Tribunal Supremo de Puerto Rico
García Colón v. Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos
2016 TSPR 109
Poder Judicial de Puerto Rico
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García Colón v. Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos
CC-2015-933
Resolución con Voto Particular Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Guillermo García Colón
Peticionaria
Certiorari
v.
2016 TSPR 109
Oficina del Procurador de las
Personas con Impedimentos
195 DPR ____
Recurrida
Número del Caso: CC-2015-933
Fecha: 25 de mayo de 2016
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan, Panel II
Abogado de la parte Peticionaria:
Por derecho propio
Materia: Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Guillermo García Colón
Peticionario
v.
CC-2015-0933
Certiorari
Oficina del Procurador de las
Personas con Impedimentos
Recurrida
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2016.
Examinada
la
Moción
en
Solicitud
de
Certificaciones y Traducciones in Forma Pauperis
presentada por el peticionario, se provee No Ha
Lugar.
Notifíquese inmediatamente por teléfono, facsímil
o correo electrónico, y notifíquese posteriormente
por la vía ordinaria.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario
del Tribunal Supremo.
La Jueza Presidenta Oronoz
Rodríguez disiente. El Juez Asociado señor Estrella
Martínez emitió un Voto Particular Disidente.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Guillermo García Colón
Peticionario
v.
CC-2015-933
Certiorari
Oficina del Procurador de
las
Personas
con
Impedimentos
Recurrida
Voto particular disidente
ESTRELLA MARTÍNEZ
emitido
por
el
Juez
Asociado
SEÑOR
San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2016.
Hoy tuvimos la oportunidad de dar un paso adicional para
fortalecer el reconocimiento del derecho de acceso a la justicia
como un derecho fundamental. Esa garantía de igualdad tan solo le
costaba
a
resoluciones
este
y
una
Tribunal
certificar
Sentencia,
para
que
y
traducir
tres
(3)
un
litigante
in
forma
pauperis pudiera ejercer su derecho a solicitar que el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos de América nos revisara. A fin de
cuentas, lo poco que éste le solicitaba a este Tribunal era que
reconociera que “there can be no equal justice where the kind of
trial
1
a
man
gets
depends
on
the
amount
of
money
he
has.”1
Griffin v. Illinois, 351 US 12, 19 (1956); véanse, además,
Bounds v. Smith, 430 US 817 (1977); los Artículos 1, 2, 6, 7, 8 y
10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, A.G. Res.
217 (III) A, N.U. Doc. A/RES/217 (III) (10 de diciembre de 1948)
que enmarcan el reconocimiento del acceso a la justicia como un
derecho fundamental independiente. Para una discusión del derecho
de acceso a la justicia como un derecho humano fundamental, véase
también, L. Estrella Martínez, El derecho internacional como pilar
del acceso a la justicia, Revista Digital AdRem de la Asociación
Nacional de Estudiantes de Derecho (Octubre 2015), disponible en:
http://aned-pr.org/adrem/el-derecho-internacional-como-pilar-delacceso-a-la-justicia/.
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En el caso ante nos, el Sr. Guillermo García Colón (señor
García
Colón
petición
de
o
peticionario)
certiorari
en
presentó
la
que
por
cuestionó
derecho
su
propio
despido
de
una
la
Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos e invocó,
entre
otros
derechos,
la
protección
constitucional
que
le
garantiza un debido proceso de ley.
Mediante la Resolución emitida el 22 de enero de 2016, la
Sala de Despacho III de este Tribunal declaró No Ha Lugar la
petición instada. Posteriormente, el señor García Colón presentó,
sin éxito, su Primera Solicitud de Reconsideración y la Segunda
Solicitud de Reconsideración, configurándose una denegatoria final
del recurso discrecional presentado por éste.
Así las cosas, recurrió ante nos para solicitar que, por su
estado
de
indigencia,
se
le
provean
las
certificaciones
y
traducciones necesarias para comparecer ante el Tribunal Supremo
de los Estados Unidos de América, amparado en la Regla 47 del
Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXI-B,
R. 47. Sin embargo, este Tribunal declaró no ha lugar la solicitud
del peticionario. Discrepo de tal proceder.
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3
I
Como
trámites
es
sabido,
judiciales
para
se
cubrir
los
gastos
requiere
el
pago
asociados
de
los
a
los
aranceles
correspondientes. Conforme a ello, de ordinario, toda persona que
presente un reclamo judicial o petición de algún tipo debe pagar
los
aranceles
correspondientes
y
adherir
los
sellos
correspondientes a su recurso. Gran Vista I v. Gutiérrez y otros,
170 DPR 174, 188 (2007).
Ahora bien, existen circunstancias en las cuales la persona
que interesa acudir ante los tribunales está impedida de sufragar
los
costos
asociados
con
el
litigio
por
razón
de
insolvencia
económica. En aras de evitar que la situación de indigencia sea un
obstáculo para que una persona litigue y reivindique sus derechos,
nuestro
ordenamiento
permite
la
llamada
litigación
in
forma
pauperis. En síntesis, ello tiene la finalidad de abrirles las
puertas de los tribunales a todos los ciudadanos, no empece la
incapacidad
económica
de
algunos
para
sufragar
los
costos
asociados a un litigio. Íd., pág. 191. De esta forma, el litigante
que obtiene un permiso para tramitar su caso in forma pauperis,
está exento de pagar los aranceles o derechos de presentación
requeridos por ley. Íd.
Con relación a lo anterior, este Tribunal ha afirmado que
para litigar
in forma pauperis, tanto en causas de naturaleza
criminal como civil, el solicitante no viene obligado a demostrar
que
es
absolutamente
insolvente,
desamparado,
y
sin
medios
de
vida. Íd. Más bien, lo que se le requiere es probar que por motivo
de pobreza no puede pagar los derechos. Íd.; Camacho v. Corte, 67
DPR 802, 804 (1947). Todo lo anterior pone de manifiesto que las
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personas indigentes tienen la oportunidad de recibir el acceso
necesario
a
los
foros
judiciales
para
exponer
sus
reclamos
o
reivindicar sus derechos. En ese sentido, la insolvencia económica
no debe representar una traba para la consecución de tal fin.
II
Independientemente del criterio que tengamos los jueces de
los tribunales recurridos en torno a los méritos o no de un caso,
las partes poseen el derecho de tocar las puertas al Tribunal
Supremo de los Estados Unidos de América para intentar revisar
nuestros dictámenes finales.
Específicamente, el recurso de certiorari ante el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos de América contempla la revisión de
la siguiente manera:
Final judgments or decrees rendered by the highest court
of a State in which a decision could be had, may be
reviewed by the Supreme Court by writ of certiorari where
the validity of a treaty or statute of the United States
is drawn in question or where the validity of a statute
of any State is drawn in question on the ground of its
being repugnant to the Constitution, treaties, or laws of
the United States, or where any title, right, privilege,
or immunity is specially set up or claimed under the
Constitution or the treaties or statutes of, or any
commission held or authority exercised under, the United
States. 28 USCA sec. 1257. (Énfasis suplido).
Asimismo, la Regla 13(1) del Reglamento del Tribunal Supremo
de los Estados Unidos de América dispone el término para acudir
ante ese Foro y contempla que cuando “a writ of certiorari seeking
review of a judgment of a lower state court that is subject to
discretionary review by the state court of last resort is timely
when is filed with the Clerk within 90 days after entry of the
order denying discretionary review”. U.S. Sup. Ct. Rule 13 (1), 28
USCA. (Énfasis suplido). Por consiguiente, no existe duda de que
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la
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denegatoria
de
atender
el
asunto
discrecional
puede
ser
revisada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América.
Así pues, el procedimiento para que un litigante acuda ante
ese
Foro
in
forma
pauperis
está
regido
por
la
Regla
39
del
Reglamento del Tribunal Supremo de Estados Unidos de América. U.S.
Sup. Ct. Rule 39, 28 USCA. A su vez, las Reglas 12.2 y 14(1)(i)
facilitan al litigante in forma pauperis, que no sea confinado, la
presentación del recurso de certiorari, al requerirle meramente
acompañar el original y 10 copias de: (1) la petición para litigar
como tal y (2) la petición de certiorari y presentar como parte de
su apéndice únicamente las opiniones, órdenes, conclusiones y el
decreto a revisarse.
Por su parte, el Guide for prospective indigent petitioners
for writs of certiorari orienta que este tipo de litigante solo
presentará el original y 10 copias solicitando litigar in forma
pauperis y un original y 10 copias de la petición de certiorari
“with an appendix consisting of a copy of the judgement of decree”
del cual se solicita revisión. Estas guías precisan que: “if the
highest state court denied discretionary review, and the state
court of appeals affirmed the decision of the trial court, the
state
court
of
appeals
should
be
listed”.
Véanse, Rules 12.2 y 14(1)(i), 28 USCA;
indigent
petitioners
for
writs
of
(Énfasis
suplido).
Guide for prospective
certiorari,
disponible
en
http://www.supremecourt.gov/casehand/guideforIFPcases2015.pdf.
De
esta forma, se
el
propicia un trámite menos oneroso para que
Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América pueda considerar
si procede a expedir o no el recurso presentado por un litigante
indigente.
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6
De las disposiciones anteriores, surge con claridad que la
jurisdicción del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América
no
está
limitada
a
los
casos
en
los
que
este
Tribunal
dicte
sentencia. También, pueden revisarse aquellos casos en los que se
deniegue atender un asunto, siempre y cuando se cumpla con los
criterios para expedir el auto. En esos casos, el litigante in
forma
pauperis
denegatoria
de
deberá
este
acompañar
Tribunal
y
una
copia
de
del
dictamen
la
resolución
emitido
por
el
Tribunal de Apelaciones que subsistió como consecuencia de nuestra
discreción para no atender el asunto presentado.
Ante ese cuadro, procede cuestionarse lo siguiente: ¿debe el
Reglamento
del
Tribunal
Supremo
de
Puerto
Rico
considerar
las
normas expuestas, en aras de no ignorar el procedimiento dispuesto
por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América referente
a los litigantes in forma pauperis? En caso de que exista una
laguna que no cubra los dictámenes finales de denegatorias, ¿cómo
procedería atender la solicitud del peticionario? Veamos.
III
La Regla 47 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto
Rico,
supra,
establece
el
procedimiento
para
solicitar
traducciones in forma pauperis para aquellos litigantes que su
estado
económico
podría
afectar
ese
curso
de
acción.
En
pertinente, dispone como sigue:
(a) A solicitud de cualquier litigante que sea indigente
o de su abogado o abogada, y para la revisión por el
Tribunal Supremo de Estados Unidos de América de una
sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Puerto rico
en un caso civil o criminal, este Tribunal, por conducto
de su Secretario o Secretaria, expedirá, libres de costo
algunas, unas copias certificadas traducidas al inglés de
las partes del expediente que hayan sido designadas por
la parte apelante conforme al Reglamento del Tribunal
Supremo de los Estados Unidos de América, así como
lo
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cualquier contradesignación que haga la parte apelada
conforme a dicho Reglamento. También expedirá, en todo
caso, copia certificada de la opinión y sentencia de este
Tribunal y del escrito de apelación presentado. Cuando se
trate de un recurso de certiorari presentado al Tribunal
Supremo de Estados Unidos de América, se expedirá copia
certificada del expediente del caso traducido al inglés.
Íd.
De esta forma, la citada Regla no establece consideración
alguna con relación a si el recurso que se pretende presentar
carece de todo mérito y la probabilidad de que el Tribunal Supremo
de los Estados Unidos de América acceda a expedir o no cualquier
recurso presentado por el peticionario.
Empero, la citada disposición contiene un lenguaje en el cual
se limita a hacer referencia a la expedición de la traducción de
aquellos
recursos
“sentencia”
en
emitida
los
por
que
este
se
solicita
Tribunal,
y
revisión
nada
de
una
contempla
en
aquellos casos en que, en el ejercicio de nuestra discreción, se
deniegue la expedición de un recurso de certiorari. Ante ello, y
conforme a la Regla 50 del Reglamento del Tribunal Supremo de
Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 50, este Tribunal posee la
facultad
para,
en
situaciones
no
previstas
por
el
reglamento,
“encauzar el trámite en la forma que a su juicio sirva los mejores
intereses de todas las partes”. Íd.
En consecuencia, la interpretación armoniosa de la totalidad
del
Reglamento
del
Tribunal
Supremo
de
Puerto
Rico,
en
la
solicitud que nos ocupa, debiera ser el reconocimiento de que
“sentencia” no puede excluir “Opiniones” ni “dictámenes finales”
que emitamos, como ciertamente son las denegatorias de recursos
discrecionales.
De
este
modo,
realizaríamos
también
una
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interpretación
que
se
ajuste
al
estado
de
derecho
vigente
en
nuestra relación colonial.
Además, la propia Regla 47, supra, en reconocimiento de la
jurisdicción
del
Tribunal
Supremo
de
los
Estados
Unidos
de
América, nos remite a los procesos ante ese Foro, el cual como ya
explicamos contiene unas garantías expresas para los litigantes in
forma pauperis.
Ante ese cuadro, una lectura formalista y autómata de la
Regla 47 nos
conduce a un
choque innecesario
con el Tribunal
Supremo Federal y tiene el efecto real de limitar que una parte
pueda ejercer su derecho a solicitar revisión ante ese Foro. Por
el contrario, bastaba con suplirle al ciudadano una traducción al
inglés de la Resolución denegando la expedición del recurso de
certiorari,
las
resoluciones
presentadas
ante
este
Tribunal
atendiendo
y
del
las
dictamen
reconsideraciones
emitido
por
el
indigente
de
Tribunal de Apelaciones.
De
esta
forma,
no
le
privamos
al
litigante
ejercer su derecho a instar un recurso ante el Tribunal Supremo de
Estados Unidos de América ni pasamos juicio en torno a los méritos
que éste pueda o no tener para que se expida su petición ante ese
Foro, en esta etapa apelativa de los procedimientos.
IV
En
consecuencia,
hubiese
ordenado
la
certificación
y
traducción al inglés, libre de costo, de la Resolución denegatoria
de este Tribunal emitida el 22 de enero de 2016, la Resolución
declarando no ha lugar la Primera Solicitud de Reconsideración
emitida el 4 de marzo de 2016, la Resolución declarando no ha
lugar la Segunda Solicitud de Reconsideración emitida el 15 de
CC-2015-933
abril
de
9
2016
y
la
Sentencia
emitida
por
el
Tribunal
de
Apelaciones el 30 de septiembre de 2015. Ante un curso de acción
contrario de este Tribunal, respetuosamente disiento.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado