LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Carmen del R. Collado Ruiz

2016 TSPR 152

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Carmen del R. Collado Ruiz

CP-2013-8

Conducta Profesional – Suspensión inmediata de 3 meses del ejercicio de la notaría por quebrantar los Cánones 18, 19 y 35 de Ética Profesional y apartarse de los deberes exigidos por la Ley Notarial y la Ley Hipotecaria

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2016 TSPR 152

Carmen del R. Collado Ruiz

195 DPR ____

Número del Caso: CP-2013-8

Fecha: 10 de junio de 2016

Abogados de la Querellada:

Lcdo. Luis R. Lugo Emanuelli

Lcdo. Jesús Bird Serrano

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray

Procuradora General

Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez

Subprocuradora General

Lcda. Karla Z. Pacheco Álvarez

Subprocuradora General

Lcda. Minnie H. Rodríguez López

Procuradora General Auxiliar

Comisionada Especial:

Hon. Eliadís Orsini Zayas

Materia: La suspensión de la notaría será efectiva el 5 de julio de

2016, fecha en que se le notificó a la abogada de su suspensión

inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Carmen del R. Collado Ruiz

CP-2013-8

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2016.

Los hechos acaecidos en este caso nos permiten

reiterar a los miembros de la profesión jurídica

que la práctica de la notaría requiere un alto

grado

de

dedicación

y

Cuando

no

se

la

ejerce

esmero

en

su

ejecución.

notaría

con

el

empeño

requerido, se coloca en riesgo la fe pública, que

es la piedra angular de nuestro Derecho notarial.

Veamos

los

antecedentes

fácticos

que

originaron

este procedimiento disciplinario.

I

La

Lcda.

Carmen

del

R.

Collado

Ruiz

(licenciada o querellada) fue admitida al ejercicio

de la abogacía el 6 de noviembre de 1979 y al

CP-2013-8

2

de la notaría el 30 de noviembre del mismo año.

El 26 de abril de 1989 la licenciada Collado Ruiz

autorizó un contrato privado de compraventa de un solar que

no

estaba

segregado

ni

inscrito

en

el

Registro

de

la

Propiedad.1 Compareció como parte vendedora, el matrimonio

compuesto

por

la

Sra.

Doris

L.

Rosa

Carrión

y,

entonces

esposo,

el

Sr.

Emilio

Larrión

Querrol

(señor

Larrión);

y

como

parte

compradora,

la

Sra.

Aida

su

L.

Carbonell Burgos (señora Carbonell Burgos o quejosa). El

contrato estaba condicionado a que la letrada realizara

varios

trámites

de

segregación

y

que

autorizara

las

correspondientes escrituras para la posterior inscripción

de la propiedad en un término de tres años.

estas

gestiones

y

transcurrido

dicho

Concluidas

término,

se

completaría el pago de la compraventa.

Así las cosas, el 21 de diciembre de 2006, la señora

Carbonell Burgos presentó una queja contra la licenciada

Collado Ruiz. Alegó que transcurridos más de doce años

desde

que

compraventa

encomendada.

fue

la

autorizado

notaria

Adujo

que

no

el

contrato

privado

había

completado

la

tuvo

que

darle

de

gestión

seguimiento

personalmente hasta que, finalmente, en el año 2003 se

otorgó la correspondiente escritura.

Cabe señalar, que la licenciada Collado Ruiz cometió

varias

1

infracciones

y

faltas

notariales

en

varios

Según el Informe de la Comisionada Especial, el contenido del

documento reflejaba ser una opción de compra aunque se le denominó

escritura de contrato de compraventa.

CP-2013-8

documentos

3

posteriores

al

otorgamiento

del

contrato

privado; además de las actuaciones erradas en su gestión

como

notaria

durante

el

trámite

para

formalizar

la

compraventa. Veamos.

Según detalla el expediente del caso, la finca objeto

del

contrato

privado

de

compraventa

(solar

Núm.

5)

procedía de otro predio que pertenecía, a su vez, a otra

finca de mayor cabida que no estaba segregada (Finca Núm.

732). Transcurridos seis años desde el otorgamiento del

contrato privado de compraventa, el señor Larrión, quien

fue uno de los vendedores del bien inmueble en cuestión,

falleció.2

Como

parte de las gestiones con la Sucesión

Larrión, en noviembre del 2000, la querellada autorizó una

escritura de Protocolización de Poder en la que se nombró

como apoderado a uno de los hijos del causante.

En abril de ese mismo año, la licenciada Collado Ruiz

autorizó una escritura de Ratificación de Segregación de

Compraventa (Primera Escritura) a la cual comparecieron el

apoderado de la Sucesión Larrión, la viuda y una hija de

ésta,

para ratificar la compraventa concretada mediante

contrato privado a favor de la quejosa. El bien inmueble

objeto del contrato se identificó como “el predio número 5

procedente de otro predio” del cual no se ofrecieron datos

registrales, que a su vez procedía de la “Parcela F”,

inscrita como la “Finca Número 732 de Canóvanas”. En esa

2

Cabe señalar, que no fue sino hasta diez años luego del fallecimiento

del señor Larrión que la licenciada Collado Ruiz presentó una

instancia ante el Registro de la Propiedad con el fin de inscribir la

declaratoria de herederos del causante.

CP-2013-8

4

escritura la licenciada Collado Ruiz únicamente consignó

que

los

vendedores

eran

“dueños

en

pleno

dominio”

del

predio objeto del contrato y que la segregación del solar

objeto de la escritura había sido autorizada por la otrora

Autoridad de Reglamentos y Permisos (ARPE).3

Posteriormente,

autorizó

una

Segregación

en

segunda

y

junio

de

escritura

2003,

la

querellada

Ratificación

de

(Segunda

Escritura).

Al

Compraventa

sobre

otorgamiento de esa escritura comparecieron los miembros

de la Sucesión Larrión, la viuda Doris L. Rosa Carrión y

un hermano de ésta. En la aludida escritura, la notaria

por primera vez explicó la procedencia de la Finca Núm.

732. En cuanto a ello, señaló que la finca le pertenecía a

Crescencio Rosa Pérez (Don Crescencio). Añadió, que ésta

había

sido

objeto

de

varias

segregaciones,

ventas

y

cesiones a favor de los hijos de Don Crescencio, Ángel

Enrique

y

Doris

Rosa.

Empero,

la

querellada

no

figuró

información sobre la declaratoria de herederos o documento

alguno que acreditara quién o quiénes eran los herederos

de Don Crescencio. Tampoco ofreció referencia sobre qué

documento acreditaba las transacciones realizadas.4 Así las

cosas, la licenciada Collado Ruiz presentó una acción de

declaratoria

3

de

herederos

ante

el

Tribunal

de

Primera

Es menester señalar que surge del expediente del caso que en ese

momento ARPE aún no había aprobado la segregación.

4

El 9 de julio de 2004 mediante Acta de Subsanación la licenciada

Collado Ruiz subsanó la deficiencia en la omisión de nombre, vecindad

y sitio del notario autorizante en las escrituras. Posteriormente, el

28 de agosto de 2006, la letrada autorizó una nueva Acta de

Subsanación para aclarar que en una escritura anterior describió

erróneamente el solar 5 vendido a la quejosa ya que ese predio

aparecía como “Lote 5” y también como “Lote H-1” en distintos planos.

CP-2013-8

5

Instancia para la Sucesión de Don Crescencio. A pesar de

que la resolución fue emitida el 1 febrero de 2005, no fue

hasta

el 28

instancia

abril del

ante

el

2006

que la querellada presentó

Registro

de

la

Propiedad

para

inscribirla.

Conforme a lo anterior, el 7 de marzo de 2009, la

Oficina de Inspección de Notarias (ODIN) rindió un Informe

sobre la queja presentada. En cuanto a las actuaciones

notariales de la licenciada Collado Ruiz, éstas no están

en disputa. De hecho, la abogada aceptó que incurrió en

las

numerosas

informe.

faltas

Además,

presentación

de

y

previo

la

deficiencias

señaladas

a

querella

que

este

Foro

que

nos

ocupa,

en

el

ordenara

la

la

quejosa

solicitó el desistimiento de la queja ya que el inmueble

finalmente fue inscrito en el Registro de la Propiedad y

ésta fue compensada económicamente por la querellada.

No obstante, el 8 de octubre de 2012 ordenamos a la

Procuradora General que presentara la querella en virtud

de la Regla 14 de nuestro Reglamento.5 Subsiguientemente,

el 22 de febrero de 2013, la Oficina de la Procuradora

General presentó la Querella y le imputó a la letrada

violaciones a los Cánones 18, 19 y 35 del Código de Ética

Profesional;6 al Art. 56 de la Ley Notarial de Puerto Rico

(Ley

5

Notarial);7

al

4 LPRA Ap. XXI-B.

4 LPRA Ap. IX.

7

4 LPRA sec. 2001 et seq.

6

Reglamento

Notarial

de

Puerto

Rico

CP-2013-8

6

(Reglamento Notarial);8 y al Art. 57 de la Ley Hipotecaria

y del Registro de la Propiedad (Ley Hipotecaria).9 Luego de

varias prórrogas, la licenciada Collado Ruiz contestó la

querella. En esencia, aceptó los hechos y reconoció que no

obró con la diligencia requerida en la otorgación de las

escrituras

públicas

descritas.

finalmente

se

la

logró

Sin

embargo,

inscripción

del

aclaró

inmueble

que

en

el

Registro de la Propiedad a favor de la quejosa.

Después de recibir la contestación de la querellada,

designamos

a

la

Lcda.

Eliadís

Orsini

Zayas

como

Comisionada Especial para que recibiera la prueba y nos

rindiera un informe con sus determinaciones de hecho y

recomendaciones pertinentes. Las partes sometieron el caso

a

base

de

la

prueba

expedientes

del

Tribunal.

consistió

en

los

documental

La

existente

única

testimonios

de

prueba

tres

en

los

testifical

testigos

de

reputación quienes coincidieron en que la letrada goza de

una excelente reputación en la comunidad. La Comisionada

Especial señaló en su Informe que la letrada aceptó las

faltas

imputadas.10

Por

ello,

nos

recomendó

que

sancionáramos a la querellada limitándole el ejercicio de

la notaría por un año, permitiéndole autorizar únicamente

testimonios

y

Procuradora

General

8

declaraciones

como

de

la

autenticidad.

querellada

Tanto

la

tuvieron

la

4 LPRA Ap. XXIV.

30 LPRA sec. X.

10

La única imputación que la querellada no aceptó fue la violación al

Art. 56 de la Ley Notarial, supra. Ello, porque el estado de derecho

al momento de los hechos no lo prohibía. Véase, Informe de la

Comisionada Especial, pág. 3.

9

CP-2013-8

7

oportunidad

de

reaccionar

Especial.

Examinados

al

Informe

los

hechos

de

la

Comisionada

ante

nuestra

consideración, estamos en posición de resolver.

II

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra,

dispone, en lo pertinente, que “[e]s deber del abogado

defender

los

intereses

del

cliente

diligentemente,

desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad

y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en

general estima adecuada y responsable”.11 Es innegable que

este Canon consagra un deber ineludible según el cual el

abogado o abogada debe manifestar todo su conocimiento y

sus destrezas en favor de la causa de su cliente.12

Hemos señalado que “[c]uando se infringe el Canon 18,

el perjuicio directo lo padece la propia parte negligente

no

logrando

la

concreción

de

pretendido”.13

lo

Por

tal

razón, la referida norma ética prescribe y enfatiza la

necesidad de que los abogados empleen toda su habilidad y

conocimiento de forma tal, que su actuación en la gestión

a la que se comprometió, no repercuta en perjuicio de los

mejores

intereses

negligencia

o

de

su

dilación

cliente,

indebida

ya

en

sea

los

por

descuido,

trámites

de

su

caso. Nótese, que a pesar de que este Canon menciona la

labor idónea en relación al cliente, reiteradamente hemos

11

4 LPRA Ap. IX, C. 18.

In re Santos Cruz, 2015 TSPR 75, 193 DPR __ (2015). Véase además, In

re Cuevas Velázquez, 174 DPR 433, 442 (2008).

13

Íd.; In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 37-38 (2011) (citando a R.L.

Vigo, Ética del abogado: Conducta procesal indebida 103 (2da ed.

2003)).

12

CP-2013-8

8

interpretado que el mismo aplica a la labor del abogadonotario, ya que el notario, como abogado, está obligado

por los Cánones del Código de Ética Profesional, supra.

Por lo tanto, el Canon 18 le impide al notario actuar de

forma indiferente y sin la diligencia requerida en dicho

canon.14

Por otro lado, el Canon 19, en lo que atañe a la

conducta que nos compete, dispone que “[e]l abogado debe

mantener a su cliente siempre informado de todo asunto

importante que surja en el desarrollo del caso que le ha

sido

encomendado”.15

Así,

en

un

sinnúmero

de

ocasiones

hemos expresado que la obligación que impone el Canon 19

“constituye

un

elemento

imprescindible

en

la

relación

fiduciaria que caracteriza el vínculo abogado-cliente”.16 A

tales

efectos,

hemos

señalado

que

“constituye

un

deber

ético independiente de la diligencia que, en virtud del

Canon 18, se le exige al abogado en todo momento durante

su gestión profesional”.17 Por ello, el Canon 19 impone al

notario

la

obligación

de

asesorar

legalmente

a

los

otorgantes sobre las posibles consecuencias jurídicas que

puede

tener

consecuencia,

el

negocio

cuando

el

jurídico

notario

no

celebrado.18

En

informa

los

a

otorgantes sobre las circunstancias del otorgamiento y sus

14

In re Pizarro Colón, 151 DPR 94, 105 (2000).

4 LPRA Ap. IX, C. 19.

16

In re Santos Cruz, supra; In re Colón Morera, 172 DPR 49, 57 (2007).

Véase, también, In re Muñoz Morell, 182 DPR 738, 752 (2011); In re

García Muñoz, 170 DPR 780, 790 (2007); In re Criado Vázquez, 155 DPR

436, 456 (2001).

17

In re Santos Cruz, supra.

18

Véase, además, In re Criado Vázquez, supra, pág. 452.

15

CP-2013-8

efectos,

9

el

notario

infringe

el

Canon

19

de

Ética

Profesional, supra.19

En ese contexto, en In re Pizarro Colón, 151 DPR 94

(2000) dijimos que el abogado en su función notarial está

obligado

a

realizar

“las

averiguaciones

mínimas

que

requieren las normas más elementales de la profesión [y

las leyes aplicables] y que en aquellas ocasiones en que

tenga duda sobre lo expresado por el otorgante, indague

más allá de lo requerido comúnmente”.20 Por lo tanto, antes

de autorizar una escritura, es de vital importancia que el

notario conozca la realidad registral de la propiedad como

principal

custodio

de

la

fe

pública.21

Ante

esa

responsabilidad, el notario tiene el insoslayable deber de

lograr que los otorgantes concurran al acto notarial en un

estado de conciencia informada.22 Es decir, si el notario

desconoce el estado registral de la propiedad sobre la

cual

se

otorga

la

escritura,

no

podría

informarles

debidamente a los otorgantes de las posibles consecuencias

que puedan ocurrir en el negocio jurídico. De manera que

la

información

que

proveería

a

los

otorgantes

no

le

constaría de propio conocimiento y correría el riesgo de

que la información compartida sea incierta.23

Por ello,

aquel notario que al autorizar una escritura no demuestre

la competencia y diligencia exigida en el ejercicio de la

19

In re Martínez Sotomayor, 189 DPR 492, 501 (2013).

In re Pizarro Colón, supra, pág. 105.

21

Íd.

22

Íd.

23

In re Ortiz Gutiérrez, 153 DPR 271, 277 (2001).

20

CP-2013-8

notaría

10

y

que

tampoco

se

asegure

de

proveer

a

los

otorgantes la información que le conste sea cierta, viola

los Cánones 18 y 19 de Ética Profesional, supra. Esto es

importante ya que cuando el notario o notaria otorga un

instrumento público imprime en ellos una garantía de fe

pública. Por lo que al quebrantar esa dación de fe está

cometiendo una falta grave en el ejercicio de la notaría.24

Tales actuaciones constituyen una violación, no únicamente

a los Cánones del Código de Ética Profesional, supra, sino

también a las disposiciones de la Ley Notarial, supra, y a

su Reglamento, supra. Lo que conlleva la imposición de una

severa medida disciplinaria.25

Sobre

este

particular,

el

inciso

(f)

de

la

Ley

Notarial, supra, dispone que el abogado o abogada tiene el

deber de hacer todas las advertencias legales pertinentes

durante

el

acto

mencionáramos

de

otorgamiento.

previamente,

Por

antes

lo

de

tanto

y

como

autorizar

una

escritura pública el notario debe conocer los antecedentes

registrales

expresado

es

de

la

propiedad

cierto.26

El

para

notario

asegurarse

no

puede

que

lo

simplemente

ignorar el estado registral de una propiedad al momento de

autorizar una escritura de segregación, por ejemplo.27 De

lo contrario, estaría dando como cierto un hecho que es

incompatible

24

con

la

realidad

registral

violando

la

fe

In re Santiago Rodríguez, 2016 TSPR 43, 194 DPR __ (2016); In re

Toro Imbernón, 2016 TSPR 8, 194 DPR __ (2016).

25

Íd.

26

In re Martínez Sotomayor, supra, pág. 500.

27

Íd.

CP-2013-8

11

pública notarial que como sabemos constituye la “espina

dorsal

de

todo

el

esquema

de

autenticidad

documental

notarial”.28

En lo atinente a la conducta de la licenciada Collado

Ruiz,

en

In

re

López

Maldonado,

130

DPR

863

(1992),

expresamos lo siguiente:

Un abogado-notario viola la fe notarial al

no hacer un estudio de título en el Registro de

la Propiedad y proceder a preparar y a autorizar

una escritura -dando fe de que se hace un

traspaso de una finca- cuando en realidad el

traspaso es de un solar segregado y aún no

inscrito y no sobre la finca descrita en la

escritura. También viola la fe notarial el dar

fe en una escritura de que la finca está

inscrita a nombre de una persona cuando de los

libros del Registro de la Propiedad surge que

esto no es cierto. (Énfasis nuestro).29

En conclusión, el notario debe asegurarse del fiel

cumplimiento

Notarial,

con

lo

supra,

dispuesto

so

pena

en

de

el

Art.

2

de

que

se

tomen

la

Ley

medidas

disciplinarias en su contra.30 No hacerlo sería apartarse

de

la

conducta

exigida

por

el

Canon

35

de

Ética

Profesional, supra.31 En lo pertinente, este Canon dispone

que

el

abogado

debe

ajustarse

a

la

sinceridad

de

los

hechos al examinar los testigos, al redactar afidávit u

otros documentos, y al presentar sus causas. Cónsono con

lo enunciado, hemos resuelto que se infringe el referido

Canon

por

el

simple

hecho

de

faltar

a

la

verdad,

independientemente de los motivos de la falsedad. A esos

28

Íd.; In re Collazo Sánchez, 159 DPR 769, 774 (2003).

In re López Maldonado, supra, pág. 866.

30

In re Toro Imbernón, supra.

31

In re Ojeda Martínez, 185 DPR 1068, 1075 (2012).

29

CP-2013-8

12

efectos, no es necesario que el notario haya faltado a la

verdad deliberadamente o con la intención de defraudar o

engañar.32 Tampoco es necesario causar daño a un tercero.

Tales manifestaciones no constituyen una defensa ante la

violación ética.33

Finalmente,

obligados

a

debemos

sostener

puntualizar

las

que

determinaciones

no

estamos

de

hechos

realizadas por un Comisionado Especial. Las mismas merecen

nuestra

deferencia,

prejuicio,

salvo

parcialidad

o

que

se

error

demuestre

manifiesto

pasión,

en

su

apreciación de la prueba.34 No obstante, dicha deferencia

aplica cuando las determinaciones de hechos están basadas

en

prueba

testifical,

pues

es

cuando

el

Comisionado

Especial se encuentra en una mejor posición para aquilatar

la prueba.35 Ahora bien, “cuando esas determinaciones estén

basadas en la prueba documental que obra en el expediente,

el

tribunal

revisor

está

en

igual

posición

que

el

Comisionado Especial, y por ende, puede adoptar, modificar

o rechazar tal informe”.36 Establecido el marco doctrinal

aplicable, procedemos a determinar si la notaria incurrió

en las violaciones imputadas.

III.

Sabido es que cuando adjudicamos casos relacionados a

violaciones

32

éticas

debemos

tomar

en

consideración

los

In re Toro Imbernón, supra.

Íd.

34

In re García Ortiz, 187 DPR 507, 521 (2012); In re García Aguirre,

175 DPR 433, 442 (2009).

35

Íd.; In re González Ortiz, 162 DPR 80, 85-86 (2004).

36

In re García Ortiz, supra.

33

CP-2013-8

13

agravantes y atenuantes que apliquen. Así, al determinar

la sanción disciplinaria que vamos a imponer a un abogado

que ha incurrido en conducta impropia, debemos considerar

su historial profesional.37 Evaluamos, entre otras cosas,

la reputación del abogado en la comunidad, si se trata de

una

primera

falta,

si

ninguna

parte

ha

resultado

perjudicada, la aceptación de la falta y el resarcimiento

al cliente.38

En este caso, debemos reconocer que es la primera vez

que la licenciada Collado Ruiz se enfrenta a un proceso

disciplinario. Además, sabemos que ésta aceptó todos sus

errores, demostró estar verdaderamente arrepentida por las

faltas

incurridas,

se

responsabilizó

de

subsanar

las

deficiencias de las escrituras objeto de la controversia y

se aseguró de inscribir en el Registro de la Propiedad el

inmueble

que

la

quejosa

adquirió.

Incluso,

le

entregó

$8,000.00

a

la

quejosa

para

recompensar

los

gastos

incurridos en el negocio jurídico autorizado y demostró a

través de sus testigos que tiene una buena reputación en

la

comunidad.

subsanó

todos

En

síntesis,

la

sus

errores

y

licenciada

logró

la

Collado

Ruiz

transmisión

del

inmueble y su subsiguiente inscripción en el Registro de

la Propiedad.

Ahora bien, el hecho de que un notario subsane todas

las

deficiencias

responsabilidad.

37

38

no

Esto,

es

suficiente

porque

la

para

función

liberarlo

que

In re Ortiz Delgado, 189 DPR 826, 832 (2013).

Íd. Véase, además, In re García Ortiz, supra, pág. 521.

ejerce

de

el

CP-2013-8

14

notario, como custodio de la fe pública, requiere que éste

sea

sumamente

cuidadoso

y

que

preste

gran

atención

y

esmero en las gestiones que realiza. Al respecto, hemos

reafirmado “que el ejercicio del notariado exige un grado

razonable

de

organización

responsabilidad

y

administrativa,

supervisión,

pública”.39

consciencia

En

lo

que

respecta al caso ante nos, es evidente que la licenciada

Collado Ruiz no empleó la atención y esmero requerido en

sus

funciones

refleja

que

como

la

notaria.

abogada

Un

examen

autorizó

del

expediente

alrededor

de

diez

documentos tratando de rectificar o subsanar sus propios

errores. Sin embargo, a pesar de ello, repetía las mismas

faltas una y otra vez. Particularmente, la omisión de las

advertencias legales, dejar de exponer información sobre

los otorgantes, dejar de exponer la información necesaria

de

ella

como

notaria

autorizante,

la

descripción

incompleta e incongruente de solares, el omitir el tracto

sucesivo de las cabidas, entre otras.

También, surge del expediente del caso que la letrada

recibió una comunicación por parte del Bufete Carlos M.

García

Rullán

en

la

que

se

le

solicitó

que

aclarara

numerosas interrogantes que surgían de varias escrituras

autorizadas por ella. Entre las aclaraciones solicitadas

están

la

falta

segregadas,

la

de

datos

falta

de

de

inscripción

de

las

fincas

documentos

complementarios

importantes para la inscripción de las correspondientes

39

Íd. págs. 959-960.

CP-2013-8

15

escrituras en el Registro de la Propiedad, confusión con

respecto

a

la

cabida

de

las

fincas

segregadas,

datos

incongruentes entre la información de las escrituras y la

autorización de ARPE para la segregación de fincas. En

fin,

un

sinnúmero

de

errores

y

faltas

que

ponen

de

manifiesto la nefasta gestión notarial de la licenciada

Collado Ruiz.

De

otra

ratificación

parte,

y

en

la

compraventa)

Primera

la

Escritura

licenciada

(sobre

Collado

Ruiz

consignó que los vendedores eran dueños en pleno dominio

del

inmueble

cuando

el

mismo

constaba

inscrito

en

el

Registro de la Propiedad a nombre de otra persona. Esto

demuestra

que

la

letrada

no

verificó

el

historial

registral del inmueble. De igual forma, la letrada tampoco

consignó que el predio del cual procedía el solar 5 no

constaba

finca

inscrito

separada

adecuadamente

a

en

el

Registro

de

la

Finca

la

quejosa

de

la

Núm.

sobre

las

Propiedad

732;

no

como

orientó

consecuencias

de

adquirir un inmueble que aparecía inscrito en el Registro

de la Propiedad a favor de otra persona. Más importante

aún, no realizó las advertencias necesarias y esenciales

sobre el negocio jurídico en cuestión. Además, en tres

ocasiones distintas la licenciada Collado Ruiz omitió la

información sobre nombre, vecindad y sitio de oficina de

la

notaria

autorizante

apartándose

así

de

las

disposiciones de la Ley Notarial, supra, y su Reglamento,

supra. Tales actuaciones, en unión a todos los errores y

CP-2013-8

16

faltas cometidas

en las escrituras públicas, demuestran

una falta de diligencia por parte de la querellada en su

quehacer jurídico.

Por último, en la Segunda Escritura de ratificación

de segregación y compraventa no figuró información sobre

declaratoria

acreditara

de

quién

herederos

o

documento

o

eran

los

quiénes

alguno

herederos

que

de

Don

Crescencio, verdadero dueño de la Finca Núm. 732. Ello, en

violación a la fe pública notarial, al Art. 57 de la Ley

Hipotecaria, supra; y en consecuencia, del Canon 35.

Cónsono con los hechos del caso ante nos, colegimos

que

la

licenciada

Collado

Ruiz

cometió

las

violaciones

imputadas. Según reseñado, las actuaciones y omisiones de

la letrada reflejan su patente indiferencia respecto sus

deberes como abogada y notaria. De esa forma, la querellada

violó

los

Cánones

18,

19

y

35

del

Código

de

Ética

Profesional, supra. En conclusión, se apartó de los deberes

exigidos en la Ley Notarial, supra, la Ley Hipotecaria,

supra, y los Cánones de Ética Profesional, supra.

IV.

Por

los

fundamentos

que

anteceden,

decretamos

la

suspensión inmediata de la Lcda. Carmen Collado Ruiz de la

práctica de la notaría por el término de tres (3) meses.

La Oficina de Alguacil de este Tribunal procederá de

inmediato, a incautar la obra protocolar y sello notarial

de la licenciada Collado Ruiz y entregará a la Oficina de

CP-2013-8

Inspección

17

de

Notarías

para

la

investigación

correspondiente.

Se dictará Sentencia de conformidad.

e

informe

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re: Carmen del R. Collado Ruiz

CP-2013-8

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2016.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam

que antecede, la cual se hace formar parte de la presente

Sentencia, decretamos la suspensión inmediata de la Lcda.

Carmen del R. Collado Ruiz de la práctica de la notaría por

el término de tres (3) meses.

La Oficina de Alguacil de este Tribunal procederá, de

inmediato, a incautar la obra protocolar y sello notarial

de la licenciada Collado Ruiz y entregará a la Oficina de

Inspección de Notarías para la investigación e informe

correspondiente.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam a la

licenciada Collado Ruiz por la Oficina del Alguacil de este

Tribunal.

Lo pronunció, manda el Tribunal

Secretario del Tribunal Supremo.

y

certifica

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

el