Tribunal Supremo de Puerto Rico
Maldonado Rivera v. Suárez y otros
2016 TSPR 57
Poder Judicial de Puerto Rico
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Maldonado Rivera v. Suárez y otros
CC-2014-723
Daños y Perjuicios. Art. 1802 del Código Civil. Doctrina de la solidaridad impropia. Cocausante demandado no puede traer al pleito mediante demanda contra tercero a un presunto cocausante con respecto a quien la acción del perjudicado prescribió. Tampoco procede en esas circunstancias una acción de nivelación contra el alegado cocausante que no fue demandado a tiempo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Adria Maldonado Rivera
Recurrida
v.
Certiorari
Carlos Suárez y otros
Recurrido
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico
2016 TSPR 57
195 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2014-723
Fecha: 28 de marzo de 2016
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Mayagüez
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray
Procuradora General
Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez
Subprocuradora General
Lcda. Marangelí Colón Requejo
Procuradora General Auxiliar
Lcda. Amir Cristina Nieves Villegas
Procuradora General Auxiliar
Abogados de la parte Recurrida:
Lcdo. Domingo Emanuelli Hernández
Lcdo. Gabriel J. Emanuelli Anzalota
Materia: Daños y Perjuicios. Art. 1802 del Código Civil. Doctrina de
la solidaridad impropia. Cocausante demandado no puede traer al
pleito mediante demanda contra tercero a un presunto cocausante con
respecto a quien la acción del perjudicado prescribió. Tampoco
procede en esas circunstancias una acción de nivelación contra el
alegado cocausante que no fue demandado a tiempo
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Adria Maldonado Rivera
Recurrida
v.
Carlos Suárez y otros
CC-2014-723
Recurrido
Estado
Libre
Puerto Rico
Asociado
de
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de marzo de 2016.
En Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 D.P.R.
365 (2012), acogimos la doctrina de la solidaridad
impropia u obligación in solidum en lo referente a
la
interrupción
sobre
daños
pluralidad
y
de
de
la
prescripción
perjuicios
causantes.
cuando
Así,
en
acciones
concurren
concluimos
que
una
en
esta clase de acciones no aplica el Art. 1874 del
Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5304, por lo que el
perjudicado
debe
prescriptivo
con
individualmente
si
interrumpir
respecto
desea
acción contra cada uno.
a
el
cada
conservar
su
término
cocausante
causa
de
CC-2014-723
2
Hoy nos toca examinar una controversia que no está
resuelta. ¿Pueden unos presuntos cocausantes solidarios de
un daño, quienes fueron demandados oportunamente, instar
una demanda contra tercero para incluir en el pleito a
otro presunto cocausante a favor de quien la causa de
acción sobre daños y perjuicios prescribió? ¿Procede en
estas circunstancias una acción de nivelación contra el
alegado
cocausante
que
no
fue
demandado
a
tiempo?
En
atención a los efectos de la prescripción, resolvemos que
ese alegado cocausante no le responde al perjudicado ni
tampoco, a través de una acción de nivelación contingente,
a los presuntos cocausantes demandados. Por lo tanto, en
una
situación
como
ésta
no
procede
la
demanda
contra
tercero. Veamos.
I
El 24 de junio de 2013, la joven Adria Maldonado
Rivera
(“demandante”)
instó
una
demanda
sobre
daños
y
perjuicios en contra del Sr. Carlos Suárez Miranda, su
hijo
Carlos
recurridos”)
Juan
Suárez
y
Sr.
el
González
Ricardo
(en
Ramos
conjunto,
“los
Inchautegui.1
La
demandante expuso que el 24 de julio de 2011, alrededor de
las 11:30 p.m., se encontraba como pasajera junto a otras
personas
en
una
lancha
-propiedad
del
señor
Suárez
Miranda- de paseo por la Bahía de Boquerón. Alegó que la
lancha era conducida por Carlos Juan Suárez González a
1
También se incluyó como codemandada a la sociedad legal de bienes
gananciales de la que puedan ser parte, respectivamente, los señores
Suárez Miranda y Ramos Inchautegui.
3
CC-2014-723
alta velocidad y sin tomar las debidas precauciones, por
lo que impactaron el velero del señor Ramos Inchautegui
que
se
permiso
encontraba
ni
anclado
marbete.
con
Como
las
luces
consecuencia
apagadas,
del
sin
choque,
la
demandante sostuvo que sufrió daños físicos y emocionales
cuya indemnización le reclamó a los recurridos y al señor
Ramos Inchautegui como cocausantes solidarios.
Los
recurridos
contestaron
la
demanda
y
negaron
responsabilidad.2 Posteriormente, presentaron una demanda
contra tercero en contra de la Policía de Puerto Rico, el
Departamento
Estado
de
Libre
“E.L.A.”),
Recursos
Asociado
en
la
cual
Naturales
de
y
Puerto
le
Ambientales
Rico
imputaron
(en
y
el
conjunto,
negligencia
por
presuntamente no vigilar el área de la Bahía de Boquerón
donde ocurrió el accidente, lo que permitió que el velero
del señor Ramos Inchautegui permaneciera anclado de manera
peligrosa.
Así,
recurridos
sostuvieron
directamente
a
mediante
la
la
demanda
que
el
E.L.A.
por
sus
demandante
contra
tercero
le
daños
los
respondía
o,
en
la
alternativa, le debía responder a ellos en nivelación por
la cantidad que tuvieran que indemnizar a la demandante.
2
Entre sus defensas afirmativas, los recurridos expresaron que la
demanda en su contra estaba prescrita, pues la demandante no
interrumpió el término prescriptivo. Esta contención aún no ha sido
objeto de consideración ante el Tribunal de Primera Instancia ni se ha
pasado prueba al respecto. Así lo reconocen los propios recurridos al
declarar que “dicha defensa afirmativa tendrá que ventilarse en su día
para que sea el Tribunal, mediante la moción correspondiente y/o en
juicio plenario, [quien] resuelva la misma”. Alegato de la parte
demandada-demandante contra tercero, pág. 6.
4
CC-2014-723
El E.L.A. contestó y solicitó la desestimación de la
demanda contra tercero. Adujo que la reclamación de la
demandante había prescrito a su favor ya que no la incluyó
como
codemandada
ni
interrumpió
la
prescripción
extrajudicialmente dentro del año desde la fecha en que
ocurrió el accidente. Es decir, que desde entonces comenzó
a transcurrir el término prescriptivo. Por su parte, los
recurridos se opusieron y sostuvieron que: “[e]l hecho de
que la parte demandante original no haya hecho reclamación
alguna contra la parte tercera demandada... no es óbice
para que los terceros demandantes, puedan presentar esta
acción de nivelación dentro de este mismo pleito en virtud
de
una
demanda
contra
tercero”.
Moción
en
oposición
a
desestimación, Apéndice, pág. 123.
Al resolver, el Tribunal de Primera Instancia razonó
que la demandante pudo haber ejercido su causa de acción
contra el E.L.A. desde la fecha del accidente,3 por lo que,
al
estar
prescrita
contra
ésta,
dictó
una
sentencia
parcial en la cual desestimó la demanda contra tercero.4
Concluyó
que
supra,
este
3
4
en
Fraguada
Tribunal
Bonilla
v.
Hosp.
Aux.
Mutuo,
dictaminó
que
en
acciones
Este hecho no está en controversia.
Resolvió que:
En el presente caso no hay duda que la demanda contra
tercero contra uno de los alegados cocausantes fue
presentada 2 años después de ocurridos los alegados
hechos. Además alegaron que contra ello[s] no fue
interrumpido el término prescriptivo conforme dispone
nuestro ordenamiento. Dicha alegación no fue rebatida por
el tercero demandante ni por el demandante original, el
cual no cumplió con la Regla 8.4 de Procedimiento Civil.
En consecuencia, conforme a lo antes expuesto resolvemos
que la demanda contra tercero está prescrita. Sentencia
parcial, Apéndice, pág. 73.
por
5
CC-2014-723
responsabilidad
civil
extracontractual
cuando
varios
causantes concurren en el daño, el término prescriptivo
debe interrumpirse individualmente respecto a cada uno.
Por lo tanto, estando prescrita la causa de acción de la
demandante
contra
el
E.L.A.,
los
recurridos
no
podían
reclamarle responsabilidad indirectamente por vía de una
demanda contra tercero.5
Oportunamente, los recurridos acudieron al Tribunal
de Apelaciones y le imputaron error al Tribunal de Primera
Instancia por concluir que su acción de nivelación estaba
prescrita “por el hecho de que la demandante no incluyera
al Estado Libre Asociado, a la Policía de Puerto Rico y al
Departamento
de
Recursos
Naturales
y
Ambientales
como
partes demandadas en su demanda”.6
El
mediante
Tribunal
la
de
cual
Apelaciones
modificó
la
dictó
una
sentencia
determinación
apelada.
Concluyó que el precedente de Fraguada Bonilla v. Hosp.
Aux.
Mutuo,
supra,
no
tiene
el
efecto
de
impedir
una
acción de nivelación contra el E.L.A. Así, estimó que la
demanda contra tercero para que el E.L.A. le respondiera
directamente
a
la
demandante
estaba
prescrita.
Sin
embargo, no estaba prescrita aquella parte de la demanda
contra
tercero
en
la
que
se
incluyó
la
reclamación
contingente de nivelación para que el E.L.A. le responda a
los recurridos por cualquier cantidad que éstos finalmente
5
6
Id.
Escrito de apelación, Apéndice, pág. 64.
6
CC-2014-723
tuvieran
que
pagar.
Ello,
pues
los
recurridos,
de
ser
declarados cocausantes, estarían obligados a reparar todo
el daño, incluyendo aquella parte -si alguna- a la cual
hubiera contribuido el E.L.A.7
Luego de solicitar sin éxito la reconsideración, el
E.L.A.
recurrió
ante
este
Tribunal
y
adujo
como
único
señalamiento de error que “[e]rró el Honorable Tribunal de
Apelaciones
al
concluir
nivelación
contra
el
que
ELA
no
la
se
causa
de
encuentra
acción
de
prescrita,
a
pesar de que la causa de acción original de la demandante
en contra del Estado sí lo está”.8
Los
recurridos
se
opusieron
a
la
expedición
del
recurso de certiorari y sostuvieron que procedía su acción
de nivelación contingente pues estaban sujetos a responder
por todo el daño, incluyendo aquella parte correspondiente
a
la
alegada
escritos,
responsabilidad
expedimos
el
del
recurso
y
E.L.A.
le
Examinados
concedimos
a
los
las
partes un término para someter sus alegatos. Habiéndose
cumplido lo anterior, estamos en posición de resolver la
controversia.
II
A. La demanda contra tercero
La Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.
V, R. 12.1, reglamenta el mecanismo procesal de la demanda
contra tercero. Según esta Regla:
7
8
Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice, pág. 24.
Petición de certiorari, pág. 7.
7
CC-2014-723
[l]a parte demandada podrá notificar, como
demandante contra tercero, un emplazamiento y
demanda a una persona que no sea parte en el
pleito y que sea o pueda ser responsable a la
parte demandada por la totalidad o parte de la
reclamación de la parte demandante, o que sea o
pueda ser responsable a cualquier parte en el
pleito. Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32
L.P.R.A. Ap. V, R. 12.1.
Por medio de la demanda contra tercero se permite que
controversias
surgidas
relacionadas
entre
de
sí
se
unos
mismos
hechos
diluciden
dentro
del
y
mismo
pleito. El propósito es promover la economía procesal y
facilitar
la
pronta,
pero
eficaz,
resolución
de
las
controversias. Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R.
20, 28 (1986); J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho
Procesal Civil, 2da ed., Pubs. JTS, 2011, pág. 580. Por
ello hemos dicho que este mecanismo no crea, extiende o
limita
derechos
sustantivos,
sino
Co.
dilucidación.
Gen.
Accid.
Ins.
D.P.R.
534
(1999);
Colón
523,
v.
que
P.R.
v.
Coop.
acelera
su
Ramos,
148
de
Seguros
Múltiples de P.R., 111 D.P.R. 568, 571 (1981).
También hemos aclarado que el solo hecho de tener en
común
un
mismo
añadir
a
un
supuesto
pleito
fáctico
nuevas
no
es
suficiente
controversias
mediante
para
la
demanda contra tercero. Colón Negrón v. Mun. Bayamón y
otros, 192 D.P.R. ___, 2015 T.S.P.R. 23, pág. 22; Gen.
Accid.
Ins.
Co.
Reiteradamente
condiciones
P.R.
hemos
v.
Ramos,
requerido
ulteriores:
que
la
que
supra,
se
pág.
satisfagan
reclamación
contra
534.
dos
el
8
CC-2014-723
tercero
sea
original,
y
contingente
al
resultado
que
una
relación
exista
de
la
demanda
suficientemente
estrecha entre la demanda original y la demanda contra
tercero,
requisito
“entronque
común”
al
y
que
que
nos
debe
hemos
ser
referido
evaluado
como
según
las
circunstancias particulares de cada caso. Colón Negrón v.
Mun. Bayamón y otros, supra, págs. 26-27.
B. La prescripción
La
derecho
prescripción
sustantivo
determinada
causa
extinción
de
extintiva
que
de
los
es
extingue
acción.
Se
derechos,
una
el
institución
derecho
trata
a
de
ejercer
de
“un
modo
de
resultante
de
la
no
concurrencia de ningún acto interruptivo, durante el plazo
marcado
por
la
Ley”.
J.
Puig
Brutau,
Caducidad,
prescripción extintiva y usucapión, 3ra ed., Ed. Bosch,
Barcelona, 1996, pág. 32, citando a Alas, De Buen & Ramos,
De la prescripción extintiva, Madrid, 1918, pág. 57.9 A
través de la prescripción nuestro ordenamiento promueve
que las reclamaciones se insten de manera oportuna y que
las
personas
ejerciten
sus
causas
de
acción
diligentemente. La prescripción extintiva se fundamenta en
la necesidad de que haya estabilidad en las relaciones y
seguridad en el tráfico jurídico.10 S.L.G. García-Villega
9
“Las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la
ley”. Art. 1861 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5291.
10
Nos dice Puig Brutau, op. cit., en la pág. 32:
La prescripción extintiva tiene su fundamento en la
necesidad
de
poner
término
a
las
situaciones
de
incertidumbre en el ejercicio de los derechos y en la
presunción de abandono por parte de su titular. La
9
CC-2014-723
v.
E.L.A.
et
al.,
190
D.P.R.
799,
813
(2014);
S.L.G.
Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 D.P.R. 824, 831 (2011).
Se parte del supuesto de que las reclamaciones válidas se
ejercitan oportunamente y de que una persona no debe estar
sujeta
de
forma
indefinida
a
la
contingencia
de
una
reclamación. Ello, entre otras razones, por la situación
de indefensión en que pudiera quedar como consecuencia del
paso del tiempo y la desaparición de la prueba. Campos v.
Cía.
Fom.
Ind.,
153
D.P.R.
137,
143
(2001);
Culebra
Enterprise Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943, 950 (1991).11
Así,
una
vez
se
agota
un
término
prescriptivo
se
extingue el derecho a ejercer la causa de acción, con la
correspondiente
exoneración
para
la
persona
que
hasta
entonces se encontraba sujeta a responder.12 Santiago v.
Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181, 188 (2002); Galib Frangie v.
El Vocero de P.R., 138 D.P.R. 560, 566 (1995). Por otra
parte, la prescripción es una defensa afirmativa que debe
plantearse
expresa
contrario,
se
Berríos
López,
y
entiende
supra,
oportunamente
ya
renunciada.
Meléndez
pág.
1017;
Álamo
que,
v.
de
lo
Guzmán
v.
Supermercado
Grande, Inc., 158 D.P.R. 93 (2002).
inactividad, silencio o falta de ejercicio del derecho
constituye el fundamento de la prescripción extintiva por
ser contrario al interés social una prolongada situación
de incertidumbre jurídica.
11
Los tres requisitos para que se configure la prescripción extintiva,
son: la existencia de un derecho que se pueda ejercitar; la falta de
ejercicio o inercia por parte del titular; y el transcurso del tiempo
determinado en la ley. Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 D.P.R.
1010, 1018 (2009).
12
Subsiste entre las partes una obligación natural que no es exigible
judicialmente. García Aponte v. ELA, 135 D.P.R. 137, 142 (1994).
10
CC-2014-723
Un término prescriptivo puede interrumpirse de tres
maneras:
mediante
mediante
la
correspondiente
reclamación
acción
extrajudicial;
y
judicial;
por
el
reconocimiento de la deuda por parte del deudor. Art. 1873
del
Código
Civil,
31
L.P.R.A.
interrumpe
la
comienza
transcurrir
a
prescripción,
sec.
el
5303.
término
nuevamente.
Una
vez
se
prescriptivo
Meléndez
Guzmán
v.
Berríos López, supra.
La causa de acción que provee el Art. 1802 del Código
Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, para exigir la reparación de
un daño extracontractual causado por culpa o negligencia
tiene un término prescriptivo de un año. Art. 1868 del
Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5298. Hemos expresado que
la brevedad de este término responde a que el legislador
quiso dotar de mayor certeza una relación que generalmente
carece de ella debido a la inexistencia de un vínculo
previo
entre
las
partes
y
el
desconocimiento
de
la
extensión de la obligación. Culebra Enterprise Corp. v.
ELA,
supra,
prescripción
en
en
la
el
pág.
Código
950;
Civil,
L.
Diez-Picazo,
Barcelona,
Ed.
La
Bosch,
1964, pág. 239.
De modo que, salvo que se produzca la interrupción
mediante
alguna
de
las
tres
formas
indicadas,
la
reclamación para exigir responsabilidad bajo el Art. 1802
del Código Civil, supra, prescribe por el transcurso de un
año. Basándonos en la teoría cognoscitiva del daño, hemos
11
CC-2014-723
reiterado que dicho término comienza a transcurrir una vez
el perjudicado conoció –o debió conocer- que sufrió un
daño, quién se lo causó, así como los elementos necesarios
para
ejercitar
efectivamente
su
causa
de
acción.
Art.
1868, supra, y Art. 1869 del Código Civil, 31 L.P.R.A.
sec. 5299; COSSEC et al. v. González López et al., 179
D.P.R. 793, 806 (2010); Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R.
232, 247 (1984).
C.
La
naturaleza
de
la
obligación
por
un
daño
extracontractual causado por una pluralidad de sujetos
Cuando
dos
o
más
deudores
concurren
en
una
misma
deuda la obligación puede ser mancomunada o solidaria. En
las primeras, la deuda puede ser dividida y cada deudor
responde únicamente por la parte que le corresponde. En
las segundas, la deuda se considera indivisible y cada
deudor
responde
deuda.
E.
indistintamente
Vázquez
Bote,
por
Tratado
la
totalidad
teórico,
de
la
práctico
y
crítico de derecho privado puertorriqueño, New Hampshire,
Equity Publishing Co., 1991, Vol. V, págs. 137 y 139;
Carlos Lasarte, Principios de Derecho Civil, Derecho de
obligaciones, 14ta ed., Madrid, Ed. Marcial Pons, 2010, T.
II,
págs.
31,
35-36.
cualquiera
de
los
Asimismo,
deudores
el
libera
pago
efectuado
por
a
otros
la
los
de
obligación frente al acreedor. H. M. Brau del Toro, El
término
prescriptivo
y
su
interrupción
en
acciones
en
daños por responsabilidad extracontractual solidaria en el
12
CC-2014-723
derecho puertorriqueño, 44 (Núm. 2) Rev. C. Abo. P.R. 203,
218 (1983); Vázquez Bote, op. cit., pág. 145.
En el ámbito contractual, debido a la oportunidad que
tienen
las
partes
para
determinar
el
alcance
de
su
relación, el Art. 1090 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.
3101, precisa que cuando concurren dos o más deudores en
una sola obligación la responsabilidad de éstos se presume
mancomunada,
siendo
expresamente.13
De
solidaria
otra
sólo
parte,
cuando
nuestro
así
Código
se
pacte
Civil
no
preceptúa la naturaleza (mancomunada o solidaria) de la
obligación
que
surge
cuando,
fuera
de
una
contractual,
dos
o
más
personas
quebrantan
general
cuidado
y
ocasionan,
por
de
su
relación
el
deber
culpa
o
negligencia, un daño indivisible. No obstante, mediante
jurisprudencia nos hemos encargado de suplir esta omisión.
Para
una
atendemos,
mejor
comprensión
conviene
de
examinar
la
la
controversia
trayectoria
que
que
hoy
este
Tribunal ha seguido sobre el particular.
Desde
extender
comienzos
al
campo
extracontractual,
por
del
siglo
de
la
pasado
hemos
rechazado
responsabilidad
inaplicable,
la
civil
presunción
de
mancomunidad que establece el Art. 1090 del Código Civil,
supra,
13
para
las
obligaciones
contractuales.
Así,
por
El Art. 1090 del Código Civil, supra, dispone: “La concurrencia de
dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación no
implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir ni cada uno de
éstos deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo
habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine,
constituyéndose con el carácter de solidaria”.
13
CC-2014-723
ejemplo, en Cruz et al. v. Frau, 31 D.P.R. 92 (1922),
dijimos que cuando un accidente es ocasionado por la culpa
o negligencia concurrente de dos o más personas, cada una
de ellas es responsable por todo el daño. Sin embargo, fue
en García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138 (1951),
que evaluamos con mayor detalle la obligación que surge
para los cocausantes de un daño extracontractual, así como
sus
implicaciones
demandados,
a
procesales.
quienes
automovilístico,
se
les
presentaron
En
aquel
reclamó
por
una
demanda
caso
un
los
accidente
contra
tercero
para incluir en el pleito al dueño del auto en que viajaba
la víctima al momento del choque. Por su parte, el tercero
demandado
solicitó
la
desestimación
aduciendo
que
la
perfilada
en
reclamación en su contra estaba prescrita.
Al
resolver,
mantuvimos
la
dirección
casos como Cruz et al. v. Frau, supra, y reiteramos que la
sentencia dictada contra dos o más cocausantes de un daño
es solidaria. Rivera v. Great Am. Indemnity Co., 70 D.P.R.
825, 828 (1950). Tomando como fundamento la equidad y el
deber de evitar el enriquecimiento injusto, extendimos la
acción de nivelación que contempla el Art. 1098 del Código
Civil,
31
L.P.R.A.
sec.
1098,
a
los
casos
de
responsabilidad civil extracontractual con pluralidad de
causantes. García v. Gobierno de la Capital, supra, pág.
147. De modo que, si después de haberse adjudicado la
responsabilidad
entre
varios
cocausantes
uno
de
ellos
14
CC-2014-723
indemnizaba a la víctima en una proporción mayor a su por
ciento de responsabilidad, éste podía nivelar y exigir de
los
demás
cocausantes
solidarios
el
reembolso
de
la
cantidad que correspondiera a sus respectivos por cientos
de responsabilidad.14
Aunque
reconocimos
que
la
acción
de
nivelación
no
surgía hasta que uno de los cocausantes pagaba en exceso
de su participación en el daño, concluimos que mediante
una demanda contra tercero podía incluirse una acción de
nivelación contingente para el caso en que el tribunal
llegara
a
demandado,
determinar
fueron
que
ambos,
cocausantes
y
demandado
el
primero
y
tercero
terminara
pagando todos los daños. García v. Gobierno de la Capital,
supra, págs. 147-148.
Resolvimos,
además,
que
en
aquel
caso
la
demanda
contra tercero no estaba prescrita pues aunque se instó
tres años después de ocurridos los hechos, la presentación
oportuna
de
la
demanda
original
había
interrumpido
el
término prescriptivo. García v. Gobierno de la Capital,
supra,
págs.
aplicamos
al
148-149.
Para
llegar
ámbito
de
la
a
esta
conclusión
responsabilidad
civil
extracontractual el Art. 1874 del Código Civil, supra, el
cual preceptúa uno de los efectos de la solidaridad: la
14
El Art. 1098 del Código Civil, supra, dispone: “El pago hecho por
uno de los deudores solidarios extingue la obligación. El que hizo el
pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno
corresponda, con los intereses de anticipo. La falta de cumplimiento
de la obligación por insolvencia del deudor solidario será suplida por
sus codeudores a prorrata de la deuda de cada uno”.
15
CC-2014-723
interrupción del término prescriptivo. En lo pertinente,
el
Art.
1874,
supra,
dispone:
“La
interrupción
de
la
prescripción de acciones en las obligaciones solidarias
aprovecha o perjudica por igual a todos los acreedores y
deudores”.
El siguiente caso de gran pertinencia es Arroyo v.
Hospital
cuatro
La
años
Concepción,
130
después
haber
de
D.P.R.
596
instado
demandantes
solicitaron
enmendarla
codemandados
solidarios
a
unos
(1992).
la
para
Allí,
demanda,
los
añadir
como
médicos,
quienes
se
opusieron y adujeron que la acción estaba prescrita. Al
resolver, precisamos nuestros pronunciamientos en García
v.
Gobierno
de
la
Capital,
supra,
y
aclaramos
que
la
presunción de mancomunidad del Art. 1090 del Código Civil,
supra, no aplica al ámbito de la responsabilidad civil
extracontractual, sino a las obligaciones contractuales.
Asimismo,
especificamos
cocausantes
de
un
que
daño
la
responsabilidad
indivisible
es
de
de
los
naturaleza
solidaria. Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, págs.
604-605.
De otra parte, dijimos que en nuestro ordenamiento la
solidaridad tenía un carácter homogéneo, por lo cual no
distinguimos entre los efectos primarios y secundarios de
la solidaridad. Arroyo v. Hospital La Concepción, supra,
pág.
607.
aplicables
En
todos
consecuencia,
los
efectos
concluimos
de
la
que
al
solidaridad,
ser
la
16
CC-2014-723
interrupción del término prescriptivo frente a uno de los
cocausantes
surtía efectos– por virtud del Art. 1874 del
Código Civil, supra- contra todos los demás que fueran
cocausantes solidarios del daño. Por lo tanto, aquellos
cocausantes que inicialmente no hubieran sido demandados
podían ser traídos posteriormente al pleito, tanto por el
demandante (por vía de enmienda a la demanda) como por los
demandados
(a
través
de
una
demanda
contra
tercero).
Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, pág. 608. Por lo
tanto, al disponer del caso permitimos que los demandantes
trajeran
a
los
médicos
cuatro
años
presentación
a
tiempo
de
demanda
la
después,
pues
original
la
había
interrumpido el término prescriptivo.
Por último, recientemente resolvimos Fraguada Bonilla
v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, caso que también versaba sobre
una demanda por impericia médica. Transcurridos seis años
desde
la
presentación
de
la
demanda,
los
demandantes
solicitaron enmendarla para incluir como codemandados a
dos doctores, a pesar de que tenían conocimiento de la
identidad y participación de éstos desde la fecha en que
ocurrieron
los
hechos.
Fraguada
Bonilla
v.
Hosp.
Aux.
Mutuo, supra, en la pág. 392. Luego de que el Tribunal de
Primera
Instancia
permitiera
la
enmienda,
uno
de
los
doctores solicitó que se dictara sentencia sumaria, pues
la tardanza injustificada de los demandantes al reclamar
seis
años
después
constituía
una
falta
de
diligencia
17
CC-2014-723
crasa. No obstante, basándose en Arroyo v. Hospital La
Concepción, supra, los tribunales recurridos declararon no
ha lugar a la moción.
Al disponer del caso, comenzamos por reiterar que el
Código Civil no establece expresamente la naturaleza de la
obligación de los cocausantes de un daño extracontractual.
Luego,
procedimos
a
considerar
las
consecuencias
de
interpretar –como habíamos hecho hasta entonces- que los
efectos de la solidaridad en el ámbito extracontractual se
extendían
para
interrumpir
el
término
prescriptivo
con
respecto a todo posible cocausante. El resultado era que
se
socavaba
el
principio
de
la
prescripción,
particularmente cuando en el Código Civil se establece el
término breve de un año para el ejercicio de las acciones
sobre
responsabilidad
civil
extracontractual.
Fraguada
Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 388.
Expusimos
que
bajo
la
jurisprudencia
anterior
se
había permitido que un demandante decidiera en qué momento
reclamarle a un supuesto cocausante, aún cuando el término
prescriptivo
para
pues,
la
que
ello
norma
había
transcurrido.
anterior
era
Concluimos,
contraria
a
los
fundamentos de la prescripción, facilitaba el ejercicio
arbitrario
y
inestabilidad
negligente
en
las
de
los
derechos,
promovía
relaciones
jurídicas
y
la
permitía
injusticias patentes contra los que eran demandados varios
años después. Estos demandados podrían encontrarse en una
18
CC-2014-723
posición de indefensión debido a la pérdida de prueba o la
gran
dificultad
para
conseguirla.
Fraguada
Bonilla
v.
establecida
en
Hosp. Aux. Mutuo, supra, págs. 386 y 387.
Por
esa
razón,
revocamos
la
norma
Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, en cuanto a la
interrupción
del
término
prescriptivo
y
adoptamos
la
figura de la solidaridad impropia (también conocida como
obligación in solidum) en lo atinente a la interrupción de
la
prescripción.15
En
consecuencia,
resolvimos
prospectivamente que “el Art. 1974 del Código Civil no
aplica a los casos de daños y perjuicios al amparo del
Art. 1802 del Código Civil”, Fraguada Bonilla v. Hosp.
Aux. Mutuo, supra, pág. 389, y explicamos que en adelante:
[E]l
perjudicado
podrá
recobrar
de
cada
cocausante demandado la totalidad de la deuda
que proceda, porque los efectos primarios de la
solidaridad se mantienen. Sin embargo, deberá
interrumpir la prescripción en relación con cada
cocausante por separado, dentro del término de
un año establecido por el Art. 1868 del Código
Civil si desea conservar su causa de acción
contra cada uno de ellos. [...] De esta forma,
la presentación oportuna de una demanda contra
un presunto cocausante no interrumpe el término
prescriptivo contra el resto de los alegados
cocausantes, porque tal efecto secundario de la
solidaridad no obra en la obligación in solidum.
Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, íd.
(énfasis en el original) (citas omitidas).
15
Acogiendo así la postura disidente de algunos miembros de este
Tribunal que desde varios años antes venían favoreciendo este curso de
acción. Véase Arroyo v. Hosp. La Concepción, supra, pág. 608 (Opinión
disidente emitida por Hernández Denton, J.). Véase también García
Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 160 (2009) (Opinión disidente
emitida por Rodríguez Rodríguez, J.).
19
CC-2014-723
Así, este Tribunal concluyó que la adopción de la
solidaridad
impropia
u
obligación
in
solidum,
en
lo
referente a la interrupción del término prescriptivo en
acciones de daños y perjuicios, era la norma que mejor
armonizaba instituciones y conceptos tan relevantes como
la prescripción, la solidaridad y la teoría cognoscitiva
del daño, conduciendo a un balance más equitativo entre
las partes. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra,
pág. 391.
D. La solidaridad impropia u obligación in solidum
Los franceses distinguen entre los efectos primarios
y secundarios de la solidaridad. Los efectos primarios se
refieren a que el acreedor tiene derecho a exigir de cada
codeudor el pago íntegro de la deuda y cada codeudor está
obligado a así hacerlo. Asimismo, el pago realizado por
cualquiera
de
los
codeudores
libera
a
todos
de
la
obligación frente al acreedor. H. Mazeud, L. Mazeud & J.
Mazeud,
Lecciones
de
Derecho
Civil,
Buenos
Aires,
Eds.
Jurídicas Europa-América, 1960, Vol. III, 2da parte, págs.
317-318. Por su parte, entre los efectos secundarios de la
solidaridad
se
encuentra
el
que
la
interrupción
del
término prescriptivo con respecto a uno de los codeudores
se
extiende
para
afectar
a
todos.
Josserand,
Derecho
Civil, Buenos Aires, Eds. Jurídicas Europa-América, 1950,
T. II, Vol. I, págs. 612-615.16
16
Véase también, G. Marty, Derecho Civil, Puebla,
Universidad de Puebla, 1952, Vol. II, págs. 139-141.
Pubs.
de
la
20
CC-2014-723
El
Código
naturaleza
de
Civil
la
francés
no
establece
obligación
que
surge
cuál
cuando
es
un
la
daño
extracontractual es causado por más de una persona. Sin
embargo,
la
doctrina
categorizan
esta
y
la
jurisprudencia
en
ese
país
como
solidum.
H.
obligación
una
in
Mazeud, L. Mazeud & A. Tunc, Tratado teórico y práctico de
la responsabilidad civil delictual y contractual, Buenos
Aires, Eds. Jurídicas Europa-América, 1977, T. II, Vol.
II, págs. 595-596. Las obligaciones in solidum presentan
los
efectos
primarios
de
la
solidaridad,
pero
no
los
secundarios. De manera que cada cocausante está obligado,
independientemente de su grado de culpa o por ciento de
responsabilidad en el daño, a indemnizar íntegramente al
perjudicado y el pago de la deuda por cualquiera de ellos
libera a los demás de la obligación frente al perjudicado.
Josserand, op. cit., págs. 617-618. Sin embargo, al no
operar
término
los
efectos
secundarios
prescriptivo
tiene
de
que
la
ser
solidaridad,
interrumpido
el
con
respecto a cada cocausante individualmente. H. Mazeud, L.
Mazeud & A. Tunc, op. cit., pág. 596; H. Mazeud, L. Mazeud
& J. Mazeud, op. cit., págs. 327-328.
La distinción práctica entre los efectos primarios y
secundarios
se
representación.
solidaridad
en
contractuales
o
justifica
a
base
Debido
al
el
contexto
al
carácter
del
origen
de
expreso
concepto
convenido
las
de
de
la
de
la
obligaciones
ésta
cuando
se
21
CC-2014-723
deriva
de
la
ley,
los
codeudores
se
consideran
representantes los unos de los otros en atención a la
comunidad de intereses que entre ellos existe. H. Mazeud,
L. Mazeud & J. Mazeud, op. cit., págs. 315-316. Se recurre
a
la
idea
de
representarse
un
mandato
mutuamente,
tácito
pues
la
entre
ellos
para
solidaridad
fue
convenida o estaba ya preceptuada en la ley. G. Ripert &
J. Boulanger, Tratado de Derecho civil según el tratado de
Planiol, Buenos Aires, Eds. La Ley, 1965, T. V, 2da parte
(Obligaciones), págs. 534-535; Josserand, op. cit., pág.
611.
Pero cuando unas personas son codeudoras por el hecho
de
haber
concurrido
en
la
causación
de
un
daño
extracontractual, no existe entre ellas esa relación de
representatividad. H. Mazeud, L. Mazeud & J. Mazeud, op.
cit., pág. 328.17 Cada uno responde por el todo frente al
perjudicado porque, al igual que en los efectos primarios,
se trata de un mismo daño indivisible. Sin embargo, cuando
hablamos de los efectos secundarios de la solidaridad los
actos procesales como la interrupción de la prescripción
deben
efectuarse
de
forma
independiente
por
cada
cocausante pues uno no es representante del otro.
17
“Lo cierto es que la representación recíproca de los deudores
solamente se justifica si existe entre ellos una comunidad de
intereses; no tiene razón alguna de ser si los deudores entienden
permanecer ajenos los unos a los otros y si la solidaridad les es
impuesta en razón de las circunstancias, tal vez puramente fortuitas,
en que nacieron sus deudas”. G. Ripert & J. Boulanger, op. cit., pág.
535.
22
CC-2014-723
Por su parte, en España la distinción entre efectos
primarios
y
secundarios
de
la
solidaridad
es
de
más
reciente cuño. Fue en su sentencia de 14 de marzo de 2003
que
el
figura
Tribunal
de
la
Supremo
español
solidaridad
acogió
impropia
en
expresamente
el
marco
de
la
las
acciones sobre responsabilidad civil extracontractual con
pluralidad
de
causantes.18
Específicamente,
el
Tribunal
Supremo español resolvió que el Art. 1974 de su Código
Civil
-el
cual
establece
que
la
interrupción
de
la
prescripción en las obligaciones solidarias perjudica a
todos los deudores- aplica únicamente a las obligaciones
solidarias propias, mas no a las impropias:
La presente sentencia cuya deliberación originó
discrepancias entre los miembros de la Sala de
Justicia que la autoriza, acerca de la cuestión
jurídica básica que sustenta el recurso, se
dicta previa consulta a la junta general de los
Magistrados de la Sala Primera del Tribunal
Supremo, celebrada el día 27 de marzo de 2003,
que adoptó, por amplia mayoría de votos el
acuerdo que se transcribe: el párrafo primero
del artículo 1.974 del Código Civil únicamente
contempla efecto interruptivo en el supuesto de
las obligaciones solidarias en sentido propio
cuando tal carácter deriva de norma legal o
pacto convencional, sin que pueda extenderse al
ámbito de la solidaridad impropia, como es la
derivada
de
responsabilidad
extracontractual
cuando son varios los condenados judicialmente.
S. de 14 de marzo de 2003, Núm. 223/2003,
Repertorio de Jurisprudencia, 2003/3645.
De
manera
que
después
de
esta
sentencia,
el
perjudicado que ha sufrido un daño extracontractual por la
culpa o negligencia de varios cocausantes y que pretenda
18
S. de 14 de marzo
Jurisprudencia 2003/3645.
de
2003,
Núm.
223/2003,
Repertorio
de
23
CC-2014-723
exigir
responsabilidad
de
todos
deberá
interrumpir
el
término prescriptivo respecto a cada uno individualmente e
incluirlo
en
la
demanda.
La
jurisprudencia
española
justifica este resultado en la falta de representatividad
entre los cocausantes, aunque lo explica distinto a como
lo ha hecho la doctrina francesa. Así, para el Tribunal
Supremo español, a pesar de que la obligación de reparar
nace una vez ocurre el daño, la solidaridad en el contexto
extracontractual no se produce sino hasta que el tribunal
la declara en la sentencia:
En la solidaridad que nace convencionalmente o
por disposición legal, se aplica claramente la
interrupción de la prescripción a todos los
deudores solidarios por aplicación del artículo
1974 del Código Civil. Pero si la solidaridad no
nace sino de la sentencia, que es la llamada
solidaridad impropia, la interrupción de la
prescripción respecto a uno de los deudores no
alcanza a otro, ya que no era deudor solidario y
sólo lo fue desde la sentencia que así lo
declaró, no antes. S. de 4 de junio de 2007,
Núm. 662/2007, Repertorio de Jurisprudencia
2007/3612.
El Tribunal Supremo español también ha dicho que en
supuestos
de
solidaridad,
solidaridad
al
igual
impropia
que
nacen
los
con
efectos
la
de
la
sentencia,
se
agotan en la sentencia, por lo cual no procede extenderlos
a personas que no hayan sido demandadas y condenadas. En
tales casos, el por ciento de responsabilidad en el daño
que
se
le
atribuya
a
demandadas
y
condenadas
condenados
solidariamente,
esas
personas
que
no
no
asumen
los
cocausantes
que
descuenta
lo
sino
se
fueron
de
la
24
CC-2014-723
indemnización del perjudicado. S. de 17 de junio de 2002,
Núm. 631/2002, Repertorio de Jurisprudencia 2002/5223;19 S.
de 21 de octubre de 2002, Núm. 967/2002, Repertorio de
Jurisprudencia
2002/8770;
Tratado
de
responsabilidad
civil, 4ta ed., Pamplona, Ed. Aranzadi, 2008, T. I, pág.
988, (L. Fernando Reglero Campos, coordinador).
E. La acción de nivelación
A la relación entre el perjudicado y los cocausantes
del daño se le conoce como relación externa. Como hemos
dicho, tanto en la solidaridad propia como en la impropia
cada cocausante tiene la obligación de responder frente al
perjudicado por la totalidad de sus daños. Sin embargo, en
nuestra jurisprudencia hemos distinguido la culpa de cada
uno
de
los
cocausantes,
determinando
su
particular
por
ciento de responsabilidad en el daño.20 Esta relación entre
los
cocausantes
en
función
de
su
respectiva
cuota
de
responsabilidad, se conoce como relación interna y dentro
de
ésta
podría
tener
lugar
la
acción
de
nivelación.
Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 D.P.R. 889, 901
(2012).
Cuando alguno de los cocausantes paga la totalidad de
la
19
condena
impuesta,
los
demás
cocausantes
quedan
Aunque esta sentencia es anterior a la de 14 de marzo de 2003 en la
que se acogió sin ambages la solidaridad impropia, esta última se
apoyó en la primera para sostener que la distinción entre solidaridad
propia e impropia no se trataba de una nueva norma, sino que desde
antes ese Tribunal había resuelto a base de dicha distinción.
20
Asimismo, cuando no es posible atribuir un por ciento de
participación preciso, lo hemos fijado por partes iguales entre todos
los cocausantes. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 D.P.R. 701,
707 (1987).
25
CC-2014-723
liberados de la obligación ante el perjudicado. Por ello,
bajo nociones de equidad hemos reconocido la acción de
nivelación
a
favor
del
cocausante
que
indemniza
al
perjudicado en una proporción mayor a su grado de culpa en
el daño. Mediante esta acción el cocausante que pagó le
puede reclamar a los otros el reembolso correspondiente
según sus respectivos porcientos de responsabilidad. De
otro modo resultaría una situación contraria al principio
que
prohíbe
el
enriquecimiento
injusto.
Id;
US
Fire
acción
de
Insurance v. A.E.E., 174 D.P.R. 846, 858 (2008).
Debido
nivelación,
al
carácter
ésta
sólo
subsidiario
procede
de
contra
la
aquellos
que
judicialmente hayan sido declarados cocausantes solidarios
Por
lo
tanto,
si
un
tribunal
concluye
que
determinado
demandado no tuvo culpa en el daño, éste no es cocausante
y no puede haber acción de nivelación en su contra. De
igual forma, si la obligación de un cocausante se extingue
o deja de ser exigible, dicho cocausante queda liberado y
los otros no pueden recurrir a la acción de nivelación.21
De otra parte, aunque la acción de nivelación surge
cuando uno de los cocausantes paga en una proporción mayor
a su por ciento de responsabilidad, hemos permitido el uso
21
Así, hemos resuelto, por ejemplo, que cuando uno de los cocausantes
transige con el perjudicado y éste lo libera de toda responsabilidad,
dicho perjudicado asume el por ciento de participación de ese
cocausante en el daño. S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., 158 D.P.R.
648, 656 (2003). Como los cocausantes que permanecen en el pleito no
tienen que responder por el por ciento de responsabilidad del que fue
liberado, cualquier acción de nivelación contra éste carece de
fundamentos. Id.
26
CC-2014-723
de la demanda contra tercero como mecanismo procesal para
traer al pleito a un presunto cocausante y viabilizar una
potencial acción de nivelación contingente al resultado de
la demanda. Id.; Security Ins. Co. v. Tribunal Superior,
101
D.P.R.
191,
198
(1973).
Así
se
facilita
la
dilucidación de responsabilidad y se promueve la economía
procesal.
No obstante, la premisa que posibilita la acción de
nivelación
contingente
es
que
la
causa
de
acción
del
demandante contra el tercero demandado no esté prescrita.
Como vimos en algunos de los casos reseñados, esa fue la
principal defensa que trataron de utilizar los terceros
demandados. García v. Gobierno de la Capital, supra. Sin
embargo, en aquel momento la declaramos sin lugar, pues
concluimos
que
la
demanda
original
presentada
a
tiempo
había interrumpido el término prescriptivo por virtud del
Art. 1874 del Código Civil, supra. Pero como veremos, esto
cambió después de Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, al
resolver que el Art. 1874 del Código Civil,
aplica
en
las
extracontractual
acciones
con
sobre
pluralidad
supra, no
responsabilidad
de
causantes.
civil
Pasemos
ahora a aplicar este derecho a la controversia de autos.
III
En
demanda
el
presente
contra
caso,
tercero
los
para
recurridos
incluir
al
instaron
una
E.L.A.
el
en
pleito. Alegaron que el E.L.A. negligentemente permitió
27
CC-2014-723
que
el
velero
del
señor
Ramos
Inchautegui
permaneciera
anclado sin autorización y con las luces apagadas, creando
una situación de peligro que resultó en el choque de las
embarcaciones.
Así,
sostuvieron
que
el
responderle
directamente
a
la
alternativa,
a
la
cantidad
ellos
por
E.L.A.
demandante
o,
que
debía
en
la
tuvieran
que
pagar como indemnización.
Ya
pudiera
que
cualquier
tener
contra
reclamación
el
E.L.A.
que
la
estaba
demandante
prescrita,
el
Tribunal de Primera Instancia concluyó que no procedía la
demanda contra tercero para que el E.L.A. le respondiera
directamente
a
la
demandante.
Asimismo,
resolvió
que
tampoco procedía para que le respondiera a los recurridos
por cualquier suma que éstos tuvieran que pagar. Razonó
que los recurridos no podían revivir la causa de acción de
la
demandante
nivelación
indirectamente
contingente.
Por
por
vía
de
lo
tanto,
una
dictó
acción
de
sentencia
parcial y desestimó la demanda contra tercero.
Los
Tribunal
recurridos
de
apelaron
Apelaciones
esta
sostuvo
la
determinación.
desestimación
de
El
la
demanda contra tercero en lo referente a incluir en el
pleito al E.L.A. para que le respondiera a la demandante.
Sin embargo, revocó aquella parte de la sentencia parcial
que desestimó la acción de nivelación contingente. Expresó
que en Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, este Tribunal
mantuvo
la
vigencia
de
los
efectos
primarios
de
la
28
CC-2014-723
solidaridad, por lo cual los recurridos estaban sujetos a
pagar la totalidad de los daños independientemente de que
la acción de la demandante estuviera prescrita a favor del
E.L.A. Inconforme, el E.L.A. recurrió ante nos y señaló
que el tribunal intermedio incidió al permitir una acción
de nivelación contingente, a pesar de que frente a ella la
causa de acción original estaba prescrita.
Efectivamente,
en
Fraguada
v.
Hosp.
Aux.
Mutuo,
supra, dijimos que cada uno de los cocausantes demandados
continuaba siendo responsable de pagar la totalidad de la
deuda que procediera. Asimismo, en el escolio 13 de esa
Opinión aclaramos que la presunción de mancomunidad que
establece el Art. 1090 del Código Civil, supra, no aplica
en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual.
Por lo tanto, la obligación que surge cuando un daño es
causado
por
una
pluralidad
de
sujetos
es
de
carácter
solidaria. Sin embargo, especificamos que se trata de una
solidaridad impropia en el sentido de que la interrupción
del término prescriptivo frente a un cocausante no tiene
el
efecto
de
interrumpir
automáticamente
el
término
prescriptivo para todos los demás cocausantes del daño que
fueran conocidos por el demandante.
Entendimos que esta norma era la que mejor armonizaba
con una institución tan relevante en nuestro ordenamiento
jurídico como lo es la prescripción. El Art. 1868 del
Código Civil, supra, fija un término prescriptivo de un
29
CC-2014-723
año
para
las
acciones
extracontractual
deliberadamente
y
la
sobre
responsabilidad
brevedad
pretendida
por
de
el
ese
civil
término
legislador
como
fue
una
manera de contrarrestar la incertidumbre que caracteriza a
este tipo de obligación. Resultaba, pues, incompatible que
un demandante se cruzara de brazos y, amparándose en la
interrupción automática, pretendiera tiempo después traer
al pleito a un cocausante cuya responsabilidad conocía o
podía
conocer.
Además,
precisamos
que
la
teoría
cognoscitiva del daño seguía estando vigente, por lo que
si durante el proceso judicial un demandante advenía en
conocimiento
de
la
responsabilidad
de
un
presunto
cocausante, podía enmendar la demanda para incluirlo como
demandado.
El
Tribunal
de
Apelaciones
interpretó
nuestras
expresiones en Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, como
susceptibles
de
permitir
una
acción
de
nivelación
contingente en una situación como la de autos en que la
reclamación original sobre daños y perjuicios ha prescrito
con relación al tercero demandado. Sin embargo, ello no es
compatible con lo que este Tribunal resolvió. Aunque en
Fraguada v. Hosp. Aux Mutuo, supra, no se trataba de una
demanda contra tercero sino de una enmienda a la demanda
promovida por el demandante una vez había transcurrido el
término prescriptivo, el problema sobre prescripción que
allí discutimos aplica de manera similar.
30
CC-2014-723
Es decir, debido a que la reclamación sobre daños y
perjuicios es la causa de acción principal y la acción de
nivelación es subsidiaria y dependiente, si la primera no
está disponible por motivo de prescripción, la segunda se
torna improcedente. “No puede permitirse indirectamente,
por vía de tercero, lo que está impedido en una acción
directa”.
(2005);
González
Cortijo
v.
Multiventas,
165
v.
Fluviales,
Walter
Fuentes
D.P.R.
873,
91
883
D.P.R.
575, 581 (1964). Al prescribir la reclamación sobre daños
y perjuicios a favor de un cocausante, éste queda liberado
de tener que responder pues su responsabilidad deja de ser
exigible.22
Lo
contrario
violentaría
los
fundamentos
de
Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra.
El propósito de promover el reclamo diligente de los
derechos,
la
seguridad
en
el
tráfico
jurídico
y
la
estabilidad de las relaciones en nuestro ordenamiento se
vería frustrado de resolver como lo hizo el Tribunal de
Apelaciones. Una de las consecuencias sería que aún cuando
un perjudicado conociera que su daño fue causado por la
culpa o negligencia de varias personas, pueda cruzarse de
brazos, demandar sólo a uno y cobrar de éste la totalidad
de
la
indemnización.
A
su
vez,
ese
cocausante
podría
presentar una acción de nivelación contingente durante el
22
“Así, cuando transcurre el periodo de tiempo que fija la ley se
extingue la acción para hacer efectivo el derecho en cuestión y el
deudor queda liberado de su obligación en tanto puede negarse a
cumplir con ella fundamentado en que ésta fue reclamada tardíamente”.
Meléndez Guzmán v. Berríos López, supra, en la pág. 1018. Véase
también García Aponte et al. v. E.L.A. et al., 135 D.P.R. 137, 142
(1994).
31
CC-2014-723
pleito o reclamarle –después de dictada la sentencia- a
otros posibles cocausantes, escenarios que pueden ocurrir
años después de presentada la demanda en vista de que el
derecho a nivelar no surge hasta que el cocausante paga
más de lo que le corresponde. El análisis que hicimos en
Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, para armonizar la
responsabilidad
solidaria,
la
prescripción
y
la
teoría
cognoscitiva del daño habría sido en vano.
Por el contrario, si la reclamación del perjudicado
contra determinado cocausante está prescrita, ninguno de
los
cocausantes
pleito
para
demandados
que
le
a
responda
tiempo
al
puede
traerlo
perjudicado.
Al
al
estar
prescrita a su favor la causa de acción, ese cocausante no
está sujeto a responderle al perjudicado. Art. 1830 del
Código
Civil,
cocausantes
contra
31
L.P.R.A.
demandados
tercero,
sec.
tampoco
presentar
en
5241.23
pueden,
su
Asimismo,
mediante
contra
una
los
demanda
acción
de
nivelación contingente, pues al extinguirse el derecho del
perjudicado a exigir responsabilidad de ese cocausante,
cesa la obligación para los demás cocausantes de responder
por
la
parte
de
aquel
en
el
daño.
“La
Regla
12.1
de
Procedimiento Civil [sobre la demanda contra tercero] no
crea, extiende o limita derechos sustantivos”. Gen. Accid.
Ins. Co. P.R. v. Ramos, supra, pág. 534; Colón v. Coop. de
Seguros Múltiples de P.R., supra, pág. 571.
23
“También se extinguen del propio modo por la prescripción los
derechos y las acciones, de cualquier clase que sean”. Art. 1830 del
Código Civil, supra.
32
CC-2014-723
En tal caso, el por ciento de responsabilidad de ese
cocausante que no fue demandado a tiempo con conocimiento
del demandante se resta de la totalidad y el perjudicado
será indemnizado por el valor monetario de la diferencia
que resulte. De la totalidad de esa diferencia responderán
solidariamente todos los cocausantes demandados dentro del
término prescriptivo. Lo anterior es consecuencia de la
solidaridad
impropia
u
obligación
in
solidum
según
la
adoptamos en Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra:
[E]l
perjudicado
podrá
recobrar
de
cada
cocausante demandado la totalidad de la deuda
que proceda, porque los efectos primarios de la
solidaridad se mantienen. Sin embargo, deberá
interrumpir la prescripción en relación con cada
cocausante por separado, dentro del término de
un año establecido por el Art. 1868 del Código
Civil si interesa conservar su causa de acción
contra cada uno de ellos. Fraguada v. Hosp. Aux.
Mutuo, supra, pág. 389.
Así,
por
ejemplo,
si
un
daño
extracontractual
es
ocasionado por cuatro cocausantes solidarios a quienes el
perjudicado
tribunal
demanda
adjudica
responsabilidad
de
manera
los
respectivos
(supongamos
que
oportuna,
le
por
atribuye
una
vez
el
cientos
de
25%
a
cada
uno) el perjudicado tiene derecho a cobrar de cualquiera
de ellos la totalidad (el 100%) de la indemnización. De la
misma forma, si uno de los cuatro paga toda la deuda, el
que
pagó
puede
nivelar
con
los
demás
y
requerir
el
reembolso correspondiente a sus respectivos por cientos de
responsabilidad.
33
CC-2014-723
Por
el
contrario,
perjudicado
(a
quiénes
causaron
lo
pesar
si
de
y
en
el
conocer
los
ejemplo
que
elementos
anterior
sufrió
el
un
daño,
necesarios
para
ejercitar su causa de acción) insta una demanda dentro del
término prescriptivo sólo contra dos cocausantes, pero con
respecto a los otros dos la acción prescribe, los dos
cocausantes demandados a tiempo no pueden valerse de una
demanda contra tercero para traer al pleito a los que
quedaron fuera. Al estar prescrita a su favor la causa de
acción original, los cocausantes que no fueron demandados
a tiempo no son responsables frente al perjudicado y, como
consecuencia, no se configura una relación de solidaridad
con respecto a los cocausantes demandados. De resolver el
tribunal que, en efecto, el daño fue ocasionado por los
cuatro cocausantes y fijar el por ciento de culpa de cada
uno en 25%, del total (100%) de las participaciones en el
daño restará el 50% de culpa correspondiente a los dos
cocausantes
con
respecto
a
los
cuales
la
acción
prescribió. El perjudicado sólo tendrá derecho al restante
50% correspondiente a la participación en el daño de los
cocausantes
que
demandó
a
tiempo.
La
indemnización
equivalente a ese 50% podrá cobrarla de cualquiera de los
dos
cocausantes
demandados,
quienes
responden
solidariamente.24
24
Siguiendo este ejemplo, cualquiera de los dos cocausantes demandados
a tiempo que indemnice al perjudicado en una proporción mayor a su 25%
de responsabilidad, podrá nivelar con el otro y exigir el reembolso
correspondiente.
34
CC-2014-723
Con respecto a la controversia que hoy atendemos, la
conclusión a la cual llegamos es la que más claramente se
deriva del análisis y los fundamentos en los que este
Tribunal se basó al resolver Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo,
supra. La solidaridad en el ámbito de la responsabilidad
civil extracontractual se mantiene, pero se trata de una
solidaridad
impropia
en
lo
que
a
la
interrupción
del
término prescriptivo se refiere. Por ende, el perjudicado
debe interrumpir el término prescriptivo de un año que
establece el Art. 1868 del Código Civil, supra, frente a
cada
presunto
cocausante
individualmente
si
es
que
pretende conservar su causa de acción contra cada uno de
ellos.
Como
traer
al
presunto
corolario,
pleito
un
cocausante
mediante
cocausante
demanda
solidario
con
demandado
contra
no
tercero
respecto
a
puede
a
un
quien
la
causa de acción del perjudicado prescribió. Prescrita a su
favor la causa de acción, ese alegado cocausante no está
sujeto a responderle al perjudicado ni tampoco, mediante
una acción de nivelación, a los cocausantes demandados.
“La prescripción constituye la forma de extinción de un
derecho debido a la inercia en ejercerlo por su titular,
durante un tiempo determinado”. Santiago v. Ríos Alonso,
supra,
pág.
188;
Galib
Frangie
v.
El
Vocero
de
P.R.,
supra, pág. 566. Si después de celebrado el juicio el
tribunal concluyera que el presunto cocausante que no fue
35
CC-2014-723
demandado
a
tiempo
en
efecto
contribuyó
a
producir
el
daño, el por ciento de responsabilidad que se le atribuya
se descontará de la indemnización del perjudicado. Ello,
ya
que
fue
su
propia
interrumpir
el
posición
hacerlo-
de
falta
término
de
diligencia
prescriptivo
lo
que
-al
no
cuando
estaba
en
que
perdiera
el
provocó
derecho a reclamar ese por ciento de responsabilidad.
Por
último,
ordenamiento
debemos
jurídico
rige
recalcar
que
la
cognoscitiva
teoría
en
nuestro
del
daño. Por lo tanto, el término prescriptivo para exigir
responsabilidad por un daño extracontractual comienza a
transcurrir cuando el perjudicado conoció –o debió conocer
de haber procedido diligentemente- la existencia del daño,
quién lo causó, así como los elementos necesarios para
ejercer
efectivamente
la
causa
de
acción.
Si
en
el
transcurso del proceso judicial el perjudicado adviene en
conocimiento
de
la
cocausante,
será
prescriptivo
comenzará
responsabilidad
desde
ese
a
de
momento
transcurrir
un
que
en
presunto
el
cuanto
término
a
este
último.
Asimismo, mantenemos la acción de nivelación que por
primera
vez
reconocimos
Capital,
supra.
Dicha
en
García
acción
v.
operará
Gobierno
en
la
de
la
relación
interna entre los cocausantes solidarios del daño cuando
cualquiera
de
ellos
indemnice
al
perjudicado
en
una
proporción mayor a la que le corresponde. Sin embargo,
36
CC-2014-723
para
que
proceda
la
acción
de
nivelación
contra
es
requisito
que
éste
responsable
cocausante
un
sea
un
solidariamente frente al perjudicado, pues sólo así puede
haber derecho a exigir el reembolso por su responsabilidad
concurrente en el daño. Lo anterior no sucede cuando la
causa de acción sobre daños y perjuicios ha prescrito a su
favor.
Al
repasar
los
hechos
del
presente
caso,
no
hay
controversia en cuanto a que la demandante no le reclamó
extrajudicialmente al E.L.A. Por su parte, en la demanda
incluyó
como
codemandados
a
los
recurridos
Carlos
Juan
Suárez González y Carlos Suárez Miranda como conductor y
propietario, respectivamente, de la lancha en la cual se
encontraba cuando ocurrió el accidente. Demandó también al
señor Ramos Inchautegui como dueño del velero contra el
que
chocó
la
embarcación.
Surge
del
expediente
que
el
alegado accidente ocurrió el 24 de julio de 2011. Sin
embargo, no fue hasta el 22 de agosto de 2013
-cuando
los recurridos presentaron la demanda contra tercero- que
el E.L.A. tuvo conocimiento de alguna reclamación en su
contra. Así lo determinó el Tribunal de Primera Instancia
y ello no fue controvertido.
Al
haber
demandante
pueda
transcurrido
exigir
el
término
responsabilidad
para
del
que
la
E.L.A.,
la
demanda contra tercero no procede. Aún presumiendo que el
E.L.A.
haya
actuado
negligentemente
–sobre
lo
cual
no
37
CC-2014-723
estamos haciendo determinación alguna-, al estar prescrita
la causa de acción, el E.L.A. no está sujeto a responderle
a la demandante ni a los recurridos. Por lo tanto, no se
satisfacen
ninguno
de
los
requisitos
que
contempla
la
Regla 12.1 de Procedimiento Civil, supra, para que proceda
una demanda contra tercero. Así pues, la demanda contra
tercero presentada por los recurridos en el presente caso
debe ser desestimada.
IV
Por los fundamentos expuestos, se revoca la decisión
del Tribunal de Apelaciones en cuanto permite la acción de
nivelación
contingente
contra
el
E.L.A.,
mediante
la
demanda contra tercero. Se reinstala la sentencia parcial
del Tribunal de Primera Instancia en todos sus extremos.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Presidenta
CC-2014-723
38
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Adria Maldonado Rivera
Recurrida
v.
Carlos Suárez y otros
CC-2014-723
Recurrido
Estado
Libre
Puerto Rico
Asociado
de
Peticionario
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de marzo de 2016.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte de la presente
Sentencia,
se
revoca
la
decisión
del
Tribunal
de
Apelaciones en cuanto permite la acción de nivelación
contingente contra el E.L.A., mediante la demanda contra
tercero. Se reinstala la sentencia parcial del Tribunal de
Primera Instancia en todos sus extremos.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica el
Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora
Pabón Charneco disiente y hace constar la siguiente
expresión a la que se une el Juez Asociado señor Rivera
García:
“La Jueza Asociada señora Pabón Charneco
disiente por las razones que expresara en su
Opinión Disidente en Fraguada Bonilla v. Hosp.
Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 396-412 (2012).
La adopción “parcial” de la doctrina de las
obligaciones in solidum por este Tribunal sin
mayor
análisis
sobre
sus
39
CC-2014-723
repercusiones
en
vez
de
abrazar
las
herramientas
que
sí
reconoce
nuestro
ordenamiento
jurídico
ha
dislocado
esas
instituciones
y
conceptos
que
pretendía
armonizar. El caso de autos es ejemplo de cómo
los préstamos tomados de otros ordenamientos
jurídicos pueden afectar los derechos de las
partes,
dificultar
la
labor
de
nuestros
tribunales y requerir constantes remiendos.
Tras comenzar a disiparse los efectos del
carácter prospectivo de Fraguada Bonilla v.
Hosp. Aux. Mutuo, supra, este caso ha requerido
que
una
mayoría
del
Tribunal
aborde
jurisprudencialmente
algunas
de
las
serias
interrogantes causadas por la adopción de la
doctrina. Sus efectos son desconocidos por
nuestro
ordenamiento
y
ahora
no
se
ven
enmarcados por la coherencia que el Código Civil
proveyó
por
décadas
a
la
figura
de
la
solidaridad.
Véanse
por
ejemplo,
Rodríguez
Caraballo v. Departamento de Transportación y
Obras
Públicas,
KLCE201501080 (sobre cuándo
surge la causa de acción contra el cocausante no
demandado); Soto López v. Supermercados Econo
Corp., KLCE201400476; R&C Painting Corporation
v.
Consejo
de
Titulares,
KLAN201401831,
KLAN201401836 (sobre la aplicación de Fraguada
Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, a casos de
responsabilidad
absoluta
por
producto
defectuoso); Ramírez-Ortiz v. Corporación del
Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del
Caribe,
994
F.Supp.2d
218
(2014)(sobre
la
existencia
de
solidaridad
perfecta
entre
hospital y doctor cuando el paciente confía su
salud al hospital). Véase además, J.J. Álvarez
González,
Responsabilidad
Civil
Extracontractual, 83 (Núm. 3) Rev. Jur. U.P.R.
893, 899 (2014)(Análisis del caso Fraguada
Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, en cuanto al
efecto de mancomunidad de la Opinión, los
posibles
incidentes
de
colusión
entre
los
cocausantes,
la
complicación
litigiosa,
la
dificultad
para
alcanzar
transacciones
extrajudiciales, y el aumento en el riesgo de
que el demandante incurra en temeridad)”.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo