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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Leida Pagán Torres

2016 TSPR 75

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Leida Pagán Torres

CP-2013-16

Conducta Profesional-Suspensión de seis meses del ejercicio de la abogacía y notaría por quebrantar los Cánones 6, 12, 35 y 38 de Ética Profesional.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2016 TSPR 75

195 DPR ____

Leida Pagán Torres

Número del Caso: CP-2013-16

Fecha: 15 de marzo de 2016

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez

Subprocuradora General

Lcda. Edna E. Rodríguez Benítez

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Karla Z. Pacheco Álvarez

Subprocuradora General

Lcda. Gisela Rivera Matos

Procuradora General Auxiliar

Abogados de la Querellada:

Lcdo. Virgilio Mainardi Peralta

Lcdo. José A. Rivera Rodríguez

Comisionada Especial:

Hon. Jeannette Ramos Buonomo

Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva una vez

advenga final y firme la Sentencia conforme a la Regla 45 del

Reglamento del Tribunal Supremo.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Leida Pagán Torres

CP-2013-16

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2016

I

La Lcda. Leida Pagán Torres fue admitida a la práctica

de la abogacía el 6 de julio de 1994 y a la práctica de la

notaría el 1 de agosto de 1994.

El

4

de

Gubernamental

licenciada

febrero

(OÉG)

Pagán

de

2005,

presentó

Torres

la

una

Oficina

querella

imputándole

de

Ética

contra

infracciones

a

la

los

artículos 3.2(c), 3.4(c) y 3.4(d) de la entonces vigente

Ley de ética gubernamental, Ley Núm. 12 de 24 de julio de

1985, 3 L.P.R.A. secs. 1822(c), 1824(c) y 1824(d). Éstos,

en

síntesis,

beneficios

no

regulan

la

permitidos

persona

funge

como

aquellos

asuntos

obtención

por

ley

funcionario

relacionados

con

o

de

privilegios

o

mientras

determinada

empleado

público

y

representación

de

la

intereses privados que están en conflicto con la gestión

pública.

Asimismo, a la licenciada Pagán Torres se le

imputaron

violaciones

a

los

artículos

6(A)

y

13(C)

del

CP-2013-16

2

Reglamento de ética gubernamental, Reg. Núm. 4827 de 20 de

noviembre de 1992. Estos artículos, en esencia, regulan

asuntos análogos a los contemplados en las disposiciones de

la Ley de ética gubernamental recién citadas.

Así, en la querella presentada por la OÉG se alegó que

la licenciada Pagán Torres, mientras se desempeñaba como

abogada

a

tiempo

completo

en

la

Autoridad

de

Tierras,

utilizó las prerrogativas de su cargo para atender diversos

asuntos, de índole privada, ante los foros judiciales del

País, durante su jornada laboral. Esto es, devengó ingresos

–provenientes

prestados.

del

erario

Asimismo,

público-

proveyó

por

servicios

información

falsa

no

al

certificar en las hojas de asistencia que estaba enferma o

realizando

labores

oficiales

cuando

en

realidad

se

desempeñaba como abogada en litigios privados. Por otra

parte, valga señalar que, durante su gestión como abogada,

la licenciada Pagán Torres procuró y consiguió que se le

impusieran sanciones económicas al Estado, su patrono.

Luego

de

un

extenso

trámite

administrativo,

la

entonces directora de la OÉG, Sra. Gladys M. Malpica de

Schaffer,

emitió

una

resolución

en

la

cual

encontró

probadas las infracciones a las disposiciones estatutarias

y reglamentarias imputadas, salvo el inciso 6(A)(4) del

Reglamento

de

impuso

multa

una

ética

gubernamental.

administrativa

a

En

consecuencia,

la

licenciada

le

Pagán

Torres ascendente a $6,600.00. Esta determinación de la OÉG

fue

confirmada,

posteriormente,

por

el

Tribunal

de

CP-2013-16

3

Apelaciones.

Es

menester

destacar

que,

durante

la

tramitación del procedimiento que culminó en la imposición

de la referida multa, la licenciada Pagán Torres hizo caso

omiso a los múltiples requerimientos que le fueron cursados

por la OÉG y, además, se ausentó a varias conferencias y

audiencias ante ésta. Tal proceder, por tanto, acarreó la

innecesaria dilación del procedimiento.

Así las cosas, la OÉG procedió a referir el caso a la

atención de este Tribunal. Acaecidos los trámites de rigor,

emitimos

una

resolución

ordenándole

a

la

Procuradora

General presentar la querella correspondiente. En ésta, se

le imputó a la licenciada Pagán Torres incurrir en conducta

lesiva de los cánones 6, 12, 35 y 38 del Código de Ética

Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 6, 12, 35 y 38. Luego de

que

la

licenciada

refutar

las

Pagán

alegaciones

Torres

tuviera

oportunidad

en

contra,

el

caso

quedó

Código

de

Ética

su

de

sometido para adjudicación.

II

Como

se

sabe,

el

canon

6

del

Profesional consagra las normas que han de regir la labor

de

los

abogados

en

su

desempeño

ante

las

agencias

gubernamentales y, en lo pertinente, dispone cómo éstos han

de proceder cuando ocupen un cargo gubernamental. Así, este

precepto ético señala que

[a]l prestar sus servicios profesionales ante

organismos

legislativos

o

administrativos

el

abogado debe observar los mismos principios de

ética profesional que exige su comportamiento ante

los tribunales. . . . . Un abogado que ejerza su

profesión y que además ocupe un cargo legislativo

CP-2013-16

4

o gubernamental debe anteponer el interés público

al de su cliente cuando ambos vengan en conflicto

e inmediatamente renunciar la representación del

cliente. 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 6.

Nótese que “[c]ontrario al conflicto de intereses proscrito

por

el

Canon

21

incompatibilidad

del

de

Código

de

Ética

Profesional

funciones

no

requiere

una

la

relación

abogado cliente dual”. García O’Neill v. Cruz, 126 D.P.R.

518, 525 (1990). Es decir, “basta con que en el ejercicio

de la función de abogado su actuación sea incompatible con

la situación y circunstancias del caso para que resulte

obvio que la representación legal es impropia, por afectar

la

intendencia

profesional

del

abogado

frente

a

otro

interés público o privado”. Id. Así, el canon 6 exige que,

“de estar en conflicto el interés público y el ejercicio de

la

profesión

legal,

el

abogado

tiene

que

anteponer

el

interés del Estado y renunciar a la representación legal”.

In re Silvagnoli Collazo, 154 D.P.R. 533, 539 (2001).

Por otra parte, el canon 12 le “impone al abogado el

deber de tramitar las causas con puntualidad y diligencia”.

In re Rivera Ramos, 178 D.P.R. 651, 662 (2010); In re Vélez

Lugo, 168 D.P.R. 492, 496 (2006). Asimismo, este exige que

los abogados desplieguen un alto grado de responsabilidad en

la tramitación de las causas en las que intervienen, con tal

de evitar entorpecer la pronta resolución de éstas. Véase,

en general, In re López Montalvo, 173 D.P.R. 193 (2008). Es

menester señalar que “[l]a obligación establecida por el

Canon 12 ha de cumplirla el abogado en todas las etapas de

un litigio, y comprende el acatar fielmente las órdenes del

CP-2013-16

5

Tribunal”. In re Rivera Ramos, 178 D.P.R. en la pág. 663;

véase, además, In re Collazo I, 159 D.P.R. 141 (2003); In re

Pagán Hernández, 141 D.P.R. 113 (1996). Además, “[e]l deber

del

abogado

de

procedimientos

tramitar

judiciales

rápida

y

y

diligentemente

administrativos

no

se

los

limita

únicamente a situaciones en que interviene en su función

clásica

de

abogar

por

extiende

a

aquellos

terceras

asuntos

personas,

en

que

sino

está

que

se

directamente

envuelto”. Véase In re Díaz García, 104 D.P.R. 171, 172

(1975).

Añádase

a

lo

anterior

que

la

incomparecencia

injustificada a las vistas pautadas por el tribunal, que

ocasionen suspensiones y dilaciones injustificadas, violan

necesariamente el precepto ético en cuestión. In re López

Montalvo, 173 D.P.R. en la pág. 757. No se debe perder de

vista que estas normas deben regir las actuaciones de los

abogados aun ante foros administrativos o de otra índole.

De otro lado, el canon 35 dispone, en lo pertinente,

que

“[l]a

conducta

de

cualquier

miembro

de

la

profesión

legal ante los tribunales, para con sus representados y en

las

relaciones

con

sus

compañeros

debe

ser

sincera

y

honrada”. 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 35. De otra parte, este canon

consagra

el

deber

de

“ajustarse

a

la

sinceridad

de

los

hechos . . . al redactar afidávit u otros documentos, y al

presentar causas”. Id. De lo anterior, se colige que esta

pauta ética “impone a los abogados un deber de sinceridad y

honradez

frente

a

todos,

no

sólo

en

la

tramitación

de

litigios, sino en todo tipo de acto”. In re Pons Fontana,

CP-2013-16

6

182 D.P.R. 300, 306 (2011); véase, también,

Sánchez, 159 D.P.R. 769 (2003).

In re Collazo

Este deber, además, es erga

omnes. In re Franco Rivera y Masini Soler, 134 D.P.R. 823,

834 (1993). Asimismo, este Tribunal ha señalado que “[m]ás

que

un

ideal

inseparable

del

irrealizable,

la

verdad

ser

y,

sin

abogado

es

ésta,

un

no

profesión jurídica justificar su existencia”.

atributo

podría

la

In re Pons

Fontana, 182 D.P.R. en la pág. 306; véase, además, In re

Martínez, Odell II, 148 D.P.R. 636 (1999).

Por último, es menester recordar que el canon 38 de

ética

profesional

señala,

en

lo

pertinente,

que

“[e]l

abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la

exaltación del honor y dignidad de la profesión, aunque el

así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar

hasta la apariencia de conducta impropia”. 4 L.P.R.A. Ap.

IX, C. 38. En virtud de este canon, pues, “los miembros de

nuestra profesión deben estar en un ejercicio constante de

introspección en que analicen si su conducta va acorde con

la responsabilidad ética y moral que permea el ejercicio de

la abogacía”. In re Gordon Menéndez, 183 D.P.R. 628, 642

(2011). Después de todo, “los abogados son el espejo donde

se refleja la imagen de la profesión. Por tal razón, [é]stos

deben

actuar

con

el

más

escrupuloso

sentido

de

responsabilidad que impone la función social que ejercen”.

In re Nieves Nieves, 181 D.P.R. 25, 45 (2011).

En cuanto a la apariencia de conducta impropia, cabe

destacar que este Tribunal ha sido enfático al señalar que

CP-2013-16

7

ésta “tiene un efecto dañino sobre la imagen, la confianza y

el respeto de la ciudadanía a la profesión, así como lo

tiene la verdadera „impropiedad ética‟. In re Toro Iturrino,

190 D.P.R. 582, 591-592 (2014) (citas omitidas). Es menester

señalar, también, que en virtud del canon 38 este Tribunal

puede sancionar conducta éticamente reprochable bajo otros

cánones.

III

En

atención

esbozadas,

es

a

las

forzoso

pautas

concluir

éticas

que

la

anteriormente

licenciada

Pagán

Torres contravino las mismas.

En primer lugar, la licenciada Pagán Torres incumplió

reiteradamente con las órdenes y requerimientos que le cursó

la

OÉG.

Además,

antepuso

al

interés

público

su

interés

personal e intereses privados de terceros.1 Al actuar de

esta forma, la licenciada en cuestión vulneró los preceptos

éticos que encarna el canon 6. Consecuencia de lo anterior,

las actuaciones de la licenciada Pagán Torres acarrearon

dilaciones injustificadas en el proceso en su contra, las

cuales infringieron la norma de diligencia que consagra el

canon 12.

En lo que respecta al canon 35, baste con señalar que

la

conducta

información

1

de

la

falsa

licenciada

Pagán

respecto

a

las

Torres,

horas

al

proveer

trabajadas

A modo de ejemplo, la licenciada Pagán Torres intervino,

en calidad de abogada, en los siguientes pleitos contra el

Estado: Naydamar González López v. E.L.A., Civil Núm.

ADP1996-0196, y Sylvia Pérez Troche, et al. v. E.L.A., Civil

Núm. IDP1997-0050.

CP-2013-16

8

para el Estado, incumplió palmariamente su deber erga omnes

de sinceridad y honradez.2 Asimismo, al devengar ingresos

por

trabajos

no

realizados,

la

licenciada

Pagán

Torres

contravino el deber ético palmariamente consagrado en el

canon 38; esto es, con sus actuaciones laceró el honor y la

dignidad

de

la

profesión

legal

y,

además,

incurrió

en

conducta impropia.

En vista de lo anterior, se suspende por el término de

seis (6) meses a la licenciada Pagán Torres del ejercicio

de la abogacía y la notaría. Se le impone el deber de

notificar

seguir

a

todos

sus

clientes

representándolos,

recibido

por

no

oportunamente

de

judiciales

administrativos

y

su

devolverles

trabajos

su

de

inhabilidad

cualquier

realizados

suspensión

a

del

para

honorario

e

informar

los

distintos

foros

País.

Además,

deberá

acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior

dentro

del

término

de

treinta

días

a

partir

de

la

notificación de esta opinión Per Curiam y sentencia.

Finalmente,

incautar

suspendida

la

el

obra

y

y

alguacil

el

de

sello

entregarlos

al

este

notarial

director

de

Tribunal

deberá

de

la

abogada

la

Oficina

de

Inspección de Notaría para la correspondiente investigación

e informe.

Se

2

dictará

sentencia

de

conformidad.

Por ejemplo, la licenciada Pagán Torres fungió como

abogada, durante horas laborables en los siguientes pleitos:

Ana M. Pagán Torres, etc. v. Mayagüez Town Center, etc.,

Civil Núm. IDP2000-0029, y Ana García, etc. v. Tiendas

Walmart, etc., Civil Núm. DDP1999-0386.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Leida Pagán Torres

CP-2013-0016

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2016

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam

que antecede, se suspende por el término de seis (6) meses a

la licenciada Pagán Torres del ejercicio de la abogacía y la

notaría. Se le impone el deber de notificar a todos sus

clientes de su inhabilidad para seguir representándolos,

devolverles cualquier honorario recibido por trabajos no

realizados e informar oportunamente de su suspensión a los

distintos foros judiciales y administrativos del País.

Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con

lo anterior dentro del término de treinta (30) días a partir

de la notificación de esta opinión Per Curiam y Sentencia.

Finalmente, el alguacil de este Tribunal deberá incautar

la obra y el sello notarial de la abogada suspendida y

entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de

Notaría para la correspondiente investigación e informe.

Lo acordó el

Tribunal Supremo.

Tribunal

y

certifica

el

Secretario

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

del