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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Luis Huertas Soto

2016 TSPR 58

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Luis Huertas Soto

CP-2012-2

Conducta Profesional. Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por quebrantar el Canon 38 de Ética Profesional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2016 TSPR 58

195 DPR ____

Luis Huertas Soto

Número del Caso: CP-2012-2

Fecha: 29 de marzo de 2016

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Tatiana Grajales Torruellas

Subprocuradora General

Lcda. Yaisamarie Lugo Fontanez

Procuradora General Auxiliar

Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 4 de

abril de 2016, fecha en que se le notificó al abogado de su

suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

CP-2012-2

Luis Huertas Soto

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2016.

En esta ocasión debemos sancionar a un abogado

por incurrir en conducta impropia y faltar al deber

de esforzarse al máximo de su capacidad por exaltar

el honor y la dignidad de la profesión. Ello, en

contravención

del

Canon

38

del

Código

de

Ética

Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Veamos los hechos y el

tracto procesal de este caso.

I.

El origen de esta querella se remonta a mayo de

2003,

1

cuando

varias

compañías

aseguradoras1

Estas son: Puerto Rican American Insurance Company, National

Insurance Company, Universal Insurance Company, Caribbean

Alliance

Insurance

Company,

Integrand

Assurance

Company,

Cooperativa de Seguros Múltiples y la Asociación de Suscripción

Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio.

2

CP-2012-2

presentaron

una

queja

en

la

Oficina

de

la

Procuradora

General en contra del Lcdo. Rafael Rivera Vázquez y del

Lcdo.

Luis

E.

Huertas

Soto

querellado).2

(el

Las

aseguradoras alegaron que el licenciado Rivera Vázquez y

el

querellado,

como

parte

de

un

esquema

de

fraude,

representaron a clientes en varias reclamaciones falsas

basadas

en

resultado

supuestos

accidentes

dichas

reclamaciones,

de

de

tránsito.

las

Como

aseguradoras

emitieron cheques en concepto de indemnización, cantidad

que

totalizó

$947,911.90.

Además,

las

aseguradoras

indicaron que advinieron en conocimiento de estos hechos

en

el

curso

de

unas

investigaciones

anteriores

y

concurrentes a la presentación de una demanda contra el

licenciado Rivera Vázquez y el querellado, entre otros,

ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito de

Puerto

Rico

(Tribunal

Federal),

al

amparo

de

la

legislación Racketeer Influenced and Corrupt Organization

Act (RICO) y en la cual solicitaron la devolución de los

fondos desembolsados.3

Previendo

la

implicaran

la

Procuradora

General

posibilidad

comisión

de

refirió

de

que

estos

delitos,

la

Oficina

la

a

la

queja

hechos

de

la

Oficina

del

Fiscal General. Sin embargo, posteriormente la Oficina del

Fiscal

2

General

cerró

la

investigación

y

no

inició

El querellado fue admitido a la abogacía el 13 de agosto de 1986 y a

la notaría el 28 de agosto del mismo año.

3

Puerto Rico American Insurance Company, et al. v. Carlos Burgos, et

al., Civil Núm. 01-1186.

3

CP-2012-2

procedimiento criminal alguno.4 No surge que durante esta

etapa la Oficina de la Procuradora General realizara algún

trámite con relación a la queja contra el querellado.

Por su parte, el 12 de junio de 2008 el Tribunal

Federal dictó sentencia en el caso de Puerto Rico American

Insurance Company, et al. v. Carlos Burgos, et al., Civil

Núm. 01-1186, y determinó que el licenciado Rivera Vázquez

y el querellado participaron en un esquema de fraude en

violación al RICO, en el cual presentaron, en conjunto e

individualmente, veintidós reclamaciones falsas a varias

compañías

aseguradoras.

En

consecuencia,

el

Tribunal

Federal condenó al querellado a pagar a las aseguradoras

la cantidad de $1,440,802.86. Esta sentencia es final y

firme.

De

otro

lado,

Administración

de

el

Director

Compensaciones

Ejecutivo

por

de

la

Accidente

de

Automóviles (ACCA), basándose en las determinaciones de

hechos de la mencionada sentencia, refirió un informe para

investigación

a

la

Oficina

del

Fiscal

General.

Esta

Oficina, sin embargo, concluyó que cualquier delito que

pudiera surgir de los hechos se encontraba prescrito. Por

ello, refirió el asunto nuevamente a la Oficina de la

Procuradora

4

General

para

que

considerara

si,

como

No obstante, en relación con los hechos relatados en la queja de las

aseguradoras, se presentó una acusación criminal en el Tribunal

Federal contra el licenciado Rivera Vázquez. En mayo de 2006, el

licenciado Rivera Vázquez hizo alegación de culpabilidad por el delito

de conspiración para defraudar al servicio postal y fue condenado a

doce meses de prisión y tres años de libertad bajo supervisión

electrónica. En consecuencia, el 16 de junio 2006 se le suspendió de

la abogacía y notaría. In re Rivera Vázquez, 168 DPR 168 (2006).

4

CP-2012-2

resultado

de

estos

sucesos,

el

querellado

violó

alguna

disposición de los Cánones de Ética Profesional, supra.5

Durante el proceso de investigación, la Oficina de la

Procuradora

General

advino

en

poder

de

una

declaración

jurada de 15 de febrero de 2006 en la cual el querellado,

de

su

puño

y

letra,

admitía

haber

conocido

que

las

reclamaciones a las aseguradoras eran fraudulentas y que,

aun así, siguió aceptando esos casos:

Para finales del año 1997, confronto a Rivera

Vázquez sobre mi sospecha y éste me admite que

Iván

Cabrera

creaba

estos

casos

lo

que

significaba

que

algún

fraude

se

estaba

cometiendo. En respuesta de mi señalamiento el

Lcdo. Rivera me admite que ese acto de fraude

era problema de Iván Cabrera y no de él y mío. A

pesar de ello continúe [sic] aceptando los casos

referidos por el Lcdo. Rivera.6

Así, luego de otros trámites, la Procuradora General

presentó un Informe ante este Tribunal en el que recomendó

la presentación de una querella por violación al Canon 38

de Ética Profesional, supra. El querellado replicó y basó

su defensa, fundamentalmente, en que aunque presentó las

reclamaciones y cobró los cheques, ignoraba que se tratara

de reclamaciones fraudulentas.7

Examinados el Informe y su réplica, le ordenamos a la

Oficina

de

la

Procuradora

General

que

procediera

a

presentar la querella. Así, en cumplimiento con nuestra

5

La Oficina del Fiscal General también remitió al Procurador General

copia de la sentencia del Tribunal Federal.

6

Apéndice, págs. 300-301.

7

Contestación a la querella presentada por la Procuradora General,

pág. 3. En efecto, con relación a estos hechos al querellado no le

presentaron cargos criminales.

5

CP-2012-2

orden, la Procuradora General le imputó al querellado el

siguiente cargo:

El licenciado Luis Huertas Soto violó los

preceptos del Canon 38 de Ética Profesional, el

cual establece que los abogados deben esforzarse

al máximo en la exaltación del honor y la

dignidad de la profesión y debe evitar hasta la

apariencia de conducta impropia y obliga a

denunciar

valientemente

ante

el

foro

correspondiente cualquier conducta impropia de

cualquier colega.8

Después de que el querellado contestara la querella,

nombramos a la Hon. Crisanta González Seda, ex jueza del

Tribunal de Primera Instancia, como Comisionada Especial

para recibir la prueba y rendirnos un informe con las

determinaciones de hechos y recomendaciones que estimara

pertinentes. El 12 de diciembre de 2013 se celebró la

vista

final

únicamente

ante

la

testificó

Comisionada

el

Especial,

querellado.

La

en

la

cual

Procuradora

General, por su parte, dio el caso por sometido a base de

la prueba documental que obra en el expediente. Después de

otros

trámites,

la

Comisionada

Especial

entregó

Informe, en el que concluyó que:

Las actuaciones del querellado en su desempeño

como abogado, encubriendo y participando en lo

que tenía que saber, que eran actos delictivos,

y en este procedimiento, tratando de evadir su

responsabilidad y expresando que no quería

denunciar al licenciado Rivera Vázquez crean la

apariencia de una conducta impropia, no importa

cuáles pudieran ser sus justificaciones para

ello.9

8

9

Querella, pág. 3.

Informe de la Comisionada Especial, págs. 25-26.

su

6

CP-2012-2

Con respecto al trasfondo de los hechos que dieron

lugar a la queja, la Comisionada Especial determinó que

para

el

año

1995

el

querellado

arrendó

un

espacio

de

oficina dentro del despacho del licenciado Rivera Vázquez,

de

quien

se

Eventualmente,

convirtió

el

en

licenciado

compañero

Rivera

de

Vázquez

oficina.10

comenzó

a

referirle casos sobre accidentes de tránsito ficticios, en

los cuales el querellado presentó la reclamación a las

aseguradoras y tramitó el pago de la indemnización.11 Así,

desde el 1997 hasta el 2001 el licenciado Rivera Vázquez y

el querellado instaron un total de veintidós reclamaciones

falsas.12

Por su parte, el querellado replicó al Informe de la

Comisionada Especial y reiteró que desconocía la falsedad

de

las

reclamaciones.

Con

respecto

a

su

declaración

jurada, adujo que ésta la prestó de forma involuntaria,

ante la amenaza de que le radicaran cargos criminales y

sin la oportunidad de contar con un abogado. Por ello,

sostuvo que la declaración debía ser excluida por haber

10

Además del querellado y el licenciado Rivera Vázquez, el despacho lo

compartían otros dos abogados.

11

A su vez, según determinó la Comisionada Especial, el Sr. Iván

Cabrera Garay se encargaba de traer a la oficina los casos en que se

basaban las reclamaciones falsas.

12

Asimismo, los documentos que apoyaban estas reclamaciones, tales

como los partes médicos y la querella policial, no eran auténticos. De

otra parte, en el caso del querellado, éste cobraba en concepto de

honorarios de abogado el 15% de lo pagado por las aseguradoras.

Informe de la Comisionada Especial, pág. 13.

7

CP-2012-2

sido

prestada

en

violación

a

su

derecho

contra

la

de

Comisionada

autoincriminación.13

Con

el

beneficio

del

Informe

la

Especial, la réplica, así como los demás documentos y la

prueba que se encuentra en el expediente, procedemos a

resolver.

II.

Anteriormente hemos expresado que “[e]l día en que un

abogado presta juramento ante el Tribunal Supremo le es

concedido

un

profesión,

gran

privilegio:

honrosa

extraordinaria

por

tradición

el

de

poder

ejercer

tiene

una

demás,

que

y

desempeña

que

un

rica

una

y

importante

papel en nuestra sociedad”. In re: Quintero Alfaro, 161

DPR 871 (2004). Así, al juramentar el abogado se convierte

en

un

funcionario

del

Tribunal

y

se

compromete

a

desempeñar su función con la mayor competencia, compromiso

e integridad. In re: Quintero Alfaro, supra; Ramos Acevedo

v. Tribunal Superior, 133 DPR 599, 613-14 (1993).

El privilegio de desempeñar esta profesión no está

exento

de

responsabilidades,

entre

ellas

la

de

cumplir

fielmente con los deberes que impone el Código de Ética

Profesional,

supra.

El

objetivo

de

este

Código

es

propiciar que los abogados se desempeñen, profesional y

personalmente, acorde con los más elevados principios de

conducta.

13

Ello

para

beneficio

de

Comentarios, objeciones y recomendaciones

Comisionada Especial, págs. 1-5.

la

ciudadanía,

sobre

Informe

de

las

la

8

CP-2012-2

instituciones de justicia y la profesión jurídica. In re

Pujol

Thompson,

171

DPR

683

(2007);

In

re:

Izquierdo

Stella, 154 DPR 732 (2001).

Asimismo, hemos aclarado que el fin del procedimiento

disciplinario no es castigar al abogado, sino proteger al

público y a la profesión mediante una investigación del

comportamiento

ético

del

abogado

y

de

sus

condiciones

morales. In re Olivera Mariani, 173 DPR 498 (2008); In re:

Liceaga, 82 DPR 252 (1961).

En particular, nos corresponde considerar -por ser el

cargo imputado en la querella de autos- el Canon 38 del

Código de Ética Profesional, supra. En lo pertinente, éste

dispone que:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su

capacidad, en la exaltación del honor y dignidad

de la profesión, aunque el así hacerlo conlleve

sacrificios personales y debe evitar hasta la

apariencia de conducta impropia. En su conducta

como

funcionario

del

tribunal,

deberá

interesarse

en

hacer

su

propia

y

cabal

aportación hacia la consecución de una mejor

administración de la justicia. Tal participación

conlleva necesariamente asumir posiciones que

puedan resultarle personalmente desagradables

pero que redundan en beneficio de la profesión,

tales como: denunciar valientemente, ante el

foro correspondiente, todo tipo de conducta

corrupta y deshonrosa de cualquier colega o

funcionario judicial [...].

De conformidad con los propósitos y fundamentos del

Código de Ética Profesional, supra, hemos dicho sobre el

Canon 38 que “[i]nfringirlo resulta nocivo al respeto que

la ciudadanía deposita en las instituciones de justicia y

9

CP-2012-2

la confianza que los clientes depositan en los abogados”.

In re: Manuel Acevedo Hernández, 2015 TSPR 167, 193 DPR

___; In re: Santiago Tirado, 173 DPR 786, 794 (2008).

De otra parte, en vista de que los procedimientos

disciplinarios pueden tener el efecto de incidir sobre la

licencia de un abogado o notario a ejercer su profesión y

generar

los

medios

económicos

para

sustentarse,

establecimos que el estándar de prueba para hallar a un

abogado incurso en una violación ética es el de “prueba

clara, robusta y convincente, no afectada por reglas de

exclusión

ni

a

base

de

conjeturas”.

In

re:

Rodríguez

Mercado, 165 DPR 630, 640 (2005). Al respecto, hemos dicho

que

prueba

evidencia

clara,

que

robusta

produce

en

y

convincente

es

el

juzgador

hechos

de

“aquella

una

convicción duradera de que las contenciones fácticas son

altamente probables”. In re: Martínez Almodóvar, 180 DPR

805, 820 (2011).

III.

El

Tribunal

Federal,

el

cual

no

tuvo

ante

sí

la

declaración jurada en la que el querellado admitió haber

tenido conocimiento de la falsedad de las reclamaciones,

dictó una sentencia sumaria y determinó que el querellado,

entre otras personas, participó en un esquema fraudulento

bajo

el

cual

presentó

varias

reclamaciones

falsas

a

compañías aseguradoras. Al dictar esta sentencia -la cual

es final y firme, y por lo tanto tiene una presunción de

10

CP-2012-2

corrección- el Tribunal Federal contó con una declaración

de hechos incontrovertidos, apoyada en prueba documental,

que el querellado no pudo controvertir.

Por

su

parte,

reclamaciones

eran

el

querellado

falsas,

pero

admite

sostiene

que

que

las

en

aquel

momento él no tuvo conocimiento de dicha falsedad. Sin

embargo,

aún

considerando

nuestro

análisis,

basta

esa

con

alegación

examinar

para

la

fines

de

declaración

de

hechos incontrovertidos presentada por los demandantes en

el caso federal, así como la prueba documental incluida el

expediente,

para

percatarse

de

que

en

varias

de

las

reclamaciones en que el querellado participó como abogado

se

repetían

las

mismas

personas

involucradas

en

los

coincidencia

es

y

la

supuestos accidentes de tránsito.14

Según

nos

parece,

tan

inusitada

suficiente

para

alarmar

el

conocimiento

suspicacia

en

un

abogado

promedio.

concluimos

que

la

sentencia

del

prueba

documental

a

la

que

En

Tribunal

hemos

despertar

consecuencia,

Federal

hecho

y

la

referencia

evidencian que el querellado no se esforzó al máximo de su

capacidad en la exaltación del honor y la dignidad de la

profesión.

Más aún, en autos consta la declaración jurada de 15

de febrero de 2006, en la que el querellado declara:

14

Apéndice, págs. 44-67. Ello sin tomar en cuenta las personas que se

repetían en las reclamaciones en las que participó el licenciado

Rivera Vázquez, quien en ocasiones laboró en conjunto con el

querellado.

11

CP-2012-2

Para finales del año 1997, confronto a Rivera

Vázquez sobre mi sospecha y éste me admite que

Iván

Cabrera

creaba

estos

casos

lo

que

significaba

que

algún

fraude

se

estaba

cometiendo. En respuesta de mi señalamiento el

Lcdo. Rivera me admite que ese acto de fraude

era problema de Iván Cabrera y no de él y mío. A

pesar de ello continué [sic] aceptando los casos

referidos por el Lcdo. Rivera.15

El querellado alega que esta declaración fue prestada

involuntariamente

ante

dos

agentes

federales

que

se

la

pidieron para reforzar la acusación contra el licenciado

Rivera Vázquez; que fue dada bajo la amenaza de que si no

cooperaba someterían su participación en los hechos ante

la consideración de un gran jurado; que no se le permitió

tener presente a un abogado; que no se le permitió ir al

baño

ni

tomar

agua

por

más

de

dos

horas;

que

la

declaración fue hecha en violación a su derecho contra la

autoincriminación y que por lo tanto debe ser excluida.16

Con

respecto

consideraciones:

a

lo

primero,

anterior,

según

lo

entre

otras

determinó

la

Comisionada Especial, el querellado fue citado y acudió

voluntariamente a la reunión con el inspector de correos y

el otro agente; segundo, el querellado decidió no guardar

silencio ni marcharse del lugar, sabiendo, como abogado

que es, que tenía derecho a ello; tercero, el querellado

no fue arrestado ni citado ante un gran jurado antes ni

después

de

prestar

la

declaración;

cuarto,

nada

en

el

expediente apunta a indicios que arrojen dudas sobre la

15

16

Apéndice, págs. 300-301.

Contestación a querella, págs. 10-13.

12

CP-2012-2

validez

de

asumiendo

la

para

declaración

propósitos

de

jurada.

Por

nuestro

último,

análisis

que

aún

el

querellado era un sospechoso que se encontraba detenido y

ante un interrogatorio en el que no se observaron las

garantías

contra

la

autoincriminación,

para

efectos

de

este procedimiento disciplinario no aplicaría la regla de

exclusión pues el querellado no está expuesto a condena o

procesamiento criminal alguno. Ernesto L. Chiesa Aponte,

Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos,

Colombia, Editorial Forum, 1991, Vol. I, §3.3, págs. 120122.

Tomando en cuenta todo lo anterior, resolvemos que el

querellado

incurrió

en

conducta

impropia

al

presentar

reclamaciones para indemnización aún luego de conocer que

se

trataba

fraude.17

de

casos

Asimismo,

el

falsos

dentro

querellado

de

un

incurrió

esquema

en

de

conducta

impropia al no denunciar la conducta corrupta y deshonrosa

del licenciado Rivera Vázquez al procurarse reclamaciones

fraudulentas y participar en el esquema de fraude.18 Por lo

tanto, al aplicar el estándar correspondiente de prueba

clara, robusta y convincente, es ineludible concluir que

17

Según consta en el expediente, luego del 1997 el querellado instó

otras reclamaciones que fueron declaradas fraudulentas. Apéndice,

págs. 44-67; 68-97.

18

A diferencia de la Comisionada Especial, quien concluyó que el

querellado incurrió en la apariencia de conducta impropia, resolvemos

que el querellado, al proceder de la forma en que lo hizo, contravino

exigencias específicas del Canon 38, supra, por lo que incurrió en

conducta impropia como tal. “[E]ste Tribunal no está obligado a

aceptar la recomendación del informe de la Comisionada Especial, ya

que podemos adoptarlo, modificarlo o rechazarlo”. In re: Pietri

Castellón, 185 DPR 982, 995 (2012); In re: Miguel Hernández Vázquez,

180 DPR 527 (2010).

13

CP-2012-2

el

querellado

actuó

contrario

a

las

disposiciones

del

Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, y que,

por lo tanto, incurrió en conducta antiética.19

IV.

Por los fundamentos expuestos, se suspende inmediata

e

indefinidamente

al

querellado

del

ejercicio

de

la

abogacía y notaría. Le imponemos el deber de notificar a

todos

sus

clientes

representándolos,

recibidos

por

de

su

devolver

trabajos

no

inhabilidad

cualesquiera

realizados

e

para

seguir

honorarios

informar

de

su

suspensión a los foros judiciales y administrativos del

país. Deberá certificarnos, dentro del término de treinta

días contados a partir de la notificación de esta Opinión

Per Curiam y Sentencia, el cumplimiento de estos deberes y

notificar también de ello a la Procuradora General.

La Oficina del Alguacil de este Tribunal procederá a

incautar el sello y la obra notarial del querellado, y los

entregará a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN)

para su examen e informe a este Tribunal.

19

Al determinar la sanción disciplinaria a imponerle a un abogado por

conducta antiética, pueden tomarse en consideración los siguientes

factores: la buena reputación del abogado en la comunidad; su

historial disciplinario; si ninguna parte resultó perjudicada por su

conducta; la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; el

ánimo de lucro que medió en su actuación; el resarcimiento al cliente;

y cualesquiera otras consideraciones, ya sean atenuantes o agravantes,

que resulten pertinentes. In re Quiñones Ayala, 165 DPR 138 (2005); In

re Montalvo Guzmán, 164 DPR ____ (2005). Como atenuantes, el

querellado señaló el hecho de no haber tenido otras querellas

disciplinarias

y,

además,

expresó

arrepentimiento

por

haberse

relacionado con las personas que participaron en el esquema de fraude.

También presentó una declaración jurada del Lcdo. Demetrio Fernández,

con respecto al buen comportamiento ético con el que se desempeñó el

querellado en un caso de sucesiones que ambos litigaron. Informe de la

Comisionada Especial, pág. 27.

14

CP-2012-2

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam al

Lcdo. Luis E. Huertas Soto por la Oficina del Alguacil de

este

Tribunal.

Se

dictará

sentencia

de

conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

Luis Huertas Soto

CP-2012-2

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2016.

Por los fundamentos expuestos, se suspende inmediata

e indefinidamente al querellado del ejercicio de la

abogacía y notaría. Le imponemos el deber de notificar a

todos

sus

clientes

de

su

inhabilidad

para

seguir

representándolos,

devolver

cualesquiera

honorarios

recibidos por trabajos no realizados e informar de su

suspensión a los foros judiciales y administrativos del

país. Deberá certificarnos, dentro del término de treinta

(30) días contados a partir de la notificación de esta

Opinión Per Curiam y Sentencia, el cumplimiento de estos

deberes y notificar también de ello a la Procuradora

General.

La Oficina del Alguacil de este Tribunal procederá a

incautar el sello y la obra notarial del querellado, y los

entregará a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN)

para su examen e informe a este Tribunal.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam al

Lcdo. Luis E. Huertas Soto por la Oficina del Alguacil de

este Tribunal.

2

CP-2012-2

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora

Pabón Charneco concurre sin opinión escrita.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo