Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Luis Huertas Soto
2016 TSPR 58
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Luis Huertas Soto
CP-2012-2
Conducta Profesional. Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por quebrantar el Canon 38 de Ética Profesional
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2016 TSPR 58
195 DPR ____
Luis Huertas Soto
Número del Caso: CP-2012-2
Fecha: 29 de marzo de 2016
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Tatiana Grajales Torruellas
Subprocuradora General
Lcda. Yaisamarie Lugo Fontanez
Procuradora General Auxiliar
Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 4 de
abril de 2016, fecha en que se le notificó al abogado de su
suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
CP-2012-2
Luis Huertas Soto
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2016.
En esta ocasión debemos sancionar a un abogado
por incurrir en conducta impropia y faltar al deber
de esforzarse al máximo de su capacidad por exaltar
el honor y la dignidad de la profesión. Ello, en
contravención
del
Canon
38
del
Código
de
Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Veamos los hechos y el
tracto procesal de este caso.
I.
El origen de esta querella se remonta a mayo de
2003,
1
cuando
varias
compañías
aseguradoras1
Estas son: Puerto Rican American Insurance Company, National
Insurance Company, Universal Insurance Company, Caribbean
Alliance
Insurance
Company,
Integrand
Assurance
Company,
Cooperativa de Seguros Múltiples y la Asociación de Suscripción
Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio.
2
CP-2012-2
presentaron
una
queja
en
la
Oficina
de
la
Procuradora
General en contra del Lcdo. Rafael Rivera Vázquez y del
Lcdo.
Luis
E.
Huertas
Soto
querellado).2
(el
Las
aseguradoras alegaron que el licenciado Rivera Vázquez y
el
querellado,
como
parte
de
un
esquema
de
fraude,
representaron a clientes en varias reclamaciones falsas
basadas
en
resultado
supuestos
accidentes
dichas
reclamaciones,
de
de
tránsito.
las
Como
aseguradoras
emitieron cheques en concepto de indemnización, cantidad
que
totalizó
$947,911.90.
Además,
las
aseguradoras
indicaron que advinieron en conocimiento de estos hechos
en
el
curso
de
unas
investigaciones
anteriores
y
concurrentes a la presentación de una demanda contra el
licenciado Rivera Vázquez y el querellado, entre otros,
ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito de
Puerto
Rico
(Tribunal
Federal),
al
amparo
de
la
legislación Racketeer Influenced and Corrupt Organization
Act (RICO) y en la cual solicitaron la devolución de los
fondos desembolsados.3
Previendo
la
implicaran
la
Procuradora
General
posibilidad
comisión
de
refirió
de
que
estos
delitos,
la
Oficina
la
a
la
queja
hechos
de
la
Oficina
del
Fiscal General. Sin embargo, posteriormente la Oficina del
Fiscal
2
General
cerró
la
investigación
y
no
inició
El querellado fue admitido a la abogacía el 13 de agosto de 1986 y a
la notaría el 28 de agosto del mismo año.
3
Puerto Rico American Insurance Company, et al. v. Carlos Burgos, et
al., Civil Núm. 01-1186.
3
CP-2012-2
procedimiento criminal alguno.4 No surge que durante esta
etapa la Oficina de la Procuradora General realizara algún
trámite con relación a la queja contra el querellado.
Por su parte, el 12 de junio de 2008 el Tribunal
Federal dictó sentencia en el caso de Puerto Rico American
Insurance Company, et al. v. Carlos Burgos, et al., Civil
Núm. 01-1186, y determinó que el licenciado Rivera Vázquez
y el querellado participaron en un esquema de fraude en
violación al RICO, en el cual presentaron, en conjunto e
individualmente, veintidós reclamaciones falsas a varias
compañías
aseguradoras.
En
consecuencia,
el
Tribunal
Federal condenó al querellado a pagar a las aseguradoras
la cantidad de $1,440,802.86. Esta sentencia es final y
firme.
De
otro
lado,
Administración
de
el
Director
Compensaciones
Ejecutivo
por
de
la
Accidente
de
Automóviles (ACCA), basándose en las determinaciones de
hechos de la mencionada sentencia, refirió un informe para
investigación
a
la
Oficina
del
Fiscal
General.
Esta
Oficina, sin embargo, concluyó que cualquier delito que
pudiera surgir de los hechos se encontraba prescrito. Por
ello, refirió el asunto nuevamente a la Oficina de la
Procuradora
4
General
para
que
considerara
si,
como
No obstante, en relación con los hechos relatados en la queja de las
aseguradoras, se presentó una acusación criminal en el Tribunal
Federal contra el licenciado Rivera Vázquez. En mayo de 2006, el
licenciado Rivera Vázquez hizo alegación de culpabilidad por el delito
de conspiración para defraudar al servicio postal y fue condenado a
doce meses de prisión y tres años de libertad bajo supervisión
electrónica. En consecuencia, el 16 de junio 2006 se le suspendió de
la abogacía y notaría. In re Rivera Vázquez, 168 DPR 168 (2006).
4
CP-2012-2
resultado
de
estos
sucesos,
el
querellado
violó
alguna
disposición de los Cánones de Ética Profesional, supra.5
Durante el proceso de investigación, la Oficina de la
Procuradora
General
advino
en
poder
de
una
declaración
jurada de 15 de febrero de 2006 en la cual el querellado,
de
su
puño
y
letra,
admitía
haber
conocido
que
las
reclamaciones a las aseguradoras eran fraudulentas y que,
aun así, siguió aceptando esos casos:
Para finales del año 1997, confronto a Rivera
Vázquez sobre mi sospecha y éste me admite que
Iván
Cabrera
creaba
estos
casos
lo
que
significaba
que
algún
fraude
se
estaba
cometiendo. En respuesta de mi señalamiento el
Lcdo. Rivera me admite que ese acto de fraude
era problema de Iván Cabrera y no de él y mío. A
pesar de ello continúe [sic] aceptando los casos
referidos por el Lcdo. Rivera.6
Así, luego de otros trámites, la Procuradora General
presentó un Informe ante este Tribunal en el que recomendó
la presentación de una querella por violación al Canon 38
de Ética Profesional, supra. El querellado replicó y basó
su defensa, fundamentalmente, en que aunque presentó las
reclamaciones y cobró los cheques, ignoraba que se tratara
de reclamaciones fraudulentas.7
Examinados el Informe y su réplica, le ordenamos a la
Oficina
de
la
Procuradora
General
que
procediera
a
presentar la querella. Así, en cumplimiento con nuestra
5
La Oficina del Fiscal General también remitió al Procurador General
copia de la sentencia del Tribunal Federal.
6
Apéndice, págs. 300-301.
7
Contestación a la querella presentada por la Procuradora General,
pág. 3. En efecto, con relación a estos hechos al querellado no le
presentaron cargos criminales.
5
CP-2012-2
orden, la Procuradora General le imputó al querellado el
siguiente cargo:
El licenciado Luis Huertas Soto violó los
preceptos del Canon 38 de Ética Profesional, el
cual establece que los abogados deben esforzarse
al máximo en la exaltación del honor y la
dignidad de la profesión y debe evitar hasta la
apariencia de conducta impropia y obliga a
denunciar
valientemente
ante
el
foro
correspondiente cualquier conducta impropia de
cualquier colega.8
Después de que el querellado contestara la querella,
nombramos a la Hon. Crisanta González Seda, ex jueza del
Tribunal de Primera Instancia, como Comisionada Especial
para recibir la prueba y rendirnos un informe con las
determinaciones de hechos y recomendaciones que estimara
pertinentes. El 12 de diciembre de 2013 se celebró la
vista
final
únicamente
ante
la
testificó
Comisionada
el
Especial,
querellado.
La
en
la
cual
Procuradora
General, por su parte, dio el caso por sometido a base de
la prueba documental que obra en el expediente. Después de
otros
trámites,
la
Comisionada
Especial
entregó
Informe, en el que concluyó que:
Las actuaciones del querellado en su desempeño
como abogado, encubriendo y participando en lo
que tenía que saber, que eran actos delictivos,
y en este procedimiento, tratando de evadir su
responsabilidad y expresando que no quería
denunciar al licenciado Rivera Vázquez crean la
apariencia de una conducta impropia, no importa
cuáles pudieran ser sus justificaciones para
ello.9
8
9
Querella, pág. 3.
Informe de la Comisionada Especial, págs. 25-26.
su
6
CP-2012-2
Con respecto al trasfondo de los hechos que dieron
lugar a la queja, la Comisionada Especial determinó que
para
el
año
1995
el
querellado
arrendó
un
espacio
de
oficina dentro del despacho del licenciado Rivera Vázquez,
de
quien
se
Eventualmente,
convirtió
el
en
licenciado
compañero
Rivera
de
Vázquez
oficina.10
comenzó
a
referirle casos sobre accidentes de tránsito ficticios, en
los cuales el querellado presentó la reclamación a las
aseguradoras y tramitó el pago de la indemnización.11 Así,
desde el 1997 hasta el 2001 el licenciado Rivera Vázquez y
el querellado instaron un total de veintidós reclamaciones
falsas.12
Por su parte, el querellado replicó al Informe de la
Comisionada Especial y reiteró que desconocía la falsedad
de
las
reclamaciones.
Con
respecto
a
su
declaración
jurada, adujo que ésta la prestó de forma involuntaria,
ante la amenaza de que le radicaran cargos criminales y
sin la oportunidad de contar con un abogado. Por ello,
sostuvo que la declaración debía ser excluida por haber
10
Además del querellado y el licenciado Rivera Vázquez, el despacho lo
compartían otros dos abogados.
11
A su vez, según determinó la Comisionada Especial, el Sr. Iván
Cabrera Garay se encargaba de traer a la oficina los casos en que se
basaban las reclamaciones falsas.
12
Asimismo, los documentos que apoyaban estas reclamaciones, tales
como los partes médicos y la querella policial, no eran auténticos. De
otra parte, en el caso del querellado, éste cobraba en concepto de
honorarios de abogado el 15% de lo pagado por las aseguradoras.
Informe de la Comisionada Especial, pág. 13.
7
CP-2012-2
sido
prestada
en
violación
a
su
derecho
contra
la
de
Comisionada
autoincriminación.13
Con
el
beneficio
del
Informe
la
Especial, la réplica, así como los demás documentos y la
prueba que se encuentra en el expediente, procedemos a
resolver.
II.
Anteriormente hemos expresado que “[e]l día en que un
abogado presta juramento ante el Tribunal Supremo le es
concedido
un
profesión,
gran
privilegio:
honrosa
extraordinaria
por
tradición
el
de
poder
ejercer
tiene
una
demás,
que
y
desempeña
que
un
rica
una
y
importante
papel en nuestra sociedad”. In re: Quintero Alfaro, 161
DPR 871 (2004). Así, al juramentar el abogado se convierte
en
un
funcionario
del
Tribunal
y
se
compromete
a
desempeñar su función con la mayor competencia, compromiso
e integridad. In re: Quintero Alfaro, supra; Ramos Acevedo
v. Tribunal Superior, 133 DPR 599, 613-14 (1993).
El privilegio de desempeñar esta profesión no está
exento
de
responsabilidades,
entre
ellas
la
de
cumplir
fielmente con los deberes que impone el Código de Ética
Profesional,
supra.
El
objetivo
de
este
Código
es
propiciar que los abogados se desempeñen, profesional y
personalmente, acorde con los más elevados principios de
conducta.
13
Ello
para
beneficio
de
Comentarios, objeciones y recomendaciones
Comisionada Especial, págs. 1-5.
la
ciudadanía,
sobre
Informe
de
las
la
8
CP-2012-2
instituciones de justicia y la profesión jurídica. In re
Pujol
Thompson,
171
DPR
683
(2007);
In
re:
Izquierdo
Stella, 154 DPR 732 (2001).
Asimismo, hemos aclarado que el fin del procedimiento
disciplinario no es castigar al abogado, sino proteger al
público y a la profesión mediante una investigación del
comportamiento
ético
del
abogado
y
de
sus
condiciones
morales. In re Olivera Mariani, 173 DPR 498 (2008); In re:
Liceaga, 82 DPR 252 (1961).
En particular, nos corresponde considerar -por ser el
cargo imputado en la querella de autos- el Canon 38 del
Código de Ética Profesional, supra. En lo pertinente, éste
dispone que:
El abogado deberá esforzarse, al máximo de su
capacidad, en la exaltación del honor y dignidad
de la profesión, aunque el así hacerlo conlleve
sacrificios personales y debe evitar hasta la
apariencia de conducta impropia. En su conducta
como
funcionario
del
tribunal,
deberá
interesarse
en
hacer
su
propia
y
cabal
aportación hacia la consecución de una mejor
administración de la justicia. Tal participación
conlleva necesariamente asumir posiciones que
puedan resultarle personalmente desagradables
pero que redundan en beneficio de la profesión,
tales como: denunciar valientemente, ante el
foro correspondiente, todo tipo de conducta
corrupta y deshonrosa de cualquier colega o
funcionario judicial [...].
De conformidad con los propósitos y fundamentos del
Código de Ética Profesional, supra, hemos dicho sobre el
Canon 38 que “[i]nfringirlo resulta nocivo al respeto que
la ciudadanía deposita en las instituciones de justicia y
9
CP-2012-2
la confianza que los clientes depositan en los abogados”.
In re: Manuel Acevedo Hernández, 2015 TSPR 167, 193 DPR
___; In re: Santiago Tirado, 173 DPR 786, 794 (2008).
De otra parte, en vista de que los procedimientos
disciplinarios pueden tener el efecto de incidir sobre la
licencia de un abogado o notario a ejercer su profesión y
generar
los
medios
económicos
para
sustentarse,
establecimos que el estándar de prueba para hallar a un
abogado incurso en una violación ética es el de “prueba
clara, robusta y convincente, no afectada por reglas de
exclusión
ni
a
base
de
conjeturas”.
In
re:
Rodríguez
Mercado, 165 DPR 630, 640 (2005). Al respecto, hemos dicho
que
prueba
evidencia
clara,
que
robusta
produce
en
y
convincente
es
el
juzgador
hechos
de
“aquella
una
convicción duradera de que las contenciones fácticas son
altamente probables”. In re: Martínez Almodóvar, 180 DPR
805, 820 (2011).
III.
El
Tribunal
Federal,
el
cual
no
tuvo
ante
sí
la
declaración jurada en la que el querellado admitió haber
tenido conocimiento de la falsedad de las reclamaciones,
dictó una sentencia sumaria y determinó que el querellado,
entre otras personas, participó en un esquema fraudulento
bajo
el
cual
presentó
varias
reclamaciones
falsas
a
compañías aseguradoras. Al dictar esta sentencia -la cual
es final y firme, y por lo tanto tiene una presunción de
10
CP-2012-2
corrección- el Tribunal Federal contó con una declaración
de hechos incontrovertidos, apoyada en prueba documental,
que el querellado no pudo controvertir.
Por
su
parte,
reclamaciones
eran
el
querellado
falsas,
pero
admite
sostiene
que
que
las
en
aquel
momento él no tuvo conocimiento de dicha falsedad. Sin
embargo,
aún
considerando
nuestro
análisis,
basta
esa
con
alegación
examinar
para
la
fines
de
declaración
de
hechos incontrovertidos presentada por los demandantes en
el caso federal, así como la prueba documental incluida el
expediente,
para
percatarse
de
que
en
varias
de
las
reclamaciones en que el querellado participó como abogado
se
repetían
las
mismas
personas
involucradas
en
los
coincidencia
es
y
la
supuestos accidentes de tránsito.14
Según
nos
parece,
tan
inusitada
suficiente
para
alarmar
el
conocimiento
suspicacia
en
un
abogado
promedio.
concluimos
que
la
sentencia
del
prueba
documental
a
la
que
En
Tribunal
hemos
despertar
consecuencia,
Federal
hecho
y
la
referencia
evidencian que el querellado no se esforzó al máximo de su
capacidad en la exaltación del honor y la dignidad de la
profesión.
Más aún, en autos consta la declaración jurada de 15
de febrero de 2006, en la que el querellado declara:
14
Apéndice, págs. 44-67. Ello sin tomar en cuenta las personas que se
repetían en las reclamaciones en las que participó el licenciado
Rivera Vázquez, quien en ocasiones laboró en conjunto con el
querellado.
11
CP-2012-2
Para finales del año 1997, confronto a Rivera
Vázquez sobre mi sospecha y éste me admite que
Iván
Cabrera
creaba
estos
casos
lo
que
significaba
que
algún
fraude
se
estaba
cometiendo. En respuesta de mi señalamiento el
Lcdo. Rivera me admite que ese acto de fraude
era problema de Iván Cabrera y no de él y mío. A
pesar de ello continué [sic] aceptando los casos
referidos por el Lcdo. Rivera.15
El querellado alega que esta declaración fue prestada
involuntariamente
ante
dos
agentes
federales
que
se
la
pidieron para reforzar la acusación contra el licenciado
Rivera Vázquez; que fue dada bajo la amenaza de que si no
cooperaba someterían su participación en los hechos ante
la consideración de un gran jurado; que no se le permitió
tener presente a un abogado; que no se le permitió ir al
baño
ni
tomar
agua
por
más
de
dos
horas;
que
la
declaración fue hecha en violación a su derecho contra la
autoincriminación y que por lo tanto debe ser excluida.16
Con
respecto
consideraciones:
a
lo
primero,
anterior,
según
lo
entre
otras
determinó
la
Comisionada Especial, el querellado fue citado y acudió
voluntariamente a la reunión con el inspector de correos y
el otro agente; segundo, el querellado decidió no guardar
silencio ni marcharse del lugar, sabiendo, como abogado
que es, que tenía derecho a ello; tercero, el querellado
no fue arrestado ni citado ante un gran jurado antes ni
después
de
prestar
la
declaración;
cuarto,
nada
en
el
expediente apunta a indicios que arrojen dudas sobre la
15
16
Apéndice, págs. 300-301.
Contestación a querella, págs. 10-13.
12
CP-2012-2
validez
de
asumiendo
la
para
declaración
propósitos
de
jurada.
Por
nuestro
último,
análisis
que
aún
el
querellado era un sospechoso que se encontraba detenido y
ante un interrogatorio en el que no se observaron las
garantías
contra
la
autoincriminación,
para
efectos
de
este procedimiento disciplinario no aplicaría la regla de
exclusión pues el querellado no está expuesto a condena o
procesamiento criminal alguno. Ernesto L. Chiesa Aponte,
Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos,
Colombia, Editorial Forum, 1991, Vol. I, §3.3, págs. 120122.
Tomando en cuenta todo lo anterior, resolvemos que el
querellado
incurrió
en
conducta
impropia
al
presentar
reclamaciones para indemnización aún luego de conocer que
se
trataba
fraude.17
de
casos
Asimismo,
el
falsos
dentro
querellado
de
un
incurrió
esquema
en
de
conducta
impropia al no denunciar la conducta corrupta y deshonrosa
del licenciado Rivera Vázquez al procurarse reclamaciones
fraudulentas y participar en el esquema de fraude.18 Por lo
tanto, al aplicar el estándar correspondiente de prueba
clara, robusta y convincente, es ineludible concluir que
17
Según consta en el expediente, luego del 1997 el querellado instó
otras reclamaciones que fueron declaradas fraudulentas. Apéndice,
págs. 44-67; 68-97.
18
A diferencia de la Comisionada Especial, quien concluyó que el
querellado incurrió en la apariencia de conducta impropia, resolvemos
que el querellado, al proceder de la forma en que lo hizo, contravino
exigencias específicas del Canon 38, supra, por lo que incurrió en
conducta impropia como tal. “[E]ste Tribunal no está obligado a
aceptar la recomendación del informe de la Comisionada Especial, ya
que podemos adoptarlo, modificarlo o rechazarlo”. In re: Pietri
Castellón, 185 DPR 982, 995 (2012); In re: Miguel Hernández Vázquez,
180 DPR 527 (2010).
13
CP-2012-2
el
querellado
actuó
contrario
a
las
disposiciones
del
Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, y que,
por lo tanto, incurrió en conducta antiética.19
IV.
Por los fundamentos expuestos, se suspende inmediata
e
indefinidamente
al
querellado
del
ejercicio
de
la
abogacía y notaría. Le imponemos el deber de notificar a
todos
sus
clientes
representándolos,
recibidos
por
de
su
devolver
trabajos
no
inhabilidad
cualesquiera
realizados
e
para
seguir
honorarios
informar
de
su
suspensión a los foros judiciales y administrativos del
país. Deberá certificarnos, dentro del término de treinta
días contados a partir de la notificación de esta Opinión
Per Curiam y Sentencia, el cumplimiento de estos deberes y
notificar también de ello a la Procuradora General.
La Oficina del Alguacil de este Tribunal procederá a
incautar el sello y la obra notarial del querellado, y los
entregará a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN)
para su examen e informe a este Tribunal.
19
Al determinar la sanción disciplinaria a imponerle a un abogado por
conducta antiética, pueden tomarse en consideración los siguientes
factores: la buena reputación del abogado en la comunidad; su
historial disciplinario; si ninguna parte resultó perjudicada por su
conducta; la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; el
ánimo de lucro que medió en su actuación; el resarcimiento al cliente;
y cualesquiera otras consideraciones, ya sean atenuantes o agravantes,
que resulten pertinentes. In re Quiñones Ayala, 165 DPR 138 (2005); In
re Montalvo Guzmán, 164 DPR ____ (2005). Como atenuantes, el
querellado señaló el hecho de no haber tenido otras querellas
disciplinarias
y,
además,
expresó
arrepentimiento
por
haberse
relacionado con las personas que participaron en el esquema de fraude.
También presentó una declaración jurada del Lcdo. Demetrio Fernández,
con respecto al buen comportamiento ético con el que se desempeñó el
querellado en un caso de sucesiones que ambos litigaron. Informe de la
Comisionada Especial, pág. 27.
14
CP-2012-2
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam al
Lcdo. Luis E. Huertas Soto por la Oficina del Alguacil de
este
Tribunal.
Se
dictará
sentencia
de
conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
Luis Huertas Soto
CP-2012-2
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2016.
Por los fundamentos expuestos, se suspende inmediata
e indefinidamente al querellado del ejercicio de la
abogacía y notaría. Le imponemos el deber de notificar a
todos
sus
clientes
de
su
inhabilidad
para
seguir
representándolos,
devolver
cualesquiera
honorarios
recibidos por trabajos no realizados e informar de su
suspensión a los foros judiciales y administrativos del
país. Deberá certificarnos, dentro del término de treinta
(30) días contados a partir de la notificación de esta
Opinión Per Curiam y Sentencia, el cumplimiento de estos
deberes y notificar también de ello a la Procuradora
General.
La Oficina del Alguacil de este Tribunal procederá a
incautar el sello y la obra notarial del querellado, y los
entregará a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN)
para su examen e informe a este Tribunal.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam al
Lcdo. Luis E. Huertas Soto por la Oficina del Alguacil de
este Tribunal.
2
CP-2012-2
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora
Pabón Charneco concurre sin opinión escrita.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo