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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Juan O. Rodríguez López

2016 TSPR 91

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Juan O. Rodríguez López

CP-2013-22

Conducta Profesional – Suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía por el término de 30 días por violación a los Cánones 12, 18 y 38 de Ética Profesional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2016 TSPR 91

Juan O. Rodríguez López

195 DPR ____

Número del Caso: CP-2013-22

Fecha: 13 de mayo de 2016

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Karla Z. Pacheco Álvarez

Subprocuradora General

Lcda. Minnie H. Rodríguez López

Procuradora General Auxiliar

Abogado del Querellado:

Por Derecho Propio

Comisionado Especial:

Hon. Carlos V. Dávila Vélez

Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 17 de

mayo de 2016, fecha en que se le notificó al abogado de su

suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Juan O. Rodríguez López

CP-2013-22

Conducta

Profesional

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2016.

I

El 9 de octubre de 2013, la Oficina de la

Procuradora General de Puerto Rico (PG) presentó

una querella sobre conducta profesional en contra

del Lcdo. Juan O. Rodríguez López (querellado o

licenciado Rodríguez López). La querella imputaba

la violación de los Cánones 12, 18 y 38 del Código

de Ética Profesional (Código), 4 LPRA AP. IX.

El licenciado Rodríguez López fue admitido a

la práctica de la abogacía el 30 de junio de 1995.

El

27

de

febrero

de

2012,

el

Hon.

Jaime

José

Benero López, en aquel entonces Juez del Tribunal

de

Primera

Instancia,

Sala

Superior

de

Ponce,

CP-2013-22

2

emitió un Acta en la cual nos refirió la conducta del

licenciado Rodríguez López en el proceso criminal Pueblo

de Puerto Rico v. Radamés Rosario Díaz, JITR2011-00843,

ello para que el asunto fuera evaluado a la luz de los

Cánones de Ética Profesional (Cánones). En esencia, el

juez

expuso

Rodríguez

que

López

el

patrón

durante

el

de

conducta

juicio

del

licenciado

provocó

dilaciones

excesivas en el proceso y que su reacción a la sanción

impuesta

podría

estar

en

violación

en

el

a

la

conducta

requerida por los Cánones.

En

lo

pertinente,

Acta

se

estableció

lo

siguiente:

(…)

A preguntas del Tribunal, informa el acusado que

se ha tratado de comunicar con el abogado y no ha

podido.

Señala el Tribunal que se emitió una orden de

mostrar causa contra el abogado por la cual no se

debiera imponérsele una sanción de $1,000. Sin

embargo, se le indica al señor alguacil que

informe si la misma fue diligenciada porque al

abogado hay que también darle el debido proceso de

ley.

Informa el alguacil de sala

diligenciada el 13 de febrero

que

la misma

de 2012.

fue

(…)

El alguacil de sala, a preguntas del Tribunal,

informa que el licenciado no se ha comunicado a la

Sala 504, no ha llamado a esta Sala, ni se ha

comunicado con su secretaria.

El 30 de marzo de 2012, emitimos una Resolución

concediendo el término de 20 días al licenciado Rodríguez

López para que se expresara en torno al Acta de la vista

del 23 de febrero de 2012 en el Tribunal de Primera

CP-2013-22

3

Instancia. Transcurrido el término y sin haber recibido

respuesta por parte del licenciado Rodríguez López, el

27 de marzo de 2012, el foro de instancia emitió una

Resolución,

un

Acta

enmendada

y

presentó

una

Moción

informando envío de transcripción, en la cual se presentó

para el expediente la transcripción de la vista del 23 de

febrero de 2012. Por lo anterior, el 3 de mayo de 2012,

le concedimos un nuevo término de 20 días al licenciado

Rodríguez López para que se expresara en respuesta a la

Resolución y a la transcripción de la vista presentada

por el Tribunal de Primera Instancia.

El 7 de mayo de 2012, el licenciado Rodríguez López

presentó su Contestación a queja, en la cual expuso su

posición en cuanto a la situación en controversia. En su

escrito expresó que asumió la representación legal del

Sr. Radamés Rosario Díaz (señor Rosario Díaz) apenas dos

días antes de la vista del 14 de diciembre de 2011. Alegó

que ese mismo día le informó al señor Rosario Díaz que el

día de la vista tenía otros asuntos señalados previamente

fuera

de

la

jurisdicción

de

Ponce.

El

licenciado

Rodríguez López arguyó que por no poder asistir a la

vista, orientó al cliente que compareciera temprano a la

Sala 504, para excusar su ausencia. Además, según nos

expuso, le dejó saber a su cliente que él personalmente

llamaría

al

tribunal

para

motivos de su incomparecencia.

excusarse

y

explicar

los

CP-2013-22

4

En cuanto a la vista del 24 de enero de 2012, el

licenciado

Rodríguez

López

dirigía

al

Tribunal

de

Primera

recibió

una

llamada

de

un

realizando

labores

de

expresó

que

mientras

Instancia

contratista

construcción

en

su

se

de

Ponce,

que

estaba

oficina

en

Ponce. En dicha llamada el contratista le comunicó que

personal de la Oficina de Permisos del Municipio de Ponce

se había presentado en los predios y estaban solicitando

los permisos de construcción y no los encontraban. Por

ello, el licenciado Rodriguez López tuvo que desviarse y

atender

la

situación

momento,

para

construcción.

personal

que

no

se

No

obstante,

en

su

oficina,

paralizaran

alegó

las

que

en

ese

labores

de

se

comunicó

inmediatamente con el Tribunal de Primera Instancia para

explicar la situación y solicitó que se pospusiera la

vista para más tarde ese día o se recalendarizara a una

fecha posterior. Luego, durante el día, el licenciado

acudió al tribunal y se le informó que el caso había sido

recalendarizado para el 23 de febrero de 2012, a las 8:30

a.m.

En

el

23

su

de

Primera

contestación,

el

licenciado

febrero

de

2012,

compareció

Instancia

de

Ponce,

pero

se

al

expuso

que

Tribunal

de

reportó

a

otras

salas, en las cuales tenía otros asuntos pendientes. A

eso de las 9:20 a.m., se dirigió hacia la Sala 503 y

encontró

a

su

cliente

informó

lo

acontecido

en

el

pasillo.

previamente

en

Su

cliente

sala.

Así,

le

el

CP-2013-22

5

licenciado entró a la sala y el alguacil le indicó lo

sucedido y la sanción impuesta en su contra.

El

licenciado

momento

reaccionó

expresó

al

Rodríguez

sorprendido

alguacil

que,

a

López

por

su

alegó

el

que

suceso

entender,

el

y

en

ese

que

le

tribunal

estaba abusando de su discreción, pues le podían haber

dado un turno posterior como se le concede al Ministerio

Público cuando la prueba no está presente. Así las cosas,

el licenciado Rodríguez López le comentó al alguacil que

“el

Honorable

Tribunal

le

había

en

varias

ocasiones

expresado a [sus] clientes que si no llegaban [con él]

inmediatamente los iba a meter preso, en momentos en los

cuales [se] encontraba postulando en otras salas”.1 Por

último, el licenciado opinó que “el Honorable Juez iba a

seguir con esa conducta hasta que alguien le radicara una

querella y que las ganas que [l]e daban eran de radicarle

una querella”.2 Acto seguido, el alguacil le informó que

iba a hablar con el Juez para ver qué se podía hacer.

Luego de hablar con el Juez, el tribunal de instancia

llamó

el

caso

nuevamente

y

se

le

tomó

juramento

al

alguacil para que narrara lo acontecido minutos antes con

el licenciado Rodríguez López.

Conforme

referimos

el

lo

anterior,

asunto

al

PG

el

para

29

de

que

junio

nos

de

2012,

rindiera

su

informe. El 8 de agosto de 2012, recibimos el Informe del

1

Contestación a queja del 3 de mayo de 2012, del Lcdo. Juan O.

Rodríguez López, pág. 3.

2

Íd.

CP-2013-22

6

Procurador General, en el cual nos expuso que durante la

investigación

se

descubrieron

algunas

incongruencias

entre las alegaciones del querellado y la Resolución del

27

de

marzo

de

2012.

En

particular,

el

licenciado

Rodríguez López manifestó originalmente que no compareció

el

2

de

diciembre

de

2011,

por

tener

señalamientos

previos, mientras que el Acta del tribunal establecía que

su cliente había informado a la corte que el licenciado

Rodríguez López no podía comparecer por tener un familiar

enfermo en San Juan. Además, el PG expuso que en cuanto a

la

ausencia

licenciado

a

la

vista

Rodríguez

del

24

López

de

enero

antepuso

de

2012,

sus

el

intereses

personales a los de su cliente.

Así las cosas, el 15 de agosto de 2012, notificada

el 17 de agosto de 2012, emitimos una Resolución en la

cual

le

concedimos

al

licenciado

Rodríguez

López

el

término de 20 días para expresarse en torno al Informe

del

PG.

El

18

de

septiembre

de

2012,

el

licenciado

Rodríguez López compareció mediante Réplica al Informe

del

Procurador

General.

Con

el

beneficio

de

la

comparecencia de ambas partes, el 25 de enero de 2013,

instruimos a la Procuradora General a que presentara las

querellas correspondientes a la luz de la conducta del

licenciado.3

3

Debido a la designación de la Lcda. Margarita Mercado Echegaray

como Procuradora General el 15 de marzo de 2013, en adelante haremos

referencia a su oficina como la Oficina de la Procuradora General y

a su persona como Procuradora General.

CP-2013-22

7

Conforme lo anterior, el 9 de octubre de 2013, la

Procuradora

General

presentó

la

querella.

Ante

esto,

otorgamos un término de 15 días al licenciado Rodríguez

López para contestar la querella. Transcurrido el término

sin

respuesta

por

parte

de

éste,

el

27

de

diciembre

de 2013, notificada el 10 de enero de 2014, concedimos

10 días adicionales al licenciado para que contestara la

querella en su contra.

El 30 de abril de 2014, se celebró la conferencia

con

antelación

a

la

vista.

Durante

la

misma,

el

licenciado Rodríguez López solicitó un término adicional

de 15 días para contestar la querella. Por su parte, la

Procuradora General solicitó que se ordenara al Tribunal

de

Primera

Instancia

elevar

el

expediente

del

caso

J1TR201100843. Ese mismo día se señaló la vista en su

fondo para el 27 de agosto de 2014.

Según

solicitado

por

la

Procuradora

General,

el

2 de mayo de 2014, el Comisionado Especial emitió una

orden en la cual solicitó a la Secretaria Regional del

Centro Judicial de Ponce que elevara los autos originales

o una copia certificada del expediente del caso y la

regrabación de las vistas celebradas los días 2 y 4 de

diciembre de 2011, 24 de enero y 23 de febrero de 2012.

Con el beneficio de todo lo anterior, el 27 de

agosto de 2014, se celebró la vista en su fondo. En la

misma, el Comisionado Especial dirimió la prueba y llegó

a las siguientes determinaciones de hechos:

CP-2013-22

1. El

Sr. Radamés Rosario Díaz contrató los

servicios profesionales del Lcdo. Juan Carlos

Rodríguez en una fecha no especificada del año

2011 para que lo representara en el caso Pueblo

de Puerto Rico v. Radamés Rosario Díaz, por Art.

507 (Imprudencia o Negligencia Temeraria) de la

Ley de Tránsito, Núm. J1TR201100843 y para que

entablara una demanda en daños y perjuicios.

Ambos casos están relacionados con un accidente

de vehículo de motor.

2. El 2 de diciembre de 2011, fue llamado para

vista en su fondo el caso número J1TR201100843

en la Sala 504 del TPI, Sala de Ponce. El

imputado, el señor Rosario Díaz, compareció sin

representación legal. El señor Rosario Díaz

informó al TPI (Hon. Mariano Daumont Crespo,

Juez) que su abogado era el licenciado Juan

Carlos Rodríguez López. Luego de un receso, el

imputado informó que se comunicó con su abogado

quien se encontraba en San Juan atendiendo un

asunto familiar. La vista se transfirió para el

14 de diciembre de 2011 a las 8:30 a.m. El

tribunal ordenó la cancelación de un sello de

suspensión.

3. El lunes 12 de diciembre de 2011, dos días antes

de la vista en su fondo, el licenciado Juan

Carlos Rodríguez López y el señor Rosario Díaz

le

solicitaron

al

querellado

Juan

Oscar

Rodríguez López que a partir de ese momento

atendiera el caso número J1TR201100843. Le

informaron a éste que el juicio estaba señalado

para el 14 de diciembre de 2011. El querellado

aceptó representar al señor Rosario Díaz y le

expresó que no podría comparecer a la vista del

14 de diciembre de 2011.

4. El licenciado Juan Oscar Rodríguez López no

presentó una moción solicitando la transferencia

de la vista señalada para el 14 de diciembre

de 2011. Éste testificó que en tan corto tiempo

para solicitar la transferencia de la vista, se

acostumbra llamar a la sala el día de la vista

para solicitar la misma.

5. El 14 de diciembre de 2011, el caso número

J1TR201100843 fue llamado para la vista en su

fondo. El imputado compareció sin representación

legal. El Ministerio Público expresó estar

preparado. El alguacil del salón de sesiones 504

habló por teléfono con el Lcdo. Juan Carlos

Rodríguez López, hermano del querellado, quien

le indicó que el licenciado Juan Oscar Rodríguez

López se encontraba en San Juan. Por lo que no

podría comparecer. El tribunal transfirió la

vista en su fondo para el 24 de enero de 2012 a

las 8:30 a.m. en otro salón de sesiones, el 503

y ordenó la cancelación de un sello de

suspensión. Ese mismo día el alguacil notificó

8

CP-2013-22

por

teléfono

querellado.

9

el

nuevo

señalamiento

al

6. El 24 de enero de 2012, el querellado se

comunicó por teléfono con el alguacil de la Sala

503 para informar que no podría comparecer por

una situación con un proyecto de construcción y

que otro abogado lo sustituiría. Al ser llamado

el

caso

estaban

presentes

el

imputado

representado por el licenciado Athos Vega en

sustitución del licenciado Juan Oscar Rodríguez

López, la prueba de cargo y el Ministerio

Público. El licenciado Vega informó al tribunal

que el licenciado Juan Oscar Rodríguez López no

podría comparecer por estar atendiendo una

situación relacionada con una construcción que

estaba

llevando

a

cabo

en

su

casa.

El

Hon. Benero García, emitió una orden para que el

querellado compareciera el 23 de febrero de 2012

a las 8:30 de la mañana a la Sala 503 para

mostrar causa por la cual no deba imponerse una

sanción

económica

por

$1,000.00

por

su

incomparecencia a la vista del 24 de enero

de 2012, a pesar de haber sido citado. Le

apercibió que de no comparecer a la vista para

mostrar causa, se le considerará culpable de

desacato al tribunal y se le impondrá la sanción

económica de rigor. El imputado y la prueba

quedaron citados para el 23 de febrero de 2012 a

las 8:30 a.m.

7. El 13 de febrero de 2012, un alguacil notificó

personalmente al querellado la orden de mostrar

causa del 24 de enero de 2012.

8. El 23 de febrero de 2012, fue llamado el caso

del señor Rosario Díaz para juicio. Estaban

presentes la prueba de cargo, el Ministerio

Público y el imputado sin representación legal.

Cuando fue llamado el caso, el querellado se

encontraba en otra sala del Centro Judicial de

Ponce atendiendo otro asunto. El Tribunal

preguntó al alguacil de sala si el querellado se

había comunicado esa mañana por teléfono,

respondiendo éste que después de verificar con

las oficinas de las Salas 503 y 504 el

querellado no se había comunicado. Ante la

incomparecencia del querellado, el tribunal

ordenó citar personalmente al querellado con la

notificación de la ejecución del pago de

$1,000.00 para el día siguiente a las 5:00 p.m.

y transfirió la vista en su fondo para el 20 de

marzo de 2012. Posteriormente, a las 9:45 a.m.

llegó a la sala el querellado. El alguacil le

informó al querellado del nuevo señalamiento y

de la sanción impuesta por el tribunal. A lo que

el querellado respondió que el juez “se supone

que primero me amoneste”, que no procedía la

imposición de una sanción y que por la acción

tomada por el juez, él podría presentar una

CP-2013-22

10

querella contra éste. El querellado le indicó al

alguacil que él estaba en otra sala atendiendo

otro asunto y que había dejado este caso para lo

último porque era para verse en los méritos.

Procedió el alguacil a entrar a la oficina del

juez a informarle de la comparecencia del

querellado y de lo manifestado por éste.

Habiendo el juez escuchado al alguacil, llamó

nuevamente

el

caso,

estando

presentes

el

imputado junto al querellado y el Ministerio

Público. El juez ordenó que se tomara juramento

al alguacil y una vez juramentado, le solicitó

que vertiera para récord lo expresado a éste por

el querellado.

(…)

Después de escuchar al alguacil, el tribunal

dejó

sin

efecto

la

sanción

impuesta

al

querellado, ordenando su archiv[o] bajo la Regla

247-B de Procedimiento Criminal, ordenó la

transcripción

de

la

vista

y

refirió

el

expediente al Tribunal Supremo para que tomara

cartas en el asunto. El juez no le permitió al

querellado contrainterrogar al alguacil.

Con

el

beneficio

del

expediente

del

caso

y

el

Informe del Comisionado Especial, pasamos a resolver.

II

El Código de Ética Profesional,

recoge

las

profesión

normas

de

la

mínimas

de

conducta

abogacía

y

promueven

4 LPRA AP. IX,

que

las

regulan

la

guías

de

comportamiento ejemplar para beneficio de la ciudadanía,

la profesión y las instituciones de justicia.4 Aquellos

que ostentan el privilegio de ser admitidos a este Foro,

tienen la obligación de actuar siempre de acuerdo a los

más altos principios éticos.5

4

In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 617-618 (2014); In re Ortiz

Delgado, 189 DPR 826, 830 (2013); In re Falcón López, 189 DPR 689,

695-696 (2013).

5

In re Rivera Nazario, 2015 TSPR 109, 193 DPR __ (2015); In re

Mulero Fernández, 174 DPR 18, 28 (2008).

CP-2013-22

11

A. Canon 12

El Canon 12, supra, específicamente impone a los

abogados la obligación de ser puntuales en su asistencia,

así como ser concisos y exactos en la tramitación de las

causas. Este canon dispone que:

Es deber del abogado hacia el tribunal, sus

compañeros, las partes y testigos el ser puntual

en su asistencia y conciso y exacto en el trámite

y presentación de sus causas. Ello implica el

desplegar todas las diligencias necesarias para

asegurar que no se causen indebidas dilaciones en

su tramitación y solución. Sólo debe solicitar la

suspensión

de

vista

cuando

existan

razones

poderosas y sea indispensable para la protección

de los derechos sustanciales de su cliente.

Conforme con lo anterior, los abogados deben la más

estricta observancia a las órdenes judiciales, de otro

modo, pueden quedar sujetos al rigor disciplinario.6

Esta

Curia

ha

resuelto

que

la

continua

desobediencia a las órdenes de los tribunales demuestra

una grave infracción a los principios básicos de ética

profesional,

que

exigen

el

mayor

respeto

hacia

los

tribunales.7 El comportamiento de todo abogado “no debe

ser otro que el fiel cumplimiento de la ley y el respeto

al poder judicial”.8

Por lo tanto, las incomparecencias injustificadas

del abogado a las vistas señaladas por el tribunal y las

_____________________________________________________

6

In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 36 (2011); In re Collazo I, 159

DPR 141, 148 (2003).

7

8

In re Collazo I, supra, pág. 149.

In re Nieves Nieves, supra; In re Díaz Alonso, Jr., 115 DPR 755,

762 (1984).

CP-2013-22

12

actuaciones que pongan en riesgo la acción de su cliente,

son violaciones al Canon 12, supra.9

B. Canon 18

El Canon 18, supra, impone a todo abogado el deber

de desempeñarse de forma capaz y diligente al defender

los intereses de su cliente, desplegando en cada caso su

más profundo saber y habilidad, y actuando en aquella

forma

que

la

profesión

jurídica

en

general

estima

adecuada y responsable.10

Reiteradamente, esta Curia ha expresado que todo

miembro de la profesión legal tiene el deber de defender

los intereses de sus clientes con un trato profesional

caracterizado

por

la

mayor

capacidad,

lealtad,

responsabilidad, efectividad y la más completa honradez.11

Este deber se infringe cuando se asume una representación

legal consciente de que no se puede rendir una labor

idónea,

competente

o

que

no

puede

prepararse

adecuadamente para el caso sin que ello apareje gastos o

demoras irrazonables a su cliente o a la administración

de la justicia.12

Al asumir un caso, el abogado se obliga a realizar

todas las gestiones posibles, dentro del marco ético, en

9

In re Nieves Nieves, supra; In re Cuevas Borrero, 185 DPR 189, 197198 (2012).

10

In re Mulero Fernández, supra, pág. 29.

11

In re Cuevas Borrero, supra, pág. 199; In re Meléndez Figueroa,

166 DPR 199, 206 (2005); In re Martínez Miranda, 160 DPR 263, 266

(2003); In re Aguila López, 152 DPR 49, 51-52 (2000).

12

In re Meléndez Figueroa, supra.

CP-2013-22

beneficio

13

del

cliente.13

No

hay

espacio

para

que

los

abogados actúen con displicencia, dejadez y desidia en la

tramitación de los asuntos que le han sido delegados.14

Por lo tanto, este deber de diligencia profesional genera

una obligación dual frente a su cliente, así como frente

a los tribunales en la administración de la justicia.

Así, la diligencia “implica que el [abogado] realice las

gestiones que le fueron encomendadas en momento oportuno,

en forma adecuada y sin dilaciones que puedan afectar la

pronta solución de la controversia”.15

Cónsono a lo anterior, un abogado infringe el Canon

18, supra, cuando exhibe una conducta negligente al no

responder planteamientos fundamentales, ignorar órdenes

judiciales, incurrir en errores crasos y/o desatender o

abandonar el trámite de un caso, entre otras.16

C. Canon 38

Por último, el

Canon 38, supra, dispone que el

abogado o la abogada “deberá esforzarse, al máximo de su

capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su

profesión,

aunque

el

así

hacerlo

conlleve

sacrificios

personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta

profesional impropia”. Además, dicho canon dispone que

“[p]or razón de la confianza pública depositada en el

13

In re Cuevas Borrero, supra.

14

In re Díaz Nieves et als., 189 DPR 1000, 1012 (2013); In re Cuevas

Borrero, supra; In re Nieves Nieves, supra, pág. 37.

15

In re Nieves Nieves, supra, pág. 38, citando a S. Steidel

Figueroa, Ética y Responsabilidad del Abogado, San Juan, Pubs. JTS,

2010, pág. 179.

16

In re Rivera Nazario, supra; In re Nieves Nieves, supra.

CP-2013-22

abogado,

14

éste

debe

de

conducirse

en

forma

digna

y

honorable tanto en su vida privada como en el desempeño

de su profesión”.17

En

múltiples

ocasiones

hemos

señalado

que

cada

abogado representa la profesión y debe actuar con el más

escrupuloso

función

sentido

social

recomienda

a

superior

no

y

que

de

responsabilidad

ejerce.18

todos

los

al

margen

impone

Consecuentemente,

abogados

de

que

lo

actuar

a

establecido

se

un

la

le

nivel

por

los

Cánones.19

Es por esto que todos los abogados deben estar en

un

ejercicio

constante

de

introspección

en

el

cual

analicen si su conducta va acorde con la responsabilidad

ética y moral que permea el ejercicio de la abogacía.20

Por lo tanto, la responsabilidad moral y ética que rige

nuestra profesión obliga a todo abogado a examinar su

comportamiento continuamente.21

III

A

La Procuradora General presentó la querella el 9 de

octubre de 2013, en la cual formuló tres cargos contra el

17

In re Rivera Navarro, 2015 TSPR 100, 193 DPR __ (2015); In re

Guemárez Santiago, supra, págs. 619-620; In re Santiago Ríos, 172

DPR 802, 821 (2007).

18

In re Rivera Navarro, supra; In re Guemárez Santiago, supra, pág.

620; In re Santiago Ríos, supra, pág. 822; In re Quiñones Ayala, 165

DPR 138, 145 (2005); In re Silvagnoli Collazo, 154 DPR 533, 541

(2001); In re Ortiz Brunet, 152 DPR 542, 556 (2000).

19

In re Rivera Navarro, supra.

20

In re Gordon Menéndez, 183 DPR 628, 642 (2011).

21

In re Nieves Nieves, supra, pág. 45; In re Rodríguez Vázquez, 176

DPR 168, 177 (2009).

CP-2013-22

15

Lcdo. Juan Oscar Rodríguez López. En los primeros dos

cargos

se

le

imputa

haber

incurrido

en

conducta

que

violentaba los preceptos enunciados en los Cánones 12 y

18 de Ética Profesional, supra. Esto es, el licenciado

causó

dilaciones

solución

del

caso

innecesarias

criminal

en

la

tramitación

J1TR201100843

de

la

y

Sala

Superior de Ponce.

Así, el licenciado Rodríguez López incumplió con su

deber

de

comparecer

a

todos

los

señalamientos

del

referido caso. Las incomparecencias de los abogados a los

señalamientos debe ser la excepción, no la costumbre y

solo deben ausentarse por razones excepcionales. Por su

parte, el querellado no explicó o justificó adecuadamente

la razón por la cual no podía comparecer a las vistas,

previo a la fecha de las mismas, lo que privó al tribunal

de poder atender el asunto. Igualmente, el querellado

infringió el Canon 18 por no ser diligente y competente

en la defensa de los intereses de su cliente causando con

ello demoras irrazonables en el asunto para el cual fue

contratado.

Luego de estudiado el expediente y el Informe del

Comisionado, entendemos que el licenciado Rodríguez López

violó los Cánones 12 y 18 de Ética Profesional, supra, al

dilatar injustificada e irrazonablemente el trámite del

caso

para

el

cual

fue

contratado.

Así,

el

querellado

asumió la representación legal a sabiendas de que el caso

tenía una vista pautada para el 14 de diciembre de 2011 y

CP-2013-22

16

no compareció ni presentó una moción previa para excusar

su incomparecencia. Además, el querellado fue citado para

comparecer el 23 de febrero de 2012 a las 8:30 a.m. a la

Sala 503 del Tribunal de Primera Instancia de Ponce y

llegó a las 9:45 a.m., sin haberse excusado previamente.

Lo

anterior

causó

que

la

vista

fuera

pospuesta

en

múltiples ocasiones debido a su incomparecencia.

B

En cuanto al cargo III de la querella, se le imputa

al

licenciado

Canon

38

de

Rodríguez

Ética

López

haber

Profesional,

infringido

supra.

Este

el

canon

establece que los abogados deberán esforzarse al máximo

para exaltar el honor y la dignidad de su profesión y no

incurrir en conducta impropia o la apariencia de ésta.

Por el querellado no cumplir de manera diligente,

con el cuidado y esmero en la tramitación del caso, éste

incumplió con el deber de exaltar la dignidad y el honor

de la profesión, según lo exige el Canon 38 del Código de

Ética Profesional, supra. Entendemos que el querellado

violó el referido canon al no comparecer a la vista del

14

de

diciembre

exponer

la

razón

de

2011,

para

sin

su

presentar

moción

incomparecencia

y

al

para

no

presentarse el 23 de febrero de 2012 a las 8:30 a.m. a la

Sala 503, según fue citado.

De la misma manera, la conducta desplegada por el

querellado el 23 de febrero de 2012 ante un funcionario

del

tribunal

en

reacción

a

la

sanción

impuesta

es

CP-2013-22

17

repudiada por los Cánones de Ética Profesional y por esta

Curia. El licenciado Rodríguez López mostró una actitud

desafiante y amenazante hacia el Juez.

Una

vez

el

querellado

faltó

a

su

deber

de

comparecencia, el tribunal de instancia le citó para el

23 de febrero de 2012 para que mostrara causa por la cual

no debía ser impuesta una sanción económica de $1,000 por

sus continuas incomparecencias. Sin embargo, contrario a

lo esperado, el licenciado Rodríguez López no compareció

según había sido citado, sino que llegó con más de una

hora de tardanza sin excusarse previamente. Al momento de

informarle sobre las consecuencias de su incumplimiento,

el querellado se tornó desafiante y amenazante ante la

figura del Juez. Así quedó recopilado con el testimonio

bajo juramento del alguacil de sala.

Cuando

un

abogado

está

en

desacuerdo

con

las

determinaciones del tribunal tiene disponible el recurso

de reconsideración. No obstante, la actitud tomada por el

licenciado Rodríguez López y sus amenazas de presentar

una

querella

circunstancia

contra

en

el

togado

particular,

una

constituye,

clara

en

violación

esta

al

Canon 38.

C

Por último, debemos señalar que las acciones en

incumplimiento del deber del licenciado Rodríguez López

hacia los procesos en los tribunales, lamentablemente se

vio reflejado aun durante el proceso disciplinario en su

CP-2013-22

18

contra. El 27 de diciembre de 2013, notificado el 10 de

enero

de

replicara

2014,

se

a

querella

la

le

concedió

un

término

presentada

en

su

para

que

contra.

No

obstante, el día de la conferencia con antelación a la

vista

el

querellado

manifestó

que

se

le

había

traspapelado la querella, por lo que solicitó un término

adicional

para

expresarse

embargo,

y

a

pesar

de

prórroga

y

de

haberle

en

las

torno

a

múltiples

concedido

el

la

misma.

Sin

solicitudes

de

tiempo

adicional

solicitado, el licenciado no presentó su contestación a

la querella. Con este proceder, el querellado incumplió

con nuestras órdenes del 14 de octubre de 2013 y del

27 de diciembre de 2013 y con la Orden del Comisionado

Especial emitida el 30 de abril de 2014, alegando que

decidió esto como “estrategia” para su caso. Ciertamente,

las solicitudes de prórroga son un mecanismo excepcional

que permite a las partes un tiempo adicional. Lo que no

podemos permitir es que una parte abuse de este mecanismo

utilizándolo como estrategia de litigación para dilatar

los procesos.

El incumplimiento de un abogado con las órdenes

emitidas en un procedimiento disciplinario quebranta el

compromiso de éste con el deber de mantener y contribuir

a

orden

jurídico

íntegro

incumplimiento

constituye

una

22

un

falta

y

eficaz.22

ética

Este

separada

y

In re Vega Lasalle, 164 DPR 659 (2005); In re Ríos Acosta, 143 DPR

128 (1997).

CP-2013-22

19

distinta a los méritos de la querella, que conlleva la

imposición de una sanción.23

IV

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, se ordena la suspensión inmediata

del Lcdo. Juan O. Rodríguez López de la práctica de la

abogacía por el término de treinta (30) días.

En

caso

de

que

éste

se

encuentre

representando

clientes ante nuestros tribunales en la actualidad, se le

impone el deber de notificar a éstos sobre su inhabilidad

de

continuar

representándolos,

devolver

los

honorarios

por trabajos no realizados e informar inmediatamente de

su suspensión a cualquier foro judicial y administrativo

en el que tenga casos pendientes.

Además,

deberá

acreditar

a

este

Tribunal

el

cumplimiento con lo anterior en un término de treinta

(30)

días

contados

esta

Opinión

Per

a

partir

Curiam

y

de

la

notificación

Sentencia.

de

Notifíquese

personalmente.

Se dictará Sentencia de conformidad.

23

In re Grau Díaz, 154 DPR 70 (2001); In re López López, 149 DPR 82

(1999); In re Vargas Soto, 146 DPR 55 (1998); In re Ríos Acosta I,

139 DPR 117 (1995); In re Pérez Benabe, 133 DPR 361 (1993); In re

Ribas Dominicci I, 131 DPR 491 (1992); In re Nicot Santana, 129 DPR

717 (1992).

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Juan O. Rodríguez López

CP-2013-22

Conducta

Profesional

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2016.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte íntegra de la presente Sentencia, se ordena

la suspensión inmediata del Lcdo. Juan O. Rodríguez

López de la práctica de la abogacía por el término

de treinta (30) días.

En caso de que éste se encuentre representando

clientes ante nuestros tribunales en la actualidad,

se le impone el deber de notificar a éstos sobre su

inhabilidad de continuar representándolos, devolver

los honorarios por trabajos no realizados e

informar

inmediatamente

de

su

suspensión

a

cualquier foro judicial y administrativo en el que

tenga casos pendientes.

Además, deberá acreditar a este Tribunal el

cumplimiento con lo anterior en un término de

treinta

(30)

días

contados

a

partir

de

la

notificación

de

esta

Opinión

Per

Curiam

y

Sentencia. Notifíquese personalmente.

CP-2013-22

2

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta

Oronoz Rodríguez y la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez no intervinieron.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo