Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Liliana Morell Bergantiños
2016 TSPR 128
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Liliana Morell Bergantiños
CP-2015-2
15 de junio de 2016 · Conducta Profesional-Suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía y notaría por el término de tres (3) meses por violación a los Cánones 18 y 38 del Código de Ética Profesional
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2016 TSPR 128
Liliana Morell Bergantiños
195 DPR ____
Número del Caso: CP-2015-2
Fecha: 15 de junio de 2016
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray
Procuradora General
Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez
Subprocuradora General Interina
Lcda. Karla Pacheco Álvarez
Subprocuradora General
Lcda. Minnie H. Rodríguez López
Procuradora General Auxiliar
Abogada de la Querellada:
Por Derecho Propio
Comisionada Especial:
Hon. Jeannette Ramos Buonomo
Materia: La suspensión será efectiva el 21 de junio de 2016, fecha en
que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que
está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y
publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Liliana Morell Bergantiños
CP-2015-2
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2016.
La Oficina de la Procuradora General de Puerto
Rico
presentó
profesional
una
contra
querella
la
sobre
Lcda.
conducta
Liliana
Morell
Bergantiños. La querella imputaba la violación a
los
Cánones
18
Profesional.1
y
Los
38
del
hechos
Código
que
de
Ética
originan
estas
imputaciones surgen como consecuencia de una queja
sobre alegadas
actuaciones
que culminaron
en
la
desestimación de la causa de acción de la quejosa.
Por
entender
que
el
proceder
de
la
letrada
se
apartó de lo que prescriben los referidos cánones,
procede
ejercer
nuestra
facultad
Veamos.
1
4 LPRA Ap. IX, Cs. 18 y 38 (2012).
disciplinaria.
CP-2015-2
2
I
La
Lcda.
Liliana
Morell
Bergantiños
(querellada
o
licenciada) fue admitida al ejercicio de la abogacía el 18
de enero de 1996 y al ejercicio del notariado el 29 de
enero de 2004. El 3 de mayo de 2010 la Sra. María Silva
Arroyo (señora Silva Arroyo o quejosa) presentó una queja
contra la licenciada Morell Bergantiños. En síntesis, la
señora Silva Arroyo alegó que el 18 de agosto de 2008
contrató los servicios de la licenciada Morell Bergantiños
para que la representara, tanto a ella como a su esposo, el
señor
Rivera
Camacho,
en
una
acción
de
deslinde,
reivindicación y daños, contra un vecino colindante. De
acuerdo
a
faltó
su
a
la
quejosa,
deber
de
la
licenciada
diligencia
Morell
en
la
Bergantiños
tramitación
del
aludido caso. En lo atinente, señaló que el Tribunal de
Primera
Instancia
desestimó
con
perjuicio
su
causa
de
acción por falta de trámite en los últimos seis (6) meses.
La quejosa aduce que luego de que la abogada le notificó la
determinación
expresó
su
del
foro
interés
en
de
primera
apelar.
presentar
el
correspondiente
Tribunal
de
Apelaciones
lo
instancia,
ésta
le
embargo,
luego
de
apelación,
el
Sin
recurso
denegó
de
por
falta
de
jurisdicción. Ello debido a que el recurso se presentó
transcurridos
33
días
desde
la
notificación
de
la
Sentencia. En atención a lo anterior, el 23 de agosto de
2013 emitimos una Resolución mediante la cual referimos el
asunto a la Oficina de la Procuradora General.
CP-2015-2
3
Así las cosas, el 23 de septiembre de 2013 la Oficina
de la Procuradora General presentó su informe, en el cual
señaló que la licenciada Morell Bergantiños incurrió en
violaciones a los Cánones 18 y 38 del Código de Ética
Profesional, supra. Visto el informe, mediante Resolución
dictada el 25 de abril de 2014, le ordenamos a la Oficina
de la Procuradora General presentar la querella contra la
licenciada Morell Bergantiños.
En cumplimiento con el mandato de este Tribunal, el 10
de febrero de 2015, la Oficina de la Procuradora General
presentó la correspondiente querella. En ésta le imputó a
la
licenciada
Morell
Bergantiños
la
infracción
a
los
Cánones 18 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. La
Oficina de la Procuradora General sostuvo que la licenciada
Morell Bergantiños quebrantó los preceptos del Canon 18 al
no
ejercer
el
deber
de
diligencia,
capacidad
y
responsabilidad requerida cuando el caso civil cuyo trámite
le fue encomendado fue objeto de un archivo por falta de
trámite y gestión de su parte. Asimismo, la Oficina de la
Procuradora General señaló que lo dispuesto en el Canon 38
fue trasgredido, toda vez que los hechos antes señalados
constitutivos
de
falta
de
responsabilidad,
cuidado
y
diligencia de parte de la abogada en el desempeño de su
profesión y en la protección de los intereses de su cliente
en nada exalta el honor y la dignidad de la profesión que
ejerce.
CP-2015-2
4
Luego de varios
Morell
Bergantiños
contra.
En
lo
trámites procesales, la licenciada
contestó
pertinente,
la
querella
expresó
que
incoada
en
luego
haber
de
su
presentado la demanda le requirió a la señora Silva Arroyo
la contratación de un perito ya que éste era necesario para
presentar
efectivamente
las
alegaciones
y
contestar
un
interrogatorio cursado por la parte demandada mediante una
reconvención.
Sin
embargo,
adujo
que
luego
de
tal
requerimiento perdió contacto con la señora Silva Arroyo ya
que ésta última dejó de comunicarse con su oficina. Ante
esa circunstancia, alegó que el 21 de diciembre de 2008
solicitó una prórroga al Tribunal de Primera Instancia para
dar tiempo a la quejosa de contratar el perito y continuar
con el trámite de su caso. No obstante, señaló que el 6 de
julio de 2009 contestó el interrogatorio luego de que “por
fin, según [su] requerimiento” la señora Silva Arroyo pudo
contratar al perito.
En
vista
de
lo
anterior,
el
9
de
julio
de
2015
designamos a la Hon. Jeannette Ramos Buonomo, exjueza del
Tribunal de Apelaciones, como Comisionada Especial para que
recibiera la prueba y nos emitiera un informe con las
determinaciones de hechos y recomendaciones que estimara
pertinente.
Celebrada la vista,
la Comisionada
Especial
concluyó que la licenciada Morell Bergantiños contravino
con los Cánones 18 y 38 del Código de Ética Profesional,
supra, al no desplegar la diligencia debida en el trámite
de las causas de acción de la señora Silva Arroyo. Luego de
CP-2015-2
5
evaluar los atenuantes y agravantes, nos recomendó censurar
enérgicamente a la querellada y que le apercibiéramos sobre
la posibilidad de imponerle una sanción más rigurosa en un
futuro. Luego de exponer el trasfondo fáctico y procesal
que
precede,
enmarquemos
esta
controversia
dentro
del
derecho aplicable.
II
Consistentemente hemos expresado que “todo miembro de
la
profesión
defender
los
legal
tiene
intereses
de
el
su
deber
de
cliente
diligentemente
con
un
trato
profesional caracterizado por la mayor capacidad, lealtad,
responsabilidad, efectividad y la más completa honradez”.2
Asimismo hemos señalado que los abogados y las abogadas
deben cumplir estrictamente con las exigencias plasmadas en
los Cánones de Ética Profesional, supra. En lo pertinente
al caso ante nos, el Canon 18 establece que
[s]erá impropio de un abogado asumir una
representación profesional cuando está consciente
de que no puede rendir una labor idónea
competente
y
que
no
puede
prepararse
adecuadamente sin que ello apareje gastos o
demoras irrazonables a su cliente o a la
administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del
cliente diligentemente, desplegando en cada caso
su más profundo saber y habilidad y actuando en
aquella forma que la profesión jurídica en
general estima adecuada y responsable. (Énfasis
nuestro).
2
In re Meléndez Figueroa, 166 DPR 199, 206 (2005). (Énfasis suplido).
Véase además, In re Alonso Santiago, 165 DPR 555, 562-563 (2005); In
re Martínez Miranda, 160 DPR 263, 266 (2003).
CP-2015-2
6
Este canon le impide al abogado o abogada actuar de
forma indiferente y sin la diligencia requerida en dicho
canon.3
Al definir el término diligencia, se ha mencionado
que “implica que el [abogado] realice las gestiones que le
fueron encomendadas en momento oportuno, en forma adecuada
y sin dilaciones que puedan afectar la pronta solución de
la
controversia”.4
Entre
las
situaciones
prácticas
discutidas por este Tribunal y que ponen en evidencia una
violación a este deber está el ejercer cualquier tipo de
actuación
negligente
que
resulte
en
la
desestimación
o
archivo del caso.5 Es por ello, que el abogado tiene un
deber
de
ejercer
competencia,
al
cliente.6
tramitar
Por
cuidado
los
y
diligencia
asuntos
consiguiente,
“el
representar a un cliente, pero no
que
ha
de
encomendados
por
su
letrado
acepta
que
hace gestión profesional
con ese propósito, comete una violación ética”.7
Por consiguiente, hemos sido enfáticos al reiterar el
ineludible deber que tiene todo abogado y toda abogada de
defender los intereses de su cliente con el compromiso de
emplear
“la
efectividad
mayor
capacidad,
y
la
más
completa
indispensable
que
el
abogado
3
lealtad,
responsabilidad,
honradez”.8
o
abogada
le
Más
aun,
es
indique
al
In re Pizarro Colón, 151 DPR 94, 105 (2000).
Véase In re Amill Acosta 181 DPR 934, 940 (2011) citando a S. Steidel
Figueroa, Ética y Responsabilidad del Abogado, San Juan, Pubs. JTS,
2010, pág. 179.
5
Íd.
6
In re Reyes Coreano, 190 DPR 739, 751 (2014).
7
Íd. pág. 750
8
In re Amill Acosta, supra, pág. 939. Véase, además, In re Rivera
Ramos, 178 DPR 651, 664 (2010); In re Cuevas Velázquez, 174 DPR 433,
442 (2008).
4
CP-2015-2
7
tribunal las gestiones que realizó para comunicarse con su
cliente
y
solicitar
oportunamente,
ser
relevado
de
la
representación legal, si ello fuera necesario.9
Por
otro
lado,
el
Canon
38
del
Código
de
Ética
Profesional, supra, dispone que el abogado o la abogada
deberá
esforzarse,
al
máximo
de
su
capacidad,
en
la
exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque al
así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar
hasta
la
apariencia
de
conducta
profesional
impropia.
Además, este Canon en lo pertinente dispone que “[p]or
razón de la confianza en él depositada como miembro de la
ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida
privada
como
en
el
desempeño
de
su
profesión,
debe
conducirse en forma digna y honorable (…)”. Por ello, en un
sinnúmero de ocasiones, hemos señalado que cada abogado
representa
la
profesión
escrupuloso
sentido
de
y
debe
actuar
responsabilidad
con
que
el
más
impone
la
función social que ejerce.10
De otra parte, en In re Rivera Nazario, 2015 TSPR 109,
193 DPR __ (2015) este Tribunal señaló que al considerar la
sanción a imponerse por una violación a los Cánones de
Ética Profesional, supra, se podían tomar en consideración
los
siguientes
factores:
(i)
la
buena
reputación
del
abogado en la comunidad; (ii) su historial previo; (iii) si
9
In re Ramos Hernández, 183 DPR 647, 655 (2011); In re Muñoz Morell,
182 DPR 738, 752 (2011).
10
In re Morales Lozada, supra, pág. 244 (2015); In re Guemárez
Santiago, 191 DPR 611, 620 (2014); In re Santiago Ríos, 172 DPR 802,
822 (2007); In re Quiñones Ayala, 165 DPR 138, 145 (2005); In re
Silvagnoli Collazo, 154 DPR 533, 541 (2001); In re Ortiz Brunet, 152
DPR 542, 556 (2000).
CP-2015-2
8
esta constituye su primera falta y si ninguna parte ha
resultado perjudicada; (iv) la aceptación de la falta y su
sincero arrepentimiento; (v) si se trata de una conducta
aislada; (vi) el ánimo de lucro que medió en su actuación;
(vii) el resarcimiento al cliente, y (viii) cualesquiera
otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que
medien según los hechos.11
Asimismo, hemos expresado que las determinaciones de
hechos
realizadas
por
un
Comisionado
Especial
merecen
nuestra deferencia.12 No obstante, dicha deferencia aplica
cuando
las
determinaciones
de
hechos
están
basadas
en
prueba testifical, pues es cuando el Comisionado Especial
se
encuentra
prueba.13
en
Empero,
una
mejor
“cuando
posición
esas
para
aquilatar
determinaciones
la
estén
basadas en la prueba documental que obra en el expediente,
el
tribunal
revisor
está
en
igual
posición
que
el
Comisionado Especial y por ende puede adoptar, modificar o
rechazar tal informe”.14 Por tal razón, este Tribunal no
tiene la obligación de sostener el informe presentado por
un Comisionado Especial, salvo que se demuestre pasión,
prejuicio, parcialidad o error manifiesto en su apreciación
de la prueba.15
11
In re Cotto Luna, 187 DPR 584, 593 (2012); In re Plaud González, 181
DPR 874, 887-888 (2011).
12
In re Vera Vélez, 192 DPR 216, 228 (2015).
13
Íd.; In re González Ortiz, 162 DPR 80, 85 (2004).
14
In re García Ortiz, supra, pág. 521.
15
In re Vera Vélez, supra, pág. 228; In re De León Rodríguez, 190 DPR
378 (2014); In re García Ortiz, supra, pág. 521; In re García Aguirre,
175 DPR 433, 442 (2009).
CP-2015-2
9
Establecido el marco doctrinal aplicable, procedemos a
determinar
si
la
querellada
incurrió
las
violaciones
detenimiento
el
expediente,
imputadas.
III.
Luego
de
evaluar
con
coincidimos con la Comisionada Especial en cuanto a que la
licenciada Morell Bergantiños infringió lo dispuesto en los
Cánones 18 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.
Según
lo
expuesto,
la
licenciada
Morell
Bergantiños
justificó su falta de diligencia por el hecho de que la
señora Silva Arroyo dejó de comunicarse con su oficina. A
tales
efectos,
no
podemos
avalar
el
argumento
de
la
querellada en cuanto a su justificación por no haber dado
seguimiento al trámite del pleito que tenía ante sí. El
hecho de que la quejosa hubiera dejado de comunicarse con
su oficina no es motivo para desentenderse de la causa de
acción de su cliente. En este sentido, en In re Muñoz,
Morell, ante el incumplimiento de un abogado con su deber
de informar los asuntos importantes del caso, expresamos
que éste no queda eximido de tal responsabilidad por el
hecho de que el cliente se tornó inaccesible.16 Ante esta
circunstancia, es necesario que el abogado o la abogada le
indique
al
tribunal
las
gestiones
que
realizó
para
comunicarse con su cliente.17
Además, surge del expediente y de la prueba recibida,
que, en efecto, existía comunicación entre la quejosa y la
16
17
In re Muñoz Morell, supra, pág. 758.
Íd.
CP-2015-2
10
querellada.
Así,
los
correos
electrónicos
que
obran
en
autos contradicen las alegaciones de la licenciada Morell
Bergantiños en cuanto a que perdió comunicación con la
señora Silva Arroyo. La prueba demostró que la letrada no
se desempeñó de forma competente, capaz y diligente al ni
siquiera
mantener
informado
al
Tribunal
de
Primera
Instancia de las dificultades que la querellada enfrentaba
para lograr la cooperación oportuna de parte de su cliente.
Al no hacerlo, incumplió con el término dispuesto para que
se adjudicara el caso, lo que, eventualmente, desembocó en
la desestimación de la demanda. Ante esta situación, la
querellada debió solicitar el relevo de la representación
legal. De los hechos se desprende que no tan sólo los
trámites
fueron
inoportunos,
sino
que
las
gestiones
llevadas a cabo resultaron infructuosas, insuficientes e
ineficaces. Ciertamente, su desempeño dista mucho de ser
uno responsable, diligente y competente como lo exigen los
Cánones de Ética Profesional que rigen a la clase togada.
En atención a lo anterior, compartimos el criterio de la
Comisionada Especial en el sentido de que la querellada
quebrantó los preceptos del citado Canon 38 ya que con este
proceder la licenciada Morell Bergantiños en nada exaltó ni
preservó el honor y la dignidad de la profesión jurídica,
conforme lo requiere el mencionado precepto ético.
Cónsono con los hechos del caso ante nos, colegimos
que la licenciada Morell Bergantiños faltó a los deberes
impuestos por los Cánones 18 y 38 del Código de Ética
CP-2015-2
11
Profesional,
supra.
Así,
la
falta
de
diligencia
de
la
licenciada Morell Bergantiños se manifestó al no actuar con
la diligencia requerida en la tramitación de la causa de
acción civil llevada en favor de su cliente. Esto hizo que
el caso se desestimara con perjuicio y que posteriormente
fuera desestimado en el foro apelativo intermedio por falta
de jurisdicción. De un examen del expediente ante este
Tribunal surge claramente que las determinaciones de hecho
de la Comisionada Especial se sostienen con la evidencia
que tuvo ante su consideración. Al respecto, no se demostró
que hubo pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto
en las determinaciones realizadas por la Comisionada. En
consecuencia, no existe razón para intervenir, ni mucho
menos alterar, las determinaciones emitidas por esta. No
obstante, ante el cuadro descrito y según nuestra facultad,
nos
vemos
obligados
a
declinar
la
recomendación
de
la
Comisionada en lo concerniente a la sanción de censura
enérgica.
Conceder
circunstancias
tal
solicitud,
particulares
de
este
a
la
caso,
luz
de
las
tendría
el
peligroso efecto de soslayar un dictamen ético cuando la
prueba demostró una clara y reiterada inobservancia con los
preceptos éticos que rigen la profesión jurídica.
Por tal razón, procede que ejerzamos nuestra facultad
inherente
de
regular
la
profesión
y
suspendamos
del
ejercicio de la abogacía y de la práctica de la notaría a
la licenciada Morell Bergantiños. Entendemos que aunque la
letrada aceptó su error y expresó estar arrepentida, ello
CP-2015-2
12
no es óbice para que este Tribunal le imponga una sanción
más rigurosa.
IV.
Considerado todo lo anterior, procedemos a suspender a
la
licenciada
Morell
Bergantiños
del
ejercicio
de
la
abogacía y de la notaría por el término de tres meses.
La señora Morell Bergantiños deberá notificar a todos
sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos,
devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos
no
realizados,
devolverles
los
expedientes
de
casos
pendientes e informar inmediatamente de su suspensión a los
foros judiciales y administrativos en los que tenga algún
caso pendiente. Además, tiene la obligación de acreditar y
certificar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior,
en un término de treinta (30) días contados a partir de la
notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia. Por su
parte, se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar
inmediatamente la obra protocolar y el sello notarial de la
señora Morell Bergantiños y entregarlos al Director de la
Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente
investigación e informe.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia a la Sra. Liliana Morell Bergantiños a través de
la oficina del Alguacil de este Tribunal.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Liliana Morell Bergantiños
CP-2015-2
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2016.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte de la presente Sentencia, decretamos la
suspensión inmediata de la Lcda. Liliana Morell
Bergantiños de la práctica de la abogacía y de la
notaría por un término de tres (3) meses por
infringir los Cánones 18 y 38 del Código de Ética
Profesional. 4 LPRA Ap. IX.
Le imponemos el deber de notificar a todos sus
clientes
de
su
inhabilidad
de
seguir
representándolos,
devolverles
cualesquiera
honorarios recibidos por trabajos no realizados,
devolverles los expedientes de casos pendientes e
informar inmediatamente de su suspensión a los
foros judiciales y administrativos de Puerto Rico
en los que tenga algún caso pendiente. Además,
tiene la obligación de acreditar y certificar a
este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, en
un término de treinta (30) días a partir de la
notificación
de
esta
Opinión
Per
Curiam
y
Sentencia.
Finalmente, el Alguacil de este Tribunal
deberá incautar inmediatamente la obra protocolar y
el sello notarial de la señora Morell Bergantiños y
entregarlos al Director de la Oficina de Inspección
CP-2015-2
2
de Notarías para la correspondiente investigación e
informe.
Notifíquese personalmente.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
Secretario
del
Tribunal
Supremo.
La
Jueza
Presidenta Oronoz Rodríguez ordenaría la suspensión
de la querellada de la práctica de la abogacía por
el término de un (1) mes. Esto debido a que de los
hechos particulares de este caso, unido a que ésta
nunca ha sido sancionada anteriormente por este
Tribunal, no se justifica una sanción más severa.
La Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez
Asociado señor Kolthoff Caraballo no intervinieron.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo