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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Nelson Vélez Lugo

2016 TSPR 104

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Nelson Vélez Lugo

AB-2008-127

Conducta profesional- Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía por incumplimiento con requerimientos del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2016 TSPR 104

195 DPR ____

Nelson Vélez Lugo

Número del Caso: AB-2008-127

Fecha: 17 de mayo de 2016

Abogado del Promovido:

Por derecho propio

Materia: La suspensión será efectiva el 26 de mayo de 2016, fecha en

que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

Nelson Vélez Lugo

AB-2008-127

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2016.

En

esta

ocasión,

nos

corresponde

atender

nuevamente una situación en la que un miembro de

nuestra

profesión

desatiende

las

órdenes

de

este

Tribunal y asume una conducta de extrema indiferencia

durante el trámite de un proceso ético-disciplinario

en su contra. En particular, sancionamos a un abogado

que

hizo

caso

omiso

a

las

resoluciones

de

este

Tribunal y violentó así las disposiciones de nuestro

Canon 9 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 9. De

esta forma, reiteramos sin ambages de clase alguna

que

no

dudaremos

en

suspender

de

la

profesión

jurídica a aquellos letrados que falten al deber de

diligencia y respeto hacia este Tribunal.

AB-2008-127

2

I.

El Lcdo. Nelson Vélez Lugo fue admitido al ejercicio

de la abogacía el 6 de junio de 1983 y prestó juramento

como notario el 23 de junio de 1983. 1 Durante su trayecto

profesional, éste ha sido objeto de múltiples quejas y

procedimientos

disciplinarios

amonestaciones,

censuras

que

enérgicas

han

y

desembocado

en

suspensiones

del

ejercicio de la abogacía y de la notaría.2 A continuación,

reseñamos los hechos que motivan la queja de epígrafe y

que,

según

discutiremos

más

adelante,

nos

llevan

a

disciplinarle una vez más.

El 3 de junio de 2008, la Sra. Dorcas Olivera Batista

presentó una queja ética en contra del licenciado Vélez

Lugo. Sostuvo, en síntesis, que en mayo del año 1990 éste

otorgó como notario tres (3) escrituras de compraventa,

segregación

e

hipoteca

las

cuales

no

han

podido

ser

inscritas. Ello se debió a que la información contenida en

las mismas no coincide con la información que consta en el

Registro de la Propiedad. Añadió que, representada por el

letrado, presentó una demanda ante el Tribunal de Primera

Instancia

1

en

el

año

2002

con

el

fin

de

lograr

la

Mediante Opinión Per Curiam del 27 de abril de 2009, suspendimos al

licenciado Vélez Lugo del ejercicio de la abogacía por un término de

tres (3) meses. In re Vélez Lugo, 175 DPR 854 (2009). Ante ello, su

obra protocolar fue incautada. El 22 de julio de 2010, decretamos la

reinstalación del licenciado Vélez Lugo a la abogacía, mas no a la

notaría. Posteriormente, en In re Vélez Lugo, 180 DPR 987 (2011),

suspendimos nuevamente de la profesión jurídica al letrado por un

término de tres (3) meses y eventualmente lo reinstalamos al ejercicio

de la abogacía, pero no al de la notaría. En vista de ello,

actualmente éste no está activo en el ejercicio la notaría.

2

Véanse, In re Vélez Lugo, 164 DPR 751 (2005); In re Vélez Lugo, 168

DPR 492 (2006); In re Vélez Lugo, 175 DPR 854 (2009); In re Vélez

Lugo, 180 DPR 987 (2011).

4

AB-2008-127

inscripción

de

las

referidas

escrituras

públicas.

No

obstante, señaló que el caso fue eventualmente archivado

por la inacción del licenciado.

El 6 de agosto de 2008, el licenciado Vélez Lugo

presentó, tardíamente, su contestación a la queja. Alegó

que su esposa había sufrido unos percances de salud que le

imposibilitaron contestar a tiempo la queja presentada en

su contra. En cuanto a los méritos del asunto que nos

ocupa, aceptó haber autorizado las escrituras indicadas en

la

queja,

pero

negó

ante

el

presentación

reconoció

que

los

haber

Registro

de

problemas

de

instrumentos

públicos

estaban

incongruencia

en

cabida

la

estado

la

a

cargo

de

Propiedad.

inscripción

relacionados

remanente

de

su

Además,

de

los

con

una

la

finca

principal, causada a su vez por la inscripción de otras

escrituras

de

segregación

sobre

la

misma.

Mencionó

que

presentó la demanda a la que aludió la señora Olivera

Batista en aras de lograr la inscripción de las escrituras

en

controversia.

asunto

de

la

Añadió,

finalmente,

inscripción

sin

que

resolvería

cobrar

el

honorarios

adicionales.3

3

Cabe destacar que el 9 de septiembre de 2008, la presente queja fue

referida a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) para la

correspondiente investigación e informe. No obstante, en vista de que

el 27 de abril de 2009 suspendimos por un término de tres (3) meses al

licenciado Vélez Lugo mediante Opinión Per Curiam, el 9 de julio de

2009 archivamos administrativamente la queja de epígrafe. El 22 de

julio de 2010, decretamos la reinstalación del licenciado Vélez Lugo,

reactivamos la presente queja y, posteriormente, concedimos un término

a la ODIN para que presentara su informe en este caso.

5

AB-2008-127

Así las cosas, el 10 de diciembre de 2010 la Oficina

de Inspección de Notarías (ODIN) rindió su Informe. Indicó

que

el

licenciado

conducta

Vélez

negligente

y

Lugo

“pudo

contraria

haber

a

los

incurrido

postulados

en

del

Código de Ética Profesional[] al no atender oportunamente

las

deficiencias

general,

el

notarial

del

letrado

sus

presentaba

Recomendó

Vélez

de

encomendado”.4

asunto

deficiencias.

licenciado

registrales

a

Lugo

llevar

Mencionó

una

este

escrituras

que

la

en

obra

multiplicidad

Tribunal

a

y,

cabo

de

ordenar

las

al

gestiones

necesarias para lograr la inscripción de los instrumentos

públicos

en

controversia

antes

de

evaluar

las

posibles

en

torno

violaciones éticas en que éste incurrió.

El

licenciado

Vélez

Lugo

se

expresó

al

Informe de la ODIN. Empero, éste únicamente atendió los

señalamientos relacionados a las deficiencias señaladas en

su obra notarial. Es decir, no atendió la cuestión medular

de la queja de epígrafe.

Así las cosas, el 4 de marzo de 2011 emitimos una

Resolución mediante la cual ordenamos al licenciado Vélez

Lugo

presentar

lograr

la

mantener

ante

la

inscripción

informado

a

ODIN

de

“un

las

este

plan

de

escrituras

Tribunal

de

acción”

en

las

para

cuestión

y

gestiones

efectuadas para cumplir con esta orden. Se le apercibió

que

un

incumplimiento

con

la

misma

podría

conllevar

sanciones.

4

Véase, Informe de la ODIN de 9 de diciembre de 2010, pág. 8.

6

AB-2008-127

El 7 de julio de 2011, la ODIN compareció e informó

que

el

licenciado

información

Vélez

requerida

marzo de 2011. Ante

Lugo

mediante

ello,

el

no

había

remitido

la

Resolución

21

de

octubre

del

de

la

4

de

2011

emitimos una segunda Resolución, notificada personalmente

el 26 de octubre de 2011 mediante la cual concedimos al

licenciado Vélez Lugo un término final de veinte (20) días

para cumplir con nuestra Resolución de 4 de marzo de 2011.

Se

le

advirtió

que

su

incumplimiento

con

lo

anterior

podría conllevar un procedimiento de desacato.

Para el 31 de enero de 2014, habiendo transcurrido

más de dos años desde que emitimos la anterior Resolución,

el licenciado Vélez Lugo no había cumplido con las órdenes

de este Tribunal ni había planteado la existencia de justa

causa para tal incumplimiento. Ante ello, el 31 de enero

de 2014 emitimos una Resolución mediante la cual referimos

el

asunto

a

la

Jueza

Administradora

del

Tribunal

de

Primera Instancia, Sala de San Juan, para que el foro

primario celebrara una vista de desacato.5

5

Conforme a esta orden, el Tribunal de Primera Instancia ha celebrado

varias vistas de desacato en el caso Pueblo v. Nelson Vélez Lugo, K

FJ2014M0012. Particularmente, el 10 de septiembre de 2015 se celebró

una vista a la cual compareció la Lcda. Ana Cristina Díaz Velazco en

representación de la ODIN. Según se desprende de la minuta de la

referida vista, el licenciado Vélez Lugo, representado por su abogado,

expresó haber realizado gestiones dirigidas a finiquitar el asunto en

cuestión. Solicitó un término adicional de cuarenta y cinco (45) días

para completar las gestiones necesarias para ello. A esto, la

licenciada Díaz Velazco respondió que era preocupante el término

transcurrido en este caso y que el licenciado debió trabajar el plan

de acción con anterioridad. Resaltó que “no es el interés [de la ODIN]

promover una sanción[,] pero el término transcurrido y la falta de

diligencia de las partes hace que no haya otra alternativa en este

momento”. Véase, Minuta del 10 de septiembre de 2015 del caso Pueblo

v. Nelson Vélez Lugo, supra. Asimismo, el 10 de marzo de 2016 se llevó

a cabo otra vista de cuya minuta surge que el licenciado Vélez Lugo se

7

AB-2008-127

El 3 de marzo de 2015, recibimos copia de un escrito

presentado

por

la

ODIN

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia con relación al caso de desacato. En el mismo,

la

ODIN

informa

nuevamente

que

“no

surge

de

[sus]

expedientes que el licenciado Vélez Lugo haya presentado

el plan de acción inicialmente requerido en la Resolución

emitida

por

[este

Tribunal]

el

4

de

marzo

de

2011

y

reiterada ulteriormente en la Resolución emitida el 21 de

octubre de 2011”.6

Conviene

mencionar

que

entre

diciembre

de

2015

y

febrero de 2016, el licenciado Vélez Lugo presentó varias

mociones ante este Tribunal en las que expresó que ha

intentado comunicarse con la señora Olivera Batista por

teléfono

y

mediante

inscripción

de

las

carta

en

escrituras

ánimo

que

de

motivan

lograr

el

la

presente

caso. Anejó copia de una moción presentada ante el foro de

instancia en el caso de desacato el 7 de diciembre de 2015

en la que informó las gestiones que ha realizado para,

según

alega,

inscribir

las

escrituras.

Entre

éstas

se

encuentran, por ejemplo, llamar y escribir una carta a la

señora Olivera Batista, revisar el expediente de la queja

de epígrafe y reunirse con un abogado. Nótese que tales

gestiones,

lejos

de

ser

un

plan

de

acción

como

el

comprometió a contratar, dentro de un término de treinta (30) días, a

un abogado para llevar a cabo un expediente de dominio con el fin de

atender el asunto que nos ocupa. La siguiente vista de desacato en

este caso está pautada para el próximo 30 de junio de 2016.

6

Véase, Moción en cumplimiento de orden de la ODIN del 3 de marzo de

2015, presentada ante el Tribunal de Primera Instancia en relación al

caso Pueblo v. Nelson Vélez Lugo, supra, págs. 2-3.

8

AB-2008-127

ordenado, constituyen actuaciones aisladas que carecen de

especificidad y que, como mínimo, el licenciado Vélez Lugo

debió

haber

realizado

desde

que

emitimos

la

orden

en

controversia en el 2011.7

II.

Todo abogado tiene el deber ineludible de cumplir con

diligencia las órdenes de este Tribunal, sobre todo cuando

tales

órdenes

se

dictan

en

el

contexto

de

un

proceso

disciplinario ético. In re Rodríguez Salas, 181 DPR 579

(2011). Así lo expresa el Canon 9 de Ética Profesional,

supra,

que

abogados

regula

hacia

los

lo

relativo

tribunales

y

a

la

conducta

requiere

que

de

los

ésta

“se

caracterice por el mayor respeto”. Íd.

Cónsono

con

lo

reiteradamente

que

desatender

constituye

serio

agravio

un

anterior,

las

a

la

hemos

advertido

órdenes

judiciales

autoridad

de

los

tribunales e infringe el Canon 9 de Ética Profesional,

supra.

In

re

Pérez

Román,

191

DPR

186

(2014);

In

re

Maldonado Rivera, 147 DPR 380 (1999). Sin lugar a dudas,

cuando

7

“un

abogado

no

atiende

con

diligencia

nuestros

Resaltamos, además, que el 29 de diciembre de 2015, la señora Olivera

Batista presentó ante este Tribunal una moción en la que expresó que

“han pasado 25 años desde que se otorgaron las escrituras, 7 años

desde que present[ó] [su] queja y 4 años desde que este Tribunal le

ordenara corregir la situación . . . y es ahora, por el caso de

desacato criminal, que el [licenciado] Vélez Lugo intenta comunicarse”

con ella. Véase, Moción urgente solicitando remedio, pág. 1. Añadió

que algunas de las personas relacionadas con las escrituras en

controversia han muerto, y en cuanto a otras, desconoce su paradero.

Asimismo, detalló que el remanente del Registro de la Propiedad ya no

es el mismo, puesto que se han inscrito varias segregaciones

posteriores a la otorgación de las escrituras en cuestión. Finalmente,

indicó que no interesa que el licenciado Vélez Lugo lleve a cabo las

gestiones dirigidas a la inscripción de su propiedad, pues no es una

persona de su confianza.

9

AB-2008-127

requerimientos

y

apercibimientos

procede

se

de

decretar

abogacía.

In

re

muestra

indiferente

ante

imponerle

sanciones

disciplinarias”

su

suspensión

Pérez

además,

In

re

Colón

Marrero

García,

187

Román,

Olivo,

DPR

de

supra,

187

578

la

nuestros

profesión

de

pág.

Véanse

DPR

659

(2012);

In

188.

(2013);

re

In

la

re

Betancourt

Medina, 183 DPR 821 (2011).

Actuar con indiferencia, despreocupación y falta de

cooperación

Canon

9,

es

incompatible

supra,

pretende

Córdova,

183

DPR

217

expresar

que

este

Tribunal

con

la

norma

salvaguardar.

(2011).

Hemos

no

ética

In

sido

tolerará

re

que

Fidalgo

enfáticos

la

el

actitud

al

de

indiferencia por parte de un miembro de nuestra profesión

ante nuestras órdenes. In re López González, 189 DPR 581

(2013). Y no es para menos. Después de todo, desatender

nuestras

órdenes

en

el

curso

de

un

procedimiento

disciplinario, “revela una gran fisura del buen carácter

que debe exhibir todo miembro de la profesión legal”. In

re Massanet Rodríguez, 188 DPR 116, 126 (2013).

Finalmente,

imponer

una

conviene

sanción

destacar

disciplinaria,

que

al

hemos

momento

de

tomar

consideración los siguientes factores:

(i) la buena reputación del abogado en la

comunidad; (ii) su historial previo; (iii) si

[é]sta constituye su primera falta y si alguna

parte

ha

resultado

perjudicada;

(iv)

la

aceptación

de

la

falta

y

su

sincero

arrepentimiento; (v) si se trata de una conducta

aislada; (vi) el ánimo de lucro que medió en su

actuación; (vii) resarcimiento al cliente, y

(viii) cualesquiera otras consideraciones, ya

de

en

10

AB-2008-127

bien atenuantes o agravantes, que medien de

acuerdo con los hechos. In re Pérez Marrero, 185

DPR 449, 461 (2012), citando a In re Quiñones

Ayala, 165 DPR 138, 147 (2005).

III.

En el año 2011 emitimos una Resolución mediante la

cual ordenamos al licenciado Vélez Lugo presentar un plan

de acción para lograr la inscripción de las escrituras

relacionadas a la queja de epígrafe, so pena de sanciones.

Éste

no

cumplió

con

lo

solicitado.

A

pesar

de

su

incumplimiento, le otorgamos una segunda oportunidad para

cumplir

con

transcurrido

nuestra

un

orden.

término

de

No

más

obstante,

de

cuatro

habiendo

años,

el

licenciado Vélez Lugo no ha presentado el plan requerido.8

La actitud de indiferencia y dejadez del licenciado

Vélez Lugo ante los requerimientos de este Tribunal es

inaceptable.

Su

proceder

es

uno

de

menosprecio

hacia

nuestra autoridad y es incompatible con el ejercicio de la

profesión de la abogacía. Su actitud constituye, pues, un

absoluto menosprecio a lo dispuesto por el Canon 9 de

Ética

Profesional,

anterior

se

suman

supra,

y

factores

a

esta

Institución.

agravantes

tales

A

lo

como

su

historial disciplinario y el perjuicio que ha causado a la

8

Según señalamos anteriormente, es ahora, en el contexto de un

procedimiento de desacato ordenado por este Tribunal y

habiendo

transcurrido más de cuatro años desde que emitiéramos la orden en

cuestión, que el licenciado Vélez Lugo comparece ante nos y alega

haber efectuado ciertas gestiones –tales como llamar por teléfono y

enviar una carta a la señora Olivera Batista y revisar el expediente

de la presente queja ética- supuestamente dirigidas a lograr la

inscripción de las escrituras otorgadas. Aun así, nótese que tales

gestiones no constituyen el cumplimiento con lo ordenado.

11

AB-2008-127

señora Olivera Batista la falta de diligencia del letrado

durante un transcurso considerable de tiempo.

Por los fundamentos que anteceden, concluimos que el

licenciado

Vélez

Lugo

infringió

Canon

9

de

Ética

Profesional, supra, y ordenamos su suspensión inmediata e

indefinida de la práctica de la abogacía.

En vista de lo

anterior, se le impone el deber de notificar a todos sus

clientes

sobre

su

inhabilidad

representándolos

y

recibidos

trabajos

por

devolverles

no

para

continuar

cualesquiera

honorarios

realizados

e

informar

oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y

administrativos

correspondientes.

Asimismo,

deberá

acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior

dentro del término de treinta (30) días a partir de la

notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

La suspensión del licenciado Vélez Lugo no le exime

de

cumplir

con

las

órdenes

del

Tribunal

de

Primera

Instancia, Sala de San Juan, en el caso de desacato Pueblo

v. Nelson Vélez Lugo, K FJ2014M0012, que se celebra en

virtud de nuestra Resolución del 31 de enero de 2014. Por

el

contrario,

lo

aquí

dispuesto

en

nada

afecta

los

licenciado

Vélez

Lugo

trámites del mencionado caso de desacato.

Notifíquese

personalmente

al

esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

Nelson Vélez Lugo

AB-2008-127

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2016.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la

presente Sentencia, decretamos la suspensión inmediata e

indefinida del ejercicio de la abogacía del Lcdo. Nelson

Vélez Lugo por infringir el Canon 9 del Código de Ética

Profesional.

Le imponemos el deber de notificar a todos sus

clientes de su inhabilidad de seguir representándolos e

informar oportunamente de su suspensión indefinida a los

foros

judiciales y administrativos de Puerto Rico.

Además, tiene la obligación de acreditar y certificar ante

este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del

término de treinta (30) días a partir de la notificación

de esta Sentencia.

Lo pronunció y manda el Tribunal

Secretario del Tribunal Supremo.

y

certifica

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

el