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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Liliana Morell Bergantiños

2016 TSPR 128

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Liliana Morell Bergantiños

CP-2015-2

15 de junio de 2016 · Conducta Profesional-Suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía y notaría por el término de tres (3) meses por violación a los Cánones 18 y 38 del Código de Ética Profesional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2016 TSPR 128

Liliana Morell Bergantiños

195 DPR ____

Número del Caso: CP-2015-2

Fecha: 15 de junio de 2016

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray

Procuradora General

Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez

Subprocuradora General Interina

Lcda. Karla Pacheco Álvarez

Subprocuradora General

Lcda. Minnie H. Rodríguez López

Procuradora General Auxiliar

Abogada de la Querellada:

Por Derecho Propio

Comisionada Especial:

Hon. Jeannette Ramos Buonomo

Materia: La suspensión será efectiva el 21 de junio de 2016, fecha en

que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que

está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Liliana Morell Bergantiños

CP-2015-2

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2016.

La Oficina de la Procuradora General de Puerto

Rico

presentó

profesional

una

contra

querella

la

sobre

Lcda.

conducta

Liliana

Morell

Bergantiños. La querella imputaba la violación a

los

Cánones

18

Profesional.1

y

Los

38

del

hechos

Código

que

de

Ética

originan

estas

imputaciones surgen como consecuencia de una queja

sobre alegadas

actuaciones

que culminaron

en

la

desestimación de la causa de acción de la quejosa.

Por

entender

que

el

proceder

de

la

letrada

se

apartó de lo que prescriben los referidos cánones,

procede

ejercer

nuestra

facultad

Veamos.

1

4 LPRA Ap. IX, Cs. 18 y 38 (2012).

disciplinaria.

CP-2015-2

2

I

La

Lcda.

Liliana

Morell

Bergantiños

(querellada

o

licenciada) fue admitida al ejercicio de la abogacía el 18

de enero de 1996 y al ejercicio del notariado el 29 de

enero de 2004. El 3 de mayo de 2010 la Sra. María Silva

Arroyo (señora Silva Arroyo o quejosa) presentó una queja

contra la licenciada Morell Bergantiños. En síntesis, la

señora Silva Arroyo alegó que el 18 de agosto de 2008

contrató los servicios de la licenciada Morell Bergantiños

para que la representara, tanto a ella como a su esposo, el

señor

Rivera

Camacho,

en

una

acción

de

deslinde,

reivindicación y daños, contra un vecino colindante. De

acuerdo

a

faltó

su

a

la

quejosa,

deber

de

la

licenciada

diligencia

Morell

en

la

Bergantiños

tramitación

del

aludido caso. En lo atinente, señaló que el Tribunal de

Primera

Instancia

desestimó

con

perjuicio

su

causa

de

acción por falta de trámite en los últimos seis (6) meses.

La quejosa aduce que luego de que la abogada le notificó la

determinación

expresó

su

del

foro

interés

en

de

primera

apelar.

presentar

el

correspondiente

Tribunal

de

Apelaciones

lo

instancia,

ésta

le

embargo,

luego

de

apelación,

el

Sin

recurso

denegó

de

por

falta

de

jurisdicción. Ello debido a que el recurso se presentó

transcurridos

33

días

desde

la

notificación

de

la

Sentencia. En atención a lo anterior, el 23 de agosto de

2013 emitimos una Resolución mediante la cual referimos el

asunto a la Oficina de la Procuradora General.

CP-2015-2

3

Así las cosas, el 23 de septiembre de 2013 la Oficina

de la Procuradora General presentó su informe, en el cual

señaló que la licenciada Morell Bergantiños incurrió en

violaciones a los Cánones 18 y 38 del Código de Ética

Profesional, supra. Visto el informe, mediante Resolución

dictada el 25 de abril de 2014, le ordenamos a la Oficina

de la Procuradora General presentar la querella contra la

licenciada Morell Bergantiños.

En cumplimiento con el mandato de este Tribunal, el 10

de febrero de 2015, la Oficina de la Procuradora General

presentó la correspondiente querella. En ésta le imputó a

la

licenciada

Morell

Bergantiños

la

infracción

a

los

Cánones 18 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. La

Oficina de la Procuradora General sostuvo que la licenciada

Morell Bergantiños quebrantó los preceptos del Canon 18 al

no

ejercer

el

deber

de

diligencia,

capacidad

y

responsabilidad requerida cuando el caso civil cuyo trámite

le fue encomendado fue objeto de un archivo por falta de

trámite y gestión de su parte. Asimismo, la Oficina de la

Procuradora General señaló que lo dispuesto en el Canon 38

fue trasgredido, toda vez que los hechos antes señalados

constitutivos

de

falta

de

responsabilidad,

cuidado

y

diligencia de parte de la abogada en el desempeño de su

profesión y en la protección de los intereses de su cliente

en nada exalta el honor y la dignidad de la profesión que

ejerce.

CP-2015-2

4

Luego de varios

Morell

Bergantiños

contra.

En

lo

trámites procesales, la licenciada

contestó

pertinente,

la

querella

expresó

que

incoada

en

luego

haber

de

su

presentado la demanda le requirió a la señora Silva Arroyo

la contratación de un perito ya que éste era necesario para

presentar

efectivamente

las

alegaciones

y

contestar

un

interrogatorio cursado por la parte demandada mediante una

reconvención.

Sin

embargo,

adujo

que

luego

de

tal

requerimiento perdió contacto con la señora Silva Arroyo ya

que ésta última dejó de comunicarse con su oficina. Ante

esa circunstancia, alegó que el 21 de diciembre de 2008

solicitó una prórroga al Tribunal de Primera Instancia para

dar tiempo a la quejosa de contratar el perito y continuar

con el trámite de su caso. No obstante, señaló que el 6 de

julio de 2009 contestó el interrogatorio luego de que “por

fin, según [su] requerimiento” la señora Silva Arroyo pudo

contratar al perito.

En

vista

de

lo

anterior,

el

9

de

julio

de

2015

designamos a la Hon. Jeannette Ramos Buonomo, exjueza del

Tribunal de Apelaciones, como Comisionada Especial para que

recibiera la prueba y nos emitiera un informe con las

determinaciones de hechos y recomendaciones que estimara

pertinente.

Celebrada la vista,

la Comisionada

Especial

concluyó que la licenciada Morell Bergantiños contravino

con los Cánones 18 y 38 del Código de Ética Profesional,

supra, al no desplegar la diligencia debida en el trámite

de las causas de acción de la señora Silva Arroyo. Luego de

CP-2015-2

5

evaluar los atenuantes y agravantes, nos recomendó censurar

enérgicamente a la querellada y que le apercibiéramos sobre

la posibilidad de imponerle una sanción más rigurosa en un

futuro. Luego de exponer el trasfondo fáctico y procesal

que

precede,

enmarquemos

esta

controversia

dentro

del

derecho aplicable.

II

Consistentemente hemos expresado que “todo miembro de

la

profesión

defender

los

legal

tiene

intereses

de

el

su

deber

de

cliente

diligentemente

con

un

trato

profesional caracterizado por la mayor capacidad, lealtad,

responsabilidad, efectividad y la más completa honradez”.2

Asimismo hemos señalado que los abogados y las abogadas

deben cumplir estrictamente con las exigencias plasmadas en

los Cánones de Ética Profesional, supra. En lo pertinente

al caso ante nos, el Canon 18 establece que

[s]erá impropio de un abogado asumir una

representación profesional cuando está consciente

de que no puede rendir una labor idónea

competente

y

que

no

puede

prepararse

adecuadamente sin que ello apareje gastos o

demoras irrazonables a su cliente o a la

administración de la justicia.

Es deber del abogado defender los intereses del

cliente diligentemente, desplegando en cada caso

su más profundo saber y habilidad y actuando en

aquella forma que la profesión jurídica en

general estima adecuada y responsable. (Énfasis

nuestro).

2

In re Meléndez Figueroa, 166 DPR 199, 206 (2005). (Énfasis suplido).

Véase además, In re Alonso Santiago, 165 DPR 555, 562-563 (2005); In

re Martínez Miranda, 160 DPR 263, 266 (2003).

CP-2015-2

6

Este canon le impide al abogado o abogada actuar de

forma indiferente y sin la diligencia requerida en dicho

canon.3

Al definir el término diligencia, se ha mencionado

que “implica que el [abogado] realice las gestiones que le

fueron encomendadas en momento oportuno, en forma adecuada

y sin dilaciones que puedan afectar la pronta solución de

la

controversia”.4

Entre

las

situaciones

prácticas

discutidas por este Tribunal y que ponen en evidencia una

violación a este deber está el ejercer cualquier tipo de

actuación

negligente

que

resulte

en

la

desestimación

o

archivo del caso.5 Es por ello, que el abogado tiene un

deber

de

ejercer

competencia,

al

cliente.6

tramitar

Por

cuidado

los

y

diligencia

asuntos

consiguiente,

“el

representar a un cliente, pero no

que

ha

de

encomendados

por

su

letrado

acepta

que

hace gestión profesional

con ese propósito, comete una violación ética”.7

Por consiguiente, hemos sido enfáticos al reiterar el

ineludible deber que tiene todo abogado y toda abogada de

defender los intereses de su cliente con el compromiso de

emplear

“la

efectividad

mayor

capacidad,

y

la

más

completa

indispensable

que

el

abogado

3

lealtad,

responsabilidad,

honradez”.8

o

abogada

le

Más

aun,

es

indique

al

In re Pizarro Colón, 151 DPR 94, 105 (2000).

Véase In re Amill Acosta 181 DPR 934, 940 (2011) citando a S. Steidel

Figueroa, Ética y Responsabilidad del Abogado, San Juan, Pubs. JTS,

2010, pág. 179.

5

Íd.

6

In re Reyes Coreano, 190 DPR 739, 751 (2014).

7

Íd. pág. 750

8

In re Amill Acosta, supra, pág. 939. Véase, además, In re Rivera

Ramos, 178 DPR 651, 664 (2010); In re Cuevas Velázquez, 174 DPR 433,

442 (2008).

4

CP-2015-2

7

tribunal las gestiones que realizó para comunicarse con su

cliente

y

solicitar

oportunamente,

ser

relevado

de

la

representación legal, si ello fuera necesario.9

Por

otro

lado,

el

Canon

38

del

Código

de

Ética

Profesional, supra, dispone que el abogado o la abogada

deberá

esforzarse,

al

máximo

de

su

capacidad,

en

la

exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque al

así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar

hasta

la

apariencia

de

conducta

profesional

impropia.

Además, este Canon en lo pertinente dispone que “[p]or

razón de la confianza en él depositada como miembro de la

ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida

privada

como

en

el

desempeño

de

su

profesión,

debe

conducirse en forma digna y honorable (…)”. Por ello, en un

sinnúmero de ocasiones, hemos señalado que cada abogado

representa

la

profesión

escrupuloso

sentido

de

y

debe

actuar

responsabilidad

con

que

el

más

impone

la

función social que ejerce.10

De otra parte, en In re Rivera Nazario, 2015 TSPR 109,

193 DPR __ (2015) este Tribunal señaló que al considerar la

sanción a imponerse por una violación a los Cánones de

Ética Profesional, supra, se podían tomar en consideración

los

siguientes

factores:

(i)

la

buena

reputación

del

abogado en la comunidad; (ii) su historial previo; (iii) si

9

In re Ramos Hernández, 183 DPR 647, 655 (2011); In re Muñoz Morell,

182 DPR 738, 752 (2011).

10

In re Morales Lozada, supra, pág. 244 (2015); In re Guemárez

Santiago, 191 DPR 611, 620 (2014); In re Santiago Ríos, 172 DPR 802,

822 (2007); In re Quiñones Ayala, 165 DPR 138, 145 (2005); In re

Silvagnoli Collazo, 154 DPR 533, 541 (2001); In re Ortiz Brunet, 152

DPR 542, 556 (2000).

CP-2015-2

8

esta constituye su primera falta y si ninguna parte ha

resultado perjudicada; (iv) la aceptación de la falta y su

sincero arrepentimiento; (v) si se trata de una conducta

aislada; (vi) el ánimo de lucro que medió en su actuación;

(vii) el resarcimiento al cliente, y (viii) cualesquiera

otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que

medien según los hechos.11

Asimismo, hemos expresado que las determinaciones de

hechos

realizadas

por

un

Comisionado

Especial

merecen

nuestra deferencia.12 No obstante, dicha deferencia aplica

cuando

las

determinaciones

de

hechos

están

basadas

en

prueba testifical, pues es cuando el Comisionado Especial

se

encuentra

prueba.13

en

Empero,

una

mejor

“cuando

posición

esas

para

aquilatar

determinaciones

la

estén

basadas en la prueba documental que obra en el expediente,

el

tribunal

revisor

está

en

igual

posición

que

el

Comisionado Especial y por ende puede adoptar, modificar o

rechazar tal informe”.14 Por tal razón, este Tribunal no

tiene la obligación de sostener el informe presentado por

un Comisionado Especial, salvo que se demuestre pasión,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto en su apreciación

de la prueba.15

11

In re Cotto Luna, 187 DPR 584, 593 (2012); In re Plaud González, 181

DPR 874, 887-888 (2011).

12

In re Vera Vélez, 192 DPR 216, 228 (2015).

13

Íd.; In re González Ortiz, 162 DPR 80, 85 (2004).

14

In re García Ortiz, supra, pág. 521.

15

In re Vera Vélez, supra, pág. 228; In re De León Rodríguez, 190 DPR

378 (2014); In re García Ortiz, supra, pág. 521; In re García Aguirre,

175 DPR 433, 442 (2009).

CP-2015-2

9

Establecido el marco doctrinal aplicable, procedemos a

determinar

si

la

querellada

incurrió

las

violaciones

detenimiento

el

expediente,

imputadas.

III.

Luego

de

evaluar

con

coincidimos con la Comisionada Especial en cuanto a que la

licenciada Morell Bergantiños infringió lo dispuesto en los

Cánones 18 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.

Según

lo

expuesto,

la

licenciada

Morell

Bergantiños

justificó su falta de diligencia por el hecho de que la

señora Silva Arroyo dejó de comunicarse con su oficina. A

tales

efectos,

no

podemos

avalar

el

argumento

de

la

querellada en cuanto a su justificación por no haber dado

seguimiento al trámite del pleito que tenía ante sí. El

hecho de que la quejosa hubiera dejado de comunicarse con

su oficina no es motivo para desentenderse de la causa de

acción de su cliente. En este sentido, en In re Muñoz,

Morell, ante el incumplimiento de un abogado con su deber

de informar los asuntos importantes del caso, expresamos

que éste no queda eximido de tal responsabilidad por el

hecho de que el cliente se tornó inaccesible.16 Ante esta

circunstancia, es necesario que el abogado o la abogada le

indique

al

tribunal

las

gestiones

que

realizó

para

comunicarse con su cliente.17

Además, surge del expediente y de la prueba recibida,

que, en efecto, existía comunicación entre la quejosa y la

16

17

In re Muñoz Morell, supra, pág. 758.

Íd.

CP-2015-2

10

querellada.

Así,

los

correos

electrónicos

que

obran

en

autos contradicen las alegaciones de la licenciada Morell

Bergantiños en cuanto a que perdió comunicación con la

señora Silva Arroyo. La prueba demostró que la letrada no

se desempeñó de forma competente, capaz y diligente al ni

siquiera

mantener

informado

al

Tribunal

de

Primera

Instancia de las dificultades que la querellada enfrentaba

para lograr la cooperación oportuna de parte de su cliente.

Al no hacerlo, incumplió con el término dispuesto para que

se adjudicara el caso, lo que, eventualmente, desembocó en

la desestimación de la demanda. Ante esta situación, la

querellada debió solicitar el relevo de la representación

legal. De los hechos se desprende que no tan sólo los

trámites

fueron

inoportunos,

sino

que

las

gestiones

llevadas a cabo resultaron infructuosas, insuficientes e

ineficaces. Ciertamente, su desempeño dista mucho de ser

uno responsable, diligente y competente como lo exigen los

Cánones de Ética Profesional que rigen a la clase togada.

En atención a lo anterior, compartimos el criterio de la

Comisionada Especial en el sentido de que la querellada

quebrantó los preceptos del citado Canon 38 ya que con este

proceder la licenciada Morell Bergantiños en nada exaltó ni

preservó el honor y la dignidad de la profesión jurídica,

conforme lo requiere el mencionado precepto ético.

Cónsono con los hechos del caso ante nos, colegimos

que la licenciada Morell Bergantiños faltó a los deberes

impuestos por los Cánones 18 y 38 del Código de Ética

CP-2015-2

11

Profesional,

supra.

Así,

la

falta

de

diligencia

de

la

licenciada Morell Bergantiños se manifestó al no actuar con

la diligencia requerida en la tramitación de la causa de

acción civil llevada en favor de su cliente. Esto hizo que

el caso se desestimara con perjuicio y que posteriormente

fuera desestimado en el foro apelativo intermedio por falta

de jurisdicción. De un examen del expediente ante este

Tribunal surge claramente que las determinaciones de hecho

de la Comisionada Especial se sostienen con la evidencia

que tuvo ante su consideración. Al respecto, no se demostró

que hubo pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto

en las determinaciones realizadas por la Comisionada. En

consecuencia, no existe razón para intervenir, ni mucho

menos alterar, las determinaciones emitidas por esta. No

obstante, ante el cuadro descrito y según nuestra facultad,

nos

vemos

obligados

a

declinar

la

recomendación

de

la

Comisionada en lo concerniente a la sanción de censura

enérgica.

Conceder

circunstancias

tal

solicitud,

particulares

de

este

a

la

caso,

luz

de

las

tendría

el

peligroso efecto de soslayar un dictamen ético cuando la

prueba demostró una clara y reiterada inobservancia con los

preceptos éticos que rigen la profesión jurídica.

Por tal razón, procede que ejerzamos nuestra facultad

inherente

de

regular

la

profesión

y

suspendamos

del

ejercicio de la abogacía y de la práctica de la notaría a

la licenciada Morell Bergantiños. Entendemos que aunque la

letrada aceptó su error y expresó estar arrepentida, ello

CP-2015-2

12

no es óbice para que este Tribunal le imponga una sanción

más rigurosa.

IV.

Considerado todo lo anterior, procedemos a suspender a

la

licenciada

Morell

Bergantiños

del

ejercicio

de

la

abogacía y de la notaría por el término de tres meses.

La señora Morell Bergantiños deberá notificar a todos

sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos,

devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos

no

realizados,

devolverles

los

expedientes

de

casos

pendientes e informar inmediatamente de su suspensión a los

foros judiciales y administrativos en los que tenga algún

caso pendiente. Además, tiene la obligación de acreditar y

certificar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior,

en un término de treinta (30) días contados a partir de la

notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia. Por su

parte, se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar

inmediatamente la obra protocolar y el sello notarial de la

señora Morell Bergantiños y entregarlos al Director de la

Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente

investigación e informe.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y

Sentencia a la Sra. Liliana Morell Bergantiños a través de

la oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Liliana Morell Bergantiños

CP-2015-2

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2016.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte de la presente Sentencia, decretamos la

suspensión inmediata de la Lcda. Liliana Morell

Bergantiños de la práctica de la abogacía y de la

notaría por un término de tres (3) meses por

infringir los Cánones 18 y 38 del Código de Ética

Profesional. 4 LPRA Ap. IX.

Le imponemos el deber de notificar a todos sus

clientes

de

su

inhabilidad

de

seguir

representándolos,

devolverles

cualesquiera

honorarios recibidos por trabajos no realizados,

devolverles los expedientes de casos pendientes e

informar inmediatamente de su suspensión a los

foros judiciales y administrativos de Puerto Rico

en los que tenga algún caso pendiente. Además,

tiene la obligación de acreditar y certificar a

este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, en

un término de treinta (30) días a partir de la

notificación

de

esta

Opinión

Per

Curiam

y

Sentencia.

Finalmente, el Alguacil de este Tribunal

deberá incautar inmediatamente la obra protocolar y

el sello notarial de la señora Morell Bergantiños y

entregarlos al Director de la Oficina de Inspección

CP-2015-2

2

de Notarías para la correspondiente investigación e

informe.

Notifíquese personalmente.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario

del

Tribunal

Supremo.

La

Jueza

Presidenta Oronoz Rodríguez ordenaría la suspensión

de la querellada de la práctica de la abogacía por

el término de un (1) mes. Esto debido a que de los

hechos particulares de este caso, unido a que ésta

nunca ha sido sancionada anteriormente por este

Tribunal, no se justifica una sanción más severa.

La Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez

Asociado señor Kolthoff Caraballo no intervinieron.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo