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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Carlos M. Palmer Ramos

2016 TSPR 61

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Carlos M. Palmer Ramos

CP-2012-7

Suspensión de seis meses del ejercicio de la notaría por quebrantar los Artículos 2, 14 y 15 de la Ley Notarial de Puerto Rico y el Canon 18 de Ética Profesional.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2016 TSPR 61

Carlos M. Palmer Ramos

195 DPR ____

Número del Caso: CP-2012-7

Fecha: 29 de marzo de 2016

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray

Procuradora General

Lcda. Tatiana Grajales Torruellas

Subprocuradora General

Lcda. Yaizamari Lugo Fontanez

Procuradora General

Abogado del Querellado:

Lcdo. Raúl Rodríguez Quiles

Comisionada Especial:

Hon. Mercedes Marrero de Bauermeister

Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el

7 de abril de 2016, fecha en que se le notificó al abogado de

su suspensión inmediata de la notaría.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones

del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un

servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

CP-2012-7

Carlos M. Palmer Ramos

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2016.

En esta ocasión nos corresponde sancionar a un

abogado por incumplir con el Canon 18 del Código de

Ética

Profesional,

4

LPRA

Ap.

IX,

y

con

ciertas

disposiciones de la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley

Notarial), Ley Núm. 2-1987, 4 LPRA sec. 2001 et seq.

I

El

Lcdo.

Carlos

M.

Palmer

Ramos

(licenciado

Palmer Ramos o querellado) fue admitido al ejercicio

de la abogacía el 12 de diciembre de 1975 y a la

notaría el 3 de febrero de 1976. El 11 de mayo de

2007, el Sr. Alexis J. Troche Rivera (señor Troche

Rivera

o

querellante)

presentó

una

queja

contra

2

CP-2012-7

el licenciado Palmer Ramos. Los hechos que dieron lugar a

este

procedimiento

disciplinario

se

exponen

a

continuación.

El

21

de

noviembre

de

2001,

el

licenciado

Palmer

Ramos autorizó la Escritura Núm. 182 sobre Segregación y

Partición (Escritura Núm. 182) para la Sucesión del Sr.

Hermenegildo

Martínez

Rivera

compuesta

Vázquez

y

por

Sr.

el

la

Sra.

Dolores

Vázquez

Carlos

Rafael

Rivera

Rodríguez y las Sras. Eugenia, María, María Virginia y Ana

Luz

Rivera

Martínez

(Sucesión

Rivera-Vázquez).

En

la

escritura, el querellado consignó que la Sucesión RiveraVázquez segregaba la Finca Núm. 1293 en varios solares

según fuera aprobado por la Administración de Reglamentos

y

Permisos

(ARPE)

en

el

caso

Núm.

01LU2-00000-03910.

Además, expresó que la cabida de la Finca Núm. 1293 era

13.9746 cuerdas, medida que constaba en el Registro de la

Propiedad.

Sin embargo, sucede que en la autorización de ARPE y

el plano preparado por el agrimensor Sr. José R. Rivera en

el

caso

Núm.

01LU2-00000-03910,

se

estableció

que

la

cabida de la Finca Núm. 1293 era de 9 cuerdas. Asimismo,

la Escritura Núm. 182 también reflejó discrepancias con la

autorización de ARPE en el desglose de las cabidas de

otros

solares,

particularmente

los

núm.

3,

5

y

11

3

CP-2012-7

(Remanente).1 A pesar de lo anterior, el querellado no hizo

constar alguna advertencia particular en la Escritura Núm.

182,

sólo

señaló

que

hizo

las

advertencias

legales

pertinentes.

Ese mismo día, el licenciado Palmer Ramos autorizó

las Escrituras Núm. 183 a la 186 sobre División Parcial de

Comunidad2

y

(Escritura

Núm.

la

Escritura

Núm.

187

187).

esta

última,

En

sobre

Compraventa

el

querellado

autorizó la compraventa del solar número 2, adjudicado a

la heredera Ana Luz Rivera Martínez mediante la Escritura

Núm. 184, a favor del señor Troche Rivera. Nuevamente, no

surge de la misma alguna advertencia particular, sólo que

el

querellado

realizó

las

advertencias

legales

pertinentes.

El 20 de febrero de 2002, la Sra. Ana Luz Rivera

Martínez

presentó

ante

el

Registro

de

la

Propiedad

la

mayoría de las escrituras mencionadas anteriormente.3 El 27

de febrero de 2006, retiró las Escrituras Núm. 182, 183,

185, 187. Para el 21 de septiembre de 2007 la cabida de la

1

Indicó que la cabida de los solares núm. 3, 5 y 11 eran 586.8087,

586.8087 y 22,272.22, respectivamente, aunque la autorización de ARPE

señalaba que eran 586, 666 y 20,241.56 metros.

