Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Héctor Luis Torres Dávila
2016 TSPR 103
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Héctor Luis Torres Dávila
TS-13648
Conducta profesional- Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía por incumplimiento con requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías y del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2016 TSPR 103
195 DPR ____
Héctor Luis Torres Dávila
Número del Caso: TS-13,648
Fecha: 17 de mayo de 2016
Oficina de Inspección de Notarías:
Lcdo. Manuel Ávila de Jesús
Director
Materia: La suspensión será efectiva el 6 de junio de 2016,
fecha en que se le notificó por correo al abogado de su
suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re
Héctor Luis Torres Dávila
TS-13,648
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2016.
Hoy nos corresponde ejercer nuevamente nuestro
poder disciplinario y ordenar la suspensión inmediata
e indefinida de un miembro de la profesión jurídica
por incumplir con los requisitos de la Oficina de
Inspección de Notarías (ODIN) y no acatar las órdenes
de este Tribunal.
A
hechos
tales
que
fines,
nos
procedemos
mueven
a
a
imponer
disciplinarias correspondientes.
delimitar
las
los
medidas
TS-13648
2
I
El
Lcdo.
Héctor
Luis
Torres
Dávila
(licenciado
Torres Dávila) fue admitido al ejercicio de la abogacía
el 30 de enero de 2001 y prestó juramento como notario el
16 de marzo de 2001. El 8 de diciembre de 2015, la ODIN,
a
través
Jesús,
de
su
Director
compareció
ante
el
Lcdo.
Manuel
E.
este
Foro
mediante
Ávila
De
Moción
en
auxilio del tribunal para incautación de obra notarial y
otros remedios. En ésta, indicó que el licenciado Torres
Dávila no ha atendido los señalamientos de deficiencias
notificados
2004,
sobre
2005,
la
2006,
obra
2008
protocolar
y
2009,
formada
en
para
particular
el
las
deficiencias arancelarias. Además, el abogado cerró su
sede notarial y trasladó la obra protocolar a una nueva
dirección física, sin contar con la autorización expresa
de la ODIN.
Por otro lado, el licenciado Torres Dávila adeuda los
informes de actividad notarial mensual de junio de 2001,
octubre
de
2011,
enero
diciembre
de
2013
informes
estadísticos
correspondientes
al
a
hasta
de
2012,
diciembre
el
presente,
actividad
2013
de
y
2012
y
desde
así
como
los
notarial
2014.
El
anual
licenciado
Torres Dávila tampoco ha pagado su fianza notarial desde
el 2011 hasta el presente. Además, el abogado no tiene
TS-13648
3
actualizada
su
información
en
el
Registro
Único
de
Abogados (RUA).1
A esos fines, la ODIN le hizo varios requerimientos
al licenciado Torres Dávila. En particular, le solicitó
la entrega de su obra protocolar y completar los trámites
relacionados
al
proceso
de
cesación
ejercicio
la
notaría.
No
obstante,
de
voluntaria
las
del
gestiones
realizadas por la ODIN han resultado infructuosas.
Ante
tales
circunstancias,
el
23
de
diciembre
de
2015, emitimos una Resolución en la cual se ordenó la
incautación
de
la
obra
notarial
del
licenciado
Torres
Dávila.2 A su vez, le concedimos un término de treinta
días al abogado para que subsanara las deficiencias que
le fueron notificadas, acreditara el pago de la fianza
notarial para los años en controversia y rindiera los
informes adeudados. Finalmente, se le otorgó un término
improrrogable de diez días para que mostrara causa por la
cual no debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía
y la notaría.
Luego de incautar y examinar la obra protocolar del
licenciado Torres Dávila, el 1 de marzo de 2016 la ODIN
presentó Informe sobre estado de obra incautada, en el
cual nos notificó las múltiples deficiencias encontradas
1
El 24 de febrero de 2015, la Lcda. Ana C. Díaz Velasco, Directora
Auxiliar de la Oficina de Inspección de Notarías, recibió una llamada
telefónica del Lcdo. Héctor Luis Torres Dávila quien le confirmó que
reside en el estado de Florida.
2
Archivada en autos la copia de la notificación de la Resolución el
23 de diciembre de 2015.
TS-13648
en
la
4
obra
encuentran:
protocolar
del
abogado.
Entre
protocolos
sin
encuadernar;
éstas
se
ausencia
de
índice, nota de cierre y foliación al margen superior del
protocolo; falta de sello y rúbrica del notario; omisión
de
cancelar
Sociedad
los
para
sellos
la
de
rentas
Asistencia
internas
Legal;
y
de
la
ausencia
de
circunstancias personales de las partes comparecientes,
método de identificación y firmas de los otorgantes; y
extravío
de
Transcurridos
instrumentos
los
términos
públicos
autorizados.
concedidos,
el
licenciado
Torres Dávila aún no ha comparecido ante este Tribunal.
II
Nuestro
Código
de
Ética
Profesional
establece
las
normas mínimas de conducta que deben regir a los miembros
de la ilustre profesión de la abogacía en el desempeño de
sus funciones.3 Con el propósito de mantener la excelencia
de la clase togada, reiteradamente hemos enfatizado la
obligación
que
tienen
los
abogados
cabalmente
con
todos
los
cánones
de
de
cumplir
ética
que
fiel
y
rigen
nuestra profesión.4
Entre
las
disposiciones
de
mayor
envergadura
en
nuestro ordenamiento jurídico se encuentra el Canon 9 del
Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, que le impone
3
In re De Jesús Román, 192 DPR 799, 802 (2015); Canon 2 del Código de
Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Véanse también: In re Cepero Rivera
et al., res. el 24 de junio de 2015, 2015 TSPR 119, 193 DPR ___
(2015); In re López González et al., res. el 24 de junio de 2015,
2015 TSPR 107, 193 DPR ___ (2015).
4
In re Sosa Suárez, 191 DPR 261, 261-262 (2014).
TS-13648
5
al abogado el deber de “observar para con los tribunales
una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. La
desatención
de
las
órdenes
y
los
requerimientos
judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de
los tribunales, lo que representa una infracción al Canon
9.5 Por tal motivo, los abogados tienen una obligación
inexcusable de atender y responder pronta y rigurosamente
nuestras órdenes y requerimientos, en especial aquellos
referentes a la investigación, tramitación y resolución
de
quejas
y
disciplinarios.6
procesos
Ello,
independientemente de los procedimientos iniciados en su
contra.7
Asimismo, sabemos que todo notario está obligado a
cumplir cabalmente con la Ley Notarial de Puerto Rico, 4
LPRA
sec.
2001
et
seq.,
y
el
Reglamento
Notarial
de
Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV.8 Su importancia es de tal
magnitud que desacatar los requerimientos cursados por la
ODIN equivale a ignorar las órdenes de este Tribunal.9 El
abogado
debe
desempeñarse
ser
con
cuidadoso
esmero,
y
tiene
diligencia
y
el
deber
estricto
de
celo
5
In re Bryan Picó, 192 DPR 246, 251 (2015); In re Martínez Romero,
188 DPR 511, 514-515 (2013).
6
In re Bryan Picó, supra; In re Vera Vélez, supra.
7
In re Martínez Romero, supra, pág. 115.
8
In re Santaliz Martell, res. el 14 de marzo de 2016, 2016 TSPR 45,
194 DPR ___ (2016).
9
Íd.; In re Rodríguez Zayas, res. el 11 de diciembre de 2015, 2015
TSPR 175, 194 DPR ___ (2015).
TS-13648
6
profesional.10 Por lo tanto, el incumplimiento con estas
fuentes de obligaciones y deberes los expone a la acción
disciplinaria correspondiente.11
Por otro lado, en múltiples instancias hemos señalado
que el notario es el custodio de los protocolos y que
tiene
la
obligación
de
guardarlos
y
conservarlos
responsablemente para que no se pierdan o deterioren.12
Sabido
es
que
la
custodia
y
conservación
de
los
protocolos es de vital importancia para la protección e
integridad de los mismos.13 Tan importante es el deber de
custodia
de
los
protocolos
que
el
Art.
53
de
la
Ley
Notarial, 4 LPRA sec. 2077, prohíbe su remoción de la
oficina
del
notario,
a
menos
que
exista
un
decreto
judicial a esos fines o una autorización de la ODIN.14
En armonía con la Ley Notarial, supra, el Reglamento
Notarial
también
prohíbe
el
traslado
físico
de
los
protocolos de la oficina del notario, excepto cuando se
obtenga previamente una autorización del Director de la
ODIN.15
Solo
se
puede
prescindir
del
requisito
de
10
In re Santaliz Martell, supra; In re Martínez Sotomayor, 189 DPR
492, 499 (2013).
11
Íd.
12
In re Morales Maldonado, res. el 24 de junio de 2015, 2015 TSPR 86,
193 DPR __ (2015); In re Rosenbaum, 189 DPR 115, 119 (2013); In re
Sáez Burgos, 164 DPR 704, 707 (2005).
13
In re Morales Maldonado, supra; In re Carrasquillo Martínez, 173
DPR 798, 803 (2008); In re Algarín Otero, 117 DPR 365, 369–370
(1986).
14
In re Morales Maldonado, supra; In re Sánchez Quijano, 148 DPR 509,
512 (1999).
15
4 LPRA Ap. XXIV.
TS-13648
7
autorización
previa
emergencia
la
y
de
la
integridad
ODIN
de
cuando
los
existe
protocolos
una
está
en
peligro.16
A su vez, el Art. 12 de la Ley Notarial de Puerto
Rico, 4 LPRA sec. 2023, y la Regla 12 de su Reglamento,
supra, dispone que todo notario tiene la obligación de
rendir índices mensuales sobre sus actividades notariales
no más tarde del décimo día calendario del mes siguiente
al mes informado. De igual forma, los notarios tienen que
remitir el índice
mensual
a ODIN
aun cuando no hayan
tenido actividad notarial durante ese mes. En cuyo caso,
éstos
deberán
enviar
un
informe
negativo
sobre
la
actividad notarial.17
A esos efectos, hemos señalado que “la omisión de
rendir
índices
notariales
es
una
falta
grave
a
los
deberes que le impone la investidura de la fe pública
notarial
al
notario,
severas
sanciones
enfatizado
que
dentro
término
del
actuaciones
de
y
tal
conducta
merece
disciplinarias”.18
Además,
hemos
los
referidos
índices
ley
puede
“dejar
por
de
enviar
exigido
naturaleza
ello
por
grave
y
prestarse
contribuir
a
a
la
desviación de la fe pública que reviste a los notarios”.19
16
Íd.; In re Morales Maldonado, supra; In re Sáez Burgos, supra.
17
4 LPRA sec. 2023.
18
In re Santaliz Martell, supra; In re Miranda Cassasnovas, 175 DPR
774, 778 (2009).
19
Íd. Véanse también: In re Feliciano Lasalle, 175 DPR 110, 114
(2008); In re Montañez Miranda, 158 DPR 738 (2003); In re Alvarado
Tizol, 122 DPR 587 (1988).
TS-13648
8
A su vez, este Tribunal ha señalado que cuando un notario
contraviene la Ley Notarial, incurre en una práctica que
constituye una violación del Canon 18 del Código de Ética
Profesional.20
Por otra parte, la Regla 9 (j) del Reglamento del
Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, dispone que todos los
abogados tienen “la obligación de mantener actualizados
sus datos y realizar cualquier cambio en la información
que consta en el Registro Único [de Abogados del Tribunal
Supremo
(RUA)]”.
Entre
otras
cosas,
el
abogado
deberá
notificar cualquier cambio en su dirección, teléfono, fax
y correo electrónico. El incumplimiento de lo anterior
también
podrá
conllevar
disciplinarias.21
No
la
imposición
olvidemos
que
de
cuando
sanciones
un
letrado
incumple con su deber de mantener al día su información
de
contacto,
este
obstaculiza
el
ejercicio
de
nuestra
jurisdicción disciplinaria.22
III
El
licenciado
conducta
temeraria
como
foro
incumplido
Torres
en
regulador
Dávila
desatención
de
reiteradamente
la
ha
a
nuestra
profesión
con
los
desplegado
legal.
una
autoridad
Éste
ha
apercibimientos
y
órdenes que, tanto este Tribunal como la ODIN, le hemos
20
In re Cabrera Acosta, res. el 7 de julio de 2015, 2015 TSPR 96, 193
DPR ___ (2015); In re Muñoz Fernós, 184 DPR 679, 685 (2012).
21
In re Bryan Picó, supra.
22
In re Toro Soto, 181 DPR 654, 661 (2011).
TS-13648
9
remitido. Esa conducta constituye un craso incumplimiento
con el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra.
Además,
el
licenciado
Torres
Dávila
ha
incumplido
con
varias disposiciones de la Ley Notarial y su Reglamento,
lo que representa gran menosprecio a la práctica de la
profesión jurídica.
Por otro lado, su omisión de mantener informado a
este Tribunal sobre su dirección actual ha obstaculizado
el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria. Ante
tales
circunstancias,
disciplinaria
nuestras
en
no
dudaremos
en
tomar
acción
contra
de
abogados
que
incumplan
o
de
ODIN
que
no
órdenes
las
y
con
demuestren
interés en practicar la profesión de la abogacía en esta
jurisdicción.
IV
Por
los
fundamentos
expuestos,
decretamos
la
suspensión inmediata e indefinida del licenciado Torres
Dávila del ejercicio de la abogacía y la notaría.
El licenciado Torres Dávila deberá notificar a sus
clientes
que,
por
motivo
de
su
suspensión,
continuar
proveyéndoles
consultoría
legal,
debe
a
y
devolver
éstos
ni
los
no
podrá
representación
expedientes
de
cualquier caso ya atendido o pendiente de resolución y
los honorarios que haya percibido por cualquier trabajo
no realizado. De igual manera, tendrá la responsabilidad
de informar de su suspensión a todos los foros judiciales
TS-13648
10
y administrativos en los que tenga algún caso pendiente.
Además, tiene la obligación de comunicarse con la ODIN
para
subsanar
las
deficiencias
encontradas
en
su
obra
notarial y reponer la deuda arancelaria señalada en el
Informe sobre estado de obra incautada, presentado por la
ODIN el 1 de marzo de 2016. Deberá acreditar y certificar
ante este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior,
dentro del término de treinta días, contados a partir de
la
notificación
de
la
presente
Opinión
Per
Curiam
y
Sentencia.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia.
Se dictará sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re
Héctor Luis Torres Dávila
TS-13648
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2016.
Por los fundamentos expuestos, decretamos la
suspensión inmediata e indefinida del licenciado
Torres Dávila del ejercicio de la abogacía y la
notaría.
El licenciado Torres Dávila deberá notificar a
sus clientes que, por motivo de su suspensión, no
podrá
continuar
proveyéndoles
consultoría
ni
representación legal, y debe devolver a éstos los
expedientes de cualquier caso ya atendido o pendiente
de resolución y los honorarios que haya percibido por
cualquier trabajo no realizado. De igual manera,
tendrá
la
responsabilidad
de
informar
de
su
suspensión
a
todos
los
foros
judiciales
y
administrativos
en
los
que
tenga
algún
caso
pendiente. Además, tiene la obligación de comunicarse
con
la
ODIN
para
subsanar
las
deficiencias
encontradas en su obra notarial y reponer la deuda
arancelaria señalada en el Informe sobre estado de
obra incautada, presentado por la ODIN el 1 de marzo
de 2016. Deberá acreditar y certificar ante este
Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior, dentro
TS-13648
2
del término de treinta días, contados a partir de la
notificación de la presente Opinión Per Curiam y
Sentencia.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo