LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Next Step Medical Co. v. Biomet, Inc.

2016 TSPR 120

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Next Step Medical Co. v. Biomet, Inc.

CC-2014-440

Ley de Contratos de Distribución (Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964). Efecto de renuncia a defensa de justa causa en trámite de solicitud de interdicto preliminar según provisto en el Art. 3-A de la Ley Núm. 75 · 14 junio 2016

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Next Step Medical Co., Inc.;

Jorge

Iván

Dávila

Nieves,

Madeline Rodríguez Muñoz y la

Sociedad

Legal

de

Gananciales

compuesta por ambos

Certiorari

Recurridos

V.

Biomet,

Inc.;

Biomet

International, LTD.; Biomet 3i,

LLC; Biomet Orthopedics Puerto

Rico, Inc.; Fulano de Tal

2016 TSPR 120

195 DPR ____

Peticionarios

Número del Caso: CC-2014-440

Fecha: 14 de junio de 2016

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan y Guayama, Panel II

Abogados de la parte Peticionaria:

Lcdo. Jorge I. Pieras

Lcdo. Jason R. Aguiló Suro

Abogado de la parte Recurrida:

Lcdo. Luis A. Meléndez Albizu

Materia: Ley de Contratos de Distribución (Ley Núm. 75 de 24 de

junio de 1964). Efecto de renuncia a defensa de justa causa en

trámite de solicitud de interdicto preliminar según provisto en el

Art. 3-A de la Ley Núm. 75.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

NEXT

STEP

MEDICAL

CO.,

INC.; JORGE IVÁN DÁVILA

NIEVES, MADELINE RODRÍGUEZ

MUÑOZ Y LA SOCIEDAD LEGAL

DE GANANCIALES COMPUESTA

POR AMBOS

Recurridos

Núm. CC-2014-0440

v.

Certiorari

BIOMET,

INC.;

BIOMET

INTERNATIONAL,

LTD.;

BIOMET

3i,

LLC;

BIOMET

ORTHOPEDICS PUERTO RICO,

INC.; FULANO DE TAL

Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR

FELIBERTI CINTRÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de junio de 2016.

En

este

recurso

se

nos

presenta

la

siguiente

interrogante:

¿Qué efecto, si alguno, tiene la renuncia

de

de

justa

causa

en

una

amparo

de

Ley

Núm.

75

la

defensa

iniciada

al

la

acción

en

daños

de

de

junio

24

de 1964, 10 LPRA sec. 278 et seq. (2013), conocida como

Ley de Contratos de Distribución (Ley Núm. 75 o Ley de

Contratos

de

Distribución),

sobre

una

solicitud

de

interdicto preliminar instada bajo las disposiciones de

dicho estatuto?

CC-2014-0440

2

I.

Durante

el

TRASFONDO FÁCTICO Y PROCESAL

2002

la

empresa

Hand

Innovations,

Inc.

(Hand Innovations) designó a Next Step Medical Co., Inc.

(Next Step o recurridos) como distribuidor exclusivo en

Puerto Rico de su línea de productos de trauma ortopédicos

y de reparación de fracturas (Productos Ortopédicos).

En

el

2006

Hand

Innovations

vendió

su

línea

de

Productos Ortopédicos a DePuy Orthopedics, Inc. (DePuy),

subsidiaria de la empresa Johnson & Johnson International

(Johnson & Johnson).

verbal

de

DePuy asumió entonces el acuerdo

distribución

exclusiva

existente

entre

Hand

Innovations y Next Step.

En el 2012, debido a su fusión con otra compañía,

Johnson & Johnson se vio forzada a desligarse de su línea

de

Productos

Ortopédicos

(Biomet o peticionarios).1

y

la

vendió

a

Biomet,

Inc.

Cónsono con lo anterior, el

6 de agosto de 2012 Johnson & Johnson le informó a Next

Step que se veía impedida de continuar supliéndole estos

productos, por lo que daba por terminada su relación de

distribución.

Mediante un comunicado fechado el 11 de septiembre

de 2012, Biomet notificó a los ortopedas en Puerto Rico

que, a partir del 16 de agosto de 2012, proveería los

productos anteriormente suministrados por DePuy.

además,

1

que

Next

Step

continuaría

como

Indicó,

distribuidor

A pesar que en la Demanda se mencionan cuatro entidades diferentes que

llevan el nombre “Biomet”, para efectos de este recurso, denominamos a los

peticionarios colectivamente “Biomet” o “peticionarios”.

CC-2014-0440

3

exclusivo de ciertos productos.

A esos efectos señaló lo

siguiente:

También hemos decidido continuar la relación de

negocios con “Next Step Medical” para los

productos de “Hand Innovations” en el mercado

local.

Debido a que se le ha otorgado la

exclusividad en Puerto Rico a “Next Step” para

estos siguientes 5 productos: S3, F3, DVR, DNP y

la SEFSTM por favor llame al 787-751-1631 para

obtenerlos.

Durante

intentaron

los

próximos

infructuosamente

meses

de

Biomet

llegar

a

y

Next

Step

un

acuerdo

de

distribución por escrito.

Entre tanto, el 12 de abril de 2013, Next Step y sus

accionistas en su capacidad individual, presentaron una

Demanda en contra de los peticionarios aduciendo menoscabo

y/o terminación de su relación de distribución exclusiva

en violación a la Ley Núm. 75 (Primera Causa de Acción);

incumplimiento

de

contrato

interferencia

torticera

(Segunda

(Tercera

Causa

Causa

de

de

Acción);

Acción),

así

como conspiración y daños y perjuicios (Cuarta Causa de

Acción)

(Acción Civil bajo la Ley Núm. 75, KAC2013-0275).2

Next Step solicitó, además, un injunction preliminar según

provisto en el Art. 3-A de la Ley Núm. 75, 10 LPRA sec.

278b-1 (2013) (Art. 3-A).3

2

Únicamente la Primera Causa de Acción promovida por Next Step Medical

Co., Inc. (Next Step) en contra de los peticionarios es objeto de este

recurso.

El resto de las reclamaciones fueron desestimadas a nivel de

instancia.

El Tribunal de Apelaciones confirmó la desestimación y

posteriormente denegamos la expedición del recurso instado por los recurridos.

Next Step Medical Co., Inc., et al. v. Biomet Inc., et al., CC-2015-0455.

3

Next Step enmendó su Demanda en dos ocasiones posteriores, la última

vez el 19 de junio de 2013.

Los peticionarios fueron emplazados el 24 de

junio de 2013.

CC-2014-0440

4

El 20 de mayo de 2013, Biomet informó a Next Step que

daba

por

terminada

20 de junio

vender

de

sus

2013.

la

Explicó

productos

negociaciones

de

buena

distribución

mutuamente

resultado imposible.

relación

que

efectivo

le había

provisionalmente

fe

para

lograr

satisfactorio,

un

pero

el

permitido

sujeto

a

acuerdo

de

esto

había

Asimismo, aludió al supuesto pobre

desempeño de Next Step como distribuidor.

En esa misma

fecha instituyó un proceso de sentencia declaratoria en

contra de Next Step mediante el cual solicitó al tribunal

determinar que no existía relación de distribución entre

ellos.

para

En la alternativa, reclamó que tenía justa causa

terminar

la

relación

de

distribución

(Sentencia

Declaratoria o Acción Civil KAC2013-378).

En el caso instado bajo la Ley Núm. 75, Acción Civil

KAC2013-0275,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

inicialmente señaló vista de injunction preliminar para el

29 de mayo de 2013.

No obstante, posteriormente la dejó

sin efecto a solicitud de los recurridos para darles una

oportunidad a las partes a llegar a un acuerdo disponiendo

del pleito.

A falta de una transacción, el 21 de mayo de

2013 los recurridos nuevamente instaron al foro primario a

señalar la vista de interdicto preliminar.

La vista se

pautó nuevamente para el 3 de julio de 2013.

Sin embargo,

el

2

de

julio

de

2013

los

procedimientos

quedaron

paralizados debido a una solicitud de traslado del caso al

CC-2014-0440

5

Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico presentada por

Biomet dos días antes.4

El 22 de octubre de 2013 el foro federal devolvió

(“remand”)

estatal

la

por

Acción

falta

de

Civil

KAC2013-0275

jurisdicción,

por

al

tribunal

no

existir

diversidad de ciudadanía entre las partes.

A base de

ello, el 1 de noviembre de 2013 los recurridos reactivaron

su solicitud de vista de injunction preliminar ante el

Tribunal de Primera Instancia.

Una vez devuelta la Acción bajo la Ley Núm. 75 al

tribunal local, el 5 de noviembre de 2013 el Tribunal de

Primera Instancia reabrió el proceso y señaló la vista de

injunction preliminar para el 15 de noviembre de 2013.

En

la

vista

del

15

de

noviembre

discutieron una serie de asuntos procesales.

testigos

de

la

parte

peticionaria

de

2013

se

Dado que los

residían

fuera

de

Puerto Rico y que la CPA Doris Barroso, perito de Next

Step, no estaba disponible en esa fecha, se pospuso la

vista de injunction preliminar para los días 17, 21, 24 y

29 de enero de 2014.

El 7 de enero de 2014 los peticionarios sometieron

una Moción Renunciando a Defensa de Justa Causa y Tornando

Descubrimiento de Prueba Notificado Académico, Solicitud

4

En lo concerniente a la solicitud de sentencia declaratoria, Acción

Civil KAC2013-378, el 3 de julio de 2013 Next Step contestó la Demanda;

presentó Reconvención y Demanda contra Tercero, así como una Moción Urgente

Solicitando Injunction Preliminar bajo el Art. 3-A de la Ley 75, y Solicitando

Señalamiento Urgente de Vista.

No obstante, por considerar los dos procesos íntimamente relacionados,

el 11 de julio de 2013 el Tribunal de Primera Instancia desestimó sin

perjuicio la acción de Sentencia Declaratoria a base del traslado de la Acción

Civil KAC2013-0275 al foro federal.

CC-2014-0440

6

de Vista de Daños Expedita Tornando Vista de Injunction

Preliminar Provisional Académica También.

Plantearon, en

esencia, que renunciaban a su defensa de justa causa para

evitar los costos asociados al descubrimiento de prueba

cursado por Next Step.

A base de ello, entendieron que

correspondía calendarizar el juicio en su fondo de forma

expedita para adjudicar los daños conforme a la Ley Núm.

75.

Igualmente argumentaron que no existía razón para

emitir un injunction pendente lite dado el corto lapso de

tiempo previo a la celebración del juicio en su fondo.

El 17 de enero de 2014, tras escuchar los argumentos

pertinentes,

efecto

la

límite

para

el

Tribunal

vista

de

que

de

Primera

injunction

las

partes

Instancia

preliminar

sometieran

y

sus

dejó

fijó

sin

fecha

posiciones

respecto al efecto en la petición de interdicto de la

renuncia de los peticionarios a la defensa de justa causa.

Posteriormente, mediante Resolución de 11 de febrero

de 2014, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha

Lugar

el

remedio

recurridos.

3-A

está

provisional

solicitado

por

los

Indicó que el mecanismo provisto en el Art.

disponible

únicamente

mientras

se

dilucida

si

existe o no justa causa para terminar una relación de

distribución.

la

defensa

Razonó que, una vez el principal renuncia a

de

justa

causa,

sólo

los

daños

ocasionados

resta

al

determinar

la

distribuidor,

si

cuantía

de

alguno.

“Dicho de otro modo, este Tribunal concluye que

el remedio interdictal solicitado por la parte demandante

CC-2014-0440

7

se ha tornado académico, por lo que la celebración de una

vista

de

Resolución

injunction

preliminar

resulta

innecesaria”.

de

febrero

2014

Tribunal

11

de

de

del

de

Primera Instancia en la Acción Civil KAC2013-0275, a la

pág. 7 (Ap. 806).

El 3 de abril de 2014 la parte recurrida acudió ante

el Tribunal de Apelaciones donde cuestionó la denegatoria

de su solicitud de injunction preliminar.

El 30 de mayo de 2014 el Tribunal de Apelaciones

revocó la determinación del foro primario.

Resolvió que,

a base de la política pública esbozada en la Ley Núm. 75 y

a

la

interpretación

liberal

a

favor

del

distribuidor

consignada en el estatuto, una vez la parte peticionaria

renunció

a

la

defensa

Primera

Instancia

de

venía

provisto en el Art. 3-A.

justa

obligado

causa,

a

el

conceder

Tribunal

de

el remedio

Procedió entonces a emitir una

orden de interdicto pendente lite.

Inconforme, Biomet recurrió ante este Foro y planteó

los siguientes errores en apoyo a su recurso:5

1. Erró el Tribunal de Apelaciones al conferir un

injunction preliminar sin la celebración de

vista, sin fijar fianza, y sin el detalle que

requiere la Regla 57.5 de Procedimiento Civil.

5

Por estar entrelazados, discutiremos ambos errores en conjunto.

No

obstante, dada nuestra determinación en el día de hoy, se torna innecesario

atender los cuestionamientos relacionados a la fijación de fianza y, si eran o

no adecuados los términos de la orden de interdicto preliminar, según

contenidos en el primer error señalado.

CC-2014-0440

8

2. Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar

que procede el remedio provisional bajo la Ley

Núm. 75 cuando no existe controversia sobre si

hubo justa causa para la terminación.

El

31

de

octubre

de

2014,

certiorari en reconsideración.

expedimos

el

auto

de

la

práctica

Veamos.

II. LEY NÚM. 75

La

Ley

Núm.

75

persigue

corregir

arbitraria utilizada por ciertas empresas de descontinuar

sin causa su relación de distribución con entidades en

Puerto

Rico

una

vez

éstas

han

desarrollado

un

mercado

propicio para los productos o servicios que son objeto de

distribución, y de esta manera aprovecharse injustamente

de la labor realizada por el distribuidor.6

estableció

un

distribuidores

mecanismo

el

pago

que

de

los

le

Para ello se

garantiza

gastos

a

incurridos

los

en

desarrollar un mercado para los productos o servicios en

cuestión, así como la plusvalía generada como parte de esa

gestión.

P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486 (2005); Cobos

Liccia v. DeJean Packing Co., Inc., 124 DPR 896 (1989);7

6

Dos años más tarde de promulgada, se modificaron ciertos términos de la

Ley Núm. 75 mediante la Ley Núm. 105 de 23 de junio de 1966. En esta ocasión

se flexibilizaron los conceptos de “distribuidor” y “contrato de distribución”

comprendidos en el estatuto. Se prohibió, además, la reducción o el menoscabo

de la relación de distribución sin causa justificada.

7

Véase Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 DPR 900, 915 esc. 14

(1996) (“[L]a Ley Núm. 21 de 5 de diciembre de 1990 (10 LPRA sec. 279 et seq.)

revocó legislativamente los casos Roberco, Inc. y Colón v. Oxford Inds., Inc.,

[…] [122 DPR 115 (1988)] y Cobos Liccia v. De Jean, Packing Co., Inc., [] [124

DPR 896 (1989)], en el sentido de que los representantes de ventas no son

distribuidores protegidos por la Ley Núm. 75 […]. Dicha legislación amplió a

los representantes de ventas las protecciones que la Ley Núm. 75, […] le

reconoce a los distribuidores.

Sin embargo, la definición de distribuidor

discutida en ambos casos continúa vigente”.) (énfasis en el original).

CC-2014-0440

9

Systema de P.R., Inc. v. Interface Int’l, 123 DPR 379

(1989).

Conforme

el

esquema

estatutario,

únicamente

se

le

permite al principal terminar la relación sin incurrir en

responsabilidad económica cuando tiene justa causa para

ello,8 según el término aparece consignado en la ley.9

retiro

total

del

mercado

de

Puerto

Rico

también

El

puede

considerarse justa causa siempre que: el principal no haya

intentado aprovecharse de los negocios del distribuidor;

la

decisión

respecto

a

sea

resultado

términos

de

una

negociación

esenciales

del

contrato,

notifique oportunamente al distribuidor.

fallida

y

se

le

Medina & Medina

v. Country Pride Foods, 122 DPR 172 (1988).

El estatuto igualmente fija una serie de limitaciones

contractuales

presunciones

para

a

este

favor

del

tipo

de

negocio,

distribuidor

con

así

el

fin

como

de

impedirle al principal el uso de subterfugios para valerse

de la defensa de justa causa y de este modo obviar su

responsabilidad legal.10

8

Art. 2 de la Ley Núm. 75, 10 LPRA sec. 278a (2013).

9

El Art. 1(d) de la Ley Núm. 75, 10 LPRA sec. 278(d) (2013), define

justa causa de la siguiente manera:

. . . .

Incumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales del

contrato de distribución, por parte del distribuidor, o cualquier

acción u omisión por parte de éste que afecte adversamente y en

forma sustancial los intereses del principal o concedente en el

desarrollo del mercado o distribución de la mercancía o

servicios.

10

Art. 2-A de la Ley Núm. 75, 10 LPRA sec. 278a-1, adicionado mediante la

Ley Núm. 81 de 13 de julio de 1988.

CC-2014-0440

10

Esta disposición estatutaria encarna una importante

política

pública

economía

en

poder

en

Puerto

negociador

un

renglón

Rico,

de

al

las

significativo

reducir

empresas

la

de

la

desventaja

del

locales

ante

la

superioridad económica de los principales en la relación

de distribución.

La inclusión del aludido estatuto a nuestro

ordenamiento tuvo el propósito de armonizar los

intereses

y

nivelar

las

condiciones

de

contratación

de

dos

partes

económicamente

dispares, que se encuentran vinculadas por una

relación de índole comercial que involucra la

distribución.

Ello, con el fin de lograr una

razonable estabilidad en las relaciones de

distribución en Puerto Rico y erradicar ciertas

prácticas que, más allá de contribuir con la

estabilidad

económica,

inciden

sobre

las

expectativas legítimas que las partes vinculadas

respectivamente ostentan.

Next Step Medical v.

Bromedicon et al., 190 DPR 474, 488 (2014).

Véase, además, Medina & Medina v. Country Pride

Foods, supra.

Según

reflejado

en

la

Exposición

de

Motivos

que

reproducimos a continuación, la Legislatura entendió que,

por su trascendencia en el bienestar económico del país,

era

necesario

actuar

para

detener

estas

prácticas

arbitrarias, contrarias a los convenios existentes entre

las partes, que operaban en detrimento de las empresas

locales:

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico no

puede permanecer indiferente al creciente número

de casos en que empresas domésticas y del

exterior, sin causa justificada, eliminan sus

distribuidores, concesionarios, o agentes, tan

pronto

como

éstos

han

creado

un

mercado

favorable y sin tener en cuenta sus intereses

legítimos.

CC-2014-0440

11

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico

declara que la razonable estabilidad en las

relaciones de distribución en Puerto Rico es

vital a la economía general del país, al interés

público y al bienestar general, y en el

ejercicio

del

poder

policial,

considera

necesario reglamentar, en lo pertinente, el

campo de dichas relaciones, para evitar los

abusos que ciertas prácticas ocasionan.

A.

Remedio Interdictal de la Ley Núm. 75 (Art. 3-A)

La Ley Núm. 75 se enmendó en el 1971 para insertar el

Art. 3-A con el propósito de autorizar expresamente la

concesión de remedios provisionales en casos iniciados por

distribuidores al amparo de la Ley Núm. 75.

La enmienda

surgió en respuesta al caso Félix A. Rodríguez, Inc. v.

Bristol-Myers Co., 281 F.Supp. 643 (DPR 1968), donde el

Tribunal de Distrito Federal se declaró sin autoridad para

obligar

a

las

partes

a

continuar

su

relación

de

distribución pendente lite.

Véase, Next Step Medical v.

Bromedicon

Systema

et

al.,

supra;

de

P.R.,

Inc.

Interface Int’l, supra.

El Art. 3-A dispone:

En cualquier pleito en que esté envuelta

directa o indirectamente la terminación de un

contrato de distribución o cualquier acto en

menoscabo de la relación establecida entre el

principal o concedente y el distribuidor, el

tribunal podrá conceder durante la pendencia del

pleito, cualquier remedio provisional o medida

de naturaleza interdictal para hacer o desistir

de hacer, ordenando a cualquiera de las partes o

a ambas a continuar, en todos sus términos, la

relación establecida mediante el contrato de

distribución, y/o a abstenerse de realizar acto

u omisión alguna en menoscabo de la misma.

En

todo caso en que se solicite el remedio

provisional

aquí

provisto

el

tribunal

considerará los intereses de todas las partes

v.

CC-2014-0440

12

envueltas y los propósitos de política pública

que informa este capítulo. (Énfasis nuestro).

Entre otras alternativas, esta disposición permite a

los tribunales restablecer provisionalmente la relación de

distribución pendente lite en un litigio relacionado al

menoscabo o terminación del vínculo contractual.

De esta

manera, los términos del acuerdo de distribución podrán

continuar

vigentes

mientras

el

tribunal

tiene

consideración los méritos de la reclamación.

bajo

su

Next Step

Medical v. Bromedicon et al., supra; Systema de P.R., Inc.

v. Interface Int’l, supra.

El

historial

del

Art.

propósito de esta enmienda.

debido

a

la

marcada

3-A

arroja

luz

sobre

el

La Legislatura entendió que,

diferencia

económica

entre

el

principal y el distribuidor, la remuneración provista en

la

Ley

Núm.

75

podría

resultar

insuficiente

para

un

distribuidor enfrentar la terminación o el menoscabo a su

relación, durante el tiempo que se prolongara el caso.

Por lo tanto, resultaba necesario contar con alternativas

judiciales

forzaran

que,

ya

dependiendo

fuese

la

de

continuidad

las

circunstancias,

de

la

relación

o

paralizaran aquellas interferencias indebidas durante el

curso del litigio.

Next Step Medical v. Bromedicon et

al.,

de

supra;

Systema

P.R.,

Inc.

v.

Interface

Informe

de

la

Int’l,

supra.

A

esos

efectos,

el

Comisión

de

Industria y Comercio del Senado sobre el P. de la C. 1275

CC-2014-0440

13

y el P. del S. 943 (25 Diario de Sesiones de la Asamblea

Legislativa

(Senado),

830-831

(1971)),

destacó

lo

siguiente:

El P. de la C. 1275 es, sin duda, otra de

las medidas que contribuyen a evitar que se

frustren los propósitos de la repetida Ley núm.

75 de 1964.

La experiencia demuestra que la concesión

de remedios provisionales mientras se dilucidan

los pleitos que se suscitan bajo la susodicha

Ley núm. 75 de 1964, es esencial para evitar se

torne académica la protección que dicho estatuto

ofrece.

Con la aprobación de la medida en cuestión

quedaría claramente establecida la discreción de

los

tribunales

para

otorgar

remedios

provisionales y así evitar se realicen actos que

podrían producir daños irreparables mientras se

dilucida si existe o no, justa causa para la

terminación de la relación contractual.

25

Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa

(Senado) 831 (1971).

Por su parte, el Informe Conjunto de las Comisiones

de Planificación, Comercio e Industria y de Gobierno de la

Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 1275 (25

Diario

de

Sesiones

de

la

Asamblea

Legislativa

(Cámara)

1207 (1971)), expuso lo siguiente en lo pertinente:

Considerados los propósitos de la política

pública que persigue el estatuto, que son

precisamente los de proteger al comerciante

puertorriqueño, es evidente que urge aclarar el

texto de la ley a fin de disipar cualquier duda

sobre las facultades de nuestros tribunales para

conceder remedios provisionales en pleitos sobre

contratos de distribución.

Consideramos que

mediante una orden de remedio provisional se

pueden evitar serios disloques en negocios

establecidos, y el consiguiente desempleo de

numerosos empleados.

Además, con este recurso

judicial,

se

permitirá

al

distribuidor

puertorriqueño

un

tiempo

razonable

para

gestionar otras representaciones.

CC-2014-0440

14

A base de lo anterior, podemos colegir que, a través

del

Art.

3-A

se

trata

de

evitar

que

el

distribuidor,

abrumado por las pérdidas y el peso económico del litigio,

se vea obligado a ceder sus derechos estatutarios ante su

oponente,

y

de

este

modo

efectividad.

Se

pretende

el

estatuto

asegurar

que

pierda

la

su

reclamación

prosiga hasta su desenlace final y vindicar la política

pública que promueve la Ley Núm. 75.

Es

menester

gobiernan

tutelan

el

el

injunction

distinguir

injunction

interdicto

clásico

Procedimiento

disposiciones

32

los

tradicional

provisto

se

Civil,

entre

rige

de

principios

que

aquellos

que

en

el

Art.

por

la

Regla

LPRA

Ap.

correspondientes

V

del

3-A.

El

57.3

de

y

las

(2010),

Código

de

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3521 et seq. (2004),

mientras

que

el

interdicto

estatutario

mandato legislativo expreso.11

en

la

equidad

y

va

dirigido

proviene

de

un

El primero tiene su origen

esencialmente

a

atender

situaciones donde no existe otro remedio adecuado en ley

11

Jurisprudencialmente

hemos

identificado

rectores

para

disponer

de

las

solicitudes

tradicional:

los

siguientes

criterios

de

injunction

preliminar

(1) La naturaleza de los daños que puedan ocasionársele a las

partes

de

concederse

o

denegarse

el

recurso;

(2)

su

irreparabilidad o la existencia de un remedio adecuado en ley;

(3) la probabilidad de que eventualmente la parte promovente

prevalezca al resolverse el litigio en su fondo; (4) la

probabilidad de que la causa se torne académica de no

concederse el injunction, y (5) el posible impacto sobre el

interés público del remedio que se solicita. Next Step Medical

v. Bromedicon et al., 190 DPR 474, 487 (2014). Véase, además,

Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304 (2008);

Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656 (1997).

La Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2010), recoge

estas directrices a la vez que adiciona los requisitos de diligencia y buena

fe.

CC-2014-0440

15

para atender los perjuicios que enfrenta una persona.

Por

su

75

parte,

el

remedio

interdictal

de

la

Ley

Núm.

responde a circunstancias particulares que la Legislatura

ha entendido ameritan atención especial.

Véase, Next Step

Medical v. Bromedicon et al., supra.

En

el

proceso

de

solicitar

por

el

Art.

3-A,

obligado

a

presentar

autorizado

viene

el

remedio

provisional

el reclamante

inicialmente

prueba

facie su condición de distribuidor.

que

demuestre

prima

Ello obedece a que no

pueden reclamarse los beneficios contemplados en la Ley

Núm.

75

de

distribuidor.

no

existir

una

relación

de

principal-

Cobos Liccia v. DeJean Packing Co., Inc.,

supra.

El Art. 3-A cualifica su aplicación en función de dos

criterios

esenciales

que

deben

guiar

el

análisis

del

tribunal en el proceso de resolver si debe conceder algún

remedio interdictal en un caso instado al amparo de la Ley

Núm. 75.

Cónsono con tal mandato, el juzgador deberá

balancear: (1) los intereses de las partes en el litigio,

conjuntamente

con

(2)

el

cumplimiento

con

la

política

pública que reviste la Ley Núm. 75.12

Acorde a los designios del Art. 3-A, el reclamante

deberá

12

presentar

suficiente

prueba

que

demuestre

la

Aunque el uso de los criterios tradicionales del injunction preliminar

no está completamente vedado en el proceso de examinar solicitudes de remedios

provisionales al amparo de la Ley Núm. 75, éstos podrán utilizarse, en la

medida que resulten útiles y pertinentes, siempre condicionados, en primera

instancia, por los principios rectores pautados en el Art. 3-A.

Por su

naturaleza estatutaria, estos dos postulados rigen eminentemente el análisis

relativo al remedio interdictal. Next Step Medical v. Bromedicon et al., 190

DPR 474 (2014).

CC-2014-0440

16

magnitud de los perjuicios que estará sujeto a padecer de

no concederse el injunction preliminar.

En consonancia

con lo anterior, podrá establecer que su reclamación se

tornaría académica de no continuar vigente pendente lite

el vínculo comercial.

Le corresponde igualmente probar

cómo se verían frustrados los intereses protegidos por la

Ley

Núm.

75,

si

no

se

le

permite

permanecer

como

distribuidor hasta tanto concluya el trámite judicial.

Por

su

parte,

defender

su

posición,

interdictal

el

principal

tendrá

oportunidad

si

se

al

solicitado.

es

que

opone

La

obligación

de

de

remedio

tomar

en

consideración los intereses de las partes según dispuesto

en

el

Art.

3-A,

implica

necesariamente

contrastar

los

daños reclamados por el distribuidor con aquellos que trae

a colación el principal.

cómo,

en

preliminar

su

caso

También podrá allegar prueba de

estaría

particular,

reñido

con

conceder

la

el

política

injunction

pública

que

promueve el estatuto.

Los criterios anteriormente esbozados deben aplicarse

de manera flexible adaptándose a cada situación fáctica.

El

tribunal,

liberalidad

en

que

su

sana

rige

discreción,

la

y

guiado

interpretación

por

de

la

las

disposiciones de la Ley Núm. 75, evaluará la evidencia

presentada

para

determinar

si,

en

efecto,

se justifica

CC-2014-0440

obligar

a

17

las

partes

a

continuar

su

relación

de

distribución hasta tanto concluya el litigio.13

Por otro lado, el término justa causa es una defensa

expresamente establecida en la Ley Núm. 75.

defensa afirmativa, es renunciable.

abandonar

esta

defensa

es

Por ser una

El efecto práctico de

admitir

que

se

terminó

o

interfirió indebidamente con la relación de distribución

sin que mediara alguna de las justificaciones provistas en

la Ley de Contratos de Distribución.

principal

viene

obligado

a

Como resultado, el

responder

civilmente

de

aquellos daños que el distribuidor pueda establecer en su

día.

Para

propósitos

aceptación

de

de

Biomet,

este

no

recurso,

existe

a

base

de

la

controversia

que

el

sin

que

vínculo

comercial

entre

las

partes

se

rompió

mediaran

razones

legalmente

válidas

para

ello.

Surge

entonces la interrogante si, bajo estas circunstancias, el

tribunal

podía

dictar

un

interdicto

preliminar

obligándoles a continuar su relación comercial hasta que

se

adjudicasen

los

daños

que

le

corresponden

13

al

A tono con los propósitos que la inspiran, el Art. 4 de la Ley Núm. 75

dispone, específicamente, para que sus preceptos se interpreten liberalmente a

favor del distribuidor.

Las disposiciones del presente capítulo son de orden

público y por lo tanto los derechos que tales disposiciones

determinan no pueden renunciarse.

Este capítulo, por ser de

carácter reparador, deberá interpretarse liberalmente para la

más eficaz protección de tales derechos; en la adjudicación de

las reclamaciones que surjan a su amparo, los tribunales de

justicia reconocerán los referidos derechos a favor de quien

efectivamente tenga a su cargo las actividades de distribución,

no

empece

las

estructuras

o

mecanismos

corporativos

o

contractuales que el principal o concedente pueda haber creado

o impuesto para encubrir la verdadera naturaleza de la relación

establecida. (Énfasis nuestro). 10 LPRA sec. 278c (2013).

CC-2014-0440

18

distribuidor

en

virtud

de

la

Ley

Núm.

75,

sin

antes

considerar los criterios postulados en el Art. 3-A.

B.

Discusión

La reclamación por infracción a la Ley de Contratos

de Distribución constituye una acción reparadora en daños

que

persigue

torticera.

en

la

reivindicación

económica

por

conducta

La propia Ley establece los factores a tomar

consideración

para

garantizar

una

indemnización

apropiada que compense las gestiones del distribuidor en

abrir

y

desarrollar

un

mercado

para

los

productos

o

servicios de los que se trate.

De otra parte, el remedio interdictal responde a unos

criterios específicos insertados en la Ley Núm. 75 con el

propósito

deliberado

de

resguardar

los

derechos

distribuidor por un periodo de tiempo limitado.

del

Son los

intereses de las partes y la protección de la política

pública que informa el estatuto los que rigen su uso.

Según se desprende de lo anterior, la justa causa y

el

interdicto

provisional

representan

separados consignados en un mismo estatuto.

dos

esquemas

A pesar que

ambos se complementan en aras de implementar la política

pública que persigue la Ley Núm. 75, cada uno sirve un

propósito diferente y cuenta con requisitos particulares.

La justa causa se establece como una defensa a la

acción

en

daños

Distribución.

provista

en

la

Ley

de

Contratos

de

El estatuto define la conducta o eventos

que cualifican como tal.

Corresponde al principal en la

CC-2014-0440

relación

19

probar

la

existencia

de

alguno

de

ellos

para

poder eludir la responsabilidad impuesta por la Ley Núm.

75.

Ahora

bien,

el

interdicto

provisional

opera

estrictamente como mecanismo de transición hasta que el

litigio

culmine.

Tiene

como

propósito

evitar

que,

al

retirarle o menoscabar el derecho a vender los productos o

servicios correspondientes, los negocios del distribuidor

se desangren y colapsen económicamente.

Sin embargo, este remedio no opera automáticamente.

Por el contrario, despuntan unos requisitos estatutarios

que exigen que cada parte pruebe cómo sus intereses se

verán perjudicados de concederse o negarse el remedio, a

la

vez

que

se

afectan

las

consideraciones

pública que impone la Ley Núm. 75.

de

política

Así pues, corresponde

al distribuidor agraviado probar el impacto negativo en

sus operaciones comerciales a causa del menoscabo o la

terminación de la distribución, según sea el caso, para

poder obtener un injunction a su favor.

Por su parte, el

principal que se oponga, debe hacer lo propio, ya sea

atacando la validez de los argumentos presentados por el

promovente

o

sobrevendrá

a

aportando

sus

prueba

negocios,

del

productos,

detrimento

que

o

de

servicios,

obligarlo a mantener la relación pendente lite.

Systema de PR v. Interface Int’l, supra.

Véase,

Una vez las

partes expongan sus respectivas posiciones, el juzgador

deberá evaluarlas balanceando los intereses de cada una de

CC-2014-0440

ellas

a

20

la

luz

de

los

propósitos

que

informan

esta

legislación de índole socio-económica para poder tomar una

decisión informada.

Es

preciso

señalar

que,

el

remedio

interdictal

no

adviene académico por el simple hecho que el principal

admita su responsabilidad al reconocer la inexistencia de

justa causa.

A pesar que bajo este supuesto se limita el

caso a la determinación de daños, no hay certeza de cuándo

tendrá lugar esa adjudicación.

En este sentido, previo a

celebrar

las

la

vista

de

daños,

partes

habitualmente

necesitarán llevar a cabo descubrimiento de prueba, además

de

preparar

informes

periciales,

que

validen

sus

respectivas posiciones atinentes a las pérdidas económicas

resarcibles conforme a la Ley Núm. 75.

De igual manera,

pueden surgir dilaciones en el trámite del caso por otras

razones.

Entre tanto, las operaciones del distribuidor

pueden continuar deteriorándose irremediablemente.

De

igual

forma,

el

hecho

de

que

eventualmente

se

indemnice al distribuidor por sus gestiones en desarrollar

un mercado, no elimina la posibilidad que, entre tanto,

sufra

daños

irreparables.

En

algunos

casos,

las

compensaciones que puedan serle adjudicadas, no atienden

adecuadamente

aquellos

perjuicios

intermedios

de

naturaleza inmediata resultantes de la terminación o el

menoscabo de la relación.

Inclusive, cabe la posibilidad

de que la acción indemnizatoria se torne académica debido

a que la empresa no tenga la capacidad económica para

CC-2014-0440

enfrentar

21

un

litigio

si

no

recibe

pendente

lite

los

productos e ingresos provenientes de la distribución o que

se

ponga

entidad

en

peligro

la

comercial.

solvencia

Véase,

y

estabilidad

Systema

de

PR,

de

la

Inc.

v.

Interface Int’l, supra.

Por último, el remedio que contempla el Art. 3-A es

provisional.

No

se

trata

de

una

relación

forzada

a

perpetuidad.

El mecanismo provisto por este articulado,

no implica obligar a un principal a mantenerse en una

relación

propio

de

distribución

estatuto

limita

tiempo definido.

tribunal

podrá

indeseada

su

ad

aplicación

perpetuam.

a

un

El

término

de

Así pues, expresamente dispone que el

conceder

cualquier

medida

“durante la pendencia del pleito”.

interlocutoria

Más importante aún,

este remedio no se concede mecánicamente.

Es necesario

cumplir con los criterios impuestos en el Art. 3-A para

poder justificar la continuidad temporera de la relación

comercial.

Advertimos,

principal

en

estado

anteriormente,

tomar

una

igualmente

además,

el

de

que

por

indefensión.

régimen

pautado

decisión

respecto

se

en

tomen

no

al

ello

se

Según

exige

consideración

los

al

explicamos

que,

injunction

deja

previo

a

temporero,

intereses

del

principal.

No vemos razón para descartar mecánicamente el uso

del remedio interdictal provisional meramente porque el

principal

haya

aceptado

que

no

medió

justa

causa

para

CC-2014-0440

cesar

la

22

relación

de

distribución.

Aunque

aspectos,

su

coincidir

en

algunos

particular,

los

criterios

por

establecidos

en

pueden

naturaleza

el

Art.

3-A

funcionan independientes del resultado de una acción por

violación

a

la

disposiciones

Ley

Núm.

estatutarias

75.

Cada

persigue

una

de

objetivos

estas

propios

aunque sirvan una política pública común.

Concluimos pues, que el remedio interdictal provisto

en la Ley Núm. 75 no está atado a la determinación de

justa causa.

Sancionar esta interpretación frustraría los

designios de la Ley de Distribución y tornaría inoperante

el

Art.

3-A.

Los

remedios

estatutariamente

no

están

determinación

responsabilidad

de

provisionales

limitados

del

a

la

decretados

etapa

litigio.

de

Según

mencionamos anteriormente, los daños pendente lite pueden

extenderse igualmente mientras el tribunal tiene bajo su

consideración los méritos de las cuantías reclamadas.

En el caso que nos ocupa, nunca se le brindó a las

partes la oportunidad de presentar prueba para sostener

sus

respectivas

posiciones

preliminar solicitado.

en

torno

al

interdicto

Consiguientemente, el tribunal no

tuvo ocasión de conciliar sus respectivos intereses a la

luz de la política pública que tutela el estatuto.

El

foro primario entendió que, una vez admitida la ausencia

de

justa

considerar

preliminar.

causa,

los

no

existía

fundamento

de

la

solicitud

de

interdicto

parte,

el

Tribunal

de

Apelaciones

méritos

Por

su

legal

para

CC-2014-0440

23

llegó a la conclusión opuesta.

Determinó que, a base de

la

procedía

admisión

del

peticionario,

el

interdicto

pendente lite sin trámite ulterior alguno y sin que Biomet

se allanara a su expedición.

Erró, por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones al

conceder el remedio interdictal provisional en este caso,

sin que antes se celebrase una vista donde las partes

tuviesen

la

oportunidad

verían

afectados

sus

de

aportar

prueba

respectivos

de

cómo

se

intereses

de

no

concederse, a la luz de los propósitos que inspiran la Ley

Núm. 75 y en cumplimiento con el mandato expreso del Art.

3-A de dicho estatuto.14

III. CONCLUSIÓN

Conforme

lo

anterior,

se

revoca

la

Sentencia

del

Tribunal de Apelaciones del 30 de mayo de 2014, mediante

la

cual

concedió

este caso.

interesado

el

remedio

interdictal

provisional

En la eventualidad que Next Step

en

tramitar

el

injunction

pendente

en

continúe

lite,

el

Tribunal de Primera Instancia deberá señalar vista a tales

efectos lo más pronto posible para evaluar los méritos de

su solicitud a la luz de los criterios provistos en el

Art. 3-A según anteriormente discutido.

14

La vista tiene como propósito permitir a las partes presentar evidencia

sobre aquellos eventos relevantes al trámite en los que están en desacuerdo.

Torres Ponce v. Jiménez, 113 DPR 58, 60 (1982). “Por eso, se ha resuelto que

es innecesario celebrar una vista evidenciaria como requisito previo para

emitir un injunction preliminar cuando no existen controversias de hechos

materiales.” AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros II, 190 DPR 88, 90 (2014).

CC-2014-0440

24

En lo concerniente a la Primera Causa de Acción de la

Segunda Demanda Enmendada,15 únicamente resta el trámite

judicial relacionado a los daños reclamados por Next Step

a tenor de la Ley Núm. 75.

Ya que la parte peticionaria

renunció a su defensa de justa causa para terminar el

contrato

de

distribución

en

cuestión,

procede

que

el

Tribunal de Primera Instancia señale la celebración de la

correspondiente vista de daños a la brevedad posible.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Roberto Feliberti Cintrón

Juez Asociado

15

Véase la página 3 de esta Opinión.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

NEXT STEP MEDICAL CO.,

INC.; JORGE IVÁN DÁVILA

NIEVES, MADELINE RODRÍGUEZ

MUÑOZ Y LA SOCIEDAD LEGAL

DE GANANCIALES COMPUESTA

POR AMBOS

Recurridos

Núm. CC-2014-0440

v.

Certiorari

BIOMET,

INC.;

BIOMET

INTERNATIONAL,

LTD.;

BIOMET 3i, LLC; BIOMET

ORTHOPEDICS PUERTO RICO,

INC.; FULANO DE TAL

Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de junio de 2016.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente

Sentencia,

se

revoca

la

Sentencia

del

Tribunal

de

Apelaciones del 30 de mayo de 2014, mediante la cual

concedió el remedio interdictal provisional en este caso.

En la eventualidad que Next Step continúe interesado en

tramitar el injunction pendente lite, el Tribunal de

Primera Instancia deberá señalar vista a tales efectos lo

más pronto posible para evaluar los méritos de su solicitud

a la luz de los criterios provistos en el Art. 3-A según

discutido en la Opinión.

En lo concerniente a la Primera Causa de Acción de la

Segunda Demanda Enmendada, únicamente resta el trámite

judicial relacionado a los daños reclamados por Next Step a

tenor de la Ley Núm. 75.

Ya que la parte peticionaria

renunció a su defensa de justa causa para terminar el

contrato de distribución en cuestión, procede que el

Tribunal de Primera Instancia señale la celebración de la

correspondiente vista de daños a la brevedad posible.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no

intervino.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo