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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Amalia Hernández Biascoechea

2016 TSPR 100

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Amalia Hernández Biascoechea

AB-2014-124 AB-2015-96

Conducta Profesional- Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía ante evidencia médica acreditativa de que enfrenta una condición mental que impide el ejercicio cabal y adecuado de la profesión jurídica

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2016 TSPR 100

195 DPR ____

Amalia Hernández Biascoechea

Número del Caso: AB-2014-124

AB-2015-96

Fecha: 2 de mayo de 2016

Abogado del Promovido:

Lcdo. Antonio J. Bennazar Zequeira

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Karla Z. Pacheco Alvarez

Subprocuradora General

Lcda. Yaizamarie Lugo Fontanez

Procuradora General

Materia: La suspensión será efectiva el 4 de mayo de 2016, fecha

en que se le notificó a la abogada de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Amalia Hernández Biascoechea

AB-2014-124

AB-2015-96

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 2 de mayo de 2016.

En

virtud

del

Tribunal

para

abogacía,

estamos

quienes

poder

reglamentar

ejercen

inherente

la

obligados

la

práctica

a

profesión

de

este

de

la

garantizar

que

estén

mentalmente

aptos para realizar sus labores de forma competente

y diligente. Ante tal ineludible compromiso, no

hemos vacilado en implantar medidas para garantizar

el

desempeño

de

los

abogados

y

abogadas

que

comparecen ante nos.

Hoy atendemos la situación de una abogada que

admite y acompaña evidencia médica acreditativa de

que

enfrenta

impide

el

una

condición

ejercicio

cabal

mental,

y

la

adecuado

cual

le

de

las

AB-2014-124, AB-2015-96

2

funciones propias de la profesión, por lo que debemos tomar

aquellas medidas de protección social mientras subsista esa

incapacidad.

I

La

Lcda.

Amalia

Hernández

Biascoechea

(licenciada

Hernández Biascoechea) fue admitida a la profesión de la

abogacía el 30 de junio de 2008. En su carrera profesional,

ha

sido

objeto

de

múltiples

quejas

con

relación

a

su

desempeño como abogada. En todas éstas, se reclama la falta

de atención y diligencia por parte de la letrada en el

manejo de los casos, su falta de comunicación, y el cobro

de honorarios, a pesar de no haber realizado las gestiones

encomendadas.1

Asimismo,

la

licenciada

Hernández

Biascoechea justificó sus actuaciones por su estado físico

y mental de salud. Veamos.

Queja AB-2014-124

En

inició

lo

concerniente

cuando

la

Sra.

al

Wanda

proceso

I.

AB-2014-124,

Carrasquillo

éste

Rodríguez

(señora Carrasquillo Rodríguez), reclamó haber contratado a

la licenciada Hernández Biascoechea para incoar un reclamo

patronal de despido injustificado. Para ello, la señora

Carrasquillo

Rodríguez

sostiene

que

pagó

a

la

letrada

varios adelantos. De igual forma, señala que la contrató

para tramitar una apelación ante el seguro social. Sin

embargo, la quejosa sostuvo que perdió comunicación con la

licenciada Hernández Biascoechea, quien no ejecutó la labor

1

Entre estos procesos, se destacan las quejas

siguientes: AB-2013-194, AB-2014-124, AB-2014-353, AB2015-96.

AB-2014-124, AB-2015-96

para

la

cual

Carrasquillo

fue

3

contratada.

Rodríguez

Posteriormente,

solicitó

desistir

de

la

señora

la

queja

presentada tras dialogar con la abogada y concederle una

oportunidad para tramitar sus reclamos. En consecuencia,

este Tribunal emitió Resolución el 20 de junio de 2014

ordenando el archivo del asunto.

No

obstante,

la

señora

Carrasquillo

Rodríguez

compareció nuevamente ante este Tribunal mediante escrito

presentado el 13 de marzo de 2015. En éste, nos informó que

la licenciada Hernández Biascoechea nunca le notificó en

torno a la Sentencia obtenida en el caso encomendado. De la

misma, surge que luego de presentada su acción, las partes

demandadas solicitaron desestimación por prescripción. A

pesar

de

habérsele

concedido

un

término

para

que

la

licenciada Hernández Biascoechea presentara su posición,

ésta no lo hizo. Tras examinar las solicitudes presentadas,

el Tribunal de Primera Instancia procedió a desestimar la

causa de acción de la señora Carrasquillo Rodríguez, por

haber

sido

presentada

en

exceso

de

los

tres

años

del

despido.

Mediante Resolución emitida el 30 de junio de 2015,

ordenamos

expresara

a

la

licenciada

sobre

el

Hernández

asunto

Biascoechea

traído

ante

que

se

nuestra

consideración. Al día de hoy, la letrada no ha comparecido.

Queja AB-2015-96

De

otra

parte,

la

Sra.

Elisa

N.

Pérez

Moral

(en

adelante señora Pérez Moral) presentó una queja contra la

licenciada

Hernández

Biascoechea.

En

ésta,

alegó

que

AB-2014-124, AB-2015-96

contrató

a

la

abogada

4

y

le

pagó

honorarios

para

unos

trámites judiciales que no realizó y desatendió. Asimismo,

señaló que la licenciada Hernández Biascoechea se excusó y

explicó que su mal proceder se debió a su situación de

salud.

La

señora

Pérez

Moral

concedió

una

segunda

oportunidad a la letrada. Empero, la señora Pérez Moral

indicó que debido a la falta de diligencia de la licenciada

Hernández

Biascoechea

se

dictó

sentencia

sumaria

en

su

contra. Asimismo, denunció que la abogada se excusaba por

su condición de salud.

La licenciada Hernández Biascoechea contestó la queja

presentada y reconoció que adeuda $4,700 a la quejosa.

Asimismo,

indicó

que

estaba

recibiendo

tratamientos

médicos en San José, Costa Rica. Particularizó que sufre de

trastornos

emocionales

y

de

salud

física,

sumamente

complicados y peligrosos que conllevan atención médica de

un

psiquiatra,

acompañó

Dr.

varios

Héctor

R.

certificados

Bird

Baker.

médicos

La

emitidos

letrada

por

su

psiquiatra, de los cuales se desprende que ésta tiene un

historial médico y los tratamientos recibidos,

debido a su

condición emocional. Los certificados médicos acreditan que

estas condiciones impactan la habilidad de la abogada para

lidiar con las actividades de su profesión e incluso con

las actividades cotidianas. La severidad de sus condiciones

conllevan su disfuncionalidad y le imposibilitan llevar a

cabo

sus

labores

usuales,

por

lo

que

incluso

se

le

AB-2014-124, AB-2015-96

5

recomendó ser hospitalizada.2 Por ello, ésta viajó a Costa

Rica, donde continuó su cuidado médico con el Dr. Guillermo

Arce Martínez, y es tratada por varias condiciones. El

galeno certificó que al momento actual estas condiciones la

incapacitan

para

enfrentar

sus

responsabilidades

profesionales.3

Posteriormente, recibimos el Informe de la Procuradora

General en el cual se nos informa que, de la evaluación del

expediente

y

de

los

documentos

judiciales

recopilados

durante la investigación realizada, la licenciada Hernández

Biascoechea pudo incurrir en violaciones a los Cánones 9,

12, 18, 19, 20 y 23 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C.

9, 12, 18, 19, 20 y 23. De igual forma, la Oficina de la

Procuradora General

resalta que la licenciada Hernández

Biascoechea atribuyó la situación a diferentes problemas

emocionales y de salud que le han impedido ser diligente en

la profesión, por lo que recomendó evaluar si ésta se

encuentra capacitada para ejercer la profesión.

II

El buen funcionamiento de la Rama Judicial depende de

que este Tribunal ejerza su poder inherente para velar que

quienes ejercen la práctica de la abogacía lo hagan de

forma competente y diligente. In re Del Castillo del Valle,

191 DPR 633, 639 (2014); In re Rodríguez Amaro, 189 DPR

307, 312 (2013). En ese ejercicio, hemos tomado medidas

2

Véanse los certificados médicos emitidos por el Dr.

Héctor R. Bird Baker desde el 2013 hasta el 2014.

3

Véase

certificado

médico

emitido

Guillermo Arce Martínez en el 2015.

por

el

Dr.

AB-2014-124, AB-2015-96

6

reglamentarias para garantizar que los miembros admitidos a

la profesión están mentalmente aptos para ejercerla. In re

Gutiérrez Santiago, 179 DPR 739, 743 (2010). De esta forma,

aseguramos el buen funcionamiento de la Rama Judicial. In

re Hernández Rodríguez, 181 DPR 643, 651 (2011).

En

este

sentido,

la

Regla

15

del

Reglamento

del

Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 15, contempla un

procedimiento disciplinario especial para aquellos casos en

los que una condición mental o emocional impida al abogado

o

abogada

asumir,

representación

mantener

el

competente

legal

de

sus

patrón

de

conducta

y

adecuadamente,

clientes

o

que

profesional

le

la

impida

que

debe

observar. En estos casos, procede la suspensión indefinida

del abogado o abogada incapacitada mientras subsista la

incapacidad. In re Del Castillo Del Valle, supra, pág.640;

In

re

De

Garrastegui

León

Hernández,

Pellicia,

183

187

DPR

DPR

251,

1,

7

(2012);

In

re

257

(2011).

Véase,

además, Regla 15(a) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4

LPRA Ap. XXI-B, R. 15(a).

Ahora bien, no podemos olvidar que la suspensión por

razón de la incapacidad mental o emocional de un abogado o

abogada, constituye una suspensión preventiva como medida

de protección social y no un desaforo. In re Costa del

Moral, 164

DPR 943,

945

(2005).

En

la mayoría de

las

ocasiones, esta medida de protección social se hace luego

de llevar a cabo el procedimiento disciplinario especial

contemplado en la Regla 15, supra. Íd. Empero, existen

circunstancias

en

las

cuales

ese

trámite

se

torna

AB-2014-124, AB-2015-96

7

innecesario. A modo de ejemplo, es innecesario ese trámite

cuando la incapacidad mental del abogado o abogada queda

acreditada por el hecho de mediar una declaración judicial

de incapacidad o por estar recluido en un hospital u otro

tipo de institución de cuido de enfermos mentales. Véase,

Regla 15(b), 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 15(b); In re Costa del

Moral, supra, pág. 946.

Igualmente,

el

inciso

(c)

de

la

Regla

15

del

Reglamento del Tribunal Supremo dispone claramente que el

proceso

allí

dispuesto

para

nombrar

un

panel

de

tres

médicos siquiatras, aplica cuando “surjan dudas sobre la

capacidad mental del abogado querellado o de la abogada

querellada.” 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 15(c). (Énfasis suplido).

Además, dicho proceso especial también tendrá lugar si el

abogado

o

abogada

querellada

plantea

la

defensa

de

insanidad mental. Así, el Procurador o Procuradora General

tendrá la encomienda de demostrar la sanidad mental del

abogado o abogada para continuar con los cargos, y de

determinarse que la parte no está mentalmente incapacitada,

se le ordenará el pago de las costas del procedimiento de

evaluación siquiátrica. Véase, 4 LPRA Ap. XX-I B, R. 15(f).

En

consecuencia,

la

Regla

15,

supra,

dispone

el

procedimiento a seguir en aquellas instancias en las que

existe duda sobre la capacidad mental o emocional de un

miembro de nuestra profesión, o en aquellas instancias en

que se utiliza una alegada incapacidad mental como defensa

contra un procedimiento disciplinario. Empero, en ningún

momento

la

Regla

15,

supra,

puede

entorpecer

el

poder

AB-2014-124, AB-2015-96

8

inherente de este Tribunal de garantizar la competencia y

capacidad de los abogados o abogadas que postulan ante el

sistema judicial y cuya función primordial es proveer una

adecuada

y

competente

representación

en

beneficio

del

derecho que pueda cobijar a las partes que acuden ante nos.

Máxime, cuando nos encontramos en una etapa previa a la

radicación de querella, por lo que la Regla 15, supra, no

constituye

un

escollo

a

nuestra

facultad

para

atender

aquellas situaciones en la que la propia abogada admite

tener

una

profesión

condición

de

la

mental

abogacía

que

y

le

ésta

impide

ha

ejercer

sido

la

evidenciada

médicamente. Ello, unido al patrón de conducta profesional

desplegado

y

conocido

por

este

Tribunal,

resultaría

contrario a la economía procesal e inoficioso nombrar y

examinar al abogado o la abogada por el oneroso proceso

especial

de

la

Regla

15,

supra.

En

estos

casos,

este

Tribunal podrá suspender indefinidamente, como medida de

protección

social,

al

abogado

incapacitado

o

abogada

incapacitada

que

así

lo

aceptado

y

probado

ha

fehacientemente.

III

En el caso de la licenciada Hernández Biascoechea,

ésta nos acreditó sus condiciones emocionales y físicas que

le imposibilitan ejercer la profesión. Para ello, incluyó

varios certificados expedidos por sus médicos psiquiatras

en

Puerto

Rico y

en

Costa

Rica.

Incluso,

de

éstos

se

desprende que la letrada viajó a su país natal para ser

hospitalizada por su condición emocional. De esta forma,

AB-2014-124, AB-2015-96

9

quedó establecido que la licenciada Hernández Biascoechea

está impedida de ejercer la práctica de la abogacía por su

condición mental o emocional. Lo anterior, y el patrón de

conducta que surge de las quejas en su contra demuestran

sin lugar a dudas, que la condición mental de la letrada le

impide asumir con competencia una adecuada representación

legal de sus clientes y mantener el grado de conducta

profesional que exige su ministerio.

Ante

tal

realidad,

resulta

imperativo

que

este

Tribunal tome la medida de protección social necesaria para

proteger nuestro sistema judicial. En este caso, no procede

remitir

el

asunto

al

oneroso

proceso

de

evaluación

contemplado en la Regla 15, supra, pues no albergamos duda

alguna de que está incapacitada para ejercer la abogacía.

IV

Por los fundamentos expuestos, y luego de evaluada la

prueba

presentada,

procedemos

a

suspender

inmediata

e

indefinidamente del ejercicio de la abogacía a la Lcda.

Amalia Hernández Biascoechea, hasta tanto pueda acreditar

que

se

encuentra

capacitada

para

ejercer

su

profesión

nuevamente. Advertimos a la abogada que una vez acredite

tal hecho, previo a su reinstalación deberá atender las

quejas

archivadas

incapacidad.

De

administrativamente

por

igual

abogada

modo,

la

razón

de

su

Hernández

Biascoechea deberá notificar a todos sus clientes sobre su

inhabilidad para continuar representándolos, y devolverles

cualesquiera

honorarios

recibidos

por

trabajos

no

realizados. Asimismo, deberá informar oportunamente de su

AB-2014-124, AB-2015-96

suspensión

a

Justicia

foro

o

cualquier

10

sala

administrativo

del

en

Tribunal

el

que

General

tenga

de

alguna

acción pendiente. La letrada Hernández Biascoechea deberá

acreditar

a

este

Tribunal

el

cumplimiento

con

lo

aquí

ordenado en un término de treinta días a partir de la

presente notificación.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Amalia Hernández Biascoechea

AB-2014-124

AB-2015-96

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 2 de mayo de 2016.

Por las razones expuestas en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

de la presente Sentencia, se suspende inmediata e

indefinidamente del ejercicio de la abogacía a la

Lcda. Amalia Hernández Biascoechea, hasta tanto

pueda acreditar que se encuentra capacitada para

ejercer su profesión nuevamente. Advertimos a la

abogada que una vez acredite tal hecho, previo a

su

reinstalación

deberá

atender

las

quejas

archivadas administrativamente por razón de su

incapacidad. De igual modo, la abogada Hernández

Biascoechea deberá notificar a todos sus clientes

sobre

su

inhabilidad

para

continuar

representándolos,

y

devolverles

cualesquiera

honorarios recibidos por trabajos no realizados.

Asimismo, deberá informar oportunamente de su

suspensión a cualquier sala del Tribunal General

de Justicia o foro administrativo en el que tenga

alguna acción pendiente. La letrada Hernández

Biascoechea deberá acreditar a este Tribunal el

cumplimiento con lo aquí ordenado en un término

de

treinta

días

a

partir

de

la

presente

notificación.

AB-2014-124, AB-2015-96

12

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo