Tribunal Supremo de Puerto Rico
Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús
2016 TSPR 112
Poder Judicial de Puerto Rico
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Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús
AC-2016-11
Derecho de familia: trámite procesal diligente que debe seguirse en el Tribunal de Primera Instancia ante una solicitud de traslado de una menor a otra jurisdicción
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Shaila Muñoz Sánchez
Peticionaria
2016 TSPR 112
v.
195 DPR ____
Samuel Báez de Jesús
Recurrido
Número del Caso: AC-2016-11
Fecha: 26 de mayo de 2016
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón, Panel VII
Abogada de la Peticionaria:
Lcda. Ruth Pizarro Rodríguez
Abogada del Recurrido:
Lcda. María E. Juarbe i Botella
Materia: Derecho de familia: trámite procesal diligente que debe
seguirse en el Tribunal de Primera Instancia ante una solicitud de
traslado de una menor a otra jurisdicción.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Shaila Muñoz Sánchez
Peticionaria
Núm. AC-2016-0011
v.
Samuel Báez de Jesús
Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2016.
En esta ocasión, nos corresponde evaluar el trámite
procesal
de
una
solicitud
de
traslado
de
una
menor
al
estado de Tennessee presentada por la madre de ésta en el
año 2015 y que, al día de hoy, permanece irresoluta.
I
La Sra. Shaila Muñoz Sánchez procreó a una niña con el
Sr.
Samuel
Báez
de
Jesús.
Las
partes
nunca
contrajeron
nupcias ni convivieron como pareja consensual. Asimismo, la
menor de edad siempre ha vivido con la señora Muñoz Sánchez
en la casa de los padres de ésta. El señor Báez de Jesús,
por su parte, paga una pensión alimentaria a favor de la
menor
de
asumido
$100.00
todas
las
mensuales.
La
señora
responsabilidades
Muñoz
Sánchez
relacionadas
con
ha
la
salud y la educación de la menor.
En el 2012, la señora Muñoz Sánchez acudió al tribunal
para establecer las relaciones paterno filiales de la menor
con el señor Báez de Jesús. Esto, luego de que, en el 2012,
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solicitara una orden de protección en contra de éste por
una agresión física que sufrió en una ocasión en la que
debía
hacer
entrega
de
la
menor.
Las
partes
fueron
referidas a la Unidad de Trabajo Social y, en el 2013, se
inició un estudio social que resultó en la presentación de
un informe. En este último, se determinó que el señor Báez
carecía de un lugar en donde pudiese acomodar a la menor
durante las visitas y en el que ésta pudiese pernoctar.
Posteriormente, en febrero de 2014, la señora Muñoz Sánchez
solicitó la paralización de las relaciones paterno filiales
luego de que la menor demostrara resistencia a relacionarse
con
su
social
padre.
Concedida
asignada
al
caso
la
paralización,
recomendó
que
la
el
trabajadora
asunto
fuese
referido a una sicóloga.
A través de las gestiones de la sicóloga seleccionada
por las partes, se restablecieron las relaciones paterno
filiales. No obstante, éstas se limitaron a visitas por
parte del señor Báez a la menor los sábados y domingos
alternos
de
10:00
a.m.
a
5:00
p.m.
Así
las
cosas,
reanudadas las relaciones entre la menor y su padre, la
señora Muñoz Sánchez recibió una atractiva oferta de empleo
en el estado de Tennessee. La aceptación de tal oferta
conllevaba
un
proceso
de
relocalización,
búsqueda
de
vivienda, transportación y educación para la menor y su
hermano mayor, quien no es hijo del señor Báez y cuyo padre
no se opuso al traslado. Aceptada la oferta de empleo, el
30 de julio de 2015, la señora Muñoz Sánchez solicitó al
AC-2016-0011
3
Tribunal de Primera Instancia que permitiera la salida de
la menor al estado de Tennessee. En su solicitud, incluyó
información relacionada con la oferta de empleo, datos de
vivienda,
educación
y
todos
los
servicios
que
la
menor
recibiría como consecuencia del traslado. Además, presentó
una
oferta
de
relaciones
paterno
filiales
para
la
aprobación del foro primario.
El 4 de agosto de 2015, el foro de instancia dictó una
orden prohibiendo el traslado de la menor al estado de
Tennessee. Asimismo, refirió el asunto a una trabajadora
social
para
que
ampliara
el
estudio
de
fijación
de
relaciones paterno filiares y auscultara el sentir de la
menor con relación al traslado. Para realizar este trámite,
concedió a la trabajadora social un término de diez (10)
días. El 14 de agosto de 2015, la trabajadora social a
quien
le
requería
fue
asignado
sesenta
(60)
el
caso
informó
días
laborables
al
tribunal
que
para
completar
su
informe conforme al Manual de normas y procedimientos de
las unidades sociales de relaciones de familia y asuntos de
menores.
De otra parte, el 17 de agosto de 2015, el señor Báez
de Jesús presentó su oposición al traslado de la menor. El
foro
primario,
por
su
parte,
dictó
una
orden
el
20
de
agosto de 2015, mediante la cual señaló una vista para el
8 de
octubre
planteamientos
de
de
2015,
las
en
la
que
partes.
se
discutirían
Además,
reiteró
los
la
prohibición de salida de la menor hasta que emitiera la
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4
determinación correspondiente. Previo a la celebración de
la
vista,
el
9
de
septiembre
de
2015,
la
señora
Muñoz
Sánchez presentó una moción informativa por vía de la cual
notificó su salida de la jurisdicción y esbozó nuevamente
sus
argumentos
sobre
la
procedencia
del
traslado
de
la
menor al estado de Tennessee. El 11 de septiembre de 2015,
el señor Báez de Jesús presentó una moción, indicando que
recogería a la menor de casa de sus abuelos maternos y la
retendría hasta que el tribunal dispusiera lo contrario.
El 14 de septiembre de 2015, la señora Muñoz Sánchez
compareció ante el foro primario mediante Moción de extrema
urgencia y auxilio del tribunal de solicitud de remedio de
entrega
de
menor
a
abuelos
maternos
por
negligencia
educativa. En ésta, le informó al tribunal que el señor
Báez se negaba a llevar a la menor a la escuela, no le
contestaba
las
llamadas
y
la
utilizaba
como
ficha
de
negociación para que se le redujera la pensión alimentaria.
Al día siguiente, la señora Muñoz Sánchez se comunicó con
la escuela de la menor, en donde le informaron que, una vez
más,
ésta
no
se
había
reportado.
Luego
de
recibir
una
llamada de la menor en la que ésta le pidió que la fuera a
buscar, la señora Muñoz Sánchez decidió viajar ese mismo
día a Puerto Rico para recogerla de la casa del señor Báez
de Jesús.
Luego de varios incidentes, incluyendo la intervención
de la Policía estatal y el Departamento de Familia con el
señor Báez de Jesús, la menor fue entregada a su madre. El
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5
21 de septiembre de 2015, la sicóloga del caso, luego de
entrevistar
a
la
menor,
presentó
tribunal refiriendo el asunto
indicación
expresa
de
una
carta-moción
al
a una trabajadora social con
prohibición
de
relaciones
paterno
filiales hasta que el tribunal tomara su determinación. El
tribunal
de
instancia,
por
su
parte,
autorizó
la
designación de una trabajadora social para que realizara un
informe con recomendaciones finales.
El 21 de septiembre de 2015, se celebró una vista ante
el
foro
primario
en
la
que
las
partes
expusieron
sus
respectivas posiciones en torno al traslado de la menor.
Ese mismo día, en horas de la tarde, los abuelos maternos
de la menor fueron entrevistados por la trabajadora social,
quien sometió una moción urgente al día siguiente. En ésta,
recomendó que se establecieran relaciones paterno filiales
sin pernoctar los sábados y domingos alternos de 10:00 a.m.
a 5:00 p.m. El 29 de septiembre de 2015, el Tribunal de
Primera
Instancia
dictó
una
resolución
mediante
la
cual
acogió la recomendación de la trabajadora social en torno a
la
relaciones
paterno
filiales
y
dispuso
que
la
señora
Muñoz Sánchez continuaría teniendo la custodia de la menor
provisionalmente
mientras
se
encontrara
en
Puerto
Rico.
Además dispuso que, si la madre salía de la jurisdicción,
la custodia correspondería a los abuelos maternos.
El
8
de
octubre
de
2015,
día
para
el
cual
estaba
pautada la vista para discutir el traslado de la menor, el
foro primario le informó a las partes que esperaría el
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6
resultado del informe social interagencial para tomar su
determinación. Inconforme, la señora Muñoz Sánchez presentó
un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones,
acompañado
Solicitó
por
que
una
se
moción
en
auxilio
de
revocara
la
determinación
jurisdicción.
de
custodia
provisional, puesto que la misma implicaba que se le había
revocado la custodia permanente sobre la menor. Solicitó,
además,
que
se
autorizara
la
salida
provisional
de
la
menor, aduciendo que ésta se encontraba subsumida en un
estado de tristeza e incertidumbre al no poder trasladarse
a Tennessee con su madre.
El 1 de diciembre de 2015, el Tribunal de Apelaciones
confirmó la orden de custodia provisional del Tribunal de
Primera
Instancia.
deferencia
debida
Fundamentó
a
la
su
Unidad
curso
de
acción
en
la
Social
de
las
Salas
de
Familia y Menores y al informe final que se rendiría con
relación al caso. Por tanto, ordenó la celebración de una
vista
en
un
término
de
diez
(10)
días
para
que
se
presentara
el
informe
y
se
hiciera
una
recomendación
relacionada con la custodia de la menor. Según informa la
señora
Muñoz
Sánchez,
la
vista
nunca
se
celebró
y
el
informe complementario fue finalmente presentado el 13 de
enero de 2016. No obstante, la Unidad Social indicó que no
había recibido el informe complementario y que correspondía
revaluar a las partes para preparar un nuevo informe final.
El
presentó
8
de
febrero
ante
este
de
2016,
Tribunal
la
un
señora
Muñoz
recurso
de
Sánchez
apelación
AC-2016-0011
acompañado
7
por
una
Moción
urgente
en
auxilio
de
jurisdicción solicitando se autorice la salida de la menor
a
la
ciudad
emitimos
de
una
Nashville
resolución
TN.
El
mediante
4
de
marzo
de
2016,
la
cual
autorizamos
la
salida de la menor al estado de Tennessee del 18 al 27 de
marzo de 2016.
En lo que respecta al recurso presentado, acogido como
un
certiorari,
ordenamos
a
las
partes
a
comparecer
y
mostrar causa por la cual no debíamos expedir una orden al
Tribunal de Primera Instancia para que, en un término de
cinco (5) días, requiriera a la trabajadora social de la
Unidad Social de las Salas de Familia y Menores presentar
el informe completo. Una vez el foro primario recibiera el
informe, ordenaríamos la celebración de una vista, también
en
un
término
de
cinco
(5)
días,
para
atender
en
los
méritos la solicitud de traslado presentada por la señora
Muñoz Sánchez. En cumplimiento con nuestra orden, el 11 de
marzo
de
2016,
el
señor
Báez
de
Jesús
presentó
una
Comparecencia especial en cumplimiento de orden. Mediante
ésta, informó que no tenía recursos económicos para litigar
los
asuntos
planteados,
determinaciones
que
por
lo
hiciera
que
este
se
allanaría
Tribunal
a
conforme
las
a
derecho.
II
En
momento
incontables
de
hacer
ocasiones
una
hemos
determinación
resuelto
de
que,
al
custodia,
los
tribunales han de regirse por el bienestar y los mejores
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8
intereses del menor. Véase Rexach v. Ramírez, 162 D.P.R.
130, 147–148 (2004); Maldonado v. Burris, 154 D.P.R. 161,
164 (2001); Depto. de la Familia v. Soto, 147 D.P.R. 618
(1999); Ex parte Torres, 118 D.P.R. 469 (1987); Nudelman v.
Ferrer Bolívar, 107 D.P.R. 495 (1978); Ortiz v. Vega, 107
D.P.R. 831 (1978); Marrero Reyes v. García Ramírez, 105
D.P.R.
90
(1976).
Ello,
porque
los
tribunales
están
llamados a ejercer su poder inherente, en la función de
parens patriae del Estado, de velar por el mejor bienestar
de
los
(2000).
menores.
Pena
De
manera,
esta
v.
Pena,
152
D.P.R.
820,
832-33
en
eventualidad
en
que
la
un
tribunal perciba un conflicto entre intereses ajenos y el
mejor interés de un menor, se debe resolver a favor de este
último. Ortiz v. Meléndez, 164 D.P.R. 16, 28 (2005).
Consistentemente hemos dictaminado que, al hacer una
determinación
sobre
la
custodia
de
un
menor,
deben
examinarse factores tales como la preferencia del menor, su
sexo, su edad, salud mental y física; el cariño que las
partes podrían brindarle; la habilidad de las partes para
satisfacer debidamente las necesidades afectivas, morales y
económicas del menor; el grado de ajuste de éste al hogar,
la escuela y la comunidad en que vive; su interrelación con
las partes, sus hermanos y otros miembros de la familia; y
la salud psíquica de todas las partes, entre otros. Marrero
Reyes, 105 D.P.R. en la pág. 105. Estos factores, a su vez,
“[h]ay que sopesarlos todos para juzgar de qué lado se
inclina la balanza y al menos aproximarse al logro de la
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9
solución más justa en asunto de tan extrema dificultad”.
Id. en la pág. 106. Así, una determinación de custodia
constituye un ejercicio ponderado de discreción judicial
que siempre debe redundar en el mejor bienestar del menor.
Conforme a las prerrogativas que derivan del poder de
parens patriae del Estado, un tribunal puede ordenar la
comparecencia de todas las personas que puedan ayudar a
determinar la mejor manera de proteger el bienestar del
menor. Esta responsabilidad incluye, a su vez, la potestad
de
ordenar
tribunal
las
investigaciones
entienda
procedentes.
de
índole
Véase
social
Pena
v.
que
el
Pena,
152
D.P.R. 820 (2000). A esos efectos, las Unidades Sociales de
Relaciones
de
Familia
y
Asuntos
de
Menores
tienen
como
función principal ofrecer al juzgador asesoramiento social
mediante
evaluaciones
periciales
que
permitan
tomar
decisiones informadas en los casos ante su consideración.
Véase Oficina de Administración de los Tribunales, Circular
Núm. 6 del 6 de agosto de 2013, en la pág. 1.
De otra parte, el Manual de normas y procedimientos de
las unidades sociales de relaciones de familia y asuntos de
menores (Manual) detalla el proceso a seguir en casos en
que se requiera una evaluación pericial por parte de un
trabajador social. En cuanto a las responsabilidades de los
trabajadores
sociales,
el
Manual
establece
que
éstos
deberán, cuando les sea requerido por un tribunal, preparar
un Informe social forense. Una vez completado tal informe,
el trabajador social deberá entregar el expediente social
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10
completo al Técnico o Auxiliar de Sistemas de Oficina de la
Unidad Social de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores
no más tarde de treinta (30) días calendario. El técnico o
auxiliar,
por
su
parte,
remitirá
el
expediente
a
la
secretaría del tribunal para que el juez examine el informe
social y emita las órdenes que estime pertinentes. Véase
Oficina
de
Administración
de
Tribunales,
Normas
y
procedimientos de las unidades sociales de relaciones de
familia y asuntos de menores 25-30 (Agosto, 2013).
III
El dilatado trámite procesal de este caso devela una
inobservancia reprobable de un procedimiento que tiene como
norte brindar certeza y estabilidad al entorno familiar de
un menor de edad. Según se desprende del expediente, la
señora
Muñoz
Sánchez
realizó
diligentemente
todos
los
trámites conducentes a concretar el traslado de la menor al
estado de Tennessee. No obstante, sus esfuerzos se vieron
obstaculizados por dilaciones inaceptables en el proceso de
preparar
el
informe
determinación
social
fundamentada
correspondiente
en
el
mejor
y
tomar
bienestar
de
una
la
menor. Como anticipamos, al día de hoy, el informe no ha
sido presentado ante el tribunal y el futuro de la menor se
encuentra en un estado de incertidumbre incompatible con
los
mejores
intereses
que,
en
el
ejercicio
de
nuestra
función de parens patriae, estamos llamados a proteger.
En
vista
de
lo
anterior,
se
expide
el
auto
solicitado, acogido como un certiorari, y se ordena al
AC-2016-0011
11
Tribunal de Primera Instancia que, en un término de cinco
(5) días, requiera la entrega, por parte de la trabajadora
social
de
Menores
la
del
Unidad
Social
de las
informe
completo
con
Salas
las
de
Familia
y
recomendaciones
finales para el caso.
Una vez el foro primario reciba el referido informe,
ordenamos
la
celebración
de
una
vista,
también
en
un
término de cinco (5) días para atender, en los méritos, la
solicitud de traslado permanente presentada por la señora
Muñoz Sánchez. Celebrada la vista, el Tribunal de Primera
Instancia deberá adjudicar, en un término no mayor de diez
(10)
días,
la
solicitud
de
traslado
presentada
por
la
señora Muñoz Sánchez.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Shaila Muñoz Sánchez
Peticionaria
v.
Núm. AC-2016-0011
Samuel Báez de Jesús
Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2016
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, se expide el auto solicitado, acogido como
un certiorari, y se ordena al Tribunal de Primera
Instancia que, en un término de cinco (5) días,
requiera la entrega, por parte de la trabajadora
social de la Unidad Social de las Salas de Familia y
Menores del informe completo con las recomendaciones
finales para el caso.
Una vez el foro primario reciba el referido
informe, ordenamos la celebración de una vista,
también en un término de cinco (5) días para
atender, en los méritos, la solicitud de traslado
permanente presentada por la señora Muñoz Sánchez.
Celebrada la vista, el Tribunal de Primera Instancia
deberá adjudicar, en un término no mayor de diez
(10) días, la solicitud de traslado presentada por
la señora Muñoz Sánchez.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario
del Tribunal Supremo.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo