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Tribunal Supremo de Puerto Rico

García Colón v. Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos

2016 TSPR 109

Poder Judicial de Puerto Rico

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García Colón v. Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos

CC-2015-933

Resolución con Voto Particular Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Guillermo García Colón

Peticionaria

Certiorari

v.

2016 TSPR 109

Oficina del Procurador de las

Personas con Impedimentos

195 DPR ____

Recurrida

Número del Caso: CC-2015-933

Fecha: 25 de mayo de 2016

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan, Panel II

Abogado de la parte Peticionaria:

Por derecho propio

Materia: Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Guillermo García Colón

Peticionario

v.

CC-2015-0933

Certiorari

Oficina del Procurador de las

Personas con Impedimentos

Recurrida

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2016.

Examinada

la

Moción

en

Solicitud

de

Certificaciones y Traducciones in Forma Pauperis

presentada por el peticionario, se provee No Ha

Lugar.

Notifíquese inmediatamente por teléfono, facsímil

o correo electrónico, y notifíquese posteriormente

por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo.

La Jueza Presidenta Oronoz

Rodríguez disiente. El Juez Asociado señor Estrella

Martínez emitió un Voto Particular Disidente.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Guillermo García Colón

Peticionario

v.

CC-2015-933

Certiorari

Oficina del Procurador de

las

Personas

con

Impedimentos

Recurrida

Voto particular disidente

ESTRELLA MARTÍNEZ

emitido

por

el

Juez

Asociado

SEÑOR

San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2016.

Hoy tuvimos la oportunidad de dar un paso adicional para

fortalecer el reconocimiento del derecho de acceso a la justicia

como un derecho fundamental. Esa garantía de igualdad tan solo le

costaba

a

resoluciones

este

y

una

Tribunal

certificar

Sentencia,

para

que

y

traducir

tres

(3)

un

litigante

in

forma

pauperis pudiera ejercer su derecho a solicitar que el Tribunal

Supremo de los Estados Unidos de América nos revisara. A fin de

cuentas, lo poco que éste le solicitaba a este Tribunal era que

reconociera que “there can be no equal justice where the kind of

trial

1

a

man

gets

depends

on

the

amount

of

money

he

has.”1

Griffin v. Illinois, 351 US 12, 19 (1956); véanse, además,

Bounds v. Smith, 430 US 817 (1977); los Artículos 1, 2, 6, 7, 8 y

10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, A.G. Res.

217 (III) A, N.U. Doc. A/RES/217 (III) (10 de diciembre de 1948)

que enmarcan el reconocimiento del acceso a la justicia como un

derecho fundamental independiente. Para una discusión del derecho

de acceso a la justicia como un derecho humano fundamental, véase

también, L. Estrella Martínez, El derecho internacional como pilar

del acceso a la justicia, Revista Digital AdRem de la Asociación

Nacional de Estudiantes de Derecho (Octubre 2015), disponible en:

http://aned-pr.org/adrem/el-derecho-internacional-como-pilar-delacceso-a-la-justicia/.

CC-2015-933

2

En el caso ante nos, el Sr. Guillermo García Colón (señor

García

Colón

petición

de

o

peticionario)

certiorari

en

presentó

la

que

por

cuestionó

derecho

su

propio

despido

de

una

la

Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos e invocó,

entre

otros

derechos,

la

protección

constitucional

que

le

garantiza un debido proceso de ley.

Mediante la Resolución emitida el 22 de enero de 2016, la

Sala de Despacho III de este Tribunal declaró No Ha Lugar la

petición instada. Posteriormente, el señor García Colón presentó,

sin éxito, su Primera Solicitud de Reconsideración y la Segunda

Solicitud de Reconsideración, configurándose una denegatoria final

del recurso discrecional presentado por éste.

Así las cosas, recurrió ante nos para solicitar que, por su

estado

de

indigencia,

se

le

provean

las

certificaciones

y

traducciones necesarias para comparecer ante el Tribunal Supremo

de los Estados Unidos de América, amparado en la Regla 47 del

Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXI-B,

R. 47. Sin embargo, este Tribunal declaró no ha lugar la solicitud

del peticionario. Discrepo de tal proceder.

CC-2015-933

3

I

Como

trámites

es

sabido,

judiciales

para

se

cubrir

los

gastos

requiere

el

pago

asociados

de

los

a

los

aranceles

correspondientes. Conforme a ello, de ordinario, toda persona que

presente un reclamo judicial o petición de algún tipo debe pagar

los

aranceles

correspondientes

y

adherir

los

sellos

correspondientes a su recurso. Gran Vista I v. Gutiérrez y otros,

170 DPR 174, 188 (2007).

Ahora bien, existen circunstancias en las cuales la persona

que interesa acudir ante los tribunales está impedida de sufragar

los

costos

asociados

con

el

litigio

por

razón

de

insolvencia

económica. En aras de evitar que la situación de indigencia sea un

obstáculo para que una persona litigue y reivindique sus derechos,

nuestro

ordenamiento

permite

la

llamada

litigación

in

forma

pauperis. En síntesis, ello tiene la finalidad de abrirles las

puertas de los tribunales a todos los ciudadanos, no empece la

incapacidad

económica

de

algunos

para

sufragar

los

costos

asociados a un litigio. Íd., pág. 191. De esta forma, el litigante

que obtiene un permiso para tramitar su caso in forma pauperis,

está exento de pagar los aranceles o derechos de presentación

requeridos por ley. Íd.

Con relación a lo anterior, este Tribunal ha afirmado que

para litigar

in forma pauperis, tanto en causas de naturaleza

criminal como civil, el solicitante no viene obligado a demostrar

que

es

absolutamente

insolvente,

desamparado,

y

sin

medios

de

vida. Íd. Más bien, lo que se le requiere es probar que por motivo

de pobreza no puede pagar los derechos. Íd.; Camacho v. Corte, 67

DPR 802, 804 (1947). Todo lo anterior pone de manifiesto que las

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4

personas indigentes tienen la oportunidad de recibir el acceso

necesario

a

los

foros

judiciales

para

exponer

sus

reclamos

o

reivindicar sus derechos. En ese sentido, la insolvencia económica

no debe representar una traba para la consecución de tal fin.

II

Independientemente del criterio que tengamos los jueces de

los tribunales recurridos en torno a los méritos o no de un caso,

las partes poseen el derecho de tocar las puertas al Tribunal

Supremo de los Estados Unidos de América para intentar revisar

nuestros dictámenes finales.

Específicamente, el recurso de certiorari ante el Tribunal

Supremo de los Estados Unidos de América contempla la revisión de

la siguiente manera:

Final judgments or decrees rendered by the highest court

of a State in which a decision could be had, may be

reviewed by the Supreme Court by writ of certiorari where

the validity of a treaty or statute of the United States

is drawn in question or where the validity of a statute

of any State is drawn in question on the ground of its

being repugnant to the Constitution, treaties, or laws of

the United States, or where any title, right, privilege,

or immunity is specially set up or claimed under the

Constitution or the treaties or statutes of, or any

commission held or authority exercised under, the United

States. 28 USCA sec. 1257. (Énfasis suplido).

Asimismo, la Regla 13(1) del Reglamento del Tribunal Supremo

de los Estados Unidos de América dispone el término para acudir

ante ese Foro y contempla que cuando “a writ of certiorari seeking

review of a judgment of a lower state court that is subject to

discretionary review by the state court of last resort is timely

when is filed with the Clerk within 90 days after entry of the

order denying discretionary review”. U.S. Sup. Ct. Rule 13 (1), 28

USCA. (Énfasis suplido). Por consiguiente, no existe duda de que

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la

5

denegatoria

de

atender

el

asunto

discrecional

puede

ser

revisada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América.

Así pues, el procedimiento para que un litigante acuda ante

ese

Foro

in

forma

pauperis

está

regido

por

la

Regla

39

del

Reglamento del Tribunal Supremo de Estados Unidos de América. U.S.

Sup. Ct. Rule 39, 28 USCA. A su vez, las Reglas 12.2 y 14(1)(i)

facilitan al litigante in forma pauperis, que no sea confinado, la

presentación del recurso de certiorari, al requerirle meramente

acompañar el original y 10 copias de: (1) la petición para litigar

como tal y (2) la petición de certiorari y presentar como parte de

su apéndice únicamente las opiniones, órdenes, conclusiones y el

decreto a revisarse.

Por su parte, el Guide for prospective indigent petitioners

for writs of certiorari orienta que este tipo de litigante solo

presentará el original y 10 copias solicitando litigar in forma

pauperis y un original y 10 copias de la petición de certiorari

“with an appendix consisting of a copy of the judgement of decree”

del cual se solicita revisión. Estas guías precisan que: “if the

highest state court denied discretionary review, and the state

court of appeals affirmed the decision of the trial court, the

state

court

of

appeals

should

be

listed”.

Véanse, Rules 12.2 y 14(1)(i), 28 USCA;

indigent

petitioners

for

writs

of

(Énfasis

suplido).

Guide for prospective

certiorari,

disponible

en

http://www.supremecourt.gov/casehand/guideforIFPcases2015.pdf.

De

esta forma, se

el

propicia un trámite menos oneroso para que

Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América pueda considerar

si procede a expedir o no el recurso presentado por un litigante

indigente.

CC-2015-933

6

De las disposiciones anteriores, surge con claridad que la

jurisdicción del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América

no

está

limitada

a

los

casos

en

los

que

este

Tribunal

dicte

sentencia. También, pueden revisarse aquellos casos en los que se

deniegue atender un asunto, siempre y cuando se cumpla con los

criterios para expedir el auto. En esos casos, el litigante in

forma

pauperis

denegatoria

de

deberá

este

acompañar

Tribunal

y

una

copia

de

del

dictamen

la

resolución

emitido

por

el

Tribunal de Apelaciones que subsistió como consecuencia de nuestra

discreción para no atender el asunto presentado.

Ante ese cuadro, procede cuestionarse lo siguiente: ¿debe el

Reglamento

del

Tribunal

Supremo

de

Puerto

Rico

considerar

las

normas expuestas, en aras de no ignorar el procedimiento dispuesto

por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América referente

a los litigantes in forma pauperis? En caso de que exista una

laguna que no cubra los dictámenes finales de denegatorias, ¿cómo

procedería atender la solicitud del peticionario? Veamos.

III

La Regla 47 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto

Rico,

supra,

establece

el

procedimiento

para

solicitar

traducciones in forma pauperis para aquellos litigantes que su

estado

económico

podría

afectar

ese

curso

de

acción.

En

pertinente, dispone como sigue:

(a) A solicitud de cualquier litigante que sea indigente

o de su abogado o abogada, y para la revisión por el

Tribunal Supremo de Estados Unidos de América de una

sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Puerto rico

en un caso civil o criminal, este Tribunal, por conducto

de su Secretario o Secretaria, expedirá, libres de costo

algunas, unas copias certificadas traducidas al inglés de

las partes del expediente que hayan sido designadas por

la parte apelante conforme al Reglamento del Tribunal

Supremo de los Estados Unidos de América, así como

lo

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7

cualquier contradesignación que haga la parte apelada

conforme a dicho Reglamento. También expedirá, en todo

caso, copia certificada de la opinión y sentencia de este

Tribunal y del escrito de apelación presentado. Cuando se

trate de un recurso de certiorari presentado al Tribunal

Supremo de Estados Unidos de América, se expedirá copia

certificada del expediente del caso traducido al inglés.

Íd.

De esta forma, la citada Regla no establece consideración

alguna con relación a si el recurso que se pretende presentar

carece de todo mérito y la probabilidad de que el Tribunal Supremo

de los Estados Unidos de América acceda a expedir o no cualquier

recurso presentado por el peticionario.

Empero, la citada disposición contiene un lenguaje en el cual

se limita a hacer referencia a la expedición de la traducción de

aquellos

recursos

“sentencia”

en

emitida

los

por

que

este

se

solicita

Tribunal,

y

revisión

nada

de

una

contempla

en

aquellos casos en que, en el ejercicio de nuestra discreción, se

deniegue la expedición de un recurso de certiorari. Ante ello, y

conforme a la Regla 50 del Reglamento del Tribunal Supremo de

Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 50, este Tribunal posee la

facultad

para,

en

situaciones

no

previstas

por

el

reglamento,

“encauzar el trámite en la forma que a su juicio sirva los mejores

intereses de todas las partes”. Íd.

En consecuencia, la interpretación armoniosa de la totalidad

del

Reglamento

del

Tribunal

Supremo

de

Puerto

Rico,

en

la

solicitud que nos ocupa, debiera ser el reconocimiento de que

“sentencia” no puede excluir “Opiniones” ni “dictámenes finales”

que emitamos, como ciertamente son las denegatorias de recursos

discrecionales.

De

este

modo,

realizaríamos

también

una

CC-2015-933

8

interpretación

que

se

ajuste

al

estado

de

derecho

vigente

en

nuestra relación colonial.

Además, la propia Regla 47, supra, en reconocimiento de la

jurisdicción

del

Tribunal

Supremo

de

los

Estados

Unidos

de

América, nos remite a los procesos ante ese Foro, el cual como ya

explicamos contiene unas garantías expresas para los litigantes in

forma pauperis.

Ante ese cuadro, una lectura formalista y autómata de la

Regla 47 nos

conduce a un

choque innecesario

con el Tribunal

Supremo Federal y tiene el efecto real de limitar que una parte

pueda ejercer su derecho a solicitar revisión ante ese Foro. Por

el contrario, bastaba con suplirle al ciudadano una traducción al

inglés de la Resolución denegando la expedición del recurso de

certiorari,

las

resoluciones

presentadas

ante

este

Tribunal

atendiendo

y

del

las

dictamen

reconsideraciones

emitido

por

el

indigente

de

Tribunal de Apelaciones.

De

esta

forma,

no

le

privamos

al

litigante

ejercer su derecho a instar un recurso ante el Tribunal Supremo de

Estados Unidos de América ni pasamos juicio en torno a los méritos

que éste pueda o no tener para que se expida su petición ante ese

Foro, en esta etapa apelativa de los procedimientos.

IV

En

consecuencia,

hubiese

ordenado

la

certificación

y

traducción al inglés, libre de costo, de la Resolución denegatoria

de este Tribunal emitida el 22 de enero de 2016, la Resolución

declarando no ha lugar la Primera Solicitud de Reconsideración

emitida el 4 de marzo de 2016, la Resolución declarando no ha

lugar la Segunda Solicitud de Reconsideración emitida el 15 de

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abril

de

9

2016

y

la

Sentencia

emitida

por

el

Tribunal

de

Apelaciones el 30 de septiembre de 2015. Ante un curso de acción

contrario de este Tribunal, respetuosamente disiento.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado