Tribunal Supremo de Puerto Rico
Toledo Delgado v. Municipio de Ponce, et als
2016 TSPR 72
Poder Judicial de Puerto Rico
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Toledo Delgado v. Municipio de Ponce, et als
CC-2015-320
Sentencia con opinión de conformidad
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Roberto Toledo Delgado, et als.
Certiorari
Recurridos
2016 TSPR 72
v.
195 DPR ____
Municipio de Ponce, et als.
Peticionario
Número del Caso: CC-2015-320
Fecha: 22 de abril de 2016
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce-Humacao, Panel VII
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Yaritza Del C. Hernández Bonet
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Héctor Fuertes Romeu
Materia: Sentencia del Tribunal con Opinión de Conformidad.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Roberto Toledo Delgado,
et als.
Certiorari
Recurridos
CC-2015-0320
v.
Municipio de Ponce, et als.
Peticionario
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de abril de 2016.
Se confirma la Sentencia recurrida en cuanto no era de
aplicación a los recurridos menores de edad el Artículo
15.003 de la Ley Núm. 81-1991, conocida como “Ley de
Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de 1991”, 21
LPRA sec. 4703, conforme a lo dispuesto en Rivera Serrano
v. Mun. De Guaynabo, 191 DPR 679 (2014). No obstante, se
revoca el dictamen impugnado en cuanto a los demás
recurridos por falta de notificación
al municipio.
Artículo 15.003 de la Ley Núm. 81, supra.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora
Pabón Charneco emitió una Opinión de Conformidad a la cual
se unen el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo y el Juez
Asociado señor Rivera García. El Juez Asociado señor
Estrella Martínez disiente sin Opinión Escrita.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Roberto Toledo Delgado,
et als.
Certiorari
Recurridos
CC-2015-0320
v.
Municipio de Ponce, et als.
Peticionario
Opinión de conformidad emitida por la Jueza Asociada Señora
Pabón Charneco a la cual se unen el Juez Asociado señor
Kolthoff Caraballo y el Juez Asociado señor Rivera García
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de abril de 2016.
El Municipio Autónomo de Ponce (Municipio) solicita
la revisión de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones.
Mediante
esta
el
Tribunal
de
Apelaciones
revocó
un
dictamen del Tribunal de Primera Instancia y concluyó que
no era de aplicación el requisito de notificación a la
Alcaldesa dispuesto en el Artículo 15.003 de la Ley Núm.
81-1991, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991”, 21 LPRA
sec. 4703.
Por lo tanto, es menester determinar si, dadas las
circunstancias del caso de autos, se justificaba obviar el
requisito
de
15.003, supra.
notificación
establecido
en
el
Artículo
CC-2015-0320
2
I
El 10 de enero de 2014, los recurridos1 presentaron
una Demanda por daños y perjuicios contra el Estado, el
Municipio Autónomo de Ponce e Integrand Assurance Company.
Alegaron que el 13 de enero de 2013 se encontraban en el
área de La Guancha del Municipio de Ponce.
Indicaron que a
eso de las 10:00 p.m. sostuvieron un altercado con otras
personas, entre ellas el Sr. Ángel Montalvo Santiago, quien
sacó
un
arma
Echevarría.
de
fuego
y
mató
al
Sr.
Roberto
Toledo
Siete personas resultaron heridas, entre ellas
dos de los recurridos: el Sr. Gabriel Toledo Echevarría y
el
Sr.
Roberto
Toledo
Torres.
Entre
otros
extremos,
alegaron que el Municipio Autónomo de Ponce era responsable
por los daños sufridos puesto que no proveyó la seguridad
adecuada.
Tras
la
presentación
de
una
Moción
de
Sentencia
Sumaria por Integrand Assurance Company y una Moción de
Desestimación
por
el
Estado,
así
como
las
oportuna
oposición de los recurridos a ambas mociones, el Tribunal
de Primera Instancia desestimó la causa de acción contra
ambos codemandados.2
1
Los recurridos son: Roberto Toledo Delgado, Gabriel Toledo
Echevarría, Roberto Toledo Torres, Marcial Echevarría, Xiomara Rosado
Echevarría, Isamar Portalatín Morales en representación de sus hijos
menores Rubén Alexis, Lyaniceneth y Roberto Dariel, todos de apellido
Toledo Portalatín, Milagros María Rivera Meléndez, por sí y en
representación de sus hijos menores de edad, Adrián y Ariana Camila,
ambos de apellidos Toledo Rivera.
2
Mediante Sentencia Parcial de 15 de julio de 2014, notificada el 29
de julio de 2014, el foro primario desestimó la causa de acción contra
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3
Por otro lado, el 2 de octubre de 2014, el Municipio
presentó una Moción Solicitando Desestimación Por Falta de
Notificación. Sostuvo que los recurridos incumplieron con
la notificación requerida por el Artículo 15.003, supra.
Por su parte, los recurridos se opusieron a esta solicitud.
Sostuvieron
que
no
cumplieron
con
el
requisito
de
notificación, pero que existe justa causa y circunstancias
excepcionales
que
no
les
permitió
llevarla
a
cabo.
Indicaron que dos de los recurridos habían recibido heridas
de
bala
por
lo
que
estuvieron
recluidos
terapias por cierto periodo de tiempo.
por
su
Estado.
seguridad
fueron
testigos
recibiendo
Asimismo, temían
por
el
Esto también imposibilitó la comunicación con
los
demás recurridos.
y
y
protegidos
Hacen notar que entre los recurridos se
encuentran cinco menores de edad. De igual forma, arguyen
que el incidente fue difundido por los medios noticiosos e
investigado por la Policía Municipal, la Policía de Puerto
Rico y el Departamento de Justicia por lo que el Municipio
tenía conocimiento de los hechos y no sufrió perjuicio
alguno.
Evaluada la posición de ambas partes, el Tribunal de
Primera Instancia desestimó la Demanda por incumplimiento
con el requisito de notificación el 6 de noviembre de
Integrand Assurance Company.
En cuanto al Estado, el Tribunal de
Primera Instancia desestimó la Demanda en su contra el 16 de julio de
2014, notificada el 29 de julio de 2014. Esto por no exponer una causa
de acción contra el Estado y no haberle notificado conforme dispone la
Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como
“Ley de Pleitos contra el Estado”, 32 LPRA sec. 3077a.
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2014.3
4
Así las cosas, los recurridos acudieron ante el
Tribunal de Apelaciones. Adujeron que presentaron justa
causa
demostrativa
de
circunstancias
excepcionales,
mientras que el Municipio sostuvo que la investigación por
parte de la Policía no cumplió con el Artículo 15.003 de la
Ley Núm. 81, supra.
Finalmente, el 9 de febrero de 2015 el
Tribunal de Apelaciones emitió Sentencia en la que revocó
la Sentencia apelada tras concluir que no era de aplicación
el Artículo 15.003, supra, pues al haber sido investigada
la
situación
peligro
de
por
que
la
Policía
desapareciera
Municipal,
era
mínimo
la
de
la
prueba
el
alegada
negligencia del Municipio.4
Inconforme, el Municipio acude ante nos y señala el
error siguiente:
Erró el Tribunal de Apelaciones al no desestimar
la presente acción contra el Municipio de Ponce
por entender que la parte demandante tiene justa
causa para no haber notificado al Municipio de
Ponce dentro del término de 90 días de haber
ocurrido los hechos.
Examinado el recurso, expedimos el auto solicitado el
26 de junio de 2015.
II
El Art. 15.003 de la Ley Núm. 81, supra, establece que
toda reclamación contra un municipio por daños personales o
a la propiedad, ocasionados por la culpa o negligencia del
municipio, deberá notificarse por escrito al alcalde en el
3
4
La Sentencia fue notificada el 10 de noviembre de 2014.
El 4 de marzo de 2015, el Municipio presentó Solicitud de
Reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones. La misma fue
declarada no ha lugar el 10 de marzo de 2015.
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5
término de noventa (90) días siguientes a la fecha en que
el
reclamante
tuvo
conocimiento
de
los
daños.
Rivera
Fernández v. Mun. Carolina, 190 DPR 196 (2014). Asimismo,
indica la forma, manera y contenido de la notificación.
Este
requisito
es
de
cumplimiento
estricto
y
debe
ser
aplicado de manera rigurosa por lo que no puede iniciarse
la acción judicial hasta que se cumpla con la notificación
escrita señalada. Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR
788, 798 (2001); Mangual v. Tribunal Superior, 88 DPR 491,
494 (1963).
El
requisito
públicos
de
específicos
notificación
persigue
de
a
proteger
los
unos
fines
municipios
de
acciones ajenas a su conocimiento. Así, hemos identificado
los propósitos siguientes:
1—proporcionar a estos cuerpos políticos la
oportunidad de investigar los hechos que dan
origen
a
la
reclamación;
2—desalentar
las
reclamaciones infundadas; 3—propiciar un pronto
arreglo de las mismas; 4—permitir la inspec[c]ión
inmediata del lugar del accidente antes de que
ocurran cambios; 5—descubrir el nombre de las
personas que tienen conocimiento de los hechos y
entrevistarlas
mientras
su
recuerdo
es
más
confiable;
6—advertir
a
las
autoridades
municipales de la existencia de la reclamación
para que se provea la reserva necesaria en el
presupuesto anual; y, 7—mitigar el importe de los
daños sufridos mediante oportuna intervención
ofreciendo
tratamiento
médico
adecuado
y
proporcionando facilidades para hospitalizar al
perjudicado. Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra,
pág. 799, citando a Mangual v. Tribunal Superior,
supra, pág. 494.
Cabe señalar que el Artículo 15.003 de la Ley Núm. 81,
supra,
también
contempla
dos
situaciones
particulares.
Primero, la situación en que el reclamante esté mental o
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6
físicamente imposibilitado de hacer la reclamación dentro
del término de noventa días. En esos casos, le concede al
reclamante un término de treinta días siguientes a la fecha
en que cesa la incapacidad para notificar al municipio.
Sin embargo, no lo libera de su cumplimiento. Segundo, con
relación a los menores de edad la Ley establece que los
padres o tutores de un menor tienen la obligación primaria
de cumplir con el requisito de notificación.
Asimismo,
ante la inacción de los padres o tutores, el menor puede
cumplir con la notificación dentro del término prescrito
por
su
propia
iniciativa.
Rivera
Serrano
Guaynabo, 191 DPR 679, 689 (2014).
interpretado
que
la
falta
de
v.
Mun.
de
Sin embargo, hemos
notificación
dentro
del
término de noventa (90) días al municipio por parte de los
padres
o
tutores,
o
inclusive
del
menor
durante
su
minoridad, no invalida el derecho del menor a demandar. Id.
No obstante, conscientes de que en determinados casos
la notificación no cumple el propósito de proteger los
intereses
públicos
circunstancias
“se
donde
el
han
permitido
esquema
excepciones
legislativo
carece
en
de
virtualidad, propósito u objetivo y donde jurídicamente no
hay razón para aplicarlo”. Acevedo v. Mun. de Aguadilla,
supra, pág. 799. Así, hemos indicado que aquellos casos
„“donde
el
riesgo
de
que
la
prueba
objetiva
pueda
desaparecer es mínimo, donde hay constancia efectiva de la
identidad de los testigos y donde el Estado, por tanto,
puede
fácilmente
investigar
y
corroborar
los
hechos
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7
alegados en la demanda que se radique— no es de aplicación
inexorable” el requisito de notificación previa‟. Acevedo
v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 800, citando a Meléndez
Gutiérrez v. E.L.A., 113 DPR 811, 815 (1982).5
Esto, sin
embargo, no ha tenido el efecto de derogar dicho requisito
estatutario, pues esa acción le compete a nuestra Asamblea
Legislativa. Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 800;
Berríos Román v. E.L.A., 171 DPR 549 (2007).
III
Es contención del Municipio que incidió el Tribunal
de Apelaciones al revocar la determinación del foro de
instancia, pues, entre otras cosas, la investigación que
haya realizado la Policía Municipal o la difusión por los
medios noticiosos de los hechos no cumple con el Artículo
15.003
de
la
Ley
Núm.
recurridos
no
alegaron
81,
ni
supra.
Sostiene
evidenciaron
su
que
los
incapacidad.
Arguye que aún dando por bueno el planteamiento de estos,
tampoco
5
notificaron
al
Municipio
tras
el
cese
de
la
En Toro Rivera et als. v. ELA et al., 194 DPR __ (2015), res. el 23
de diciembre de 2015, resumimos las instancias en las que nos hemos
negado a exigir la notificación de forma automática con relación a la
Ley Núm. 104, supra, y hemos excusado del fiel cumplimiento del
requisito de notificación, a saber, [cuando: 1) la defensa de falta de
notificación es renunciada por el Estado; 2) el funcionario a
notificar y contra el cual se dirige la acción es el mismo, por lo que
posee conocimiento personal sobre los hechos; 3) el riesgo de que la
prueba objetiva desaparezca es mínimo y el Estado puede corroborarla
fácilmente; 4) se entabla una acción directa contra la aseguradora; 5)
una parte presenta una reconvención compulsoria, luego de que la
entidad estatal inicia una acción en su contra dentro del término
dispuesto en ley para notificar; 6) la parte ha demandado y
diligenciado el emplazamiento dentro de los noventa días que requiere
la ley para notificar; y 7) la tardanza no es imputable al demandante
y torna inútil la notificación”.
La Ley Núm. 104, supra, es una
legislación análoga que contiene disposiciones similares
sobre
notificación previa. Rivera Fernández v. Mun. Carolina, 190 DPR 196,
206-207 (2014); Méndez et al. v. Alcalde de Aguadilla, 151 DPR 853
(2000).
CC-2015-0320
8
circunstancia
especial,
y
por
último,
no
probaron
ni
evidenciaron qué relación existe entre el temor por su
seguridad y enviar una carta a la Alcaldesa por correo
certificado y/o mensajero.
Por otro lado, los recurridos sostienen que existen
circunstancias especiales para eximirles del requisito de
notificación.
Indican
que
los
intereses
del
Municipio
estaban protegidos ya que los hechos fueron ampliamente
investigados por su policía municipal; que el expediente
criminal se encuentra disponible en el Centro Judicial,
Sala Superior de Ponce, que incluye a funcionarios del
Municipio
como
testigos
de
cargo;
y
que
dos
de
los
recurridos se encontraban bajo protección del Estado por
lo
que
esta
situación
limitó
significativamente
su
comunicación con los demás miembros de la familia.
No existe controversia en cuanto a que ninguno de los
recurridos
notificó
Alcaldesa) de su
propiedad,
al
Municipio
(por
conducto
de
su
reclamación por daños personales o a la
ocasionados
por
la
culpa
o
negligencia
del
mismo, dentro del término de noventa días siguientes a la
fecha en que tuvieron conocimiento de los daños, o dentro
del término de treinta días siguientes a la fecha en que
cesara la incapacidad de alguno de ellos.
Conforme reseñáramos previamente, es condición previa
para presentar una acción de daños y perjuicios contra un
Municipio
cumplir
con
el
requisito
de
notificación
dispuesto en el Artículo 15.003 de la Ley Núm. 81, supra.
CC-2015-0320
Este
requisito
9
es
de
estricto
cumplimiento
y
debe
ser
aplicado de manera rigurosa.
Solamente en circunstancias excepcionales, se puede
eximir al reclamante de notificar al municipio de su causa
de
acción
para
requerimiento.
evitar
la
aplicación
extrema
de
este
Este caso no es uno de ellos. El requisito
de notificación no carece de propósito en la situación de
autos. Por el contrario, los recurridos pretenden extender
el
conocimiento
del
pleito
criminal
o
de
la
cobertura
noticiosa al Municipio lo que al final de cuentas haría
inoperante el Artículo 15.003 de la Ley Núm. 81, supra. No
obstante, conforme expresáramos en Rivera Serrano v. Mun.
de Guaynabo, supra, no podemos castigar a los recurridos
menores de edad por la falta de sus padres o tutores en
notificar al Municipio dentro del término de noventa días.
IV
Por los fundamentos expuestos anteriormente, procede
que se revoque parcialmente la Sentencia recurrida.
Aunque
no era de aplicación el Artículo 15.003 de la Ley Núm. 81,
supra, a los recurridos menores de edad, erró el Tribunal
de Apelaciones al revocar la Sentencia del Tribunal de
Primera Instancia en cuanto a los recurridos mayores de
edad.
Mildred G. Pabón Charneco
Jueza Asociada