LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Rosado Molina v. Estado Libre Asociado de Puerto, Hon. Secretario de Justicia y otros

2016 TSPR 95

Poder Judicial de Puerto Rico

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Rosado Molina v. Estado Libre Asociado de Puerto, Hon. Secretario de Justicia y otros

CC-2015-92

Derecho registral inmobiliario: No existe un término para instar una reclamación de reintegro de comprobantes de pago adquiridos para efectuar una operación registral, pero no utilizados, al amparo del Art. 3 de la Ley de Aranceles del Registro de la Propiedad, Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970, según enmendada, 30 LPRA sec. 1767c · Hon. Estrella Martínez

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Arnaldo Rosado Molina

Recurrido

Certiorari

v.

2016 TSPR 95

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, Hon. Secretario de Justicia

y otros

195 DPR ____

Peticionarios

Número del Caso: CC-2015-92

Fecha: 18 de mayo de 2016

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Guayama, Panel VIII

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray

Procuradora General

Lcda. Carmen A. Riera Cintrón

Procuradora General Auxiliar

Materia: Derecho registral inmobiliario: No existe un término para

instar una reclamación de reintegro de comprobantes de pago

adquiridos para efectuar una operación registral, pero no

utilizados, al amparo del Art. 3 de la Ley de Aranceles del

Registro de la Propiedad, Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970, según

enmendada, 30 LPRA sec. 1767c.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Arnaldo Rosado Molina

Recurrido

v.

CC-2015-92

Certiorari

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, Hon. Secretario

de Justicia y Otros

Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA

MARTÍNEZ

San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2016.

Este

recurso

nos

exige

analizar

los

postulados de la Ley de Aranceles del Registro

de la Propiedad, Ley Núm. 91 de 30 de mayo de

1970 (Ley Núm. 91), según enmendada, en aras de

pautar

la

existencia

o

inexistencia

de

un

término prescriptivo o de caducidad para incoar

una reclamación de reintegro de comprobantes de

pago no utilizados al amparo del Art. 3 de la

referida ley.

Examinemos la relación fáctica y el trámite

procesal que originó la controversia de autos.

I

El 26 de diciembre de 2013, el Sr. Arnaldo

Rosado

Molina (señor Rosado Molina o recurrido)

CC-2015-92

2

presentó una demanda sobre reclamación de reintegro ante el

Tribunal de Primera Instancia. En ésta, adujo que suscribió

una Escritura de Compraventa e Hipoteca para presentarla

ante el Registro de la Propiedad (Registro) y que, a tales

fines, el 11 de junio de 2009 adquirió el comprobante de

pago de derechos de inscripción Núm. 5111, por la cantidad

de $4,750. Alegó que la referida escritura no se presentó

para inscripción ante el Registro. En vista de ello, el 21

de noviembre de 2013, presentó una solicitud de reintegro

ante

el

Hacienda

Negociado

de

(Negociado),

Recaudaciones

para

reclamar

del

Departamento

de

la

devolución

del

importe del comprobante de pago que no utilizó. El 2 de

diciembre de 2013, el Negociado denegó la solicitud según

el fundamento de que el comprobante no utilizado caducó.

Ante esa denegatoria, el señor Rosado Molina acudió al foro

primario y

Asociado

solicitó

de

Departamento

que

Puerto

de

se

le ordenara al Estado Libre

Rico

Hacienda

(ELA),

por

(Hacienda),

el

conducto

reembolso

del

de

la

cuantía pagada por el comprobante de rentas internas que no

utilizó.

En

respuesta,

el

ELA

presentó

una

moción

de

desestimación en la que argumentó que la demanda deja de

exponer una reclamación que justifique la concesión de un

remedio. En su moción, reconoció que la Ley Núm. 91 dispone

para que el contribuyente solicite el reintegro del importe

de un comprobante no utilizado, mediante solicitud escrita

al Secretario de Hacienda (Secretario). Empero, adujo que

la

Ley

de

12

de

febrero

de

1904

(Ley

de

1904)

es

la

CC-2015-92

3

disposición legal que establece el término para ejercer el

derecho a reclamar el reintegro. En específico, sostuvo que

la Ley de 1904 dispone el término de caducidad de cuatro

años, contados desde la fecha del pago de la cuantía o del

ajuste del comprobante, y que es dentro de ese plazo que el

contribuyente puede solicitar el reintegro. De esa forma,

concluyó que el señor Rosado Molina perdió su derecho a

exigir el reembolso del importe del comprobante, por no

ejercerlo

en

el

término

de

cuatro

años.

Por

lo

tanto,

razonó que no procede ordenarle al ELA la devolución de la

cuantía pagada.

En oposición, el señor Rosado Molina arguyó que el caso

amerita la concesión de un remedio a su favor, toda vez que

pagó a Hacienda unos derechos registrales que no utilizó.

Alegó que el Art. 3 de la Ley Núm. 91 es la disposición

legal

que

atiende

la

devolución

de

aranceles,

sellos

y

derechos de inscripción no utilizados, y que cumplió con

los requisitos allí dispuestos. Adujo que, contrario a lo

argumentado por el ELA, el término de caducidad de cuatro

años que establece la Ley de 1904 no aplica a su solicitud

de

reembolso.

En

apoyo

a

lo

anterior,

sostuvo

que

su

reclamación no se trata de un cobro ilegal o indebido, o en

exceso, y mucho menos de la corrección de un error. En ese

sentido, expresó que:

No

se

puede

“por

inferencia”

aplicar

esta

disposición legal al caso de autos puesto que la

transacción jurídica ejercitada es diferente y no

[está] contemplada en [esta] [l]ey. Se trata de un

comprobante no utilizado, la transacción jurídica o

negocio jurídico que provocó la compra de dicho

comprobante no se perfeccionó, dicho evento no está

CC-2015-92

4

contemplado en las disposiciones legales citadas

por el [ELA], por tanto es forzoso concluir que

existe una ambigüedad en la [l]ey, en cuyo caso no

puede interpretarse en contra de la parte más débil

quien es el contribuyente frente al Estado.1

Por último, solicitó al foro primario que declarara “no

ha

lugar”

la

moción

de

desestimación

y

le

ordenara

a

Hacienda devolverle el importe de $4,750, por no existir

controversia

sustancial

sobre

los

hechos

materiales

en

cuanto a la adquisición del comprobante, la no utilización

de éste y la cuantía.2

En

réplica

a

la

oposición

presentada

por

el

señor

Rosado Molina, el ELA reiteró su petición de desestimación

de

la

demanda

caducidad

por

dispuesto

incumplimiento

en

la

Ley

de

con

el

término

de

1904.

En

particular,

argumentó que en este caso procede la desestimación por no

existir controversia en torno a los asuntos siguientes: (1)

el 11 de junio de 2009 el señor Rosado Molina adquirió el

comprobante por la cantidad de $4,750 y no lo utilizó, (2)

solicitó el reintegro a Hacienda el 21 de noviembre de

2013, conforme a lo dispuesto en el Art. 3 de la Ley Núm.

91,

(3)

el

2

de

diciembre

de

2013

Hacienda

denegó

la

reclamación, porque el comprobante estaba caducado, y (4)

que transcurrieron más de cuatro años desde la fecha en que

el señor Rosado Molina compró el comprobante hasta la fecha

1

Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación,

Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 36.

2

El Sr. Arnaldo Rosado Molina también invocó la

doctrina del enriquecimiento injusto por parte del ELA. No

obstante, nos abstendremos de discutir los argumentos de

enriquecimiento injusto por no ser necesario para disponer

del presente caso.

CC-2015-92

5

en que solicitó la devolución del importe. Para fundamentar

su

postura

en

cuanto

a

la

aplicabilidad

del

referido

término de caducidad, arguyó que aun cuando el Art. 3 de la

Ley Núm. 91 no haga referencia a un término para presentar

la reclamación de reintegro ante el Secretario, ello no

debe interpretarse como que no existe tal término.

Según el ELA, es un principio de hermenéutica legal que

en

materias

que

se

rijan

por

leyes

especiales

la

deficiencia de éstas se suplirá con las disposiciones del

Código Civil o de otras leyes que regulan el mismo asunto.

En

consecuencia,

el

ELA

razonó

que

la

deficiencia

que

presenta la Ley Núm. 91, en cuanto al término para reclamar

el reintegro de los comprobantes expedidos y no utilizados,

quedó suplida por las disposiciones de la Ley de 1904.

Aclaró que lo argumentado por el señor Rosado Molina, con

relación a la no aplicabilidad de la Ley de 1904 por no

tratarse de un caso de cobro ilegal, indebido, en exceso,

ni de la corrección de un error, no es cónsono con lo

establecido en esa ley. Destacó que el término estatuido en

la Ley de 1904 es lo que al día de hoy existe con relación

al término para reclamar reintegros, por lo que se utiliza

lo allí dispuesto para atender este tipo de reclamaciones.

Sostuvo que la Ley de 1904 aplica al caso de autos, pues un

comprobante

de

pago

que

no

se

utilizó

es

una

cantidad

cobrada para otros fines. En ese sentido, enfatizó que se

desprende del historial legislativo de la Ley de 1904 que

su título se enmendó en dos ocasiones, mediante la Ley Núm.

388 de 13 de mayo de 1947 y, luego, mediante la Ley Núm.

CC-2015-92

6

231 de 10 de mayo de 1949, y que en ambas enmiendas se

dispuso

para

que

éste

se

extendiera

al

reintegro

de

ingresos cobrados para otros fines. Por lo tanto, insistió

en que la reclamación del señor Rosado Molina está sujeta

al término de caducidad de cuatro años que se establece en

la Ley de 1904.

Evaluados los escritos de las partes, el 28 de mayo de

2014,

el

foro

primario

dictó

una

sentencia

en

la

cual

declaró “no ha lugar” la moción de desestimación presentada

por

el

ELA.

En

esencia,

esgrimidos

por

el

señor

devolución

del

importe

de

acogió

todos

los

Rosado

Molina

y

$4,750,

por

argumentos

ordenó

entender

que

la

no

existía controversia sustancial sobre los hechos materiales

respecto a la adquisición del comprobante, la cuantía y la

no utilización de éste. Posteriormente, denegó una moción

de reconsideración presentada oportunamente por el ELA.

Inconforme con tal determinación, el 17 de julio de

2014,

el

ELA

presentó

un

recurso

de

apelación

ante

el

Tribunal de Apelaciones, en el que reiteró los argumentos

presentados ante el foro primario. En términos generales,

señaló

que

erró

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

al

concluir que procede el pago del importe del comprobante no

utilizado,

a

pesar

de

que

el

contribuyente

sometió

su

solicitud de reintegro ante Hacienda luego de transcurrido

el término de caducidad de cuatro años para presentar su

reclamo. En apoyo a ese señalamiento de error, añadió que

la Ley Núm. 91 es un estatuto tributario, por lo cual los

aranceles del Registro tienen el carácter de contribución.

CC-2015-92

A

juicio

7

del

ELA,

cuando

un

contribuyente

adquiere

un

comprobante de rentas internas como requisito previo a la

realización de una transacción registral, está pagando una

contribución que equivale al valor del derecho que pretende

inscribir. Por ende, adujo que, de no materializarse la

operación

registral

comprobante,

como

para

ocurrió

la

en

cual

el

se

adquirió

el

de

epígrafe,

el

caso

importe pagado por el comprobante será una contribución no

exigible.

En

consecuencia,

razonó

que

cuando

el

erario

recibe el pago de esa contribución no exigible se trata de

un cobro indebido sujeto a las disposiciones de la Ley de

1904.3 Por su parte, el 19 de agosto de 2014, el señor

Rosado Molina presentó un escrito en oposición al recurso

de apelación, en el que esencialmente reiteró todos sus

argumentos.

El

29

de

septiembre

de

2014,

el

foro

apelativo

intermedio emitió una sentencia, mediante la cual confirmó

la

determinación

del

Tribunal

de

Primera

Instancia.

Dictaminó que el Art. 3 de la Ley Núm. 91 es la disposición

legal que gobierna el presente caso, por tratarse de una

reclamación de reintegro de los derechos pagados por un

comprobante

reintegro

que

de

no

se

utilizó,

contribuciones

y

pagadas

indebida

o

en

exceso.

Por

ausencia

de

un

término

prescriptivo

3

no

lo

un

en

tanto,

pleito

forma

resolvió

que

impida

sobre

ilegal,

que

en

que

el

Para fundamentar esta premisa, el ELA hizo referencia

al Diccionario de la Real Academia Española, donde se

define el término “indebido” como: “Que no es obligatorio

ni exigible”.

CC-2015-92

8

contribuyente ejerza los derechos provistos en el Art. 3 de

la

Ley

Núm.

91,

comprobante.

procede

el

reintegro

Oportunamente,

reconsideración

de

la

el

sentencia

del

ELA

importe

del

solicitó

la

la

fue

dictada,

cual

denegada.

En desacuerdo con ese dictamen, el 28 de enero de 2015,

el ELA acude ante este Tribunal mediante una petición de

certiorari,

en

la

que

solicita

la

revocación

de

la

sentencia emitida por el foro recurrido. Señala que éste

erró

al

no

decretar

la

desestimación

de

la

demanda

presentada por el señor Rosado Molina y al concluir que

procede la devolución del importe pagado por un comprobante

de rentas internas no utilizado.

Así las cosas, el 28 de abril de 2015, expedimos el

recurso ante nuestra consideración. Con el beneficio de la

comparecencia

de

las

partes

en

el

caso

de

epígrafe,

procedemos a resolver conforme a derecho.

II

En el descargo del deber de pautar el Derecho y de

nuestra función adjudicativa, nos corresponde dirimir las

controversias y adjudicar los derechos de las partes en

este litigio, en atención a los preceptos de la Ley Núm. 91

de 30 de mayo de 1970, según enmendada, también conocida

como Ley de Aranceles del Registro de la Propiedad, 30 LPRA

secs. 1767a-1767e. En lo que atañe al asunto ante nos, es

de

particular

dispuesto

en

el

importancia

Art.

3

de

analizar

e

la

ley,

citada

interpretar

con

miras

lo

a

determinar si existe un término prescriptivo o de caducidad

CC-2015-92

para

9

presentar

una

reclamación

de

reintegro

de

un

comprobante de pago no utilizado. En esa tarea, es nuestro

deber considerar los principios de hermenéutica jurídica.

A.

En

nuestro

ordenamiento

jurídico

se

han

establecido

determinadas normas de hermenéutica legal que, en mayor o

menor

medida,

ejercicio

de

se

imponen

nuestra

como

función

principios

rectores

adjudicativa.

San

del

Gerónimo

Caribe Project v. Registradora, 189 DPR 849, 868 (2013);

Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 126 (2012).

Como es sabido, es un principio cardinal de hermenéutica

que cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, su

letra no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir

su espíritu. Art. 14 del Código Civil de PR, 31 LPRA sec.

14.

Véanse,

también:

San

Gerónimo

Caribe

Project

v.

Registradora, supra, pág. 866; Const. José Carro v. Mun.

Dorado,

supra,

pág.

126;

IFCO

Recycling

v.

Aut.

Desp.

Sólidos, 184 DPR 712, 739 (2012); Sánchez Díaz et al. v.

ELA, 181 DPR 810, 821 (2011); Bomberos Unidos v. Cuerpo de

Bomberos et al., 180 DPR 723, 750 (2011); Asoc. Fcias. v.

Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 938 (2010); Alonso

García

v.

SLG,

155

DPR

91,

98

(2001);

Pueblo

v.

Zayas

Rodríguez, 147 DPR 530, 538 (1999). Amparándonos en este

axioma de interpretación judicial,

hemos establecido que

“el primer paso al interpretar un estatuto es remitirnos al

propio texto de la ley, puesto que cuando el legislador se

ha expresado en un lenguaje claro e inequívoco, el propio

texto

de

la

ley

es

la

expresión

por

excelencia

de

la

CC-2015-92

10

intención legislativa”. Cordero v. ARPe, 187 DPR 445, 456

(2012).

Es

decir,

no

hay

necesidad

de

recurrir

al

subterfugio de indagar más allá de la ley para cumplir con

su

propósito

legislativo

cuando

su

texto

es

claro.

San

Gerónimo Caribe Project v. Registradora, supra, pág. 866;

Cordero v. ARPe, supra, pág. 456; Asoc. Fcias. v. Caribe

Specialty et al. II, supra, pág. 938. En ese sentido, hemos

sido

diáfanos

en

establecer

que

un

tribunal

no

está

autorizado a adicionar limitaciones o restricciones que no

aparecen en el texto de una ley, ni a suplir omisiones al

interpretarla,

bajo

el

pretexto

de

buscar

la

intención

legislativa. Román v. Superintendente de la Policía, 93 DPR

685, 690 (1966); Meléndez v. Tribunal Superior, 90 DPR 656,

662 (1964). Además, hemos expresado que, de ordinario, debe

descubrirse

y

hacerse

cumplir

la

verdadera

intención

y

deseo del Poder Legislativo, según expresada en la propia

letra del estatuto. Cordero v. ARPe, supra, pág. 456.

En esos menesteres, debemos interpretar la ley en su

conjunto, y no por secciones separadas. Véanse Const. José

Carro v. Mun. Dorado,

supra, pág. 127;

Asoc. Fcias. v.

Caribe Specialty et al. II, supra, págs. 939-940. En virtud

de lo anterior, estamos obligados a armonizar, en la medida

de lo posible, todas las disposiciones de la ley, en aras

de obtener un resultado más sensato, lógico y razonable.

Orraca López v. ELA, 192 DPR 31 (2014); San Gerónimo Caribe

Project v. Registradora, supra, pág. 869; IFCO Recycling v.

Aut. Desp. Sólidos, supra, pág. 741; Asoc. Fcias. v. Caribe

Specialty et al. II, supra, pág. 940. Véase, además: R.

CC-2015-92

Elfren

11

Bernier

y

J.A.

Cuevas

Segarra,

Aprobación

e

interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev.,

San Juan, Pubs. JTS, 1987, pág. 245.

Ahora bien, cuando exista alguna ambigüedad en el texto

de la ley debemos procurar que ésta se interprete de tal

forma que no se produzca un resultado absurdo o contrario a

la

verdadera

Rodríguez

intención

et

al.

v.

o

propósito

del

legislador.

179

231,

245

ELA,

DPR

Báez

(2010).

En

circunstancias en que existan tales riesgos, los tribunales

podrán recurrir a fuentes extrínsecas al texto de la ley.

Íd. Véase, también: Pérez v. Mun. de Lares, 155 DPR 697,

706

(2001).

Así

por

ejemplo,

será

preciso

consultar

el

historial legislativo del estatuto en cuestión para indagar

cuál

ha

sido

la

voluntad

legislativa.

Pueblo

v.

Zayas

Rodríguez, supra, pág. 539. Otras fuentes que serán de gran

utilidad en la tarea de determinar el significado de un

acto

legislativo

son

los

informes

de

comisiones

y

los

debates en el hemiciclo. Const. José Carro v. Mun. Dorado,

supra, pág. 127; Pueblo v. Zayas Rodríguez, supra, pág.

539.

Véase,

también:

R.

Elfren

Bernier

y

J.A.

Cuevas

Segarra, op. cit., pág. 243.

A la luz del marco doctrinal expuesto, procedemos a

examinar las disposiciones de la Ley Núm. 91 que resultan

pertinentes a la controversia de epígrafe. Veamos.

B.

La Ley Núm. 91 estableció el arancel de los derechos

que se pagarán por las operaciones en el Registro y, a su

CC-2015-92

12

vez, dispuso la forma de pago de estos derechos.4 Cónsono

con esos propósitos, el Art. 3 de la Ley Núm. 91 establece

que:

Los

derechos

que

se

devenguen

por

las

operaciones registrales, según lo dispuesto en las

secs. 1767a a 1767e de este título, se pagarán en

las Colecturías de Rentas Internas del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico o con los sellos, valores o

documentos que el Secretario de Hacienda autorizare

para

estos

propósitos

y

expidiere

manual

o

electrónicamente por sí o por medio de agentes de

sellos de rentas internas.

Se expedirá un comprobante de pago. La copia

del comprobante comprado en [la] Colecturía o el

original del comprobante comprado electrónicamente

(ya sea por medio de un agente para la venta de

sellos de rentas internas o del Departamento de

Hacienda),

será

entregado

al

presentarse

el

documento

o

los

documentos

en

la

sección

correspondiente del Registro de la Propiedad de

Puerto

Rico.

El

Registrador

conservará

los

comprobantes y formará legajo de los mismos por

años fiscales, procediendo a destruir los que

pertenezcan a todos los documentos despachados con

anterioridad a la fecha en que terminó la última

intervención

de

la

Oficina

del

Contralor,

procediendo de igual manera en las intervenciones

futuras. El contribuyente solicitará por separado

un comprobante de diez dólares ($10) para el

asiento de presentación hasta un máximo de tres (3)

comprobantes por el total de los derechos de

inscripción.

El Registrador anotará el número, la cantidad

y fecha de los comprobantes de pago en el libro de

presentación o de registro, según sea el caso, y en

las copias certificadas de los documentos.

En aquellos casos en que los comprobantes de

pago expedidos para estos propósitos no fueren

utilizados

por

el

contribuyente,

éste

podrá

solicitar el reintegro de los derechos así pagados

mediante solicitud por escrito al Secretario de

Hacienda, acompañando el original y la copia del

comprobante de pago originalmente expedido por la

Colecturía o el original del comprobante de pago

expedido electrónicamente.

4

Antes de la Ley Núm. 91 estaba en vigor la Ley Núm.

67 de 20 de junio de 1963, 1963 Leyes de Puerto Rico 258,

que establecía el arancel del Registro de la Propiedad.

CC-2015-92

13

Cuando el importe de los comprobantes de pago

exceda de los derechos registrales determinados por

el Registrador para la inscripción de cualquier

documento,

el

contribuyente

podrá

obtener

el

reintegro de lo pagado en exceso, siempre que así

lo solicite por escrito al Secretario de Hacienda.

El contribuyente que haya adquirido el comprobante

en la Colecturía, acompañará su solicitud con el

original

del

comprobante

de

pago

y

una

certificación bajo la firma del Registrador donde

se

haga

constar

el

monto

de

los

derechos

reintegrables al contribuyente. El contribuyente

que haya adquirido el comprobante electrónicamente

acompañará

a

su

solicitud

de

reintegro

la

certificación del Registrador y una copia del

comprobante

certificada

por

éste.

(Énfasis

suplido). 30 LPRA 1767c.

A través del citado artículo, se modificó la forma en

que originalmente se realizaba el pago de aranceles por

operaciones en el Registro. Así, se eliminó

el pago de

derechos registrales mediante la cancelación de sellos de

rentas internas por la emisión de comprobantes de pago en

las Colecturías de Rentas Internas. Además, este articulado

le

confirió

la

facultad

al

Secretario

de

Hacienda

para

reintegrar los derechos pagados por un comprobante de pago

que el contribuyente no utilizó, siempre que se presente

una solicitud escrita al Secretario a esos efectos y se

acompañe

el

original

y

copia

del

comprobante

de

pago

expedido originalmente por la Colecturía o el original del

comprobante expedido electrónicamente, según sea el caso.

No obstante, nada se dispuso en cuanto al término para

solicitar tal reintegro.

Por otro lado, cabe señalar que luego de la aprobación

de la Ley Núm. 91, el Art. 3 ha sido enmendado en múltiples

CC-2015-92

14

ocasiones.5 Sin embargo, ninguna de las enmiendas introdujo

cambios o modificó significativamente

la disposición que

faculta

el

al

Secretario

a

reintegrar

importe

de

un

comprobante de pago no utilizado. Mucho menos se incorporó

un límite de tiempo que una persona tendría para solicitar

el reintegro.

Como

corolario,

las

disposiciones

estatutarias

contenidas en la Ley Núm. 91 son claras a los efectos de

establecer

el

proceso

mediante

el

cual

se

solicita

el

reintegro de un comprobante de pago que se adquiere para

realizar

operaciones

registrales

y

no

se

utiliza.

Para

ello, el adquirente solicita el reintegro del comprobante

no

utilizado

acompañada

mediante

del

solicitud

original

y

escrita

copia

al

Secretario,

del

comprobante

originalmente expedido por la Colecturía o el original del

comprobante expedido electrónicamente.

Empero, para atender el planteamiento presentado por el

ELA con relación a la aplicabilidad del plazo de caducidad

de cuatro años que se dispone en la Ley de 1904, resulta

5

En 1977, se enmendó por la Ley Núm. 54 de 7 de junio

de 1977, 1977 Leyes de Puerto Rico 123, para incluir la

disposición sobre la destrucción de las copias de

comprobantes de pago. En 1982, se enmendó nuevamente a los

fines de aumentar el valor del comprobante de pago de la

cantidad de $1 a $2. Ley Núm. 3 de 12 de agosto de 1982

(1982 Leyes de Puerto Rico 222). Luego, se enmendó mediante

la Ley Núm. 163 de 10 de agosto de 1988, 1988 Leyes de

Puerto Rico 760, para sustituir la aseveración “y otro

comprobante por el total de los derechos de inscripción”

por “hasta un máximo de tres (3) comprobantes por el total

de los derechos de inscripción”. Por último, el referido

artículo se enmendó en términos generales mediante la Ley

Núm. 364 de 28 de diciembre de 1999, 1999 Leyes de Puerto

Rico 1715.

CC-2015-92

necesario

15

que

evaluemos

los

preceptos

enunciados

en

ese

estatuto. Procedemos.

C.

La Ley de 12 de febrero de 1904, 13 LPRA secs. 101-102,

regula, primordialmente,

lo concerniente al reintegro de

cantidades cobradas ilegal o indebidamente o en exceso. El

ELA esgrime su argumentación basado en la Sec. 2 de esta

ley, la cual dispone lo siguiente:

Siempre que resultare, a satisfacción del

Secretario de Hacienda de Puerto Rico, bien a

solicitud de cualquier parte interesada, o bien por

investigación practicada por el Secretario de

Hacienda de Puerto Rico, al hacer la revisión o

corrección de los recibos de ingresos de cualquier

fuente, que ilegal o indebidamente o en exceso se

han cobrado cantidades de dinero por el Secretario

de Hacienda de Puerto Rico o por sus agentes o por

cualquier otro funcionario u oficial capacitado

legalmente

para

recaudar

y

depositar

fondos

públicos, o que se han ingresado cantidades

indebidamente

por

medio

de

ajustes

o

de

transferencias, el Secretario de Hacienda de Puerto

Rico o el jefe de departamento o agencia en que se

hubieren originado las reclamaciones, quedan por la

presente

autorizados,

con

la

aprobación

del

Secretario de Hacienda de Puerto Rico, para librar

una orden de pago a favor de la parte interesada

reclamante por la cantidad que corresponda o para

tramitar el correspondiente comprobante de ajuste

para corregir el error; Disponiéndose, que no se

concederá la devolución de cantidades pagadas

ilegal o indebidamente o en exceso de la cantidad

debida después de transcurridos cuatro (4) años

desde la fecha del pago de dichas cantidades o del

ajuste de dichos comprobantes, a menos que antes de

vencidos dichos cuatro (4) años la parte interesada

solicitare del Secretario de Hacienda, por escrito,

su devolución; y Disponiéndose, además, que las

secs.

101

y

102

de

este

título

no

serán

interpretadas en el sentido de autorizar el

reintegro

de

contribuciones

de

clase

alguna

cobradas ilegal o indebidamente o en exceso.

(Énfasis suplido). 13 LPRA sec. 101.

Según se desprende de la citada disposición, solo se

impuso

un

término

de

caducidad

de

cuatro

años

para

CC-2015-92

solicitar

16

la

devolución

de

aquellas

cantidades

cobradas

ilegal o indebidamente o en exceso.

Además, surge de sus antecedentes legislativos que este

estatuto se ha enmendado en varias ocasiones. No obstante,

nos

limitamos

a

exponer

aquellas

enmiendas

que

resultan

relevantes al presente caso. Mediante la Ley Núm. 388 de 13

de mayo de 1947, 1947 Leyes de Puerto Rico 745, se enmendó

la Ley de 1904 para sustituir su título, que para aquel

entonces leía: “Ley disponiendo el reintegro de cantidades

cobradas

para

indebidamente

que

leyera:

contribuciones

por

y

“Ley

de

concepto

disponiendo

de

ingresos

contribuciones”,

el

por

reintegro

otros

indebidamente cobrados y para otros fines”.

de

conceptos

Transcurrido

algún tiempo, se aprobó la Ley Núm. 231 de 10 de mayo de

1949, 1949 Leyes de Puerto Rico 719, mediante la cual se

modificó

nuevamente

adoptar

el

lenguaje

el

título

del

de

actual

la

Ley

título,

de

a

1904

para

saber:

“Ley

disponiendo el reintegro de cantidades cobradas ilegal o

indebidamente o en exceso y para otros fines”.

Salvo

las

enmiendas

concernientes

al

título

del

estatuto, no se ha encontrado nada en el texto o el trámite

legislativo de la Ley de 1904 que arroje luz en torno a la

aplicabilidad del término de caducidad de cuatro años a los

supuestos en que no se utiliza un comprobante de pago que

se expidió para los propósitos enunciados en la Ley Núm.

91. En fin, no se ha aprobado ninguna enmienda a la Ley de

1904 que incluya los comprobantes de pago no utilizados que

se contemplan en la Ley Núm. 91, para que les aplique el

CC-2015-92

17

término de cuatro años para reclamar el reintegro de esos

comprobantes.

expresamente

Ello,

con

pues

el

la

Ley

objetivo

de

de

1904

atender

se

el

promulgó

asunto

del

reintegro de cantidades cobradas ilegal o indebidamente o

en

exceso.

Como

vimos,

la

referencia

alguna

a

plazo

para

devolución

del

importe

de

comprobante

utilizado

para

una

un

Ley

un

operación

Núm.

91

que

registral.

tampoco

hizo

procediera

la

de

Por

pago

lo

no

tanto,

procede aplicar el texto claro de ambas legislaciones.

A

tenor

con

la

normativa

jurídica

antes

expuesta,

procedemos a resolver la controversia de epígrafe.

III

Como hemos reseñado, tras la denegatoria del Negociado

a su solicitud de reintegro, el señor Rosado Molina instó

una

demanda

ante

el

foro

primario

para

reclamar

la

devolución del importe pagado por un comprobante de pago

que no utilizó. En apoyo a su reclamación, el recurrido

adujo que la disposición legal que gobierna la controversia

de autos es el Art. 3 de Ley Núm. 91 y acreditó haber

cumplido

con

lo

allí

dispuesto.

ausencia

de

un

término

ejercer

una

reclamación

expreso

de

En

consideración

a

en

la

ley

para

Tribunal

de

reintegro,

citada

el

la

Primera Instancia determinó que no procedía desestimar la

demanda incoada por el señor Rosado Molina y ordenó

la

devolución del importe pagado por el comprobante de pago.

Inconforme

Tribunal

de

con

tal

Apelaciones.

proceder,

El

el

ELA

recurrió

al

referido

foro

confirmó

el

dictamen del foro primario y decretó que ante la ausencia

CC-2015-92

18

de un término específico en la Ley Núm. 91 que limite el

derecho

del

recurrido

a

solicitar

el

reintegro,

procede

ordenar el pago del importe del comprobante no utilizado.

Razonó

que

el

caso

de

epígrafe

está

gobernado

por

lo

dispuesto en la Ley Núm. 91, pues no se está ante un pleito

sobre

reintegro

de

contribuciones

indebidamente,

o

en

exceso.

En

comparece

este

Tribunal

con

ante

cobradas

vista

la

de

ilegal

o

ello,

el

ELA

pretensión

de

que

revoquemos el dictamen recurrido.

El ELA plantea que lo resuelto por el foro apelativo

intermedio

es errado,

toda vez que

alega

que

existe un

término para ejercer los derechos reconocidos en el Art. 3.

Específicamente, aduce que el mencionado artículo tiene una

deficiencia que ha quedado suplida con el término de cuatro

años

dispuesto

sostener

su

en

la

postura,

Sec.

el

2

ELA

de

la

Ley

de

1904.

señala

que

ese

Para

plazo

de

caducidad contenido en la Ley de 1904 es “lo que al día de

hoy

existe

en

relación

a

términos

para

reclamar

reintegros”. No podemos estar contestes con tal raciocinio.

El

ELA

nos

solicita

que,

en

nuestro

ejercicio

de

interpretación, apliquemos el plazo de caducidad de cuatro

años que se dispuso en la Ley de 1904. Sin embargo, tomar

el curso de acción propuesto por el ELA implica desvirtuar

el

claro

lenguaje

de

ambas

legislaciones

y

soslayar

la

realidad que motivó su aprobación. Nos explicamos.

La exposición de motivos de la Ley Núm. 91 reitera el

fin

que

persiguió

el

legislador

al

aprobarla,

a

saber:

reformar el sistema de pago de aranceles por operaciones

CC-2015-92

19

registrales para acelerar la tramitación y despacho de los

documentos que se presentan ante el Registro. Exposición de

Motivos de la Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970 (1970 Leyes

de

Puerto

Rico

aprobación

251).

respondió

a

De

igual

modo,

la

necesidad

recalca

de

que

su

conciliar

las

conflictivas interpretaciones que los usuarios del Registro

hacían con relación al arancel vigente en aquel momento.

Íd. Esos objetivos también se reiteraron durante todo el

trámite legislativo para la aprobación de la ley. Así surge

de

los

informes

presentados

por

las

comisiones

que

evaluaron la medida y de la discusión en los procedimientos

celebrados por ambos cuerpos legislativos. Véanse Diario de

Sesiones

de

la

Asamblea

Legislativa

(Cámara

de

Representantes), 1970, Parte III, Vol. 24, págs. 1182-1184;

Diario

de

Sesiones

1970,

Parte

II,

de

la

Asamblea

Vol.

24,

págs.

Legislativa

825-828.

Es

(Senado),

decir,

las

disposiciones de la Ley Núm. 91 se pensaron en el contexto

particular de las operaciones que se llevan a cabo en el

Registro.

Por

otro

lado,

según

concluyeron

correctamente

los

foros recurridos, la reclamación presentada por el señor

Rosado Molina no se encuentra enmarcada dentro de los tres

supuestos contemplados en el texto de la Ley de 1904. El

término de caducidad de cuatro años limita la devolución de

cantidades pagadas ilegalmente, indebidamente o en exceso

de la cantidad correspondida. Aquí el señor Rosado Molina

pagó una contribución cuya procedencia está decretada por

ley.

La

cuantía

monetaria

que

sufragó

para

obtener

su

CC-2015-92

20

comprobante fue realizada correctamente dentro de un marco

legal tributario. Por lo tanto, la cantidad que contribuyó

no fue pagada ilegal o indebidamente.

Por otra parte, tampoco estamos ante el supuesto de una

cantidad pagada en exceso de lo correspondiente por ley. La

contención

del

señor

Rosado

Molina

es

que

pagó

por

un

comprobante que nunca utilizó. Por consiguiente, esta no es

una situación en la que se reclama la devolución porque se

pagó una suma mayor a la que correspondía, sino una donde

se reclama la devolución

total del importe pagado y

no

utilizado. El lenguaje de la Ley de 1904 no nos permite

concluir que el término de caducidad sea extensivo a la

devolución

de

las

cantidades

de

un

comprobante

pagadas

correctamente, pero no utilizadas.

Por lo tanto, no sería lógico, razonable ni sensato

aplicar

las

disposiciones

de

la

Ley

de

1904

al

caso

particular de los comprobantes de pago que se adquieren

para efectuar operaciones registrales y no son utilizados.

Ello, toda vez que la Ley Núm. 91 y la Ley de 1904 se

promulgaron para fines distintos. Conforme a los materiales

legislativos

consultados,

la

voluntad

legislativa

al

aprobar cada uno de estos estatutos respondió a exigencias

propias del momento histórico en el que se adoptaron. En

ese sentido, no albergamos dudas de que la intención del

legislador no fue aplicar a los comprobantes de pago no

utilizados el término de caducidad de cuatro años, el cual

solo

se

contempló

para

indebidamente o en exceso.

cantidades

cobradas

ilegal

o

CC-2015-92

Más

21

aún,

como

ya

hemos

mencionado,

luego

de

la

aprobación de la Ley Núm. 91, el Art. 3 ha sido enmendado

en

múltiples

ocasiones,

sin

que

se

haya

modificado

lo

relativo a los comprobantes de pago no utilizados. Tampoco

la

Ley

de

1904

ha

sido

enmendada

a

tales

efectos.

En

consecuencia, no podemos acoger la postura del ELA sin que

ello

conlleve

incurrir

en

la

práctica

no

autorizada

ni

deseable de dar a la Ley Núm. 91 una redacción judicial

distinta a la utilizada por el legislador, intercalando en

ella un término que no se contempló. Nótese que validar,

por

fiat

judicial,

la

postura

del

resultado

absurdo

de

equiparar

ELA

conduciría

al

la

solicitud

del

peticionario con los conceptos de pago indebido, ilegal o

en exceso de contribuciones, a pesar de que su reclamo no

es germano a los mismos y, por el contrario, es materia

expresamente regulada por la Ley Núm. 91. Ello, pues como

hemos expuesto el comprobante de pago en controversia no

está contemplado como una contribución ilegal, indebida o

en exceso. Cónsono con lo anterior, hemos manifestado que,

en el ejercicio de disipar los vacíos estatutarios, debemos

ser cautelosos, toda vez que no podemos adoptar un término

prescriptivo, por más analogía que guarde, que frustre la

intención que emana de la ley en cuestión o de la política

pública que la inspira. Orraca López v. ELA, supra, pág.

45.

Por

último,

en

su

comparecencia,

el

ELA

también

argumenta que la Ley Núm. 91 es un estatuto tributario,

cuyos aranceles tienen carácter de contribución, por lo que

CC-2015-92

22

resulta forzoso recurrir a la Ley de 1904 para determinar

cuál es el término aplicable a los comprobantes de pago no

utilizados.

Para

intentar

dar

sostén

a

su

contención,

insiste en que la Ley de 1904 trata sobre la misma materia

que la Ley Núm. 91, por lo cual suple las lagunas o vacíos

estatutarios de ésta última. No le asiste la razón.

Esa

argumentación

contrasta

con

lo

resuelto

en

reiteradas ocasiones por este Tribunal, en el sentido de

que

las

leyes

en

materia

contributiva

no

pueden

interpretarse extensivamente, sino de forma justa, y según

sus

propios

términos,

para

que

toda

ambigüedad

se

interprete restrictivamente contra el Estado y a favor del

ciudadano.

supra,

San

pág.

Gerónimo

861;

IFCO

Caribe

Project

Recycling

v.

v.

Aut.

Registradora,

Desp.

Sólidos,

supra, págs. 741-742; Pagán Rodríguez v. Registradora, 177

DPR

522,

537

(2009).

Véase,

también:

BBC

Realty

v.

Secretario Hacienda, 166 DPR 498, 511 (2005). Así pues, no

podemos

avalar

una

interpretación

de

la

ley

que

atenta

contra la intención que emana de ella y los más elementales

principios de justicia. No existen bases, ni en la letra ni

el espíritu de la Ley Núm. 91, que justifiquen imponer un

término

prescriptivo

o

de

caducidad

en

estos

casos.

Resolver de otra manera resultaría en una injusticia, pues

siendo el contribuyente la parte más débil quedaría privado

de ejercer su derecho a exigir la devolución de la cantidad

que pagó para realizar una operación registral que no se

efectuó, aun cuando la Asamblea Legislativa no facultó al

Secretario

de

Hacienda

a

retener

esa

cuantía.

Más

CC-2015-92

23

importante aún, la imposición de un término para instar una

reclamación de reintegro, en virtud de lo preceptuado en el

Art. 3 de la Ley Núm. 91, constituiría una usurpación del

Poder Legislativo, quien tiene la potestad de legislar un

término y ha optado por no hacerlo.

Con

la

convicción

de

que

no

ha

sido

la

voluntad

legislativa imponer un plazo para ejercitar la causa de

acción que nos ocupa al amparo del Art. 3 de la Ley Núm.

91, resolvemos que no existe un término para interponer una

reclamación de reintegro del importe de un comprobante de

pago adquirido para efectuar una operación registral, pero

no

utilizado.

Secretario

de

Por

lo

tanto,

en

el

Hacienda

venía

obligado

caso

a

ante

nos,

el

reintegrarle

al

señor Rosado Molina los $4,750 que pagó por el comprobante

que no utilizó. Ello, toda vez que éste acreditó haber

adquirido un comprobante de pago por esa cuantía, que no

utilizó

el

comprobante

y

que

reclamó

el

reintegro

del

importe pagado mediante solicitud escrita al Secretario.

IV

Por los fundamentos que anteceden, procede confirmar la

sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Arnaldo Rosado Molina

Recurrido

v.

CC-2015-92

Certiorari

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, Hon. Secretario

de Justicia y Otros

Peticionarios

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2016.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte de la

presente Sentencia, se confirma la sentencia

emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La

Juez

Asociada

señora

Rodríguez

Rodríguez

disiente sin opinión escrita.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo