LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Reliable Financial Services, Inc. v. Departamento de Justicia y otros

2016 TSPR 140

Poder Judicial de Puerto Rico

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Reliable Financial Services, Inc. v. Departamento de Justicia y otros

CC-2014-297

29 de junio de 2016 · Ley Uniforme de Confiscaciones-Cuando surge la obligación del Estado de notificar la confiscación de un vehículo de motor a un acreedor condicional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Reliable Financial

Services, Inc.

2016 TSPR 140

Recurrido

195 DPR ____

v.

Departamento de Justicia de

Puerto Rico y Estado Libre

Asociado de Puerto Rico

Peticionarios

Número del Caso: CC-2014-297

Fecha: 29 de junio de 2016

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Carolina y Humacao, Panel IX

Oficina del Procurador General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray

Procuradora General

Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez

Subprocuradora General

Lcda. Karla Z. Pacheco Álvarez

Subprocuradora General

Lcda. Carmen A. Riera Cintrón

Procuradora General Auxiliar

Abogados del Recurrido:

Lcdo. Luis Rivera-Martínez

Lcdo. Julio R. Calderín García

Materia: Ley Uniforme de Confiscaciones - Cuando surge

obligación del Estado de notificar la confiscación de

vehículo de motor a un acreedor condicional.

la

un

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Reliable Financial

Services, Inc.

Recurrido

v.

CC-2014-297

Certiorari

Departamento de Justicia de

Puerto Rico y Estado Libre

Asociado de Puerto Rico

Peticionarios

Opinión del Juez del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo

San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2016.

El caso de autos requiere que determinemos

si

la

obligación

del

Estado

de

notificar

la

confiscación de un vehículo de motor a un acreedor

condicional surge con la debida presentación de

una

Solicitud

de

Presentación

de

Gravamen

Mobiliario sobre Vehículos de Motor (Solicitud de

gravamen) ante el Departamento de Transportación y

Obras Públicas (DTOP) o si el referido requisito

surge cuando el propio Estado finalmente culmina

el proceso e inscribe el gravamen ante el Registro

de Vehículos de Motor, Arrastres y Semiarrastres

(Registro) del

propio DTOP, de conformidad

a

la

CC-2014-297

2

Ley Núm. 119–2011, mejor conocida como la Ley Uniforme de

Confiscaciones

de

2011,

según

enmendada,

34

LPRA

secs.

1724-1724w.

I

Reliable

Financial

Services,

Inc.

(Reliable

o

recurrida) es una compañía de financiamiento que otorgó

varios

contratos

de

venta

al

por

menor

a

plazos

y

gravámenes mobiliarios sobre unos vehículos de motor que

posteriormente

fueron

confiscados

por

el

Estado.

Oportunamente, y de conformidad con la Ley Núm. 208-1995,

mejor conocida como la Ley de Instrumentos Negociables y

Transacciones

Comerciales,

inscripción

los

gravámenes

controversia

ante

el

Reliable

de

Registro

presentó

los

del

para

vehículos

DTOP.

En

en

fechas

posteriores a la respectiva otorgación de los contratos y

la presentación de estos gravámenes, cada uno de estos

vehículos fue incautado por parte del Estado. Sin embargo,

Reliable

no

fue

confiscaciones

por

notificado

parte

del

de

Estado

ninguna

de

de

vehículos

estos

las

financiados.

A continuación, los datos relevantes sobre cada uno

de los 6 vehículos confiscados en controversia:

1. Ford Fusion de 2006 con número de tablilla GMJ763 y número de motor 3FAFP07186R112211. Los

documentos para la inscripción del gravamen

mobiliario fueron presentados en el Registro el

26 de febrero de 2009. Este vehículo fue

incautado para confiscación el 29 de marzo

de 2009. Es decir, los documentos se presentaron

CC-2014-297

3

ante el DTOP 31 días antes de la incautación.

Reliable no fue notificada de esta incautación.

2. Nissan Pathfinder de 2001 con tablilla ESL-782 y

número de identificación JN8AR09X21W580400. Los

documentos para la inscripción del gravamen

mobiliario fueron presentados en el Registro el

21 de agosto de 2007. Este vehículo fue incautado

para confiscación el 5 de diciembre de 2008. Es

decir, los documentos se presentaron ante el DTOP

1 año y 4 meses antes de la incautación. Reliable

no fue notificada de esta incautación.

3. Mazda B2300 de 2006 con tablilla 815-127 y número

de

identificación

4F4YR12D36PM03752.

Los

documentos para la inscripción del gravamen

mobiliario fueron presentados en el Registro el

25 de noviembre de 2008. Este vehículo fue

incautado para confiscación el 16 de diciembre

de 2008. Es decir, los documentos se presentaron

ante el DTOP 21 días antes de la incautación.

Reliable no fue notificada de esta incautación.

4. Toyota Echo de 2005 con tablilla FSH-567 y número

de

identificación

JTDAT123050364936.

Los

documentos para la inscripción del gravamen

mobiliario fueron presentados en el Registro el

8 de mayo de 2006. Este vehículo fue incautado

para confiscación el 25 de agosto de 2006. Es

decir, los documentos se presentaron ante el DTOP

3 meses y 17 días antes de la incautación.

Reliable no fue notificada de esta incautación.

5. Volkswagen Jetta de 2002 con tablilla EOR-491 y

número de identificación 3VWSB69M72M023610. Los

documentos para la inscripción del gravamen

mobiliario fueron presentados en el Registro el

21 de junio de 2006. Este vehículo fue incautado

para confiscación el 2 de noviembre de 2006. Es

decir, los documentos se presentaron ante el DTOP

4 meses y 12 días antes de la incautación.

Reliable no fue notificada de esta incautación.

6. Mitsubishi Lancer de 2008 con tablilla HEJ-858 y

número de identificación JA3AAU16U18U030796. Los

documentos para la inscripción del gravamen

mobiliario fueron presentados en el Registro el

13 de diciembre de 2007. En este vehículo el

Registro refleja 4 transacciones para el 30 de

julio de 2008. Estas son: 1) registro de gravamen

a favor de Reliable; 2) gravamen de vehículo de

gobierno; traspaso a favor del Municipio de

Barceloneta, y 4) cambio de tablilla de HEJ-858 a

CC-2014-297

4

la tablilla Municipal MU-9241.

notificada de esta incautación.

Reliable no fue

Así las cosas, el 18 de enero de 2010, Reliable

presentó

una

demanda

sobre

impugnación

de

confiscación

contra el Departamento de Justicia (peticionario). En la

misma, alegó que la acción del Estado era nula puesto que

la Junta de Confiscaciones del Departamento de Justicia no

le

había

notificado

sobre

la

confiscación

de

los

vehículos, a pesar de haber presentado su Solicitud de

gravamen ante el DTOP previo a que se llevaran a cabo las

confiscaciones. En esencia, alegó que el incumplimiento de

notificación por parte del Estado violaba lo dispuesto en

la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra. En su

demanda, Reliable solicitó $106,540.84 como valoración por

los

vehículos

de

motor

confiscados

más

las

costas

y

honorarios de abogados.

Por su parte, el Departamento de Justicia presentó

una

moción

arguyó

de

desestimación

no

estaba

que

en

obligado

la

cual

principalmente

a

notificar

sobre

las

confiscaciones a Reliable, pues al momento de efectuarse

las incautaciones, el Registro no reflejaba los gravámenes

a

favor

de

la

gravámenes

no

eran

hiciera

formar

recurrida.

Además,

efectivos

parte

del

alegó

hasta

tanto

Registro

y

que

el

no

estos

DTOP

los

cuando

el

solicitante los presenta para inscripción.

Luego de varias audiencias y escritos dispositivos,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

dispuso

de

la

CC-2014-297

5

controversia mediante el mecanismo de sentencia sumaria.

Esa Sentencia fue notificada el 24 de junio de 2013. En la

misma,

el

foro

confiscaciones

Reliable

en

de

eran

el

instancia

nulas

término

por

decretó

no

que

estas

haberse

notificado

por

Por

establecido

ley.

a

ello,

ordenó al Estado a pagar los balances pendientes en cada

uno de los contratos de venta condicional de los vehículos

confiscados

con

reconsideración

de

Reliable.1

El

Estado

solicitó

la

la

cual

denegada

Sentencia,

fue

mediante una Resolución notificada el 19 de julio de 2013.

Así

las

cosas,

el

17

de

septiembre

de

2013,

el

Estado presentó un recurso de apelación ante el Tribunal

de Apelaciones. En su escrito, planteó que la confiscación

no era nula por falta de notificación a Reliable debido a

que el gravamen no estaba inscrito al momento en que se

llevó a cabo la incautación. Además, alegó que no procedía

dictar

sentencia

sumaria

por

existir

controversias

de

hechos. Por último, arguyó que no procedía el pago de los

balances pendientes de los contratos, sino la devolución

del automóvil o, en su defecto, el valor de tasación de

estos al momento de la confiscación.

El

9

de

diciembre

de

2013,

el

Tribunal

de

Apelaciones notificó su Sentencia, en la cual confirmó la

nulidad de la confiscación por falta de notificación a

1

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del recurso,

págs. 30-51.

CC-2014-297

Reliable.

6

Ello

pues,

razonó

que

Reliable

demostró

que

había sido diligente al presentar los documentos para la

inscripción del gravamen antes de que se efectuaran las

confiscaciones y que el Estado no presentó documentos que

los controvirtieran. Además, concluyó que la obligación de

notificar

del

Estado

surge

una

vez

se

presentan

los

documentos necesarios para la inscripción del gravamen y

no

cuando

el

Estado

finalmente

los

procesa.

En

fin,

concluyó que Reliable fue diligente al cumplir con los

requisitos

de

presentación,

por

lo

que

no

debía

penalizársele por la tardanza del personal del DTOP en

inscribir sus gravámenes. No obstante, el foro apelativo

intermedio

modificó

la

partida concedida

a

Reliable

en

cuanto al balance pendiente de los contratos y ordenó, en

cambio,

a

que

el

Estado

vehículos

al

momento

diciembre

de

2013,

el

de

restituyera

la

Estado

el

valor

de

los

confiscación.

El

26

de

presentó

moción

de

una

reconsideración, cuya denegatoria fue notificada el 13 de

febrero de 2014.

Aún inconforme, el 14 de abril de 2014 el Estado

presentó el recurso de certiorari de epígrafe, en el cual

sostiene que se cometió el siguiente error:

Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la

sentencia sumaria dictada por el Tribunal de

Primera Instancia, que decretó la nulidad de la

confiscación

de

vehículos

objeto

de

la

controversia por no haber notificado tal hecho

al acreedor condicional, a pesar de que a la

fecha

de

las

notificaciones

no

estaba

CC-2014-297

7

registrado dicho gravamen de venta condicional

en el Registro de Vehículos de Motor del DTOP.

II

La

confiscación

es

el

acto

de

ocupación

y

de

investirse para sí el Estado de todo derecho de propiedad

sobre cualesquiera bienes que hayan sido utilizados en la

comisión de ciertos delitos. Por su parte, la Sec. 7 del

Art.

II

de

nuestra

Constitución,

al

igual

que

las

Enmiendas Quinta y Décimocuarta de la Constitución de los

Estados Unidos, garantiza que ninguna persona será privada

de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley.2

En lo relacionado a los vehículos de motor, hemos resuelto

que

la

confiscación

de

un

vehículo

constituye

una

privación de la propiedad que obliga al Estado a cumplir

con las garantías mínimas del debido proceso de ley.3 La

notificación adecuada es uno de los preceptos del debido

proceso de ley en su modalidad procesal.4

Con ello en mente, la Asamblea Legislativa aprobó la

Ley Núm. 119-2011, mejor conocida como la Ley Uniforme de

Confiscaciones de 2011.5 En la misma “[s]e establece como

política

pública

mecanismos

que

confiscación

de

del

Estado

faciliten

bienes

y

Libre

Asociado

agilicen

muebles

e

el

el

crear

proceso

inmuebles.

de

Asimismo,

2

Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

3

Santiago v. Supte. Policía de P.R., 151 DPR 511, 517 (2000).

4

Río Const. Corp. v. Mun. de Caguas, 155 DPR 394 (2001).

5

MAPFRE v. ELA, 188 DPR 517, 527 (2013).

CC-2014-297

8

estos mecanismos deben velar por los derechos y reclamos

de las personas afectadas por una confiscación”.6 (Énfasis

suplido).

Así,

la

Ley

Uniforme

de

Confiscaciones

de

2011,

supra, dicta la manera en que se notificará el hecho de la

confiscación a las partes con interés. El propósito de

esta

notificación

es

salvaguardar

los

derechos

constitucionales de una parte interesada en la propiedad

confiscada,

de

manera

que

se

le

pueda

brindar

la

oportunidad para que presente y pruebe todas las defensas

válidas

pertinentes

incumplimiento

con

a

su

el

reclamo.7

término

Por

otra

para

parte,

notificar

el

una

confiscación provoca la nulidad de la acción del Estado.8

Ello es así pues, el deber del Estado de notificar la

confiscación

a

las

partes

con

interés

es

un

requisito

fundamental del debido proceso de ley.9

Las

realizadas

confiscaciones

en

el

caso

de

autos

fueron

e

en

el

tribunal

antes

de

impugnadas

la

adopción de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011,

supra, por lo que resulta prudente determinar y discutir

el derecho vigente al momento de los hechos.

6

Art. 2 de la Ley Núm. 119-2011, mejor conocida como la Ley Uniforme

de Confiscaciones de 2011, según enmendada (Ley 119).

7

López v. Secretaria, 162 DPR 345, 352 (2004).

8

Coop. Seguros Múltiples v. Srio. De Hacienda, 118 DPR 115, 118

(1986).

9

First Bank v. E.L.A., 164 DPR 835, 853 (2005).

CC-2014-297

9

El Art. 3 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de

1988, Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, establecía a

quiénes

se

les

debía

notificar

una

confiscación.

Específicamente, el referido artículo de la ley prescribía

el

procedimiento

a

seguir

cuando

la

propiedad

que

se

confiscaba era un vehículo de motor que alegadamente había

sido utilizado en la comisión de un delito. En dichos

casos, el funcionario bajo cuya autoridad se efectuaba la

ocupación estaba obligado a notificar este hecho al dueño

según constara en el Registro de Vehículos del DTOP, al

acreedor

condicional

que

a

la

fecha

de

la

ocupación

hubiese presentado su contrato para ser archivado en este

Registro y, en algunos casos, al acreedor hipotecario.

Ahora

anterior

bien,

fue

como

derogada

anticipamos,

por

la

Ley

la

disposición

Uniforme

de

Confiscaciones de 2011, aprobada el 12 de julio de 2011.

En lo pertinente, el texto del Art. 13 (c) de la nueva ley

requiere que se notifique la confiscación y la tasación de

la propiedad confiscada “al acreedor condicional que a la

fecha de la ocupación tenga su contrato inscrito” en el

Registro de Vehículos del DTOP.10 (Énfasis suplido). La

nueva ley no explicó la razón del cambio en el lenguaje

sobre

notificación

de

acreedores

condicionales.

Sin

embargo, en la Exposición de Motivos de la Ley se dispuso

que:

10

34 LPRA sec. 1724j.

CC-2014-297

10

[s]on varias las disposiciones legales que hay

que tener presente al establecer normas en

cuanto al acto de confiscación.

Entre tales

disposiciones se encuentra el Artículo II,

Sección 7 de nuestra Constitución, que reconoce

el derecho a la vida, a la libertad y al

disfrute de la propiedad. Además, establece que

ninguna persona será privada de su libertad y

propiedad sin un debido proceso de ley.11

Independientemente de la fecha en la que se realizó

la confiscación, hay que notar que la Ley Uniforme de

Confiscaciones

de

2011,

supra,

establece

su

vigencia

inmediata al momento de su aprobación y la misma aplicará

retroactivamente a “aquellos procedimientos que se hayan

iniciado en virtud de los procedimientos de confiscación

bajo

la

Ley

Núm.

93

de

13

de

julio

de

1988,

según

enmendada, conocida como Ley Uniforme de Confiscaciones de

1988”.12

Así las cosas, la Ley Uniforme de Confiscaciones de

2011, supra, fue posteriormente enmendada por la Ley Núm.

252-2012 para modificar ciertos artículos, entre estos el

Art. 13. El propósito del cambio fue para establecer el

término de 90 días como tiempo máximo para que el Estado

culmine

la

investigación

y

expida

la

orden

de

confiscación. Sin embargo, a pesar de haber enmendado la

disposición a los fines de limitar el poder del Estado y

reconocer

el

derecho

a

la

propiedad

11

Exposición de Motivos de la Ley 119.

12

Art. 28 de la Ley 119, 34 LPRA 1724w.

del

afectado,

el

CC-2014-297

lenguaje

11

sobre

notificación

de

acreedores

condicionales

quedó inalterado. Es decir, tanto la Ley de 2011 como su

posterior enmienda disponían según el lenguaje utilizado

de que se deberá notificar a los acreedores que tengan su

contrato “inscrito”.

Posteriormente,

nuevamente

por

la

la

Ley

referida

Núm.

ley

262-2012.

fue

Esta

enmendada

vez,

a

los

efectos de aclarar la definición del término “dueños” y a

su

vez

garantía

eliminar

en

presentara

el

una

el

requisito

caso

demanda

de

de

que

previo

una

de

prestar

compañía

impugnación

de

una

aseguradora

confiscación.

Así, en su exposición de motivos, la enmienda establece

–en lo pertinente- que:

Las normas establecidas en la Ley 119 tomaron

en

cuenta,

entre

otros,

en

el

mandato

constitucional establecido en el Artículo II,

Sección 7, de nuestra Constitución que reconoce

el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute

de la propiedad y que ninguna persona será

privada de su libertad y propiedad sin un debido

proceso de ley. Considerando las referidas

protecciones constitucionales, la Ley 119 crea un

procedimiento

para

el

cual

se

contempló

garantizar el debido proceso de ley a todo dueño

de bienes confiscados.

No obstante, la Ley 119 no definió con

precisión las personas que se consideran “dueños”

de un determinado bien para propósitos de

asegurar las protecciones constitucionales antes

mencionadas a pesar que en diversas instancias de

la misma se reconoce el derecho a “personas con

interés en la propiedad.” A esos fines, la Ley

119 no establece con claridad que los acreedores

garantizados por un bien sujeto a incautación

poseen un “interés propietario” en dicho bien que

de acuerdo a la jurisprudencia vigente les

CC-2014-297

12

convierte en un “dueño inocente” a los cuales se

extienden las garantías constitucional antes

expresadas. Del Toro Lugo v. Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, 136 DPR 973 (1994);

First Bank, Universal Insurance Company v. Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, 156 DPR 77 (2002).

Es decir, lo que no logra la Ley es parear el

reconocimiento que se da a aquellas personas con

interés en la propiedad como hemos apuntado, y el

reclamo legítimo que pudieran hacer éstos por sí

mismos.

Con el propósito de aclarar dicha situación,

esta Asamblea Legislativa entiende necesario se

incorpore a la Ley 119 una definición de “dueño”

en la que, en línea con la normativa federal

sobre el asunto de las confiscaciones y según

establecido por el Tribunal Supremo de Puerto

Rico, se reconozca el interés propietario de los

acreedores que posean un gravamen inscrito sobre

el bien sujeto a la confiscación en el momento de

su ocupación.

Entendemos

que

de

esta

forma

quedan

debidamente protegidos los derechos propietarios

de estas partes con interés en armonía con lo

dispuesto en nuestra Constitución y con los

intereses del Estado protegidos por la referida

Ley 119.13

Ciertamente, podemos distinguir que la intención de

la Asamblea Legislativa en las enmiendas va encaminada a

reconocer

los

derechos

constitucionales

de

aquellos

terceros inocentes con un interés propietario que se ve

afectado

por

la

confiscación.

En

esta

ocasión,

particularmente, es de notar que la Asamblea Legislativa

realizó acciones afirmativas específicamente a los fines

de incluir a los acreedores garantizados en la definición

13

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 262-2012.

CC-2014-297

13

de “dueños” en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011,

supra.

Por nuestra parte, en MAPFRE v. ELA, 188 DPR 517,

526

(2013),

este

Tribunal

examinó

una

controversia

suscitada bajo la Ley de Confiscaciones de 2011, supra,

luego de las enmiendas del 2012. En ese caso, hicimos un

recuento en el cual expusimos la normativa en cuanto a la

derogada

Ley

Uniforme

de

Confiscaciones

de

1988

y

explicamos que se debería notificar la confiscación “al

acreedor

condicional

hubiese

presentado

que

su

a

la

fecha

de

la

ocupación

contrato

para

archivarlo

en

el

registro”. (Énfasis suplido). Ahora bien, en el caso antes

mencionado

este

Tribunal

no

examinó

si

la

mera

presentación de los documentos requeridos por la Ley de

Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22-2000, le

imponía la obligación al Estado de notificar al acreedor

condicional que presentó una Solicitud de gravamen ante el

DTOP. La razón por la cual no se examinó el nuevo texto de

la ley se debió a que el gravamen del vehículo del cual se

impugnó la confiscación ya estaba inscrito en el Registro.

A pesar de que esta Curia ha determinado que la

notificación

a

cada

una

de

esas

personas

persigue

el

propósito de salvaguardar los derechos constitucionales de

una

parte

que

tiene

algún

interés

en

la

propiedad

confiscada, para brindarle la oportunidad de argumentar y

probar las defensas válidas que pueda tener, la Asamblea

Legislativa no ha expresado la razón por la cual se ha

CC-2014-297

14

sustituido el término “inscrito” en lugar de “presentado”

en

lo

relativo

décadas

éste

al

gravamen.

Esto

a

fuera

nuestro

estado

pesar

de

de

que

Derecho.

por

Para

entender el significado del término, debemos estudiar a

fondo

la

figura

del

gravamen

mobiliario

por

venta

condicional y su marco legal.

Ley de Transacciones Comerciales

En

nuestra

jurisdicción,

la

inscripción

de

los

gravámenes mobiliarios por venta condicional está regulada

por la Ley Núm. 208-1995, mejor conocida como la Ley de

Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 401 et seq. Las

disposiciones

que

perfeccionamiento

de

vehículos

de

motor

atañen

específicamente

al

gravamen

mobiliario

sobre

los

del

caso

un

al

momento

de

los

hechos

fueron posteriormente derogadas por la Ley Núm. 21-2012.

Sin embargo, la nueva ley fue aprobada el 17 de enero

de

2012

y

no

tiene

vigencia

retroactiva,

por

lo

que

debemos aplicar las disposiciones vigentes al momento de

la acción judicial que revisamos. En lo pertinente, la

derogada

Sec.

9–413,

19

LPRA

sec.

2163,

aplicable

nuestro caso, disponía lo siguiente:

Cuando se establezca un gravamen mobiliario

sobre un vehículo de motor, […] [este] quedará

perfeccionado cuando se registre en el Registro

de

Vehículos

de

Motor

y

Arrastres

del

Departamento de Transportación y Obras Públicas

[…], según el procedimiento provisto en dicha ley

[la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico];

a menos que en los casos de un vehículo de motor

sin certificado de título o licencia del vehículo

a

CC-2014-297

15

expedida por Puerto Rico u otra jurisdicción, el

gravamen mobiliario será perfeccionado únicamente

cuando la declaración de financiamiento sea

radicada en la oficina del Secretario de Estado,

según dispone la sec. 2151 de este título. Así

también se efectuará e inscribirá el traspaso de

vehículos de motor y arrastres en dicho Registro

de

Vehículos

de

Motor

y

Arrastres

del

Departamento de Transportación y Obras Públicas

según se dispone en las secs. 301 et seq. del

Título 9, Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto

Rico.

En cuanto al registro de gravámenes, la Ley Núm. 222000, mejor conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito

de Puerto Rico, según enmendada, 9 LPRA sec. 5001 et seq.,

(Ley 22) es el marco legal relacionado a los vehículos de

motor en Puerto Rico. Específicamente, el Art. 2.05 de la

Ley

22,

9

Secretario

LPRA

sec. 5006,

le

de

Transportación

impone la

obligación al

y

Públicas

Obras

de

establecer y mantener “un registro actualizado de todos

los

vehículos

de

motor,

arrastres

o

semiarrastres

autorizados a transitar por las vías públicas”. Esta ley

establece que con relación a los vehículos de motor, el

Registro

contendrá

la

(1)

descripción

del

vehículo

de

motor; (2) la información del dueño; (3) “[c]ualquier acto

de enajenación o gravamen relacionado con el vehículo […]

o su dueño y/conductor certificado”, y (4) “[c]ualquier

otra

información

necesaria

para

darle

efecto

a

las

CC-2014-297

16

disposiciones

de

est[a]

[ley], o

de

cualesquiera

vez,

regulado

otras

leyes aplicables”.14

Este

Reglamento

asunto

queda,

a

7357

14

mayo

de

de

su

de

2007,

por

conocido

el

como

Reglamento para la imposición y cancelación de gravámenes

bajo la Ley de Vehículos y Tránsito (Reglamento). Este

Reglamento

define

el

gravamen

mobiliario

por

venta

condicional como “todo gravamen en virtud del cual se crea

un

derecho

sobre

propiedad

mueble

perteneciente

a

otra

persona”. Además, impone como requisito que todo gravamen

anotado

en

el

Registro

será

impuesto

y

cancelado

de

acuerdo con las especificaciones y requisitos impuestos en

el Reglamento.

Particularmente,

el

Art.

VIII

del

Reglamento

requiere, como únicos requisitos, que para inscribir un

gravamen

a

favor

representante

del

tiene

acreedor

que

garantizado,

presentar

los

éste

a. Formulario DTOP–770 “Solicitud Presentación

Gravamen

Mobiliario

sobre

Vehículos

de

Motor”, debidamente completado (Véase Anejo

IV)

b. Copia de los Comprobantes de Pago de Rentas

Internas

del

Departamento

de

Hacienda,

correspondientes a los derechos de anotación

del gravamen mobiliario, con el valor de

cinco ($5.00) dólares.

c. Copia de la hoja del documento del contrato

de venta al por menor a plazos, que evidencie

9 LPRA sec. 5006.

su

siguientes

documentos:

14

o

CC-2014-297

17

el monto del precio de venta del vehículo de

motor.

III

El

peticionario

alega

que

los

foros

recurridos

erraron al decretar que las confiscaciones de vehículos de

motor fueron nulas. Para llegar a esta conclusión,

razona

que no estaba obligado a notificarle a Reliable sobre las

confiscaciones

presentados,

debido

pero

aún

a

que

no

sus

gravámenes

estaban

estaban

“inscritos”

en

el

Registro del DTOP por parte de la agencia encargada.

Antes de examinar la controversia presentada debemos

examinar las disposiciones legales que son aplicables a la

demanda

de

Reliable.

impugnación

de

En

lugar,

primer

confiscación

la

presentada

por

Uniforme

de

Ley

Confiscaciones de 1988 estaba vigente al momento en que el

Estado realizó las confiscaciones, incluso al momento de

entablar la acción legal que hoy nos ocupa. Dicha ley

requería que el Estado notificara “al acreedor condicional

que a la fecha de la ocupación haya presentado su contrato

para ser archivado”. (Énfasis suplido).

Sin

embargo,

mientras

se

atendía

el

reclamo

de

Reliable, se enmendó la ley. Así, en este caso debemos

aplicar la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 porque

la misma aplicaba retroactivamente a procedimientos “que

se

hayan

iniciado

Confiscaciones

de

en

virtud

1988”.

Es

de

[la]

decir,

“Ley

las

Uniforme

de

confiscaciones

ocurrieron bajo la vigencia de la Ley de 1988, pero la Ley

CC-2014-297

18

de 2011 entró en vigor mientras el caso estaba pendiente

de

ser

resuelto,

particularidades

de

conforme a ésta.

Legislativa

por

lo

este

que

al

caso

aplicar

procedemos

bajo

a

las

resolver

El lenguaje utilizado por la Asamblea

requiere

que

el

Estado

notifique

la

confiscación “al acreedor condicional que a la fecha de la

ocupación tenga su contrato inscrito” en el Registro del

DTOP.

Como observamos, la Ley de 2011 realizó un cambio en

el

texto

sobre

notificación

a

los

acreedores

condicionales. A pesar de este cambio en el texto de la

ley, no se provee justificación en la propia ley ni en la

intención de la Asamblea Legislativa para dicho cambio. No

obstante, lo que sí surge claramente del texto es que esta

disposición

fue

aprobada

a

“mecanismos

que

faciliten

confiscación

de

bienes

los

y

muebles

fines

de

diseñar

los

agilicen

el

proceso

de

e

inmuebles.

Asimismo,

estos mecanismos deben velar por los derechos y reclamos

de las personas afectadas por una confiscación”.15 (Énfasis

suplido).

Por

su

parte,

la

mencionada

disposición

ha

sufrido varias enmiendas, en todas ellas se reitera la

importancia de salvaguardar los derechos propietarios de

los

afectados.

Por

interpretado

de

promulgó

creación

15

la

ello,

manera

que

de

el

desvirtúe

dicha

Art. 2 de la Ley Núm. 119-2011.

lenguaje

ley,

no

debe

ser

el

propósito

que

al

igual

del

que

CC-2014-297

Registro

19

del

DTOP

y,

particularmente

la

función

de

la

notificación en los casos de confiscaciones.

La Ley de Transacciones Comerciales regula cómo se

perfeccionará un gravamen mobiliario sobre un vehículo de

motor. No obstante, esta ley no define directamente el

mecanismo

de

contrario,

perfeccionamiento

se

perfeccionado

dispone

cuando

que

se

del

gravamen.

Por

el

gravamen

“quedará

registre

en

el

Registro

el

de

Vehículos de Motor y Arrastres del [DTOP] […], según el

procedimiento provisto en [la Ley de Vehículos y Tránsito

de Puerto Rico]”. (Énfasis suplido).

Al

remitirnos

a

las

disposiciones

de

la

Ley

22,

encontramos que el Secretario del DTOP está obligado a

mantener un “registro actualizado de todos los vehículos

de motor”. (Énfasis suplido). Por su parte, el Reglamento

aplicable a la inscripción de gravámenes sobre vehículos

de

motor

tampoco

señala

en

qué

momento

se

considerará

“inscrito” el gravamen. Lo que sí queda establecido es que

para que se inscriba un gravamen únicamente se requiere

que

el

acreedor,

o

su

formulario

de

solicitud

debidamente

cumplimentado,

representante,

de

la

presente

un

inscripción

del

gravamen

evidencia

del

pago

de

aranceles y copia del contrato de venta al por menor a

plazos que evidencie el monto del precio de venta del

vehículo de motor.

CC-2014-297

20

De las disposiciones de estas leyes complementarias,

esto es, de la Ley de Transacciones Comerciales, supra, y

la

Ley

de

Vehículos

y

Tránsito,

supra,

surge

entonces

claramente que el gravamen quedará perfeccionado una vez

el

acreedor

cumpla

con

la

presentación

de

todos

los

documentos requeridos. Por esta razón, determinamos que la

definición

de

“contrato

inscrito”

dispuesta

en

la

Ley

Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, debe entenderse

como

aquel

contrato

presentado

adecuadamente

ante

el

Registro de Vehículos de Motor, Arrastres y Semiarrastres

del DTOP en perfecto cumplimiento con la ley.

De esta

forma,

de

una

necesario

la

no

Solicitud

bastará

de

con

la

gravamen,

mera

sino

presentación

que

será

presentación de todos los documentos requeridos por ley

para que se entienda inscrito el gravamen.

En el pasado hemos establecido que las leyes hay que

interpretarlas y aplicarlas en comunión con el propósito

social que las inspira, sin desvincularlas de la realidad

y

del

problema

humano

que

persiguen

resolver.16

Esta

interpretación es cónsona con el propósito de notificación

que

ha

perseguido

confiscaciones,

y

la

como

notificación

se

ha

en

los

casos

de

realizado

por

décadas

en

nuestra jurisdicción. Esto es, salvaguardar los derechos

constitucionales de una parte que tiene algún interés en

16

Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 530, 537 (1999).

CC-2014-297

la

21

propiedad

confiscada

y

brindarle

la

oportunidad

de

argumentar y probar las defensas válidas que pueda tener.

En su moción de sentencia sumaria, Reliable acompañó

los documentos que presentó ante el DTOP antes de que el

Estado confiscara los vehículos. Así, demostró que había

sido diligente al presentar todos los documentos para que

se

procesara

refutó

esta

contratos

su

inscripción

información.

presentados,

de

gravamen.

El

Estado

Según

se

desprende

Reliable

era

un

no

de

los

acreedor

con

interés en el proceso de confiscación de los vehículos.

Por tal razón, el Estado tenía el deber de notificarle de

las

confiscaciones.

Por

su

parte,

el

Estado

alegó

que

verificó en el sistema computarizado del DTOP y que en el

mismo

no

se

reflejaba

que

Reliable

tuviera

gravámenes

inscritos a su favor.

Como explicamos, la Ley de Vehículos y Tránsito le

impone la obligación al Secretario del DTOP de mantener un

registro actualizado. Por otro lado, el Art. 13(c) de la

Ley 119-2011, supra, hace referencia directa al proceso de

inscripción de la Ley de Vehículos y Tránsito, supra, como

parte de los requisitos de notificación al señalar que se

notificará la confiscación “al acreedor condicional que a

la fecha de la ocupación tenga su contrato inscrito”.17

(Énfasis suplido). De manera, que el Art. 13(c) convierte

el acto de inscripción en el DTOP en parte del proceso de

notificación de la Ley 119-2011. Es evidente entonces, que

17

Art. 13 (c) de la Ley 119-2011.

CC-2014-297

el

proceso

realidad

22

de

notificación

vislumbra

dos

según

fases.

la

Ley

Primero,

119-2011,

en

la

del

fase

acreedor condicional o garantizado que presenta todos los

documentos requeridos, y para el cual ya hemos determinado

que

tal

condición

cumple

con

el

requisito

para

ser

notificado. En segundo lugar, la fase de la inscripción

per se y posterior notificación al acreedor condicional o

garantizado, que corresponde al Estado a través del DTOP y

el Departamento. Un acreedor condicional o garantizado no

puede

reclamar

el

no

haber

sido

notificado

si

no

ha

cumplido con su parte del proceso. De igual manera, el

incumplimiento por parte del Estado (DTOP no completa la

inscripción,

conlleva

las

por

lo

que

el

consecuencias

Departamento

fatales

que

no

notifica)

el

legislador

estableció en el Art. 13 de la Ley 119-2011 contra el

Estado.

La falla en la notificación por parte del Estado en

este caso no es sino el resultado del incumplimiento de

una

de

sus

dependencias,

esto

es,

del

DTOP.

Pretender

-como es la consecuencia del razonamiento de la PG- que la

inacción

del

DTOP

es

una

separada

e

independiente

al

Estado, es quitarle toda fuerza y seriedad al requisito

constitucional que compele al propio Estado en estos casos

de notificar a las partes con interés en la confiscación,

requisito

claramente

reconocido

bajo

nuestro

estado

de

CC-2014-297

23

derecho.18 Recordemos que quien confisca el vehículo en

estos casos es el Estado, el cual actúa en todo el proceso

a través las agencias y o dependencias que lo representan

(el

DTOP,

la

Policía,

la

Fiscalía,

la

Junta

de

Confiscaciones, el P.G., etc). No puede entonces el Estado

levantar

como

cualquiera

casos

la

de

defensa

estos

propia

expresamente

el

a

su

favor

el

organismos,

máxime

aprobada

ley

deber

a

uno

de

cuando

en

estos

el

Estado

le

impone

ellos

de

por

de

incumplimiento

inscribir

el

gravamen correctamente presentado. Por eso, el argumento

por parte del Departamento de que no estaba obligado a

notificar a las recurridas sobre las confiscaciones porque

al momento de efectuarse las incautaciones el Registro no

reflejaba los gravámenes, resulta inoficioso. El asunto es

que quien incumplió con el proceso de notificación fue el

propio Estado.

IV

Con relación a la Opinión Disidente, es menester hacer los

siguientes planteamientos. Primeramente, no debe ser motivo de

discusión el hecho de que el derecho a ser oído incluye el derecho

de poder levantar todas las defensas válidas concedidas por el

legislador en favor de una parte,19 y no sólo aquellas que le queden

disponibles como resultado del incumplimiento de la otra parte. Tal

paradoja no tiene cabida en nuestro sistema de justicia,

18

Véase B.B.V. v. E.L.A., 180 DPR 681, 687 (2011).

19

General Accident Ins. Co. v. E.L.A., 137 DPR 466, 475 (1994).

CC-2014-297

máxime

24

cuando

la

parte

que

incumple

Recordemos que el caso de autos se trata

confiscación,

cuyas

leyes

es

el

Estado.

de un proceso de

reiteradamente

hemos

resuelto

que se deben interpretar “de manera restrictiva y de forma

compatible con la justicia y los dictados de la razón

natural”.20

Es claro que en este caso, y contrario a la posición

de

la

Opinión

Disidente,

“una

tardanza

en

el

proceso

oficinesco de inscripción”21 no puede ser óbice para que

las partes recurridas puedan levantar todas las defensas

que el legislador les proveyó, incluyendo la desestimación

de la confiscación por falta de notificación. Y es que, no

se trata de la posibilidad de la “anulación automática de

cientos de confiscaciones ejecutadas por el Estado” como

presagia la Opinión Disidente.22 Se trata de mucho más; a

saber,

salvaguardar

el

derecho

estatutario

y

constitucional de los recurridos de presentar todas sus

defensas

y

Disidente,

probablemente

no

permitir,

la

“anulación

automática”

de

la

la

defensa

que

ostentan

es

única

como

pretende

real

la

Opinión

que

decenas de acreedores condicionales o garantizados.

Por último, la Opinión Disidente señala que “anular

el proceso de confiscación por la dejadez de una agencia

20

Coop. Seg. Mult. v. E.L.A., 180 DPR 655, 668 (2011); Centeno

Rodríguez v. E.L.A., 170 DPR 907, 913 (2007); Del Toro Lugo v. E.L.A.,

136 DPR 973, 985, 988 (1994).

21

Opinión Disidente del Juez Asociado señor Martínez Torres, pág. 1.

22

Íd.

CC-2014-297

25

pública separada de la que confisca es abrir la puerta

para la ocurrencia de irregularidades”.23 Además, señala

refiriéndose al resultado de nuestra determinación, que

“[p]remia a quien haga pagos ilegales para impedir que se

inscriban los gravámenes en el Registro del DTOP pues, de

esa

manera,

provoca

la

anulación

automática

de

confiscaciones realizadas correctamente”.24 Es interesante

este argumento porque la propuesta de la Opinión Disidente

es capaz de producir un mal aún peor.

Ciertamente,

la

corrupción

pública

es

una

aciaga

realidad, para la cual se han desarrollado programas de

educación

con

énfasis

en

los

principios

y

valores

que

deben guiar a cada funcionario público, y los mecanismos

de fiscalización y penalización para atajarla. En otras

palabras, existen estrategias, recursos y la voluntad para

educar,

prevenir

y

castigar

la

conducta

desviada

de

aquellos funcionarios públicos que lamentablemente actúan

al

margen

de

lo

que

inspira

el

servicio

público,

y

aquellas personas privadas –naturales o jurídicas- que en

ocasiones incitan y se aprovechan de este mal. Como vemos,

la preocupación expresada en la Opinión Disidente es un

mal

que,

aunque

real,

tiene

formas

de

atenderse

y

mitigarse, y existe toda una política pública del Estado

que lo atiende.

23

Opinión Disidente del Juez Asociado señor Martínez Torres, pág. 10.

24

Íd.

CC-2014-297

26

Ahora

bien,

estrategias

en

¿es

contra

el

del

Estado

capaz

ciudadano?

Las

de

utilizar

garantías

que

conforman nuestra Carta de Derechos contestan claramente

esa pregunta. Siendo así, cómo evitaríamos que el

Estado

no arrastre los pies en la inscripción en el Registro si,

conforme

mejor

a

no

la

propuesta

completando

de

el

la

Opinión

proceso

de

Disidente,

sale

inscripción

que

completándolo. Esto es, si el DTOP da rienda suelta a la

“dejadez” que admite la Opinión Disidente, el resultado

según su propuesta sería que los recurridos podrían llevar

sus causas de acción, pero sin poder levantar la anulación

de

la

confiscación

que

produciría

algún

error

del

Departamento en la notificación. Véase que, como señala la

Opinión Disidente, ciertamente son múltiples los errores

que

puede

notificar,

cometer

que

el

producen

Departamento

de

la

automática

anulación

Justicia

de

al

la

confiscación por ser la notificación correcta a las partes

con interés un corolario del requisito jurisdiccional.25 En

otras palabras, la “dejadez” del DTOP terminaría siendo

mucho más conveniente para el Estado que el error que

podría cometer el Departamento en la notificación porque

mientras

lo

primero

no

sería

capaz

de

anular

la

confiscación, lo segundo sí. Nuevamente, qué motivación

25

Véase Opinión Disidente del Juez Asociado señor Martínez Torres,

pág. 11, en la que se cita con toda corrección a Colón Medina v. Srio.

de Hacienda, 109 DPR 540 (1980); Vázquez Fontánez v. Tribunal

Superior, 102 DPR 396 (1974); Srio. de Justicia v. Tribunal Superior,

96 DPR 116 (1968); Srio. de Justicia v. Tribunal Superior, 95 DPR 158

(1967).

CC-2014-297

27

tendría entonces el Estado para no arrastrar los pies en

la

inscripción

contaría

el

y,

peor

aún,

con

qué

ciudadano

para

detectar

mecanismo

tal

eficaz

acción

y

castigarla (¿presentar un recurso de Mandamus para cada

inscripción

que

se

ha

tardado

más

de

lo

que

parece

razonable?).

V

Por último, somos conscientes que la pauta hasta

aquí

establecida

resolvería

per

con

se

relación

la

a

la

notificación

no

dificultad

en

el

de

proceso

notificación que presenta el Art. 13(c) de la Ley 2192011. Y es que este problema persistía aún con el lenguaje

de la anterior Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988. Lo

cierto es que la Legislatura no parece haber considerado

la consecuencia de que una agencia gubernamental dependa

de

otra

para

poder

dar

fiel

cumplimiento

al

requisito

jurisdiccional que establece este artículo. Sin embargo,

nos

negamos

a

aceptar

ineficiencia

en

los

que

organismos

la

aparente

dejadez

gubernamentales

sea

o

el

tenor que defina los deberes de nuestro Gobierno. Además,

el Gobierno, específicamente la Rama Ejecutiva, debe tener

un claro interés en atajar aquellas fallas en el sistema

que provoque la desestimación de casos como los de autos.

Por

lo

tanto,

es

altamente

recomendable

que

el

Departamento y el DTOP, a tono con la política pública de

la Ley 119-2011, supra, que establece que el proceso de

confiscación

y

su

correspondiente

impugnación

se

CC-2014-297

28

conducirán de una manera rápida y expedita, establezcan un

mecanismo

para

incluir

en

el

Registro

de

Vehículos

de

Motor la información relacionada a cualquier solicitud de

inscripción de gravamen mobiliario que esté pendiente de

evaluación.

Ello, pues como vimos la Ley de Vehículos y

Tránsito, supra, requiere que se mantenga actualizada la

información sobre cada vehículo, incluyendo “[c]ualquier

acto

de

enajenación

otra

información

disposiciones

de

o

gravamen”,

necesaria

est[a]

leyes aplicables”.26

para

[ley], o

así

como

darle

de

“[c]ualquier

efecto

cualesquiera

a

las

otras

Dicho Registro actualizado y completo

permitirá que, en circunstancias en que haya un gravamen

pendiente de inscripción sobre el vehículo que se pretende

confiscar,

el

Estado

pueda

ejecutar

el

procedimiento

confiscatorio de conformidad con el derecho a un debido

proceso de ley que garantiza la Constitución.

VI

Por

las

razones

antes

expresadas,

confirmamos

la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y resolvemos que

no

se

configuró

el

error

señalado

por

la

parte

peticionaria.27

Se dictará sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

26

27

9 LPRA sec. 5006.

La decisión que hoy toma este Tribunal tendrá efecto retroactivo,

excepto en aquellos casos en que medie una sentencia final y firme.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Reliable Financial

Services, Inc.

Recurrido

v.

CC-2014-297

Certiorari

Departamento de Justicia de

Puerto Rico y Estado Libre

Asociado de Puerto Rico

Peticionarios

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2016.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede la cual se hace formar parte íntegra

de la presente, confirmamos la Sentencia del

Tribunal de Apelaciones y resolvemos que no se

configuró

el

error

señalado

por

la

parte

peticionaria.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El

Juez

Asociado

señor

Martínez

Torres

emitió

Opinión

Disidente.

La

Juez

Asociada

señora

Rodríguez

Rodríguez

no

intervino.

El

Juez

Asociado señor Feliberti Cintrón se inhibió.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Reliable

Inc.

Financial

Services,

Recurrida

v.

CC-2014-0297

Departamento de Justicia de

Puerto Rico, Estado Libre

Asociado de Puerto Rico

Peticionarios

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ

TORRES.

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2016.

A diferencia de la mayoría del Tribunal, opino

que

procede

devolver

este

caso

al

Tribunal

de

Primera Instancia para que se ventile en sus méritos

la

demanda

de

impugnación

que

presentó

Reliable

Financial Services, Inc. (Reliable). Una tardanza en

el proceso oficinesco de inscripción de gravámenes

de vehículos en el Registro de vehículos de motor

del Departamento de Transportación y Obras Públicas

(DTOP), no puede dar lugar a la anulación automática

de

cientos

de

confiscaciones

ejecutadas

por

el

Estado. Esa no fue la voluntad legislativa. Por las

razones

que

expongo

a

continuación,

respetuosamente del proceder mayoritario.

disiento

CC-2014-0297

2

I.

El

demanda

3

de

de

febrero

de

impugnación

2010,

de

Reliable

presentó

una

confiscación

contra

el

Departamento de Justicia y el Estado Libre Asociado. En esa

demanda,

reclamó

ser

acreedor

condicional

de

varios

vehículos de motor que habían sido confiscados de forma

separada por el Estado.28 Arguyó que esas confiscaciones

eran nulas, pues nunca se le notificaron, a pesar de haber

presentado oportunamente las solicitudes de inscripción de

gravamen para cada vehículo en el Registro de Vehículos de

Motor del DTOP (Registro). Por su parte, el ELA argumentó

que

no

estaba

obligado

a

notificarle

a

Reliable

la

confiscación de los vehículos de motor, pues al momento de

la incautación, la institución no aparecía como acreedor

condicional de esos vehículos en el Registro del DTOP.

Luego

de

varias

incidencias

procesales,

el

foro

primario dictó sentencia sumaria a favor de Reliable. Así,

señaló que el ELA incumplió con su deber de notificar a

Reliable dentro del término de treinta días desde que se

efectuó la confiscación. Por esa razón, declaró con lugar

la demanda de impugnación y ordenó al ELA devolver los

vehículos

o,

en

su

lugar,

pagar

un

valor

ascendente

a

$85,645.73, más los intereses a partir de la ocupación.

Inconforme, el ELA presentó una moción de reconsideración

28

Ford Fusion de 2006, tabilla GMJ-763; Nissan Pathfinder de 2001,

tablilla ESL-782; Mazda B2300 de 2006, tablilla 815-127; Toyota Echo de

2005, tablilla FSH-567; Volkswagen Jetta de 2002, tablilla EOR-491 y

Mitsubishi Lancer de 2008, tablilla HEJ-858.

CC-2014-0297

3

que fue denegada. Insatisfecho, el ELA presentó un escrito

de apelación.

El Tribunal de Apelaciones confirmó parcialmente el

dictamen recurrido. Concluyó que el Estado, quien tiene en

su

poder

los

documentos

gravamen

presentada

beneficio

al

por

incumplir

para

inscribir

Reliable,

con

su

no

función

la

solicitud

de

puede

derivar

un

inscribir

los

de

gravámenes en el Registro del DTOP, ya sea por ineptitud o

arbitrariedad. Así, modificó la sentencia del foro primario

y

dispuso

que,

en

ausencia

de

los

vehículos

de

motor,

corresponde pagar el valor de la tasación al momento de la

ocupación.

Todavía

insatisfecho,

el

Estado

presentó

una

moción de reconsideración que fue denegada.

Así las cosas, el Estado recurrió ante nos mediante

una petición de certiorari que este Tribunal expidió.

II.

A.

cabo

La confiscación es el acto de ocupación que lleva a

el

Estado

de

todo

derecho

de

propiedad

sobre

cualesquiera bienes que hayan sido utilizados en relación

con la comisión de un delito. Doble Seis Sport v. Depto. de

Hacienda,

190

DPR

763,

784

(2014)

(citando

a

Rodríguez

Ramos v. E.L.A., 174 DPR 194, 202 (2008)). Debido a la

naturaleza

de

confiscación

debe

este

procedimiento,

contener

mecanismos

un

estatuto

de

para

proteger

los

derechos constitucionales de las personas con interés legal

sobre los bienes confiscados. En ese sentido, notificar el

CC-2014-0297

4

hecho de la confiscación “a cada una de las personas con

interés

sobre

la

propiedad

confiscada

responde

a

la

necesidad de salvaguardar sus derechos constitucionales y

permitirle

traer

[sus]

defensas

o

argumentos

contra

la

confiscación”. B.B.V. v. E.L.A., 180 DPR 681, 687 (2011);

véase, además, López Rivas v. Secretaria, 162 DPR 345, 352

(2004); Santiago v. Supte. Policía de P.R., 151 DPR 511,

517-518 (2000). En otras palabras, se trata de brindarle a

esa persona que ha sido privada de su interés propietario

la oportunidad de ser oída. Esto, como corolario del debido

proceso de ley en su vertiente procesal.

Aunque las confiscaciones que se presentan en el caso

de autos fueron realizadas e impugnadas inicialmente al

amparo de la Ley de Confiscaciones Núm. 93 de 13 de julio

de 1988, 34 LPRA sec. 1723, et seq., esa legislación fue

derogada por la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 (Ley

Núm. 119-2011), 34 LPRA sec. 1724, et seq. No obstante, la

nueva

ley

contiene

una

cláusula

de

retroactividad

para

cobijar “aquellos procedimientos que se hayan iniciado en

virtud de los procedimientos de confiscación bajo la Ley

Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según enmendada”[.] 34 LPRA

sec. 1724w.

Mediante la Ley Núm. 119-2011, supra, el legislador

buscó crear un proceso de confiscación expedito, ágil y

uniforme. Primero, se propuso dar fin a los procedimientos

dilatorios

y

congestionados

evitar

por

las

que

los

demandas

tribunales

de

continúen

impugnación

de

CC-2014-0297

5

confiscaciones. Informe de las Comisiones de lo Jurídico y

Ética y de Seguridad Pública sobre el P. del S. 897 de 14

de junio de 2010, pág. 2. Segundo, el legislador quiso

evitar

que

“el

transcurso

del

tiempo

deteriore

las

propiedades confiscadas en perjuicio de sus dueños”. Íd.

Así, la Ley Núm. 119-2011, dicta específicamente la forma y

manera en que se notifica el hecho de la confiscación a las

personas con interés sobre el bien incautado.

En lo pertinente a este caso, el texto del Art. 13 de

la nueva ley, 34 LPRA sec. 1724j, requiere que se notifique

la confiscación y la tasación de la propiedad confiscada:

(1) a la persona que tuviere posesión física del bien

al momento de la ocupación; (2) a aquéllas que, por

las

circunstancias,

información

y

creencia,

el

Director Administrativo considere como dueños de dicho

bien y (3) en los casos de vehículos de motor, al

dueño según consta en el [Registro del DTOP] y al

acreedor condicional que a la fecha de la ocupación,

tenga su contrato inscrito. (Énfasis suplido).

Esa notificación de la confiscación se debe realizar

por correo certificado dentro del término jurisdiccional de

treinta días contados a partir de la incautación física del

bien. Íd. Hemos señalado que el incumplimiento del Estado

con un término para notificar una confiscación, anula todo

el

proceso

confiscatorio.

Véase,

e.g.,

Coop.

Seguros

Múltiples v. Srio. de Hacienda, 118 DPR 115, 118 (1986).

Nótese que, distinto a la Ley Núm. 119-2011, la derogada

Ley de Confiscaciones de 1988, supra, disponía que se debía

notificar

el

condicional

hecho

que,

“a

de

la

la

confiscación

fecha

de

la

a

todo

acreedor

ocupación[,]

haya

CC-2014-0297

6

presentado su contrato para ser archivado” en el Registro

del DTOP. Art. 3, Ley de Confiscaciones de 1988, 34 LPRA

sec. 1723a(2)(b)(derogado). A partir de la ley del 2011 se

requiere

que

el

contrato

esté

inscrito

y

no

meramente

presentado en el Registro del DTOP.

Luego de que la Ley Núm. 119-2011 entrara en vigor, la

Asamblea Legislativa ha aprobado legislaciones para aclarar

el alcance del estatuto confiscatorio y regular este poder

del Estado. En lo que atañe al caso de autos, resalta la

Ley Núm. 252-2012, que enmendó varios artículos de la Ley

Núm. 119-2011, entre ellos, el Art. 13 sobre notificación a

las personas con interés. No obstante, no se sustituyó el

criterio

que

determina

cuándo

se

debe

notificar

a

un

acreedor condicional sobre la confiscación de un vehículo.

Esto es, se requiere que su contrato de venta condicional

esté inscrito en el Registro del DTOP. Así, vemos que el

cambio sobre el requisito de notificación entre la Ley de

Confiscaciones

de

1988

y

la

Ley

Núm.

119-2011,

no

fue

inadvertido.

Como vimos, el Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011, supra,

exige

notificar

la

confiscación

a

toda

persona

que

estuviere en posesión física del bien, a todo aquel que se

crea

dueño

y

a

todo

acreedor

condicional

que

tenga

su

contrato de venta condicional inscrito en el Registro del

DTOP. Estos datos son de fácil y rápida obtención por parte

del Estado. Lo contrario obligaría al Estado a imaginar

todas las posibles personas o acreedores con algún interés

CC-2014-0297

7

propietario sobre el bien confiscado, lo que, sin duda,

dilataría el proceso de confiscación en perjuicio del dueño

y las demás personas con interés.

B. Por otro lado, para efectos de quién está legitimado

para impugnar una confiscación, el Art. 15 de la Ley de

Confiscaciones de 2011, 34 LPRA sec. 1724l, reconoce como

dueño de la propiedad a “una persona que demuestre tener

interés propietario en la propiedad incautada, incluyendo

una persona que posea un gravamen sobre dicha propiedad a

la fecha de ocupación de la propiedad incautada, o una

cesión válida de tal interés propietario”. Así, el estatuto

reconoce

explícitamente

que

toda

persona

que

demuestre

tener un interés propietario sobre la propiedad, a la fecha

de la ocupación, tendrá legitimación para impugnarla.

Asimismo, además de reconocer legitimación, el Art. 15

del estatuto de confiscaciones, impuso unos términos de

estricto cumplimiento para el manejo y disposición de la

acción

de

impugnación

de

confiscación.

En

ese

sentido,

estableció que toda persona que haya sido notificada de la

confiscación y que demuestre ser dueño, podrá presentar su

demanda de impugnación dentro del término jurisdiccional de

treinta

días

contados

a

partir

de

la

notificación.

Igualmente, fijó un plazo de quince días para emplazar al

Estado. También, impuso un plazo para contestar la demanda

de impugnación, así como un periodo de descubrimiento de

prueba. Por último, vemos que a menos que se renuncie, la

ley de confiscaciones también instituyó un término de seis

CC-2014-0297

8

meses para que el foro primario disponga de la acción de

impugnación de confiscación.29 Doble Seis Sport v. Depto. de

Hacienda, supra, pág. 786. En otras palabras, la política

pública que implanta la Ley de Confiscaciones de 2011 es

conducir el proceso de confiscación y su correspondiente

impugnación en los tribunales de manera rápida y expedita.

III.

En

el

gubernamentales,

constantemente

contexto

nuestro

que,

ante

de

revisión

de

acciones

ordenamiento

ha

señalado

una

falta

de

notificación

o

notificación insuficiente, no pueden oponerse términos a

quien no se le brindó una adecuada notificación. Molini

Gronau v. Corp. P.R. Dif. Pub., 179 DPR 674, 687 (2010);

véase, además, Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Prop., 173

DPR 998, 1014-1015 (2008); Colón Torres v. A.A.A., 143 DPR

119, 124 (1997). En esos escenarios, la impugnación solo

estará sujeta a la doctrina de incuria. Molini Gronau v.

Corp. P.R. Dif. Pub., supra, pág. 687.

En un caso donde el Estado incauta un bien, pero solo

se ciñe a notificar a quien la ley de confiscaciones le

requería notificar, es forzoso concluir que el proceso de

confiscación se llevó correctamente. Sin embargo, pueden

ocurrir situaciones en las que exista una persona que

29

En torno a este término, vale la pena resaltar que la Ley Núm. 1192011, permite extenderlo hasta un máximo de treinta días adicionales

con el consentimiento escrito de todas las partes y solo por causa

justificada. 34 LPRA sec. 1724l.

CC-2014-0297

9

ostente un interés propietario sobre un bien confiscado,

pero que la ley no requiera que se le notifique. Tal es el

caso de acreedores condicionales que, a la fecha de la

ocupación de un vehículo, aún tienen su contrato de venta

condicional pendiente de inscripción en el Registro del

DTOP, acreedores prendarios o acreedores que adquirieron su

crédito mediante cesión. Contra esa persona que ha sido

privada de su interés propietario sin una notificación, el

Estado

no

puede

oponer

el

término

jurisdiccional

para

presentar una demanda de impugnación. En un escenario como

ese, la parte afectada por la falta de notificación puede

impugnar la confiscación y presentar todas las defensas que

estime pertinentes a su reclamo, sin sujeción al término

establecido por ley. Solo debe evitar incurrir en incuria.

En fin, en cuanto al requisito de notificación, el

Estado

conduce

un

proceso

de

confiscación

correctamente

cuando demuestra que notificó según lo dispuesto en el Art.

13 de la Ley Núm. 119-2011. Asimismo, contra esas personas

que

sí

notificó,

jurisdiccional

de

el

Estado

treinta

podrá

oponer

días

para

el

término

impugnar

la

confiscación según dispuesto en el Art. 15 del estatuto

ante nuestra consideración. No obstante, el Estado no podrá

oponer el precitado término jurisdiccional contra aquella

persona que, por no estar obligado por el Art. 13, no

notificó. Aquella persona que, según el Art. 15 de la Ley

Núm. 119-2011, demuestre tener un interés propietario sobre

el bien, podrá impugnar la confiscación sin sujeción al

CC-2014-0297

10

término dispuesto en ley, siempre y cuando no haya mediado

incuria.

Una

conclusión

contraria,

lesionaría

injustificadamente el interés propietario de esa persona o

acreedor, sin cumplir con las exigencias mínimas el debido

proceso de ley. B.B.V. v. E.L.A., supra, pág. 687.

Aunque

en

este

caso

el

Estado

ha

demostrado

ineficiencia en el proceso de inscripción de gravámenes de

vehículos de motor en el Registro del DTOP, ello, por sí

solo, no da margen para anular confiscaciones realizadas

según

el

problema

trámite

dispuesto

constitucional,

conveniencia

o

por

no

sabiduría

ley.

nos

de

En

ausencia

corresponde

una

pieza

de

un

juzgar

la

legislativa.

Recordemos que nuestra función debe mantenerse dentro del

ámbito judicial, sin incursiones indebidas en la esfera

legislativa. Véanse: Meléndez v. Tribunal Superior, 90 DPR

656,

661-662

(1964);

Caguas

Bus

Line

v.

Sierra,

Comisionado, 73 DPR 743, 750 (1952); Parilla v. Loíza Sugar

Co., 49 DPR 597, 600 (1936). Es decir, anular el proceso de

confiscación por la dejadez de una agencia pública separada

de la que confisca es abrir la puerta para la ocurrencia de

irregularidades. Premia a quien haga pagos ilegales para

impedir que se inscriban los gravámenes en el Registro del

DTOP pues, de esa manera, provoca la anulación automática

de

confiscaciones

incentivo

para

que

realizadas

el

Estado

correctamente.

procure

la

El

mejor

inscripción

eficiente de gravámenes en el DTOP es dejarlo desprovisto

de la defensa jurisdiccional que provee el Art. 15 de la

CC-2014-0297

11

Ley Núm. 119-2011. Así, el Estado no gana al evitar la

inscripción de los gravámenes en el Registro del DTOP, pues

la confiscación siempre se podrá impugnar, salvo que haya

mediado incuria por la parte con interés. Por el contrario,

anular automáticamente una confiscación por la tardanza del

DTOP en la inscripción de gravámenes, no solo inutiliza una

poderosa

arma

para

combatir

la

criminalidad,

sino

que,

además, añade una carga adicional al fisco, al tener que

devolver

el

valor

de

la

tasación

al

momento

de

la

confiscación de cientos de vehículos, de los cuales ya ha

dispuesto.

Por último, cuando hemos anulado confiscaciones por

falta de notificación a una parte con interés, se destaca

que

el

Estado

notificación,

estuvo

pero,

en

por

posición

la

razón

de

llevar

que

sea,

a

no

cabo

la

la

hizo.

Véanse: Colón Medina v. Srio. de Hacienda, 109 DPR 540

(1980) (donde la notificación al dueño se realizó pasado el

término provisto en la ley); Vázquez Fontánez v. Tribunal

Superior, 102 DPR 396 (1974) (donde se envió notificación

al dueño a una dirección equivocada y la notificación a la

dirección correcta se realizó pasado el término que proveía

la ley); Srio. de Justicia v. Tribunal Superior, 96 DPR 116

(1968) (donde no se notificó al dueño a la misma dirección

que aparecía en el Registro del DTOP); Srio. de Justicia v.

Tribunal

Superior,

95

DPR

158

(1967)

(donde

las

notificaciones se realizaron pasado el término provisto en

la ley). En fin, cuando hemos resuelto anular el proceso de

CC-2014-0297

12

confiscación, debe notarse que en cada caso el Estado tenía

la posibilidad de saber a quién y a dónde notificar.

En un caso como

inscrito

un

Departamento

existencia

el de autos,

gravamen

de

del

en

Justicia

gravamen

el

en donde no se

Registro

no

tiene

sobre

el

forma

bien

ha

del

DTOP,

el

de

conocer

la

confiscado

ni

su

tenedor para notificarlo de la confiscación. Nótese que la

mayoría del Tribunal así lo reconoce, pues recomienda a la

Rama

Ejecutiva

establecer

un

registro

de

gravámenes

presentados o pendientes de perfeccionamiento en el DTOP,

análogo

al

asiento

de

presentación

que

existe

en

el

Registro de la Propiedad. Opinión mayoritaria, pág. 30.

Si bien la Opinión mayoritaria concluye correctamente

que un gravamen de venta condicional sobre vehículos de

motor se

perfecciona

cuando se presentan los documentos

requeridos y se pagan los aranceles correspondientes en el

Registro

del

DTOP,

no

me

parece

correcto

utilizar

como

marco de referencia la Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA sec. 401,

et

seq.,

mejor

conocida

como

la

Ley

de

Transacciones

Comerciales (LTC), para definir el proceso de notificación

de una confiscación que establece la Ley Núm. 119-2011,

supra.

La LTC y la Ley Núm. 119-2011, tutelan dos intereses

separados

e

independientes,

es

decir,

en

la

LTC

se

establecen parámetros uniformes para el tráfico jurídico de

transacciones económicas, y en el estatuto confiscatorio,

se

establece

el

proceso

mediante

el

cual

el

Estado

se

CC-2014-0297

13

investirá de todo derecho propietario sobre un bien que se

utilizó

en

un

acto

delictivo.

Por

esa

razón,

las

consecuencias que trae el perfeccionamiento de un gravamen

mobiliario en el contexto de la LTC son inaplicables en el

contexto de la Ley Núm. 119-2011.30 En esa línea, la Ley

Núm.

119-2011

notificación

modificó

de

la

diáfanamente

confiscación

y

lo

el

proceso

de

independizó

del

mecanismo de perfeccionamiento de un gravamen mobiliario,

según establecido en la LTC. Así, a pesar de que en el

pasado la Ley de Confiscaciones de 1988, supra, establecía

un proceso de notificación de confiscación paralelo al del

perfeccionamiento de un gravamen mobiliario sobre vehículos

de motor, ese no es el caso con la Ley Núm. 119-2011. Ahora

se requiere la inscripción y no la mera presentación de los

documentos constitutivos del gravamen mobiliario para que,

según

la

letra

Estado

venga

del

estatuto

obligado

a

confiscatorio

notificar

la

vigente,

el

confiscación

al

poseedor de un gravamen mobiliario sobre un vehículo de

motor.

La solución que propongo no quita “la única defensa

real” que tiene una persona con interés propietario sobre

un vehículo confiscado, pues hasta que el contrato de venta

30

Para una discusión sobre los efectos de un gravamen constituido y

posteriormente perfeccionado, véanse, Thomas Quinn, Quinn‟s Uniform

Commercial Code Commentary and Law Digest, 2da ed. rev., Minnesota, Ed.

WEST, Vol. 7, sec. 9-201, págs. 352-354 (2011); R. Soltero Peralta,

J.J. Oppenheimer Méndez, Derecho Mercantil, 7ma ed., Colombia, Ed.

Publicaciones Puertorriqueñas, Inc., págs. 512-513 (1999).

CC-2014-0297

14

condicional no se inscriba en el Registro del DTOP no hay

derecho

a

ser

notificado.

Eso

permite

impugnar

la

confiscación por, precisamente, la falta de notificación.

Opinión mayoritaria, págs. 26-27. En cambio, la avalancha

de impugnaciones que motivará la decisión de hoy castigará

significativamente

las

ya

maltrechas

finanzas

gubernamentales. Recordemos que al anular innecesariamente

cientos de confiscaciones, el Estado tendrá que devolver

los bienes confiscados y en ausencia de estos, el valor de

su

tasación

al

momento

de

la

ocupación.

¿Qué

efectos

tendrán las nuevas obligaciones, no presupuestadas, sobre

la prestación de servicios esenciales a los ciudadanos?

Solo el tiempo dirá.

Por estas razones, difiero del criterio adoptado en

la Opinión del Tribunal, especialmente, porque existe una

medida

menos

onerosa

que

permite

balancear

un

interés

legítimo del Estado frente a los derechos constitucionales

de una persona afectada por la confiscación.

IV.

En circunstancias como las de este caso, no ha habido

un

verdadero

incumplimiento

por

parte

del

Estado

en

el

proceso de notificación de la confiscación, pues no estaba

obligado

a

notificar

la

confiscación

a

determinados

acreedores. Para salvaguardar los derechos del acreedor que

no

fue

notificado,

improcedencia

defensas

de

válidas

la

debe

permitírsele

confiscación

que

entienda

y

argumentar

presentar

pertinentes.

todas

En

la

las

otras

CC-2014-0297

15

palabras,

la

solución

propietario

de

esos

corte.

obstante,

No

que

salvaguarda

acreedores

se

debe

es

el

brindarle

recalcar

que

interés

su

no

día

se

en

podrá

levantar como defensa que el Estado incumplió con el Art.

13

sobre

notificación,

supra,

pues

el

Estado

no

está

obligado a notificar, como solía estar bajo la derogada Ley

de

Confiscaciones

de

1988,

al

acreedor

condicional

que

hubiese “presentado” su contrato de venta en el DTOP, sino

al que tuviese ese contrato “inscrito” en el Registro de

esa agencia gubernamental.

Es decir, como bien se señala

en la Opinión del Tribunal, “el lenguaje utilizado por la

Asamblea

Legislativa

requiere

que

el

[en

Estado

la

Ley

Núm.

notifique

la

119-2011,

supra]

confiscación

„al

acreedor condicional que a la fecha de la ocupación tenga

su

contrato

inscrito‟

en

el

Registro

de

Vehículos

del

Departamento de Transportación y Obras Públicas”. Opinión

mayoritaria, pág. 19.

Opino que, como hemos hecho en el pasado ante una

falta de notificación, lo que corresponde es, ausente una

determinación de que se ha incurrido en incuria, permitir

que la demanda de impugnación de confiscación que presentó

Reliable

se

oportunidad

ventile

de

en

atacar

defensas

que

entienda

Reliable,

el

Estado

los

la

méritos.

Así,

tendrá

la

confiscación

con

todas

las

Por

no

notificar

a

invocar

como

defensa

el

pertinentes.

no

podrá

término jurisdiccional para impugnar la confiscación.

CC-2014-0297

Por

lo

16

tanto,

revocaría

la

sentencia

recurrida

y

devolvería este caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala

de Carolina, para que se ventile la demanda de impugnación

de confiscación en sus méritos.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado