LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Héctor Luis Torres Dávila

2016 TSPR 103

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Héctor Luis Torres Dávila

TS-13648

Conducta profesional- Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía por incumplimiento con requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías y del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2016 TSPR 103

195 DPR ____

Héctor Luis Torres Dávila

Número del Caso: TS-13,648

Fecha: 17 de mayo de 2016

Oficina de Inspección de Notarías:

Lcdo. Manuel Ávila de Jesús

Director

Materia: La suspensión será efectiva el 6 de junio de 2016,

fecha en que se le notificó por correo al abogado de su

suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re

Héctor Luis Torres Dávila

TS-13,648

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2016.

Hoy nos corresponde ejercer nuevamente nuestro

poder disciplinario y ordenar la suspensión inmediata

e indefinida de un miembro de la profesión jurídica

por incumplir con los requisitos de la Oficina de

Inspección de Notarías (ODIN) y no acatar las órdenes

de este Tribunal.

A

hechos

tales

que

fines,

nos

procedemos

mueven

a

a

imponer

disciplinarias correspondientes.

delimitar

las

los

medidas

TS-13648

2

I

El

Lcdo.

Héctor

Luis

Torres

Dávila

(licenciado

Torres Dávila) fue admitido al ejercicio de la abogacía

el 30 de enero de 2001 y prestó juramento como notario el

16 de marzo de 2001. El 8 de diciembre de 2015, la ODIN,

a

través

Jesús,

de

su

Director

compareció

ante

el

Lcdo.

Manuel

E.

este

Foro

mediante

Ávila

De

Moción

en

auxilio del tribunal para incautación de obra notarial y

otros remedios. En ésta, indicó que el licenciado Torres

Dávila no ha atendido los señalamientos de deficiencias

notificados

2004,

sobre

2005,

la

2006,

obra

2008

protocolar

y

2009,

formada

en

para

particular

el

las

deficiencias arancelarias. Además, el abogado cerró su

sede notarial y trasladó la obra protocolar a una nueva

dirección física, sin contar con la autorización expresa

de la ODIN.

Por otro lado, el licenciado Torres Dávila adeuda los

informes de actividad notarial mensual de junio de 2001,

octubre

de

2011,

enero

diciembre

de

2013

informes

estadísticos

correspondientes

al

a

hasta

de

2012,

diciembre

el

presente,

actividad

2013

de

y

2012

y

desde

así

como

los

notarial

2014.

El

anual

licenciado

Torres Dávila tampoco ha pagado su fianza notarial desde

el 2011 hasta el presente. Además, el abogado no tiene

TS-13648

3

actualizada

su

información

en

el

Registro

Único

de

Abogados (RUA).1

A esos fines, la ODIN le hizo varios requerimientos

al licenciado Torres Dávila. En particular, le solicitó

la entrega de su obra protocolar y completar los trámites

relacionados

al

proceso

de

cesación

ejercicio

la

notaría.

No

obstante,

de

voluntaria

las

del

gestiones

realizadas por la ODIN han resultado infructuosas.

Ante

tales

circunstancias,

el

23

de

diciembre

de

2015, emitimos una Resolución en la cual se ordenó la

incautación

de

la

obra

notarial

del

licenciado

Torres

Dávila.2 A su vez, le concedimos un término de treinta

días al abogado para que subsanara las deficiencias que

le fueron notificadas, acreditara el pago de la fianza

notarial para los años en controversia y rindiera los

informes adeudados. Finalmente, se le otorgó un término

improrrogable de diez días para que mostrara causa por la

cual no debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía

y la notaría.

Luego de incautar y examinar la obra protocolar del

licenciado Torres Dávila, el 1 de marzo de 2016 la ODIN

presentó Informe sobre estado de obra incautada, en el

cual nos notificó las múltiples deficiencias encontradas

1

El 24 de febrero de 2015, la Lcda. Ana C. Díaz Velasco, Directora

Auxiliar de la Oficina de Inspección de Notarías, recibió una llamada

telefónica del Lcdo. Héctor Luis Torres Dávila quien le confirmó que

reside en el estado de Florida.

2

Archivada en autos la copia de la notificación de la Resolución el

23 de diciembre de 2015.

TS-13648

en

la

4

obra

encuentran:

protocolar

del

abogado.

Entre

protocolos

sin

encuadernar;

éstas

se

ausencia

de

índice, nota de cierre y foliación al margen superior del

protocolo; falta de sello y rúbrica del notario; omisión

de

cancelar

Sociedad

los

para

sellos

la

de

rentas

Asistencia

internas

Legal;

y

de

la

ausencia

de

circunstancias personales de las partes comparecientes,

método de identificación y firmas de los otorgantes; y

extravío

de

Transcurridos

instrumentos

los

términos

públicos

autorizados.

concedidos,

el

licenciado

Torres Dávila aún no ha comparecido ante este Tribunal.

II

Nuestro

Código

de

Ética

Profesional

establece

las

normas mínimas de conducta que deben regir a los miembros

de la ilustre profesión de la abogacía en el desempeño de

sus funciones.3 Con el propósito de mantener la excelencia

de la clase togada, reiteradamente hemos enfatizado la

obligación

que

tienen

los

abogados

cabalmente

con

todos

los

cánones

de

de

cumplir

ética

que

fiel

y

rigen

nuestra profesión.4

Entre

las

disposiciones

de

mayor

envergadura

en

nuestro ordenamiento jurídico se encuentra el Canon 9 del

Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, que le impone

3

In re De Jesús Román, 192 DPR 799, 802 (2015); Canon 2 del Código de

Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Véanse también: In re Cepero Rivera

et al., res. el 24 de junio de 2015, 2015 TSPR 119, 193 DPR ___

(2015); In re López González et al., res. el 24 de junio de 2015,

2015 TSPR 107, 193 DPR ___ (2015).

4

In re Sosa Suárez, 191 DPR 261, 261-262 (2014).

TS-13648

5

al abogado el deber de “observar para con los tribunales

una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. La

desatención

de

las

órdenes

y

los

requerimientos

judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de

los tribunales, lo que representa una infracción al Canon

9.5 Por tal motivo, los abogados tienen una obligación

inexcusable de atender y responder pronta y rigurosamente

nuestras órdenes y requerimientos, en especial aquellos

referentes a la investigación, tramitación y resolución

de

quejas

y

disciplinarios.6

procesos

Ello,

independientemente de los procedimientos iniciados en su

contra.7

Asimismo, sabemos que todo notario está obligado a

cumplir cabalmente con la Ley Notarial de Puerto Rico, 4

LPRA

sec.

2001

et

seq.,

y

el

Reglamento

Notarial

de

Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV.8 Su importancia es de tal

magnitud que desacatar los requerimientos cursados por la

ODIN equivale a ignorar las órdenes de este Tribunal.9 El

abogado

debe

desempeñarse

ser

con

cuidadoso

esmero,

y

tiene

diligencia

y

el

deber

estricto

de

celo

5

In re Bryan Picó, 192 DPR 246, 251 (2015); In re Martínez Romero,

188 DPR 511, 514-515 (2013).

6

In re Bryan Picó, supra; In re Vera Vélez, supra.

7

In re Martínez Romero, supra, pág. 115.

8

In re Santaliz Martell, res. el 14 de marzo de 2016, 2016 TSPR 45,

194 DPR ___ (2016).

9

Íd.; In re Rodríguez Zayas, res. el 11 de diciembre de 2015, 2015

TSPR 175, 194 DPR ___ (2015).

TS-13648

6

profesional.10 Por lo tanto, el incumplimiento con estas

fuentes de obligaciones y deberes los expone a la acción

disciplinaria correspondiente.11

Por otro lado, en múltiples instancias hemos señalado

que el notario es el custodio de los protocolos y que

tiene

la

obligación

de

guardarlos

y

conservarlos

responsablemente para que no se pierdan o deterioren.12

Sabido

es

que

la

custodia

y

conservación

de

los

protocolos es de vital importancia para la protección e

integridad de los mismos.13 Tan importante es el deber de

custodia

de

los

protocolos

que

el

Art.

53

de

la

Ley

Notarial, 4 LPRA sec. 2077, prohíbe su remoción de la

oficina

del

notario,

a

menos

que

exista

un

decreto

judicial a esos fines o una autorización de la ODIN.14

En armonía con la Ley Notarial, supra, el Reglamento

Notarial

también

prohíbe

el

traslado

físico

de

los

protocolos de la oficina del notario, excepto cuando se

obtenga previamente una autorización del Director de la

ODIN.15

Solo

se

puede

prescindir

del

requisito

de

10

In re Santaliz Martell, supra; In re Martínez Sotomayor, 189 DPR

492, 499 (2013).

11

Íd.

12

In re Morales Maldonado, res. el 24 de junio de 2015, 2015 TSPR 86,

193 DPR __ (2015); In re Rosenbaum, 189 DPR 115, 119 (2013); In re

Sáez Burgos, 164 DPR 704, 707 (2005).

13

In re Morales Maldonado, supra; In re Carrasquillo Martínez, 173

DPR 798, 803 (2008); In re Algarín Otero, 117 DPR 365, 369–370

(1986).

14

In re Morales Maldonado, supra; In re Sánchez Quijano, 148 DPR 509,

512 (1999).

15

4 LPRA Ap. XXIV.

TS-13648

7

autorización

previa

emergencia

la

y

de

la

integridad

ODIN

de

cuando

los

existe

protocolos

una

está

en

peligro.16

A su vez, el Art. 12 de la Ley Notarial de Puerto

Rico, 4 LPRA sec. 2023, y la Regla 12 de su Reglamento,

supra, dispone que todo notario tiene la obligación de

rendir índices mensuales sobre sus actividades notariales

no más tarde del décimo día calendario del mes siguiente

al mes informado. De igual forma, los notarios tienen que

remitir el índice

mensual

a ODIN

aun cuando no hayan

tenido actividad notarial durante ese mes. En cuyo caso,

éstos

deberán

enviar

un

informe

negativo

sobre

la

actividad notarial.17

A esos efectos, hemos señalado que “la omisión de

rendir

índices

notariales

es

una

falta

grave

a

los

deberes que le impone la investidura de la fe pública

notarial

al

notario,

severas

sanciones

enfatizado

que

dentro

término

del

actuaciones

de

y

tal

conducta

merece

disciplinarias”.18

Además,

hemos

los

referidos

índices

ley

puede

“dejar

por

de

enviar

exigido

naturaleza

ello

por

grave

y

prestarse

contribuir

a

a

la

desviación de la fe pública que reviste a los notarios”.19

16

Íd.; In re Morales Maldonado, supra; In re Sáez Burgos, supra.

17

4 LPRA sec. 2023.

18

In re Santaliz Martell, supra; In re Miranda Cassasnovas, 175 DPR

774, 778 (2009).

19

Íd. Véanse también: In re Feliciano Lasalle, 175 DPR 110, 114

(2008); In re Montañez Miranda, 158 DPR 738 (2003); In re Alvarado

Tizol, 122 DPR 587 (1988).

TS-13648

8

A su vez, este Tribunal ha señalado que cuando un notario

contraviene la Ley Notarial, incurre en una práctica que

constituye una violación del Canon 18 del Código de Ética

Profesional.20

Por otra parte, la Regla 9 (j) del Reglamento del

Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, dispone que todos los

abogados tienen “la obligación de mantener actualizados

sus datos y realizar cualquier cambio en la información

que consta en el Registro Único [de Abogados del Tribunal

Supremo

(RUA)]”.

Entre

otras

cosas,

el

abogado

deberá

notificar cualquier cambio en su dirección, teléfono, fax

y correo electrónico. El incumplimiento de lo anterior

también

podrá

conllevar

disciplinarias.21

No

la

imposición

olvidemos

que

de

cuando

sanciones

un

letrado

incumple con su deber de mantener al día su información

de

contacto,

este

obstaculiza

el

ejercicio

de

nuestra

jurisdicción disciplinaria.22

III

El

licenciado

conducta

temeraria

como

foro

incumplido

Torres

en

regulador

Dávila

desatención

de

reiteradamente

la

ha

a

nuestra

profesión

con

los

desplegado

legal.

una

autoridad

Éste

ha

apercibimientos

y

órdenes que, tanto este Tribunal como la ODIN, le hemos

20

In re Cabrera Acosta, res. el 7 de julio de 2015, 2015 TSPR 96, 193

DPR ___ (2015); In re Muñoz Fernós, 184 DPR 679, 685 (2012).

21

In re Bryan Picó, supra.

22

In re Toro Soto, 181 DPR 654, 661 (2011).

TS-13648

9

remitido. Esa conducta constituye un craso incumplimiento

con el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra.

Además,

el

licenciado

Torres

Dávila

ha

incumplido

con

varias disposiciones de la Ley Notarial y su Reglamento,

lo que representa gran menosprecio a la práctica de la

profesión jurídica.

Por otro lado, su omisión de mantener informado a

este Tribunal sobre su dirección actual ha obstaculizado

el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria. Ante

tales

circunstancias,

disciplinaria

nuestras

en

no

dudaremos

en

tomar

acción

contra

de

abogados

que

incumplan

o

de

ODIN

que

no

órdenes

las

y

con

demuestren

interés en practicar la profesión de la abogacía en esta

jurisdicción.

IV

Por

los

fundamentos

expuestos,

decretamos

la

suspensión inmediata e indefinida del licenciado Torres

Dávila del ejercicio de la abogacía y la notaría.

El licenciado Torres Dávila deberá notificar a sus

clientes

que,

por

motivo

de

su

suspensión,

continuar

proveyéndoles

consultoría

legal,

debe

a

y

devolver

éstos

ni

los

no

podrá

representación

expedientes

de

cualquier caso ya atendido o pendiente de resolución y

los honorarios que haya percibido por cualquier trabajo

no realizado. De igual manera, tendrá la responsabilidad

de informar de su suspensión a todos los foros judiciales

TS-13648

10

y administrativos en los que tenga algún caso pendiente.

Además, tiene la obligación de comunicarse con la ODIN

para

subsanar

las

deficiencias

encontradas

en

su

obra

notarial y reponer la deuda arancelaria señalada en el

Informe sobre estado de obra incautada, presentado por la

ODIN el 1 de marzo de 2016. Deberá acreditar y certificar

ante este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior,

dentro del término de treinta días, contados a partir de

la

notificación

de

la

presente

Opinión

Per

Curiam

y

Sentencia.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re

Héctor Luis Torres Dávila

TS-13648

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2016.

Por los fundamentos expuestos, decretamos la

suspensión inmediata e indefinida del licenciado

Torres Dávila del ejercicio de la abogacía y la

notaría.

El licenciado Torres Dávila deberá notificar a

sus clientes que, por motivo de su suspensión, no

podrá

continuar

proveyéndoles

consultoría

ni

representación legal, y debe devolver a éstos los

expedientes de cualquier caso ya atendido o pendiente

de resolución y los honorarios que haya percibido por

cualquier trabajo no realizado. De igual manera,

tendrá

la

responsabilidad

de

informar

de

su

suspensión

a

todos

los

foros

judiciales

y

administrativos

en

los

que

tenga

algún

caso

pendiente. Además, tiene la obligación de comunicarse

con

la

ODIN

para

subsanar

las

deficiencias

encontradas en su obra notarial y reponer la deuda

arancelaria señalada en el Informe sobre estado de

obra incautada, presentado por la ODIN el 1 de marzo

de 2016. Deberá acreditar y certificar ante este

Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior, dentro

TS-13648

2

del término de treinta días, contados a partir de la

notificación de la presente Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo