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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús

2016 TSPR 112

Poder Judicial de Puerto Rico

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Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús

AC-2016-11

Derecho de familia: trámite procesal diligente que debe seguirse en el Tribunal de Primera Instancia ante una solicitud de traslado de una menor a otra jurisdicción

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Shaila Muñoz Sánchez

Peticionaria

2016 TSPR 112

v.

195 DPR ____

Samuel Báez de Jesús

Recurrido

Número del Caso: AC-2016-11

Fecha: 26 de mayo de 2016

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón, Panel VII

Abogada de la Peticionaria:

Lcda. Ruth Pizarro Rodríguez

Abogada del Recurrido:

Lcda. María E. Juarbe i Botella

Materia: Derecho de familia: trámite procesal diligente que debe

seguirse en el Tribunal de Primera Instancia ante una solicitud de

traslado de una menor a otra jurisdicción.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Shaila Muñoz Sánchez

Peticionaria

Núm. AC-2016-0011

v.

Samuel Báez de Jesús

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2016.

En esta ocasión, nos corresponde evaluar el trámite

procesal

de

una

solicitud

de

traslado

de

una

menor

al

estado de Tennessee presentada por la madre de ésta en el

año 2015 y que, al día de hoy, permanece irresoluta.

I

La Sra. Shaila Muñoz Sánchez procreó a una niña con el

Sr.

Samuel

Báez

de

Jesús.

Las

partes

nunca

contrajeron

nupcias ni convivieron como pareja consensual. Asimismo, la

menor de edad siempre ha vivido con la señora Muñoz Sánchez

en la casa de los padres de ésta. El señor Báez de Jesús,

por su parte, paga una pensión alimentaria a favor de la

menor

de

asumido

$100.00

todas

las

mensuales.

La

señora

responsabilidades

Muñoz

Sánchez

relacionadas

con

ha

la

salud y la educación de la menor.

En el 2012, la señora Muñoz Sánchez acudió al tribunal

para establecer las relaciones paterno filiales de la menor

con el señor Báez de Jesús. Esto, luego de que, en el 2012,

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solicitara una orden de protección en contra de éste por

una agresión física que sufrió en una ocasión en la que

debía

hacer

entrega

de

la

menor.

Las

partes

fueron

referidas a la Unidad de Trabajo Social y, en el 2013, se

inició un estudio social que resultó en la presentación de

un informe. En este último, se determinó que el señor Báez

carecía de un lugar en donde pudiese acomodar a la menor

durante las visitas y en el que ésta pudiese pernoctar.

Posteriormente, en febrero de 2014, la señora Muñoz Sánchez

solicitó la paralización de las relaciones paterno filiales

luego de que la menor demostrara resistencia a relacionarse

con

su

social

padre.

Concedida

asignada

al

caso

la

paralización,

recomendó

que

la

el

trabajadora

asunto

fuese

referido a una sicóloga.

A través de las gestiones de la sicóloga seleccionada

por las partes, se restablecieron las relaciones paterno

filiales. No obstante, éstas se limitaron a visitas por

parte del señor Báez a la menor los sábados y domingos

alternos

de

10:00

a.m.

a

5:00

p.m.

Así

las

cosas,

reanudadas las relaciones entre la menor y su padre, la

señora Muñoz Sánchez recibió una atractiva oferta de empleo

en el estado de Tennessee. La aceptación de tal oferta

conllevaba

un

proceso

de

relocalización,

búsqueda

de

vivienda, transportación y educación para la menor y su

hermano mayor, quien no es hijo del señor Báez y cuyo padre

no se opuso al traslado. Aceptada la oferta de empleo, el

30 de julio de 2015, la señora Muñoz Sánchez solicitó al

AC-2016-0011

3

Tribunal de Primera Instancia que permitiera la salida de

la menor al estado de Tennessee. En su solicitud, incluyó

información relacionada con la oferta de empleo, datos de

vivienda,

educación

y

todos

los

servicios

que

la

menor

recibiría como consecuencia del traslado. Además, presentó

una

oferta

de

relaciones

paterno

filiales

para

la

aprobación del foro primario.

El 4 de agosto de 2015, el foro de instancia dictó una

orden prohibiendo el traslado de la menor al estado de

Tennessee. Asimismo, refirió el asunto a una trabajadora

social

para

que

ampliara

el

estudio

de

fijación

de

relaciones paterno filiares y auscultara el sentir de la

menor con relación al traslado. Para realizar este trámite,

concedió a la trabajadora social un término de diez (10)

días. El 14 de agosto de 2015, la trabajadora social a

quien

le

requería

fue

asignado

sesenta

(60)

el

caso

informó

días

laborables

al

tribunal

que

para

completar

su

informe conforme al Manual de normas y procedimientos de

las unidades sociales de relaciones de familia y asuntos de

menores.

De otra parte, el 17 de agosto de 2015, el señor Báez

de Jesús presentó su oposición al traslado de la menor. El

foro

primario,

por

su

parte,

dictó

una

orden

el

20

de

agosto de 2015, mediante la cual señaló una vista para el

8 de

octubre

planteamientos

de

de

2015,

las

en

la

que

partes.

se

discutirían

Además,

reiteró

los

la

prohibición de salida de la menor hasta que emitiera la

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4

determinación correspondiente. Previo a la celebración de

la

vista,

el

9

de

septiembre

de

2015,

la

señora

Muñoz

Sánchez presentó una moción informativa por vía de la cual

notificó su salida de la jurisdicción y esbozó nuevamente

sus

argumentos

sobre

la

procedencia

del

traslado

de

la

menor al estado de Tennessee. El 11 de septiembre de 2015,

el señor Báez de Jesús presentó una moción, indicando que

recogería a la menor de casa de sus abuelos maternos y la

retendría hasta que el tribunal dispusiera lo contrario.

El 14 de septiembre de 2015, la señora Muñoz Sánchez

compareció ante el foro primario mediante Moción de extrema

urgencia y auxilio del tribunal de solicitud de remedio de

entrega

de

menor

a

abuelos

maternos

por

negligencia

educativa. En ésta, le informó al tribunal que el señor

Báez se negaba a llevar a la menor a la escuela, no le

contestaba

las

llamadas

y

la

utilizaba

como

ficha

de

negociación para que se le redujera la pensión alimentaria.

Al día siguiente, la señora Muñoz Sánchez se comunicó con

la escuela de la menor, en donde le informaron que, una vez

más,

ésta

no

se

había

reportado.

Luego

de

recibir

una

llamada de la menor en la que ésta le pidió que la fuera a

buscar, la señora Muñoz Sánchez decidió viajar ese mismo

día a Puerto Rico para recogerla de la casa del señor Báez

de Jesús.

Luego de varios incidentes, incluyendo la intervención

de la Policía estatal y el Departamento de Familia con el

señor Báez de Jesús, la menor fue entregada a su madre. El

AC-2016-0011

5

21 de septiembre de 2015, la sicóloga del caso, luego de

entrevistar

a

la

menor,

presentó

tribunal refiriendo el asunto

indicación

expresa

de

una

carta-moción

al

a una trabajadora social con

prohibición

de

relaciones

paterno

filiales hasta que el tribunal tomara su determinación. El

tribunal

de

instancia,

por

su

parte,

autorizó

la

designación de una trabajadora social para que realizara un

informe con recomendaciones finales.

El 21 de septiembre de 2015, se celebró una vista ante

el

foro

primario

en

la

que

las

partes

expusieron

sus

respectivas posiciones en torno al traslado de la menor.

Ese mismo día, en horas de la tarde, los abuelos maternos

de la menor fueron entrevistados por la trabajadora social,

quien sometió una moción urgente al día siguiente. En ésta,

recomendó que se establecieran relaciones paterno filiales

sin pernoctar los sábados y domingos alternos de 10:00 a.m.

a 5:00 p.m. El 29 de septiembre de 2015, el Tribunal de

Primera

Instancia

dictó

una

resolución

mediante

la

cual

acogió la recomendación de la trabajadora social en torno a

la

relaciones

paterno

filiales

y

dispuso

que

la

señora

Muñoz Sánchez continuaría teniendo la custodia de la menor

provisionalmente

mientras

se

encontrara

en

Puerto

Rico.

Además dispuso que, si la madre salía de la jurisdicción,

la custodia correspondería a los abuelos maternos.

El

8

de

octubre

de

2015,

día

para

el

cual

estaba

pautada la vista para discutir el traslado de la menor, el

foro primario le informó a las partes que esperaría el

AC-2016-0011

6

resultado del informe social interagencial para tomar su

determinación. Inconforme, la señora Muñoz Sánchez presentó

un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones,

acompañado

Solicitó

por

que

una

se

moción

en

auxilio

de

revocara

la

determinación

jurisdicción.

de

custodia

provisional, puesto que la misma implicaba que se le había

revocado la custodia permanente sobre la menor. Solicitó,

además,

que

se

autorizara

la

salida

provisional

de

la

menor, aduciendo que ésta se encontraba subsumida en un

estado de tristeza e incertidumbre al no poder trasladarse

a Tennessee con su madre.

El 1 de diciembre de 2015, el Tribunal de Apelaciones

confirmó la orden de custodia provisional del Tribunal de

Primera

Instancia.

deferencia

debida

Fundamentó

a

la

su

Unidad

curso

de

acción

en

la

Social

de

las

Salas

de

Familia y Menores y al informe final que se rendiría con

relación al caso. Por tanto, ordenó la celebración de una

vista

en

un

término

de

diez

(10)

días

para

que

se

presentara

el

informe

y

se

hiciera

una

recomendación

relacionada con la custodia de la menor. Según informa la

señora

Muñoz

Sánchez,

la

vista

nunca

se

celebró

y

el

informe complementario fue finalmente presentado el 13 de

enero de 2016. No obstante, la Unidad Social indicó que no

había recibido el informe complementario y que correspondía

revaluar a las partes para preparar un nuevo informe final.

El

presentó

8

de

febrero

ante

este

de

2016,

Tribunal

la

un

señora

Muñoz

recurso

de

Sánchez

apelación

AC-2016-0011

acompañado

7

por

una

Moción

urgente

en

auxilio

de

jurisdicción solicitando se autorice la salida de la menor

a

la

ciudad

emitimos

de

una

Nashville

resolución

TN.

El

mediante

4

de

marzo

de

2016,

la

cual

autorizamos

la

salida de la menor al estado de Tennessee del 18 al 27 de

marzo de 2016.

En lo que respecta al recurso presentado, acogido como

un

certiorari,

ordenamos

a

las

partes

a

comparecer

y

mostrar causa por la cual no debíamos expedir una orden al

Tribunal de Primera Instancia para que, en un término de

cinco (5) días, requiriera a la trabajadora social de la

Unidad Social de las Salas de Familia y Menores presentar

el informe completo. Una vez el foro primario recibiera el

informe, ordenaríamos la celebración de una vista, también

en

un

término

de

cinco

(5)

días,

para

atender

en

los

méritos la solicitud de traslado presentada por la señora

Muñoz Sánchez. En cumplimiento con nuestra orden, el 11 de

marzo

de

2016,

el

señor

Báez

de

Jesús

presentó

una

Comparecencia especial en cumplimiento de orden. Mediante

ésta, informó que no tenía recursos económicos para litigar

los

asuntos

planteados,

determinaciones

que

por

lo

hiciera

que

este

se

allanaría

Tribunal

a

conforme

las

a

derecho.

II

En

momento

incontables

de

hacer

ocasiones

una

hemos

determinación

resuelto

de

que,

al

custodia,

los

tribunales han de regirse por el bienestar y los mejores

AC-2016-0011

8

intereses del menor. Véase Rexach v. Ramírez, 162 D.P.R.

130, 147–148 (2004); Maldonado v. Burris, 154 D.P.R. 161,

164 (2001); Depto. de la Familia v. Soto, 147 D.P.R. 618

(1999); Ex parte Torres, 118 D.P.R. 469 (1987); Nudelman v.

Ferrer Bolívar, 107 D.P.R. 495 (1978); Ortiz v. Vega, 107

D.P.R. 831 (1978); Marrero Reyes v. García Ramírez, 105

D.P.R.

90

(1976).

Ello,

porque

los

tribunales

están

llamados a ejercer su poder inherente, en la función de

parens patriae del Estado, de velar por el mejor bienestar

de

los

(2000).

menores.

Pena

De

manera,

esta

v.

Pena,

152

D.P.R.

820,

832-33

en

eventualidad

en

que

la

un

tribunal perciba un conflicto entre intereses ajenos y el

mejor interés de un menor, se debe resolver a favor de este

último. Ortiz v. Meléndez, 164 D.P.R. 16, 28 (2005).

Consistentemente hemos dictaminado que, al hacer una

determinación

sobre

la

custodia

de

un

menor,

deben

examinarse factores tales como la preferencia del menor, su

sexo, su edad, salud mental y física; el cariño que las

partes podrían brindarle; la habilidad de las partes para

satisfacer debidamente las necesidades afectivas, morales y

económicas del menor; el grado de ajuste de éste al hogar,

la escuela y la comunidad en que vive; su interrelación con

las partes, sus hermanos y otros miembros de la familia; y

la salud psíquica de todas las partes, entre otros. Marrero

Reyes, 105 D.P.R. en la pág. 105. Estos factores, a su vez,

“[h]ay que sopesarlos todos para juzgar de qué lado se

inclina la balanza y al menos aproximarse al logro de la

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9

solución más justa en asunto de tan extrema dificultad”.

Id. en la pág. 106. Así, una determinación de custodia

constituye un ejercicio ponderado de discreción judicial

que siempre debe redundar en el mejor bienestar del menor.

Conforme a las prerrogativas que derivan del poder de

parens patriae del Estado, un tribunal puede ordenar la

comparecencia de todas las personas que puedan ayudar a

determinar la mejor manera de proteger el bienestar del

menor. Esta responsabilidad incluye, a su vez, la potestad

de

ordenar

tribunal

las

investigaciones

entienda

procedentes.

de

índole

Véase

social

Pena

v.

que

el

Pena,

152

D.P.R. 820 (2000). A esos efectos, las Unidades Sociales de

Relaciones

de

Familia

y

Asuntos

de

Menores

tienen

como

función principal ofrecer al juzgador asesoramiento social

mediante

evaluaciones

periciales

que

permitan

tomar

decisiones informadas en los casos ante su consideración.

Véase Oficina de Administración de los Tribunales, Circular

Núm. 6 del 6 de agosto de 2013, en la pág. 1.

De otra parte, el Manual de normas y procedimientos de

las unidades sociales de relaciones de familia y asuntos de

menores (Manual) detalla el proceso a seguir en casos en

que se requiera una evaluación pericial por parte de un

trabajador social. En cuanto a las responsabilidades de los

trabajadores

sociales,

el

Manual

establece

que

éstos

deberán, cuando les sea requerido por un tribunal, preparar

un Informe social forense. Una vez completado tal informe,

el trabajador social deberá entregar el expediente social

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completo al Técnico o Auxiliar de Sistemas de Oficina de la

Unidad Social de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores

no más tarde de treinta (30) días calendario. El técnico o

auxiliar,

por

su

parte,

remitirá

el

expediente

a

la

secretaría del tribunal para que el juez examine el informe

social y emita las órdenes que estime pertinentes. Véase

Oficina

de

Administración

de

Tribunales,

Normas

y

procedimientos de las unidades sociales de relaciones de

familia y asuntos de menores 25-30 (Agosto, 2013).

III

El dilatado trámite procesal de este caso devela una

inobservancia reprobable de un procedimiento que tiene como

norte brindar certeza y estabilidad al entorno familiar de

un menor de edad. Según se desprende del expediente, la

señora

Muñoz

Sánchez

realizó

diligentemente

todos

los

trámites conducentes a concretar el traslado de la menor al

estado de Tennessee. No obstante, sus esfuerzos se vieron

obstaculizados por dilaciones inaceptables en el proceso de

preparar

el

informe

determinación

social

fundamentada

correspondiente

en

el

mejor

y

tomar

bienestar

de

una

la

menor. Como anticipamos, al día de hoy, el informe no ha

sido presentado ante el tribunal y el futuro de la menor se

encuentra en un estado de incertidumbre incompatible con

los

mejores

intereses

que,

en

el

ejercicio

de

nuestra

función de parens patriae, estamos llamados a proteger.

En

vista

de

lo

anterior,

se

expide

el

auto

solicitado, acogido como un certiorari, y se ordena al

AC-2016-0011

11

Tribunal de Primera Instancia que, en un término de cinco

(5) días, requiera la entrega, por parte de la trabajadora

social

de

Menores

la

del

Unidad

Social

de las

informe

completo

con

Salas

las

de

Familia

y

recomendaciones

finales para el caso.

Una vez el foro primario reciba el referido informe,

ordenamos

la

celebración

de

una

vista,

también

en

un

término de cinco (5) días para atender, en los méritos, la

solicitud de traslado permanente presentada por la señora

Muñoz Sánchez. Celebrada la vista, el Tribunal de Primera

Instancia deberá adjudicar, en un término no mayor de diez

(10)

días,

la

solicitud

de

traslado

presentada

por

la

señora Muñoz Sánchez.

Se dictará sentencia de conformidad.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Shaila Muñoz Sánchez

Peticionaria

v.

Núm. AC-2016-0011

Samuel Báez de Jesús

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2016

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, se expide el auto solicitado, acogido como

un certiorari, y se ordena al Tribunal de Primera

Instancia que, en un término de cinco (5) días,

requiera la entrega, por parte de la trabajadora

social de la Unidad Social de las Salas de Familia y

Menores del informe completo con las recomendaciones

finales para el caso.

Una vez el foro primario reciba el referido

informe, ordenamos la celebración de una vista,

también en un término de cinco (5) días para

atender, en los méritos, la solicitud de traslado

permanente presentada por la señora Muñoz Sánchez.

Celebrada la vista, el Tribunal de Primera Instancia

deberá adjudicar, en un término no mayor de diez

(10) días, la solicitud de traslado presentada por

la señora Muñoz Sánchez.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo