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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Toledo Delgado v. Municipio de Ponce, et als

2016 TSPR 72

Poder Judicial de Puerto Rico

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Toledo Delgado v. Municipio de Ponce, et als

CC-2015-320

Sentencia con opinión de conformidad

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Roberto Toledo Delgado, et als.

Certiorari

Recurridos

2016 TSPR 72

v.

195 DPR ____

Municipio de Ponce, et als.

Peticionario

Número del Caso: CC-2015-320

Fecha: 22 de abril de 2016

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Ponce-Humacao, Panel VII

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Yaritza Del C. Hernández Bonet

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Héctor Fuertes Romeu

Materia: Sentencia del Tribunal con Opinión de Conformidad.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Roberto Toledo Delgado,

et als.

Certiorari

Recurridos

CC-2015-0320

v.

Municipio de Ponce, et als.

Peticionario

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de abril de 2016.

Se confirma la Sentencia recurrida en cuanto no era de

aplicación a los recurridos menores de edad el Artículo

15.003 de la Ley Núm. 81-1991, conocida como “Ley de

Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de 1991”, 21

LPRA sec. 4703, conforme a lo dispuesto en Rivera Serrano

v. Mun. De Guaynabo, 191 DPR 679 (2014). No obstante, se

revoca el dictamen impugnado en cuanto a los demás

recurridos por falta de notificación

al municipio.

Artículo 15.003 de la Ley Núm. 81, supra.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora

Pabón Charneco emitió una Opinión de Conformidad a la cual

se unen el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo y el Juez

Asociado señor Rivera García. El Juez Asociado señor

Estrella Martínez disiente sin Opinión Escrita.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Roberto Toledo Delgado,

et als.

Certiorari

Recurridos

CC-2015-0320

v.

Municipio de Ponce, et als.

Peticionario

Opinión de conformidad emitida por la Jueza Asociada Señora

Pabón Charneco a la cual se unen el Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo y el Juez Asociado señor Rivera García

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de abril de 2016.

El Municipio Autónomo de Ponce (Municipio) solicita

la revisión de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones.

Mediante

esta

el

Tribunal

de

Apelaciones

revocó

un

dictamen del Tribunal de Primera Instancia y concluyó que

no era de aplicación el requisito de notificación a la

Alcaldesa dispuesto en el Artículo 15.003 de la Ley Núm.

81-1991, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991”, 21 LPRA

sec. 4703.

Por lo tanto, es menester determinar si, dadas las

circunstancias del caso de autos, se justificaba obviar el

requisito

de

15.003, supra.

notificación

establecido

en

el

Artículo

CC-2015-0320

2

I

El 10 de enero de 2014, los recurridos1 presentaron

una Demanda por daños y perjuicios contra el Estado, el

Municipio Autónomo de Ponce e Integrand Assurance Company.

Alegaron que el 13 de enero de 2013 se encontraban en el

área de La Guancha del Municipio de Ponce.

Indicaron que a

eso de las 10:00 p.m. sostuvieron un altercado con otras

personas, entre ellas el Sr. Ángel Montalvo Santiago, quien

sacó

un

arma

Echevarría.

de

fuego

y

mató

al

Sr.

Roberto

Toledo

Siete personas resultaron heridas, entre ellas

dos de los recurridos: el Sr. Gabriel Toledo Echevarría y

el

Sr.

Roberto

Toledo

Torres.

Entre

otros

extremos,

alegaron que el Municipio Autónomo de Ponce era responsable

por los daños sufridos puesto que no proveyó la seguridad

adecuada.

Tras

la

presentación

de

una

Moción

de

Sentencia

Sumaria por Integrand Assurance Company y una Moción de

Desestimación

por

el

Estado,

así

como

las

oportuna

oposición de los recurridos a ambas mociones, el Tribunal

de Primera Instancia desestimó la causa de acción contra

ambos codemandados.2

1

Los recurridos son: Roberto Toledo Delgado, Gabriel Toledo

Echevarría, Roberto Toledo Torres, Marcial Echevarría, Xiomara Rosado

Echevarría, Isamar Portalatín Morales en representación de sus hijos

menores Rubén Alexis, Lyaniceneth y Roberto Dariel, todos de apellido

Toledo Portalatín, Milagros María Rivera Meléndez, por sí y en

representación de sus hijos menores de edad, Adrián y Ariana Camila,

ambos de apellidos Toledo Rivera.

2

Mediante Sentencia Parcial de 15 de julio de 2014, notificada el 29

de julio de 2014, el foro primario desestimó la causa de acción contra

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3

Por otro lado, el 2 de octubre de 2014, el Municipio

presentó una Moción Solicitando Desestimación Por Falta de

Notificación. Sostuvo que los recurridos incumplieron con

la notificación requerida por el Artículo 15.003, supra.

Por su parte, los recurridos se opusieron a esta solicitud.

Sostuvieron

que

no

cumplieron

con

el

requisito

de

notificación, pero que existe justa causa y circunstancias

excepcionales

que

no

les

permitió

llevarla

a

cabo.

Indicaron que dos de los recurridos habían recibido heridas

de

bala

por

lo

que

estuvieron

recluidos

terapias por cierto periodo de tiempo.

por

su

Estado.

seguridad

fueron

testigos

recibiendo

Asimismo, temían

por

el

Esto también imposibilitó la comunicación con

los

demás recurridos.

y

y

protegidos

Hacen notar que entre los recurridos se

encuentran cinco menores de edad. De igual forma, arguyen

que el incidente fue difundido por los medios noticiosos e

investigado por la Policía Municipal, la Policía de Puerto

Rico y el Departamento de Justicia por lo que el Municipio

tenía conocimiento de los hechos y no sufrió perjuicio

alguno.

Evaluada la posición de ambas partes, el Tribunal de

Primera Instancia desestimó la Demanda por incumplimiento

con el requisito de notificación el 6 de noviembre de

Integrand Assurance Company.

En cuanto al Estado, el Tribunal de

Primera Instancia desestimó la Demanda en su contra el 16 de julio de

2014, notificada el 29 de julio de 2014. Esto por no exponer una causa

de acción contra el Estado y no haberle notificado conforme dispone la

Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como

“Ley de Pleitos contra el Estado”, 32 LPRA sec. 3077a.

CC-2015-0320

2014.3

4

Así las cosas, los recurridos acudieron ante el

Tribunal de Apelaciones. Adujeron que presentaron justa

causa

demostrativa

de

circunstancias

excepcionales,

mientras que el Municipio sostuvo que la investigación por

parte de la Policía no cumplió con el Artículo 15.003 de la

Ley Núm. 81, supra.

Finalmente, el 9 de febrero de 2015 el

Tribunal de Apelaciones emitió Sentencia en la que revocó

la Sentencia apelada tras concluir que no era de aplicación

el Artículo 15.003, supra, pues al haber sido investigada

la

situación

peligro

de

por

que

la

Policía

desapareciera

Municipal,

era

mínimo

la

de

la

prueba

el

alegada

negligencia del Municipio.4

Inconforme, el Municipio acude ante nos y señala el

error siguiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al no desestimar

la presente acción contra el Municipio de Ponce

por entender que la parte demandante tiene justa

causa para no haber notificado al Municipio de

Ponce dentro del término de 90 días de haber

ocurrido los hechos.

Examinado el recurso, expedimos el auto solicitado el

26 de junio de 2015.

II

El Art. 15.003 de la Ley Núm. 81, supra, establece que

toda reclamación contra un municipio por daños personales o

a la propiedad, ocasionados por la culpa o negligencia del

municipio, deberá notificarse por escrito al alcalde en el

3

4

La Sentencia fue notificada el 10 de noviembre de 2014.

El 4 de marzo de 2015, el Municipio presentó Solicitud de

Reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones. La misma fue

declarada no ha lugar el 10 de marzo de 2015.

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5

término de noventa (90) días siguientes a la fecha en que

el

reclamante

tuvo

conocimiento

de

los

daños.

Rivera

Fernández v. Mun. Carolina, 190 DPR 196 (2014). Asimismo,

indica la forma, manera y contenido de la notificación.

Este

requisito

es

de

cumplimiento

estricto

y

debe

ser

aplicado de manera rigurosa por lo que no puede iniciarse

la acción judicial hasta que se cumpla con la notificación

escrita señalada. Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR

788, 798 (2001); Mangual v. Tribunal Superior, 88 DPR 491,

494 (1963).

El

requisito

públicos

de

específicos

notificación

persigue

de

a

proteger

los

unos

fines

municipios

de

acciones ajenas a su conocimiento. Así, hemos identificado

los propósitos siguientes:

1—proporcionar a estos cuerpos políticos la

oportunidad de investigar los hechos que dan

origen

a

la

reclamación;

2—desalentar

las

reclamaciones infundadas; 3—propiciar un pronto

arreglo de las mismas; 4—permitir la inspec[c]ión

inmediata del lugar del accidente antes de que

ocurran cambios; 5—descubrir el nombre de las

personas que tienen conocimiento de los hechos y

entrevistarlas

mientras

su

recuerdo

es

más

confiable;

6—advertir

a

las

autoridades

municipales de la existencia de la reclamación

para que se provea la reserva necesaria en el

presupuesto anual; y, 7—mitigar el importe de los

daños sufridos mediante oportuna intervención

ofreciendo

tratamiento

médico

adecuado

y

proporcionando facilidades para hospitalizar al

perjudicado. Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra,

pág. 799, citando a Mangual v. Tribunal Superior,

supra, pág. 494.

Cabe señalar que el Artículo 15.003 de la Ley Núm. 81,

supra,

también

contempla

dos

situaciones

particulares.

Primero, la situación en que el reclamante esté mental o

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6

físicamente imposibilitado de hacer la reclamación dentro

del término de noventa días. En esos casos, le concede al

reclamante un término de treinta días siguientes a la fecha

en que cesa la incapacidad para notificar al municipio.

Sin embargo, no lo libera de su cumplimiento. Segundo, con

relación a los menores de edad la Ley establece que los

padres o tutores de un menor tienen la obligación primaria

de cumplir con el requisito de notificación.

Asimismo,

ante la inacción de los padres o tutores, el menor puede

cumplir con la notificación dentro del término prescrito

por

su

propia

iniciativa.

Rivera

Serrano

Guaynabo, 191 DPR 679, 689 (2014).

interpretado

que

la

falta

de

v.

Mun.

de

Sin embargo, hemos

notificación

dentro

del

término de noventa (90) días al municipio por parte de los

padres

o

tutores,

o

inclusive

del

menor

durante

su

minoridad, no invalida el derecho del menor a demandar. Id.

No obstante, conscientes de que en determinados casos

la notificación no cumple el propósito de proteger los

intereses

públicos

circunstancias

“se

donde

el

han

permitido

esquema

excepciones

legislativo

carece

en

de

virtualidad, propósito u objetivo y donde jurídicamente no

hay razón para aplicarlo”. Acevedo v. Mun. de Aguadilla,

supra, pág. 799. Así, hemos indicado que aquellos casos

„“donde

el

riesgo

de

que

la

prueba

objetiva

pueda

desaparecer es mínimo, donde hay constancia efectiva de la

identidad de los testigos y donde el Estado, por tanto,

puede

fácilmente

investigar

y

corroborar

los

hechos

CC-2015-0320

7

alegados en la demanda que se radique— no es de aplicación

inexorable” el requisito de notificación previa‟. Acevedo

v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 800, citando a Meléndez

Gutiérrez v. E.L.A., 113 DPR 811, 815 (1982).5

Esto, sin

embargo, no ha tenido el efecto de derogar dicho requisito

estatutario, pues esa acción le compete a nuestra Asamblea

Legislativa. Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 800;

Berríos Román v. E.L.A., 171 DPR 549 (2007).

III

Es contención del Municipio que incidió el Tribunal

de Apelaciones al revocar la determinación del foro de

instancia, pues, entre otras cosas, la investigación que

haya realizado la Policía Municipal o la difusión por los

medios noticiosos de los hechos no cumple con el Artículo

15.003

de

la

Ley

Núm.

recurridos

no

alegaron

81,

ni

supra.

Sostiene

evidenciaron

su

que

los

incapacidad.

Arguye que aún dando por bueno el planteamiento de estos,

tampoco

5

notificaron

al

Municipio

tras

el

cese

de

la

En Toro Rivera et als. v. ELA et al., 194 DPR __ (2015), res. el 23

de diciembre de 2015, resumimos las instancias en las que nos hemos

negado a exigir la notificación de forma automática con relación a la

Ley Núm. 104, supra, y hemos excusado del fiel cumplimiento del

requisito de notificación, a saber, [cuando: 1) la defensa de falta de

notificación es renunciada por el Estado; 2) el funcionario a

notificar y contra el cual se dirige la acción es el mismo, por lo que

posee conocimiento personal sobre los hechos; 3) el riesgo de que la

prueba objetiva desaparezca es mínimo y el Estado puede corroborarla

fácilmente; 4) se entabla una acción directa contra la aseguradora; 5)

una parte presenta una reconvención compulsoria, luego de que la

entidad estatal inicia una acción en su contra dentro del término

dispuesto en ley para notificar; 6) la parte ha demandado y

diligenciado el emplazamiento dentro de los noventa días que requiere

la ley para notificar; y 7) la tardanza no es imputable al demandante

y torna inútil la notificación”.

La Ley Núm. 104, supra, es una

legislación análoga que contiene disposiciones similares

sobre

notificación previa. Rivera Fernández v. Mun. Carolina, 190 DPR 196,

206-207 (2014); Méndez et al. v. Alcalde de Aguadilla, 151 DPR 853

(2000).

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8

circunstancia

especial,

y

por

último,

no

probaron

ni

evidenciaron qué relación existe entre el temor por su

seguridad y enviar una carta a la Alcaldesa por correo

certificado y/o mensajero.

Por otro lado, los recurridos sostienen que existen

circunstancias especiales para eximirles del requisito de

notificación.

Indican

que

los

intereses

del

Municipio

estaban protegidos ya que los hechos fueron ampliamente

investigados por su policía municipal; que el expediente

criminal se encuentra disponible en el Centro Judicial,

Sala Superior de Ponce, que incluye a funcionarios del

Municipio

como

testigos

de

cargo;

y

que

dos

de

los

recurridos se encontraban bajo protección del Estado por

lo

que

esta

situación

limitó

significativamente

su

comunicación con los demás miembros de la familia.

No existe controversia en cuanto a que ninguno de los

recurridos

notificó

Alcaldesa) de su

propiedad,

al

Municipio

(por

conducto

de

su

reclamación por daños personales o a la

ocasionados

por

la

culpa

o

negligencia

del

mismo, dentro del término de noventa días siguientes a la

fecha en que tuvieron conocimiento de los daños, o dentro

del término de treinta días siguientes a la fecha en que

cesara la incapacidad de alguno de ellos.

Conforme reseñáramos previamente, es condición previa

para presentar una acción de daños y perjuicios contra un

Municipio

cumplir

con

el

requisito

de

notificación

dispuesto en el Artículo 15.003 de la Ley Núm. 81, supra.

CC-2015-0320

Este

requisito

9

es

de

estricto

cumplimiento

y

debe

ser

aplicado de manera rigurosa.

Solamente en circunstancias excepcionales, se puede

eximir al reclamante de notificar al municipio de su causa

de

acción

para

requerimiento.

evitar

la

aplicación

extrema

de

este

Este caso no es uno de ellos. El requisito

de notificación no carece de propósito en la situación de

autos. Por el contrario, los recurridos pretenden extender

el

conocimiento

del

pleito

criminal

o

de

la

cobertura

noticiosa al Municipio lo que al final de cuentas haría

inoperante el Artículo 15.003 de la Ley Núm. 81, supra. No

obstante, conforme expresáramos en Rivera Serrano v. Mun.

de Guaynabo, supra, no podemos castigar a los recurridos

menores de edad por la falta de sus padres o tutores en

notificar al Municipio dentro del término de noventa días.

IV

Por los fundamentos expuestos anteriormente, procede

que se revoque parcialmente la Sentencia recurrida.

Aunque

no era de aplicación el Artículo 15.003 de la Ley Núm. 81,

supra, a los recurridos menores de edad, erró el Tribunal

de Apelaciones al revocar la Sentencia del Tribunal de

Primera Instancia en cuanto a los recurridos mayores de

edad.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada