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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Maldonado Rivera v. Suárez y otros

2016 TSPR 57

Poder Judicial de Puerto Rico

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Maldonado Rivera v. Suárez y otros

CC-2014-723

Daños y Perjuicios. Art. 1802 del Código Civil. Doctrina de la solidaridad impropia. Cocausante demandado no puede traer al pleito mediante demanda contra tercero a un presunto cocausante con respecto a quien la acción del perjudicado prescribió. Tampoco procede en esas circunstancias una acción de nivelación contra el alegado cocausante que no fue demandado a tiempo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Adria Maldonado Rivera

Recurrida

v.

Certiorari

Carlos Suárez y otros

Recurrido

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

2016 TSPR 57

195 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC-2014-723

Fecha: 28 de marzo de 2016

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Mayagüez

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray

Procuradora General

Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez

Subprocuradora General

Lcda. Marangelí Colón Requejo

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Amir Cristina Nieves Villegas

Procuradora General Auxiliar

Abogados de la parte Recurrida:

Lcdo. Domingo Emanuelli Hernández

Lcdo. Gabriel J. Emanuelli Anzalota

Materia: Daños y Perjuicios. Art. 1802 del Código Civil. Doctrina de

la solidaridad impropia. Cocausante demandado no puede traer al

pleito mediante demanda contra tercero a un presunto cocausante con

respecto a quien la acción del perjudicado prescribió. Tampoco

procede en esas circunstancias una acción de nivelación contra el

alegado cocausante que no fue demandado a tiempo

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Adria Maldonado Rivera

Recurrida

v.

Carlos Suárez y otros

CC-2014-723

Recurrido

Estado

Libre

Puerto Rico

Asociado

de

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de marzo de 2016.

En Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 D.P.R.

365 (2012), acogimos la doctrina de la solidaridad

impropia u obligación in solidum en lo referente a

la

interrupción

sobre

daños

pluralidad

y

de

de

la

prescripción

perjuicios

causantes.

cuando

Así,

en

acciones

concurren

concluimos

que

una

en

esta clase de acciones no aplica el Art. 1874 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5304, por lo que el

perjudicado

debe

prescriptivo

con

individualmente

si

interrumpir

respecto

desea

acción contra cada uno.

a

el

cada

conservar

su

término

cocausante

causa

de

CC-2014-723

2

Hoy nos toca examinar una controversia que no está

resuelta. ¿Pueden unos presuntos cocausantes solidarios de

un daño, quienes fueron demandados oportunamente, instar

una demanda contra tercero para incluir en el pleito a

otro presunto cocausante a favor de quien la causa de

acción sobre daños y perjuicios prescribió? ¿Procede en

estas circunstancias una acción de nivelación contra el

alegado

cocausante

que

no

fue

demandado

a

tiempo?

En

atención a los efectos de la prescripción, resolvemos que

ese alegado cocausante no le responde al perjudicado ni

tampoco, a través de una acción de nivelación contingente,

a los presuntos cocausantes demandados. Por lo tanto, en

una

situación

como

ésta

no

procede

la

demanda

contra

tercero. Veamos.

I

El 24 de junio de 2013, la joven Adria Maldonado

Rivera

(“demandante”)

instó

una

demanda

sobre

daños

y

perjuicios en contra del Sr. Carlos Suárez Miranda, su

hijo

Carlos

recurridos”)

Juan

Suárez

y

Sr.

el

González

Ricardo

(en

Ramos

conjunto,

“los

Inchautegui.1

La

demandante expuso que el 24 de julio de 2011, alrededor de

las 11:30 p.m., se encontraba como pasajera junto a otras

personas

en

una

lancha

-propiedad

del

señor

Suárez

Miranda- de paseo por la Bahía de Boquerón. Alegó que la

lancha era conducida por Carlos Juan Suárez González a

1

También se incluyó como codemandada a la sociedad legal de bienes

gananciales de la que puedan ser parte, respectivamente, los señores

Suárez Miranda y Ramos Inchautegui.

3

CC-2014-723

alta velocidad y sin tomar las debidas precauciones, por

lo que impactaron el velero del señor Ramos Inchautegui

que

se

permiso

encontraba

ni

anclado

marbete.

con

Como

las

luces

consecuencia

apagadas,

del

sin

choque,

la

demandante sostuvo que sufrió daños físicos y emocionales

cuya indemnización le reclamó a los recurridos y al señor

Ramos Inchautegui como cocausantes solidarios.

Los

recurridos

contestaron

la

demanda

y

negaron

responsabilidad.2 Posteriormente, presentaron una demanda

contra tercero en contra de la Policía de Puerto Rico, el

Departamento

Estado

de

Libre

“E.L.A.”),

Recursos

Asociado

en

la

cual

Naturales

de

y

Puerto

le

Ambientales

Rico

imputaron

(en

y

el

conjunto,

negligencia

por

presuntamente no vigilar el área de la Bahía de Boquerón

donde ocurrió el accidente, lo que permitió que el velero

del señor Ramos Inchautegui permaneciera anclado de manera

peligrosa.

Así,

recurridos

sostuvieron

directamente

a

mediante

la

la

demanda

que

el

E.L.A.

por

sus

demandante

contra

tercero

le

daños

los

respondía

o,

en

la

alternativa, le debía responder a ellos en nivelación por

la cantidad que tuvieran que indemnizar a la demandante.

2

Entre sus defensas afirmativas, los recurridos expresaron que la

demanda en su contra estaba prescrita, pues la demandante no

interrumpió el término prescriptivo. Esta contención aún no ha sido

objeto de consideración ante el Tribunal de Primera Instancia ni se ha

pasado prueba al respecto. Así lo reconocen los propios recurridos al

declarar que “dicha defensa afirmativa tendrá que ventilarse en su día

para que sea el Tribunal, mediante la moción correspondiente y/o en

juicio plenario, [quien] resuelva la misma”. Alegato de la parte

demandada-demandante contra tercero, pág. 6.

4

CC-2014-723

El E.L.A. contestó y solicitó la desestimación de la

demanda contra tercero. Adujo que la reclamación de la

demandante había prescrito a su favor ya que no la incluyó

como

codemandada

ni

interrumpió

la

prescripción

extrajudicialmente dentro del año desde la fecha en que

ocurrió el accidente. Es decir, que desde entonces comenzó

a transcurrir el término prescriptivo. Por su parte, los

recurridos se opusieron y sostuvieron que: “[e]l hecho de

que la parte demandante original no haya hecho reclamación

alguna contra la parte tercera demandada... no es óbice

para que los terceros demandantes, puedan presentar esta

acción de nivelación dentro de este mismo pleito en virtud

de

una

demanda

contra

tercero”.

Moción

en

oposición

a

desestimación, Apéndice, pág. 123.

Al resolver, el Tribunal de Primera Instancia razonó

que la demandante pudo haber ejercido su causa de acción

contra el E.L.A. desde la fecha del accidente,3 por lo que,

al

estar

prescrita

contra

ésta,

dictó

una

sentencia

parcial en la cual desestimó la demanda contra tercero.4

Concluyó

que

supra,

este

3

4

en

Fraguada

Tribunal

Bonilla

v.

Hosp.

Aux.

Mutuo,

dictaminó

que

en

acciones

Este hecho no está en controversia.

Resolvió que:

En el presente caso no hay duda que la demanda contra

tercero contra uno de los alegados cocausantes fue

presentada 2 años después de ocurridos los alegados

hechos. Además alegaron que contra ello[s] no fue

interrumpido el término prescriptivo conforme dispone

nuestro ordenamiento. Dicha alegación no fue rebatida por

el tercero demandante ni por el demandante original, el

cual no cumplió con la Regla 8.4 de Procedimiento Civil.

En consecuencia, conforme a lo antes expuesto resolvemos

que la demanda contra tercero está prescrita. Sentencia

parcial, Apéndice, pág. 73.

por

5

CC-2014-723

responsabilidad

civil

extracontractual

cuando

varios

causantes concurren en el daño, el término prescriptivo

debe interrumpirse individualmente respecto a cada uno.

Por lo tanto, estando prescrita la causa de acción de la

demandante

contra

el

E.L.A.,

los

recurridos

no

podían

reclamarle responsabilidad indirectamente por vía de una

demanda contra tercero.5

Oportunamente, los recurridos acudieron al Tribunal

de Apelaciones y le imputaron error al Tribunal de Primera

Instancia por concluir que su acción de nivelación estaba

prescrita “por el hecho de que la demandante no incluyera

al Estado Libre Asociado, a la Policía de Puerto Rico y al

Departamento

de

Recursos

Naturales

y

Ambientales

como

partes demandadas en su demanda”.6

El

mediante

Tribunal

la

de

cual

Apelaciones

modificó

la

dictó

una

sentencia

determinación

apelada.

Concluyó que el precedente de Fraguada Bonilla v. Hosp.

Aux.

Mutuo,

supra,

no

tiene

el

efecto

de

impedir

una

acción de nivelación contra el E.L.A. Así, estimó que la

demanda contra tercero para que el E.L.A. le respondiera

directamente

a

la

demandante

estaba

prescrita.

Sin

embargo, no estaba prescrita aquella parte de la demanda

contra

tercero

en

la

que

se

incluyó

la

reclamación

contingente de nivelación para que el E.L.A. le responda a

los recurridos por cualquier cantidad que éstos finalmente

5

6

Id.

Escrito de apelación, Apéndice, pág. 64.

6

CC-2014-723

tuvieran

que

pagar.

Ello,

pues

los

recurridos,

de

ser

declarados cocausantes, estarían obligados a reparar todo

el daño, incluyendo aquella parte -si alguna- a la cual

hubiera contribuido el E.L.A.7

Luego de solicitar sin éxito la reconsideración, el

E.L.A.

recurrió

ante

este

Tribunal

y

adujo

como

único

señalamiento de error que “[e]rró el Honorable Tribunal de

Apelaciones

al

concluir

nivelación

contra

el

que

ELA

no

la

se

causa

de

encuentra

acción

de

prescrita,

a

pesar de que la causa de acción original de la demandante

en contra del Estado sí lo está”.8

Los

recurridos

se

opusieron

a

la

expedición

del

recurso de certiorari y sostuvieron que procedía su acción

de nivelación contingente pues estaban sujetos a responder

por todo el daño, incluyendo aquella parte correspondiente

a

la

alegada

escritos,

responsabilidad

expedimos

el

del

recurso

y

E.L.A.

le

Examinados

concedimos

a

los

las

partes un término para someter sus alegatos. Habiéndose

cumplido lo anterior, estamos en posición de resolver la

controversia.

II

A. La demanda contra tercero

La Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.

V, R. 12.1, reglamenta el mecanismo procesal de la demanda

contra tercero. Según esta Regla:

7

8

Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice, pág. 24.

Petición de certiorari, pág. 7.

7

CC-2014-723

[l]a parte demandada podrá notificar, como

demandante contra tercero, un emplazamiento y

demanda a una persona que no sea parte en el

pleito y que sea o pueda ser responsable a la

parte demandada por la totalidad o parte de la

reclamación de la parte demandante, o que sea o

pueda ser responsable a cualquier parte en el

pleito. Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A. Ap. V, R. 12.1.

Por medio de la demanda contra tercero se permite que

controversias

surgidas

relacionadas

entre

de

sí

se

unos

mismos

hechos

diluciden

dentro

del

y

mismo

pleito. El propósito es promover la economía procesal y

facilitar

la

pronta,

pero

eficaz,

resolución

de

las

controversias. Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R.

20, 28 (1986); J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho

Procesal Civil, 2da ed., Pubs. JTS, 2011, pág. 580. Por

ello hemos dicho que este mecanismo no crea, extiende o

limita

derechos

sustantivos,

sino

Co.

dilucidación.

Gen.

Accid.

Ins.

D.P.R.

534

(1999);

Colón

523,

v.

que

P.R.

v.

Coop.

acelera

su

Ramos,

148

de

Seguros

Múltiples de P.R., 111 D.P.R. 568, 571 (1981).

También hemos aclarado que el solo hecho de tener en

común

un

mismo

añadir

a

un

supuesto

pleito

fáctico

nuevas

no

es

suficiente

controversias

mediante

para

la

demanda contra tercero. Colón Negrón v. Mun. Bayamón y

otros, 192 D.P.R. ___, 2015 T.S.P.R. 23, pág. 22; Gen.

Accid.

Ins.

Co.

Reiteradamente

condiciones

P.R.

hemos

v.

Ramos,

requerido

ulteriores:

que

la

que

supra,

se

pág.

satisfagan

reclamación

contra

534.

dos

el

8

CC-2014-723

tercero

sea

original,

y

contingente

al

resultado

que

una

relación

exista

de

la

demanda

suficientemente

estrecha entre la demanda original y la demanda contra

tercero,

requisito

“entronque

común”

al

y

que

que

nos

debe

hemos

ser

referido

evaluado

como

según

las

circunstancias particulares de cada caso. Colón Negrón v.

Mun. Bayamón y otros, supra, págs. 26-27.

B. La prescripción

La

derecho

prescripción

sustantivo

determinada

causa

extinción

de

extintiva

que

de

los

es

extingue

acción.

Se

derechos,

una

el

institución

derecho

trata

a

de

ejercer

de

“un

modo

de

resultante

de

la

no

concurrencia de ningún acto interruptivo, durante el plazo

marcado

por

la

Ley”.

J.

Puig

Brutau,

Caducidad,

prescripción extintiva y usucapión, 3ra ed., Ed. Bosch,

Barcelona, 1996, pág. 32, citando a Alas, De Buen & Ramos,

De la prescripción extintiva, Madrid, 1918, pág. 57.9 A

través de la prescripción nuestro ordenamiento promueve

que las reclamaciones se insten de manera oportuna y que

las

personas

ejerciten

sus

causas

de

acción

diligentemente. La prescripción extintiva se fundamenta en

la necesidad de que haya estabilidad en las relaciones y

seguridad en el tráfico jurídico.10 S.L.G. García-Villega

9

“Las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la

ley”. Art. 1861 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5291.

10

Nos dice Puig Brutau, op. cit., en la pág. 32:

La prescripción extintiva tiene su fundamento en la

necesidad

de

poner

término

a

las

situaciones

de

incertidumbre en el ejercicio de los derechos y en la

presunción de abandono por parte de su titular. La

9

CC-2014-723

v.

E.L.A.

et

al.,

190

D.P.R.

799,

813

(2014);

S.L.G.

Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 D.P.R. 824, 831 (2011).

Se parte del supuesto de que las reclamaciones válidas se

ejercitan oportunamente y de que una persona no debe estar

sujeta

de

forma

indefinida

a

la

contingencia

de

una

reclamación. Ello, entre otras razones, por la situación

de indefensión en que pudiera quedar como consecuencia del

paso del tiempo y la desaparición de la prueba. Campos v.

Cía.

Fom.

Ind.,

153

D.P.R.

137,

143

(2001);

Culebra

Enterprise Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943, 950 (1991).11

Así,

una

vez

se

agota

un

término

prescriptivo

se

extingue el derecho a ejercer la causa de acción, con la

correspondiente

exoneración

para

la

persona

que

hasta

entonces se encontraba sujeta a responder.12 Santiago v.

Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181, 188 (2002); Galib Frangie v.

El Vocero de P.R., 138 D.P.R. 560, 566 (1995). Por otra

parte, la prescripción es una defensa afirmativa que debe

plantearse

expresa

contrario,

se

Berríos

López,

y

entiende

supra,

oportunamente

ya

renunciada.

Meléndez

pág.

1017;

Álamo

que,

v.

de

lo

Guzmán

v.

Supermercado

Grande, Inc., 158 D.P.R. 93 (2002).

inactividad, silencio o falta de ejercicio del derecho

constituye el fundamento de la prescripción extintiva por

ser contrario al interés social una prolongada situación

de incertidumbre jurídica.

11

Los tres requisitos para que se configure la prescripción extintiva,

son: la existencia de un derecho que se pueda ejercitar; la falta de

ejercicio o inercia por parte del titular; y el transcurso del tiempo

determinado en la ley. Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 D.P.R.

1010, 1018 (2009).

12

Subsiste entre las partes una obligación natural que no es exigible

judicialmente. García Aponte v. ELA, 135 D.P.R. 137, 142 (1994).

10

CC-2014-723

Un término prescriptivo puede interrumpirse de tres

maneras:

mediante

mediante

la

correspondiente

reclamación

acción

extrajudicial;

y

judicial;

por

el

reconocimiento de la deuda por parte del deudor. Art. 1873

del

Código

Civil,

31

L.P.R.A.

interrumpe

la

comienza

transcurrir

a

prescripción,

sec.

el

5303.

término

nuevamente.

Una

vez

se

prescriptivo

Meléndez

Guzmán

v.

Berríos López, supra.

La causa de acción que provee el Art. 1802 del Código

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, para exigir la reparación de

un daño extracontractual causado por culpa o negligencia

tiene un término prescriptivo de un año. Art. 1868 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5298. Hemos expresado que

la brevedad de este término responde a que el legislador

quiso dotar de mayor certeza una relación que generalmente

carece de ella debido a la inexistencia de un vínculo

previo

entre

las

partes

y

el

desconocimiento

de

la

extensión de la obligación. Culebra Enterprise Corp. v.

ELA,

supra,

prescripción

en

en

la

el

pág.

Código

950;

Civil,

L.

Diez-Picazo,

Barcelona,

Ed.

La

Bosch,

1964, pág. 239.

De modo que, salvo que se produzca la interrupción

mediante

alguna

de

las

tres

formas

indicadas,

la

reclamación para exigir responsabilidad bajo el Art. 1802

del Código Civil, supra, prescribe por el transcurso de un

año. Basándonos en la teoría cognoscitiva del daño, hemos

11

CC-2014-723

reiterado que dicho término comienza a transcurrir una vez

el perjudicado conoció –o debió conocer- que sufrió un

daño, quién se lo causó, así como los elementos necesarios

para

ejercitar

efectivamente

su

causa

de

acción.

Art.

1868, supra, y Art. 1869 del Código Civil, 31 L.P.R.A.

sec. 5299; COSSEC et al. v. González López et al., 179

D.P.R. 793, 806 (2010); Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R.

232, 247 (1984).

C.

La

naturaleza

de

la

obligación

por

un

daño

extracontractual causado por una pluralidad de sujetos

Cuando

dos

o

más

deudores

concurren

en

una

misma

deuda la obligación puede ser mancomunada o solidaria. En

las primeras, la deuda puede ser dividida y cada deudor

responde únicamente por la parte que le corresponde. En

las segundas, la deuda se considera indivisible y cada

deudor

responde

deuda.

E.

indistintamente

Vázquez

Bote,

por

Tratado

la

totalidad

teórico,

de

la

práctico

y

crítico de derecho privado puertorriqueño, New Hampshire,

Equity Publishing Co., 1991, Vol. V, págs. 137 y 139;

Carlos Lasarte, Principios de Derecho Civil, Derecho de

obligaciones, 14ta ed., Madrid, Ed. Marcial Pons, 2010, T.

II,

págs.

31,

35-36.

cualquiera

de

los

Asimismo,

deudores

el

libera

pago

efectuado

por

a

otros

la

los

de

obligación frente al acreedor. H. M. Brau del Toro, El

término

prescriptivo

y

su

interrupción

en

acciones

en

daños por responsabilidad extracontractual solidaria en el

12

CC-2014-723

derecho puertorriqueño, 44 (Núm. 2) Rev. C. Abo. P.R. 203,

218 (1983); Vázquez Bote, op. cit., pág. 145.

En el ámbito contractual, debido a la oportunidad que

tienen

las

partes

para

determinar

el

alcance

de

su

relación, el Art. 1090 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.

3101, precisa que cuando concurren dos o más deudores en

una sola obligación la responsabilidad de éstos se presume

mancomunada,

siendo

expresamente.13

De

solidaria

otra

sólo

parte,

cuando

nuestro

así

Código

se

pacte

Civil

no

preceptúa la naturaleza (mancomunada o solidaria) de la

obligación

que

surge

cuando,

fuera

de

una

contractual,

dos

o

más

personas

quebrantan

general

cuidado

y

ocasionan,

por

de

su

relación

el

deber

culpa

o

negligencia, un daño indivisible. No obstante, mediante

jurisprudencia nos hemos encargado de suplir esta omisión.

Para

una

atendemos,

mejor

comprensión

conviene

de

examinar

la

la

controversia

trayectoria

que

que

hoy

este

Tribunal ha seguido sobre el particular.

Desde

extender

comienzos

al

campo

extracontractual,

por

del

siglo

de

la

pasado

hemos

rechazado

responsabilidad

inaplicable,

la

civil

presunción

de

mancomunidad que establece el Art. 1090 del Código Civil,

supra,

13

para

las

obligaciones

contractuales.

Así,

por

El Art. 1090 del Código Civil, supra, dispone: “La concurrencia de

dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación no

implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir ni cada uno de

éstos deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo

habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine,

constituyéndose con el carácter de solidaria”.

13

CC-2014-723

ejemplo, en Cruz et al. v. Frau, 31 D.P.R. 92 (1922),

dijimos que cuando un accidente es ocasionado por la culpa

o negligencia concurrente de dos o más personas, cada una

de ellas es responsable por todo el daño. Sin embargo, fue

en García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138 (1951),

que evaluamos con mayor detalle la obligación que surge

para los cocausantes de un daño extracontractual, así como

sus

implicaciones

demandados,

a

procesales.

quienes

automovilístico,

se

les

presentaron

En

aquel

reclamó

por

una

demanda

caso

un

los

accidente

contra

tercero

para incluir en el pleito al dueño del auto en que viajaba

la víctima al momento del choque. Por su parte, el tercero

demandado

solicitó

la

desestimación

aduciendo

que

la

perfilada

en

reclamación en su contra estaba prescrita.

Al

resolver,

mantuvimos

la

dirección

casos como Cruz et al. v. Frau, supra, y reiteramos que la

sentencia dictada contra dos o más cocausantes de un daño

es solidaria. Rivera v. Great Am. Indemnity Co., 70 D.P.R.

825, 828 (1950). Tomando como fundamento la equidad y el

deber de evitar el enriquecimiento injusto, extendimos la

acción de nivelación que contempla el Art. 1098 del Código

Civil,

31

L.P.R.A.

sec.

1098,

a

los

casos

de

responsabilidad civil extracontractual con pluralidad de

causantes. García v. Gobierno de la Capital, supra, pág.

147. De modo que, si después de haberse adjudicado la

responsabilidad

entre

varios

cocausantes

uno

de

ellos

14

CC-2014-723

indemnizaba a la víctima en una proporción mayor a su por

ciento de responsabilidad, éste podía nivelar y exigir de

los

demás

cocausantes

solidarios

el

reembolso

de

la

cantidad que correspondiera a sus respectivos por cientos

de responsabilidad.14

Aunque

reconocimos

que

la

acción

de

nivelación

no

surgía hasta que uno de los cocausantes pagaba en exceso

de su participación en el daño, concluimos que mediante

una demanda contra tercero podía incluirse una acción de

nivelación contingente para el caso en que el tribunal

llegara

a

demandado,

determinar

fueron

que

ambos,

cocausantes

y

demandado

el

primero

y

tercero

terminara

pagando todos los daños. García v. Gobierno de la Capital,

supra, págs. 147-148.

Resolvimos,

además,

que

en

aquel

caso

la

demanda

contra tercero no estaba prescrita pues aunque se instó

tres años después de ocurridos los hechos, la presentación

oportuna

de

la

demanda

original

había

interrumpido

el

término prescriptivo. García v. Gobierno de la Capital,

supra,

págs.

aplicamos

al

148-149.

Para

llegar

ámbito

de

la

a

esta

conclusión

responsabilidad

civil

extracontractual el Art. 1874 del Código Civil, supra, el

cual preceptúa uno de los efectos de la solidaridad: la

14

El Art. 1098 del Código Civil, supra, dispone: “El pago hecho por

uno de los deudores solidarios extingue la obligación. El que hizo el

pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno

corresponda, con los intereses de anticipo. La falta de cumplimiento

de la obligación por insolvencia del deudor solidario será suplida por

sus codeudores a prorrata de la deuda de cada uno”.

15

CC-2014-723

interrupción del término prescriptivo. En lo pertinente,

el

Art.

1874,

supra,

dispone:

“La

interrupción

de

la

prescripción de acciones en las obligaciones solidarias

aprovecha o perjudica por igual a todos los acreedores y

deudores”.

El siguiente caso de gran pertinencia es Arroyo v.

Hospital

cuatro

La

años

Concepción,

130

después

haber

de

D.P.R.

596

instado

demandantes

solicitaron

enmendarla

codemandados

solidarios

a

unos

(1992).

la

para

Allí,

demanda,

los

añadir

como

médicos,

quienes

se

opusieron y adujeron que la acción estaba prescrita. Al

resolver, precisamos nuestros pronunciamientos en García

v.

Gobierno

de

la

Capital,

supra,

y

aclaramos

que

la

presunción de mancomunidad del Art. 1090 del Código Civil,

supra, no aplica al ámbito de la responsabilidad civil

extracontractual, sino a las obligaciones contractuales.

Asimismo,

especificamos

cocausantes

de

un

que

daño

la

responsabilidad

indivisible

es

de

de

los

naturaleza

solidaria. Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, págs.

604-605.

De otra parte, dijimos que en nuestro ordenamiento la

solidaridad tenía un carácter homogéneo, por lo cual no

distinguimos entre los efectos primarios y secundarios de

la solidaridad. Arroyo v. Hospital La Concepción, supra,

pág.

607.

aplicables

En

todos

consecuencia,

los

efectos

concluimos

de

la

que

al

solidaridad,

ser

la

16

CC-2014-723

interrupción del término prescriptivo frente a uno de los

cocausantes

surtía efectos– por virtud del Art. 1874 del

Código Civil, supra- contra todos los demás que fueran

cocausantes solidarios del daño. Por lo tanto, aquellos

cocausantes que inicialmente no hubieran sido demandados

podían ser traídos posteriormente al pleito, tanto por el

demandante (por vía de enmienda a la demanda) como por los

demandados

(a

través

de

una

demanda

contra

tercero).

Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, pág. 608. Por lo

tanto, al disponer del caso permitimos que los demandantes

trajeran

a

los

médicos

cuatro

años

presentación

a

tiempo

de

demanda

la

después,

pues

original

la

había

interrumpido el término prescriptivo.

Por último, recientemente resolvimos Fraguada Bonilla

v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, caso que también versaba sobre

una demanda por impericia médica. Transcurridos seis años

desde

la

presentación

de

la

demanda,

los

demandantes

solicitaron enmendarla para incluir como codemandados a

dos doctores, a pesar de que tenían conocimiento de la

identidad y participación de éstos desde la fecha en que

ocurrieron

los

hechos.

Fraguada

Bonilla

v.

Hosp.

Aux.

Mutuo, supra, en la pág. 392. Luego de que el Tribunal de

Primera

Instancia

permitiera

la

enmienda,

uno

de

los

doctores solicitó que se dictara sentencia sumaria, pues

la tardanza injustificada de los demandantes al reclamar

seis

años

después

constituía

una

falta

de

diligencia

17

CC-2014-723

crasa. No obstante, basándose en Arroyo v. Hospital La

Concepción, supra, los tribunales recurridos declararon no

ha lugar a la moción.

Al disponer del caso, comenzamos por reiterar que el

Código Civil no establece expresamente la naturaleza de la

obligación de los cocausantes de un daño extracontractual.

Luego,

procedimos

a

considerar

las

consecuencias

de

interpretar –como habíamos hecho hasta entonces- que los

efectos de la solidaridad en el ámbito extracontractual se

extendían

para

interrumpir

el

término

prescriptivo

con

respecto a todo posible cocausante. El resultado era que

se

socavaba

el

principio

de

la

prescripción,

particularmente cuando en el Código Civil se establece el

término breve de un año para el ejercicio de las acciones

sobre

responsabilidad

civil

extracontractual.

Fraguada

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 388.

Expusimos

que

bajo

la

jurisprudencia

anterior

se

había permitido que un demandante decidiera en qué momento

reclamarle a un supuesto cocausante, aún cuando el término

prescriptivo

para

pues,

la

que

ello

norma

había

transcurrido.

anterior

era

Concluimos,

contraria

a

los

fundamentos de la prescripción, facilitaba el ejercicio

arbitrario

y

inestabilidad

negligente

en

las

de

los

derechos,

promovía

relaciones

jurídicas

y

la

permitía

injusticias patentes contra los que eran demandados varios

años después. Estos demandados podrían encontrarse en una

18

CC-2014-723

posición de indefensión debido a la pérdida de prueba o la

gran

dificultad

para

conseguirla.

Fraguada

Bonilla

v.

establecida

en

Hosp. Aux. Mutuo, supra, págs. 386 y 387.

Por

esa

razón,

revocamos

la

norma

Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, en cuanto a la

interrupción

del

término

prescriptivo

y

adoptamos

la

figura de la solidaridad impropia (también conocida como

obligación in solidum) en lo atinente a la interrupción de

la

prescripción.15

En

consecuencia,

resolvimos

prospectivamente que “el Art. 1974 del Código Civil no

aplica a los casos de daños y perjuicios al amparo del

Art. 1802 del Código Civil”, Fraguada Bonilla v. Hosp.

Aux. Mutuo, supra, pág. 389, y explicamos que en adelante:

[E]l

perjudicado

podrá

recobrar

de

cada

cocausante demandado la totalidad de la deuda

que proceda, porque los efectos primarios de la

solidaridad se mantienen. Sin embargo, deberá

interrumpir la prescripción en relación con cada

cocausante por separado, dentro del término de

un año establecido por el Art. 1868 del Código

Civil si desea conservar su causa de acción

contra cada uno de ellos. [...] De esta forma,

la presentación oportuna de una demanda contra

un presunto cocausante no interrumpe el término

prescriptivo contra el resto de los alegados

cocausantes, porque tal efecto secundario de la

solidaridad no obra en la obligación in solidum.

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, íd.

(énfasis en el original) (citas omitidas).

15

Acogiendo así la postura disidente de algunos miembros de este

Tribunal que desde varios años antes venían favoreciendo este curso de

acción. Véase Arroyo v. Hosp. La Concepción, supra, pág. 608 (Opinión

disidente emitida por Hernández Denton, J.). Véase también García

Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 160 (2009) (Opinión disidente

emitida por Rodríguez Rodríguez, J.).

19

CC-2014-723

Así, este Tribunal concluyó que la adopción de la

solidaridad

impropia

u

obligación

in

solidum,

en

lo

referente a la interrupción del término prescriptivo en

acciones de daños y perjuicios, era la norma que mejor

armonizaba instituciones y conceptos tan relevantes como

la prescripción, la solidaridad y la teoría cognoscitiva

del daño, conduciendo a un balance más equitativo entre

las partes. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra,

pág. 391.

D. La solidaridad impropia u obligación in solidum

Los franceses distinguen entre los efectos primarios

y secundarios de la solidaridad. Los efectos primarios se

refieren a que el acreedor tiene derecho a exigir de cada

codeudor el pago íntegro de la deuda y cada codeudor está

obligado a así hacerlo. Asimismo, el pago realizado por

cualquiera

de

los

codeudores

libera

a

todos

de

la

obligación frente al acreedor. H. Mazeud, L. Mazeud & J.

Mazeud,

Lecciones

de

Derecho

Civil,

Buenos

Aires,

Eds.

Jurídicas Europa-América, 1960, Vol. III, 2da parte, págs.

317-318. Por su parte, entre los efectos secundarios de la

solidaridad

se

encuentra

el

que

la

interrupción

del

término prescriptivo con respecto a uno de los codeudores

se

extiende

para

afectar

a

todos.

Josserand,

Derecho

Civil, Buenos Aires, Eds. Jurídicas Europa-América, 1950,

T. II, Vol. I, págs. 612-615.16

16

Véase también, G. Marty, Derecho Civil, Puebla,

Universidad de Puebla, 1952, Vol. II, págs. 139-141.

Pubs.

de

la

20

CC-2014-723

El

Código

naturaleza

de

Civil

la

francés

no

establece

obligación

que

surge

cuál

cuando

es

un

la

daño

extracontractual es causado por más de una persona. Sin

embargo,

la

doctrina

categorizan

esta

y

la

jurisprudencia

en

ese

país

como

solidum.

H.

obligación

una

in

Mazeud, L. Mazeud & A. Tunc, Tratado teórico y práctico de

la responsabilidad civil delictual y contractual, Buenos

Aires, Eds. Jurídicas Europa-América, 1977, T. II, Vol.

II, págs. 595-596. Las obligaciones in solidum presentan

los

efectos

primarios

de

la

solidaridad,

pero

no

los

secundarios. De manera que cada cocausante está obligado,

independientemente de su grado de culpa o por ciento de

responsabilidad en el daño, a indemnizar íntegramente al

perjudicado y el pago de la deuda por cualquiera de ellos

libera a los demás de la obligación frente al perjudicado.

Josserand, op. cit., págs. 617-618. Sin embargo, al no

operar

término

los

efectos

secundarios

prescriptivo

tiene

de

que

la

ser

solidaridad,

interrumpido

el

con

respecto a cada cocausante individualmente. H. Mazeud, L.

Mazeud & A. Tunc, op. cit., pág. 596; H. Mazeud, L. Mazeud

& J. Mazeud, op. cit., págs. 327-328.

La distinción práctica entre los efectos primarios y

secundarios

se

representación.

solidaridad

en

contractuales

o

justifica

a

base

Debido

al

el

contexto

al

carácter

del

origen

de

expreso

concepto

convenido

las

de

de

la

de

la

obligaciones

ésta

cuando

se

21

CC-2014-723

deriva

de

la

ley,

los

codeudores

se

consideran

representantes los unos de los otros en atención a la

comunidad de intereses que entre ellos existe. H. Mazeud,

L. Mazeud & J. Mazeud, op. cit., págs. 315-316. Se recurre

a

la

idea

de

representarse

un

mandato

mutuamente,

tácito

pues

la

entre

ellos

para

solidaridad

fue

convenida o estaba ya preceptuada en la ley. G. Ripert &

J. Boulanger, Tratado de Derecho civil según el tratado de

Planiol, Buenos Aires, Eds. La Ley, 1965, T. V, 2da parte

(Obligaciones), págs. 534-535; Josserand, op. cit., pág.

611.

Pero cuando unas personas son codeudoras por el hecho

de

haber

concurrido

en

la

causación

de

un

daño

extracontractual, no existe entre ellas esa relación de

representatividad. H. Mazeud, L. Mazeud & J. Mazeud, op.

cit., pág. 328.17 Cada uno responde por el todo frente al

perjudicado porque, al igual que en los efectos primarios,

se trata de un mismo daño indivisible. Sin embargo, cuando

hablamos de los efectos secundarios de la solidaridad los

actos procesales como la interrupción de la prescripción

deben

efectuarse

de

forma

independiente

por

cada

cocausante pues uno no es representante del otro.

17

“Lo cierto es que la representación recíproca de los deudores

solamente se justifica si existe entre ellos una comunidad de

intereses; no tiene razón alguna de ser si los deudores entienden

permanecer ajenos los unos a los otros y si la solidaridad les es

impuesta en razón de las circunstancias, tal vez puramente fortuitas,

en que nacieron sus deudas”. G. Ripert & J. Boulanger, op. cit., pág.

535.

22

CC-2014-723

Por su parte, en España la distinción entre efectos

primarios

y

secundarios

de

la

solidaridad

es

de

más

reciente cuño. Fue en su sentencia de 14 de marzo de 2003

que

el

figura

Tribunal

de

la

Supremo

español

solidaridad

acogió

impropia

en

expresamente

el

marco

de

la

las

acciones sobre responsabilidad civil extracontractual con

pluralidad

de

causantes.18

Específicamente,

el

Tribunal

Supremo español resolvió que el Art. 1974 de su Código

Civil

-el

cual

establece

que

la

interrupción

de

la

prescripción en las obligaciones solidarias perjudica a

todos los deudores- aplica únicamente a las obligaciones

solidarias propias, mas no a las impropias:

La presente sentencia cuya deliberación originó

discrepancias entre los miembros de la Sala de

Justicia que la autoriza, acerca de la cuestión

jurídica básica que sustenta el recurso, se

dicta previa consulta a la junta general de los

Magistrados de la Sala Primera del Tribunal

Supremo, celebrada el día 27 de marzo de 2003,

que adoptó, por amplia mayoría de votos el

acuerdo que se transcribe: el párrafo primero

del artículo 1.974 del Código Civil únicamente

contempla efecto interruptivo en el supuesto de

las obligaciones solidarias en sentido propio

cuando tal carácter deriva de norma legal o

pacto convencional, sin que pueda extenderse al

ámbito de la solidaridad impropia, como es la

derivada

de

responsabilidad

extracontractual

cuando son varios los condenados judicialmente.

S. de 14 de marzo de 2003, Núm. 223/2003,

Repertorio de Jurisprudencia, 2003/3645.

De

manera

que

después

de

esta

sentencia,

el

perjudicado que ha sufrido un daño extracontractual por la

culpa o negligencia de varios cocausantes y que pretenda

18

S. de 14 de marzo

Jurisprudencia 2003/3645.

de

2003,

Núm.

223/2003,

Repertorio

de

23

CC-2014-723

exigir

responsabilidad

de

todos

deberá

interrumpir

el

término prescriptivo respecto a cada uno individualmente e

incluirlo

en

la

demanda.

La

jurisprudencia

española

justifica este resultado en la falta de representatividad

entre los cocausantes, aunque lo explica distinto a como

lo ha hecho la doctrina francesa. Así, para el Tribunal

Supremo español, a pesar de que la obligación de reparar

nace una vez ocurre el daño, la solidaridad en el contexto

extracontractual no se produce sino hasta que el tribunal

la declara en la sentencia:

En la solidaridad que nace convencionalmente o

por disposición legal, se aplica claramente la

interrupción de la prescripción a todos los

deudores solidarios por aplicación del artículo

1974 del Código Civil. Pero si la solidaridad no

nace sino de la sentencia, que es la llamada

solidaridad impropia, la interrupción de la

prescripción respecto a uno de los deudores no

alcanza a otro, ya que no era deudor solidario y

sólo lo fue desde la sentencia que así lo

declaró, no antes. S. de 4 de junio de 2007,

Núm. 662/2007, Repertorio de Jurisprudencia

2007/3612.

El Tribunal Supremo español también ha dicho que en

supuestos

de

solidaridad,

solidaridad

al

igual

impropia

que

nacen

los

con

efectos

la

de

la

sentencia,

se

agotan en la sentencia, por lo cual no procede extenderlos

a personas que no hayan sido demandadas y condenadas. En

tales casos, el por ciento de responsabilidad en el daño

que

se

le

atribuya

a

demandadas

y

condenadas

condenados

solidariamente,

esas

personas

que

no

no

asumen

los

cocausantes

que

descuenta

lo

sino

se

fueron

de

la

24

CC-2014-723

indemnización del perjudicado. S. de 17 de junio de 2002,

Núm. 631/2002, Repertorio de Jurisprudencia 2002/5223;19 S.

de 21 de octubre de 2002, Núm. 967/2002, Repertorio de

Jurisprudencia

2002/8770;

Tratado

de

responsabilidad

civil, 4ta ed., Pamplona, Ed. Aranzadi, 2008, T. I, pág.

988, (L. Fernando Reglero Campos, coordinador).

E. La acción de nivelación

A la relación entre el perjudicado y los cocausantes

del daño se le conoce como relación externa. Como hemos

dicho, tanto en la solidaridad propia como en la impropia

cada cocausante tiene la obligación de responder frente al

perjudicado por la totalidad de sus daños. Sin embargo, en

nuestra jurisprudencia hemos distinguido la culpa de cada

uno

de

los

cocausantes,

determinando

su

particular

por

ciento de responsabilidad en el daño.20 Esta relación entre

los

cocausantes

en

función

de

su

respectiva

cuota

de

responsabilidad, se conoce como relación interna y dentro

de

ésta

podría

tener

lugar

la

acción

de

nivelación.

Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 D.P.R. 889, 901

(2012).

Cuando alguno de los cocausantes paga la totalidad de

la

19

condena

impuesta,

los

demás

cocausantes

quedan

Aunque esta sentencia es anterior a la de 14 de marzo de 2003 en la

que se acogió sin ambages la solidaridad impropia, esta última se

apoyó en la primera para sostener que la distinción entre solidaridad

propia e impropia no se trataba de una nueva norma, sino que desde

antes ese Tribunal había resuelto a base de dicha distinción.

20

Asimismo, cuando no es posible atribuir un por ciento de

participación preciso, lo hemos fijado por partes iguales entre todos

los cocausantes. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 D.P.R. 701,

707 (1987).

25

CC-2014-723

liberados de la obligación ante el perjudicado. Por ello,

bajo nociones de equidad hemos reconocido la acción de

nivelación

a

favor

del

cocausante

que

indemniza

al

perjudicado en una proporción mayor a su grado de culpa en

el daño. Mediante esta acción el cocausante que pagó le

puede reclamar a los otros el reembolso correspondiente

según sus respectivos porcientos de responsabilidad. De

otro modo resultaría una situación contraria al principio

que

prohíbe

el

enriquecimiento

injusto.

Id;

US

Fire

acción

de

Insurance v. A.E.E., 174 D.P.R. 846, 858 (2008).

Debido

nivelación,

al

carácter

ésta

sólo

subsidiario

procede

de

contra

la

aquellos

que

judicialmente hayan sido declarados cocausantes solidarios

Por

lo

tanto,

si

un

tribunal

concluye

que

determinado

demandado no tuvo culpa en el daño, éste no es cocausante

y no puede haber acción de nivelación en su contra. De

igual forma, si la obligación de un cocausante se extingue

o deja de ser exigible, dicho cocausante queda liberado y

los otros no pueden recurrir a la acción de nivelación.21

De otra parte, aunque la acción de nivelación surge

cuando uno de los cocausantes paga en una proporción mayor

a su por ciento de responsabilidad, hemos permitido el uso

21

Así, hemos resuelto, por ejemplo, que cuando uno de los cocausantes

transige con el perjudicado y éste lo libera de toda responsabilidad,

dicho perjudicado asume el por ciento de participación de ese

cocausante en el daño. S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., 158 D.P.R.

648, 656 (2003). Como los cocausantes que permanecen en el pleito no

tienen que responder por el por ciento de responsabilidad del que fue

liberado, cualquier acción de nivelación contra éste carece de

fundamentos. Id.

26

CC-2014-723

de la demanda contra tercero como mecanismo procesal para

traer al pleito a un presunto cocausante y viabilizar una

potencial acción de nivelación contingente al resultado de

la demanda. Id.; Security Ins. Co. v. Tribunal Superior,

101

D.P.R.

191,

198

(1973).

Así

se

facilita

la

dilucidación de responsabilidad y se promueve la economía

procesal.

No obstante, la premisa que posibilita la acción de

nivelación

contingente

es

que

la

causa

de

acción

del

demandante contra el tercero demandado no esté prescrita.

Como vimos en algunos de los casos reseñados, esa fue la

principal defensa que trataron de utilizar los terceros

demandados. García v. Gobierno de la Capital, supra. Sin

embargo, en aquel momento la declaramos sin lugar, pues

concluimos

que

la

demanda

original

presentada

a

tiempo

había interrumpido el término prescriptivo por virtud del

Art. 1874 del Código Civil, supra. Pero como veremos, esto

cambió después de Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, al

resolver que el Art. 1874 del Código Civil,

aplica

en

las

extracontractual

acciones

con

sobre

pluralidad

supra, no

responsabilidad

de

causantes.

civil

Pasemos

ahora a aplicar este derecho a la controversia de autos.

III

En

demanda

el

presente

contra

caso,

tercero

los

para

recurridos

incluir

al

instaron

una

E.L.A.

el

en

pleito. Alegaron que el E.L.A. negligentemente permitió

27

CC-2014-723

que

el

velero

del

señor

Ramos

Inchautegui

permaneciera

anclado sin autorización y con las luces apagadas, creando

una situación de peligro que resultó en el choque de las

embarcaciones.

Así,

sostuvieron

que

el

responderle

directamente

a

la

alternativa,

a

la

cantidad

ellos

por

E.L.A.

demandante

o,

que

debía

en

la

tuvieran

que

pagar como indemnización.

Ya

pudiera

que

cualquier

tener

contra

reclamación

el

E.L.A.

que

la

estaba

demandante

prescrita,

el

Tribunal de Primera Instancia concluyó que no procedía la

demanda contra tercero para que el E.L.A. le respondiera

directamente

a

la

demandante.

Asimismo,

resolvió

que

tampoco procedía para que le respondiera a los recurridos

por cualquier suma que éstos tuvieran que pagar. Razonó

que los recurridos no podían revivir la causa de acción de

la

demandante

nivelación

indirectamente

contingente.

Por

por

vía

de

lo

tanto,

una

dictó

acción

de

sentencia

parcial y desestimó la demanda contra tercero.

Los

Tribunal

recurridos

de

apelaron

Apelaciones

esta

sostuvo

la

determinación.

desestimación

de

El

la

demanda contra tercero en lo referente a incluir en el

pleito al E.L.A. para que le respondiera a la demandante.

Sin embargo, revocó aquella parte de la sentencia parcial

que desestimó la acción de nivelación contingente. Expresó

que en Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, este Tribunal

mantuvo

la

vigencia

de

los

efectos

primarios

de

la

28

CC-2014-723

solidaridad, por lo cual los recurridos estaban sujetos a

pagar la totalidad de los daños independientemente de que

la acción de la demandante estuviera prescrita a favor del

E.L.A. Inconforme, el E.L.A. recurrió ante nos y señaló

que el tribunal intermedio incidió al permitir una acción

de nivelación contingente, a pesar de que frente a ella la

causa de acción original estaba prescrita.

Efectivamente,

en

Fraguada

v.

Hosp.

Aux.

Mutuo,

supra, dijimos que cada uno de los cocausantes demandados

continuaba siendo responsable de pagar la totalidad de la

deuda que procediera. Asimismo, en el escolio 13 de esa

Opinión aclaramos que la presunción de mancomunidad que

establece el Art. 1090 del Código Civil, supra, no aplica

en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual.

Por lo tanto, la obligación que surge cuando un daño es

causado

por

una

pluralidad

de

sujetos

es

de

carácter

solidaria. Sin embargo, especificamos que se trata de una

solidaridad impropia en el sentido de que la interrupción

del término prescriptivo frente a un cocausante no tiene

el

efecto

de

interrumpir

automáticamente

el

término

prescriptivo para todos los demás cocausantes del daño que

fueran conocidos por el demandante.

Entendimos que esta norma era la que mejor armonizaba

con una institución tan relevante en nuestro ordenamiento

jurídico como lo es la prescripción. El Art. 1868 del

Código Civil, supra, fija un término prescriptivo de un

29

CC-2014-723

año

para

las

acciones

extracontractual

deliberadamente

y

la

sobre

responsabilidad

brevedad

pretendida

por

de

el

ese

civil

término

legislador

como

fue

una

manera de contrarrestar la incertidumbre que caracteriza a

este tipo de obligación. Resultaba, pues, incompatible que

un demandante se cruzara de brazos y, amparándose en la

interrupción automática, pretendiera tiempo después traer

al pleito a un cocausante cuya responsabilidad conocía o

podía

conocer.

Además,

precisamos

que

la

teoría

cognoscitiva del daño seguía estando vigente, por lo que

si durante el proceso judicial un demandante advenía en

conocimiento

de

la

responsabilidad

de

un

presunto

cocausante, podía enmendar la demanda para incluirlo como

demandado.

El

Tribunal

de

Apelaciones

interpretó

nuestras

expresiones en Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, como

susceptibles

de

permitir

una

acción

de

nivelación

contingente en una situación como la de autos en que la

reclamación original sobre daños y perjuicios ha prescrito

con relación al tercero demandado. Sin embargo, ello no es

compatible con lo que este Tribunal resolvió. Aunque en

Fraguada v. Hosp. Aux Mutuo, supra, no se trataba de una

demanda contra tercero sino de una enmienda a la demanda

promovida por el demandante una vez había transcurrido el

término prescriptivo, el problema sobre prescripción que

allí discutimos aplica de manera similar.

30

CC-2014-723

Es decir, debido a que la reclamación sobre daños y

perjuicios es la causa de acción principal y la acción de

nivelación es subsidiaria y dependiente, si la primera no

está disponible por motivo de prescripción, la segunda se

torna improcedente. “No puede permitirse indirectamente,

por vía de tercero, lo que está impedido en una acción

directa”.

(2005);

González

Cortijo

v.

Multiventas,

165

v.

Fluviales,

Walter

Fuentes

D.P.R.

873,

91

883

D.P.R.

575, 581 (1964). Al prescribir la reclamación sobre daños

y perjuicios a favor de un cocausante, éste queda liberado

de tener que responder pues su responsabilidad deja de ser

exigible.22

Lo

contrario

violentaría

los

fundamentos

de

Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra.

El propósito de promover el reclamo diligente de los

derechos,

la

seguridad

en

el

tráfico

jurídico

y

la

estabilidad de las relaciones en nuestro ordenamiento se

vería frustrado de resolver como lo hizo el Tribunal de

Apelaciones. Una de las consecuencias sería que aún cuando

un perjudicado conociera que su daño fue causado por la

culpa o negligencia de varias personas, pueda cruzarse de

brazos, demandar sólo a uno y cobrar de éste la totalidad

de

la

indemnización.

A

su

vez,

ese

cocausante

podría

presentar una acción de nivelación contingente durante el

22

“Así, cuando transcurre el periodo de tiempo que fija la ley se

extingue la acción para hacer efectivo el derecho en cuestión y el

deudor queda liberado de su obligación en tanto puede negarse a

cumplir con ella fundamentado en que ésta fue reclamada tardíamente”.

Meléndez Guzmán v. Berríos López, supra, en la pág. 1018. Véase

también García Aponte et al. v. E.L.A. et al., 135 D.P.R. 137, 142

(1994).

31

CC-2014-723

pleito o reclamarle –después de dictada la sentencia- a

otros posibles cocausantes, escenarios que pueden ocurrir

años después de presentada la demanda en vista de que el

derecho a nivelar no surge hasta que el cocausante paga

más de lo que le corresponde. El análisis que hicimos en

Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, para armonizar la

responsabilidad

solidaria,

la

prescripción

y

la

teoría

cognoscitiva del daño habría sido en vano.

Por el contrario, si la reclamación del perjudicado

contra determinado cocausante está prescrita, ninguno de

los

cocausantes

pleito

para

demandados

que

le

a

responda

tiempo

al

puede

traerlo

perjudicado.

Al

al

estar

prescrita a su favor la causa de acción, ese cocausante no

está sujeto a responderle al perjudicado. Art. 1830 del

Código

Civil,

cocausantes

contra

31

L.P.R.A.

demandados

tercero,

sec.

tampoco

presentar

en

5241.23

pueden,

su

Asimismo,

mediante

contra

una

los

demanda

acción

de

nivelación contingente, pues al extinguirse el derecho del

perjudicado a exigir responsabilidad de ese cocausante,

cesa la obligación para los demás cocausantes de responder

por

la

parte

de

aquel

en

el

daño.

“La

Regla

12.1

de

Procedimiento Civil [sobre la demanda contra tercero] no

crea, extiende o limita derechos sustantivos”. Gen. Accid.

Ins. Co. P.R. v. Ramos, supra, pág. 534; Colón v. Coop. de

Seguros Múltiples de P.R., supra, pág. 571.

23

“También se extinguen del propio modo por la prescripción los

derechos y las acciones, de cualquier clase que sean”. Art. 1830 del

Código Civil, supra.

32

CC-2014-723

En tal caso, el por ciento de responsabilidad de ese

cocausante que no fue demandado a tiempo con conocimiento

del demandante se resta de la totalidad y el perjudicado

será indemnizado por el valor monetario de la diferencia

que resulte. De la totalidad de esa diferencia responderán

solidariamente todos los cocausantes demandados dentro del

término prescriptivo. Lo anterior es consecuencia de la

solidaridad

impropia

u

obligación

in

solidum

según

la

adoptamos en Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra:

[E]l

perjudicado

podrá

recobrar

de

cada

cocausante demandado la totalidad de la deuda

que proceda, porque los efectos primarios de la

solidaridad se mantienen. Sin embargo, deberá

interrumpir la prescripción en relación con cada

cocausante por separado, dentro del término de

un año establecido por el Art. 1868 del Código

Civil si interesa conservar su causa de acción

contra cada uno de ellos. Fraguada v. Hosp. Aux.

Mutuo, supra, pág. 389.

Así,

por

ejemplo,

si

un

daño

extracontractual

es

ocasionado por cuatro cocausantes solidarios a quienes el

perjudicado

tribunal

demanda

adjudica

responsabilidad

de

manera

los

respectivos

(supongamos

que

oportuna,

le

por

atribuye

una

vez

el

cientos

de

25%

a

cada

uno) el perjudicado tiene derecho a cobrar de cualquiera

de ellos la totalidad (el 100%) de la indemnización. De la

misma forma, si uno de los cuatro paga toda la deuda, el

que

pagó

puede

nivelar

con

los

demás

y

requerir

el

reembolso correspondiente a sus respectivos por cientos de

responsabilidad.

33

CC-2014-723

Por

el

contrario,

perjudicado

(a

quiénes

causaron

lo

pesar

si

de

y

en

el

conocer

los

ejemplo

que

elementos

anterior

sufrió

el

un

daño,

necesarios

para

ejercitar su causa de acción) insta una demanda dentro del

término prescriptivo sólo contra dos cocausantes, pero con

respecto a los otros dos la acción prescribe, los dos

cocausantes demandados a tiempo no pueden valerse de una

demanda contra tercero para traer al pleito a los que

quedaron fuera. Al estar prescrita a su favor la causa de

acción original, los cocausantes que no fueron demandados

a tiempo no son responsables frente al perjudicado y, como

consecuencia, no se configura una relación de solidaridad

con respecto a los cocausantes demandados. De resolver el

tribunal que, en efecto, el daño fue ocasionado por los

cuatro cocausantes y fijar el por ciento de culpa de cada

uno en 25%, del total (100%) de las participaciones en el

daño restará el 50% de culpa correspondiente a los dos

cocausantes

con

respecto

a

los

cuales

la

acción

prescribió. El perjudicado sólo tendrá derecho al restante

50% correspondiente a la participación en el daño de los

cocausantes

que

demandó

a

tiempo.

La

indemnización

equivalente a ese 50% podrá cobrarla de cualquiera de los

dos

cocausantes

demandados,

quienes

responden

solidariamente.24

24

Siguiendo este ejemplo, cualquiera de los dos cocausantes demandados

a tiempo que indemnice al perjudicado en una proporción mayor a su 25%

de responsabilidad, podrá nivelar con el otro y exigir el reembolso

correspondiente.

34

CC-2014-723

Con respecto a la controversia que hoy atendemos, la

conclusión a la cual llegamos es la que más claramente se

deriva del análisis y los fundamentos en los que este

Tribunal se basó al resolver Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo,

supra. La solidaridad en el ámbito de la responsabilidad

civil extracontractual se mantiene, pero se trata de una

solidaridad

impropia

en

lo

que

a

la

interrupción

del

término prescriptivo se refiere. Por ende, el perjudicado

debe interrumpir el término prescriptivo de un año que

establece el Art. 1868 del Código Civil, supra, frente a

cada

presunto

cocausante

individualmente

si

es

que

pretende conservar su causa de acción contra cada uno de

ellos.

Como

traer

al

presunto

corolario,

pleito

un

cocausante

mediante

cocausante

demanda

solidario

con

demandado

contra

no

tercero

respecto

a

puede

a

un

quien

la

causa de acción del perjudicado prescribió. Prescrita a su

favor la causa de acción, ese alegado cocausante no está

sujeto a responderle al perjudicado ni tampoco, mediante

una acción de nivelación, a los cocausantes demandados.

“La prescripción constituye la forma de extinción de un

derecho debido a la inercia en ejercerlo por su titular,

durante un tiempo determinado”. Santiago v. Ríos Alonso,

supra,

pág.

188;

Galib

Frangie

v.

El

Vocero

de

P.R.,

supra, pág. 566. Si después de celebrado el juicio el

tribunal concluyera que el presunto cocausante que no fue

35

CC-2014-723

demandado

a

tiempo

en

efecto

contribuyó

a

producir

el

daño, el por ciento de responsabilidad que se le atribuya

se descontará de la indemnización del perjudicado. Ello,

ya

que

fue

su

propia

interrumpir

el

posición

hacerlo-

de

falta

término

de

diligencia

prescriptivo

lo

que

-al

no

cuando

estaba

en

que

perdiera

el

provocó

derecho a reclamar ese por ciento de responsabilidad.

Por

último,

ordenamiento

debemos

jurídico

rige

recalcar

que

la

cognoscitiva

teoría

en

nuestro

del

daño. Por lo tanto, el término prescriptivo para exigir

responsabilidad por un daño extracontractual comienza a

transcurrir cuando el perjudicado conoció –o debió conocer

de haber procedido diligentemente- la existencia del daño,

quién lo causó, así como los elementos necesarios para

ejercer

efectivamente

la

causa

de

acción.

Si

en

el

transcurso del proceso judicial el perjudicado adviene en

conocimiento

de

la

cocausante,

será

prescriptivo

comenzará

responsabilidad

desde

ese

a

de

momento

transcurrir

un

que

en

presunto

el

cuanto

término

a

este

último.

Asimismo, mantenemos la acción de nivelación que por

primera

vez

reconocimos

Capital,

supra.

Dicha

en

García

acción

v.

operará

Gobierno

en

la

de

la

relación

interna entre los cocausantes solidarios del daño cuando

cualquiera

de

ellos

indemnice

al

perjudicado

en

una

proporción mayor a la que le corresponde. Sin embargo,

36

CC-2014-723

para

que

proceda

la

acción

de

nivelación

contra

es

requisito

que

éste

responsable

cocausante

un

sea

un

solidariamente frente al perjudicado, pues sólo así puede

haber derecho a exigir el reembolso por su responsabilidad

concurrente en el daño. Lo anterior no sucede cuando la

causa de acción sobre daños y perjuicios ha prescrito a su

favor.

Al

repasar

los

hechos

del

presente

caso,

no

hay

controversia en cuanto a que la demandante no le reclamó

extrajudicialmente al E.L.A. Por su parte, en la demanda

incluyó

como

codemandados

a

los

recurridos

Carlos

Juan

Suárez González y Carlos Suárez Miranda como conductor y

propietario, respectivamente, de la lancha en la cual se

encontraba cuando ocurrió el accidente. Demandó también al

señor Ramos Inchautegui como dueño del velero contra el

que

chocó

la

embarcación.

Surge

del

expediente

que

el

alegado accidente ocurrió el 24 de julio de 2011. Sin

embargo, no fue hasta el 22 de agosto de 2013

-cuando

los recurridos presentaron la demanda contra tercero- que

el E.L.A. tuvo conocimiento de alguna reclamación en su

contra. Así lo determinó el Tribunal de Primera Instancia

y ello no fue controvertido.

Al

haber

demandante

pueda

transcurrido

exigir

el

término

responsabilidad

para

del

que

la

E.L.A.,

la

demanda contra tercero no procede. Aún presumiendo que el

E.L.A.

haya

actuado

negligentemente

–sobre

lo

cual

no

37

CC-2014-723

estamos haciendo determinación alguna-, al estar prescrita

la causa de acción, el E.L.A. no está sujeto a responderle

a la demandante ni a los recurridos. Por lo tanto, no se

satisfacen

ninguno

de

los

requisitos

que

contempla

la

Regla 12.1 de Procedimiento Civil, supra, para que proceda

una demanda contra tercero. Así pues, la demanda contra

tercero presentada por los recurridos en el presente caso

debe ser desestimada.

IV

Por los fundamentos expuestos, se revoca la decisión

del Tribunal de Apelaciones en cuanto permite la acción de

nivelación

contingente

contra

el

E.L.A.,

mediante

la

demanda contra tercero. Se reinstala la sentencia parcial

del Tribunal de Primera Instancia en todos sus extremos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta

CC-2014-723

38

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Adria Maldonado Rivera

Recurrida

v.

Carlos Suárez y otros

CC-2014-723

Recurrido

Estado

Libre

Puerto Rico

Asociado

de

Peticionario

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de marzo de 2016.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de la presente

Sentencia,

se

revoca

la

decisión

del

Tribunal

de

Apelaciones en cuanto permite la acción de nivelación

contingente contra el E.L.A., mediante la demanda contra

tercero. Se reinstala la sentencia parcial del Tribunal de

Primera Instancia en todos sus extremos.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica el

Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora

Pabón Charneco disiente y hace constar la siguiente

expresión a la que se une el Juez Asociado señor Rivera

García:

“La Jueza Asociada señora Pabón Charneco

disiente por las razones que expresara en su

Opinión Disidente en Fraguada Bonilla v. Hosp.

Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 396-412 (2012).

La adopción “parcial” de la doctrina de las

obligaciones in solidum por este Tribunal sin

mayor

análisis

sobre

sus

39

CC-2014-723

repercusiones

en

vez

de

abrazar

las

herramientas

que

sí

reconoce

nuestro

ordenamiento

jurídico

ha

dislocado

esas

instituciones

y

conceptos

que

pretendía

armonizar. El caso de autos es ejemplo de cómo

los préstamos tomados de otros ordenamientos

jurídicos pueden afectar los derechos de las

partes,

dificultar

la

labor

de

nuestros

tribunales y requerir constantes remiendos.

Tras comenzar a disiparse los efectos del

carácter prospectivo de Fraguada Bonilla v.

Hosp. Aux. Mutuo, supra, este caso ha requerido

que

una

mayoría

del

Tribunal

aborde

jurisprudencialmente

algunas

de

las

serias

interrogantes causadas por la adopción de la

doctrina. Sus efectos son desconocidos por

nuestro

ordenamiento

y

ahora

no

se

ven

enmarcados por la coherencia que el Código Civil

proveyó

por

décadas

a

la

figura

de

la

solidaridad.

Véanse

por

ejemplo,

Rodríguez

Caraballo v. Departamento de Transportación y

Obras

Públicas,

KLCE201501080 (sobre cuándo

surge la causa de acción contra el cocausante no

demandado); Soto López v. Supermercados Econo

Corp., KLCE201400476; R&C Painting Corporation

v.

Consejo

de

Titulares,

KLAN201401831,

KLAN201401836 (sobre la aplicación de Fraguada

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, a casos de

responsabilidad

absoluta

por

producto

defectuoso); Ramírez-Ortiz v. Corporación del

Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del

Caribe,

994

F.Supp.2d

218

(2014)(sobre

la

existencia

de

solidaridad

perfecta

entre

hospital y doctor cuando el paciente confía su

salud al hospital). Véase además, J.J. Álvarez

González,

Responsabilidad

Civil

Extracontractual, 83 (Núm. 3) Rev. Jur. U.P.R.

893, 899 (2014)(Análisis del caso Fraguada

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, en cuanto al

efecto de mancomunidad de la Opinión, los

posibles

incidentes

de

colusión

entre

los

cocausantes,

la

complicación

litigiosa,

la

dificultad

para

alcanzar

transacciones

extrajudiciales, y el aumento en el riesgo de

que el demandante incurra en temeridad)”.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo