Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Leida Pagán Torres
2016 TSPR 75
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Leida Pagán Torres
CP-2013-16
Conducta Profesional-Suspensión de seis meses del ejercicio de la abogacía y notaría por quebrantar los Cánones 6, 12, 35 y 38 de Ética Profesional.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2016 TSPR 75
195 DPR ____
Leida Pagán Torres
Número del Caso: CP-2013-16
Fecha: 15 de marzo de 2016
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez
Subprocuradora General
Lcda. Edna E. Rodríguez Benítez
Procuradora General Auxiliar
Lcda. Karla Z. Pacheco Álvarez
Subprocuradora General
Lcda. Gisela Rivera Matos
Procuradora General Auxiliar
Abogados de la Querellada:
Lcdo. Virgilio Mainardi Peralta
Lcdo. José A. Rivera Rodríguez
Comisionada Especial:
Hon. Jeannette Ramos Buonomo
Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva una vez
advenga final y firme la Sentencia conforme a la Regla 45 del
Reglamento del Tribunal Supremo.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Leida Pagán Torres
CP-2013-16
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2016
I
La Lcda. Leida Pagán Torres fue admitida a la práctica
de la abogacía el 6 de julio de 1994 y a la práctica de la
notaría el 1 de agosto de 1994.
El
4
de
Gubernamental
licenciada
febrero
(OÉG)
Pagán
de
2005,
presentó
Torres
la
una
Oficina
querella
imputándole
de
Ética
contra
infracciones
a
la
los
artículos 3.2(c), 3.4(c) y 3.4(d) de la entonces vigente
Ley de ética gubernamental, Ley Núm. 12 de 24 de julio de
1985, 3 L.P.R.A. secs. 1822(c), 1824(c) y 1824(d). Éstos,
en
síntesis,
beneficios
no
regulan
la
permitidos
persona
funge
como
aquellos
asuntos
obtención
por
ley
funcionario
relacionados
con
o
de
privilegios
o
mientras
determinada
empleado
público
y
representación
de
la
intereses privados que están en conflicto con la gestión
pública.
Asimismo, a la licenciada Pagán Torres se le
imputaron
violaciones
a
los
artículos
6(A)
y
13(C)
del
CP-2013-16
2
Reglamento de ética gubernamental, Reg. Núm. 4827 de 20 de
noviembre de 1992. Estos artículos, en esencia, regulan
asuntos análogos a los contemplados en las disposiciones de
la Ley de ética gubernamental recién citadas.
Así, en la querella presentada por la OÉG se alegó que
la licenciada Pagán Torres, mientras se desempeñaba como
abogada
a
tiempo
completo
en
la
Autoridad
de
Tierras,
utilizó las prerrogativas de su cargo para atender diversos
asuntos, de índole privada, ante los foros judiciales del
País, durante su jornada laboral. Esto es, devengó ingresos
–provenientes
prestados.
del
erario
Asimismo,
público-
proveyó
por
servicios
información
falsa
no
al
certificar en las hojas de asistencia que estaba enferma o
realizando
labores
oficiales
cuando
en
realidad
se
desempeñaba como abogada en litigios privados. Por otra
parte, valga señalar que, durante su gestión como abogada,
la licenciada Pagán Torres procuró y consiguió que se le
impusieran sanciones económicas al Estado, su patrono.
Luego
de
un
extenso
trámite
administrativo,
la
entonces directora de la OÉG, Sra. Gladys M. Malpica de
Schaffer,
emitió
una
resolución
en
la
cual
encontró
probadas las infracciones a las disposiciones estatutarias
y reglamentarias imputadas, salvo el inciso 6(A)(4) del
Reglamento
de
impuso
multa
una
ética
gubernamental.
administrativa
a
En
consecuencia,
la
licenciada
le
Pagán
Torres ascendente a $6,600.00. Esta determinación de la OÉG
fue
confirmada,
posteriormente,
por
el
Tribunal
de
CP-2013-16
3
Apelaciones.
Es
menester
destacar
que,
durante
la
tramitación del procedimiento que culminó en la imposición
de la referida multa, la licenciada Pagán Torres hizo caso
omiso a los múltiples requerimientos que le fueron cursados
por la OÉG y, además, se ausentó a varias conferencias y
audiencias ante ésta. Tal proceder, por tanto, acarreó la
innecesaria dilación del procedimiento.
Así las cosas, la OÉG procedió a referir el caso a la
atención de este Tribunal. Acaecidos los trámites de rigor,
emitimos
una
resolución
ordenándole
a
la
Procuradora
General presentar la querella correspondiente. En ésta, se
le imputó a la licenciada Pagán Torres incurrir en conducta
lesiva de los cánones 6, 12, 35 y 38 del Código de Ética
Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 6, 12, 35 y 38. Luego de
que
la
licenciada
refutar
las
Pagán
alegaciones
Torres
tuviera
oportunidad
en
contra,
el
caso
quedó
Código
de
Ética
su
de
sometido para adjudicación.
II
Como
se
sabe,
el
canon
6
del
Profesional consagra las normas que han de regir la labor
de
los
abogados
en
su
desempeño
ante
las
agencias
gubernamentales y, en lo pertinente, dispone cómo éstos han
de proceder cuando ocupen un cargo gubernamental. Así, este
precepto ético señala que
[a]l prestar sus servicios profesionales ante
organismos
legislativos
o
administrativos
el
abogado debe observar los mismos principios de
ética profesional que exige su comportamiento ante
los tribunales. . . . . Un abogado que ejerza su
profesión y que además ocupe un cargo legislativo
CP-2013-16
4
o gubernamental debe anteponer el interés público
al de su cliente cuando ambos vengan en conflicto
e inmediatamente renunciar la representación del
cliente. 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 6.
Nótese que “[c]ontrario al conflicto de intereses proscrito
por
el
Canon
21
incompatibilidad
del
de
Código
de
Ética
Profesional
funciones
no
requiere
una
la
relación
abogado cliente dual”. García O’Neill v. Cruz, 126 D.P.R.
518, 525 (1990). Es decir, “basta con que en el ejercicio
de la función de abogado su actuación sea incompatible con
la situación y circunstancias del caso para que resulte
obvio que la representación legal es impropia, por afectar
la
intendencia
profesional
del
abogado
frente
a
otro
interés público o privado”. Id. Así, el canon 6 exige que,
“de estar en conflicto el interés público y el ejercicio de
la
profesión
legal,
el
abogado
tiene
que
anteponer
el
interés del Estado y renunciar a la representación legal”.
In re Silvagnoli Collazo, 154 D.P.R. 533, 539 (2001).
Por otra parte, el canon 12 le “impone al abogado el
deber de tramitar las causas con puntualidad y diligencia”.
In re Rivera Ramos, 178 D.P.R. 651, 662 (2010); In re Vélez
Lugo, 168 D.P.R. 492, 496 (2006). Asimismo, este exige que
los abogados desplieguen un alto grado de responsabilidad en
la tramitación de las causas en las que intervienen, con tal
de evitar entorpecer la pronta resolución de éstas. Véase,
en general, In re López Montalvo, 173 D.P.R. 193 (2008). Es
menester señalar que “[l]a obligación establecida por el
Canon 12 ha de cumplirla el abogado en todas las etapas de
un litigio, y comprende el acatar fielmente las órdenes del
CP-2013-16
5
Tribunal”. In re Rivera Ramos, 178 D.P.R. en la pág. 663;
véase, además, In re Collazo I, 159 D.P.R. 141 (2003); In re
Pagán Hernández, 141 D.P.R. 113 (1996). Además, “[e]l deber
del
abogado
de
procedimientos
tramitar
judiciales
rápida
y
y
diligentemente
administrativos
no
se
los
limita
únicamente a situaciones en que interviene en su función
clásica
de
abogar
por
extiende
a
aquellos
terceras
asuntos
personas,
en
que
sino
está
que
se
directamente
envuelto”. Véase In re Díaz García, 104 D.P.R. 171, 172
(1975).
Añádase
a
lo
anterior
que
la
incomparecencia
injustificada a las vistas pautadas por el tribunal, que
ocasionen suspensiones y dilaciones injustificadas, violan
necesariamente el precepto ético en cuestión. In re López
Montalvo, 173 D.P.R. en la pág. 757. No se debe perder de
vista que estas normas deben regir las actuaciones de los
abogados aun ante foros administrativos o de otra índole.
De otro lado, el canon 35 dispone, en lo pertinente,
que
“[l]a
conducta
de
cualquier
miembro
de
la
profesión
legal ante los tribunales, para con sus representados y en
las
relaciones
con
sus
compañeros
debe
ser
sincera
y
honrada”. 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 35. De otra parte, este canon
consagra
el
deber
de
“ajustarse
a
la
sinceridad
de
los
hechos . . . al redactar afidávit u otros documentos, y al
presentar causas”. Id. De lo anterior, se colige que esta
pauta ética “impone a los abogados un deber de sinceridad y
honradez
frente
a
todos,
no
sólo
en
la
tramitación
de
litigios, sino en todo tipo de acto”. In re Pons Fontana,
CP-2013-16
6
182 D.P.R. 300, 306 (2011); véase, también,
Sánchez, 159 D.P.R. 769 (2003).
In re Collazo
Este deber, además, es erga
omnes. In re Franco Rivera y Masini Soler, 134 D.P.R. 823,
834 (1993). Asimismo, este Tribunal ha señalado que “[m]ás
que
un
ideal
inseparable
del
irrealizable,
la
verdad
ser
y,
sin
abogado
es
ésta,
un
no
profesión jurídica justificar su existencia”.
atributo
podría
la
In re Pons
Fontana, 182 D.P.R. en la pág. 306; véase, además, In re
Martínez, Odell II, 148 D.P.R. 636 (1999).
Por último, es menester recordar que el canon 38 de
ética
profesional
señala,
en
lo
pertinente,
que
“[e]l
abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la
exaltación del honor y dignidad de la profesión, aunque el
así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar
hasta la apariencia de conducta impropia”. 4 L.P.R.A. Ap.
IX, C. 38. En virtud de este canon, pues, “los miembros de
nuestra profesión deben estar en un ejercicio constante de
introspección en que analicen si su conducta va acorde con
la responsabilidad ética y moral que permea el ejercicio de
la abogacía”. In re Gordon Menéndez, 183 D.P.R. 628, 642
(2011). Después de todo, “los abogados son el espejo donde
se refleja la imagen de la profesión. Por tal razón, [é]stos
deben
actuar
con
el
más
escrupuloso
sentido
de
responsabilidad que impone la función social que ejercen”.
In re Nieves Nieves, 181 D.P.R. 25, 45 (2011).
En cuanto a la apariencia de conducta impropia, cabe
destacar que este Tribunal ha sido enfático al señalar que
CP-2013-16
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ésta “tiene un efecto dañino sobre la imagen, la confianza y
el respeto de la ciudadanía a la profesión, así como lo
tiene la verdadera „impropiedad ética‟. In re Toro Iturrino,
190 D.P.R. 582, 591-592 (2014) (citas omitidas). Es menester
señalar, también, que en virtud del canon 38 este Tribunal
puede sancionar conducta éticamente reprochable bajo otros
cánones.
III
En
atención
esbozadas,
es
a
las
forzoso
pautas
concluir
éticas
que
la
anteriormente
licenciada
Pagán
Torres contravino las mismas.
En primer lugar, la licenciada Pagán Torres incumplió
reiteradamente con las órdenes y requerimientos que le cursó
la
OÉG.
Además,
antepuso
al
interés
público
su
interés
personal e intereses privados de terceros.1 Al actuar de
esta forma, la licenciada en cuestión vulneró los preceptos
éticos que encarna el canon 6. Consecuencia de lo anterior,
las actuaciones de la licenciada Pagán Torres acarrearon
dilaciones injustificadas en el proceso en su contra, las
cuales infringieron la norma de diligencia que consagra el
canon 12.
En lo que respecta al canon 35, baste con señalar que
la
conducta
información
1
de
la
falsa
licenciada
Pagán
respecto
a
las
Torres,
horas
al
proveer
trabajadas
A modo de ejemplo, la licenciada Pagán Torres intervino,
en calidad de abogada, en los siguientes pleitos contra el
Estado: Naydamar González López v. E.L.A., Civil Núm.
ADP1996-0196, y Sylvia Pérez Troche, et al. v. E.L.A., Civil
Núm. IDP1997-0050.
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para el Estado, incumplió palmariamente su deber erga omnes
de sinceridad y honradez.2 Asimismo, al devengar ingresos
por
trabajos
no
realizados,
la
licenciada
Pagán
Torres
contravino el deber ético palmariamente consagrado en el
canon 38; esto es, con sus actuaciones laceró el honor y la
dignidad
de
la
profesión
legal
y,
además,
incurrió
en
conducta impropia.
En vista de lo anterior, se suspende por el término de
seis (6) meses a la licenciada Pagán Torres del ejercicio
de la abogacía y la notaría. Se le impone el deber de
notificar
seguir
a
todos
sus
clientes
representándolos,
recibido
por
no
oportunamente
de
judiciales
administrativos
y
su
devolverles
trabajos
su
de
inhabilidad
cualquier
realizados
suspensión
a
del
para
honorario
e
informar
los
distintos
foros
País.
Además,
deberá
acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior
dentro
del
término
de
treinta
días
a
partir
de
la
notificación de esta opinión Per Curiam y sentencia.
Finalmente,
incautar
suspendida
la
el
obra
y
y
alguacil
el
de
sello
entregarlos
al
este
notarial
director
de
Tribunal
deberá
de
la
abogada
la
Oficina
de
Inspección de Notaría para la correspondiente investigación
e informe.
Se
2
dictará
sentencia
de
conformidad.
Por ejemplo, la licenciada Pagán Torres fungió como
abogada, durante horas laborables en los siguientes pleitos:
Ana M. Pagán Torres, etc. v. Mayagüez Town Center, etc.,
Civil Núm. IDP2000-0029, y Ana García, etc. v. Tiendas
Walmart, etc., Civil Núm. DDP1999-0386.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Leida Pagán Torres
CP-2013-0016
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2016
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam
que antecede, se suspende por el término de seis (6) meses a
la licenciada Pagán Torres del ejercicio de la abogacía y la
notaría. Se le impone el deber de notificar a todos sus
clientes de su inhabilidad para seguir representándolos,
devolverles cualquier honorario recibido por trabajos no
realizados e informar oportunamente de su suspensión a los
distintos foros judiciales y administrativos del País.
Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con
lo anterior dentro del término de treinta (30) días a partir
de la notificación de esta opinión Per Curiam y Sentencia.
Finalmente, el alguacil de este Tribunal deberá incautar
la obra y el sello notarial de la abogada suspendida y
entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de
Notaría para la correspondiente investigación e informe.
Lo acordó el
Tribunal Supremo.
Tribunal
y
certifica
el
Secretario
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
del