Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Amalia Hernández Biascoechea
2016 TSPR 100
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Amalia Hernández Biascoechea
AB-2014-124 AB-2015-96
Conducta Profesional- Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía ante evidencia médica acreditativa de que enfrenta una condición mental que impide el ejercicio cabal y adecuado de la profesión jurídica
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2016 TSPR 100
195 DPR ____
Amalia Hernández Biascoechea
Número del Caso: AB-2014-124
AB-2015-96
Fecha: 2 de mayo de 2016
Abogado del Promovido:
Lcdo. Antonio J. Bennazar Zequeira
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Karla Z. Pacheco Alvarez
Subprocuradora General
Lcda. Yaizamarie Lugo Fontanez
Procuradora General
Materia: La suspensión será efectiva el 4 de mayo de 2016, fecha
en que se le notificó a la abogada de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
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Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Amalia Hernández Biascoechea
AB-2014-124
AB-2015-96
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 2 de mayo de 2016.
En
virtud
del
Tribunal
para
abogacía,
estamos
quienes
poder
reglamentar
ejercen
inherente
la
obligados
la
práctica
a
profesión
de
este
de
la
garantizar
que
estén
mentalmente
aptos para realizar sus labores de forma competente
y diligente. Ante tal ineludible compromiso, no
hemos vacilado en implantar medidas para garantizar
el
desempeño
de
los
abogados
y
abogadas
que
comparecen ante nos.
Hoy atendemos la situación de una abogada que
admite y acompaña evidencia médica acreditativa de
que
enfrenta
impide
el
una
condición
ejercicio
cabal
mental,
y
la
adecuado
cual
le
de
las
AB-2014-124, AB-2015-96
2
funciones propias de la profesión, por lo que debemos tomar
aquellas medidas de protección social mientras subsista esa
incapacidad.
I
La
Lcda.
Amalia
Hernández
Biascoechea
(licenciada
Hernández Biascoechea) fue admitida a la profesión de la
abogacía el 30 de junio de 2008. En su carrera profesional,
ha
sido
objeto
de
múltiples
quejas
con
relación
a
su
desempeño como abogada. En todas éstas, se reclama la falta
de atención y diligencia por parte de la letrada en el
manejo de los casos, su falta de comunicación, y el cobro
de honorarios, a pesar de no haber realizado las gestiones
encomendadas.1
Asimismo,
la
licenciada
Hernández
Biascoechea justificó sus actuaciones por su estado físico
y mental de salud. Veamos.
Queja AB-2014-124
En
inició
lo
concerniente
cuando
la
Sra.
al
Wanda
proceso
I.
AB-2014-124,
Carrasquillo
éste
Rodríguez
(señora Carrasquillo Rodríguez), reclamó haber contratado a
la licenciada Hernández Biascoechea para incoar un reclamo
patronal de despido injustificado. Para ello, la señora
Carrasquillo
Rodríguez
sostiene
que
pagó
a
la
letrada
varios adelantos. De igual forma, señala que la contrató
para tramitar una apelación ante el seguro social. Sin
embargo, la quejosa sostuvo que perdió comunicación con la
licenciada Hernández Biascoechea, quien no ejecutó la labor
1
Entre estos procesos, se destacan las quejas
siguientes: AB-2013-194, AB-2014-124, AB-2014-353, AB2015-96.
AB-2014-124, AB-2015-96
para
la
cual
Carrasquillo
fue
3
contratada.
Rodríguez
Posteriormente,
solicitó
desistir
de
la
señora
la
queja
presentada tras dialogar con la abogada y concederle una
oportunidad para tramitar sus reclamos. En consecuencia,
este Tribunal emitió Resolución el 20 de junio de 2014
ordenando el archivo del asunto.
No
obstante,
la
señora
Carrasquillo
Rodríguez
compareció nuevamente ante este Tribunal mediante escrito
presentado el 13 de marzo de 2015. En éste, nos informó que
la licenciada Hernández Biascoechea nunca le notificó en
torno a la Sentencia obtenida en el caso encomendado. De la
misma, surge que luego de presentada su acción, las partes
demandadas solicitaron desestimación por prescripción. A
pesar
de
habérsele
concedido
un
término
para
que
la
licenciada Hernández Biascoechea presentara su posición,
ésta no lo hizo. Tras examinar las solicitudes presentadas,
el Tribunal de Primera Instancia procedió a desestimar la
causa de acción de la señora Carrasquillo Rodríguez, por
haber
sido
presentada
en
exceso
de
los
tres
años
del
despido.
Mediante Resolución emitida el 30 de junio de 2015,
ordenamos
expresara
a
la
licenciada
sobre
el
Hernández
asunto
Biascoechea
traído
ante
que
se
nuestra
consideración. Al día de hoy, la letrada no ha comparecido.
Queja AB-2015-96
De
otra
parte,
la
Sra.
Elisa
N.
Pérez
Moral
(en
adelante señora Pérez Moral) presentó una queja contra la
licenciada
Hernández
Biascoechea.
En
ésta,
alegó
que
AB-2014-124, AB-2015-96
contrató
a
la
abogada
4
y
le
pagó
honorarios
para
unos
trámites judiciales que no realizó y desatendió. Asimismo,
señaló que la licenciada Hernández Biascoechea se excusó y
explicó que su mal proceder se debió a su situación de
salud.
La
señora
Pérez
Moral
concedió
una
segunda
oportunidad a la letrada. Empero, la señora Pérez Moral
indicó que debido a la falta de diligencia de la licenciada
Hernández
Biascoechea
se
dictó
sentencia
sumaria
en
su
contra. Asimismo, denunció que la abogada se excusaba por
su condición de salud.
La licenciada Hernández Biascoechea contestó la queja
presentada y reconoció que adeuda $4,700 a la quejosa.
Asimismo,
indicó
que
estaba
recibiendo
tratamientos
médicos en San José, Costa Rica. Particularizó que sufre de
trastornos
emocionales
y
de
salud
física,
sumamente
complicados y peligrosos que conllevan atención médica de
un
psiquiatra,
acompañó
Dr.
varios
Héctor
R.
certificados
Bird
Baker.
médicos
La
emitidos
letrada
por
su
psiquiatra, de los cuales se desprende que ésta tiene un
historial médico y los tratamientos recibidos,
debido a su
condición emocional. Los certificados médicos acreditan que
estas condiciones impactan la habilidad de la abogada para
lidiar con las actividades de su profesión e incluso con
las actividades cotidianas. La severidad de sus condiciones
conllevan su disfuncionalidad y le imposibilitan llevar a
cabo
sus
labores
usuales,
por
lo
que
incluso
se
le
AB-2014-124, AB-2015-96
5
recomendó ser hospitalizada.2 Por ello, ésta viajó a Costa
Rica, donde continuó su cuidado médico con el Dr. Guillermo
Arce Martínez, y es tratada por varias condiciones. El
galeno certificó que al momento actual estas condiciones la
incapacitan
para
enfrentar
sus
responsabilidades
profesionales.3
Posteriormente, recibimos el Informe de la Procuradora
General en el cual se nos informa que, de la evaluación del
expediente
y
de
los
documentos
judiciales
recopilados
durante la investigación realizada, la licenciada Hernández
Biascoechea pudo incurrir en violaciones a los Cánones 9,
12, 18, 19, 20 y 23 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C.
9, 12, 18, 19, 20 y 23. De igual forma, la Oficina de la
Procuradora General
resalta que la licenciada Hernández
Biascoechea atribuyó la situación a diferentes problemas
emocionales y de salud que le han impedido ser diligente en
la profesión, por lo que recomendó evaluar si ésta se
encuentra capacitada para ejercer la profesión.
II
El buen funcionamiento de la Rama Judicial depende de
que este Tribunal ejerza su poder inherente para velar que
quienes ejercen la práctica de la abogacía lo hagan de
forma competente y diligente. In re Del Castillo del Valle,
191 DPR 633, 639 (2014); In re Rodríguez Amaro, 189 DPR
307, 312 (2013). En ese ejercicio, hemos tomado medidas
2
Véanse los certificados médicos emitidos por el Dr.
Héctor R. Bird Baker desde el 2013 hasta el 2014.
3
Véase
certificado
médico
emitido
Guillermo Arce Martínez en el 2015.
por
el
Dr.
AB-2014-124, AB-2015-96
6
reglamentarias para garantizar que los miembros admitidos a
la profesión están mentalmente aptos para ejercerla. In re
Gutiérrez Santiago, 179 DPR 739, 743 (2010). De esta forma,
aseguramos el buen funcionamiento de la Rama Judicial. In
re Hernández Rodríguez, 181 DPR 643, 651 (2011).
En
este
sentido,
la
Regla
15
del
Reglamento
del
Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 15, contempla un
procedimiento disciplinario especial para aquellos casos en
los que una condición mental o emocional impida al abogado
o
abogada
asumir,
representación
mantener
el
competente
legal
de
sus
patrón
de
conducta
y
adecuadamente,
clientes
o
que
profesional
le
la
impida
que
debe
observar. En estos casos, procede la suspensión indefinida
del abogado o abogada incapacitada mientras subsista la
incapacidad. In re Del Castillo Del Valle, supra, pág.640;
In
re
De
Garrastegui
León
Hernández,
Pellicia,
183
187
DPR
DPR
251,
1,
7
(2012);
In
re
257
(2011).
Véase,
además, Regla 15(a) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4
LPRA Ap. XXI-B, R. 15(a).
Ahora bien, no podemos olvidar que la suspensión por
razón de la incapacidad mental o emocional de un abogado o
abogada, constituye una suspensión preventiva como medida
de protección social y no un desaforo. In re Costa del
Moral, 164
DPR 943,
945
(2005).
En
la mayoría de
las
ocasiones, esta medida de protección social se hace luego
de llevar a cabo el procedimiento disciplinario especial
contemplado en la Regla 15, supra. Íd. Empero, existen
circunstancias
en
las
cuales
ese
trámite
se
torna
AB-2014-124, AB-2015-96
7
innecesario. A modo de ejemplo, es innecesario ese trámite
cuando la incapacidad mental del abogado o abogada queda
acreditada por el hecho de mediar una declaración judicial
de incapacidad o por estar recluido en un hospital u otro
tipo de institución de cuido de enfermos mentales. Véase,
Regla 15(b), 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 15(b); In re Costa del
Moral, supra, pág. 946.
Igualmente,
el
inciso
(c)
de
la
Regla
15
del
Reglamento del Tribunal Supremo dispone claramente que el
proceso
allí
dispuesto
para
nombrar
un
panel
de
tres
médicos siquiatras, aplica cuando “surjan dudas sobre la
capacidad mental del abogado querellado o de la abogada
querellada.” 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 15(c). (Énfasis suplido).
Además, dicho proceso especial también tendrá lugar si el
abogado
o
abogada
querellada
plantea
la
defensa
de
insanidad mental. Así, el Procurador o Procuradora General
tendrá la encomienda de demostrar la sanidad mental del
abogado o abogada para continuar con los cargos, y de
determinarse que la parte no está mentalmente incapacitada,
se le ordenará el pago de las costas del procedimiento de
evaluación siquiátrica. Véase, 4 LPRA Ap. XX-I B, R. 15(f).
En
consecuencia,
la
Regla
15,
supra,
dispone
el
procedimiento a seguir en aquellas instancias en las que
existe duda sobre la capacidad mental o emocional de un
miembro de nuestra profesión, o en aquellas instancias en
que se utiliza una alegada incapacidad mental como defensa
contra un procedimiento disciplinario. Empero, en ningún
momento
la
Regla
15,
supra,
puede
entorpecer
el
poder
AB-2014-124, AB-2015-96
8
inherente de este Tribunal de garantizar la competencia y
capacidad de los abogados o abogadas que postulan ante el
sistema judicial y cuya función primordial es proveer una
adecuada
y
competente
representación
en
beneficio
del
derecho que pueda cobijar a las partes que acuden ante nos.
Máxime, cuando nos encontramos en una etapa previa a la
radicación de querella, por lo que la Regla 15, supra, no
constituye
un
escollo
a
nuestra
facultad
para
atender
aquellas situaciones en la que la propia abogada admite
tener
una
profesión
condición
de
la
mental
abogacía
que
y
le
ésta
impide
ha
ejercer
sido
la
evidenciada
médicamente. Ello, unido al patrón de conducta profesional
desplegado
y
conocido
por
este
Tribunal,
resultaría
contrario a la economía procesal e inoficioso nombrar y
examinar al abogado o la abogada por el oneroso proceso
especial
de
la
Regla
15,
supra.
En
estos
casos,
este
Tribunal podrá suspender indefinidamente, como medida de
protección
social,
al
abogado
incapacitado
o
abogada
incapacitada
que
así
lo
aceptado
y
probado
ha
fehacientemente.
III
En el caso de la licenciada Hernández Biascoechea,
ésta nos acreditó sus condiciones emocionales y físicas que
le imposibilitan ejercer la profesión. Para ello, incluyó
varios certificados expedidos por sus médicos psiquiatras
en
Puerto
Rico y
en
Costa
Rica.
Incluso,
de
éstos
se
desprende que la letrada viajó a su país natal para ser
hospitalizada por su condición emocional. De esta forma,
AB-2014-124, AB-2015-96
9
quedó establecido que la licenciada Hernández Biascoechea
está impedida de ejercer la práctica de la abogacía por su
condición mental o emocional. Lo anterior, y el patrón de
conducta que surge de las quejas en su contra demuestran
sin lugar a dudas, que la condición mental de la letrada le
impide asumir con competencia una adecuada representación
legal de sus clientes y mantener el grado de conducta
profesional que exige su ministerio.
Ante
tal
realidad,
resulta
imperativo
que
este
Tribunal tome la medida de protección social necesaria para
proteger nuestro sistema judicial. En este caso, no procede
remitir
el
asunto
al
oneroso
proceso
de
evaluación
contemplado en la Regla 15, supra, pues no albergamos duda
alguna de que está incapacitada para ejercer la abogacía.
IV
Por los fundamentos expuestos, y luego de evaluada la
prueba
presentada,
procedemos
a
suspender
inmediata
e
indefinidamente del ejercicio de la abogacía a la Lcda.
Amalia Hernández Biascoechea, hasta tanto pueda acreditar
que
se
encuentra
capacitada
para
ejercer
su
profesión
nuevamente. Advertimos a la abogada que una vez acredite
tal hecho, previo a su reinstalación deberá atender las
quejas
archivadas
incapacidad.
De
administrativamente
por
igual
abogada
modo,
la
razón
de
su
Hernández
Biascoechea deberá notificar a todos sus clientes sobre su
inhabilidad para continuar representándolos, y devolverles
cualesquiera
honorarios
recibidos
por
trabajos
no
realizados. Asimismo, deberá informar oportunamente de su
AB-2014-124, AB-2015-96
suspensión
a
Justicia
foro
o
cualquier
10
sala
administrativo
del
en
Tribunal
el
que
General
tenga
de
alguna
acción pendiente. La letrada Hernández Biascoechea deberá
acreditar
a
este
Tribunal
el
cumplimiento
con
lo
aquí
ordenado en un término de treinta días a partir de la
presente notificación.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Amalia Hernández Biascoechea
AB-2014-124
AB-2015-96
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 2 de mayo de 2016.
Por las razones expuestas en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
de la presente Sentencia, se suspende inmediata e
indefinidamente del ejercicio de la abogacía a la
Lcda. Amalia Hernández Biascoechea, hasta tanto
pueda acreditar que se encuentra capacitada para
ejercer su profesión nuevamente. Advertimos a la
abogada que una vez acredite tal hecho, previo a
su
reinstalación
deberá
atender
las
quejas
archivadas administrativamente por razón de su
incapacidad. De igual modo, la abogada Hernández
Biascoechea deberá notificar a todos sus clientes
sobre
su
inhabilidad
para
continuar
representándolos,
y
devolverles
cualesquiera
honorarios recibidos por trabajos no realizados.
Asimismo, deberá informar oportunamente de su
suspensión a cualquier sala del Tribunal General
de Justicia o foro administrativo en el que tenga
alguna acción pendiente. La letrada Hernández
Biascoechea deberá acreditar a este Tribunal el
cumplimiento con lo aquí ordenado en un término
de
treinta
días
a
partir
de
la
presente
notificación.
AB-2014-124, AB-2015-96
12
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo