Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Nelson Vélez Lugo
2016 TSPR 104
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Nelson Vélez Lugo
AB-2008-127
Conducta profesional- Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía por incumplimiento con requerimientos del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2016 TSPR 104
195 DPR ____
Nelson Vélez Lugo
Número del Caso: AB-2008-127
Fecha: 17 de mayo de 2016
Abogado del Promovido:
Por derecho propio
Materia: La suspensión será efectiva el 26 de mayo de 2016, fecha en
que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
Nelson Vélez Lugo
AB-2008-127
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2016.
En
esta
ocasión,
nos
corresponde
atender
nuevamente una situación en la que un miembro de
nuestra
profesión
desatiende
las
órdenes
de
este
Tribunal y asume una conducta de extrema indiferencia
durante el trámite de un proceso ético-disciplinario
en su contra. En particular, sancionamos a un abogado
que
hizo
caso
omiso
a
las
resoluciones
de
este
Tribunal y violentó así las disposiciones de nuestro
Canon 9 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 9. De
esta forma, reiteramos sin ambages de clase alguna
que
no
dudaremos
en
suspender
de
la
profesión
jurídica a aquellos letrados que falten al deber de
diligencia y respeto hacia este Tribunal.
AB-2008-127
2
I.
El Lcdo. Nelson Vélez Lugo fue admitido al ejercicio
de la abogacía el 6 de junio de 1983 y prestó juramento
como notario el 23 de junio de 1983. 1 Durante su trayecto
profesional, éste ha sido objeto de múltiples quejas y
procedimientos
disciplinarios
amonestaciones,
censuras
que
enérgicas
han
y
desembocado
en
suspensiones
del
ejercicio de la abogacía y de la notaría.2 A continuación,
reseñamos los hechos que motivan la queja de epígrafe y
que,
según
discutiremos
más
adelante,
nos
llevan
a
disciplinarle una vez más.
El 3 de junio de 2008, la Sra. Dorcas Olivera Batista
presentó una queja ética en contra del licenciado Vélez
Lugo. Sostuvo, en síntesis, que en mayo del año 1990 éste
otorgó como notario tres (3) escrituras de compraventa,
segregación
e
hipoteca
las
cuales
no
han
podido
ser
inscritas. Ello se debió a que la información contenida en
las mismas no coincide con la información que consta en el
Registro de la Propiedad. Añadió que, representada por el
letrado, presentó una demanda ante el Tribunal de Primera
Instancia
1
en
el
año
2002
con
el
fin
de
lograr
la
Mediante Opinión Per Curiam del 27 de abril de 2009, suspendimos al
licenciado Vélez Lugo del ejercicio de la abogacía por un término de
tres (3) meses. In re Vélez Lugo, 175 DPR 854 (2009). Ante ello, su
obra protocolar fue incautada. El 22 de julio de 2010, decretamos la
reinstalación del licenciado Vélez Lugo a la abogacía, mas no a la
notaría. Posteriormente, en In re Vélez Lugo, 180 DPR 987 (2011),
suspendimos nuevamente de la profesión jurídica al letrado por un
término de tres (3) meses y eventualmente lo reinstalamos al ejercicio
de la abogacía, pero no al de la notaría. En vista de ello,
actualmente éste no está activo en el ejercicio la notaría.
2
Véanse, In re Vélez Lugo, 164 DPR 751 (2005); In re Vélez Lugo, 168
DPR 492 (2006); In re Vélez Lugo, 175 DPR 854 (2009); In re Vélez
Lugo, 180 DPR 987 (2011).
4
AB-2008-127
inscripción
de
las
referidas
escrituras
públicas.
No
obstante, señaló que el caso fue eventualmente archivado
por la inacción del licenciado.
El 6 de agosto de 2008, el licenciado Vélez Lugo
presentó, tardíamente, su contestación a la queja. Alegó
que su esposa había sufrido unos percances de salud que le
imposibilitaron contestar a tiempo la queja presentada en
su contra. En cuanto a los méritos del asunto que nos
ocupa, aceptó haber autorizado las escrituras indicadas en
la
queja,
pero
negó
ante
el
presentación
reconoció
que
los
haber
Registro
de
problemas
de
instrumentos
públicos
estaban
incongruencia
en
cabida
la
estado
la
a
cargo
de
Propiedad.
inscripción
relacionados
remanente
de
su
Además,
de
los
con
una
la
finca
principal, causada a su vez por la inscripción de otras
escrituras
de
segregación
sobre
la
misma.
Mencionó
que
presentó la demanda a la que aludió la señora Olivera
Batista en aras de lograr la inscripción de las escrituras
en
controversia.
asunto
de
la
Añadió,
finalmente,
inscripción
sin
que
resolvería
cobrar
el
honorarios
adicionales.3
3
Cabe destacar que el 9 de septiembre de 2008, la presente queja fue
referida a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) para la
correspondiente investigación e informe. No obstante, en vista de que
el 27 de abril de 2009 suspendimos por un término de tres (3) meses al
licenciado Vélez Lugo mediante Opinión Per Curiam, el 9 de julio de
2009 archivamos administrativamente la queja de epígrafe. El 22 de
julio de 2010, decretamos la reinstalación del licenciado Vélez Lugo,
reactivamos la presente queja y, posteriormente, concedimos un término
a la ODIN para que presentara su informe en este caso.
5
AB-2008-127
Así las cosas, el 10 de diciembre de 2010 la Oficina
de Inspección de Notarías (ODIN) rindió su Informe. Indicó
que
el
licenciado
conducta
Vélez
negligente
y
Lugo
“pudo
contraria
haber
a
los
incurrido
postulados
en
del
Código de Ética Profesional[] al no atender oportunamente
las
deficiencias
general,
el
notarial
del
letrado
sus
presentaba
Recomendó
Vélez
de
encomendado”.4
asunto
deficiencias.
licenciado
registrales
a
Lugo
llevar
Mencionó
una
este
escrituras
que
la
en
obra
multiplicidad
Tribunal
a
y,
cabo
de
ordenar
las
al
gestiones
necesarias para lograr la inscripción de los instrumentos
públicos
en
controversia
antes
de
evaluar
las
posibles
en
torno
violaciones éticas en que éste incurrió.
El
licenciado
Vélez
Lugo
se
expresó
al
Informe de la ODIN. Empero, éste únicamente atendió los
señalamientos relacionados a las deficiencias señaladas en
su obra notarial. Es decir, no atendió la cuestión medular
de la queja de epígrafe.
Así las cosas, el 4 de marzo de 2011 emitimos una
Resolución mediante la cual ordenamos al licenciado Vélez
Lugo
presentar
lograr
la
mantener
ante
la
inscripción
informado
a
ODIN
de
“un
las
este
plan
de
escrituras
Tribunal
de
acción”
en
las
para
cuestión
y
gestiones
efectuadas para cumplir con esta orden. Se le apercibió
que
un
incumplimiento
con
la
misma
podría
conllevar
sanciones.
4
Véase, Informe de la ODIN de 9 de diciembre de 2010, pág. 8.
6
AB-2008-127
El 7 de julio de 2011, la ODIN compareció e informó
que
el
licenciado
información
Vélez
requerida
marzo de 2011. Ante
Lugo
mediante
ello,
el
no
había
remitido
la
Resolución
21
de
octubre
del
de
la
4
de
2011
emitimos una segunda Resolución, notificada personalmente
el 26 de octubre de 2011 mediante la cual concedimos al
licenciado Vélez Lugo un término final de veinte (20) días
para cumplir con nuestra Resolución de 4 de marzo de 2011.
Se
le
advirtió
que
su
incumplimiento
con
lo
anterior
podría conllevar un procedimiento de desacato.
Para el 31 de enero de 2014, habiendo transcurrido
más de dos años desde que emitimos la anterior Resolución,
el licenciado Vélez Lugo no había cumplido con las órdenes
de este Tribunal ni había planteado la existencia de justa
causa para tal incumplimiento. Ante ello, el 31 de enero
de 2014 emitimos una Resolución mediante la cual referimos
el
asunto
a
la
Jueza
Administradora
del
Tribunal
de
Primera Instancia, Sala de San Juan, para que el foro
primario celebrara una vista de desacato.5
5
Conforme a esta orden, el Tribunal de Primera Instancia ha celebrado
varias vistas de desacato en el caso Pueblo v. Nelson Vélez Lugo, K
FJ2014M0012. Particularmente, el 10 de septiembre de 2015 se celebró
una vista a la cual compareció la Lcda. Ana Cristina Díaz Velazco en
representación de la ODIN. Según se desprende de la minuta de la
referida vista, el licenciado Vélez Lugo, representado por su abogado,
expresó haber realizado gestiones dirigidas a finiquitar el asunto en
cuestión. Solicitó un término adicional de cuarenta y cinco (45) días
para completar las gestiones necesarias para ello. A esto, la
licenciada Díaz Velazco respondió que era preocupante el término
transcurrido en este caso y que el licenciado debió trabajar el plan
de acción con anterioridad. Resaltó que “no es el interés [de la ODIN]
promover una sanción[,] pero el término transcurrido y la falta de
diligencia de las partes hace que no haya otra alternativa en este
momento”. Véase, Minuta del 10 de septiembre de 2015 del caso Pueblo
v. Nelson Vélez Lugo, supra. Asimismo, el 10 de marzo de 2016 se llevó
a cabo otra vista de cuya minuta surge que el licenciado Vélez Lugo se
7
AB-2008-127
El 3 de marzo de 2015, recibimos copia de un escrito
presentado
por
la
ODIN
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia con relación al caso de desacato. En el mismo,
la
ODIN
informa
nuevamente
que
“no
surge
de
[sus]
expedientes que el licenciado Vélez Lugo haya presentado
el plan de acción inicialmente requerido en la Resolución
emitida
por
[este
Tribunal]
el
4
de
marzo
de
2011
y
reiterada ulteriormente en la Resolución emitida el 21 de
octubre de 2011”.6
Conviene
mencionar
que
entre
diciembre
de
2015
y
febrero de 2016, el licenciado Vélez Lugo presentó varias
mociones ante este Tribunal en las que expresó que ha
intentado comunicarse con la señora Olivera Batista por
teléfono
y
mediante
inscripción
de
las
carta
en
escrituras
ánimo
que
de
motivan
lograr
el
la
presente
caso. Anejó copia de una moción presentada ante el foro de
instancia en el caso de desacato el 7 de diciembre de 2015
en la que informó las gestiones que ha realizado para,
según
alega,
inscribir
las
escrituras.
Entre
éstas
se
encuentran, por ejemplo, llamar y escribir una carta a la
señora Olivera Batista, revisar el expediente de la queja
de epígrafe y reunirse con un abogado. Nótese que tales
gestiones,
lejos
de
ser
un
plan
de
acción
como
el
comprometió a contratar, dentro de un término de treinta (30) días, a
un abogado para llevar a cabo un expediente de dominio con el fin de
atender el asunto que nos ocupa. La siguiente vista de desacato en
este caso está pautada para el próximo 30 de junio de 2016.
6
Véase, Moción en cumplimiento de orden de la ODIN del 3 de marzo de
2015, presentada ante el Tribunal de Primera Instancia en relación al
caso Pueblo v. Nelson Vélez Lugo, supra, págs. 2-3.
8
AB-2008-127
ordenado, constituyen actuaciones aisladas que carecen de
especificidad y que, como mínimo, el licenciado Vélez Lugo
debió
haber
realizado
desde
que
emitimos
la
orden
en
controversia en el 2011.7
II.
Todo abogado tiene el deber ineludible de cumplir con
diligencia las órdenes de este Tribunal, sobre todo cuando
tales
órdenes
se
dictan
en
el
contexto
de
un
proceso
disciplinario ético. In re Rodríguez Salas, 181 DPR 579
(2011). Así lo expresa el Canon 9 de Ética Profesional,
supra,
que
abogados
regula
hacia
los
lo
relativo
tribunales
y
a
la
conducta
requiere
que
de
los
ésta
“se
caracterice por el mayor respeto”. Íd.
Cónsono
con
lo
reiteradamente
que
desatender
constituye
serio
agravio
un
anterior,
las
a
la
hemos
advertido
órdenes
judiciales
autoridad
de
los
tribunales e infringe el Canon 9 de Ética Profesional,
supra.
In
re
Pérez
Román,
191
DPR
186
(2014);
In
re
Maldonado Rivera, 147 DPR 380 (1999). Sin lugar a dudas,
cuando
7
“un
abogado
no
atiende
con
diligencia
nuestros
Resaltamos, además, que el 29 de diciembre de 2015, la señora Olivera
Batista presentó ante este Tribunal una moción en la que expresó que
“han pasado 25 años desde que se otorgaron las escrituras, 7 años
desde que present[ó] [su] queja y 4 años desde que este Tribunal le
ordenara corregir la situación . . . y es ahora, por el caso de
desacato criminal, que el [licenciado] Vélez Lugo intenta comunicarse”
con ella. Véase, Moción urgente solicitando remedio, pág. 1. Añadió
que algunas de las personas relacionadas con las escrituras en
controversia han muerto, y en cuanto a otras, desconoce su paradero.
Asimismo, detalló que el remanente del Registro de la Propiedad ya no
es el mismo, puesto que se han inscrito varias segregaciones
posteriores a la otorgación de las escrituras en cuestión. Finalmente,
indicó que no interesa que el licenciado Vélez Lugo lleve a cabo las
gestiones dirigidas a la inscripción de su propiedad, pues no es una
persona de su confianza.
9
AB-2008-127
requerimientos
y
apercibimientos
procede
se
de
decretar
abogacía.
In
re
muestra
indiferente
ante
imponerle
sanciones
disciplinarias”
su
suspensión
Pérez
además,
In
re
Colón
Marrero
García,
187
Román,
Olivo,
DPR
de
supra,
187
578
la
nuestros
profesión
de
pág.
Véanse
DPR
659
(2012);
In
188.
(2013);
re
In
la
re
Betancourt
Medina, 183 DPR 821 (2011).
Actuar con indiferencia, despreocupación y falta de
cooperación
Canon
9,
es
incompatible
supra,
pretende
Córdova,
183
DPR
217
expresar
que
este
Tribunal
con
la
norma
salvaguardar.
(2011).
Hemos
no
ética
In
sido
tolerará
re
que
Fidalgo
enfáticos
la
el
actitud
al
de
indiferencia por parte de un miembro de nuestra profesión
ante nuestras órdenes. In re López González, 189 DPR 581
(2013). Y no es para menos. Después de todo, desatender
nuestras
órdenes
en
el
curso
de
un
procedimiento
disciplinario, “revela una gran fisura del buen carácter
que debe exhibir todo miembro de la profesión legal”. In
re Massanet Rodríguez, 188 DPR 116, 126 (2013).
Finalmente,
imponer
una
conviene
sanción
destacar
disciplinaria,
que
al
hemos
momento
de
tomar
consideración los siguientes factores:
(i) la buena reputación del abogado en la
comunidad; (ii) su historial previo; (iii) si
[é]sta constituye su primera falta y si alguna
parte
ha
resultado
perjudicada;
(iv)
la
aceptación
de
la
falta
y
su
sincero
arrepentimiento; (v) si se trata de una conducta
aislada; (vi) el ánimo de lucro que medió en su
actuación; (vii) resarcimiento al cliente, y
(viii) cualesquiera otras consideraciones, ya
de
en
10
AB-2008-127
bien atenuantes o agravantes, que medien de
acuerdo con los hechos. In re Pérez Marrero, 185
DPR 449, 461 (2012), citando a In re Quiñones
Ayala, 165 DPR 138, 147 (2005).
III.
En el año 2011 emitimos una Resolución mediante la
cual ordenamos al licenciado Vélez Lugo presentar un plan
de acción para lograr la inscripción de las escrituras
relacionadas a la queja de epígrafe, so pena de sanciones.
Éste
no
cumplió
con
lo
solicitado.
A
pesar
de
su
incumplimiento, le otorgamos una segunda oportunidad para
cumplir
con
transcurrido
nuestra
un
orden.
término
de
No
más
obstante,
de
cuatro
habiendo
años,
el
licenciado Vélez Lugo no ha presentado el plan requerido.8
La actitud de indiferencia y dejadez del licenciado
Vélez Lugo ante los requerimientos de este Tribunal es
inaceptable.
Su
proceder
es
uno
de
menosprecio
hacia
nuestra autoridad y es incompatible con el ejercicio de la
profesión de la abogacía. Su actitud constituye, pues, un
absoluto menosprecio a lo dispuesto por el Canon 9 de
Ética
Profesional,
anterior
se
suman
supra,
y
factores
a
esta
Institución.
agravantes
tales
A
lo
como
su
historial disciplinario y el perjuicio que ha causado a la
8
Según señalamos anteriormente, es ahora, en el contexto de un
procedimiento de desacato ordenado por este Tribunal y
habiendo
transcurrido más de cuatro años desde que emitiéramos la orden en
cuestión, que el licenciado Vélez Lugo comparece ante nos y alega
haber efectuado ciertas gestiones –tales como llamar por teléfono y
enviar una carta a la señora Olivera Batista y revisar el expediente
de la presente queja ética- supuestamente dirigidas a lograr la
inscripción de las escrituras otorgadas. Aun así, nótese que tales
gestiones no constituyen el cumplimiento con lo ordenado.
11
AB-2008-127
señora Olivera Batista la falta de diligencia del letrado
durante un transcurso considerable de tiempo.
Por los fundamentos que anteceden, concluimos que el
licenciado
Vélez
Lugo
infringió
Canon
9
de
Ética
Profesional, supra, y ordenamos su suspensión inmediata e
indefinida de la práctica de la abogacía.
En vista de lo
anterior, se le impone el deber de notificar a todos sus
clientes
sobre
su
inhabilidad
representándolos
y
recibidos
trabajos
por
devolverles
no
para
continuar
cualesquiera
honorarios
realizados
e
informar
oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y
administrativos
correspondientes.
Asimismo,
deberá
acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior
dentro del término de treinta (30) días a partir de la
notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
La suspensión del licenciado Vélez Lugo no le exime
de
cumplir
con
las
órdenes
del
Tribunal
de
Primera
Instancia, Sala de San Juan, en el caso de desacato Pueblo
v. Nelson Vélez Lugo, K FJ2014M0012, que se celebra en
virtud de nuestra Resolución del 31 de enero de 2014. Por
el
contrario,
lo
aquí
dispuesto
en
nada
afecta
los
licenciado
Vélez
Lugo
trámites del mencionado caso de desacato.
Notifíquese
personalmente
al
esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Se dictará sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
Nelson Vélez Lugo
AB-2008-127
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2016.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la
presente Sentencia, decretamos la suspensión inmediata e
indefinida del ejercicio de la abogacía del Lcdo. Nelson
Vélez Lugo por infringir el Canon 9 del Código de Ética
Profesional.
Le imponemos el deber de notificar a todos sus
clientes de su inhabilidad de seguir representándolos e
informar oportunamente de su suspensión indefinida a los
foros
judiciales y administrativos de Puerto Rico.
Además, tiene la obligación de acreditar y certificar ante
este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del
término de treinta (30) días a partir de la notificación
de esta Sentencia.
Lo pronunció y manda el Tribunal
Secretario del Tribunal Supremo.
y
certifica
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
el