Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Carmen del R. Collado Ruiz
2016 TSPR 152
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Carmen del R. Collado Ruiz
CP-2013-8
Conducta Profesional – Suspensión inmediata de 3 meses del ejercicio de la notaría por quebrantar los Cánones 18, 19 y 35 de Ética Profesional y apartarse de los deberes exigidos por la Ley Notarial y la Ley Hipotecaria
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2016 TSPR 152
Carmen del R. Collado Ruiz
195 DPR ____
Número del Caso: CP-2013-8
Fecha: 10 de junio de 2016
Abogados de la Querellada:
Lcdo. Luis R. Lugo Emanuelli
Lcdo. Jesús Bird Serrano
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray
Procuradora General
Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez
Subprocuradora General
Lcda. Karla Z. Pacheco Álvarez
Subprocuradora General
Lcda. Minnie H. Rodríguez López
Procuradora General Auxiliar
Comisionada Especial:
Hon. Eliadís Orsini Zayas
Materia: La suspensión de la notaría será efectiva el 5 de julio de
2016, fecha en que se le notificó a la abogada de su suspensión
inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Carmen del R. Collado Ruiz
CP-2013-8
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2016.
Los hechos acaecidos en este caso nos permiten
reiterar a los miembros de la profesión jurídica
que la práctica de la notaría requiere un alto
grado
de
dedicación
y
Cuando
no
se
la
ejerce
esmero
en
su
ejecución.
notaría
con
el
empeño
requerido, se coloca en riesgo la fe pública, que
es la piedra angular de nuestro Derecho notarial.
Veamos
los
antecedentes
fácticos
que
originaron
este procedimiento disciplinario.
I
La
Lcda.
Carmen
del
R.
Collado
Ruiz
(licenciada o querellada) fue admitida al ejercicio
de la abogacía el 6 de noviembre de 1979 y al
CP-2013-8
2
de la notaría el 30 de noviembre del mismo año.
El 26 de abril de 1989 la licenciada Collado Ruiz
autorizó un contrato privado de compraventa de un solar que
no
estaba
segregado
ni
inscrito
en
el
Registro
de
la
Propiedad.1 Compareció como parte vendedora, el matrimonio
compuesto
por
la
Sra.
Doris
L.
Rosa
Carrión
y,
entonces
esposo,
el
Sr.
Emilio
Larrión
Querrol
(señor
Larrión);
y
como
parte
compradora,
la
Sra.
Aida
su
L.
Carbonell Burgos (señora Carbonell Burgos o quejosa). El
contrato estaba condicionado a que la letrada realizara
varios
trámites
de
segregación
y
que
autorizara
las
correspondientes escrituras para la posterior inscripción
de la propiedad en un término de tres años.
estas
gestiones
y
transcurrido
dicho
Concluidas
término,
se
completaría el pago de la compraventa.
Así las cosas, el 21 de diciembre de 2006, la señora
Carbonell Burgos presentó una queja contra la licenciada
Collado Ruiz. Alegó que transcurridos más de doce años
desde
que
compraventa
encomendada.
fue
la
autorizado
notaria
Adujo
que
no
el
contrato
privado
había
completado
la
tuvo
que
darle
de
gestión
seguimiento
personalmente hasta que, finalmente, en el año 2003 se
otorgó la correspondiente escritura.
Cabe señalar, que la licenciada Collado Ruiz cometió
varias
1
infracciones
y
faltas
notariales
en
varios
Según el Informe de la Comisionada Especial, el contenido del
documento reflejaba ser una opción de compra aunque se le denominó
escritura de contrato de compraventa.
CP-2013-8
documentos
3
posteriores
al
otorgamiento
del
contrato
privado; además de las actuaciones erradas en su gestión
como
notaria
durante
el
trámite
para
formalizar
la
compraventa. Veamos.
Según detalla el expediente del caso, la finca objeto
del
contrato
privado
de
compraventa
(solar
Núm.
5)
procedía de otro predio que pertenecía, a su vez, a otra
finca de mayor cabida que no estaba segregada (Finca Núm.
732). Transcurridos seis años desde el otorgamiento del
contrato privado de compraventa, el señor Larrión, quien
fue uno de los vendedores del bien inmueble en cuestión,
falleció.2
Como
parte de las gestiones con la Sucesión
Larrión, en noviembre del 2000, la querellada autorizó una
escritura de Protocolización de Poder en la que se nombró
como apoderado a uno de los hijos del causante.
En abril de ese mismo año, la licenciada Collado Ruiz
autorizó una escritura de Ratificación de Segregación de
Compraventa (Primera Escritura) a la cual comparecieron el
apoderado de la Sucesión Larrión, la viuda y una hija de
ésta,
para ratificar la compraventa concretada mediante
contrato privado a favor de la quejosa. El bien inmueble
objeto del contrato se identificó como “el predio número 5
procedente de otro predio” del cual no se ofrecieron datos
registrales, que a su vez procedía de la “Parcela F”,
inscrita como la “Finca Número 732 de Canóvanas”. En esa
2
Cabe señalar, que no fue sino hasta diez años luego del fallecimiento
del señor Larrión que la licenciada Collado Ruiz presentó una
instancia ante el Registro de la Propiedad con el fin de inscribir la
declaratoria de herederos del causante.
CP-2013-8
4
escritura la licenciada Collado Ruiz únicamente consignó
que
los
vendedores
eran
“dueños
en
pleno
dominio”
del
predio objeto del contrato y que la segregación del solar
objeto de la escritura había sido autorizada por la otrora
Autoridad de Reglamentos y Permisos (ARPE).3
Posteriormente,
autorizó
una
Segregación
en
segunda
y
junio
de
escritura
2003,
la
querellada
Ratificación
de
(Segunda
Escritura).
Al
Compraventa
sobre
otorgamiento de esa escritura comparecieron los miembros
de la Sucesión Larrión, la viuda Doris L. Rosa Carrión y
un hermano de ésta. En la aludida escritura, la notaria
por primera vez explicó la procedencia de la Finca Núm.
732. En cuanto a ello, señaló que la finca le pertenecía a
Crescencio Rosa Pérez (Don Crescencio). Añadió, que ésta
había
sido
objeto
de
varias
segregaciones,
ventas
y
cesiones a favor de los hijos de Don Crescencio, Ángel
Enrique
y
Doris
Rosa.
Empero,
la
querellada
no
figuró
información sobre la declaratoria de herederos o documento
alguno que acreditara quién o quiénes eran los herederos
de Don Crescencio. Tampoco ofreció referencia sobre qué
documento acreditaba las transacciones realizadas.4 Así las
cosas, la licenciada Collado Ruiz presentó una acción de
declaratoria
3
de
herederos
ante
el
Tribunal
de
Primera
Es menester señalar que surge del expediente del caso que en ese
momento ARPE aún no había aprobado la segregación.
4
El 9 de julio de 2004 mediante Acta de Subsanación la licenciada
Collado Ruiz subsanó la deficiencia en la omisión de nombre, vecindad
y sitio del notario autorizante en las escrituras. Posteriormente, el
28 de agosto de 2006, la letrada autorizó una nueva Acta de
Subsanación para aclarar que en una escritura anterior describió
erróneamente el solar 5 vendido a la quejosa ya que ese predio
aparecía como “Lote 5” y también como “Lote H-1” en distintos planos.
CP-2013-8
5
Instancia para la Sucesión de Don Crescencio. A pesar de
que la resolución fue emitida el 1 febrero de 2005, no fue
hasta
el 28
instancia
abril del
ante
el
2006
que la querellada presentó
Registro
de
la
Propiedad
para
inscribirla.
Conforme a lo anterior, el 7 de marzo de 2009, la
Oficina de Inspección de Notarias (ODIN) rindió un Informe
sobre la queja presentada. En cuanto a las actuaciones
notariales de la licenciada Collado Ruiz, éstas no están
en disputa. De hecho, la abogada aceptó que incurrió en
las
numerosas
informe.
faltas
Además,
presentación
de
y
previo
la
deficiencias
señaladas
a
querella
que
este
Foro
que
nos
ocupa,
en
el
ordenara
la
la
quejosa
solicitó el desistimiento de la queja ya que el inmueble
finalmente fue inscrito en el Registro de la Propiedad y
ésta fue compensada económicamente por la querellada.
No obstante, el 8 de octubre de 2012 ordenamos a la
Procuradora General que presentara la querella en virtud
de la Regla 14 de nuestro Reglamento.5 Subsiguientemente,
el 22 de febrero de 2013, la Oficina de la Procuradora
General presentó la Querella y le imputó a la letrada
violaciones a los Cánones 18, 19 y 35 del Código de Ética
Profesional;6 al Art. 56 de la Ley Notarial de Puerto Rico
(Ley
5
Notarial);7
al
4 LPRA Ap. XXI-B.
4 LPRA Ap. IX.
7
4 LPRA sec. 2001 et seq.
6
Reglamento
Notarial
de
Puerto
Rico
CP-2013-8
6
(Reglamento Notarial);8 y al Art. 57 de la Ley Hipotecaria
y del Registro de la Propiedad (Ley Hipotecaria).9 Luego de
varias prórrogas, la licenciada Collado Ruiz contestó la
querella. En esencia, aceptó los hechos y reconoció que no
obró con la diligencia requerida en la otorgación de las
escrituras
públicas
descritas.
finalmente
se
la
logró
Sin
embargo,
inscripción
del
aclaró
inmueble
que
en
el
Registro de la Propiedad a favor de la quejosa.
Después de recibir la contestación de la querellada,
designamos
a
la
Lcda.
Eliadís
Orsini
Zayas
como
Comisionada Especial para que recibiera la prueba y nos
rindiera un informe con sus determinaciones de hecho y
recomendaciones pertinentes. Las partes sometieron el caso
a
base
de
la
prueba
expedientes
del
Tribunal.
consistió
en
los
documental
La
existente
única
testimonios
de
prueba
tres
en
los
testifical
testigos
de
reputación quienes coincidieron en que la letrada goza de
una excelente reputación en la comunidad. La Comisionada
Especial señaló en su Informe que la letrada aceptó las
faltas
imputadas.10
Por
ello,
nos
recomendó
que
sancionáramos a la querellada limitándole el ejercicio de
la notaría por un año, permitiéndole autorizar únicamente
testimonios
y
Procuradora
General
8
declaraciones
como
de
la
autenticidad.
querellada
Tanto
la
tuvieron
la
4 LPRA Ap. XXIV.
30 LPRA sec. X.
10
La única imputación que la querellada no aceptó fue la violación al
Art. 56 de la Ley Notarial, supra. Ello, porque el estado de derecho
al momento de los hechos no lo prohibía. Véase, Informe de la
Comisionada Especial, pág. 3.
9
CP-2013-8
7
oportunidad
de
reaccionar
Especial.
Examinados
al
Informe
los
hechos
de
la
Comisionada
ante
nuestra
consideración, estamos en posición de resolver.
II
El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra,
dispone, en lo pertinente, que “[e]s deber del abogado
defender
los
intereses
del
cliente
diligentemente,
desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad
y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en
general estima adecuada y responsable”.11 Es innegable que
este Canon consagra un deber ineludible según el cual el
abogado o abogada debe manifestar todo su conocimiento y
sus destrezas en favor de la causa de su cliente.12
Hemos señalado que “[c]uando se infringe el Canon 18,
el perjuicio directo lo padece la propia parte negligente
no
logrando
la
concreción
de
pretendido”.13
lo
Por
tal
razón, la referida norma ética prescribe y enfatiza la
necesidad de que los abogados empleen toda su habilidad y
conocimiento de forma tal, que su actuación en la gestión
a la que se comprometió, no repercuta en perjuicio de los
mejores
intereses
negligencia
o
de
su
dilación
cliente,
indebida
ya
en
sea
los
por
descuido,
trámites
de
su
caso. Nótese, que a pesar de que este Canon menciona la
labor idónea en relación al cliente, reiteradamente hemos
11
4 LPRA Ap. IX, C. 18.
In re Santos Cruz, 2015 TSPR 75, 193 DPR __ (2015). Véase además, In
re Cuevas Velázquez, 174 DPR 433, 442 (2008).
13
Íd.; In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 37-38 (2011) (citando a R.L.
Vigo, Ética del abogado: Conducta procesal indebida 103 (2da ed.
2003)).
12
CP-2013-8
8
interpretado que el mismo aplica a la labor del abogadonotario, ya que el notario, como abogado, está obligado
por los Cánones del Código de Ética Profesional, supra.
Por lo tanto, el Canon 18 le impide al notario actuar de
forma indiferente y sin la diligencia requerida en dicho
canon.14
Por otro lado, el Canon 19, en lo que atañe a la
conducta que nos compete, dispone que “[e]l abogado debe
mantener a su cliente siempre informado de todo asunto
importante que surja en el desarrollo del caso que le ha
sido
encomendado”.15
Así,
en
un
sinnúmero
de
ocasiones
hemos expresado que la obligación que impone el Canon 19
“constituye
un
elemento
imprescindible
en
la
relación
fiduciaria que caracteriza el vínculo abogado-cliente”.16 A
tales
efectos,
hemos
señalado
que
“constituye
un
deber
ético independiente de la diligencia que, en virtud del
Canon 18, se le exige al abogado en todo momento durante
su gestión profesional”.17 Por ello, el Canon 19 impone al
notario
la
obligación
de
asesorar
legalmente
a
los
otorgantes sobre las posibles consecuencias jurídicas que
puede
tener
consecuencia,
el
negocio
cuando
el
jurídico
notario
no
celebrado.18
En
informa
los
a
otorgantes sobre las circunstancias del otorgamiento y sus
14
In re Pizarro Colón, 151 DPR 94, 105 (2000).
4 LPRA Ap. IX, C. 19.
16
In re Santos Cruz, supra; In re Colón Morera, 172 DPR 49, 57 (2007).
Véase, también, In re Muñoz Morell, 182 DPR 738, 752 (2011); In re
García Muñoz, 170 DPR 780, 790 (2007); In re Criado Vázquez, 155 DPR
436, 456 (2001).
17
In re Santos Cruz, supra.
18
Véase, además, In re Criado Vázquez, supra, pág. 452.
15
CP-2013-8
efectos,
9
el
notario
infringe
el
Canon
19
de
Ética
Profesional, supra.19
En ese contexto, en In re Pizarro Colón, 151 DPR 94
(2000) dijimos que el abogado en su función notarial está
obligado
a
realizar
“las
averiguaciones
mínimas
que
requieren las normas más elementales de la profesión [y
las leyes aplicables] y que en aquellas ocasiones en que
tenga duda sobre lo expresado por el otorgante, indague
más allá de lo requerido comúnmente”.20 Por lo tanto, antes
de autorizar una escritura, es de vital importancia que el
notario conozca la realidad registral de la propiedad como
principal
custodio
de
la
fe
pública.21
Ante
esa
responsabilidad, el notario tiene el insoslayable deber de
lograr que los otorgantes concurran al acto notarial en un
estado de conciencia informada.22 Es decir, si el notario
desconoce el estado registral de la propiedad sobre la
cual
se
otorga
la
escritura,
no
podría
informarles
debidamente a los otorgantes de las posibles consecuencias
que puedan ocurrir en el negocio jurídico. De manera que
la
información
que
proveería
a
los
otorgantes
no
le
constaría de propio conocimiento y correría el riesgo de
que la información compartida sea incierta.23
Por ello,
aquel notario que al autorizar una escritura no demuestre
la competencia y diligencia exigida en el ejercicio de la
19
In re Martínez Sotomayor, 189 DPR 492, 501 (2013).
In re Pizarro Colón, supra, pág. 105.
21
Íd.
22
Íd.
23
In re Ortiz Gutiérrez, 153 DPR 271, 277 (2001).
20
CP-2013-8
notaría
10
y
que
tampoco
se
asegure
de
proveer
a
los
otorgantes la información que le conste sea cierta, viola
los Cánones 18 y 19 de Ética Profesional, supra. Esto es
importante ya que cuando el notario o notaria otorga un
instrumento público imprime en ellos una garantía de fe
pública. Por lo que al quebrantar esa dación de fe está
cometiendo una falta grave en el ejercicio de la notaría.24
Tales actuaciones constituyen una violación, no únicamente
a los Cánones del Código de Ética Profesional, supra, sino
también a las disposiciones de la Ley Notarial, supra, y a
su Reglamento, supra. Lo que conlleva la imposición de una
severa medida disciplinaria.25
Sobre
este
particular,
el
inciso
(f)
de
la
Ley
Notarial, supra, dispone que el abogado o abogada tiene el
deber de hacer todas las advertencias legales pertinentes
durante
el
acto
mencionáramos
de
otorgamiento.
previamente,
Por
antes
lo
de
tanto
y
como
autorizar
una
escritura pública el notario debe conocer los antecedentes
registrales
expresado
es
de
la
propiedad
cierto.26
El
para
notario
asegurarse
no
puede
que
lo
simplemente
ignorar el estado registral de una propiedad al momento de
autorizar una escritura de segregación, por ejemplo.27 De
lo contrario, estaría dando como cierto un hecho que es
incompatible
24
con
la
realidad
registral
violando
la
fe
In re Santiago Rodríguez, 2016 TSPR 43, 194 DPR __ (2016); In re
Toro Imbernón, 2016 TSPR 8, 194 DPR __ (2016).
25
Íd.
26
In re Martínez Sotomayor, supra, pág. 500.
27
Íd.
CP-2013-8
11
pública notarial que como sabemos constituye la “espina
dorsal
de
todo
el
esquema
de
autenticidad
documental
notarial”.28
En lo atinente a la conducta de la licenciada Collado
Ruiz,
en
In
re
López
Maldonado,
130
DPR
863
(1992),
expresamos lo siguiente:
Un abogado-notario viola la fe notarial al
no hacer un estudio de título en el Registro de
la Propiedad y proceder a preparar y a autorizar
una escritura -dando fe de que se hace un
traspaso de una finca- cuando en realidad el
traspaso es de un solar segregado y aún no
inscrito y no sobre la finca descrita en la
escritura. También viola la fe notarial el dar
fe en una escritura de que la finca está
inscrita a nombre de una persona cuando de los
libros del Registro de la Propiedad surge que
esto no es cierto. (Énfasis nuestro).29
En conclusión, el notario debe asegurarse del fiel
cumplimiento
Notarial,
con
lo
supra,
dispuesto
so
pena
en
de
el
Art.
2
de
que
se
tomen
la
Ley
medidas
disciplinarias en su contra.30 No hacerlo sería apartarse
de
la
conducta
exigida
por
el
Canon
35
de
Ética
Profesional, supra.31 En lo pertinente, este Canon dispone
que
el
abogado
debe
ajustarse
a
la
sinceridad
de
los
hechos al examinar los testigos, al redactar afidávit u
otros documentos, y al presentar sus causas. Cónsono con
lo enunciado, hemos resuelto que se infringe el referido
Canon
por
el
simple
hecho
de
faltar
a
la
verdad,
independientemente de los motivos de la falsedad. A esos
28
Íd.; In re Collazo Sánchez, 159 DPR 769, 774 (2003).
In re López Maldonado, supra, pág. 866.
30
In re Toro Imbernón, supra.
31
In re Ojeda Martínez, 185 DPR 1068, 1075 (2012).
29
CP-2013-8
12
efectos, no es necesario que el notario haya faltado a la
verdad deliberadamente o con la intención de defraudar o
engañar.32 Tampoco es necesario causar daño a un tercero.
Tales manifestaciones no constituyen una defensa ante la
violación ética.33
Finalmente,
obligados
a
debemos
sostener
puntualizar
las
que
determinaciones
no
estamos
de
hechos
realizadas por un Comisionado Especial. Las mismas merecen
nuestra
deferencia,
prejuicio,
salvo
parcialidad
o
que
se
error
demuestre
manifiesto
pasión,
en
su
apreciación de la prueba.34 No obstante, dicha deferencia
aplica cuando las determinaciones de hechos están basadas
en
prueba
testifical,
pues
es
cuando
el
Comisionado
Especial se encuentra en una mejor posición para aquilatar
la prueba.35 Ahora bien, “cuando esas determinaciones estén
basadas en la prueba documental que obra en el expediente,
el
tribunal
revisor
está
en
igual
posición
que
el
Comisionado Especial, y por ende, puede adoptar, modificar
o rechazar tal informe”.36 Establecido el marco doctrinal
aplicable, procedemos a determinar si la notaria incurrió
en las violaciones imputadas.
III.
Sabido es que cuando adjudicamos casos relacionados a
violaciones
32
éticas
debemos
tomar
en
consideración
los
In re Toro Imbernón, supra.
Íd.
34
In re García Ortiz, 187 DPR 507, 521 (2012); In re García Aguirre,
175 DPR 433, 442 (2009).
35
Íd.; In re González Ortiz, 162 DPR 80, 85-86 (2004).
36
In re García Ortiz, supra.
33
CP-2013-8
13
agravantes y atenuantes que apliquen. Así, al determinar
la sanción disciplinaria que vamos a imponer a un abogado
que ha incurrido en conducta impropia, debemos considerar
su historial profesional.37 Evaluamos, entre otras cosas,
la reputación del abogado en la comunidad, si se trata de
una
primera
falta,
si
ninguna
parte
ha
resultado
perjudicada, la aceptación de la falta y el resarcimiento
al cliente.38
En este caso, debemos reconocer que es la primera vez
que la licenciada Collado Ruiz se enfrenta a un proceso
disciplinario. Además, sabemos que ésta aceptó todos sus
errores, demostró estar verdaderamente arrepentida por las
faltas
incurridas,
se
responsabilizó
de
subsanar
las
deficiencias de las escrituras objeto de la controversia y
se aseguró de inscribir en el Registro de la Propiedad el
inmueble
que
la
quejosa
adquirió.
Incluso,
le
entregó
$8,000.00
a
la
quejosa
para
recompensar
los
gastos
incurridos en el negocio jurídico autorizado y demostró a
través de sus testigos que tiene una buena reputación en
la
comunidad.
subsanó
todos
En
síntesis,
la
sus
errores
y
licenciada
logró
la
Collado
Ruiz
transmisión
del
inmueble y su subsiguiente inscripción en el Registro de
la Propiedad.
Ahora bien, el hecho de que un notario subsane todas
las
deficiencias
responsabilidad.
37
38
no
Esto,
es
suficiente
porque
la
para
función
liberarlo
que
In re Ortiz Delgado, 189 DPR 826, 832 (2013).
Íd. Véase, además, In re García Ortiz, supra, pág. 521.
ejerce
de
el
CP-2013-8
14
notario, como custodio de la fe pública, requiere que éste
sea
sumamente
cuidadoso
y
que
preste
gran
atención
y
esmero en las gestiones que realiza. Al respecto, hemos
reafirmado “que el ejercicio del notariado exige un grado
razonable
de
organización
responsabilidad
y
administrativa,
supervisión,
pública”.39
consciencia
En
lo
que
respecta al caso ante nos, es evidente que la licenciada
Collado Ruiz no empleó la atención y esmero requerido en
sus
funciones
refleja
que
como
la
notaria.
abogada
Un
examen
autorizó
del
expediente
alrededor
de
diez
documentos tratando de rectificar o subsanar sus propios
errores. Sin embargo, a pesar de ello, repetía las mismas
faltas una y otra vez. Particularmente, la omisión de las
advertencias legales, dejar de exponer información sobre
los otorgantes, dejar de exponer la información necesaria
de
ella
como
notaria
autorizante,
la
descripción
incompleta e incongruente de solares, el omitir el tracto
sucesivo de las cabidas, entre otras.
También, surge del expediente del caso que la letrada
recibió una comunicación por parte del Bufete Carlos M.
García
Rullán
en
la
que
se
le
solicitó
que
aclarara
numerosas interrogantes que surgían de varias escrituras
autorizadas por ella. Entre las aclaraciones solicitadas
están
la
falta
segregadas,
la
de
datos
falta
de
de
inscripción
de
las
fincas
documentos
complementarios
importantes para la inscripción de las correspondientes
39
Íd. págs. 959-960.
CP-2013-8
15
escrituras en el Registro de la Propiedad, confusión con
respecto
a
la
cabida
de
las
fincas
segregadas,
datos
incongruentes entre la información de las escrituras y la
autorización de ARPE para la segregación de fincas. En
fin,
un
sinnúmero
de
errores
y
faltas
que
ponen
de
manifiesto la nefasta gestión notarial de la licenciada
Collado Ruiz.
De
otra
ratificación
parte,
y
en
la
compraventa)
Primera
la
Escritura
licenciada
(sobre
Collado
Ruiz
consignó que los vendedores eran dueños en pleno dominio
del
inmueble
cuando
el
mismo
constaba
inscrito
en
el
Registro de la Propiedad a nombre de otra persona. Esto
demuestra
que
la
letrada
no
verificó
el
historial
registral del inmueble. De igual forma, la letrada tampoco
consignó que el predio del cual procedía el solar 5 no
constaba
finca
inscrito
separada
adecuadamente
a
en
el
Registro
de
la
Finca
la
quejosa
de
la
Núm.
sobre
las
Propiedad
732;
no
como
orientó
consecuencias
de
adquirir un inmueble que aparecía inscrito en el Registro
de la Propiedad a favor de otra persona. Más importante
aún, no realizó las advertencias necesarias y esenciales
sobre el negocio jurídico en cuestión. Además, en tres
ocasiones distintas la licenciada Collado Ruiz omitió la
información sobre nombre, vecindad y sitio de oficina de
la
notaria
autorizante
apartándose
así
de
las
disposiciones de la Ley Notarial, supra, y su Reglamento,
supra. Tales actuaciones, en unión a todos los errores y
CP-2013-8
16
faltas cometidas
en las escrituras públicas, demuestran
una falta de diligencia por parte de la querellada en su
quehacer jurídico.
Por último, en la Segunda Escritura de ratificación
de segregación y compraventa no figuró información sobre
declaratoria
acreditara
de
quién
herederos
o
documento
o
eran
los
quiénes
alguno
herederos
que
de
Don
Crescencio, verdadero dueño de la Finca Núm. 732. Ello, en
violación a la fe pública notarial, al Art. 57 de la Ley
Hipotecaria, supra; y en consecuencia, del Canon 35.
Cónsono con los hechos del caso ante nos, colegimos
que
la
licenciada
Collado
Ruiz
cometió
las
violaciones
imputadas. Según reseñado, las actuaciones y omisiones de
la letrada reflejan su patente indiferencia respecto sus
deberes como abogada y notaria. De esa forma, la querellada
violó
los
Cánones
18,
19
y
35
del
Código
de
Ética
Profesional, supra. En conclusión, se apartó de los deberes
exigidos en la Ley Notarial, supra, la Ley Hipotecaria,
supra, y los Cánones de Ética Profesional, supra.
IV.
Por
los
fundamentos
que
anteceden,
decretamos
la
suspensión inmediata de la Lcda. Carmen Collado Ruiz de la
práctica de la notaría por el término de tres (3) meses.
La Oficina de Alguacil de este Tribunal procederá de
inmediato, a incautar la obra protocolar y sello notarial
de la licenciada Collado Ruiz y entregará a la Oficina de
CP-2013-8
Inspección
17
de
Notarías
para
la
investigación
correspondiente.
Se dictará Sentencia de conformidad.
e
informe
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: Carmen del R. Collado Ruiz
CP-2013-8
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2016.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam
que antecede, la cual se hace formar parte de la presente
Sentencia, decretamos la suspensión inmediata de la Lcda.
Carmen del R. Collado Ruiz de la práctica de la notaría por
el término de tres (3) meses.
La Oficina de Alguacil de este Tribunal procederá, de
inmediato, a incautar la obra protocolar y sello notarial
de la licenciada Collado Ruiz y entregará a la Oficina de
Inspección de Notarías para la investigación e informe
correspondiente.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam a la
licenciada Collado Ruiz por la Oficina del Alguacil de este
Tribunal.
Lo pronunció, manda el Tribunal
Secretario del Tribunal Supremo.
y
certifica
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
el