2

En dichas escrituras se realizaron las siguientes divisiones: el

heredero Sr. Carlos Rafael Rivera Rodríguez recibió los solares núm. 1

y 7 (Escritura Núm. 183);

la heredera Sra. Ana Luz Rivera Martínez

recibió los solares núm. 2 y 9 (Escritura Núm. 184); la heredera Sra.

María Virginia Rivera Martínez recibió los solares núm. 3 y 3A

(Escritura Núm. 185); la heredera María Rivera Martínez recibió los

solares núm. 5, 10 y 10A mientras que la heredera Sra. María Eugenia

Rivera Martínez los solares núm. 4, 5A, 5B, 6 y 8 (Escritura Núm.

186).

3

No presentó ante el Registro de la Propiedad para su inscripción la

Escritura Núm. 184 ni la Escritura Núm. 186.

4

CP-2012-7

Finca Núm. 1293 en el Registro de la Propiedad continuaba

siendo 13.9746 cuerdas.

El

11

presentó

de

la

mayo

de

queja

disciplinario.

En

el

señor

Troche

de

este

procedimiento

alegó

que

objeto

esencia,

querellado

para

que

compraventa

y

la

que

2007,

autorizara

misma

no

una

pudo

Rivera

contrató

al

escritura

de

inscribirse

en

el

Registro de la Propiedad por unas deficiencias. Señaló que

la escritura fue retirada del Registro de la Propiedad y

que

el

lograr

querellado

que

económicas

se

no

ha

realizado

inscriba.

porque

la

gestión

alguna

Indicó

que

sufrió

negligencia

del

licenciado

para

pérdidas

Palmer

Ramos tuvo el efecto de malograr un trámite de préstamo de

construcción que solicitó.4

En su contestación a la queja, el licenciado Palmer

Ramos explicó lo relacionado a su trabajo con la Sucesión

Rivera-Vázquez

y

aceptó

que

el

solar

número

2

se

le

transfirió al quejoso. Señaló que, una vez se presentaron

los

documentos

en

el

Registro

de

la

Propiedad,

el

Registrador “pre-calificó” los instrumentos e informó la

discrepancia entre la cabida que se reflejaba en el plano

de ARPE y la que constaba en el Registro de la Propiedad.

Arguyó que la heredera María Eugenia Rivera Martínez le

informó que el agrimensor Jose R. Rivera estaba atendiendo

4

Acompañó con la queja copia de un cheque por $250.00 con fecha de 20

de noviembre de 2001 a favor del querellado y algunos documentos

relacionados a la queja que presentó en el Colegio de Abogados por los

mismos hechos pero que fue desistida para acudir a este foro.

5

CP-2012-7

el

asunto

descubrió

acordó

pero

que

con

la

se

cuando

trató

encontraba

Sucesión

de

comunicarse

incapacitado.

Rivera-Vázquez

con

él

Por

tanto,

la

acción

instar

judicial de rectificación de cabida pero explicó que no se

había comenzado porque se requería una certificación de

mensura preparada por otro agrimensor. Por último, explicó

que se ha comunicado con la Sucesión Rivera-Vázquez y no

con el quejoso por razones éticas, pero que las medidas

que ha tomado han ido dirigidas a resolver la situación

del

quejoso

a

pesar

de

que

no

fue

contratado

para

el

trámite de rectificación de cabida.5

Posteriormente, la otrora Directora de la Oficina de

Inspección de Notarías (ODIN), Lcda. Lourdes I. Quintana

Lloréns,

presentó

ante

nosotros

un

Informe.

Luego

de

exponer el trasfondo fáctico, concluyó que la discrepancia

entre las cabidas existía al momento en que el querellado

autorizó la Escritura Núm. 182 y surgía de los documentos

utilizados

para

la

segregación.

Por

lo

tanto,

el

licenciado Palmer Ramos debió solicitar los antecedentes

registrales de la Finca Núm. 1293 y aclarar la situación

5

El querellado incluyó como anejo una declaración jurada del

agrimensor José R. Rivera Cruz suscrita en diciembre de 2003. En ésta,

el señor Rivera Cruz expresó que la mensura de la Finca Núm. 1293,

realizada a petición de la Sucesión Rivera-Vázquez, resultó en una

menor cabida, a saber, 9 cuerdas. Además, anejó una comunicación que

ARPE le envió en febrero de 2005 al agrimensor de la cual surge que

ante la agencia se presentó una solicitud de rectificación de cabida.

En la carta, la ARPE le requirió varios documentos adicionales y le

informó que era necesario un trámite judicial para aclarar la cabida

en el Registro de la Propiedad por ser una disminución de 35.62%.

6

CP-2012-7

antes de autorizar

la escritura.6

Como

mínimo,

la

ODIN

entiende que debió consignar en la Escritura Núm. 182 la

discrepancia y una advertencia en cuanto a la necesidad de

rectificar la cabida, así como las consecuencias de no

hacerlo

antes

de

segregar

la

finca.

En

cambio,

el

licenciado Palmer Ramos indicó en la Escritura Núm. 182

que la cabida registral era de 13.9746 cuerdas, lo cual

causó que el Registrador de la Propiedad notificara la

diferencia

y

se

afectara

el

tracto

de

las

escrituras

posteriores, incluyendo la Escritura Núm. 187 del quejoso.

Asimismo, la ODIN señaló que el querellado también incluyó

cabidas incongruentes para los solares núm. 3, 5 y 11. Por

lo anterior, la ODIN entendió que el querellado incumplió

con los Arts. 2, 14 y 15(f) de la Ley Notarial, 4 LPRA

secs. 2002, 2032, 2033.7

El licenciado Palmer Ramos reaccionó al Informe de la

ODIN y, entre otras cosas, señaló que entendió de buena fe

que tenía que describir la finca según las constancias del

Registro y no los documentos complementarios. Razonó que

por

ser

la

discrepancia

en

la

cabida

atribuible

al

remanente se podía atender posteriormente sin afectar el

proceso de inscripción de las escrituras. Por lo tanto,

indicó que los titulares pueden presentar nuevamente las

6

La ODIN señaló que del plano de segregación surgía que la Finca Núm.

1293 tenía varios solares que al parecer se habían segregado con

anterioridad, lo cual explicaría la disminución de cabida. Informe de

la ODIN, págs. 11-12.

7

La ODIN también recomendó para la evaluación final de la queja que el

licenciado Palmer Ramos, entre otras cosas, aclarara la situación

actual del inmueble e informara las gestiones que realizó para

resolver la deficiencia que presentaba la Escritura Núm. 182.

7

CP-2012-7

escrituras y el Registrador debía inscribirlas.8 Asimismo,

arguyó que las discrepancias en las cabidas de los solares

núm. 3, 5 y 11 se debieron a unos errores mecanográficos y

que le informó a los titulares que tenían que otorgar un

acta notarial pero que no incurrirían en gasto alguno.9

Luego de algunos trámites, el 30 de agosto de 2011 la

Procuradora

síntesis,

General

coincidió

también

con

la

rindió

ODIN

en

un

Informe.

cuanto

a

En

que

el

licenciado Palmer Ramos tenía la obligación de aclarar la

cabida antes de autorizar las escrituras o al menos hacer

las

advertencias

necesarias.

Determinó

que

esa

una

violación

al

Canon

Ap.

Asimismo,

puede

significar

Ética

Profesional,

posible

4

LPRA

IX.

omisión

18

de

hizo

referencia al Art. 63 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA sec.

2266, el cual dispone que un notario que por su falta

cometiere alguna omisión que impida la inscripción de un

contrato tiene el deber de subsanar prontamente el error

al

serle

requerido.

Expuso

que

el

querellado

tuvo

conocimiento de la queja desde el 2007, pero todavía no ha

logrado la inscripción de las escrituras. En cambio, en

8

Utiliza

como

fundamento

varios

casos

de

este

Tribunal,

particularmente, Ruiz v. Torres, 61 DPR 1 (1942); Piñero v.

Registrador, 75 DPR 455 (1953); y Alameda Towers Associates v. Muñoz

Román, 129 DPR 698 (1992).

9

Este Tribunal le concedió a la ODIN un término para que se expresara

en cuanto a la contestación del querellado. En su Moción en

Cumplimiento de Orden, la ODIN indicó que de la misma no surge que el

querellado asumió su responsabilidad por las deficiencias de las

escrituras y tampoco informó gestiones concretas dirigidas a resolver

este asunto. Además, entendió que la solución del licenciado Palmer

Ramos consistente en presentar nuevamente las escrituras en el

Registro de la Propiedad sin rectificar la cabida o añadir una

advertencia en cuanto a la discrepancia en cuestión no garantizaba la

inscripción de éstas.

8

CP-2012-7

2010

le

comunicó

a

dicha

oficina,

por

medio

de

su

representante legal, que la diferencia en cabida se debía

a un terreno que fue ocupado por una carretera, pero que

no había podido corregir la situación porque el quejoso no

quería

cooperar.

quejoso

no

Según

cooperó

el

porque

licenciado

Palmer

no

su

aceptó

Ramos,

el

sugerencia

de

desistir de la queja sin perjuicio para evitar un alegado

conflicto

de

interés

con

el

abogado

rectificación

de

cabida.

Abogado

querellado.

La

Procuradora

que

que

General

tramitaría

la

contrataría

el

no

encontró

justificación alguna que le impidiera al licenciado Palmer

Ramos, con una queja activa, corregir la situación para

lograr

la

inscripción

de

las

escrituras.

Por

tanto

concluyó que no ha sido diligente en ese asunto y que esa

conducta podría conllevar otra violación al Canon 18 de

Ética Profesional, supra.

Este

Tribunal

ordenó

a

la

Procuradora

General

que

presentara la Querella correspondiente y ésta así lo hizo.

En la misma, se formularon los siguientes cargos:

Cargo I

El licenciado Carlos M. Palmer incumplió con el

principio consagrado en el Artículo 2 de la Ley

Notarial

al

consignar

información

en

la

[E]scritura Núm. 182 que era inconsistente con

la realidad de los hechos y la información que

tuvo ante su consideración.

Cargo II

El licenciado Palmer incumplió con el Artículo

14 y el Artículo 15 (f) de la Ley Notarial al

otorgar la Escritura Núm. 182 sin antes aclarar

9

CP-2012-7

la cabida del inmueble y al no consignar del

propio documento, las advertencias específicas

que por su importancia para el negocio jurídico

y para el consentimiento informado de las partes

deben detallarse expresamente.

Cargo III

El licenciado Palmer violó los preceptos del

Canon 18 de Ética Profesional al no realizar una

labor idónea y competente en su labor como

abogado-notario previo y durante el al [sic]

otorgamiento de la Escritura Núm. 182 y 187, así

como al no realizar las diligencias necesarias

para subsanar los defectos que impidieron la

inscripción de las referidas escrituras.

El

licenciado

Palmer

Ramos

contestó

la

querella

y

alegó que no incumplió con lo establecido en el Art. 2 de

la Ley Notarial, supra, porque él tenía la obligación de

describir la Finca Núm. 1293 según las constancias del

Registro de la Propiedad. Razonó que la discrepancia en

este

caso

salirse

era

del

Reglamentos

“una

ámbito

y

cuestión

técnica

de

propia

Permisos

la

(...)”.10

Por

que

nunca

debía

Administración

otro

lado,

de

señaló

nuevamente que las discrepancias en las cabidas de los

solares

núm.

3,

5

y

11

se

debieron

a

errores

mecanográficos y que se propone otorgar un acta notarial

para corregirlas.

Con relación a la violación de los Arts. 14 y 15 de

la Ley Notarial, supra, explicó que la Sucesión RiveraVázquez, a pesar de conocer que había una diferencia en

cabida,

le

segregación

10

requirió

porque

los

que

otorgara

herederos

Contestación de Querella, pág. 1.

la

escritura

de

querían

adjudicar

los

10

CP-2012-7

solares

según

Reconoció

lo

que

habían

hecho

posiblemente

físicamente

cometió

un

hacía

error

años.

al

no

consignar expresamente las advertencias sobre la cabida

pero que el otorgamiento lo realizó según la voluntad de

los otorgantes. Finalmente indicó que logró concertar una

reunión

con

Cartagena,

un

pero

agrimensor,

que

surgió

el

un

Sr.

Arturo

inconveniente

Llavona

con

unas

contribuciones sobre la propiedad y el caso fue desistido.

Alegó que después de reunirse con ciertos herederos para

solucionar el asunto de las contribuciones, contrataron a

otro agrimensor, el Sr. Bienvenido Alverio Berríos, quien

realizó el plano de rectificación de cabida. Sin embargo,

una

de

las

herederas

falleció

y

el

querellado

está

trabajando libre de costo con la sucesión de la causante

para

que

puedan

comparecer

al

otorgamiento

de

la

rectificación de cabida. Indicó que estaba esperando la

certificación de cancelación de gravamen del Departamento

de Hacienda para continuar con los trámites.

Examinadas las comparecencias del querellado, la ODIN

y la Procuradora General, nombramos a la Hon. Mercedes

Marrero de Bauermeister, Ex Jueza del Tribunal de Primera

Instancia, como Comisionada Especial para que recibiera la

prueba y nos rindiera un informe con las determinaciones

de hechos y las recomendaciones que estimara pertinente.

Según el Informe de la Comisionada Especial, el licenciado

Palmer Ramos niega el primer cargo, admite el segundo y

11

CP-2012-7

con relación al tercero admite que omitió las advertencias

requeridas,

pero

expresa

que

realizó

las

diligencias

necesarias para subsanar los defectos.

Luego

de

Comisionada

celebrar

Especial

una

concluyó

vista

evidenciaria,11

que

licenciado

el

la

Palmer

Ramos incumplió con el Art. 2 de la Ley Notarial, supra,

al autorizar un documento que carecía de eficacia. Razonó

que

el

querellado

debió

prever

que

la

discrepancia

en

cabida impediría la inscripción de la Escritura Núm. 182 y

afectaría las escrituras posteriores. Asimismo, determinó

que violó los Arts. 14 y 15(f) de la Ley Notarial, supra,

al

otorgar

la

Escritura

Núm.

182

y

no

consignar

las

advertencias necesarias. Por último, entendió que violó el

Canon 18 de Ética Profesional, supra, al faltar a su deber

de

diligencia,

Escritura

Núm.

no

tan

182,

sino

sólo

en

la

otorgación

también

en

los

de

trámites

la

para

lograr la rectificación de la cabida. Señaló que “aunque

la tardanza en el prolongado trámite no le sea imputable

directamente

11

al

licenciado

Palmer

Ramos,

el

lograr

la

La vista evidenciaria se celebró el 16 de enero de 2014. La Sra.

María Eugenia Rivera Martínez testificó que la Sucesión Rivera-Vázquez

conocía que la Finca Núm. 1293 tenía una cabida de 9 cuerdas; que

cuando el querellado supo que el Registrador iba a notificar la

discrepancia en la cabida le advirtió que tenía que contratar un nuevo

agrimensor y presentar una acción judicial para rectificarla; y que,

aunque al momento de la vista la Escritura Núm. 182 no estaba

inscrita, cada heredero había tomado posesión de los solares según

adjudicados. Por otro lado, el agrimensor Bienvenido Alverio Berríos

testificó que en septiembre de 2010 la Sra. Olga Rodríguez lo contactó

para encomendarle la mensura de la Finca Núm. 1293; en diciembre de

ese mismo año le proveyó a la Sucesión Rivera-Vázquez la cotización

por sus servicios; y a finales del 2011 la Sucesión lo contrató. La

mensura arrojó una cabida de 9 cuerdas y él presentó una solicitud de

rectificación de cabida ante ARPE, la cual fue aprobada el 18 de mayo

de 2012.

12

CP-2012-7

aprobación

de

la

rectificación

de

cabida

del

remanente

tomó en exceso de diez (10) años desde la fecha que el

licenciado

Palmer

Ramos

autorizó

las

escrituras

con

faltas, a sabiendas de ello”.12 La Comisionada Especial

recomendó la suspensión del querellado del ejercicio de la

notaría.

Examinemos la normativa aplicable a este asunto.

II

Está

firmemente

establecido

que

el

notario

es

el

custodio de la fe pública y, como tal, está obligado a

cumplir con la Ley Notarial, supra, su Reglamento, 4 LPRA

Ap. XXIV, y los Cánones del Código de Ética Profesional, 4

LPRA Ap. IX. In re Nieves Nieves, 171 DPR 843, 848 (2007);

In

re

Davison

Montañez

Lampón,

Miranda,

159

157

DPR

DPR

448,

455

275,

282

(2003);

In

(2002).

re

El

incumplimiento con esas fuentes de obligaciones exponen al

abogado a las sanciones disciplinarias que este Tribunal

estime procedentes. In re Fontánez Fontánez, 181 DPR 407,

418 (2011); In re Davison Lampón, supra.

En

lo

pertinente,

el

Art.

2

de

la

Ley

Notarial,

supra, dispone que:

El notario es el profesional del Derecho que

ejerce una función pública, autorizado para dar

fe y autenticidad conforme a las leyes de los

negocios jurídicos y demás actos y hechos

extrajudiciales que ante él se realicen, sin

perjuicio

de

lo

dispuesto

en

las

leyes

especiales. Es su función recibir e interpretar

la voluntad de las partes, dándole forma legal,

redactar las escrituras y documentos notariales

12

Informe de la Comisionada Especial, pág. 15.

13

CP-2012-7

a tal fin y conferirle[s] autoridad a los

mismos. La fe pública al notario es plena

respecto a los hechos que, en el ejercicio de su

función personalmente ejecute o compruebe y

también respecto a la forma, lugar, día y hora

del otorgamiento.

Acorde

con

lo

anterior,

el

Art.

14

de

la

Ley

Notarial, supra, establece que: “[l]os notarios redactarán

las escrituras públicas de acuerdo con la voluntad de los

otorgantes

y

adaptándola

a

las

formalidades

jurídicas

necesarias para su eficacia”. Igualmente, como parte de su

función, el notario tiene que asegurarse de obtener el

consentimiento

informado

de

los

otorgantes

haciéndoles

todas las explicaciones, aclaraciones y advertencias que

sean necesarias. In re Torres Alicea, 175 DPR 456, 461

(2009); In re Jiménez Brackel, 148 DPR 287, 295 (1999). En

esencia, cuando un notario autoriza una escritura debe:

(i) indagar la voluntad de los otorgantes; (ii)

formular la voluntad indagada; (iii) investigar

ciertos hechos y datos de los que depende la

eficacia o validez del negocio; y (iv) darles a

los otorgantes las informaciones, aclaraciones y

advertencias necesarias para que comprendan el

sentido, así como los efectos y consecuencias

del negocio, y se den cuenta de los riesgos que

corren en celebrarlo. In re Davison Lampón, 159

DPR 448, 461 (2003). Véase Chévere v. Cátala,

115 DPR 432 (1984).

En cuanto a las advertencias, el Art. 15(f) de la Ley

Notarial, supra, dispone que en la escritura, el notario

deberá consignar, entre otras cosas, “[e]l haberles hecho

de palabra a los otorgantes en el acto del otorgamiento

las

reservas

obstante,

se

y

advertencias

consignarán

en

legales

el

pertinentes.

documento

No

aquellas

14

CP-2012-7

advertencias

que

prudente

del

Tribunal

ha

por

su

notario,

expresado

importancia

detallarse

que

el

deban,

a

juicio

expresamente”.

notario

debe

Este

aplicar

el

derecho positivo y la jurisprudencia considerando, a su

vez,

el

contenido

del

negocio

y

las

estipulaciones

a

suscribirse al momento de decidir qué advertencias debe

hacer

constar.

consecuencia,

In

tiene

re

la

Torres

obligación

Alicea,

supra.

En

ética

conocer

el

de

derecho aplicable al asunto ante su consideración.

Por último, el Canon 18 de Ética Profesional, supra,

le

impone

cuidadoso

al

y

abogado

diligente

“el

al

deber

de

ser

competente,

tramitar

los

asuntos

que

su

cliente le encomienda y al defender los intereses de este

último”. Cuando un notario contraviene las disposiciones

de la Ley Notarial viola el referido canon al no ejercer

la profesión con el cuidado y la prudencia requerida. In

re Muñoz Fernós, 184 DPR 679, 685 (2012).

Apliquemos este marco legal a los hechos ante nuestra

consideración.

III

Los

Palmer

cargos

Ramos

presentados

se

en

circunscriben

contra

en

del

su

licenciado

mayoría

al

otorgamiento de la Escritura Núm. 182. En particular, se

indica que violó el Art. 2 de la Ley Notarial, supra, al

consignar en la Escritura Núm. 182 que la cabida de la

Finca Núm. 1293 era de 13 cuerdas a pesar de que ello era

15

CP-2012-7

inconsistente con la cabida que surgía de los planos de

ARPE ante su consideración. Asimismo, surge de la querella

que violó los Arts. 14 y 15(f) de la Ley Notarial, supra,

al no aclarar la cabida de la Finca Núm. 1293 antes de

otorgar

la

Escritura

Núm.

182

y

no

incluir

las

advertencias específicas que se debían detallar en vista

de

la

discrepancia

y

sus

posibles

consecuencias.

Por

último, se le imputó una violación al Canon 18 de Ética

Profesional, supra, por no realizar una labor idónea al

autorizar las Escrituras Núm. 182 y 187 ni subsanar los

defectos con la diligencia requerida.

Por

su

parte,

el

querellado

entendió

que

estaba

obligado a incluir en la escritura la cabida que constaba

en el Registro de la Propiedad y que la discrepancia en

cuestión no afectaría la inscripción de esa escritura ni

las posteriores. Por otro lado, aceptó que debió incluir

expresamente en la Escritura Núm. 182 las advertencias con

relación a la discrepancia en la cabida y la necesidad de

rectificarla. Respecto a la subsanación de las escrituras,

indicó que ha realizado las diligencias necesarias.

Hemos establecido que un notario tiene el deber de

conocer el estado registral de la propiedad sobre la cual

se otorga la escritura en aras de asegurarse que autoriza

un

documento

eficaz

y

que

obtuvo

el

consentimiento

informado de los otorgantes. In re Toro González, 2015

TSPR 134, 18-19; 193 DPR ____ (2015); In re Torres Alicea,

16

CP-2012-7

supra, págs. 460-461; Feliciano v. Ross, 165 DPR 649, 659

(2005).

Además, en Alameda Tower Associates v. Muñoz Román,

129 DPR 698 (1992) resolvimos que el Registrador de la

Propiedad actuó correctamente al negarse a inscribir una

escritura

porque

“en

el

Registro

y

en

la

faz

de

los

documentos complementarios constaba la anomalía de que la

cabida de la finca original era menor que la suma de las

cabidas de las fincas segregadas y el remanente”. Alameda

Tower Associates v. Muñoz Román, supra, pág. 708. (énfasis

en el original). Esto porque se quiere que la finca en

sentido

material

corresponda

a

la

finca

en

sentido

registral, a saber, que la realidad física vaya acorde con

la jurídica para poder identificar la finca de forma más

certera. Íd., págs. 706-707.

Examinados los documentos ante nuestra consideración,

así como las comparecencias de las partes, concluimos que

el

licenciado

Palmer

Ramos

violó

el

Art.

2

de

la

Ley

Notarial, supra, al autorizar un instrumento que carecía

de

eficacia.

El

querellado

debió

saber,

según

lo

establecido por este Tribunal en Alameda Tower Associates

v. Muñoz Román, supra, que la Escritura Núm. 182 y las

posteriores

no

tendrían

acceso

al

Registro

de

la

Propiedad. La primera por la discrepancia en la cabida de

la Finca Núm. 1293 y la de los solares núm. 3, 5 y 11; y

17

CP-2012-7

el

resto

de

las

escrituras

por

falta

de

tracto.13

Por

tanto, antes de autorizarla debió cerciorarse de que la

situación

se

había

aclarado

mediante

el

proceso

correspondiente de rectificación de cabida.14 Al no hacer

lo anterior también violó el Art. 14 de la Ley Notarial,

supra, ya que no adaptó la voluntad de los otorgantes a

las formalidades jurídicas necesarias para su eficacia. En

este

caso,

la

voluntad

de

los

otorgantes,

según

el

querellado, era segregar la Finca Núm. 1293 y llevar a

cabo la partición, operación que no pudo ser inscrita por

las faltas del licenciado Palmer Ramos.

Por otro lado, al decidir otorgar la Escritura Núm.

182 con la discrepancia antes aludida, el querellado violó

13

Desconocemos si las escrituras en controversia tienen otras

deficiencias.

14

En lo pertinente, el Art. 247 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA sec.

2772, dispone que:

La rectificación de cabida de todas las fincas ya

inscritas podrá hacerse constar en el Registro por

cualquiera de los medios que siguen:

Mediante sentencia firme dictada en un procedimiento

ordinario de deslinde judicial o fijación de cabida.

Por escritura pública cuando se trate de disminución de

cabida o de un exceso no mayor del veinte por ciento (20%)

de la cabida registrada y se lleve a efecto mediante la

oportuna mensura técnica acreditada con arreglo a lo

dispuesto en la sec. 2765 de este título. En todo caso de

disminución

de

cabida

será

preciso

acreditar

la

autorización de la Junta de Planificación o de la agencia

gubernamental correspondiente.

Mediante expediente de dominio, por todo el exceso, cuando

éste fuere mayor del veinte por ciento (20% ). En este

caso se citará el dueño anterior inmediato aunque haya

trasmitido por escritura pública. En los casos en que el

Departamento de la Vivienda sea el titular de dicha finca

o haya otorgado dicho título, la rectificación de cabida

podrá realizarse mediante escritura pública y la oportuna

mensura técnica acreditada con arreglo a lo dispuesto en

este subtítulo.

18

CP-2012-7

los Arts. 14 y 15(f) de la Ley Notarial, supra, porque no

hizo

constar

una

advertencia

específica

detallando

la

situación e indicando que se requería un procedimiento de

rectificación

segregación

González

de

cabida

su

posterior

y

Vélez,

156

para

DPR

lograr

el

inscripción.

580,

trámite

Véase

582-583

de

In

(2002).

re

Cabe

mencionar que la heredera María Eugenia Rivera Martínez

testificó en la vista ante la Comisionada Especial que los

miembros

cabida

de

de

la

la

Sucesión

Finca

Núm.

Rivera-Vázquez

sabían

1293

9

era

de

que

la

cuerdas.

Sin

embargo, eso no excusa los incumplimientos del licenciado

Palmer

Ramos,

máxime

cuando

la

señora

Rivera

Martínez

también indicó que el querellado le advirtió la necesidad

de presentar una acción judicial para rectificar la cabida

cuando

ya

las

escrituras

estaban

presentadas

en

el

Registro de la Propiedad.15

Finalmente, con relación a la responsabilidad que le

impone el Art. 63 de la Ley Notarial, supra, de subsanar

prontamente las faltas que impidan la inscripción de un

contrato,

entendemos

que

el

licenciado

Palmer

Ramos

no

cumplió con la diligencia requerida. Tal y como señala la

Procuradora

presentada

General,

por

el

el

señor

querellado

Troche

supo

Rivera

de

la

queja

desde

el

2007.

Además, la ODIN rindió un Informe en el 2009 en el cual

señaló que el querellado debía asumir la responsabilidad

por las faltas en este caso. Sin embargo, para el 16 de

15

Informe de la Comisionada Especial, págs. 10-11.

19

CP-2012-7

enero de 2014 la Escritura

todavía

no

estaban

Núm.

inscritas

182 y las posteriores

en

el

Registro

de

la

Propiedad.

Cabe recordar que en el 2010 la representación legal

del querellado envió una carta señalando que el quejoso no

estaba cooperando con el proceso de subsanación porque no

quiso retirar la queja sin perjuicio. El licenciado Palmer

Ramos

entendía

que

si

el

señor

Troche

Rivera

no

la

retiraba el abogado que él contratara para tramitar la

rectificación de cabida tendría un conflicto de interés.

Coincidimos con la Procuradora General en cuanto a que no

existe justificación alguna para que el querellado no haya

realizado

las

gestiones

necesarias

para

situación

que

impide

inscripción

de

la

subsanar

las

la

escrituras

otorgadas en el 2001 cuando tuvo conocimiento del interés

del quejoso desde el 2007.

Todas las conductas anteriores, además de constituir

una

violación

también

a

varios

contravienen

el

artículos

de

la

Canon

de

Ética

18

Ley

Notarial,

Profesional,

supra. El querellado no fue diligente ni responsable al

defender los intereses de su cliente y, en consecuencia,

para

el

2014

-13

años

después

del

otorgamiento-

la

Escritura Núm. 187 del quejoso aún no estaba inscrita.16

Por

todo

nuestra

16

lo

expuesto,

consideración

concluimos

se

probaron

que

en

el

los

cargos

caso

ante

contra

el

Al presente, no sabemos si están inscritas en el Registro de la

Propiedad.

20

CP-2012-7

licenciado Palmer Ramos mediante prueba clara, robusta y

convincente, según requerido por nuestro ordenamiento. In

re

Fontánez

Fontánez,

181

DPR

407,

417

(2011);

In

re

Caratini Alvarado, 153 DPR 575, 585 (2001).

IV

Habiendo establecido que el querellado incumplió con

los Arts. 2, 14 y 15(f) de la Ley Notarial, supra, así

como

el

Canon

corresponde

18

a

de

este

Ética

Profesional,

Tribunal

imponer

supra,

una

le

sanción

disciplinaria. Al momento de analizar cuál debe ser esta

sanción,

se

consideran

historial

previo

del

diversos

licenciado;

factores

su

como:

reputación

en

el

la

comunidad; si la conducta se realizó con ánimo de lucro;

si

aceptó

los

cargos

imputados;

su

arrepentimiento;

y

cualquier otra consideración que se estime pertinente. In

re Toro González, supra, pág. 25; In re Peña, Santiago,

185 DPR 764, 787 (2012).

Surge del expediente del licenciado Palmer Ramos que

en mayo de 1993, ODIN le notificó unas deficiencias en los

protocolos para los años 1990 y 199117 y la subsanación de

las mismas requirió la intervención de esta Curia. En esa

instancia, se le impuso una sanción de $500.00 y se le

apercibió de futuras inobservancias. Sin embargo, en el

1996 este Tribunal le impuso una sanción de $100.00 y

17

La mayoría de las deficiencias eran arancelarias y las demás

incluían la falta de firma, iniciales, rúbrica, antecedentes y fe del

conocimiento de los otorgantes, como también la omisión del valor de

varias transacciones.

21

CP-2012-7

volvió

a

apercibirle

sobre

futuras

inobservancias

“por

remitir por correo ordinario dos testamentos y un poder en

violación a la Regla 12 (C) del Reglamento Notarial de

1975, la remisión tardía (un mes) de una Escritura de

Testamento

Abierto

y

desatender

el

requerimiento

de

la

ODIN de que explicara dicha tardanza”.18 Posteriormente, la

ODIN

le

notificó

unas

deficiencias

en

los

correspondientes a los años 1992 y 1993.19

protocolos

Además, tiene

una queja pendiente, AB-2015-91, la cual fue presentada el

5 de marzo de 2015 y al presente no ha sido contestada por

el querellado.

Según

el

Informe

de

la

Comisionada

Especial

el

querellado aceptó que omitió las advertencias requeridas

pero negó los otros cargos. Por otro lado, no se demostró

que el ánimo de lucro fuera el motivo de su conducta. No

obstante, en vista de las faltas cometidas y del historial

disciplinario

ordenar

la

previamente

suspensión

expuesto,

inmediata

estimamos

del

procedente

licenciado

Palmer

Ramos del ejercicio de la notaría por un término de 6

meses.

La

Oficina

del

Alguacil

de

este

Tribunal,

procederá, de inmediato, a incautar su obra notarial y

18

Informe de la Comisionada Especial, pág. 1. Véase Informe de la

ODIN, pág. 3.

19

Las deficiencias consistían en omitir la fe del conocimiento de

comparecientes, iniciales, y en haber dejado en blanco un espacio con

referencia a una hipoteca. El querellado corrigió las deficiencias ese

mismo año. Por otro lado, para el 2009 parte de su obra notarial se

encontraba en etapa de re-inspección por deficiencias arancelarias, la

omisión de la capacidad representativa de los comparecientes, las

circunstancias personales de los otorgantes, el carácter ganancial o

privativo de inmuebles, así como la falta de sello notarial y rúbrica.

Informe de la ODIN, págs. 3-4. No surge del expediente cuál es el

estado actual de la obra notarial del licenciado Palmer Ramos.

CP-2012-7

22

entregarla a la Oficina de Inspección de Notarías para la

investigación e informe correspondiente.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

Carlos M. Palmer Ramos

CP-2012-7

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2016.

Por

los

fundamentos

expuestos,

se

suspende

inmediatamente al Lcdo. Carlos M. Palmer Ramos del

ejercicio de la notaría por un término de seis (6)

meses.

La Oficina del Alguacil de este Tribunal,

procederá, de inmediato, a incautar su obra notarial y

entregará a la Oficina de Inspección de Notarías para

la investigación e informe correspondiente.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam

al licenciado Palmer Ramos por la Oficina del Alguacil

de este Tribunal.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada

señora Pabón Charneco no intervino.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo