de
Puerto Rico
Tierras
de
Certiorari
Recurrida
v.
CC-2015-1023
Andrés
Volmar
Figueroa,
Emillienne Mathieu Michel y
la
Sociedad
Legal
de
Gananciales
Peticionarios
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez
(Regla 50)
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016.
Esta controversia nos da la oportunidad de
interpretar
ciertas
disposiciones
del
procedimiento sumario de desahucio regulado por
el
Código
de
Enjuiciamiento
Civil,
específico,
debemos
resolver
consecuencia
de
el
que
infra.
En
es
la
cuál
Tribunal
de
Primera
Instancia no incluya en la sentencia el monto de
la
fianza
requisito
que
debe
prestar
jurisdiccional
recurso de apelación.
el
para
demandado
como
perfeccionar
su
CC-2015-1023
2
Por los fundamentos que pasamos a exponer concluimos
que hasta tanto el Tribunal de Primera Instancia no fije en
la sentencia el monto de la fianza, la sentencia carece de
finalidad y, por ende, el término jurisdiccional de cinco
días para presentar la apelación no empieza a transcurrir.
Veamos.
I
En el año 1999 la Autoridad de Tierras de Puerto Rico
(recurrida) pactó un contrato de arrendamiento con el Sr.
Andrés Volmar Figueroa y la Sra. Emilienne Mathieu Michel
(peticionarios). En particular, la recurrida les arrendó
unos terrenos agrícolas ubicados en la Finca Cibuco en el
Municipio
de
Vega
Baja.
Dicho
contrato
tendría
una
vigencia de quince años, retroactivo al 1994 y con fecha
de vencimiento el 1 de enero de 2009.
Varios años después, el 18 de agosto de 2015, la
recurrida
presentó
una
demanda
de
desahucio
contra
los
peticionarios y alegó que tras el vencimiento del contrato
éstos habían continuado en posesión de los terrenos sin
tener derecho a ello. Solicitó, pues, que se ordenara el
lanzamiento
y
se
les
condenara
a
pagar
$100,413.44
en
concepto de cánones de arrendamiento adeudados.
Los peticionarios contestaron la demanda y negaron
las alegaciones. Presentaron, además, una reconvención en
la que sostuvieron que la recurrida incumplió el contrato
de arrendamiento al interferir previamente con su derecho
CC-2015-1023
3
al goce pacífico del inmueble. Asimismo, solicitaron la
desestimación
conversión
de
del
la
demanda
proceso
o,
sumario
en
la
de
alternativa,
desahucio
a
la
uno
ordinario.1
El 25 de septiembre de 2015 se celebró la vista en
los méritos y el 7 de octubre de 2015 el Tribunal de
Primera Instancia dictó una sentencia –notificada el mismo
día- en la que declaró con lugar la demanda de desahucio.2
En
consecuencia,
decretó
el
desahucio
y
condenó
a
los
peticionarios a pagar la suma de $102,234.69 en concepto
de cánones atrasados.3
Inconformes, los peticionarios apelaron al Tribunal
de Apelaciones dentro del plazo de cinco días que dispone
el Art. 629 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA
sec. 2831. Entre otros, señalaron como errores que no se
hubiera convertido el procedimiento a uno ordinario, así
como
la
admisión
de
cierta
evidencia
durante
la
celebración de la vista en los méritos. Por su parte, la
recurrida
solicitó
la
desestimación
apelación
y
que
el
adujo
foro
del
recurso
intermedio
no
de
tenía
jurisdicción pues los peticionarios no habían prestado la
1
Los peticionarios alegaron que la recurrida no siguió las
disposiciones de uno de sus reglamentos internos que requiere ciertos
trámites previos a la interposición de una demanda de desahucio.
Alegaron también que existían controversias entre las partes que
impedían la resolución del caso por la vía sumaria.
2
El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reconvención y declaró
sin lugar la Moción de desestimación y/o solicitud de conversión a
trámite ordinario.
3
También los condenó a pagar $2,000.00 en concepto de honorarios de
abogado, más las costas y gastos del proceso.
CC-2015-1023
fianza
4
requerida
por
el
Art.
630
del
Código
de
Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2832.
Los
peticionarios
replicaron
y
sostuvieron
que
no
prestaron la fianza debido a que el Tribunal de Primera
Instancia no la impuso en la sentencia por considerarlos
insolventes y eximirlos de ese requisito. No obstante, el
tribunal a quo desestimó la apelación tras concluir que
los
peticionarios
incumplieron
con
el
requisito
jurisdiccional de otorgar la fianza en apelación, sin que
el foro de primera instancia los eximiera y sin que el
alegado estado de insolvencia surgiera del expediente.4
En
Tribunal
desacuerdo,
mediante
los
un
peticionarios
recurso
de
acudieron
Certiorari
a
este
civil
y
señalaron como único error que el Tribunal de Apelaciones
desestimara la apelación a pesar de que el Tribunal de
Primera
Instancia
“relevó
al
peticionario
de
dicho
requisito obviando la imposición de una fianza”.5 Atendido
el recurso, le concedimos un término a la recurrida para
que
mostrara
causa
por
la
cual
no
debíamos
dejar
sin
efecto la determinación del foro intermedio de declararse
sin
jurisdicción.
expedir
el
recurso
Cumplida
y
nuestra
disponer
de
orden,
esta
procedemos
a
controversia
al
amparo de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, 4
LPRA Ap. XXI-B, R. 50.
4
Esta sentencia se dictó el 18 de noviembre de 2015 y se notificó el
11 de diciembre de 2015.
5
Certiorari civil, pág. 8. Este recurso se presentó el 16 de diciembre
de 2015. También se presentó una moción en auxilio de jurisdicción que
se declaró sin lugar.
CC-2015-1023
5
II
El desahucio sumario es un procedimiento reglamentado
por
los
Artículos
620-634
del
Código
de
Enjuiciamiento
Civil, 32 LPRA secs. 2821-2838, que responde al interés
del Estado en atender rápidamente la reclamación del dueño
de un inmueble que ve interrumpido el derecho a poseer y
disfrutar
Velardo
de
su
Ortiz,
propiedad.
130
DPR
Turabo
226,
Ltd.
234-235
Partnership
(1992);
Mora
v.
Dev.
Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 749 (1987). Así, el objetivo
de esta acción especial es recuperar la posesión de hecho
de un bien inmueble mediante el lanzamiento o expulsión
del arrendatario o precarista que lo detente sin pagar
canon o merced alguna. Fernández & Hno. V. Pérez, 79 DPR
244 (1956).
Puesto
que
lo
único
que
se
busca
recobrar
es
la
posesión, en reiteradas ocasiones hemos dicho que en la
acción
sumaria
consolidación
de
debe
limitarse
otras
acciones
la
o
concurrencia
defensas.6
Por
o
ello
cuando el demandado presenta otras defensas afirmativas
relacionadas
solicitar
que
con
el
la
acción
de
procedimiento
desahucio,
se
convierta
éste
puede
al
trámite
ordinario. Jiménez v. Reyes, 146 DPR 657 (1998); Mora Dev.
Corp. v. Sandín, supra, págs. 747-748. En tal caso, la
6
No obstante, el Art. 627 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA
sec. 2829, dispone que en los casos en que la demanda se base en la
falta de pago del canon o precio convenido, el tribunal podrá
“permitir la acumulación de una reclamación en cobro de dinero,
fundamentada en la falta de pago del canon o precio en que se base la
reclamación de desahucio, con esta última en el mismo procedimiento
judicial sobre desahucio...”.
CC-2015-1023
6
reclamación estará sujeta a las reglas de la litigación
civil ordinaria, excluyendo la legislación especial que
reglamenta el desahucio sumario y sus restringidos plazos
y condiciones.
En lo pertinente a la controversia de autos, el Art.
629 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, establece
un término jurisdiccional de cinco días para que la parte
perjudicada
por
la
sentencia
de
desahucio
presente
un
recurso de apelación.7 Este recurso sólo se perfecciona si
dentro del referido término el demandado presta una fianza
por el monto que sea fijado por el Tribunal de Primera
Instancia:
No se admitirá al demandado el recurso de
apelación si no otorga fianza, por el monto que
sea fijado por el tribunal, para responder de
los daños y perjuicios que pueda ocasionar al
demandante y de las costas de apelación;
pudiendo el demandado, cuando el desahucio se
funde en falta de pago de las cantidades
convenidas, a su elección, otorgar dicha fianza
o consignar en Secretaría el importe del precio
de la deuda hasta la fecha de la sentencia. Art.
630 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra.
(Énfasis suplido).
Asimismo, el Art. 631 del Código de Enjuiciamiento
Civil, 32 LPRA sec. 2835, dispone que cuando la acción de
desahucio
deber
del
esté
fundamentada
demandado
en
la
falta
consignar
en
la
de
pago
Secretaría
“será
del
Tribunal de Primera Instancia el importe de todos y cada
uno de los cánones de arrendamiento que vayan venciendo u
7
“Las apelaciones deberán interponerse en el término de cinco (5)
días, contados desde la fecha de archivo en autos de la notificación
de la sentencia, por las partes perjudicadas por la misma o sus
abogados”. 32 LPRA sec. 2831.
CC-2015-1023
7
otorgar
fianza,
responder
del
a
importe
satisfacción
de
todos
y
del
tribunal,
cada
uno
de
para
dichos
arrendamientos”. (Énfasis suplido).8
Respecto a la importancia de que el foro de primera
instancia cumpla la obligación de fijar la cuantía de modo
que el demandado pueda ejercer su derecho a apelar, hemos
establecido que:
De acuerdo con lo que dispone el Código de
Enjuiciamiento Civil, en los casos de desahucio
el demandado tiene que prestar una fianza como
requisito para presentar su recurso de apelación
de la sentencia que se dictó en su contra. [...]
El requisito que obliga a un demandado a prestar
una fianza en apelación es jurisdiccional en
todo tipo de pleito de desahucio, aun si no se
funda en la falta de pago. La razón es obvia: la
fianza no existe para garantizar únicamente los
pagos
adeudados,
sino
también
los
daños
resultantes de mantener congelado el libre uso
de
la
propiedad
mientras
se
dilucida
la
apelación. “Lo anterior aconseja que sea el
Tribunal de Primera Instancia el foro que fije
la fianza, como paso previo y jurisdiccional a
la radicación del recurso de apelación”. Crespo
Quiñones v. Santiago Velázquez, 176 DPR 408,
413-414 (2009). (Citando de la Exposición de
Motivos de la Ley Núm. 378-2000.) (Énfasis
suplido.)
El deber del Tribunal de Primera Instancia de fijar
la fianza en apelación quedó establecido con la aprobación
de la La Ley Núm. 378-2000, la cual enmendó el Art. 630
8
Aunque el demandado puede perfeccionar su recurso de apelación
consignando los cánones adeudados en el Tribunal de Primera Instancia,
los Artículos 630 y 631, supra, le dan la opción de, a su
conveniencia, elegir entre la consignación de la deuda o la prestación
de la fianza, cuyo monto deberá ser fijado por el tribunal para que el
demandado pueda ejercer su derecho a apelar. Por otro lado, valga
añadir que este Tribunal, al examinar ambos Artículos, ha resuelto que
deben interpretarse en conjunto como requiriendo la prestación de una
sola fianza y no dos fianzas separadas. Pratts v. Corte, 66 DPR 3
(1946).
CC-2015-1023
8
del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, para disponer
que sea ese tribunal, y no el Tribunal de Apelaciones,
quien determine la cuantía. Ello, pues es ante el foro de
primera
instancia
que
desfila
la
prueba
necesaria
para
evaluar de forma más completa y precisa el posible daño
que se busca cubrir. Véase, Exposición de Motivos de la
Ley Núm. 378-2000.9
Aunque
la
jurisdiccional
hemos
prestación
para
reconocido
Tribunal
de
apelar
de
fianza
es
un
requisito
la
sentencia
de
desahucio,
como
excepción
los
casos
Primera
Instancia
declara
al
en
que
el
demandado
insolvente. Bucaré Management v. Arriaga García, 125 DPR
153,
158-159
otorgar
(1990).
fianza
pues
En
tales
casos
su
condición
estará
económica
exento
le
de
impide
cumplir con ese requisito. Esto, de conformidad con el
interés
del
Estado
en
garantizar
el
acceso
a
los
tribunales. Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, supra,
pág. 414.
9
La Exposición de Motivos, en lo pertinente, dice que
[l]o anterior aconseja que sea el Tribunal de Primera
Instancia el foro que fije la fianza, como paso previo y
jurisdiccional a la radicación del recurso de apelación.
Ese Tribunal puede hacerlo con facilidad al emitir
sentencia o dentro del término para apelar, a base de la
prueba presentada durante la vista en su fondo o en una
vista de fijación de fianza
No obstante, hay que tener presente que estas expresiones, en lo
que atañe a la posibilidad de celebrar una vista de fijación de fianza
dentro del término para apelar, fueron hechas bajo un estado de
derecho en el que el término para apelar era de treinta días y no de
cinco, como lo es ahora.
CC-2015-1023
9
III
Como
vimos,
el
Código
de
Enjuiciamiento
Civil
le
impone al Tribunal de Primera Instancia la obligación de
fijar
la
fianza
que
el
demandado
debe
prestar
como
requisito para perfeccionar el recurso de apelación. Así
surge
de
los
Artículos
630
y
631
del
Código
de
Enjuiciamiento Civil, supra, los cuales fueron enmendados
para
disponer
expresamente
que
sea
el
foro
de
primera
instancia, por encontrarse en mejor posición para ello,
quien establezca la cuantía.10
En vista de que se ha reconocido estatutariamente el
derecho del demandado a apelar la sentencia sujeto a que
presente la apelación en cinco días y otorgue una fianza,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
tiene
que
dar
cumplimiento oportuno a su deber de fijar el monto de
ésta. De lo contrario no sólo se privaría al demandado de
ejercer un derecho reconocido por ley, sino que además se
incidiría en la facultad del foro intermedio para revisar
la sentencia.
Asimismo, hay que tomar en cuenta que una vez el Art.
628 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2830,
hizo
disponible
el
recurso
de
apelación,
éste
entró
a
formar parte del debido proceso de ley y el Estado está
obligado
a
garantizarlo.
Por
eso,
el
procedimiento
apelativo en las acciones de desahucio debe estar diseñado
10
Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 378-2000 y el Art. 9 de
la Ley Núm. 129-2007. Véase también el Informe Positivo sobre el P.
del. S. 428, rendido por la Cámara de Representantes, págs. 4-5.
CC-2015-1023
10
de forma que no afecte el ejercicio de ese derecho. Esto
requiere,
pues,
procedimiento
que
los
sumario
requisitos
protejan
no
sólo
especiales
del
el
del
interés
dueño en recuperar rápidamente la posesión del inmueble,
sino
también
el
derecho
del
demandado
a
tener
un
procedimiento justo conforme al debido proceso de ley.11
Según
está
diseñado
actualmente
ese
proceso,
el
demandado tiene cinco días jurisdiccionales para presentar
el
recurso
significa
de
que
apelación
si
el
y
prestar
Tribunal
de
la
Primera
fianza.
Esto
Instancia
no
incluye la cuantía en la sentencia, el demandado tendrá
que solicitar que así se haga, el tribunal establecerla o
celebrar
una
vista
para
evaluarla,
y
posteriormente
otorgar el demandado la fianza que se determine. Todo eso
dentro del término fatal de cinco días, en el que, además,
el
demandado
deberá
presentar
el
recurso
de
apelación
luego de prestar la fianza.
Es
evidente
que
este
procedimiento
presenta
un
problema de diseño cuando el monto de la fianza no se
11
Así lo reconoció la Comisión de lo Jurídico Civil del Senado en su
Informe Positivo sobre el P. del S. 1776 (eventual Ley Núm. 86-2011)
el cual, con el propósito de agilizar el procedimiento de desahucio,
enmendó el Art. 629 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, y
redujo el término para apelar la sentencia de treinta días a cinco
días. La Comisión concluyó que
[l]as enmiendas propuestas en el Proyecto del Senado 1776,
tienen como propósito el acortar los términos para el
procedimiento de desahucio con el fin de propiciar el
desarrollo del mercado de arrendamiento de viviendas y
salvaguardar el derecho propietario de los arrendadores
sin menoscabar el derecho al debido procedimiento de ley
al demandado. Informe Positivo sobre el P. del S. 1776,
Comisión de lo Jurídico Civil del Senado de Puerto Rico,
pág. 4.
CC-2015-1023
11
establece en la sentencia. Ello, pues sujeta el derecho a
apelar a la condición de que se realicen diversos trámites
de forma sucesiva –algunos de los cuales están fuera del
control del demandado- en el corto plazo de cinco días. La
consecuencia es que, de facto, en muchos casos el derecho
a apelar queda anulado. Esto no sólo es contrario a lo
dispuesto en el Código de Enjuiciamiento Civil, sino que
impide que pueda corregirse cualquier error que se haya
cometido durante el trámite sumario en primera instancia.
Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia deberá
fijar en la sentencia que emita el monto de la fianza que
el
demandado
debe
otorgar
si
interesa
apelar
al
foro
intermedio.12 Esto no representa mayor dificultad pues al
celebrar el juicio de desahucio el tribunal podrá requerir
la prueba que necesite para evaluar los posibles daños a
ser cubiertos por la fianza. De esta forma se logra un
balance más justo entre los derechos de ambas partes, de
conformidad con el trámite expedito que caracteriza a este
procedimiento y con el debido proceso de ley.
Así, el efecto de que el tribunal no fije el monto de
la fianza en la sentencia es que ésta no será final debido
a la falta de un elemento fundamental requerido por ley.
En
consecuencia,
jurisdiccional
transcurrir
12
de
hasta
careciendo
de
finalidad
cinco
para
apelar
que
el
días
Tribunal
de
el
no
Primera
término
empieza
a
Instancia
De otra parte, si el Tribunal de Primera Instancia concluye que el
demandado se encuentra en un estado de insolvencia y lo exime de
prestar fianza, así deberá decirlo en la sentencia.
CC-2015-1023
establezca
12
la
cuantía
o,
en
la
alternativa,
exima
al
demandado de tener que prestar la fianza.
En el caso de autos el Tribunal de Primera Instancia
celebró el juicio sumario y dictó una sentencia en la que
decretó el desahucio de los peticionarios ordenándoles a
pagar la suma de $102,234.69 en concepto de cánones de
arrendamiento.13 Empero, nada dispuso respecto al monto de
la fianza que éstos tendrían que otorgar en caso de apelar
la
sentencia.
Por
esa
razón
los
peticionarios,
aunque
apelaron oportunamente al foro intermedio, no prestaron
fianza
pues
entendieron
que
el
Tribunal
de
Primera
Instancia les había eximido. No obstante, el Tribunal de
Apelaciones
se
declaró
sin
jurisdicción
y
desestimó
la
apelación por no haberse cumplido ese requisito.
En atención a los fundamentos de esta Opinión debemos
concluir
que
la
sentencia
del
Tribunal
de
Primera
Instancia no era susceptible de apelación pues carecía de
un
elemento
peticionarios
fundamental,
debían
a
saber,
prestar
la
cuantía
que
los
como
fianza
o
una
determinación
de
insolvencia.
Por
eso
el
Tribunal
Apelaciones,
al
declararse
sin
jurisdicción,
de
debió
devolver el caso al foro de primera instancia para que
éste incluyera en la sentencia el monto de la fianza o
hiciera la referida determinación. No habiendo sucedido
13
Mientras la controversia se encontraba pendiente ante nuestra
consideración, la recurrida compareció e informó que decidió desistir
sin perjuicio de la causa de acción de cobro de dinero, mas no así de
la causa de acción por desahucio.
CC-2015-1023
así,
13
se
le
ordena
al
Tribunal
enmendar
la
sentencia
y
de
fijar
Primera
la
Instancia
fianza
o,
en
a
la
alternativa, determinar si los peticionarios están exentos
de
prestarla
debido
jurisdiccional
para
a
su
apelar
insolvencia.
no
comenzará
El
a
término
transcurrir
hasta tanto el foro primario cumpla con lo anterior y
archive en autos copia de la notificación de la sentencia
enmendada.
IV
Por
los
Certiorari
fundamentos
civil
al
que
amparo
anteceden,
de
la
se
Regla
50
expide
el
de
este
Tribunal, supra, y se confirma la sentencia del Tribunal
de Apelaciones por otros fundamentos. Se devuelve el caso
al
Tribunal
de
Primera
Instancia
para
que
enmiende
la
sentencia de autos de conformidad con lo expuesto en esta
Opinión.
Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Presidenta
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Autoridad
de
Puerto Rico
Tierras
de
Certiorari
Recurrida
v.
CC-2015-1023
Andrés
Volmar
Figueroa,
Emillienne Mathieu Michel y
la
Sociedad
Legal
de
Gananciales
Peticionarios
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente Sentencia, se expide el Certiorari civil al
amparo de la Regla 50 de este Tribunal, supra, y se
confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones por
otros fundamentos. Se devuelve el caso al Tribunal de
Primera Instancia para que enmiende la sentencia de autos
de conformidad con lo expuesto en esta Opinión.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica el
Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora
Pabón Charneco concurre sin Opinión escrita.
El Juez Asociado señor Rivera García concurre con el
resultado y hace constar la siguiente expresión a la cual
se unió la Jueza Asociada señora Pabón Charneco:
CC-2015-1023
“Estoy de acuerdo con el resultado alcanzado
en la presente Opinión dado a las circunstancias
particulares que suscitaron la controversia que
hoy atendemos. Sin embargo entiendo que la
Opinión carece de esa noción básica y práctica
que se da en nuestros tribunales primarios en
procesos tan comunes como el de desahucio, en la
medida que brinda espacio para que una sentencia
carezca de finalidad por un tiempo indeterminado.
Esto claramente iría en contra del propósito
legislativo de establecer un término expedito en
este tipo de casos. Me explico.
Según surge de la Opinión, el término
jurisdiccional de cinco días que establece el
Código de Enjuiciamiento Civil para presentar un
recurso de apelación en casos de desahucio no
comenzará a transcurrir hasta tanto el Tribunal
de Primera Instancia establezca en la sentencia
la cuantía de la correspondiente fianza o exima
al demandado de su prestación. Ante ello,
podríamos tener una sentencia no final y sujeta a
revisión por tiempo indeterminado, a pesar de la
clara intención del legislador de estructurar un
andamiaje legal que propicie no tan solo los
trámites cortos y expeditos, sino la finalidad de
los
dictámenes.
Ciertamente,
esa
intención
legislativa
hay
que
balancearla
con
el
reconocimiento efectivo del derecho que le asiste
a la parte demandada de poder acceder al recurso
de apelación que expresamente dispone nuestra
legislación. En ese sentido, coincido con la idea
que subyace en la Opinión de que constituiría una
clara violación al debido proceso de ley el que
una
parte
no
pueda
apelar
un
dictamen
desfavorable por una omisión del propio tribunal.
Ahora bien, alcanzado ese punto común,
entiendo que nuestra Opinión debió ir un poco más
allá en ánimo de lograr ese balance entre el
interés del legislador de promover procesos
expeditos y el derecho de la parte de acceder a
los procesos de apelación.
En ese ánimo, ¿no
hubiese
sido
conveniente
que
procuráramos
mediante
nuestras
expresiones
que
la
parte
demandada que, en efecto, interese apelar sea
proactiva y traiga oportunamente a la atención
del tribunal su omisión? Note que aun partiendo
de la premisa lógica de que la parte demandante y
promovente
del
proceso
de
desahucio
tendrá
interés de lograr la finalidad de la sentencia a
su favor y, por ende, procurará que ésta cumpla
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CC-2015-1023
con todos los requisitos, este Tribunal no debió
establecer, sin más, que una sentencia carecerá
de finalidad hasta tanto no se incluya el asunto
de la fianza.
Si vamos a resolver sobre esa
falta de finalidad – con lo cual claramente
coincidió en este caso – debimos establecer
entonces el deber de la parte que interese apelar
de poner oportunamente en posición al tribunal de
corregir su omisión.
En esa línea, entiendo que la Opinión debió
incluir un lenguaje como el siguiente:
La parte demandada no podrá descansar en
el hecho de que el tribunal haya omitido
su deber de establecer una fianza o de
exponer claramente que lo eximió del pago
de ésta. Por lo tanto, una vez el
demandado que interese apelar reciba la
sentencia que omite establecer el asunto
de la fianza, éste deberá acudir al
tribunal dentro de un término de cinco
días a partir de la notificación de la
sentencia y solicitar su corrección, de
manera que el foro primario enmiende el
dictamen. Una vez el Tribunal de Primera
Instancia
notifique
la
sentencia
enmendada que incluya la cuantía de la
fianza o su exención, entonces comienza a
transcurrir el término de apelación de
cinco días que establece el Código de
Enjuiciamiento Civil.
Entiendo que incluir un lenguaje como el que
antecede hubiese propiciado no tan solo que se
salvaguarde el derecho de la parte de acudir en
revisión al Tribunal de Apelaciones, sino también
el interés de la Asamblea Legislativa de lograr
la pronta finalidad de los procesos de desahucio,
dentro de los mismos parámetros de nuestra
legislación vigente.”
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo