LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Torres Montalvo v. Hon. Alejandro García Padilla

2016 TSPR 38

Poder Judicial de Puerto Rico

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Torres Montalvo v. Hon. Alejandro García Padilla

CT-2016-3

Derecho Constitucional: Legitimación activa para presentar un caso y controversia. Facultad del Gobernador de nombrar a la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo. Procedimiento Civil: Imposición de honorarios por temeridad. Regla 44.1 de Procedimiento Civil

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hiram Torres Montalvo

Peticionario

v.

2016 TSPR 38

Hon.

Alejandro

García

Padilla,

Gobernador

del

Estado

Libre

Asociado de Puerto Rico

194 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: CT-2016-3

Fecha: 7 de marzo de 2016

Abogados de la parte Peticionaria:

Lcdo. Hiram Torres Montalvo

Lcdo. Fernando Tarafa Irizarry

Lcdo. Luis D. García Fraga

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray

Procuradora General

Lcda. Laura W. Robles Vega

Procuradora General Auxiliar

Materia: Derecho Constitucional - Legitimación activa para presentar

un caso y controversia. Facultad del Gobernador de nombrar a la

Jueza

Presidenta

del

Tribunal

Supremo.

Procedimiento

Civil:

Imposición de honorarios por temeridad. Regla 44.1 de Procedimiento

Civil

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

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Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hiram Torres Montalvo

Peticionario

v.

Núm. CT-2016-0003

Hon.

Alejandro

García

Padilla, Gobernador del

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

Certificación

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR

FELIBERTI CINTRÓN

(Regla 50)

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2016.

“En

ocasiones

el

silencio

dignifica,

pero

en

otras

perpetúa el abuso y la falta de

respeto.” Hon. Erick V. Kolthoff

Caraballo,

Juez

Asociado,

fragmento de la misiva dirigida

el 23 de febrero de 2016 al Hon.

Eduardo

Bhatia

Gautier,

Presidente

del

Senado

de

Puerto Rico.

Por segunda vez en los pasados dos años, a causa del

retiro

de

los

Jueces

Presidentes

de

este

Foro,

Hon. Federico Hernández Denton y Hon. Liana Fiol Matta,

han surgido rumores, especulaciones y comentarios públicos

sugiriendo que algunos Jueces Asociados de este Tribunal

se

aprestaban

a

dar

un

“golpe

de

estado”,

al

estar

considerando o planificando nombrar a un Juez Presidente

de entre alguno de los miembros de esta Curia.

No fue

CT-2016-0003

2

suficiente para aplacar dichos rumores las declaraciones

públicas

realizadas

por

algunos

de

los

Jueces

de

este

Tribunal a los efectos de que los mismos eran totalmente

falsos e infundados.1

declaraciones

Véanse, por ejemplo, las siguientes

escritas

al

respecto

realizadas

el

4

de

marzo de 2014 por el Exjuez Presidente Hernández Denton,

según publicadas por el periódico El Nuevo Día:2

Luego de dialogar con mis compañeros jueces

asociados y juezas asociadas sobre este asunto,

puedo afirmar que todos estamos de acuerdo en

que es al gobernador de Puerto Rico a quien

corresponde cubrir esa vacante, con el consejo y

consentimiento del Senado. De la misma manera

que

hemos

defendido

las

prerrogativas

constitucionales de la Rama Judicial, somos

deferentes

y

respetamos

las

prerrogativas

constitucionales de las otras ramas de gobierno.

(Énfasis nuestro).3

Hace apenas unos días, en ocasión del retiro de la

Exjueza Presidenta Fiol Matta y la subsiguiente nominación

de la Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, Jueza Asociada, como

Presidenta de este Tribunal, por parte del Gobernador de

Puerto Rico, Hon. Alejandro García Padilla, el Senado de

Puerto Rico, en horas de la tarde del 22 de febrero de

2016, procedió a confirmar a la Jueza Oronoz Rodríguez

como

Jueza

Presidenta

de

este

Tribunal.

Algunos

1

Todo esto está atado al hecho irrefutable de que el alegado “golpe de

estado” antes indicado nunca se materializó al momento de finalizar la

presidencia del Exjuez Presidente Hernández Denton.

2

Cabe señalar que ninguno de los Jueces y Juezas Asociadas de este

Tribunal se expresó públicamente en momento alguno para desmentirlo.

3

Romero Barceló insta a jueces a escoger al presidente del Supremo, El

Nuevo Día, http://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/romerobarceloinsta

ajuecesaescogeralpresidentedelsupremo-1735943/ (última visita, 6 de marzo

de 2016).

CT-2016-0003

3

expresaron que ello se basó en alegados rumores de que

nuevamente un número de Jueces Asociados de este Tribunal

se aprestaba a nombrar al Juez Presidente eligiéndolo de

entre

alguno

de

los

miembros

actuales

de

este

Foro,

aprovechando el caso que había presentado ese mismo día

ante

el

Tribunal

peticionario,

Torres

o

Lcdo.

de

Primera

Instancia

Hiram

Torres

Montalvo

peticionario),

aspirante

a

el

aquí

(licenciado

un

puesto

de

legislador en las próximas elecciones generales.

Con este trasfondo en mente, y con el fin de ponerle

punto final a este lamentable episodio y toda la vorágine

desmedida

y

totalmente

infundada

de

insinuación

y

especulación al respecto, entendemos que llegó el momento

de atender este asunto de una vez y por todas.

A base de lo anterior, pasemos a repasar brevemente

los hechos y el tracto procesal que dan origen al Recurso

de Certificación que hoy atendemos.4

I

El

22

de

febrero

de

2016

el

licenciado

Torres

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una Demanda

de

4

Injunction

Preliminar

y

Permanente

y

Solicitud

de

Mediante un Recurso de Certificación Intrajurisdiccional este Tribunal

posee la autoridad de considerar y resolver, discrecionalmente, cualquier

asunto pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de

Apelaciones, cuando se presenten cuestiones noveles de derecho o se planteen

asuntos de alto interés público que incluyan cualquier cuestión sustancial al

amparo de la Constitución de Puerto Rico. Artículo 3.002 de la Ley Núm. 2012003, 4 LPRA sec. 24s(f) (Sup. 2015); AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros V,

190 DPR 854 (2014); U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253 (2010).

Véanse, además, Brau, Linares v. ELA et als., 189 DPR 1068, 1073-1074 (2013)

(Resolución); Nieves Huertas et al. v. ELA I, 189 DPR 611 (2013) (Sentencia);

Alvarado Pacheco y otros v. ELA, 188 DPR 594 (2013) (Resolución).

CT-2016-0003

4

Sentencia Declaratoria.

y

permanente

Mediante el injunction preliminar

procuraba

impedir

el

nombramiento

y

confirmación de la Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez como

Jueza Presidenta de este Tribunal.

Por otro lado, por

medio del mecanismo de sentencia declaratoria le solicitó

a dicho foro que decretara que no existe fundamento alguno

en

la

Constitución

de

Puerto

Rico

para

delegar

en

la

figura del Gobernador de Puerto Rico el poder de nominar

al

Juez

Presidente

reconociera

que

de

esta

dicha

Curia

función

y,

a

recae

en

la

par,

los

que

Jueces

Asociados.

Ese mismo día, en horas de la tarde, el Senado de

Puerto Rico confirmó a la Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez

como Jueza Presidenta de este Foro.

Inconforme con tal

proceder, el 25 de febrero de 2016 el licenciado Torres

presentó

ante

nos

un

Intrajurisdiccional.

Recurso

de

Certificación

Solicitó que dejemos sin efecto el

nombramiento de la Jueza Presidenta, Hon. Maite D. Oronoz

Rodríguez, y que promulguemos un reglamento interno para

la

selección

Fundamentó

del

su

Juez

solicitud

Presidente

en

la

de

premisa

esta

de

Curia.

que

la

Constitución de Puerto Rico no dispone un mecanismo para

la

selección

del

Juez

Presidente.

Adujo,

además,

que

aunque a través de los años se ha consentido que sea el

Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado,

quien nombre al Juez Presidente, dicho procedimiento no

tiene

sustento

legal

en

nuestra

Constitución,

ni

en

CT-2016-0003

5

jurisprudencia alguna, además de que “vulnera las nociones

más elementales de democracia y de sana administración que

debe

imperar

en

todo

el

Gobierno

de

Puerto

Rico,

incluyendo en sus Tribunales de Justicia […]”.5

Cuatro días más tarde, es decir, el 29 de febrero

de 2016, el Gobierno de Puerto Rico compareció ante nos,

por conducto de la Procuradora General, solicitando que

certifiquemos e invoquemos nuestras prerrogativas bajo la

Regla 50 del Reglamento de este Tribunal (Regla 50),6 con

el propósito de que desestimemos la Demanda presentada por

el licenciado Torres ante el foro primario.

primera

instancia,

que

el

peticionario

Aludió, en

no

ostenta

legitimación activa para: (1) solicitar que se anule un

nombramiento judicial, (2) abogar por la facultad de los

miembros

de

Presidenta

este

y

reglamentación

(3)

Foro

para

solicitar

interna

para

nombrar

que

dicho

este

al

Juez

o

Tribunal

propósito.

Jueza

adopte

Adujo,

además, que la controversia no es justiciable por tratarse

de una cuestión política, cuyo remedio atenta contra la

separación de poderes, y porque con la confirmación de la

Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez como Jueza Presidenta, la

solicitud

de

interdicto

advino

académica.7

Por

último

5

Recurso de Certificación Intrajurisdiccional presentado ante nos por el

Lcdo. Hiram Torres Montalvo el 25 de febrero de 2016, pág. 4.

6

Regla 50 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRA Ap.

XXI-B, R. 50 (2012).

7

Como veremos más adelante, dado el resultado al que arribamos, se hace

innecesario que discutamos todos los argumentos señalados por el Gobierno en

su Urgente Solicitud de Desestimación.

CT-2016-0003

6

alegó que, de todos modos, la Demanda no presenta una

cuestión constitucional sustancial en los méritos.

Para

ello fundamentó su postura en que el texto de nuestra

Constitución es claro al disponer que el poder de nombrar

a todos los jueces en Puerto Rico recae en el Gobernador

con el consejo y consentimiento del Senado.

añadió,

fue

Convención

avalado

por

Constituyente

la

de

clara

Lo anterior,

intención

preservar

el

de

la

método

de

nombramiento y confirmación por las ramas políticas del

Gobierno,

y

por

nuestra

tradición

e

historia

constitucional.

Para disponer de este asunto, expedimos el auto de

certificación y lo atendemos sin trámite ulterior conforme

a la Regla 50.

Veamos.

II

El

peticionario

incoar este pleito.

no

tiene

legitimación

activa

para

No ha demostrado que tiene un interés

propio adverso que se vería afectado por el nombramiento

de la Jueza Presidenta.

Los tribunales estamos llamados a intervenir solo en

casos justiciables.

E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958).

El principio de justiciabilidad requiere que exista una

controversia

genuina,

entre

partes

antagónicas,

que

permita adjudicarla en sus méritos y conceder un remedio

con

efecto

real

sobre

la

relación

jurídica.

Asoc.

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920 (2011).

vista

de

que

la

justiciabilidad

es

una

“En

doctrina

CT-2016-0003

7

autoimpuesta, los propios tribunales deben preguntarse y

evaluar si es o no apropiado entender en un determinado

caso,

mediante

discreción

un

en

constitucional”.

análisis

cuanto

que

al

les

permite

límite

ejercer

de

su

su

poder

Íd., pág. 931, citando a Smyth, Puig v.

Oriental Bank, 170 DPR 73, 76 (2007) (Resolución) (Voto de

Conformidad emitido por el Juez Presidente señor Hernández

Denton).

Una controversia no es justiciable, en lo pertinente,

si uno de los litigantes carece de legitimación activa.

Una parte posee legitimación activa si demuestra: “(1) que

ha sufrido un daño claro y palpable; (2) que el daño es

real, inmediato y preciso, y no abstracto o hipotético;

(3) que existe una conexión entre el daño sufrido y la

causa de acción ejercitada, y (4) que la causa de acción

surge bajo el palio de la Constitución o de una ley”.

Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824, 836 (1992).

El interés de la parte, distinto al interés general que

pueda

tener

cualquier

particularizado.

Col.

ciudadano,

debe

ser

especial

Ópticos

P.R.

v.

Vani

de

y

Visual

Center, 124 DPR 559 (1989).

Luego de analizar la escueta justificación utilizada

por el peticionario con el fin de que se le reconozca

legitimación

activa

y

de

estudiar

con

detenimiento

el

derecho aplicable, concluimos que, entre otras, éste no ha

demostrado

haber

sufrido

un

daño

claro,

palpable,

inmediato y preciso, ni ha particularizado un interés real

CT-2016-0003

8

y sustancial para promover el presente pleito.

el

interés

que

alegó

tener

es

uno

Es decir,

generalizado

e

insuficiente.

Conforme a lo también manifestado por esta Curia en

Nieves Huertas v. ELA I, 189 DPR 611 (2013) (Sentencia),

la preocupación que pueda tener el licenciado Torres por

la sana administración de los tribunales, como abogado de

profesión, no le confiere autoridad legal para cuestionar

la legitimidad de un nombramiento judicial.

Como bien

señaló la Procuradora General en su Urgente Solicitud de

Desestimación,

el

autoridad

ley

en

nombramiento

peticionario

para

judicial

no

ha

solicitar

de

la

Jueza

establecido

que

se

Presidenta,

tener

anule

el

ni

para

abogar por la presunta facultad de los miembros de este

Tribunal de elegir a su Presidenta o Presidente.

Esto nos

lleva

no

a

concluir

que

el

licenciado

Torres

posee

legitimación activa, lo que de ordinario nos conduciría a

abstenernos, prudencialmente, de entrar en los méritos de

este

asunto.

Véanse,

por

ejemplo,

Acevedo

Vilá

v.

Meléndez, 164 DPR 875 (2005) y Fuster v. Busó, 102 DPR 327

(1974) (Per Curiam).

No obstante, tal y como hicimos en Nieves Huertas et

al. v. ELA I, supra, donde también se cuestionó, entre

otros, la legitimidad de unos puestos judiciales, y en

consideración

al

asunto

nos,

ante

alto

interés

entendemos

público

que

necesario

reviste

el

adentrarnos

finalmente en los méritos de esta controversia de manera

CT-2016-0003

9

inmediata.

Igual

que

entonces,

la

legitimidad

de

los

funcionarios que ocupan cargos públicos y, en particular,

una

de

las

integrantes

de

este

Tribunal,

rescatemos la dignidad de la Institución.

exige

que

La legitimidad

de nuestros procesos democráticos y de este Foro, atacada

por

varios

flancos,

amerita

una

expresión

de

este

Tribunal.

Lo que habremos de dilucidar es lo siguiente: ¿En

quién recae la autoridad de nombrar al Juez o la Jueza

Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico?

III

A. Texto de la Constitución de Puerto Rico

A partir de la instauración de un gobierno civil en

la Isla en el año 1900, la facultad de llevar a cabo la

designación del Juez Presidente y los Jueces Asociados del

Tribunal

Supremo

de

Puerto

Rico

recaía

única

y

exclusivamente en el Presidente de los Estados Unidos; es

decir,

en

el

poder

ejecutivo.

Véanse,

31

Stat.

84,

Sección 33 de la Ley Foraker, Documentos Históricos, 1

LPRA (2008), y 39 Stat. 965, Sección 40 de la Ley Jones,

Documentos Históricos, 1 LPRA (2008).8

Dicho nombramiento

tenía que contar con el aval del Senado Federal.

Una vez

aprobada la Constitución de Puerto Rico en el año 1952,

8

La Ley del Gobernador Electivo de 1947 dejó intacta la facultad

compartida entre ambas ramas del gobierno de los Estados Unidos. Ley Pública

Núm. 362 del 5 de agosto de 1947, 61 Stat. 770. No fue hasta la aprobación de

nuestra Constitución que el Gobierno Federal, mediante la figura del

Presidente y el Senado, dejó de tener injerencia en la designación de los

jueces de este Foro.

CT-2016-0003

este

10

poder

presidencial

quedó

derogado.

La

autoridad

nominadora de todos los miembros de la Rama Judicial fue

traspasada al Gobernador.

El Artículo V de nuestra Constitución erige el Poder

Judicial de Puerto Rico, ejercitado por su Máximo Foro, el

Tribunal Supremo, y por aquellos otros tribunales creados

al amparo de un estatuto.

LPRA, Tomo 1 (2008).

Sección

3

del

Art. V, Sec. 1, Const. PR,

Según expresamente dispuesto en la

Artículo

V

de

la

Constitución

de

Puerto Rico:

El Tribunal Supremo será el tribunal de

última instancia en Puerto Rico y se compondrá

de un juez presidente y cuatro jueces asociados.

El número de sus jueces sólo podrá ser variado

por ley, a solicitud del propio Tribunal

Supremo.

(Énfasis nuestro).

Art. V, Sec. 3,

Const. PR, LPRA, Tomo 1 (2008). Véase, además,

Art. 3.001 de la Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec.

24r (Sup. 2015).9

La Constitución creó expresamente el cargo de Juez

Presidente como uno distinto al de Juez Asociado.

razón

para

funciones

ello

es

evidente:

constitucionales

el

Juez

expresas

Jueces Asociados del Tribunal Supremo.

Presidente

que

no

La

tiene

tienen

los

La figura del Juez

Presidente es una central en la dirección y gobernanza de

los tribunales

del país.

Así

pues, la

Sección 7 del

Artículo V de la Constitución de Puerto Rico establece que

9

A solicitud de este Tribunal, a partir del año 2011 el número de Jueces

Asociados aumentó a ocho (8), por lo que en la actualidad, junto al cargo de

la Jueza Presidenta, son nueve (9) los miembros de nuestro Máximo Foro.

Véanse, In re Solicitud Aumentar Núm. Jueces TS, 180 DPR 54 (2010)

(Resolución) y Art. 3.001 de la Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA Sec. 24r (Sup.

2015).

CT-2016-0003

11

“[e]l Juez Presidente dirigirá la administración de los

tribunales y nombrará un director administrativo, quien

desempeñará su cargo a discreción de dicho magistrado”.

Art. V, Sec. 7, Const. PR, LPRA, Tomo 1 (2008).

Cónsono

con lo anterior, la precitada disposición le asigna al

Juez

Presidente

la

responsabilidad

constitucional

de

dirigir la organización interna de esta Curia, además del

funcionamiento y dirección administrativa de toda la Rama

Judicial.

Véanse, Arts. 2.012-2.016 de la Ley Núm. 201-

2003, 4 LPRA Secs. 24j-24n (2010 y Sup. 2015).

La Sección 4 del Artículo IV de la Constitución de

Puerto Rico, concede al Gobernador el poder de nombrar a

todo funcionario para el cual esté autorizado por virtud

de su propio texto o por ley.

Art. IV, Sec. 4, Const. PR,

LPRA, Tomo 1 (2008).

En cuanto al proceso de nombramiento

de

Sección

los

jueces,

la

8

del

Artículo

V,

dispone

claramente que:

Los jueces serán nombrados por el Gobernador con

el consejo y consentimiento del Senado.

Los

jueces del Tribunal Supremo no tomarán posesión

de sus cargos hasta que sus nombramientos sean

confirmados por el Senado y los desempeñarán

mientras observen buena conducta. […]. (Énfasis

nuestro). Art. V, Sec. 8, Const. PR, LPRA, Tomo

1 (2008).

El texto diáfano del aludido precepto constitucional

hace referencia al proceso de nombramiento de todos los

jueces

de

constitucional

nuestra

jurisdicción.

que

al

atribuye

ejecutivo

Este

el

esquema

poder

de

nombrar a los jueces con la anuencia de la cámara alta de

CT-2016-0003

12

la Asamblea Legislativa, adopta la doctrina de separación

de poderes.

Integra un sistema de pesos y contrapesos que

sirve para evitar la concentración de autoridad en una

sola rama, a la vez que le infunde un espíritu democrático

al proceso de nombramientos, en la medida en que son las

ramas políticas elegidas por el Pueblo las que, trabajando

interdependientemente,

comparten

esa

constitucional.

la

de

Sobre

doctrina

obligación

separación

de

poderes, véanse, Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64

(1998) y Banco Popular, Liquidador v. Corte, 63 DPR 66

(1944).

Este método de designación, incluye, sin ambages, los

puestos de Juez Presidente y Juez Asociado de este Foro.

La letra de nuestra Ley Suprema no hace distinción alguna

entre el proceso que debe regir el nombramiento del Juez

Presidente de este Tribunal y el proceso para nombrar al

resto de los

jueces del país.

Siendo así,

no

existe

espacio para validar otra interpretación de ese precepto

normativo.

Esta

lectura

del

texto

constitucional

es

cónsona con el esquema de la Sección 2 del Artículo II de

la Constitución de los Estados Unidos, la cual atribuye al

Presidente

de

la

Unión

Americana,

con

el

consejo

y

consentimiento del Senado Federal, el poder de nombrar,

entre

otros

funcionarios,

Supremo Federal.

Tomo 1 (2008).

a

los

jueces

del

Tribunal

Art. II, Sec. 2, Const. EE.UU., LPRA,

CT-2016-0003

13

Asimismo, queda avalada por el contenido mismo de los

debates de la Asamblea Constituyente, de los cuales no

surge que se haya planteado otro mecanismo particular para

elegir el cargo de Juez Presidente de este Foro.

Diario

de

Sesiones

Puerto

Rico

180

de

la

Convención

y

siguientes

Véase, 1

Constituyente

(1951-1952).

de

Por

consiguiente, para nombrar a una persona al cargo de Jueza

o Juez Presidente se sigue el mismo método que se utiliza

para nombrar a los Jueces Asociados: nominación por el

Gobernador y confirmación por el Senado.

“Cuando la ley

es clara libre de toda ambigüedad, la letra de ella no

debe

ser

menospreciada

espíritu”.

bajo

el

pretexto

de

cumplir

su

Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31

LPRA sec. 14 (2015).

B. Historia Constitucional

Del

rendido

Informe

a

ponderaron

la

de

la

Convención

varias

Comisión

la

Rama

Judicial

Constituyente

surge

que

se

seleccionar

el

alternativas

de

antes

de

método de designación de los jueces que rige en nuestra

Constitución:

La comisión recomienda que se retenga en

esta

constitución

la

forma

de

selección

tradicional en el sistema judicial de Puerto

Rico.

La comisión consideró cuidadosamente

otras formas de selección de jueces, a saber, la

elección directa de los mismos, el sistema

auspiciado por la American Bar Association

adoptado en [Missouri] y diversas proposiciones

sobre sistemas de nombramientos mediante la

intervención de un consejo judicial. […]

........

CT-2016-0003

14

Aceptándose generalmente, que el sistema de

selección por nombramiento es el más adecuado,

la Comisión no ve razón alguna para que se

altere

la

tradición

puertorriqueña

a

este

respecto.

(Énfasis suplido).

4 Diario de

Sesiones de la Convención Constituyente de

Puerto Rico (Informe de la Comisión de la Rama

Judicial)

2610-2611

(1951-1952)

(Ed.

Conmemorativa 2003).

La

Asamblea

Constituyente

enmiendas a esta sección.

consideró

diversas

Por ejemplo, ponderó que fuese

un Consejo Judicial de nueve miembros el que recomendara

al

Ejecutivo

una

cargos de jueces.

183.10

la

terna

de

candidatos

para

cubrir

los

1 Diario de Sesiones, supra, págs. 182-

Otra posible enmienda a la misma sección concibió

selección

de

jueces

al

Tribunal

Supremo

directo del Pueblo.11

Íd., págs. 186-187.

estas

acogida

propuestas

tuvo

entre

la

por

voto

Ninguna de

mayoría

de

los

delegados de la Asamblea Constituyente.

Surge diáfanamente del debate que llevaron a cabo los

redactores de nuestra Constitución, que su intención era

continuar con el mecanismo de selección de los jueces por

designación

del

Ejecutivo,

contando

con

el

consejo

y

10

Así fundamentó su oposición el delegado señor Gutiérrez Franqui en el

debate del 3 de diciembre de 1951:

Eso […] sería divorciar la selección de los jueces del proceso

político de un pueblo, para entregarlos a […] una clase, que es

la clase profesional, que tiene que postular ante esos mismos

jueces. […]

........

Yo no puedo concebir que ése sea el sistema ideal en una

democracia. […].

1 Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente de Puerto Rico 184 (1951-1952).

11

Otra de las enmiendas propuestas sugirió la intervención de los dos

organismos legislativos en el proceso de confirmación de los jueces. 1 Diario

de Sesiones, supra, pág. 632.

CT-2016-0003

15

consentimiento

del

Senado,

para

sujetar

el

proceso

al

principio de representatividad democrática.

C. El Nombramiento Directo por los Miembros del Tribunal

En

los

estados

de

la

Unión

Americana

coexisten

diversos mecanismos que rigen el proceso de nombramiento

del juez a cargo de presidir el tribunal de más alta

jerarquía

de

cada

embargo,

en

todos

delegado

a

los

una

de

aquellos

jueces

esas

jurisdicciones.12

estados

asociados

del

en

donde

más

alto

se

Sin

le

ha

foro

la

potestad de elegir de entre ellos el puesto de presidente,

esta directriz surge de un mandato constitucional claro,

directo y explícito.13

L. Rivera Méndez, Chief Justice of

12

Entre los mecanismos que coexisten en los diversos estados de la Unión

Americana para escoger al Juez Presidente de los más altos foros están: (1)

el nombramiento o designación por parte del poder ejecutivo; (2) la elección

por el voto popular; (3) la selección por antigüedad de entre sus miembros;

(4) por designación legislativa; (5) por nominación de una comisión judicial

especializada, y (6) por elección de entre los propios jueces asociados. L.

Rivera Méndez, Chief Justice of Puerto Rico´s Supreme Court: A Gubernatorial

Appointment or a Court Election?, 84 REV. JUR. UPR 1077, 1087-1094 (2015).

13

Los estados que siguen este proceso particularizado de selección al

cargo de Juez Presidente son: Alaska, Arizona, Colorado, Florida, Georgia,

Idaho, Illinois, Iowa, Kentucky, Michigan, Missouri, New Mexico, North

Dakota,

Oklahoma,

Oregon,

South

Dakota,

Tennessee,

Utah,

Virginia,

Washington, Wyoming y West Virginia. L. Rivera Méndez, supra, pág. 1092.

Tomando por ejemplo la Constitución de Alaska, su texto fija que:

........

(b) The chief justice shall be selected from among the justices

of the supreme court by a majority vote of the justices. His

term of office as chief justice is three years. […]. (Énfasis

nuestro). Art. IV, Sec. 2, Const. Alaska.

Asimismo, la Constitución del estado de Illinois establece que los

Jueces del Tribunal Supremo “shall select a Chief Justice from their number to

serve for a term of three years”. (Énfasis nuestro). Art. VI, Sec. 3, Const.

Illinois. Por último, la ley suprema de Florida también prescribe que “[t]he

chief justice of the supreme court shall be chosen by a majority of the

members of the court […]”. Art. V, Sec. 2(b), Const. Florida.

Todo lo anterior es consistente, en nuestro caso, con la elección del

cargo de presidente, tanto de la Cámara como del Senado de Puerto Rico. Dicha

autoridad reside en los miembros de su mismo cuerpo legislativo. Así lo fija

taxativamente la letra de la Constitución de Puerto Rico:

CT-2016-0003

16

Puerto Rico´s Supreme Court: A Gubernatorial Appointment

or a Court Election?, 84 REV. JUR. UPR 1077, 1092-1093

(2015).

IV

Un

rumor

se

utilizó

para

crear

una

controversia

totalmente ficticia sobre un acto que los Jueces y Juezas

Asociadas de este Tribunal no podemos realizar.

expresiones

“instituyen

un

ataque

infundado,

Dichas

vicioso

e

injusto a esta Institución y, como tal, minan la confianza

que precisa tener nuestro amado Pueblo en nuestra forma

republicana

atentado

gobierno.”14

de

contra

puertorriqueña,

la

cuyas

Constituyen,

plenitud

de

además,

la

repercusiones

“un

democracia

negativas

se

extenderán irremediablemente y quedarán perpetuadas para

la historia.”15

Puesto

que

los

planteamientos

del

peticionario

surgieron dentro del marco de dicha controversia jurídica

y

por

constituir

los

mismos

un

ataque

directo

a

la

legitimidad del cargo que ocupa la figura que preside y

__________________________________________________________

Cada cámara

respectivos.

elegirá un presidente de entre sus miembros

Art. III, Sec. 9, Const. PR, LPRA, Tomo 1 (2008).

Abona a nuestra conclusión que los delegados no incluyeron un lenguaje

similar para la designación del Juez Presidente del Tribunal Supremo. No lo

hicieron porque expresamente asignaron al Gobernador esa facultad.

14

Fragmento de la misiva dirigida al Hon. Eduardo Bhatia Gautier,

Presidente del Senado de Puerto Rico, por el Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo,

Juez Asociado, el 23 de febrero de 2016.

15

Fragmento de la carta enviada a los Presidentes de los Cuerpos

Legislativos de Puerto Rico, Hon. Eduardo Bhatia Gautier, Presidente del

Senado y Hon. Jaime Perelló Borrás, Presidente de la Cámara de Representantes,

por el Hon. Luis F. Estrella Martínez, Juez Asociado, el 26 de febrero

de 2016.

CT-2016-0003

17

administra

la

Rama

Judicial;

además

de

por

cómo

ello

repercute en la estabilidad de los cimientos de uno de los

poderes

constitucionales

del

Gobierno,

no

existe

razón

alguna para concederle a este asunto un curso distinto al

otorgado al caso de Nieves Huertas et al. v. ELA I, supra,

en el cual también se cuestionaba la legitimidad del cargo

ocupado por funcionarios judiciales.

Por lo tanto, entendemos que además de prudente, es

necesario que atendamos inmediatamente los méritos de la

controversia ante nos, pues no hacerlo propendería a que

se debilite la confianza del Pueblo puertorriqueño en su

sistema de justicia, además de que perpetuaría una grave

injusticia sobre la persona que recién asumió las riendas

para presidir este Foro.

De ese modo y luego de analizar el asunto en los

méritos,

rechazamos

vehementemente

los

planteamientos

esgrimidos por el peticionario en torno a la inexistencia

en nuestra Constitución de un procedimiento para nombrar

al

Juez

Presidente

Tribunal,

por

encontrarlos

inmeritorios.

Sobre

el

particular,

los

preceptos

constitucionales

claramente

reafirman

desacertados

e

sostenemos

que

esbozados

quedado

plasmado

constitucional.

de

en

este

los

y

anales

respaldan

de

lo

nuestra

antes

que

ha

historia

Esto es, que son las ramas políticas del

gobierno, entiéndase el Gobernador y el Senado, quienes

ostentan

la

autoridad

de

nombrar

el

primero,

con

el

consejo y consentimiento del segundo, a todos y todas los

CT-2016-0003

18

jueces y juezas de Puerto Rico, lo que sin lugar a dudas

incluye el puesto de Jueza o Juez Presidente del Tribunal

Supremo.

Reconocemos

la

voluntad

de

los

padres

de

nuestra

Constitución al redactar la Ley Suprema, la cual venimos

llamados

a

intención,

interpretar

según

la

y

a

defender;

ha

quedado

misma

y

respetamos

perpetuada

en

su

el

Diario de Sesiones de la Convención Constituyente y en la

letra

diáfana

de

sus

disposiciones.

Como

Jueces

no

podemos hacer otra cosa.

Lo

que

mediante

ha

pretendido

argumentos

establecer

ostensiblemente

el

peticionario,

frívolos,

cabida en nuestro ordenamiento jurídico.

no

tiene

Esto es así,

pues, tanto la claridad en el contenido de los preceptos

constitucionales citados, así como la evidente intención

de

la

Asamblea

Constituyente

al

redactarlos,

no

dejan

margen a dudas de que en nuestro ordenamiento jurídico los

nombramientos

a

Asociado

este

de

hermanas, esto

los

puestos

de

Tribunal

es, en la

Juez

recaen

Rama

Presidente

en

y

nuestras

Ejecutiva y

en

Juez

ramas

la

Rama

Legislativa.

En cuanto a esta Curia se refiere, dentro de las

disposiciones

constitucionales

Judicial,

Constitución

la

de

atinentes

Puerto

Rico

a

la

Rama

expresamente

reconoce la existencia de un puesto de Juez Presidente y

varios puestos de Jueces Asociados.

Se trata de puestos

separados y distintos, con deberes específicos.

Algunas

CT-2016-0003

de

19

esas

facultades

constitucionales

cargo de Juez Presidente.

son

exclusivas

del

La Constitución de Puerto Rico

igualmente establece que todos los jueces en Puerto Rico

serán nombrados por el Primer Ejecutivo, con el consejo y

consentimiento del Senado.

Es decir, la Constitución de

Puerto Rico, como es el caso en otras jurisdicciones, no

permite que las Juezas o los Jueces Asociados escojan al

Juez que tendrá la encomienda de dirigir la Rama Judicial.

Es menester señalar que al igual que la Constitución

de

Puerto

Rico,

la

Constitución

de

los

Estados

Unidos

faculta al Primer Mandatario de la Nación Americana, con

el consejo y consentimiento de la Cámara Alta, a ejercer

la encomienda de nombrar a todos los jueces que compondrán

la

federal.16

judicatura

jurisdicciones

estatales

No

que

han

obstante,

adoptado

existen

metodologías

disímiles a la imperante en la nuestra para realizar dicha

selección.

aquellas

De un estudio de las mismas hallamos que en

jurisdicciones

en

las

que

se

le

reconoció

la

facultad a los Jueces Asociados de escoger de entre alguno

de

sus

máximo

miembros

foro

la

persona

judicial,

dicho

que

habría

proceso

de

presidir

el

quedó

plasmado

de

manera expresa en sus respectivas constituciones.

En cambio, en otras jurisdicciones de los Estados Unidos

el texto del aludido precepto constitucional es similar al

nuestro.

16

Art. II, Sec. 2, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1 (2008).

CT-2016-0003

20

In

six

of

these

state

constitutions,

[Connecticut,

Nebraska,

Rhode

Island,

California, Maine and Massachusetts] the power

to appoint the chief justice is afforded to the

governor in very broad and general terms. What

this means is that these constitutions do not

state explicitly that the governor will appoint

the chief justice.

They only provide the

governor with a sweeping mandate that affords

him power to appoint all judges of the supreme

court, or even a broader mandate allowing him to

appoint all judicial officers of the state. […]

The design of the mandate contained in the

Federal Constitution affording the President

with the power to appoint judges of the Supreme

Court is similar to the ones found in these

constitutions.

(Énfasis suplido).

L. Rivera

Méndez, supra, pág. 1089.

Dos de estas Constituciones, la del estado de Maine y

la del estado de Massachusetts, sirvieron de precedente

para la redacción de la hoy Sección 8 del Artículo V de la

Constitución de Puerto Rico.

Véase, 4 Diario de Sesiones,

supra, pág. 2611.

Por

último,

peticionario

en

a

diferencia

torno

a

que

de

lo

que

argumenta

el

nombramiento

del

el

Juez

Presidente por las ramas políticas del gobierno “vulnera

las

nociones

discusiones

más

elementales

contenidas

en

el

de

democracia”,

Diario

de

Sesiones

de

las

de

la

Convención Constituyente surge palmariamente que lo que se

pretendió

al

conservar

dicho

método

selección

por

nuestras

ramas

hermanas

infundir

dicho

proceso

de

garantías

de

nombramiento

fue

y

precisamente

democráticas.

La

importancia de la intervención de las demás ramas en esta

selección es más patente aún cuando tenemos en cuenta que

el Juez Presidente, más allá de velar por las necesidades

CT-2016-0003

21

internas

de

los

constitucional

[Senado]

y

distintos

del

el

tribunales,

gobierno.

Ejecutivo

lidera

una

rama

“La

distribución

entre

del

poder

efectuar

para

el

nombramientos es uno de los ejemplos más claros de los

esfuerzos

de

los

forjadores

de

la

Constitución

por

incorporar a ese documento un delicado sistema de frenos y

contrapesos

consecuente

teoría

separación

de

con

de

su particular

poderes.”

R.

visión

Serrano

de

la

Geyls,

Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico,

Vol. I, Ed. Colegio de Abogados de Puerto Rico, 1986, pág.

605.

Conforme a todo lo antes enunciado y reconociendo que

la Constitución de Puerto Rico preceptúa de forma clara y

expresa a quién le corresponde el nombramiento del cargo

de

Juez

Presidente

de

este

Tribunal,

no

avalamos

ni

daremos curso a las pretensiones del peticionario según

contenidas

en

su

Intrajurisdiccional.

Recurso

de

Certificación

En su lugar, desestimamos la Demanda

presentada por el licenciado Torres ante el Tribunal de

Primera Instancia por ser palmariamente inmeritoria.

Con

la

Opinión que

antecede,

despejamos

toda

duda

infundada y dejamos patentemente claro que el nombramiento

del Juez Presidente o de la Jueza Presidenta del Tribunal

Supremo de Puerto Rico le corresponde al Gobernador de

Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado.

Así

lo

provee

de

manera

taxativa

la

Constitución

de

CT-2016-0003

22

Puerto Rico y así lo determina este Tribunal, sin lugar a

futura especulación.

Nuevamente, “[q]uienes presumieron la existencia de

una

agenda

escondida

por

hoy

parte

de

miembros

desmentidos.”

(Énfasis

de

este

Tribunal,

quedan

en

el

original).

Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., 188

DPR 828, 841 (2013) (Opinión de Conformidad emitida por el

Juez Asociado señor Feliberti Cintrón, a la que se unió el

Juez Asociado señor Martínez Torres).

V

La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V

(2010) (Regla 44.1(d)), autoriza al tribunal a imponer el

pago de honorarios de abogado a una parte o su abogado que

ha actuado con temeridad o frivolidad en el trámite de un

proceso

judicial.

En

lo

pertinente,

este

precepto

dispone:

En caso que cualquier parte o su abogado o

abogada

haya

procedido

con

temeridad

o

frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su

sentencia al responsable el pago de una suma por

concepto de honorarios de abogado que el

tribunal entienda correspondan a tal conducta.

En caso que el Estado Libre Asociado de Puerto

Rico,

sus

municipios,

agencias

o

instrumentalidades haya procedido con temeridad

o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su

sentencia una suma por concepto de honorarios de

abogado, excepto en los casos en que esté

expresamente

exento

por

ley

del

pago

de

honorarios de abogado.

El

concepto

de

temeridad

es

uno

amplio.

Se

ha

descrito como un comportamiento que incide en los procesos

judiciales y afecta, tanto el buen funcionamiento de los

CT-2016-0003

23

tribunales,

como

la

administración

de

la

justicia.

Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123 (2013).

mecanismo

provisto

en

la

Regla

44.1(d)

propósito

“„establecer

una

penalidad

tiene

a

un

El

como

litigante

perdidoso que por su terquedad, obstinación, contumacia e

insistencia

en

una

actitud

desprovista

de

fundamentos,

obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las

molestias,

gastos,

pleito‟”.

520

trabajo

e

inconveniencias

de

un

Andamios de PR v. Newport Bonding, 179 DPR 503,

(2010),

citando

Fernández

v.

Inc., 118 DPR 713, 718 (1987).

San

Juan

Cement

Co.,

Véanse, además, Maderas

Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880, 925-926

(2012); C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 342 (2011).

Una vez el tribunal determina que se incurrió en tal

conducta,

viene

obligado

a

imponer

el

pago

de

los

honorarios a favor de la parte que prevalece en el pleito.

Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra;

Maderas Tratadas

v. Sun Alliance et al., supra.

El tribunal determinará la

suma

dependiendo

específica

a

concederse

intensidad de tal conducta.

del

grado

o

Meléndez Vega v. El Vocero de

PR, supra.

Así pues, conforme a la normativa procesal aplicable,

aquel que promueve una acción frívola, con total ausencia

de

fundamento

legal

que

la

apoye,

se

anteriormente,

los

expone

a

ser

argumentos

del

penalizado.

Según

mencionamos

peticionario no están amparados en ninguna interpretación

CT-2016-0003

24

plausible de nuestra Constitución y resultan totalmente

infundados.

Tampoco se ha demostrado que la acción de las

ramas hermanas afectara adversamente al licenciado Torres.

Rechazamos vehementemente cualquier intento de escudarse

detrás

de

supuestos

derechos

constitucionales

para

propiciar un litigio que, a todas luces, es inmeritorio.

No

vamos

a

activa

utilicen

entablar

pleitos

primarista.

permitir

los

que

personas

procedimientos

frívolos

en

sin

legitimación

judiciales

medio

de

una

para

campaña

Esta práctica de valerse de los tribunales

para adelantar intereses políticos particulares sin base

en derecho alguna tiene que cesar.

foro público.

disponibles

Para eso existe el

Los recursos de la Rama Judicial no están

como

plataforma

mediática

para

promover

candidaturas políticas, mientras en el proceso se pone en

entredicho la legitimidad de nombramientos como, en este

caso, el de la Jueza Presidenta, lacerando de paso la

imagen de esta Institución.

Resolvemos, por lo tanto, que procede imponerle a la

parte peticionaria el pago de honorarios de abogado por la

cantidad

de

$5,000

a

favor

del

Estado

por

iniciar

y

persistir en una reclamación totalmente frívola que atenta

contra el mejor funcionamiento de este Tribunal y la Rama

Judicial.

VI

Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto

de certificación y resolvemos que el peticionario carece

CT-2016-0003

de

25

legitimación

activa

Injunction

Preliminar

Sentencia

Declaratoria.

para

y

instar

Permanente

Por

lo

la

y

tanto,

Demanda

de

Solicitud

de

sin

ulterior

procedimiento y al amparo de la Regla 50 del Reglamento de

este Tribunal, se declara Con Lugar la Urgente Solicitud

de Desestimación presentada por el Gobierno en el caso de

autos.

Se impone al peticionario el pago de honorarios de

abogado por la cantidad de $5,000 a favor del Estado.

Se dictará Sentencia de conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hiram Torres Montalvo

Peticionario

v.

Hon.

Alejandro

García Núm. CT-2016-0003

Padilla, Gobernador del

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

Certificación

Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2016.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente

Sentencia,

se

expide

el

auto

de

certificación y resuelve que el peticionario carece

de legitimación activa para instar la Demanda de

Injunction Preliminar y Permanente y Solicitud de

Sentencia Declaratoria. Por lo tanto, sin ulterior

procedimiento y al amparo de la Regla 50 del

Reglamento de este Tribunal, se declara Con Lugar la

Urgente Solicitud de Desestimación presentada por el

Gobierno en el caso de autos.

Se impone al

peticionario el pago de honorarios de abogado por la

cantidad de $5,000 a favor del Estado.

Notifíquese

inmediatamente

por

teléfono,

facsímil

o

correo

electrónico,

y

notifíquese

posteriormente por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal. La Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez, los Jueces Asociados señor Martínez

Torres y señor Estrella Martínez emitieron Opiniones

de Conformidad.

El Juez Asociado señor Kolthoff

Caraballo emitió una Opinión de Conformidad en parte

y Disidente en cuanto a la Parte V. La Jueza

Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado

señor Rivera García emitieron Opiniones Concurrentes

en parte y Disidentes en parte. La Jueza Presidenta

Oronoz Rodríguez no intervino.

Juan Ernesto Dávila Rivera

CT-2016-0003

27

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hiram J. Torres Montalvo

Peticionarios

v.

Hon.

Alejandro

García

Padilla,

Gobernador

del

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

Certificación

CT-2016-0003

Intrajurisdiccional

Recurridos

Opinión de Conformidad emitida por la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2016

Dada

la

trascendencia

pública

que

reviste

la

controversia planteada por el peticionario, y puesto que

ésta incide en la legitimidad constitucional de este foro,

he optado por expresarme brevemente sobre la misma. Ello,

sobre

todo,

con

tal

de

poner

de

manifiesto

la

patente

frivolidad de los argumentos presentados ante este Tribunal.

I

El

22

de

febrero

de

2016,

el

Lcdo.

Hiram

J.

Torres

Montalvo (peticionario) presentó ante el Tribunal de Primera

Instancia una Demanda de injunction preliminar y permanente

y solicitud de sentencia sumaria. En ésta, y en lo que al

injunction

se

refiere,

alegó

que

la

confirmación

de

la

actual Jueza Presidenta, Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, por

parte del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

(ELA)

le

causaría

un

“daño

irreparable”,

por

lo

cual

solicitó que este Tribunal impidiera los procedimientos de

CT-2016-0003

rigor

en

2

la

cámara

legislativa

pertinente.

Es

preciso

destacar, además, que el peticionario señaló que el presunto

“daño irreparable” se configuraba en virtud de que éste es

un abogado admitido al ejercicio de la abogacía en nuestra

jurisdicción. Adujo, sin más, que ello era razón suficiente

para que se le considerara “una parte directamente afectada”

por el nombramiento y posterior confirmación de la Jueza

Presidenta.

De otra parte, señaló que, de ser confirmada, la

Jueza

Presidenta

responsabilidad

de

Oronoz

administrar

Rodríguez

la

Rama

tendría

la

Judicial

por

aproximadamente treinta (30) años. Esto, en virtud de las

disposiciones

constitucionales

que

expresamente

delegan

en la figura del Juez Presidente tal encomienda. De la

demanda presentada por el peticionario, sin embargo, no

queda claro qué pertinencia, si alguna, tiene dicho hecho

sobre la configuración del “daño irreparable” aducido por

éste.

Por último, el licenciado Torres Montalvo solicitó

que se emitiera una sentencia declaratoria en virtud de

la cual se determinara que el pleno Tribunal tiene la

facultad de nombrar, por sí mismo, quién ocupará el rol

de Juez Presidente. Ello, dado que nuestra Constitución

no dispone expresamente a quién le compete la selección

de dicha figura.17

17

Cabe destacar, además, que el peticionario indicó que

la presunta laguna que contiene nuestra Constitución

exige que apliquemos el artículo 7 del Código Civil, Cód.

Civ. P.R. Art. 7, 31 L.P.R.A. sec. 7. Éste, como se sabe,

preceptúa que cuando no haya “ley aplicable al caso, el

tribunal resolverá conforme a equidad”. Id. Esto es,

CT-2016-0003

3

Atendida la demanda presentada por el peticionario,

el foro primario emitió una orden concediéndole cinco (5)

días calendarios al Gobernador del ELA, para que éste se

expresara. Sin embargo, antes de que venciera el término

en cuestión, el 22 de febrero de 2016, el licenciado

Torres Montalvo acudió ante este Foro mediante recurso de

certificación

intrajurisdiccional.

En

éste,

esencialmente, repitió los argumentos esgrimidos ante el

foro primario y solicitó que este Tribunal dejara sin

efecto

el

nombramiento

de

la

Jueza

Presidenta

Oronoz

Rodríguez.

El Estado, por su parte, el 29 de febrero de 2016,

presentó una Urgente solicitud de desestimación. En ésta,

invocó las doctrinas de justiciabilidad –en particular,

la

patente

cuestión

ausencia

política

de

como

legitimación

fundamentos

activa-

para

y

la

de

desestimar

el

recurso incoado por el peticionario.

Hoy, este Tribunal acertadamente atiende los méritos

de

la

controversia

planteada

por

el

peticionario

y

__________________________________________________________

tomando en cuenta “la razón natural de acuerdo con los

principios generales del derecho, y los usos y costumbres

aceptados y establecidos”. Id. Así, aludió someramente al

hecho de que en otras jurisdicciones la figura del Juez

Presidente es seleccionada por sus pares en pleno. Sobre

tales alegaciones, baste con señalar que las mismas son

palmariamente

inmeritorias.

En

primer

lugar,

la

invocación de la equidad consagrada en el artículo 7 del

Código Civil es, a todas luces, un yerro considerable,

sobre todo, cuando el asunto versa sobre cuestiones

relacionadas al Derecho Constitucional estructural. No

cabe, pues, hablar de equidad, más bien lo que compete es

leer integralmente las disposiciones constitucionales

pertinentes e interpretarlas de conformidad. De otra

parte, la comparación de nuestra Constitución con sus

contrapartidas estatales es improcedente, puesto que

desvirtúa las particularidades propias de nuestro diseño

constitucional.

CT-2016-0003

4

rechaza sin ambages ni reserva las artificiosas teorías

esgrimidas por éste.

Dado que la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez fue

debidamente confirmada por el Senado, y posteriormente

prestó

juramento

al

cargo

que

ocupa,

la

solicitud

de

injunction hecha por el peticionario es indudablemente

académica.18 Por tanto, la controversia que aún persiste,

a la luz de tales acontecimientos, es dirimir a quién le

compete

la

facultad

de

nombrar

la

figura

del

Juez

Presidente, según el texto de nuestra Constitución. Esto,

además del tema sobre la capacidad (legitimación activa)

del peticionario para instar el pleito de epígrafe.

II

A

Como

cuestión

idoneidad

del

de

umbral,

habría

recurso

de

que

abordar

la

certificación

intrajurisdiccional en este caso, en virtud de nuestra

jurisprudencia anterior, y, como señalé, la legitimación

activa del peticionario para incoar el recurso que nos

compete.

18

En lo que respecta la solicitud de injunction hecha por

el

peticionario,

basta

con

señalar

que

la

Jueza

Presidenta Oronoz Rodríguez no sólo fue confirmada, sino

que también juramentó en su cargo, lo cual presupone que

le fue entregada su comisión, la cual configura su

interés propietario sobre el puesto. Ello, en cualquier

caso, bien pudiera impedir la concesión de un injunction,

puesto que, en lo pertinente, el artículo 678 del Código

de Enjuiciamiento Civil expresamente prohíbe la concesión

de éste “[p]ara impedir el ejercicio en forma legal de un

cargo público o privado, por la persona que estuviera en

posesión del mismo”. Cód. Enj. Civ. Art. 678, 32 L.P.R.A.

sec. 3524(5).

CT-2016-0003

5

Recientemente, y ante una controversia análoga a la

que hoy se nos solicita atender, este Tribunal, en Nieves

Huertas v. ELA I, 189 D.P.R. 611 (2013) (sentencia), por

vía

del

recurso

de

certificación

intrajurisdiccional,

desestimó varias causas de acción que versaban sobre la

interacción de la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa en

lo relativo al poder de nombramiento de funcionarios en la

Rama Judicial. Específicamente, mediante ese recurso, se

impugnaba

la

legalidad

de

funcionarios

públicos,

incluyendo

procuradores.

Cabe

destacar

los

nombramientos

que,

jueces,

en

aquél

de

varios

fiscales

y

momento,

el

reclamo comprendía la impugnación de los nombramientos,

entre otros, del Hon. Edgardo Rivera García, Juez Asociado

de este Tribunal, y de la Hon. Liza Fernández Rodríguez,

Jueza

del

Tribunal

de

Primera

Instancia.

En

Nieves

Huertas, se acogió la certificación intrajurisdiccional,

aduciendo que el pleito instado constituía “un ataque a la

confianza

en

la

Rama

Judicial.

.

.

un

ataque

a

la

convivencia pacífica y ordenada en nuestro país”. Nieves

Huertas v. ELA I, 189 D.P.R. 611, 612 (2013).

En atención a ello, se avaló el uso del mecanismo

excepcional

señaló,

certificación

además,

controversia

incluía

de

un

de

que

los

alto

interés

asunto

intrajurisdiccional.

demandantes

público

constitucional

Se

planteaban

que,

sustancial.

a

su

Id.

una

vez,

en

la

pág. 613. Todo lo cual requería, en aquél momento, “la

intervención inmediata de este Tribunal”. Id. en la pág.

CT-2016-0003

6

612. Más aun, y en lo pertinente a la controversia que

atendemos hoy, se manifestó, sin ambages, lo siguiente:

No podemos ignorar que los nombramientos de

funcionarios de la Rama Ejecutiva y de la Rama

Judicial están revestidos del más alto interés

público. Estos deben ser conforme a los procesos

establecidos. La falta de atención inmediata a

los

reclamos

de

los

demandantes

socavaría

irremediablemente la confianza depositada del

pueblo

en

nuestro

sistema

de

justicia

y

mancillaría la reputación de los funcionarios

que dedican su vida al servicio público.

Id. en la pág. 613.

Es decir, dado que los nombramientos de funcionarios

a la Rama Judicial, en aquél momento los del Hon. Edgardo

Rivera García, Juez Asociado de este Tribunal y la Hon.

Liza

Fernández,

Instancia,

Jueza

inciden

Superior

del

Tribunal

directamente

en

la

de

Primera

legitimidad

de

nuestro Estado de Derecho, era imprescindible dirimir la

validez de los reclamos de inconstitucionalidad planteados

por los demandantes en aquella ocasión.

El proceder de una mayoría de este Tribunal ante el

recurso

de

certificación

que

hoy

atendemos

ha

de

ser

consistente con el discurso suscrito en Nieves Huertas. Un

curso de acción distinto por parte de este Tribunal se

revelaría

incomprensible.

reclamos

de

Tanto

entonces,

inconstitucionalidad

de

como

la

ahora,

naturaleza

planteada en este caso merecen la atención inmediata de

este Foro. Ello, puesto que desatender tal reclamo podría

socavar

la

judicial.

preciso

confianza

Asimismo,

vindicar

la

del

tanto

Pueblo

entonces

legalidad

del

en

nuestro

como

hoy,

nombramiento

sistema

resulta

de

un

CT-2016-0003

7

integrante

de

este

Foro;

en

este

caso,

la

Hon.

Maite

Oronoz Rodríguez, quien fue nombrada por el Gobernador de

Puerto Rico y confirmada por el Senado para la vacante de

Jueza Presidenta. Nuevamente, es imperativo darle a este

caso

el

mismo

trato

que

se

le

dio

a

la

controversia

tratada en Nieves Huertas.

Desatender una controversia que amenaza los cimientos

de nuestro sistema republicano de gobierno, que conculca

los postulados más básicos de la doctrina de separación de

poderes y que, claramente, contraviene el texto de nuestra

Constitución es un curso de acción improcedente. Por tal

razón, estimo que, en esta ocasión, corresponde a este

Tribunal esclarecer un asunto de tan alto interés público

como lo es el nombramiento del funcionario que administra

esta Rama de gobierno.

B

En aras de ser consistente con lo resuelto por este

Tribunal en Nieves Huertas, controversia que involucraba

a otro miembro de esta Curia, procede atender el recurso

ante nuestra consideración, siguiendo los parámetros que

allí

trazamos.

Por

tanto,

conviene

examinar

la

legitimación activa del peticionario.

Como se sabe, la legitimación activa “es un elemento

necesario para la debida adjudicación de los méritos de

una controversia . . .”. Nieves Huertas, 189 D.P.R. en la

pág. 616; Hernández Torres v. Gobernador, 129 D.P.R. 824,

835 (1992). Esta doctrina de justiciabilidad requiere, en

lo pertinente, que las partes tengan un interés real y

concreto

en

la

controversia

que

pende

ante

los

foros

CT-2016-0003

8

judiciales.

Véase,

D.P.R.

584

552,

por

ejemplo,

(1958).

En

E.L.A.

términos

v.

Aguayo,

normativos,

80

hemos

determinado que la doctrina en cuestión exige que quienes

insten

una

acción

judicial

cumplan

con

los

siguientes

requisitos:

(1)

[Q]ue ha[yan]sufrido un daño claro y

palpable; (2) que el daño [sea]. . . real,

inmediato y preciso y no uno abstracto o

hipotético; (3) que la causa de acción . . .

sur[ja] bajo el palio de la Constitución o de

una ley, y (4) que exista una conexión entre el

daño sufrido y la causa de acción ejercitada.

Noriega, 135 D.P.R. en la pág. 427 (citando,

entre otros, a Hernández Torres v. Gobernador,

129 D.P.R. 824, 836 (1992); Fund. Arqueológica

v. Dept. de la Vivienda, 109 D.P.R. 387, 392

(1980)).

En

consideración

de

lo

anterior,

es

inevitable

concluir que, en este caso, el peticionario no ha sufrido

daño

alguno,

razón

por

la

cual

carece

de

legitimación

activa. La mera pertenencia a la clase togada, así como el

número de años que la Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez pueda

fungir

como

Jueza

específicos,

Presidenta,

reales

y

innegable

que

no

concretos

suponen

daños

jurídicamente

cognoscibles.

Así,

es

el

peticionario

carece

de

legitimación activa. Reitero, la demanda instada por el

peticionario carece de la más elemental aseveración que

permita traslucir, con algún grado de coherencia jurídica,

el daño claro y palpable, real, inmediato y preciso que ha

sufrido.

El

licenciado

informa

en

qué

Torres

consiste

el

Montalvo,

pues,

no

daño

alega

sufrir.

que

nos

Asimismo, el expediente de este caso no refleja el más

CT-2016-0003

9

mínimo

intento

de

articular

coherentemente

la

configuración de un daño jurídicamente apreciable. Que el

peticionario

sea

abogado

y

tenga

algún

reparo

con

el

número de años que la Jueza Presidenta pueda desempañar su

cargo,

bien

pueden

ser

datos

curiosos,

pero

éstos

no

tienen ninguna pertinencia al determinar si se configura

un daño cognoscible que permita abrir las puertas de los

tribunales a sus reclamos.

No

obstante,

la

falta

de

legitimación

activa

del

peticionario, conforme a lo resuelto por este Tribunal en

Nieves

Huertas,

méritos,

o

falta

no

es

de

óbice

ellos,

para

de

que

los

abordemos

los

planteamientos

de

inconstitucionalidad de los nombramientos que esboza en su

recurso.

III

Por último, es menester reiterar que ante nuestra

consideración

de

este

harto

a

la

similar

Tribunal

atendida

pende

por

una

este

controversia

Foro

en

Nieves

Huertas, a saber: la legitimidad del nombramiento de un

funcionario público, si bien por fundamentos distintos.

Como se mencionó, en aquel momento, se impugnaron los

nombramientos del Juez Asociado Rivera García y la Jueza

Fernández Rodríguez, entre otros funcionarios. Así, dado

el ingente interés público que este asunto implica, es

preciso que atendamos, si bien someramente, los méritos

de la controversia, tal y como se hizo en Nieves Huertas.

Véase

Nieves

(atendiendo

Huertas,

brevemente

189

los

D.P.R.

méritos

en

de

la

la

pág.

816

controversia

planteada por los peticionarios, aun habiendo determinado

CT-2016-0003

10

que éstos carecían de legitimación activa). Ello, como

mecanismo para reforzar el análisis precedente, tanto en

lo que respecta a la configuración de un daño a la luz de

la doctrina de legitimación activa respecta, como para

demostrar

la

patente

frivolidad

de

los

planteamientos

esbozados por el peticionario.

Asimismo, no se debe perder de vista que, después de

todo, el peticionario no sólo cuestiona la legitimidad de

un nombramiento judicial, sino que pone en entredicho la

legitimidad

misma

del

poder

que

ejerce

uno

de

los

miembros de este Tribunal quien, a su vez, dirige la Rama

Judicial.

A

Nuestra Constitución dispone, sin ambages, que “[e]l

Tribunal Supremo será el tribunal de última instancia en

Puerto Rico y se compondrá de un juez presidente y cuatro

jueces asociados”. Const. P.R. Art. V, Sec. 3. Por tanto,

la

referida

disposición

constitucional

reconoce

la

existencia de dos tipos de jueces en la composición de

este Tribunal. Cabe destacar que la diferencia tipológica

de

éstos

responde,

ante

todo,

a

las

en

primer

atribuciones

administrativas del Juez Presidente.

En

nuestra

cuanto

a

éstas,

Constitución

nótese,

dispone

que

el

Juez

lugar,

que

Presidente

“dirigirá la administración de los tribunales y nombrará

un director administrativo, quien desempeñará su cargo a

discreción de dicho magistrado”. Const. P.R. Art. V, sec.

7. Es decir, el Juez Presidente no sólo ejercerá las

CT-2016-0003

11

prerrogativas judiciales inherentes a su cargo, en tanto

juez, sino que, además, administrará la Rama Judicial, en

tanto “sistema judicial unificado en lo concerniente a

jurisdicción, funcionamiento y administración”. Id. en la

sec. 2 (énfasis suplido).

De otra parte, cabe destacar que la figura del Juez

Presidente,

además

de

las

responsabilidades

señaladas,

“presidirá todo juicio de residencia del Gobernador”. Id.

en el Art. III, sec. 21. Asimismo, añádase a lo anterior

que

presidirá

la

Junta

Revisadora

de

los

Distritos

Senatoriales y Representativos. Véase id. en la sec. 4.

Así, es innegable que la figura del Juez Presidente,

en

virtud

de

las

responsabilidades

que

le

confiere

expresamente nuestra Constitución, supone un tipo de juez

distinto al de sus pares, con atribuciones propias.

B

Por

reconoce

otro

al

lado,

la

gobernador

Sección

la

8

del

facultad

Artículo

general,

V

y

le

sin

cualificación alguna, de nombrar jueces, todos los jueces

de nuestro sistema judicial. Id. en el Art. V, Sec. 8

(“Los jueces serán nombrados por el Gobernador con el

consejo y consentimiento del Senado”.). Esto es, el poder

de nombramiento del gobernador se extiende a todo tipo de

juez, indistintamente del tribunal en el que éste ejerza

sus funciones judiciales.19 No podría ser de otro modo,

19

Es preciso señalar que, en lo que a este Tribunal

respecta, las únicas limitaciones que condicionan la

prerrogativa del gobernador de nombrar sus jueces son los

requisitos para poder ser juez de este foro, según

dispuestos en la Sección 9 del Artículo V. Const. P.R.

CT-2016-0003

puesto

12

que

sólo

de

esta

forma

se

logra

el

delicado

balance entre las prerrogativas de la Rama Ejecutiva y

las

de

la

Rama

Legislativa

composición

de

la

Rama

Legislativa

es

quien

en

lo

Judicial.

tiene

la

atinente

Nótese

que

encomienda

a

la

de

la

Rama

crear

tribunales inferiores y, también, determinar la tipología

de

los

jueces

de

éstos.

Es

decir,

sus

respectivas

atribuciones en asuntos tales como la competencia y la

jerarquía de éstos. Véase Ley de la Judicatura del Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

Ley

Núm.

21

de

22

de

agosto de 2003, 4 L.P.R.A. 24 et seq. De otra parte, la

Legislatura también está facultada para crear tribunales

inferiores. Véase id. Precisamente, como se dijo, además

de

crear

este

Tribunal,

nuestra

Constitución

hace

lo

propio con el Juez Presidente, en la medida en que le

confiere

atribuciones

propias

que

distan

de

las

prerrogativas judiciales de sus pares.

Así, dado que la figura del Juez Presidente es un

tipo

de

juez

distinto,

de

hechura

constitucional,

con

poderes y responsabilidades que exceden el ámbito de su

función propiamente judicial, es innegable que el poder

de

nombramiento

de

ésta

reside

exclusivamente

en

el

gobernador, puesto que a éste le compete nombrar todos

los tipos de jueces de la Rama Judicial. Tan sencillo

como esto.

__________________________________________________________

Art. V, Sec. 9 (“Nadie será nombrado juez del Tribunal

Supremo a menos que sea ciudadano de los Estados Unidos y

Puerto Rico, haya sido admitido al ejercicio de la

profesión de abogado en Puerto Rico por lo menos diez años

antes del nombramiento y haya residido en Puerto Rico

durante los cinco años inmediatamente anteriores al

mismo”.).

CT-2016-0003

13

La Constitución, pues, no guarda ningún “silencio”

en lo que a la elección del Juez Presidente respecta: las

disposiciones

al

constitucionales

Gobernador

el

poder

concernidas

exclusivo

de

le

confieren

nombramiento

de

jueces, con independencia del tipo de juez del que se

trate, y a la Rama Legislativa la facultad de consentir

éste, en los mismos términos, es decir, sin cualificación

ulterior.20

De otra parte, en virtud de la regla 44.1(d) de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1(d), los

tribunales están facultados para imponerle a las partes

el

pago

de

honorarios

de

abogado

cuando

éstas

hayan

actuado temerariamente o esgrimido argumentos frívolos.

Véase, por ejemplo, P.R. Oil v. Dayco, 164 D.P.R. 486,

511 (2005). Así, “[m]ediante la imposición de honorarios

por temeridad se penaliza a un litigante que, obcecado

por un afán desprovisto de fundamentos, obliga a otro a

defenderse, lo que le causa molestias, gastos, trabajo e

20

La comparación con las cámaras de la Rama Legislativa

es improcedente. Baste con notar que éstas están

facultadas para elegir sus propios presidentes en virtud

de una disposición constitucional expresa. Véase Const.

P.R. Art. III, Sec. 9 (“Cada cámara elegirá un presidente

de entre sus miembros respectivos”.). Es patentemente

frívolo sostener que, dado que las cámaras legislativas

tienen la facultad de nombrar a sus presidentes, este

Tribunal está igualmente facultado para hacer lo propio.

Ese pretendido silogismo es claramente deficiente, puesto

que obvia el texto de la Constitución que, como dijimos,

expresamente dispone que serán los propios miembros de

los

cuerpos

legislativos

quienes

escogerán

a

sus

respectivos presidentes. Asimismo, la Constitución es

diáfanamente clara al disponer que la selección del Juez

Presidente

de

este

Tribunal,

en

tanto

juez,

es

prerrogativa exclusiva del Gobernador, si bien con el

consejo y consentimiento del Senado. Más que nada, la

postura del peticionario se presenta como un mero

artilugio.

CT-2016-0003

14

inconvenientes”. Nieves Huertas, 189 D.P.R. en la pág.

624

(citas

omitidas).

La

imposición

de

esta

sanción

descansa en la sana discreción de los tribunales. Jarra

Corp. v. Axxis Corp., 155 D.P.R. 764, 779 (2001). En este

caso, en vista de que los argumentos esgrimidos por el

peticionario carecen de todo mérito, son intrascendentes,

y dado que nos encontramos ante una situación análoga a

aquélla que se suscitó en Nieves Huertas, estoy conforme

con la imposición de honorarios de abogado. Véase Nieves

Huertas, 189 D.P.R. en las págs. 624-625.

En consideración de lo anterior, la intervención de

este

Tribunal

supone

una

en

el

proceso

intromisión

político

indebida

en

que

las

se

impugna

prerrogativas,

tanto de la Rama Ejecutiva, como de la Rama Legislativa.

Esto

es,

la

contraviene

teoría

esgrimida

patentemente

la

por

el

doctrina

peticionario

de

cuestión

política, puesto que la selección de la figura del Juez

Presidente, en tanto juez de distinto tipo, es un asunto

que le fue expresamente delegado a las Ramas Ejecutiva y

Legislativa.

Véase,

por

ejemplo,

Noriega

v.

Hernández

Colón, 135 D.P.R. 406, 422-423 (1994); Silva v. Hernández

Agosto, 118 D.P.R. 186, 217 (1962) (Baker v. Carr, 369

U.S. 186, 217 (1962)). Así lo determinó este Tribunal, en

Nogueras v. Hernández Colón (2), cuando señaló que

[e]l mandato de la Constitución es diáfanamente

claro:

el

nombramiento

de

los

jueces

es

compartido por el Ejecutivo y la Legislatura, y

el ejercicio de las funciones de cada uno de

estos poderes no puede darse, en función de la

doctrina constitucional reseñada, a merced del

ejercicio de la función constitucional del otro.

CT-2016-0003

15

Nogueras v. Hernández Colón, 127 D.P.R. 638, 652

(1991). Véase, también, Noriega, 135 D.P.R. en

la pág. 422 (“[la doctrina de separación de

poderes, en lo pertinente,] requiere que los

tribunales no asuman jurisdicción sobre un

asunto porque éste ha sido asignado textualmente

por la Constitución a otra rama del Gobierno . .

.”.) (citas omitidas).

Para

que

no

quepa

la

más

mínima

duda,

es

menester

reiterar lo discutido de manera clara y categórica: el

nombramiento de la figura del Juez Presidente de este

Tribunal es una prerrogativa exclusiva del Gobernador, en

virtud de nuestro sistema tripartita de poderes.21

21

Valga señalar que en los estados de la nación

norteamericana en donde se faculta al gobernador para

nombrar al Juez Presidente “the constitution explicitly

mentions the governor as the person granted the power to

appoint the chief justice of the state‟s court of last

resort.” Luis Rivera Meléndez, Chief Justice of Puerto

Rico’s Supreme Court: A Gubernatorial Appointment of a

Court Election?, 84 Rev. Jur. U.P.R. 1077, 1087 (2015). De

otra parte, en seis (6) estados - California, Connecticut,

Maine,

Massachusetts,

Nebraska

y

Rhode

Islandla

disposición constitucional en cuestión es análoga a la

nuestra:

“[i]n

six

of

these

state

constitutions

[California, Connecticut, Maine, Massachusetts,

Nebraska y Rhode Island] the power to appoint

the chief justice is afforded to the governor in

very broad and general terms. What this means is

that these constitutions do not state explicitly

that the governor will appoint the chief

justice. They only provide the governor with a

sweeping mandate that affords him power to

appoint all judges of the supreme court, or even

a broader mandate allowing him to appoint all

judicial officers of the state.” Id. en la pág.

1089.

Cabe señalar, además, que tanto la constitución de Maine

como la constitución de Massachusetts fueron utilizadas

como referencia para la redacción de la disposición

constitucional que nos ocupa. Const. P.R. Art. V, Sec. 8.

Véase Diario de Sesiones de la Convención Constituyente,

Tomo IV, en la pág. 2611 (1961).

CT-2016-0003

16

IV

En

proceder

vista

de

lo

anterior,

mayoritario.

La

estoy

conforme

presentación

de

con

el

recursos

judiciales no debe servir como instrumento para adelantar

causas

políticas

injustificadamente

ni

la

mucho

legitimidad

menos

de

los

cuestionar

miembros

de

nuestra Judicatura. El discurso político de aspirantes a

cargos públicos es sólo propio en la tribuna política,

donde parece que todo cabe, mas no lo es, ni puede serlo,

ante

el

estrado

judicial.

El

peticionario

se

equivocado de foro.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

ha

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hiram J. Torres Montalvo

Peticionario

v.

CT-2016-0003

Certificación

Intrajurisdiccional

Hon. Alejandro García Padilla,

Gobernador del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico

Recurrido

Opinión de Conformidad

MARTÍNEZ TORRES.

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2016.

Estoy conforme con la expedición del recurso de

certificación intrajurisdiccional y la desestimación

de la demanda de epígrafe, por los fundamentos que se

explican en la Opinión del Tribunal.

I.

El viernes, 12 de febrero de 2016, el Gobernador

de Puerto Rico, Hon. Alejandro García Padilla, le

presentó al Senado para su consejo y consentimiento

la

nominación

Tribunal

de

Supremo,

la

entonces

Hon.

Maite

Jueza

D.

Asociada

Oronoz

del

Rodríguez,

para ocupar el cargo de Jueza Presidenta de ese mismo

foro. El 22 de febrero de 2016, el Senado descargó a

la Comisión de Asuntos de lo Jurídico, Seguridad y

Veteranos

de

su

obligación

reglamentaria

de

evaluar

la

nominación de la Jueza Oronoz Rodríguez y presentar un

informe al Cuerpo con su recomendación. De esa forma, la

nominación de la Jueza pasó directamente a consideración

del Pleno del Senado de Puerto Rico, por lo que no se

celebraron vistas públicas y la Comisión no preparó un

informe con sus hallazgos y recomendaciones.

Ese

mismo

día,

el

Lcdo.

Hiram

J.

Torres

Montalvo

presentó en el Tribunal de Primera Instancia una demanda

de

interdicto,

sentencia

preliminar

declaratoria.

y

permanente,

Alegó

que

se

y

solicitud

debía

emitir

de

un

interdicto para evitar que la Jueza Oronoz Rodríguez fuera

confirmada como Jueza Presidenta “en contravención a la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de

las

nociones

democrática

Apéndice

que

del

básicas

de

una

elimine

las

injusticias

recurso

de

sana

administración

y

certificación,

el

pág.

fraude”.

5.

El

licenciado Torres Montalvo arguyó que en vista de que la

Constitución no dispone un mecanismo para la selección del

Juez Presidente de este Foro, se debía recurrir al Art. 7

del

Código

Civil,

31

LPRA

sec.

7,

para

determinar,

conforme al principio de equidad, que le corresponde a los

Jueces

Asociados

Presidente.

de

este

Justificó

su

Tribunal

interés

en

seleccionar

la

al

Juez

controversia

al

expresar que “es un abogado de profesión por lo que es una

parte directamente afectada por la administración de los

Tribunales”. Apéndice del recurso de certificación, pág.

3.

CT-2016-0003

2

Posteriormente,

el

25

de

febrero

de

2016,

el

licenciado Torres Montalvo presentó ante nos un recurso de

certificación intrajurisdiccional en el que nos solicitó

que certificáramos el caso antes mencionado, dejáramos sin

efecto

el

nombramiento

de

la

Jueza

Presidenta

Oronoz

Rodríguez y promulgáramos un reglamento interno para la

selección del Juez Presidente, el cual incluyese un límite

de años para ejercer ese cargo y cualquier otro mecanismo

de remoción del Juez Presidente. Por su parte, el 29 de

febrero de 2016, la Procuradora General, en representación

del Gobernador y del Estado Libre Asociado, presentó una

solicitud urgente de desestimación en la que argumentó que

el

peticionario

doctrina

de

carecía

cuestión

de

legitimación

política

era

activa,

que

la

aplicable

a

la

controversia planteada y que la misma se había tornado

académica.

Además,

no

manifestó

méritos,

pues

existía

nuestra

Constitución

que

la

demanda

ambigüedad

respecto

al

o

carecía

de

laguna

en

del

Juez

una

nombramiento

Presidente del Tribunal Supremo. Por todo lo anterior, nos

invitó a desestimar de plano la demanda.

II.

A. Certificación intrajurisdiccional

La certificación intrajurisdiccional es un mecanismo

procesal discrecional que permite elevar inmediatamente a

la

consideración

pendiente

ante

el

de

este

Tribunal

Tribunal

de

Primera

cualquier

Instancia

asunto

o

el

Tribunal de Apelaciones cuando, entre otros escenarios, se

plantean cuestiones de alto interés público que incluyen

CT-2016-0003

3

cualquier asunto constitucional sustancial al amparo de la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de

Estados Unidos. 32 LPRA Ap. V R.52.2. En el pasado hemos

dejado

claro

que

atender

asuntos

este

que

es

“el

requieren

mecanismo

urgente

adecuado

solución,

para

ya

sea

porque se afecta la administración de la justicia o porque

el

asunto

es

de

tal

importancia

que

exige

una

pronta

atención”. UPR v. Laborde y otros, 180 DPR 253 272-273

(2010). Ahora bien, debido a su carácter excepcional, al

momento de evaluar este tipo de recurso, debemos analizar

rigurosamente los siguientes criterios: “(1) la urgencia,

(2) la etapa en que se encuentran los procedimientos, (3)

la necesidad que puede presentarse de recibir prueba y (4)

la complejidad de la controversia”. Rivera Schatz v. ELA y

C. Abo. PR II, 191 DPR 791, 849 (2014).

Recientemente

establecimos,

aunque

mediante

una

Sentencia, que los nombramientos de los funcionarios de la

Rama

Judicial

están

revestidos

del

más

alto

interés

público, por lo que un cuestionamiento sobre su corrección

o validez debe ser atendido con premura para evitar que se

socave

la

confianza

del

Pueblo

en

nuestro

sistema

de

justicia. Nieves Huertas et al. v. ELA I, 189 DPR 611, 613

(2013). Por esa razón, en aquella ocasión expedimos un

recurso de certificación intrajurisdiccional y trajimos a

nuestra atención inmediata una demanda en la que se aducía

que los nombramientos de varios jueces, incluso el del

compañero Juez Asociado señor Rivera García, eran nulos.

Íd.

CT-2016-0003

4

En el caso ante nuestra consideración, el peticionario

aduce que el nombramiento de la Jueza Presidenta Oronoz

Rodríguez

según

debe

ser

invalidado

alega,

no

se

Constitución.

Al

evaluar

criterios

antes

hizo

por

este

conforme

ese

expuestos,

Tribunal,

lo

requiere

nuestra

reclamo

a

luz

de

los

forzoso

concluir

que

nos

es

la

pues,

encontramos ante un caso apropiado para ser elevado ante

nuestra

atención

inmediata

mediante

el

mecanismo

de

certificación. La naturaleza de la controversia planteada,

así

como

las

implicaciones

que

esta

tiene

para

la

estabilidad, el funcionamiento y la confianza del Pueblo

en la Rama Judicial de Puerto Rico, hacen imprescindible

que

resolvamos

el

asunto

con

gran

premura.

Además,

adviértase que tanto la parte peticionaria como la parte

recurrida están de acuerdo con que atendamos la demanda de

epígrafe en estos momentos. Por consiguiente, no hay duda

de que ese proceder es lo más apropiado en este caso.

B. Legitimación activa

La

legitimación

activa

de

las

partes

que

reclaman

algún remedio ante los tribunales es un requisito de la

doctrina

de

controversias

definidas

y

relaciones

interés

justiciabilidad.

que

los

antagónico;

sustancial

tribunales

concretas,

jurídicas

de

manera

Esta

requiere

que

las

resuelvan:

(1)

sean

afecten

las

tienen

un

de

tal

forma

entre

las

partes

(2)

que

el

que

se

pueda

que

que

interés

sea

conceder

un

real

y

remedio

específico mediante una sentencia de carácter concluyente

y,

(3)

que

la

controversia

sea

propia

para

una

CT-2016-0003

5

determinación

judicial.

Asoc.

Fotoperiodistas

v.

Rivera

Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011). Así, las controversias

justiciables

se

distinguen

de

disputas

hipotéticas

o

abstractas, así como casos académicos o ficticios. Íd.

Hemos

legitimación

resuelto

que

para

que

activa,

es

necesario

una

que

parte

cumpla

posea

con

los

siguientes requisitos: (1) que ha sufrido un daño claro y

palpable; (2) que ese daño es real, inmediato y preciso,

no abstracto o hipotético; (3) que existe conexión entre

el daño sufrido y la causa de acción ejercitada, y (4) que

la causa de acción surge bajo el palio de la Constitución

o una ley. Fundación Surfrider y otros v. ARPE, 178 DPR

563 (2010).

En

Nieves

demandantes

Huertas

alegaron

et

al.

tener

v. ELA

I,

supra,

varios

legitimación

activa

para

cuestionar la validez de ciertos nombramientos judiciales

por el mero hecho de ser abogados, puesto que la supuesta

nulidad

de

los

nombramientos

afectaría

a

sus

representados, así como el ordenamiento legal y el interés

público.

En

ese

entonces

dejamos

claro,

mediante

una

Sentencia que hoy resulta sumamente persuasiva, que ese

interés genérico no era suficiente para incoar un pleito a

esos

fines.

contrario

De

esa

hubiese

forma,

expresamos

“implicado

que

que

resolver

cualquier

lo

persona

pu[diese] impugnar o hacer cualquier reclamación ante la

violación de cualquier ley sin [tener] […] la necesidad de

exponer

el

daño

específico

provoca[se]”. Íd., pág. 617.

que

tal

actuación

le

CT-2016-0003

6

En el caso que hoy nos ocupa, al igual que en Nieves

Huertas et al. v. ELA I,

supra, el peticionario aduce

genéricamente que tiene legitimación activa debido a que

es abogado y el nombramiento de la Jueza Presidenta Oronoz

Rodríguez

incide

sobre

tribunales,

lo

le

que

la

administración

afecta.

Como

se

de

expresa

los

en

la

Opinión de este Tribunal, entiendo que ese supuesto daño

no es suficiente para concederle legitimación activa. Este

no ha explicado en qué consiste el daño particular, real,

palpable

e

inmediato

que

el

nombramiento

de

la

Jueza

Presidenta le ha causado. Por el contrario, su escueta

alegación sobre este particular lo que demuestra es que

nos encontramos ante un “daño” abstracto e hipotético. Por

lo

tanto,

en

vista

de

que

el

peticionario

carece

de

legitimación activa, estoy conforme con la desestimación

de la demanda de epígrafe.

C. Honorarios de abogado

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R.44.1 dispone que cuando cualquier parte o su abogado

haya

procedido

estará

obligado

concepto

de

con

temeridad

o

frivolidad,

a

imponerle

el

pago

honorarios

de

abogado.

El

de

el

una

tribunal

suma

objetivo

de

por

“la

imposición de honorarios de abogado en casos de temeridad

es establecer una penalidad a un litigante perdidoso que

por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en

una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra

parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos,

trabajo e inconveniencias de un pleito”. (citas omitidas)

CT-2016-0003

7

Andamios de PR v. JPH Contractors, Corp., 179 DPR 503

(2010).

En

este

caso,

el

peticionario,

al

igual

que

los

demandantes en Nieves Huertas et al. v. ELA I, supra, no

ha presentado ningún fundamento jurídico que sustente sus

alegaciones. Por el contrario, sus reclamos se hacen en el

vacío y carecen de cualquier mérito. Esto ha tenido como

consecuencia

directa

que

la

parte

recurrida,

el

Estado

Libre Asociado, haya tenido que incurrir innecesariamente

en gastos para defenderse. Por lo tanto, estoy conforme

con la imposición de honorarios de abogado como sanción al

peticionario. Determinar lo contrario sería inconsistente

con la esencia básica de la justicia, que nos exige tratar

de igual manera a quienes se encuentran en situaciones

análogas. De esa forma evitamos la arbitrariedad en el uso

del

poder.

Así,

apartarnos

del

curso

de

acción

que

seguimos en Nieves Huertas et al. v. ELA I, supra, ante un

escenario análogo al de autos nos obligaría a explicar si

fuimos muy severos con la sanción en aquel entonces o si

estamos siendo muy lenientes con el peticionario en este

caso. Mi voto es por la consistencia en el uso del poder.

De esa forma protegemos la legitimidad del Tribunal y la

confianza del Pueblo en sus instituciones.

III.

Antes

expresiones

de

concluir,

adicionales

me

veo

debido

compelido

al

reciente

a

hacer

ataque

unas

a

la

integridad y dignidad de este Tribunal, y de los Jueces y

Juezas que lo componen.

CT-2016-0003

8

En medio de la evaluación de la nominación de la Jueza

Oronoz Rodríguez, el Senado de Puerto Rico, en el descargo

de

sus

prerrogativas,

consentimiento

de

forma

participación

de

la

Presidente

ese

de

determinó

ofrecer

su

consejo

expedita,

y

la

tradicional

ciudadanía

Cuerpo,

Hon.

en

sin

vistas

Eduardo

públicas.

Bhatia

y

El

Gautier,

justificó el trámite acelerado al alegar que desde este

Tribunal “pretendían usurpar el derecho del gobernador a

nombrar

al

juez

presidente”.

Karixia

Ortiz

Serrano,

Reacción de juez eclipsa juramentación de Oronoz, Metro,

miércoles,

Bhatia

24

de

Gautier

fidedigna

de

posibilidad

febrero

expresó

que

era

esa

una

de

2016,

pág.

que

contaba

posibilidad

agenda

de

2.

con

era

algunos

El

senador

“información

real,

y

esa

senadores

del

Partido Nuevo Progresista y de alguna gente que estaban

confabulándose con algunos abogados y aparentemente había

unos

oídos

ocupan

hoy

bastante

la

receptivos

posición

de

de

jueces

algunas

del

personas

Supremo”.

que

Bhatia

justifica confirmación expreso de Oronoz, Noticel, 23 de

febrero de 2016. Según el senador, tenía conocimiento de

que “había una disposición, disponibilidad de alguna de

las

personas

que

hay

en

el

Tribunal

Supremo,

que

[…]

quieren abrogarse el poder de nominar y nombrar al juez

presidente fuera de lo que dicen las leyes tradicionales

de Puerto Rico”. Íd.

Resulta sorprendente y lamentable que el Presidente

del

Senado

llevara

a

ese

cuerpo

a

actuar

de

forma

atropellada a base de un mero rumor de pasillo que llegó a

CT-2016-0003

9

sus oídos. Ese proceder solo tuvo como efecto desacreditar

injustamente a la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y le

impidió

poder

presentar

al

Pueblo

de

Puerto

Rico

sus

planes desde la presidencia de esta Rama de Gobierno, así

como

poder

atender

cualquier

duda

relacionada

con

su

capacidad para asumir los deberes del cargo. Por un rumor

de pasillo se mancilló la imagen de la Jueza Presidenta.

Por

un

Puerto

rumor

infundado

Rico

de

también

expresarse

se

privó

al

a

tan

respecto

Pueblo

de

importante

nombramiento. Eso no tan solo es contrario a la costumbre

en el Senado al evaluar a las personas nominadas a ocupar

un cargo en este Foro, sino que tampoco es consecuente con

las consignas que profesan los dirigentes de ese Cuerpo

que exhortan enérgicamente al Pueblo a hablar y a hacerse

sentir.

Pero

no

es

a

mí

a

quien

le

corresponde

pasar

juicio sobre esa actuación del Presidente del Senado, la

cual,

sin

lugar

a

dudas,

estaba

dentro

de

sus

prerrogativas. Eso lo juzgará el Pueblo de Puerto Rico en

su día.

Ahora

bien,

lo

que

sí

puedo,

y

más

bien,

estoy

obligado a hacer, es defender la integridad y dignidad de

este

Tribunal.

Bajo

ningún

concepto

puedo

permanecer

callado cuando se mancilla al Tribunal Supremo, usándolo

como una ficha política. Lo que dio pie al trámite tan

precipitado de confirmación de la Jueza Presidenta fue una

mera conjetura que, para colmo, raya en la frivolidad y

carece de todo mérito. Como se menciona en la Opinión del

Tribunal, eso se sabía desde marzo de 2014, cuando el Juez

CT-2016-0003

10

Presidente señor Hernández Denton hizo público el sentir

de todos los integrantes de este Tribunal:

Luego de dialogar con mis compañeros jueces

asociados y juezas asociadas sobre este asunto,

puedo afirmar que todos estamos de acuerdo en

que es al gobernador de Puerto Rico a quien

corresponde cubrir esa vacante con el consejo y

consentimiento del Senado. De la misma manera

que

hemos

defendido

las

prerrogativas

constitucionales de la Rama Judicial, somos

deferentes

y

respetamos

las

prerrogativas

constitucionales de las otras ramas de gobierno.

(Énfasis suplido.) Romero Barceló insta a jueces

a escoger al presidente del Supremo, El Nuevo

Día,

4

de

marzo

de

2014,

http://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota

/romerobarceloinstaajuecesaescogeralpresidentede

lsupremo-q735943/ (última visita, 7 de marzo de

2016).

El texto de la Constitución de Puerto Rico crea dos

puestos distintos en este Tribunal, a saber, el de Juez

Presidente y el de Juez Asociado. Art. V, Sec.3, Const.

ELA,

LPRA

Tomo

1.

No

existe

tal

cosa

como

un

cargo

genérico de “juez del Tribunal Supremo”. Acto seguido, la

Constitución dispone expresamente que le corresponde al

Gobernador nombrar a todos “los jueces”, con el consejo y

consentimiento del Senador. Art V, Sec. 8, Const. ELA LPRA

Tomo

1.

Tanto

el

Juez

Presidente,

como

los

Jueces

Asociados son “jueces”, por lo que no cabe duda que en

nuestro

ambos

es

ordenamiento

prerrogativa

constitucional,

del

la

Gobernador.

nominación

Ese

ha

sido

de

el

entendido desde el primer nombramiento del Juez Presidente

luego de que se aprobara la Constitución en 1952, cuando

el

Gobernador

Luis

Muñoz

Marín

envió

al

Senado

el

CT-2016-0003

11

nombramiento del entonces Juez Asociado Aaron Cecil Snyder

para sustituir al Juez Presidente Roberto H. Todd Borrás

en ese cargo.

Adviértase

diferencia

de

que

la

la

de

Constitución

otras

de

Puerto

jurisdicciones

Rico,

de

a

Estados

Unidos, no dispone que todos los jueces, salvo el Juez

Presidente,

serán

nombrados

por

el

Gobernador.

Por

lo

tanto, dado que la Constitución no establece una excepción

para el nombramiento del Juez Presidente, este recae, al

igual que el resto de los nombramientos judiciales, en

manos del Gobernador de Puerto Rico. Para una discusión en

detalle sobre este particular, véase Luis Rivera Méndez,

Chief

Justice

Gubernatorial

of

Puerto

Appointment

or

Rico‟s

Supreme

a

Election,

Court

Court:

84

A

Rev.

Jur. UPR 1077 (2015).

Me da pena que el senador Bhatia Gautier, quien es

abogado de profesión, le diera alguna credibilidad a esa

conjetura sinsentido. Estaba desmentida desde 2014. Pero

más decepcionante resulta que la utilizara como base para

desarrollar una teoría de conspiración imaginaria, en la

que

este

Gobernador

Tribunal

asumía

y

Asamblea

a

la

un

rol

antagónico

Legislativa.

Esa

frente

al

maniobra,

digna de una teleserie estilo House of Cards, tuvo como

consecuencia directa insertar a este Tribunal en medio de

un

debate

político

partidista

al

cual

no

pertenece,

y

lacerar así la dignidad y confianza del Pueblo en esta

Rama.

CT-2016-0003

12

Debe quedar claro que la Constitución establece que

los

nombramientos

a

este

Tribunal

recaen

en

las

ramas

políticas y, por lo tanto, las personas nombradas a este

Foro reflejan una filosofía judicial consistente con la de

los funcionarios que el Pueblo eligió para llevar a cabo

esos

nombramientos.

Así

lo

expresé

junto

a

la

hermana

Jueza Asociada señora Pabón Charneco en Martínez Román y

otros v. E.L.A., 177 DPR 569 (2009) (Decisión referente a

una moción de inhibición.) La facultad del Gobernador para

nombrar

todos

Presidenta,

los

responde

jueces,

a

esa

incluyendo

facultad.

a

la

Como

Jueza

señaló

el

delegado Víctor Gutiérrez Franqui el 3 de diciembre de

1951

en

la

Convención

Gobernador

la

facultad

traspasarla

a

un

de

“consejo

Constituyente,

quitarle

al

nombrar

los

jueces

para

judicial”,

como

proponía

minoría en la convención,

…sería divorciar la selección de los jueces del

proceso político de un pueblo, para entregarlos

a la selección de una clase, que es la clase

profesional, que tiene que postular ante esos

mismos jueces.

Yo

les

digo,

señorita

Presidenta

y

compañeros delegados, que en el curso del tiempo

dedicado al estudio de estas proposiciones me

tropecé con, por lo menos, cinco o seis formas

distintas de integrar este consejo judicial, y

en todas ellas encontré siempre el mismo

defecto. O sea, en un gobierno democrático es

malo que el Senado de Puerto Rico, electo por el

pueblo, sea el que decida quién va a ser una

persona aceptable para ser juez. Es malo que el

Gobernador de Puerto Rico, electo por el pueblo,

haga la designación inicial correspondiendo al

mandato del pueblo. Pero es muy bueno que nueve

abogados, que nunca han tenido ningún respaldo

la

CT-2016-0003

13

público, ni del pueblo, sean los que en cónclave

se reúnan, y obliguen al Gobernador y al Senado

en la selección de los jueces. Yo no puedo

concebir que ése sea el sistema ideal en una

democracia….

1

Diario

de

Sesiones

de

la

Convención Constituyente 483 (ed. 1961).

Esta institución no es un balón para que los políticos

de turno lo arrojen a su antojo en aras de ganar adeptos o

adelantar sus agendas en la arena político partidista. El

ejercicio responsable del poder en un sistema democrático

exige de los dirigentes de cada una de las tres Ramas de

Gobierno

“prudencia,

respeto

y

deferencia”

hacia

las

demás. PIP v. CEE,

120 DPR 580, 611 (1988). Lo contrario

simplemente

propio

no

es

de

los

hombres

y

mujeres

de

Estado y no es lo que el Pueblo espera de sus gobernantes.

Sin lugar a dudas, la actuación del Presidente del Senado

durante ese proceso dista mucho de esos postulados. Pero

no se le puede pedir peras al olmo. Después de todo, esta

no

es

la

primera

vez

que

el

Presidente

del

Senado

antagoniza, desacredita y le falta el respeto a la Rama

Judicial en aras de adelantar su agenda política. Véase

Alvarado Pacheco y otros v. ELA, 188 DPR 594, 608-610

(2013) (Resolución).

Lo mismo aplica al licenciado Torres Montalvo y a los

políticos

que

han

cuestionado

la

legalidad

del

nombramiento de la Jueza Presidenta. Tampoco puedo guardar

silencio cuando se cuestiona la legitimidad del cargo que

ostenta una integrante de este Tribunal, con el objetivo

de adelantar candidaturas en primarias y cuando se hace

creer al Pueblo que este Foro es un comité partidista

CT-2016-0003

14

sujeto al patronazgo político. No puedo quedarme callado

cuando se trata de socavar la confianza del Pueblo en sus

instituciones por pura gula partidista. Eso es un pecado

capital contra la democracia. La frivolidad de la demanda

debió ser evidente para el licenciado Bhatia Gautier y, de

igual modo, para el licenciado Torres Montalvo. Por eso,

coincido con la imposición de honorarios de abogado al

peticionario.

IV.

Por

todo

lo

anterior,

estoy

conforme

con

la

desestimación de la demanda de epígrafe y la imposición de

honorarios de abogado al peticionario.

Rafael L. Martínez Torres

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hiram J. Torres Montalvo

Peticionario

v.

CT-2016-003

Certificación

Intrajurisdiccional

Hon. Alejandro García Padilla,

Gobernador del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico

Recurrido

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA

MARTÍNEZ

San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2016.

Por estar convencido de que la nominación y

confirmación de todas las personas que ocupamos

la silla de juez o jueza en nuestro sistema de

justicia

es

producto

de

la

prerrogativa

exclusiva de las Ramas Ejecutiva y Legislativa como consecuentemente lo he expresado en varios

foros- estoy conforme con la determinación de

este Tribunal. Por ello, descarto la propuesta

del

peticionario

de

que

reglamentación

–como

una

judicial-

facultades

las

confirmación

Ramas

y

usurpemos

especie

de

correspondientes

convirtamos

el

de

mediante

“pivazo”

nombramiento

a

las

proceso

y

aludidas

en

uno

CT-2016-003

2

eleccionario

entre

los

miembros

del

Pleno.

De

esta

forma, respetamos los límites claros que imparte nuestra

Constitución.

I

El caso de epígrafe encuentra su génesis el 22 de

febrero

de

2016,

Montalvo

(licenciado

presentó

ante

Demanda

de

el

cuando

el

Torres

Tribunal

injunction

Lcdo.

Hiram

Montalvo

o

de

Primera

preliminar

y

J.

Torres

peticionario)

Instancia

una

permanente

y

solicitud de sentencia declaratoria, contra el Estado

Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) y el Hon. Alejandro

García

Padilla,

en

su

capacidad

oficial.

En

esencia,

solicitó un interdicto preliminar para impedirle al ELA

el

nombramiento

y

confirmación

de

la

Hon.

Maite

D.

Oronoz Rodríguez como Jueza Presidenta de este Tribunal.

A su vez, alegó que procedía decretar la ausencia de

fundamento constitucional para delegar en el Gobernador

de Puerto Rico la facultad de nombrar al Juez Presidente

o Jueza Presidenta de este Tribunal. En cuanto a ello,

argumentó que esa autoridad debía recaer en los miembros

de este Tribunal.

En atención a lo anterior, el 23 de febrero de

2016,

el

foro

primario

emitió

una

orden

mediante

la

cual, entre otras cosas, le concedió 5 días a la parte

demandada para que expusiera su posición en torno a la

CT-2016-003

demanda

Previo

3

incoada

al

por

el

vencimiento

licenciado

del

plazo

Torres

concedido,

Montalvo.

el

25

de

febrero de 2016, el licenciado Torres Montalvo acudió

ante

este

Tribunal

mediante

Recurso

de

certificación

intrajurisdiccional.

En su comparecencia, el peticionario plantea que el

nombramiento del Juez Presidente o Jueza Presidenta de

este

Tribunal

apoyo

por

jurídico

parte

en

pronunciamientos

la

del

Gobernador

Constitución

jurisprudenciales.

no

encuentra

en

nuestros

ese

sentido,

ni

En

aduce que ese método de nombramiento vulnera nociones

básicas de democracia y de sana administración de la

justicia. Amparado en lo anterior, el licenciado Torres

Montalvo solicita que dejemos sin efecto el nombramiento

de

la

Hon.

Maite

D.

Oronoz

Rodríguez

como

Jueza

Presidenta de este Tribunal. De igual forma, suplica que

este Tribunal promulgue un “Reglamento Interno” para la

selección

del

Juez

Presidente

o

Jueza

Presidenta,

el

cual incluya un límite de años para ejercer el cargo y

mecanismos para su remoción.

Por su parte, el 29 de febrero de 2016, el ELA, por

conducto

de

compareció

la

ante

desestimación.

Torres

Montalvo

En

Oficina

nos

de

la

mediante

ésta,

carece

Procuradora

Urgente

sostiene

de

que

legitimación

General,

solicitud

el

de

licenciado

activa

para

CT-2016-003

4

promover un pleito en el cual solo invoca un “interés

generalizado” en el funcionamiento de los tribunales.

Del mismo modo, argumenta que la petición de interdicto

instada por el peticionario advino académica, por razón

de que el 22 de febrero de 2016 el Senado confirmó a la

Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez como Jueza Presidenta de

este Tribunal y posteriormente prestó juramento al cargo

que ocupa. Además, la Oficina de la Procuradora General

alega

que

la

demanda

presentada

inmeritoria

y

frívola,

ya

que

es

no

patentemente

existe

ninguna

ambigüedad en nuestra Constitución en torno a que el

nombramiento del Juez Presidente o Jueza Presidenta de

este Tribunal le corresponde al Primer Ejecutivo, sujeto

al consejo y consentimiento del Senado.

Examinado el caso, este Tribunal decidió certificar

y disponer prontamente de la controversia. Mediante el

dictamen

que

hoy

emite,

se

resuelve

que

ésta

no

es

justiciable, ya que el licenciado Torres Montalvo carece

de

legitimación

epígrafe.

Aun

activa

desde

el

para

promover

prisma

más

el

pleito

liberal

de

de

la

concesión de acceso a la justicia, estoy conforme con el

dictamen

de

este

Tribunal

en

cuanto

a

que

el

peticionario no cumple con los criterios esenciales de

la llamada legitimación activa.

CT-2016-003

5

Ahora bien, dado el incuestionable interés público

apremiante que reviste este caso y la persistencia del

debate

jurídico

en

torno

al

tema,

estimo

oportuno

expresarme con relación a la controversia medular que

éste

presenta;

esto

es:

la

manera

en

que

debe

seleccionarse la persona que ocupará la presidencia de

este Tribunal. Véanse Nieves Huertas et al. v. ELA I,

189

DPR

611

(2013)

(Sentencia);

Acevedo

Meléndez,

164

DPR

(2005).

asunto

875

Este

Vilá

v.

primordial

nunca había estado ante nuestra consideración mediante

un

caso-controversia

y,

ciertamente,

requiere

la

más

pronta atención. Ello, en aras de otorgarle certeza a un

aspecto

fundamental

del

funcionamiento

del

Poder

Judicial, sin postergar aún más la resolución de esta

controversia. Veamos.

II

Sabido

es

que

el

mediante

el

posterior

confirmación

jurisdicción

22

método

nombramiento

desde

del

hace

de

del

selección

Primer

Senado,

más

de

rige

un

de

jueces

Ejecutivo

en

y

nuestra

siglo.22

Las

Adviértase que al amparo de las disposiciones de

la Ley Foraker de 1900, el Presidente de los Estados

Unidos nombraba al Juez Presidente y a los Jueces

Asociados

de

este

Tribunal,

con

el

consejo

y

consentimiento del Senado federal. Véase Carta Orgánica

de 1900, Sec. 33, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 45. Del

mismo modo, nótese que bajo la Ley Jones de 1917 se

mantuvo el poder del Presidente de los Estados Unidos de

nombrar al Juez Presidente y a los Jueces Asociados de

CT-2016-003

6

discusiones suscitadas en la Convención Constituyente,

plasmadas

en

el

Informe

Judicial,

constituyen

de

la

Comisión

evidencia

de

irrefutable

la

de

Rama

la

intención de los constituyentes de mantener en nuestra

jurisdicción

el

sistema

de

selección

de

jueces

por

nominación del Gobernador. Surge de aquellos históricos

debates que, luego de considerar cuidadosamente otras

formas de selección de jueces, la Comisión de la Rama

Judicial recomendó retener en nuestra Constitución “la

forma de selección tradicional en el sistema judicial de

Puerto Rico”. IV Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente de Puerto Rico, Informe de la Comisión de

la

Rama

Judicial,

ed.

2003,

pág.

2610.

(Énfasis

suplido). De esta forma, tras concluir que el sistema

tradicional de selección de jueces por nombramiento del

Gobernador era el más adecuado, la Comisión no encontró

motivo

alguno

tradición.

IV

para

que

Diario

de

se

alterara

Sesiones

de

o

derogara

la

esa

Convención

Constituyente de Puerto Rico, Informe de la Comisión de

la Rama Judicial, ed. 2003, págs. 2610-2611.

__________________________________________________________

este Tribunal, sujeto a la aprobación del Senado

federal. Véase Carta Orgánica de 1917, Sec. 40, LPRA,

Tomo 1, ed. 2008, pág. 125. Asimismo, tras la

promulgación de la Ley Orgánica de la Judicatura de

1950, Ley Núm. 432 de 15 de mayo de 1950, se retuvo el

método de selección de jueces mediante el nombramiento

del Gobernador, sujeto al consejo y consentimiento del

Senado. (1950 Leyes de Puerto Rico 1127-1149).

CT-2016-003

Cabe

una

7

resaltar

enmienda

que

que

de

jueces

participación

de

un

miembros,23

constituyentes

proponía

nombramiento

nueve

los

de

este

Consejo

que

adoptar

descartaron

un

método

de

Tribunal

mediante

la

compuesto

por

Judicial,

sometería

una

terna

de

tres

candidatos a la consideración del Gobernador. I Diario

de

Sesiones

Rico,

ed.

de

la

2003,

Convención

págs.

Constituyente

479-480.

Los

de

Puerto

constituyentes

rechazaron este método bajo el fundamento de que no era

deseable permitir que un grupo de nueve letrados, jueces

y antiguos jueces controlaran el nombramiento de jueces

de este Tribunal. I Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente

de

Puerto

Rico,

Argumentando

en

contra

de

ed.

2003,

establecer

el

pág.

483.

propuesto

Consejo Judicial, el delegado Gutiérrez Franqui expresó

que

“sería

divorciar

la

selección

de

los

jueces

del

proceso político de un pueblo, para entregarlos a la

selección de una clase, que es la clase profesional, que

tiene que postular ante esos mismos jueces”. I Diario de

Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico,

ed. 2003, pág. 483. (Énfasis suplido).

23

Este Consejo Judicial estaría compuesto por el

Juez Presidente del Tribunal Supremo, el Juez jubilado

del Tribunal Supremo de mayor antigüedad, el Presidente

del Colegio de Abogados, el Juez de Distrito de mayor

antigüedad, el Decano del Colegio de Derecho de la

Universidad

de

Puerto

Rico

y

cuatro

abogados

practicantes. I Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente de Puerto Rico, ed. 2003, págs. 479-480.

CT-2016-003

8

Por

último,

es

menester

señalar

que

los

constituyentes no vislumbraron que el cardinal principio

de

independencia

judicial

requiriera

la

tradicional

facultad

del

y

el

Senado

de

nombrar

confirmar,

respectivamente,

los

jueces

de

y

Gobernador

modificar

nuestro sistema judicial. Al debatir sobre el tema, los

constituyentes

identificaron

varios

aspectos

que

garantizaban la necesaria independencia judicial y que

permitían que no se modificara el sistema tradicional de

nombramiento

integrado

de

de

jueces,

los

a

saber:

tribunales;

(2)

(1)

el

sistema

el

término

nombramiento

de

los

jueces;

(3)

la

Tribunal

de

adoptar

reglas

de

procedimiento

criminal

y

Judicial

con

de

evidencia;

relación

a

facultad

poder

de

de

este

civil,

(4)

el

de

la

Rama

la

administración

de

los

tribunales; (5) la compensación de los jueces fijada por

ley; (6) el mecanismo de separación de los jueces de sus

puestos; (7) las limitaciones de participación de los

jueces en campañas políticas; y (8) la composición de

este Tribunal y los mecanismos para variarla. I Diario

de

Sesiones

de

la

Convención

Constituyente

de

Puerto

Rico, ed. 2003, págs. 452-455. Indudablemente, para los

constituyentes el sistema tradicional de nominación de

jueces

preserva

la

independencia

necesaria

que

existir en nuestro sistema republicano de gobierno.

debe

CT-2016-003

9

Como se puede apreciar, el método de nombramiento

de

jueces

por

jurisdicción

no

parte

es

un

del

Gobernador

asunto

meramente

en

de

nuestra

tradición,

sino que tiene su génesis en una ponderada determinación

de

nuestros

constituyentes

de

mantener

la

forma

de

selección tradicional en el sistema judicial de Puerto

Rico.

A.

Evidentemente,

la

decisión

de

los

constituyentes

con respecto al sistema de nombramiento de jueces quedó

consumada al aprobarse el texto final de la Constitución

de Puerto Rico en el 1952. Elaboremos.

Como

es

conocido,

entre

sus

disposiciones,

la

Constitución le otorga vida jurídica al Poder Judicial,

y por ende, a este Tribunal. Precisamente, en su Art. V,

Sec. 3, nuestra Carta Magna establece que este Tribunal

será el de última instancia y “se compondrá de un juez

presidente y cuatro jueces asociados”. Art. V, Sec. 3,

Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 412. Es decir,

dentro

de

las

personas

que

ocupan

cargos

en

este

Tribunal, existe un puesto de Juez Presidente o Jueza

Presidenta

y

varios

puestos

asociadas.

La

cantidad

de

de

jueces

jueces

que

y

juezas

revela

la

Constitución puede ser modificada mediante estatuto, a

petición del propio Tribunal. Íd.

CT-2016-003

10

Resulta

solo

oportuno

instaura

la

indicar

figura

del

que

la

Constitución

Juez

Presidente

o

no

Jueza

Presidenta de este Tribunal, sino que la distingue del

cargo de Juez Asociado o Jueza Asociada, toda vez que

delimita

tales

las

funciones

efectos,

primordiales

dispone

que

que

“[e]l

ejercerá.

Juez

A

Presidente

dirigirá la administración de los tribunales y nombrará

un director administrativo, quien desempeñará su cargo a

discreción de dicho magistrado”.24 Art. V, Sec. 7, Const.

ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 416. Ello significa

que

por

mandato

Presidente

presidir

o

y

constitucional

Jueza

dirigir

Presidenta

los

el

no

asuntos

cargo

se

de

Juez

circunscribe a

internos

de

este

Tribunal, sino que tiene la encomienda de administrar el

Poder Judicial.

Tal

y

como

constituyentes,

se

la

acordó

por

Constitución

parte

de

nuestros

le

confiere

al

Gobernador de Puerto Rico la facultad de nombrar los

jueces que compondrán nuestro sistema judicial. Ello es

así en virtud del Art. V, Sec. 8, de la Constitución en

donde expresamente se dispone que “[l]os jueces serán

24

La Constitución de Puerto Rico también advierte

que el Juez Presidente o Jueza Presidenta “presidirá

todo juicio de residencia del Gobernador”. Art. III,

Sec. 21, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 401. A

su vez, por mandato constitucional tiene la encomienda

de presidir la Junta Revisadora de los Distritos

Senatoriales y Representativos. Art. III, Sec. 4, Const.

ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 383.

CT-2016-003

11

nombrados

por

el

Gobernador

con

el

consejo

y

consentimiento del Senado”. Art. V, Sec. 8, Const. ELA,

LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 417. (Énfasis suplido).

Similar

cláusula

emana

del

Art.

II,

Sec.

2,

de

la

Constitución de los Estados Unidos en donde se establece

claramente la facultad del Presidente para nominar a los

jueces

del

Tribunal

Supremo,

con

el

consejo

y

consentimiento del Senado. Art. II, Sec. 2, Const. EE.

UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 173. Además, análoga

cláusula obra en las constituciones de los estados de

Maine,

New

Delaware,

Jersey,

las

New

cuales

Hampshire,

sirvieron

Massachusetts

de

precedentes

y

para

confeccionar la norma que establece nuestra Carta Magna,

según consta expresamente en el Informe de la Comisión

de

la

Rama

Judicial.

IV

Diario

de

Sesiones

de

la

Convención Constituyente de Puerto Rico, Informe de la

Comisión

de

la

Rama

Judicial,

ed.

2003,

pág.

2611;

véase, además, L. Rivera Méndez, Chief Justice of Puerto

Rico’s Supreme Court: A Gubernatorial Appointment or a

Court Election?, 84 Rev. Jur. UPR 1077 (2015).

Adviértase que la citada disposición constitucional

hace referencia a todos los jueces de nuestro sistema

judicial,

por

igual.

Constitución

no

clasifica

categorías

por

hace

Es

decir,

distinciones

o

por

el

ni

texto

mucho

de

la

menos

responsabilidades

los

jueces que el Gobernador nombrará. Por tanto, es forzoso

CT-2016-003

12

concluir que la alusión a “jueces” empleada en el Art.

V, Sec. 8, de la Constitución incluye todo cargo de juez

y,

evidentemente,

se

extiende

al

puesto

de

Juez

Presidente o Jueza Presidenta.

Con relación al caso particular de los miembros de

este

Tribunal,

tomarán

la

posesión

nombramientos

sean

Constitución

de

sus

indica

cargos

confirmados

por

que

éstos

“no

hasta

que

sus

el

Senado

y

los

desempeñarán mientras observen buena conducta”. Art. V,

Sec. 8, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 417.

Precisa subrayar que la Constitución solo restringe la

autoridad del Gobernador para nombrar a los jueces de

este Tribunal en virtud de lo dispuesto en su Art. V,

Sec. 9. De allí surge con meridiana claridad que nadie

podrá ser nombrado juez de este Tribunal a menos que sea

ciudadano de los Estados Unidos y de Puerto Rico, haya

sido admitido al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico

por lo menos diez años antes del nombramiento y haya

residido

en

inmediatamente

Puerto

Rico

anteriores

al

durante

los

cinco

mismo.

Art.

V,

años

Sec.

9,

Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 417.

III

En fin, tras examinar detenidamente el texto de la

Constitución,

así

como

el

historial

de

la

Convención

Constituyente, reafirmo que no existe posibilidad para

CT-2016-003

13

elucubrar

otras

posibles

interpretaciones.

Que

quede

claro: la facultad constitucional para nombrar todos y

cada uno de los jueces y juezas que componen nuestro

sistema judicial –incluida la persona que presidirá este

Tribunal- reside exclusivamente en el Primer Ejecutivo,

sujeto,

claro

está,

al

posterior

consentimiento

por

parte del Senado. Nieves Huertas et al. v. ELA I, supra,

pág. 620; Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR 638, 650

(1991) (Per Curiam); Hernández Agosto v. López Nieves,

114 DPR 601, 620 (1983). Habida cuenta de que el puesto

de Juez Presidente o Jueza Presidenta es un cargo de

“juez”, su nombramiento le corresponde al Gobernador, al

amparo del claro mandato estatuido en el Art. V, Sec. 8,

de

nuestra

Constitución.

Ese

es

nuestro

esquema

constitucional.

Por tanto, opino que no existe ambigüedad o laguna

en

nuestro

ordenamiento

constitucional

en

torno

a

la

manera en que debe seleccionarse la persona que habrá de

presidir

este

Tribunal.

Como

vimos,

la

historia

constitucional de este Pueblo revela dónde radica ese

poder. Ese fue el método que decidieron mantener los

constituyentes

y

el

que

Constitución.

No

se

vislumbró

establecido.

finalmente

otro

se

aprobó

método

en

la

alterno

al

CT-2016-003

14

Cualquier enmienda a nuestro esquema constitucional

en

esa

esfera,

político

y

debe

ser

legislativo

efectuada

mediante

correspondiente.

el

En

curso

ninguna

jurisdicción estatal de los Estados Unidos en la que el

Pleno del Tribunal escoge a su Presidente el proceso ha

sido

provocado

por

un

reclamo

unilateral

del

cuerpo

colegiado. Por el contrario, ese ejercicio de selección

por parte del Pleno está contenido en sus respectivos

ordenamientos

constitucionales

o

estatutarios,

con

un

lenguaje que expresamente lo contempla. Véase L. Rivera

Méndez, Chief Justice of Puerto Rico’s Supreme Court: A

Gubernatorial Appointment or a Court Election?, 84 Rev.

Jur. UPR 1077 (2015).

En consecuencia, considero que no hay espacio en

nuestro ordenamiento constitucional para concluir que el

poder de nominar al Juez Presidente o Jueza Presidenta

de este Tribunal recae en otra autoridad que no sea el

Gobernador

de

Puerto

Rico.

Una

interpretación

en

esa

dirección constituiría una lectura trunca del Art. V,

Sec. 8, de nuestra Constitución, conllevaría resultados

absurdos y atentaría contra la división tripartita de

poderes característica de nuestro sistema de gobierno.

Tanto el texto de la Constitución, como el historial de

su adopción, derrotan de su faz cualquier otra posible

interpretación.

CT-2016-003

15

IV

Al

amparo

de

los

con

la

determinación

conforme

fundamentos

que

enunciados,

hoy

toma

estoy

este

Tribunal.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hiram

Montalvo

J.

Torres

Peticionario

v.

Hon. Alejandro García

Padilla,

Gobernador

del

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico

CT-2016-0003

Certificación

Intrajurisdiccional

Recurridos

Opinión de conformidad en parte y disidente en cuanto a

la Parte V, emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff

Caraballo

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2016.

La

verdad

está

en

los

ojos

que

Justicia en el corazón que la piensa.

la

miran

y

la

Como señala el

Juez Benjamín N. Cardozo, “[p]odemos intentar ver las

cosas

tan

objetivamente

como

queramos.

No

obstante,

nunca las veremos con otros ojos excepto los nuestros”.25

Una cosa es lo que una persona desea, otra cosa es

lo que debe ser y otra lo que es. Y en el mundo del

Derecho, como en la vida misma, estas tres realidades

en ocasiones no se encuentran. La ley es lo que es, y no

siempre lo que necesariamente alguien quisiera que fuera.

Aún más, la ley, e incluso la Constitución, no siempre

representan lo que pudiera estimarse justo o correcto.

25

B.N. Cardozo, The

Nature of the Judicial Process, New Haven, Yale

Univ. Press, 1921, pág. 3.

CT-2016-003

Más

2

bien,

simplemente

reflejan

lo

que

es

la

voluntad

democrática del Pueblo o sus representantes en un momento

determinado.

El concepto de lo que es correcto o de la

justicia

yace en la mente de cada ser humano y puede responder a

múltiples factores.

es

justo

o

Como es de esperarse entonces,

correcto

puede

variar

de

ser

humano

humano, convergiendo en algo bastante amorfo.

lo que

en

ser

El Derecho

debe intentar dar la forma o el acomodo razonable necesario

para reconciliar, en lo que sea posible, lo que es justo o

correcto con lo que es la ley tal cual ha sido legislada.

Así,

a

los

juristas,

sobre

todo

los

que

pautamos

norma

jurídica, nos corresponde tratar de discernir o construir

con el mayor de los esfuerzos tal reconciliación, en armonía

con lo que los parámetros constitucionales, los principios

hermenéuticos

permitan.

y

la

propia

ley que

se

interpreta

nos

lo

Tamaña empresa y a menudo incomprensible labor

que no puede sucumbir ante rigores personales, dogmatismos o

los cánticos de sirena del populismo.

Sólo así podremos

caminar con la frente en alto y con la tranquilidad de que

hemos cumplido con nuestro deber, como se afirma al momento

que se jura al cargo, con la ayuda del Creador.

No

me

queda

duda

de

que

la

respuesta

correcta

con

relación a la controversia de a quién le corresponde nombrar

al Juez Presidente o Jueza Presidenta de este Tribunal –

asunto

que

en

el

Pueblo

ha

producido

un

intenso

e

CT-2016-003

3

interesante

debate-

es

que

tal

nominación

corresponde

al Primer Ejecutivo y su confirmación al Senado de Puerto

Rico.

Así

lo

establece

nuestra

Constitución.

Si

existen

mejores métodos y si los mismos debieran escrutarse en vía a

un cambio es un asunto que claramente no le corresponde

determinar a esta Curia.

Ese poder pertenece al Pueblo a

través del mecanismo remedial que se reservó para sí en

nuestra Constitución.

I

El Lcdo. Hiram Torres Montalvo (peticionario) presentó

ante

este

Tribunal

un

recurso

de

certificación

con

el

propósito de que eleváramos ante nuestra consideración una

Demanda de injunction preliminar y permanente y solicitud de

sentencia

Primera

declaratoria

Instancia

presentada

para

que

se

ante

el

Tribunal

de

deje

sin

efecto

el

nombramiento de la Jueza Presidenta. A tales fines, aduce

que es a este Tribunal Supremo, y no al Gobernador, a quien

le correspondía nombrar a la persona que ocupará el puesto

de Juez Presidente del Tribunal Supremo. Ello, fundado en

que

en

nuestra

Constitución

no

existe

una

específica para el nombramiento de tal cargo.

disposición

Por su parte,

el Estado presentó una Urgente solicitud de desestimación en

la que señala que procede la desestimación de la demanda

presentada por el peticionario debido a que éste no tiene

legitimación

activa

Jueza Presidenta.

para

impugnar

el

nombramiento

de

la

CT-2016-003

4

II

A

Conforme al Art. I, Sec. 2 de nuestra Constitución, el

gobierno de Puerto Rico tendrá forma republicana y estará

compuesto

por

tres

poderes,

los

que

estarán

igualmente

subordinados a la soberanía del Pueblo y encomendados a tres

ramas

distintas

y

separadas:

Rama

Legislativa,

Rama

Ejecutiva y Rama Judicial.26 Los dos criterios fundamentales

que sustentan la doctrina de separación de poderes son: (1)

proteger la libertad de los ciudadanos y (2) salvaguardar la

independencia de cada rama del gobierno, evitando así que

una rama domine a otra o interfiera con ésta.27

Claro está,

la división entre esos tres poderes no significa que haya

independencia

absoluta

entre

éstos,

sino

que,

por

el

contrario, nuestra Constitución busca crear un sistema de

pesos y contrapesos con el fin de generar un equilibrio

dinámico entre poderes de igual rango, y así evitar que

alguno amplíe su autoridad a expensas del otro.28

En cumplimiento con lo anterior, nuestro ordenamiento

jurídico “requiere que las tres ramas reconozcan y respeten

los ámbitos constitucionales de cada una.

Así pues, la

deferencia judicial que le concedemos a la Rama Legislativa

y a la Rama Ejecutiva tiene como corolario necesario que

26

Art. I, Sec. 2, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

27

Colón Cortés v. Pesquera, 150 DPR 724, 750 (2000).

28

Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 89 (1998).

CT-2016-003

5

ellas también tengan la misma deferencia hacia los poderes

conferidos por nuestra Constitución a la Rama Judicial, para

así

evitar

que

se

menoscabe

el

sistema

republicano

de

gobierno”.29

En

nuestra

historia

como

Tribunal,

los

casos

Santa

Aponte v. Ferré Aguayo, 105 DPR 670 (1977), y Santa Aponte

v. Srio. del Senado, 105 DPR 750 (1977), son fundamentales

en el tema sobre el poder de la revisión judicial.

En el

primero, expresamos -mediante Resolución- que “la autoridad

para interpretar la Constitución y las leyes del país reside

exclusivamente en la Rama Judicial.

La Rama Judicial puede

resolver que determinada facultad le corresponde tan solo a

otra Rama, pero la interpretación al efecto es atributo

exclusivo

de

los

tribunales”.30

(Énfasis

suplido).

En

el

segundo, esta Curia fue enfática al establecer que “[l]a

función

de

corresponde

Judicial.

ser

intérprete

exclusivamente

La

Constitución

final

de

la

Constitución

a

un

solo

les

confiere

poder,

al

le

Poder

determinadas

facultades al Poder Legislativo y al Ejecutivo, pero la

definición de sus contornos y la determinación de la validez

de su ejercicio son asuntos cuidadosamente reservados a los

tribunales”.31

(Énfasis

suplido).

Asimismo,

29

Acevedo Vilá v. Meléndez, 164 DPR 855, 884 (2005).

30

Santa Aponte v. Ferré Aguayo, 105 DPR 670, 671 (1977).

31

Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 759 (1977).

citando

CT-2016-003

6

jurisprudencia federal sobre el tema, este Tribunal emitió

la siguiente expresión:

La determinación de si alguna materia ha sido

confiada por la Constitución en cualquier medida

a otra rama del gobierno o si los actos de dicha

rama exceden la autoridad cedida representa de

por sí un delicado ejercicio de interpretación

constitucional

y

en

tal

carácter

es

responsabilidad de esta Corte como intérprete

final de la Constitución. (Énfasis suplido).32

Estrechamente relacionado con el asunto sobre el poder

de

la

revisión

judicial,

justiciabilidad.33

hallamos

la

doctrina

de

Ésta se refiere al conjunto de doctrinas

que surgen del requisito “caso o controversia” dispuesto

expresamente en el Art. III, Sec. 2 de la Constitución de

Estados Unidos.34

El principio de justiciabilidad sirve como

una norma de autolimitación del ejercicio del poder judicial

que

responde

Judicatura

-en

en

específicamente

la

gran

medida-

distribución

diseñada

para

al

papel

asignado

tripartita

asegurar

de

que

a

la

poderes,

ésta

no

intervendrá en áreas sometidas al criterio de las otras

ramas

32

de

gobierno.35

En

virtud

de

esta

doctrina

Íd., pág. 760, citando a Baker v. Carr, 369 US 186, 211 (1962).

33

Es importante aclarar que, distinto a la Constitución de Estados

Unidos, la Constitución de Puerto Rico no tiene una disposición expresa

sobre el requisito de “caso o controversia”. Más bien, ello se incorporó

jurisprudencialmente a nuestro ordenamiento jurídico en ELA v. Aguayo,

80 DPR 552 (1958). Véase R. Elfren Bernier y J. A. Cuevas Segarra,

Aprobación e Interpretación de las Leyes en Puerto Rico, 2da ed., San

Juan, Ed. Publicaciones JTS, Inc., 1987, pág. 147.

34

35

Art. III, Sec. 2, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1.

Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 571 (2010).

además, Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 420 (1995).

Véase,

CT-2016-003

7

autoimpuesta, “los tribunales se preguntan y evalúan si es o

no apropiado entender en determinado caso tomando en cuenta

diversos factores y circunstancias mediante un análisis que

les permite ejercer su discreción en cuanto al límite de su

poder

constitucional”.36

corolarios

de

la

Los

doctrina

siguientes

de

elementos

justiciabilidad:

consultiva

(advisory

opinion),

pleito

legitimación

(standing),

academicidad

(mootness),

son

opinión

colusorio,

madurez

(ripeness) y cuestión política.37

En consideración a que el punto focal que activa al

Poder

Judicial

justiciable,

es

hemos

la

presencia

expresado

que

de

una

controversia

en

ausencia

de

ésta

“la intrusión del tribunal constituirá una transgresión de

los poderes de otra rama de gobierno”.38

En síntesis, “[e]l

pleito debe ser justiciable, no puede constituir una opinión

consultiva, debe estar maduro, el demandante debe de tener

capacidad

para

demandar,

y

el

pleito

una

de

las

no

debe

ser

doctrinas

de

autolimitación es la legitimación activa (standing).

Con

académico”.39

Como

mencionamos,

ésta requerimos que todo aquel que quiera ser parte en una

36

Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 720 (1980).

37

Véase J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y

relaciones constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis

SA, 2009, pág. 89.

38

R. Elfren Bernier y J. A. Cuevas Segarra, Aprobación e

Interpretación de las Leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Ed.

Publicaciones JTS, Inc., 1987, pág. 148.

39

Íd., pág. 149.

CT-2016-003

8

reclamación

judicial

“ha

de

individualizada y concreta

tener

una

en la reclamación

capacidad

procesal”.40

De esta forma nos aseguramos de que el promovente de la

acción

tiene

un

interés

de

tal

índole

que,

con

toda

probabilidad, proseguirá con su causa de acción de manera

vigorosa y traerá a la atención del tribunal las cuestiones

en controversia.41

En ausencia de una disposición estatutaria que confiera

expresamente

legitimación

requiere

la

que

parte

activa

que

a

ciertas

solicita

un

personas,

remedio

se

judicial

pruebe lo siguiente: (1) que ha sufrido un daño claro y

palpable;

(2)

abstracto

o

el

daño

es

hipotético;

real, inmediato

(3)

existe

una

y

preciso,

relación

no

causal

razonable entre la acción que se ejecuta y el daño alegado,

y (4) la causa de acción surge al amparo de la Constitución

o de alguna ley.42

En

la

situación

que

atendemos,

el

peticionario

argumenta que tiene legitimación activa para solicitar que

interpretemos

Tribunal

el

si

es

el

que tiene

Gobernador

la

facultad

o

el

para

Pleno

de

este

nombrar

al

Juez

Presidente o Jueza Presidenta de este Foro meramente por ser

abogado en nuestra jurisdicción.

40

Vagamente arguye que se ve

Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 DPR 559, 563 (1989).

41

Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824, 835 (1992). Véase,

también, Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 413 (1982).

42

Véase Hernández Torres v. Gobernador, supra, págs. 835-836.

CT-2016-003

9

afectado con el nombramiento de la Jueza Presidenta por

parte del Gobernador, pues es en ella en quien recae la

administración de la Rama Judicial, en la cual litiga. No le

asiste

la

razón.

El

daño

requerido

para

que

una

parte

ostente legitimación activa tiene que ser real, inmediato y

preciso, no abstracto o hipotético como el que expone el

peticionario.

De ordinario, esta determinación sería suficiente para

disponer del caso, o sea, desestimar la demanda presentada.

Ello por razón de que si el peticionario no tiene acción

legitimada, prudencialmente nos abstendríamos, como regla

general, de entender en los méritos del mismo.

Ahora bien,

y con el propósito de que no quede duda sobre la validez de

los actos del Gobernador y del Senado en una controversia de

alto interés público como la de autos, aun aceptando -a los

fines

de

la

argumentación-

que

el

peticionario

tuviera

acción legitimada para instar el recurso de certificación,

intimo que el resultado sería el mismo.43

Veamos.

B

Los

Padres

de

la

Constitución

confirieron

el

poder

nominador de los Jueces de esta Curia, incluido el del Juez

43

Véase Acevedo Vilá v. Melendez, 164 DPR 875 (2005).

CT-2016-003

10

Presidente, al Gobernador, con el consejo y consentimiento

del Senado de Puerto Rico.

atendido

en

el

texto

Este asunto queda claramente

expreso

del

Art.

V,

Sección

8

de

nuestra Constitución, en el que se establece lo relativo al

nombramiento

de

los

jueces

de

la

Rama

Judicial.

Éste

dispone lo siguiente:

Los jueces serán nombrados por el Gobernador con

el consejo y consentimiento del Senado. Los

jueces del Tribunal Supremo no tomarán posesión

de sus cargos hasta que sus nombramientos sean

confirmados por el Senado y los desempeñarán

mientras

observen

buena

conducta.

(Énfasis

44

suplido).

En cuanto al Tribunal Supremo de Puerto Rico, la propia

Constitución

establece,

en

su

Art.

V

Sec.

3, que

“[e]l

Tribunal Supremo será el tribunal de última instancia en

Puerto Rico y se compondrá de un juez presidente y cuatro

jueces asociados. El número de sus jueces sólo podrá ser

variado por ley, a solicitud del propio Tribunal Supremo”.

(Énfasis suplido).45

En virtud de su facultad para variar

el número de jueces, la Legislatura aprobó la Ley Núm. 1692010 “a los fines de aumentar el número de jueces asociados

del Tribunal Supremo a ocho (8) para que junto con el Juez

Presidente sean nueve (9) jueces los que compongan el máximo

foro”.

Ahora, el Art. 3.001 de la Ley de la Judicatura de

2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24r, dispone que “[e]l

Tribunal Supremo será el tribunal de última instancia en

44

Art. V, Sec. 8, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

45

Art. V, Sec. 3, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

CT-2016-003

11

Puerto Rico y se compondrá de un Juez Presidente y de ocho

(8) Jueces Asociados”.

la

figura

En esta ley se mantuvo diferenciada

del

Juez

Presidente de

se

puede

apreciar,

los

puestos de

Jueces

Asociados.

Como

de

disposiciones

legales

aplicables

Gobernador

Puerto

Rico

de

constitucional

de

nombrar

es

a

la

se

quien

los

lectura

de

las

desprende

que

el

tiene

facultad

jueces

en

la

Puerto

Rico.

No tan solo la facultad de nominar los juristas que ocuparán

los cargos de Jueces Asociados de este Tribunal Supremo,

sino también el de Juez Presidente o Jueza Presidenta, así

como el de todos los jueces que componen nuestra Judicatura.

Así, los arquitectos de la Constitución diseñaron un proceso

de nombramiento de jueces para el Poder Judicial en el cual

el Poder Ejecutivo es el que está facultado para nominar la

persona que ocupará el cargo de Juez Presidente, siempre y

cuando el Poder Legislativo, por conducto del Senado de

Puerto Rico, confirme su nombramiento.

A la luz de nuestra Constitución no hay espacio para

adoptar la pretensión del peticionario de que sea el Pleno

de este Tribunal Supremo el que tenga la potestad de nombrar

quién

será

su

Juez

Presidente

o

Jueza

Presidenta.

IV,

Sec.

4

Me

explico.

Primeramente,

el

Art.

de

nuestra

Constitución establece que “el Gobernador del Estado Libre

CT-2016-003

12

Asociado podrá […] nombrar, en la forma que se disponga por

esta Constitución o por ley, a todos los funcionarios para

cuyo nombramiento este facultado […]”. (Énfasis suplido).46

De

esta

forma,

expresamente

que

en

nuestra

“[l]os

jueces

Constitución

serán

se

nombrados

consignó

por

el

Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado”.47

Entre las disposiciones pertinentes a los jueces de la Rama

Judicial se constituye la composición de los jueces de este

Tribunal

Supremo

de

la

siguiente

forma:

“[e]l

Tribunal

Supremo […] se compondrá de un juez presidente y cuatro

jueces asociados”.48

Por ello, el planteamiento del peticionario en cuanto a

que el Art. V, Sec. 8 de nuestra Constitución (sobre el

poder del Gobernador de nombrar a los jueces) no incluye el

cargo de Juez Presidente no tiene cabida lógica en Derecho.

Esto pues, ante la ausencia de exclusión, debemos entender

que cuando los Padres de la Constitución expresaron “jueces”

se referían precisamente a todos los jueces, tanto a los

Jueces Asociados como al Juez Presidente o Jueza Presidenta,

sin distinción.

46

Art. IV, Sec. 4, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

47

Art. V, Sec. 8, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

48

Art. V, Sec. 3, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

CT-2016-003

13

Además, si al Gobernador no le corresponde hacer la

nominación del Juez Presidente o Jueza Presidenta porque tal

facultad no se encuentra expresamente en la Constitución, o

sea, porque nuestra Carta Magna guarda silencio al respecto,

tendríamos que concluir,

basado en ese mismo razonamiento,

que tampoco podría nombrar a los Jueces Asociados porque ese

poder tampoco aparece expresamente en la Constitución.

es,

si

la

expresión

gobernador”

no

Presidenta,

entonces

“los

incluye

jueces

al

¿por

serán

Juez

qué

sí

nombrados

Presidente

incluye

a

Esto

por

el

o

Jueza

los

Jueces

Asociados?

Ciertamente, de ninguno de los puestos –el de Juez

Presidente así como el de los Jueces Asociados- se hace

mención expresa en la Constitución con relación a quién

corresponde nombrarlos.

Por eso, al evaluar cada expresión

en su contexto, llego a la irremediable conclusión de que

cuando el Art. V, Sec. 8 de nuestra Constitución menciona a

"los

jueces"

incluye

a

todos

los

jueces,

incluyendo

necesariamente a los Jueces Asociados y al Juez Presidente o

Jueza Presidenta.

Ahora

bien,

argumentación-

que

si

aceptáramos

en

efecto

la

-para

fines

Constitución

no

de

la

dispone

expresamente quién ha de tener la facultad de nominar al

Juez

Presidente

o

Jueza

Presidenta,

las

reglas

de

CT-2016-003

14

hermenéutica nos establecerían un camino mucho más complejo

que simplemente autoconferirnos tal facultad.

Sabido

ejercicio

es

de

que

la

hermenéutica

interpretar

las

legal

leyes,

Me explico.

se

lo

refiere

que

al

conlleva

auscultar, averiguar, precisar y determinar cuál ha sido la

voluntad legislativa, o sea, lo que el Legislador ha querido

exponer.49

Una vez se conoce el deseo y la voluntad del

Legislador se entiende que se ha logrado el objetivo de

interpretar

la ley

y,

por

lo tanto,

alguna regla de hermenéutica.

no

procede

aplicar

Como parte del proceso de

conocer la voluntad legislativa, corresponde examinar las

manifestaciones

del

Legislador

legislativo,

cual

–por

el

lo

durante

general-

el

comienza

proceso

con

un

proyecto de ley que se remite a la comisión pertinente para

que lo estudie y emita un informe con recomendaciones.50

En

este análisis sobre la voluntad o el deseo del Legislador

constituye un elemento de suma importancia el que se pueda

examinar el Diario de Sesiones, puesto que ahí se recoge el

debate en el hemiciclo.51

Constituye un principio cardinal de hermenéutica que al

lenguaje de una ley corresponde darle la interpretación que

valide el propósito que tuvo el Legislador al aprobar la

49

Elfren Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 241.

50

Elfren Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 242.

51

Íd.

CT-2016-003

misma.52

15

Por tanto, hemos establecido que este Foro debe

armonizar -hasta donde sea posible- todas las disposiciones

de ley involucradas, ello con miras a lograr un resultado

sensato, lógico y razonable que represente la intención del

Legislador.53

En

estatutaria,

es

el

ejercicio

fundamental

tener

intención

del

Legislador

para

propósito

e

intención.54

Por

interpretarse

tomando

en

de

la

interpretación

presente

así

dar

cuál

fue

la

efecto

a

ese

ello,

la

ley

debe

consideración

los

fines

que

persigue y en forma tal que se ajuste al fundamento racional

o fin esencial de la ley, y a la política pública que la

inspira.55

Al remitirnos a la transcripción de los debates de la

Asamblea Constituyente para la aprobación de la Constitución

y al Informe de la Comisión de la Rama Judicial observamos

que los constituyentes, tras ponderar varios mecanismos para

la

selección

de

jueces

de

la

Rama

Judicial,

escogieron

deliberadamente el método de selección tradicional de todos

los jueces de la Rama Judicial mediante el nombramiento del

Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado.56

En

52

Rivera Maldonado v. Autoridad sobre Hogares, 87 DPR 453, 456 (1963).

53

Andino v. Fajardo Sugar Co., 82 DPR 85, 94 (1961).

54

Elfren Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 267.

55

Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 DPR 772, 785 (1968).

56

Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, T.

4, págs. 472-518.

CT-2016-003

16

el Informe de la Comisión de la Rama Judicial, la Comisión

consignó lo siguiente:

La comisión recomienda que se retenga en esta

constitución la forma de selección tradicional en

el sistema judicial de Puerto Rico. La comisión

consideró

cuidadosamente

otras

formas

de

selección de jueces, a saber, la elección directa

de los mismos, el sistema auspiciado por la

American Bar Association adoptado en Misuri y

diversas

proposiciones

sobre

sistemas

de

nombramiento mediante la intervención de un

consejo judicial. Prevalece el criterio entre las

autoridades que han tratado este tema, de que la

selección directa de los jueces por elección

popular es un sistema que lejos de garantizar su

independencia los somete a influencias políticas

indeseables. La experiencia demuestra que el

sistema de elección popular ha tenido como

resultado la selección de jueces menos idóneos.

El sistema auspiciado por la American Bar

Association

es

propulsado

en

aquellas

jurisdicciones donde no existe el nombramiento

por el [jefe] ejecutivo como paso de transición

del sistema indeseable de elección hacia el

sistema de nombramiento por el [jefe] ejecutivo a

que se aspira. Aceptándose generalmente, que el

sistema de selección por nombramiento es el más

adecuado, la Comisión no ve razón alguna para que

se altere la tradición puertorriqueña a este

respecto. (Énfasis suplido).57

Al

iniciar

la

discusión

sobre

el

nombramiento

de

jueces, el Presidente de la Convención dio lectura a la

siguiente

sección:

“Los

jueces

serán

nombrados

por

el

Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado, y

los del Tribunal Supremo no entrarán en el ejercicio de sus

cargos sin haber sido confirmados sus nombramientos por el

Senado”. (Énfasis suplido).58 En su turno, el delegado Sr.

57

Informe de la Comisión de la Rama Judicial, Diario de Sesiones de la

Convención Constituyente, T. 4, págs. 2610-2611.

58

Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, T.

1, pág. 472.

CT-2016-003

17

Lino Padrón Rivera propuso una enmienda para que la sección

pertinente

fuese

enmendada

de

la

siguiente

manera:

“Los

jueces del Tribunal Supremo serán electos por los electores

capacitados de Puerto Rico por un término de doce años en

una elección especial”. (Énfasis suplido).59 Debido a que el

delegado Padrón Rivera había votado en la Comisión a favor

de que la elección de los jueces se realizara mediante el

nombramiento

del

Gobernador,

este

emitió

la

siguiente

expresión para justificar su propuesta:

Yo quiero aclarar […] que voté en la comisión

porque el Gobernador nombrara los jueces del

Supremo, aclarando que votaba así porque [ya se]

derrotaba

la

proposición

de

la

delegación

socialista, que mantiene la elección del pueblo;

y comparando entonces el sistema de nombramiento

de Gobernador con el consejo y consentimiento del

Senado, con el sistema de un consejo judicial, yo

estaba con el sistema de nombramientos por el

Gobernador

porque

entendía

que

era

más

democrático el nombramiento por el Gobernador

sujeto a la confirmación del Senado, porque era

un mandato indirecto del pueblo; entendía yo que

era mejor y voté por eso, condicionando el voto,

a defender aquí nuestra teoría de que los jueces

fueran

electos

por

el

pueblo.

(Énfasis

suplido).60

Las expresiones del delegado Padrón Rivera también se

encuentran

Sesiones

comprendidas

intitulado

en

el

“Elección

Supremo

del

Hon.

Lino

Padrón

delegado

Sr.

Ernesto

Ramos

Rivera”.61

En

réplica,

60

Íd., pág. 491.

61

Íd., págs. 802-807.

de

del

Manifestaciones

Íd., pág. 490.

Diario

Jueces

de

59

del

de

Ampliación

el

Apéndice

CT-2016-003

18

Antonini expresó lo siguiente: “La experiencia vivida por el

pueblo

de

Puerto

Rico

con

su

tradición,

la

de

que

la

selección de los jueces mediante el nombramiento [por] el

Gobernador de Puerto Rico con la confirmación del Senado ha

desarrollado una judicatura en Puerto Rico, que bien puede

servir de orgullo al pueblo de Puerto Rico ante cualquiera

de los estados de la Unión Americana”.62 Luego de que los

Constituyentes

analizaran

la

discusión

sobre

la

enmienda

propuesta por el delegado Padrón Rivera, se votó “no ha

lugar” a la enmienda.63

Como

se

desprende,

los

Constituyentes

decidieron

mantener sin enmiendas la sección sobre la selección de

jueces con el propósito de que todos los jueces, incluyendo

al Juez Presidente o Jueza Presidenta del Tribunal Supremo y

los Jueces Asociados, fuesen elegidos por el Gobernador, con

el consejo y consentimiento del Senado.

Valga destacar que

aun cuando se discutieron varios mecanismos para nombrar

jueces,

algún

los

Constituyentes

interés

en

delegar

en

a

ningún

momento

los Jueces

de

mencionaron

este Tribunal

Supremo la facultad de escoger al Juez Presidente o Jueza

Presidenta.64

62

Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, T.

1, pág. 497.

63

Íd., pág. 511.

64

Íd., pág. 472 y ss.

CT-2016-003

19

Antes de la aprobación de nuestra Constitución, la Ley

Foraker

regulaba

expresamente

el

nombramiento

del

Juez

Presidente del Tribunal Supremo y esta establecía que:

El poder judicial residirá en las Cortes y

Tribunales de Puerto Rico […] Disponiéndose […]

que el Presidente y Jueces Asociados del Tribunal

Supremo y el Márshal (Alguacil Mayor) del mismo,

serán nombrados por el Presidente, con el

concurso y consentimiento del Senado; y los

Jueces de las Cortes de Distrito serán nombrados

por

el

Gobernador,

con

el

concurso

y

consentimiento del Consejo Ejecutivo, y todos los

demás empleados y agregados de las demás Cortes

serán escogidos o elegidos según disponga la

Asamblea Legislativa. (Énfasis suplido).65

Aprobada con posterioridad, la Ley Jones disponía lo

siguiente:

El poder judicial residirá en las cortes y

tribunales de Puerto Rico ya establecidos y en

ejercicio de acuerdo y por virtud de las leyes

vigentes. La jurisdicción de dichos tribunales y

los trámites seguidos en ellos, así como los

distintos funcionarios y empleados de los mismos,

continuarán como al presente hasta que otra cosa

se disponga por ley; Disponiéndose […] que el

Presidente y los Jueces Asociados del Tribunal

Supremo serán nombrados por el Presidente, con el

concurso y consentimiento del Senado de los

Estados Unidos […] (Énfasis suplido).66

Como

se

desprende,

la

Ley

Foraker

y

la

Ley

Jones

disponían que el Presidente de Estados Unidos era quien

elegía

al

Juez Presidente

Tribunal Supremo.

y

a los

Jueces

Asociados

del

A pesar de que en nuestra Constitución no

se consignó expresamente la facultad de la Rama Ejecutiva

para escoger a los Jueces de este Tribunal Supremo, del

examen de las disposiciones legales aplicables se colige que

65

Art. 33 de la Ley Foraker, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, págs. 44-45.

66

Art. 40 de la Ley Jones, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 125.

CT-2016-003

los

20

Constituyentes

nuestra

englobaron

Constitución,

la

en

el

facultad

Art.

del

V,

Sec.

8

Gobernador

de

para

nombrar a todos los jueces, haciendo innecesario crear una

disposición específica para regular el nombramiento de los

Jueces de este Foro.

C

Por otro lado, el peticionario argumenta que ante el

supuesto

vacío

Gobernador

constitucional

para

nombrar

al

sobre

Juez

la

facultad

Presidente

o

del

Jueza

Presidenta de este Tribunal, el asunto debería ser atendido

internamente por este Foro mediante la aprobación de un

reglamento

a

Legislativa

los

y

fines

en

de

que,

algunas

como

en

constituciones

la

Asamblea

de

otras

jurisdicciones, los miembros de este cuerpo seamos quienes

seleccionemos a uno de nuestros pares para que presida esta

Curia.

De manera que el peticionario nos invita a aplicar

hermenéuticamente

el

reconocido

principio

de

analogía

en

favor y como fundamento para su causa.

En primer lugar, y como ya hemos señalado, conforme al

estado de Derecho actual, nuestra Constitución no faculta ni

expresa ni implícitamente a los miembros de este Foro a

seleccionar quién nos dirija. Esto, contrario a los cuerpos

legislativos que, como acierta el peticionario, sí están

expresamente

facultados

jurisdicciones

en

las

que

para

ello,

se

concede

y

a

las

otras

explícitamente

tal

CT-2016-003

facultad

21

al

Tribunal

Supremo.

En

cuanto

a

nuestra

jurisdicción, el Art. III, Sec. 9 de nuestra Constitución

expresamente señala que “[c]ada cámara elegirá un presidente

de entre sus miembros respectivos”.67

Como podemos concluir, de los tres cuerpos colegiados

mencionados en nuestra Constitución, a solo dos -el Senado y

la Cámara de Representantes- les fue otorgado expresamente

el poder de que su Presidente fuera elegido por sus pares.

¿Qué razón lógica pudiera existir para que los Padres de

nuestra

Constitución

no

hubieran

hecho

lo

mismo

con

el

Tribunal Supremo, si esa hubiera sido su intención?

Es

evidente

que,

ejecutado

con

relación

a

constituye

una

inferencia

habiéndolo

las

considerado

cámaras

necesaria

que

y

legislativas,

los

Constituyentes

no

quisieron

hacer lo mismo con esta Curia.

Sobre la invocación del principio de analogía por parte

del

peticionario,

debemos

destacar

que

en

nuestro

ordenamiento jurídico se recurre al principio de analogía

únicamente cuando el Derecho no ha contemplado el supuesto

específico que se ha de resolver, pero existe otro semejante

al

planteado

que

ha

identidad de razón.68

67

68

sido

previsto

y

entre

ambos

existe

En estas situaciones hemos resuelto

Art. III, Sec. 9, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

Orraca López v. ELA, 192 DPR 31, 45 (2014), citando a J. Puig Brutau,

Compendio de Derecho Civil, Ed. Bosch, 1987, Vol. I,

pág. 105.

Véase Art. 7 del Código Civil, 31 LPRA sec. 7.

CT-2016-003

22

que “la norma del caso regulado podrá aplicarse por analogía

al caso que no lo está porque la misma razón justifica la

identidad de la consecuencia”.69

Ahora bien, advertimos que

la analogía como función integradora del juez no se impone

de modo automático, sino que precisa un proceso de decisión

judicial.70 Este ejercicio exige circunspección, pues no se

deberá acoger una norma por analogía cuando dicha adopción

tenga el efecto de frustrar la intención que emana de la ley

o la política pública que la inspira.71 De igual manera,

tampoco podrá aplicarse la analogía cuando su utilización

haya sido expresamente prohibida por ley.72

En resumen, los criterios a examinar si procede aplicar

el principio de analogía son los siguientes: existencia de

una laguna legal sobre una cuestión que debe resolverse;

identidad

de

contemplada;

razón

que

entre

no

esta y

exista

otra

situación

prohibición

que

fue

legislativa

de

recurrir a la analogía; y que su aplicación no tenga el

efecto de frustrar la intención que emana de la ley o la

política pública que la inspira.

69

Orraca López v. ELA, supra, pág. 45.

70

Orraca López v. ELA, supra, pág. 45; Legislación

Código Civil, Ed. Lex Nova, 2004, Vol. II, pág. 46.

71

72

Civil

Vigente,

Íd.

Por ejemplo, el Art. 2 de nuestro Código Penal, 33 LPRA sec. 5002,

dispone que “[n]o se podrán crear ni imponer por analogía delitos, penas

ni medidas de seguridad”.

CT-2016-003

23

Debido

a

que

el

principio

de

analogía

tiene

como

elemento esencial la existencia de una laguna legal y, en

atención a que, como he señalado, en nuestra Constitución en

realidad no existe un vacío sobre quién tiene la facultad de

nombrar al Juez Presidente o Jueza Presidenta del Tribunal

Supremo,

estamos

impedidos

de

acudir

al

principio

de

analogía.

Aun así, para fines puramente argumentativos, si

entendiéramos que existe un vacío en ley, tendríamos que

resolver que no procede aplicar por analogía el mecanismo de

selección

de

un

dispuesto

en

nuestra

constitucionales

presidente

de

de

las

Constitución

otras

cámaras

legislativas

ni

disposiciones

las

jurisdicciones

en

las

que

se

faculta a la Corte Suprema la elección de su Juez Presidente

o Jueza Presidenta.

Ello, fundado en que tales situaciones

no

requisitos

satisfacen

los

para

la

aplicación

del

principio de analogía.

Primeramente, no existe identidad de razón entre las

disposiciones de la Asamblea Legislativa y la Rama Judicial,

pues ambas tienen funciones y características muy distintas.

El método de elección de los Legisladores es por el voto

directo de la ciudadanía, y su término se limita a 4 años.73

Por otra parte, la selección de los miembros de esta Curia

se da mediante la nominación por parte del Poder Ejecutivo

con la confirmación del Senado.

73

Nuestro término es hasta la

Art. VI, Sec. 4, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

CT-2016-003

24

edad de 70 años.74

Además, en lo relativo a la composición

de los cuerpos legislativos, la Constitución atiende dicho

asunto de manera muy distinta al Tribunal Supremo. Así pues,

establece la composición de los cuerpos legislativos de la

siguiente manera:

El Senado se compondrá de veintisiete Senadores y

la Cámara de Representantes de cincuenta y un

Representantes, excepto cuando dicha composición

resultare aumentada a virtud de lo que se dispone

en la Sección 7 de este Artículo.

(Énfasis

suplido).75

Como

podemos

observar,

distinción

sobre

los

nuestra

miembros

legislativo y su presidente.

Carta

que

Magna

componen

no

cada

hace

cuerpo

Es decir, el Senado se compone

de 27 senadores, no de 26 senadores y un senador presidente.

Lo mismo ocurre en su homóloga Cámara de Representantes.

En

contraste,

la

en

el

caso

de

este

Tribunal

Supremo,

Constitución no deja espacio a discusión, pues esta dispone

claramente que el Tribunal Supremo estará compuesto por “un

Juez Presidente y cuatro Jueces Asociados”. Por ello, el

cargo de Juez Presidente o Jueza Presidenta es un cargo

separado y único a nivel constitucional que desde el momento

de

su

nombramiento

queda

distinguido

del

de

los

Jueces

Asociados.

Como segundo argumento para la aplicación del principio

de

analogía,

el

peticionario

expone

74

Art. V, Sec. 10, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

75

Art. III, Sec. 2, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

que

en

diversas

CT-2016-003

25

jurisdicciones de Estados Unidos se atiende el asunto de la

selección del Juez Presidente o Jueza Presidenta mediante el

voto mayoritario de los miembros de la corte suprema de la

jurisdicción,

por

mecanismo

selección.

de

lo

que

solicita

Reconozco

que

que

adoptemos

existen

dicho

múltiples

jurisdicciones en Estados Unidos en las cuales la figura del

Juez Presidente o Jueza Presidenta de su Corte Suprema es

elegida entre sus pares por decisión de la mayoría de estos.

Sin embargo, debo mencionar que todas y cada una de estas

jurisdicciones tienen estatutos que expresamente facultan a

los miembros de la corte suprema a tomar dicho curso de

acción.76 En Puerto Rico esa no es la realidad y no nos

corresponde

a

nosotros

como

miembros

de

esta

Curia

conferirnos esas prerrogativas que no nos fueron concedidas

por el Pueblo.

En un breve análisis sobre varias jurisdicciones de

Estados Unidos, me llama la atención el proceso del estado

de Kentucky. Esto pues, su Constitución establece que su

Tribunal Supremo estará constituido por un Juez Presidente o

Jueza Presidenta y 6 Jueces Asociados.77 Además, el poder de

nominación de los jueces en dicha jurisdicción recae en la

76

Sin ánimo de ser exhaustivo, expongo algunas de estas jurisdicciones

y la fuente en derecho que confiere a los miembros de la corte suprema

el poder de selección de su Juez Presidente o Jueza Presidenta.

77

“The Supreme Court shall consist of the Chief Justice

Commonwealth and six associate Justices”. Ky Const. Sec. 110.

of

the

CT-2016-003

26

figura del Gobernador del estado.78 No obstante, distinto al

caso

nuestro,

la

Constitución

de

Kentucky

expresamente

establece que la figura del Juez Presidente de la Corte será

seleccionada

por

pares.79

sus

Si

bien

el

proceso

de

nominación de jueces y lenguaje sobre la composición de la

Corte

Suprema

de

Kentucky

se

asimila

al

nuestro,

es

innegable que en dicha jurisdicción los miembros de la Corte

Suprema

eligen

a

su

Juez

Presidente

o

Jueza

Presidenta

porque su Constitución así los faculta.

Otro caso muy persuasivo a esta controversia es el

ocurrido ante la Corte Suprema de New

Hampshire, en In re

Petition of Governor, 151 N.H. 1 (2004).

Por disposición

expresa de su Constitución, ese Tribunal se compone de un

Juez Presidente y cuatro Jueces Asociados, los cuales ocupan

sus puestos hasta los 70 años, y son nombrados por el Poder

Ejecutivo (el Gobernador y un Concilio Ejecutivo) sin la

intervención del Poder Legislativo.

Rico,

la

Constitución

expresamente

quién

Presidenta.

No

de

nombra

obstante,

New

al

desde

Al igual que en Puerto

Hampshire

Juez

1901

no

establece

Presidente

todos

o

Jueza

los

jueces

78

“A vacancy in the office of a justice of the Supreme Court, or of a

judge of the Court of Appeals, circuit or district court which under

Section 152 of this Constitution is to be filled by appointment by the

Governor shall be filled by the Governor from a list of three names

presented to him by the appropriate judicial nominating commission.”

(Énfasis nuestro). Ky Const. Sec. 118.

79

“The Justices of the Supreme Court shall elect one of their number to

serve as Chief Justice for a term of four years”. Ky Const. Sec. 110.

CT-2016-003

27

presidentes de esa Corte han sido nombrados por el Poder

Ejecutivo (“the Governor and an Executive Council.”).

En el 2003, la Legislatura de New Hampshire aprobó una

ley

que

establecía,

aprobación,

el

Juez

en

síntesis,

Presidente

que

o

a

Jueza

partir

de

su

Presidenta

del

Tribunal Supremo sería el juez de más antigüedad en el Foro

y ejercería su cargo por un término de cinco años, siendo

sustituido

al

final

Asociado

de

más

Tribunal

Supremo

buscaba

desligar,

de

ese

término

antigüedad,

de

y

por

así

el

segundo

Juez

sucesivamente.

El

New

Hampshire

señaló

por

primera

vez,

que

las

esta

ley

funciones

administrativas tradicionalmente atribuidas al cargo de Juez

Presidente de sus funciones adjudicativas.80

Inconformes con esa ley que les despojaba de su poder

de nombrar al Juez Presidente o Jueza Presidenta, la Rama

Ejecutiva

cuestionó,

en

primer

lugar,

la

facultad

constitucional de la Rama Legislativa para llevar a cabo tal

acción, en vista de que la Constitución de New Hampshire

expresamente señala que "[t]odos los jueces serán nominados

y nombrados por el gobernador y el concilio". (“All judicial

80

Es menester señalar que en cuanto a la función administrativa del

puesto de Juez presidente, el Art. 73-a de la Parte II de la

Constitución de New Hampshire establece un lenguaje muy similar al Art.

V, Sec. 3 de nuestra Constitución, al disponer lo siguiente:

The chief justice of the supreme court shall be the administrative

head of all the courts. He shall, with the concurrence of a

majority of the supreme court justices, make rules governing the

administration of all courts in the state and the practice and

procedure to be followed in all such courts. The rules so

promulgated shall have the force and effect of law.

Véase N.H. Const. Pt. 2, Art. 73-a.

CT-2016-003

28

officers

...

shall

be

nominated

governor

and

council[.]”).81

En

and

appointed

segundo

lugar,

by

the

la

Rama

Ejecutiva planteó que debido a sus funciones administrativas

el

puesto

de

juez

presidente

de

la

corte

suprema

es

separado y distinto del de juez asociado". ("[T]he chief

justice position on the supreme court is a separate and

distinct office from that of associate justice").82 Esto,

ante el argumento de la Legislatura de New Hampshire de que

la única función constitucional de un juez es adjudicativa,

por lo que -en vista de que los deberes adjudicativos del

Juez Presidente no difieren de los deberes de los Jueces

Asociados- el cargo de Juez Presidente o Jueza Presidenta no

es distinto ni separado del de los Jueces Asociados.

otras

palabras,

establecidas

que

las

funciones

constitucionalmente

para

el

En

administrativas

puesto

de

Juez

Presidente o Jueza Presidenta no son parte de sus deberes

judiciales, sino más bien auxiliares e independientes a esa

posición, por lo que el cargo de Juez Presidente no es

separado del de los demás Jueces Asociados.

El

primer

Tribunal

lugar,

reservaba

el

Supremo

de

New

Hampshire

resolvió,

duda

de

Constitución

que

no

había

poder

de

nombrar

a

los

Judicial únicamente al Poder Ejecutivo.

que

la

jueces

de

la

en

Rama

Además, señaló que

tampoco existía duda con relación a que el término "jueces"

81

In re Petition of Governor, 151 N.H. 1, 3 (2004).

82

In re Petition of Governor, supra, pág. 3.

CT-2016-003

29

de la Constitución incluía al Juez Presidente.

lo

contrario,

señaló

ese

Tribunal,

sería

Establecer

“desafiar

la

lógica, la razón y la tradición".83

Con

relación

al

argumento

de

que

las

funciones

administrativas del Juez Presidente o Jueza Presidenta eran

auxiliares

e

independientes

a

ese

puesto,

el

Tribunal

Supremo de New Hampshire señaló que el hecho de que las

funciones administrativas del puesto de Juez Presidente o

Jueza Presidenta no fueran de naturaleza adjudicativas, no

significaba que estas funcionaran de manera auxiliar a los

deberes judiciales del Juez Presidente o Jueza Presidenta.

Más

bien,

estos

constitucionalmente

Presidenta

están

poderes

al

cargo

unidos

administrativos

de

Juez

asignados

Presidente

inseparablemente

a

o

su

Jueza

función

adjudicativa y eran incidentales e inherentes a ese cargo.84

Por último, al declarar inconstitucional la ley, el

Tribunal

Supremo

de

New

Hampshire

señaló

que

la

determinación de si el mecanismo de términos de cinco años

rotativos

para

el

puesto

de

Juez

Presidente

o

Jueza

Presidenta sirve mejor al fin público que el mecanismo de

nominación y nombramiento por el Poder Ejecutivo, es un

asunto que no le correspondía a esa Corte considerar.

La

pregunta que tenían ante sí, señala ese Tribunal, era si la

83

In re Petition of Governor, supra, pág. 4.

84

Íd., págs. 7-8.

CT-2016-003

Legislatura

30

tenía

el

poder

constitucional

para

realizar

dicho cambio. El Tribunal Supremo de New Hampshire determinó

que

la

Legislatura

no

tenía

ese

poder.

(“Whether

the

statutory mechanism of rotating 5–year terms for the chief

justice position better serves the public than executive

nomination and appointment is not a question for this court

to

consider.

The

question

before

us

is

whether

the

legislature is empowered by the constitution to declare it

so. Our answer to this question is that the legislature is

not so empowered.”).85

Ahora bien, por otro lado es justo señalar que aunque

la pretensión del peticionario en el caso de autos resulta

incompatible con nuestro estado de Derecho actual, el mismo

-con

algunas

variantes-

es

un

bastante común en Estados Unidos.

mecanismo

ellos-

quién

será

el

selección

Esto es, que los jueces

que integran el Tribunal Supremo eligen

entre

de

Juez

–por mayoría de

Presidente

o

Jueza

Presidenta de la corte, no es una política minoritaria, sino

mayoritaria en las jurisdicciones de Estados Unidos.

Así

ocurre en 23 jurisdicciones, estas son: Alaska,86 Arizona,87

85

In re Petition of Governor, supra, pág. 8.

86

“The chief justice shall be selected from among the justices of the

supreme court by a majority vote of the justices. His term of office as

chief justice is three years.” Alaska Const. Art. IV, Sec. 2(b).

87

“The chief justice shall be elected by the justices of the supreme

court from one of their number for a term of five years, and may be

reelected for like terms.” Ariz. Const. Art. VI, Sec. 3.

CT-2016-003

31

Colorado,88 Florida,89 Georgia,90 Idaho,91 Illinois,92 Iowa,93

Kentucky,94

Michigan,95

Missouri,96

New

Mexico,97

North

Dakota,98 Oklahoma,99 Oregon,100 South Dakota,101 Tennessee,102

88

“The supreme court shall select a chief justice from its own

membership to serve at the pleasure of a majority of the court, who

shall be the executive head of the judicial system.” Colo. Const. Art.

VI, Sec. 5(2).

89

“The chief justice of the supreme court shall be chosen by a majority

of the members of the court.” Fla. Const. Art. V, Sec. 2(b).

90

“The Supreme Court shall consist of not more than nine Justices who

shall elect from among themselves a Chief Justice as the chief presiding

and administrative officer of the court and a Presiding Justice to serve

if the Chief Justice is absent or is disqualified.” Ga. Const. Art. VI,

Sec. 6.

91

“The chief justice shall be selected from among the justices of the

Supreme Court by a majority vote of the justices. His term of office

shall be four years.” Idaho Const. Art. V, Sec. 6.

92

“Supreme Court Judges shall select a Chief Justice from their number

to serve for a term of three years.” Ill. Const. Art. VI, Sec. 3.

93

“The justices of the supreme court shall select one justice as chief

justice, to serve during that justice's term of office.” Iowa Code Sec.

602.4103.

94

“The Justices of the Supreme Court shall elect one of their number to

serve as Chief Justice for a term of four years.” Ky Const.

Sec. 110(5)(a).

95

“One justice of the supreme court shall be selected by the court as

its chief justice as provided by rules of the court.” Mich. Const. Art.

VI, Sec. 3.

96

“The judges of the supreme court shall elect from their number a

chief justice to preside over the court en banc…”. Mo. Const. Art. V,

Sec. 8.

97

“The supreme court of the state shall consist of at least five

justices who shall be chosen as provided in this constitution. One of

the justices shall be selected as chief justice as provided by law.”

N.M. Const. Art. VI, Sec. 4.

“At their first meeting in April of each even-numbered year, the

justices of the supreme court shall, by a majority vote, designate one

of their number, not appointed, to serve as chief justice.” N.M. Stat.

Ann. Sec. 34-2-1(C).

98

“The supreme court shall consist of five justices, one of whom shall

be designated chief justice in the manner provided by law.” N.D. Const.

Art. VI, Sec. 2.

“The judges of the supreme court and district courts shall appoint from

the members of the supreme court a chief justice who shall serve for a

term of five years or until that justice's term expires, whichever shall

first occur.” N.D. St. Sec. 27-02-01.

CT-2016-003

Utah,103

Virginia,104

32

Washington,105

Wisconsin,106

Wyoming107

y

West Virginia.108

__________________________________________________________

99

“The Justices shall choose from among their members a Chief Justice

and a Vice Chief Justice.” Okla. Const. Art. VII, Sec. 2.

100

“The Chief Justice of the Supreme Court shall be a judge of the court

selected by vote of a majority of the judges of the court.”

O.R.S.

Sec. 2.045.

101

“The Chief Justice of the Supreme Court shall be selected from among

the justices of the Supreme Court by a majority vote of the justices for

a term of four years without limitation in successive terms.” SDCL Sec.

16-1-2.1.

102

“After their election and qualification, the judges shall designate

one (1) of their number who shall preside as chief justice.” T. C. A.

Sec. 16-3-102.

“On or before September 1 of each year, the members of the Court shall,

by majority vote, elect a Justice to serve as the Chief Justice.” Sup.

Ct. Rules, Rule 32.

103

“(1) The Supreme Court consists of five justices.

(…)

(3) The justices of the Supreme Court shall elect a chief justice from

among the members of the court by a majority vote of all justices. The

term of the office of chief justice is four years. The chief justice may

serve successive terms. The chief justice may resign from the office of

chief justice without resigning from the Supreme Court. The chief

justice may be removed from the office of chief justice2 by a majority

vote of all justices of the Supreme Court.” U.C.A. 1953 Sec. 78A-3-101.

104

“The Supreme Court shall consist of seven justices, any four of whom

convened shall constitute a quorum. The Chief Justice shall be elected

by majority vote of the justices of the Supreme Court to serve a term of

four years. An eligible justice may decline to serve as Chief Justice,

or a Chief Justice may resign as such, without thereby relinquishing his

membership on the Court as a justice thereof.” Va. Code Ann. Sec. 17.1300.

105

“The supreme court shall select a chief justice from its own

membership to serve for a four-year term at the pleasure of a majority

of the court as prescribed by supreme court rule.” West´s RCWA Const.

Art. IV, Sec. 3.

“A. Quadrennial Nomination and Election of Chief Justice. Commencing in

November 1996 and continuing every four years thereafter, the Supreme

Court shall select from among its membership a Chief Justice who will

serve a four-year term. The term of the person so elected shall commence

on the second Monday in January next succeeding the election. All

members of the court at the time of the election, except those Justices

who it is known will not be members of the court on the second Monday in

January next, shall be eligible for election to the position, including

the incumbent Chief Justice and Justices who have less than four years

to serve on their current term of office.

CT-2016-003

33

__________________________________________________________

Nominations for the position of Chief Justice shall be made orally at

the meeting of the court at which the election is conducted. All

Justices on the court at the time the election is held are eligible to

vote. The vote shall be by secret ballot and the Justice receiving a

majority of the votes of the full court shall be deemed elected to the

position.

B. Resignation of a Chief Justice and Election of a Successor. The Chief

Justice may resign at any time from that position without resigning from

the court. In that event or in the event of the death, resignation, or

removal of the Chief Justice, the remaining Justices of the court shall

elect a successor to the position of Chief Justice in the same manner as

the quadrennial election of a Chief Justice. The Justice so elected

shall serve the remainder of the term of the Chief Justice that Justice

replaces.

The Chief Justice shall be the executive officer of the court preside at

all sessions of the Supreme Court and shall do and perform those duties

required of the Chief Justice by the constitution and laws of the State

of Washington and the rules of this court, and shall serve as

coordinator between the two departments.” Supreme Court Administrative

Rules, SAR 8.

106

“The chief justice of the supreme court shall be elected for a term

of 2 years by a majority of the justices then serving on the court.

The justice so designated as chief justice may, irrevocably, decline to

serve as chief justice or resign as chief justice but continue to serve

as a justice of the supreme court.” Wis. Stat. Ann. Const. Art. VII,

Sec. 4.

107

“The supreme court of the state shall consist of not less than three

nor more than five justices as may be determined by the legislature. The

justices of the court shall elect one of their number to serve as chief

justice for such term and with such authority as shall be prescribed by

law. A majority of the justices shall constitute a quorum, and a

concurrence of a majority of such quorum shall be sufficient to decide

any matter. If a justice of the supreme court for any reason shall not

participate in hearing any matter, the chief justice may designate one

of the district judges to act for such nonparticipating justice.” Wyo.

Const. Art. V,

Sec. 4.

“The supreme court of Wyoming shall consist of five (5) justices. The

justices shall choose one (1) of their number to serve as chief justice,

who shall serve at the pleasure of a majority of the court. The supreme

court is the head of the state judicial system, and the chief justice is

the chief administrator of the duties prescribed by law to be performed

by the court.” W.S. 1977 Sec. 5-2-102.

108

“The supreme court of appeals shall consist of five justices.

(…)Provision shall be made by rules of the supreme court of appeals for

the selection of a member of the court to serve as chief justice

thereof.” W. Va. Const. Art. VIII, Sec. 2.

“The court shall designate one of its justices to be chief justice of

the court for such term as the court may determine by order made and

entered of record. In the absence of the chief justice, any other

justice designated by the justices present shall act as chief justice.”

W. Va. Code, Sec. 51-1-2.

CT-2016-003

Por

otra

jurisdicciones

34

parte,

al

-aunque

igual

con

que

nosotros,

múltiples

unas

trece

variantes-

han

depositado el poder de nominación del Juez Presidente o

Jueza Presidenta en el Gobernador del estado. Éstas son,

California,109

New

York,114

Delaware,110

Maine,111

Connecticut,115

Maryland,112

Nebraska,113

Hawaii,116

Vermont,117

109

“The Judge appointed by the Governor as Chief Judge shall be the

administrative head of the Court during the term of his or her

appointment.” Cal. Const. Art. VI, Sec. 6.

110

“There shall be five Justices of the Supreme Court who shall be

citizens of the State and learned in the law. One of them shall be the

Chief Justice who shall be designated as such by his or her appointment

and who when present shall preside at all sittings of the Court. In the

absence of the Chief Justice the Justice present who is senior in length

of service shall preside. If it is otherwise impossible to determine

seniority among the Justices, they shall determine it by lot and certify

accordingly to the Governor.” Del. Code Ann. Const. Art. IV, Sec. 2.

111

“The Governor shall nominate, and, subject to confirmation as

provided herein, appoint all judicial officers, except judges of probate

and justices of the peace if their manner of selection is otherwise

provided for by this Constitution or by law, and all other civil and

military officers whose appointment is not by this Constitution, or

shall not by law be otherwise provided for.” Me Rev. Stat. Ann. Const.

Art. V, Pt. 1, Sec. 8.

112

“[…]One of the Judges of the Court of Appeals shall be designated by

the Governor as the Chief Judge.[…]” Md. Const. Art. IV, Sec. 14.

113

“In the case of any vacancy in the Supreme Court or in any district

court or in such other court or courts made subject to this provision by

law, such vacancy shall be filled by the Governor from a list of at

least two nominees presented to him by the appropriate judicial

nominating commission.

(…)

(4)

There

shall

be

a

judicial nominating commission

for

the Chief Justice of the Supreme Court and one for each judicial

district of the Supreme Court and of the district court and one for each

area or district served by any other court made subject to subsection

(1) of this section by law.” Neb. Rev. Stat. Const. Art. V, Sec. 21.

114

“The governor shall appoint, with the advice and consent of the

senate, from among those recommended by the judicial nominating

commission, a person to fill the office of chief judge or associate

judge, as the case may be, whenever a vacancy occurs in the court of

appeals; provided, however, that no person may be appointed a judge of

the court of appeals unless such person is a resident of the state and

has been admitted to the practice of law in this state for at least ten

years. The governor shall transmit to the senate the written report of

CT-2016-003

35

Massachusetts,118

Island.121

New

Entre

Hampshire,119

estas

New

jurisdicciones

Jersey,120

y

Rhode

existe

una

gran

__________________________________________________________

the commission on judicial nomination relating to the nominee.” N.Y.

Const. Art. VI, Sec. 2.

115

“Judges of all courts, except those courts to which judges are

elected, shall be nominated by the Governor exclusively from the list of

candidates or incumbent judges submitted by the Judicial Selection

Commission. Any candidate or incumbent judge who is nominated from such

list by the Governor to be Chief Justice of the Supreme Court, and who

is appointed Chief Justice by the General Assembly, shall serve a term

of eight years from the date of appointment.” Conn. Gen. Stat. Ann. Sec.

51-44a.

116

“The governor, with the consent of the senate, shall fill a vacancy

in the office of the chief justice, supreme court, intermediate

appellate court and circuit courts, by appointing a person from a list

of not less than four, and not more than six, nominees for the vacancy,

presented to the governor by the judicial selection commission.” Haw.

Const. Art. VI, Sec. 3.

117

“The Governor, with the advice and consent of the Senate, shall fill

a vacancy in the office of the Chief justice of the State, associate

justice of the Supreme Court or judge of any other court, except the

office of Assistant Judge and of Judge of Probate, from a list of

nominees presented by a judicial nominating body established by the

General Assembly having authority to apply reasonable standards of

selection.” Vt. Const. CH II, Sec. 32.

118

“All judicial officers, [the attorney-general,] the solicitorgeneral, [all sheriffs,] coroners, [and registers of probate,] shall be

nominated and appointed by the governor, by and with the advice and

consent of the council; and every such nomination shall be made by the

governor, and made at least seven days prior to such appointment.” Mass.

Gen. Laws Ann. Const. Pt. 2, C. 2, Sec. 1,

Art. 9.

119

“The supreme court shall consist of 5 justices appointed and

commissioned as prescribed by the constitution. On the effective date of

this section, the administrative position of chief justice shall be held

by the justice with the most seniority on the court for a period of up

to 5 years. Each succeeding chief justice shall serve for a period of up

to 5 years and shall be the justice with the most seniority of service

on the court who has not yet served as chief justice. A justice may

decline to serve as chief justice; however, no justice shall be

permitted to serve successive terms as chief justice. In the event that

all 5 justices have served a term as chief justice, succeeding chief

justices shall serve rotating 5-year terms based on seniority.” N.H.

Rev. Stat. Ann. Sec. 490:1.

No obstante, la Corte Suprema de New Hampshire declaró inconstitucional

este estatuto en In re Petion of the Governor and Executive Council, 151

N.H. 1 (2004). Esto pues, principalmente, la Constitución del estado

definía el cargo de Juez Presidente o Jueza Presidenta como un cargo

distinto al de los Jueces Asociados, por lo que la Asamblea Legislativa

no podía disponer que el cargo se pasaría entre los miembros de la Corte

CT-2016-003

36

diversidad de procedimientos para regular la nominación que

realiza el gobernador. Por ejemplo, Connecticut requiere que

el nombramiento realizado por el Gobernador se circunscriba

a

la

selección

recomendados

por

de

un

uno

de

los

candidatos

previamente

Comité

de

Evaluación

Judicial.122

Mientras, el estado de Maine faculta al Gobernador a hacer

la nominación del Juez Presidente o Jueza Presidenta a su

discreción, pero requiere el consejo y consentimiento del

Senado

del

estado.123

Por

otra

parte,

en

Maryland

el

Gobernador tiene total discreción para designar cuál de los

miembros de su Corte Apelativa ha de ser el Juez o Jueza que

los presida, sin necesidad de que otro cuerpo confirme la

nominación.

__________________________________________________________

Suprema, ignorando el proceso de nominación por el Gobernador para ese

cargo.

120

“The Governor shall nominate and appoint, with the advice and consent

of the Senate, the Chief Justice and associate justices of the Supreme

Court, the Judges of the Superior Court, and the judges of the inferior

courts with jurisdiction extending to more than one municipality; except

that upon the abolition of the juvenile and domestic relations courts or

family court and county district courts as provided by law, the judges

of those former courts shall become the Judges of the Superior Court

without nomination by the Governor or confirmation by the Senate. No

nomination to such an office shall be sent to the Senate for

confirmation until after 7 days' public notice by the Governor.”

N.J.S.A. Const. Art. VI, Sec. 6.

121

“The governor shall fill any vacancy of any justice of the Rhode

Island Supreme Court by nominating, on the basis of merit, a person from

a list submitted by an independent non-partisan judicial nominating

commission, and by and with the advice and consent of the senate, and by

and

with

the

separate

advice

and

consent

of

the

house

of

representatives, shall appoint said person as a justice of the Rhode

Island Supreme Court.” R.I. Const. Art. X, Sec. 4.

122

Conn. Gen. Stat. Ann. Sec. 51-44a.

123

Me Rev. Stat. Ann. Const. Art. 5, Pt. 1, Sec. 8.

CT-2016-003

37

Además, hay 5 estados en los que rige el concepto de

antigüedad al momento de seleccionar al Juez Presidente o

Jueza Presidenta.

Esto es, que los integrantes del Tribunal

Supremo seleccionan de entre ellos a quien los dirigirá como

Corte, ello de acuerdo a la antigüedad de sus miembros.

Valga

aclarar

que

la

antigüedad

se

refiere

al

servicio

ininterrumpido en el Tribunal Supremo de la jurisdicción

particular.

Los

estados

que

cuentan

con

este

tipo

de

selección del Juez Presidente o Jueza Presidenta son:

Kansas,124

Louisiana,125

Mississippi,126

Nevada,127

y

Pennsylvania128.

124

“The justice who is senior in continuous term of service shall be

chief justice, and in case two or more have continuously served during

the same period the senior in age of these shall be chief justice.” Kan.

Const. Art. III, Sec. 2.

125

“The judge oldest in point of service on the supreme court shall be

chief justice. He is the chief administrative officer of the judicial

system of the state, subject to rules adopted by the court.” La. Const.

Art. V, Sec. 6.

126

“The judge of the Supreme Court who has been for the longest time

continuously a member of the court shall be chief justice.” Miss. Code

Ann. Sec. 9-3-11 (West).

127

“The justices of the Supreme Court, shall be elected by the qualified

electors of the State at the general election, and shall hold office for

the term of six years from and including the first Monday of January

next succeeding their election; provided, that there shall be elected,

at the first election under this Constitution, three justices of the

Supreme Court who shall hold office from and including the first Monday

of December A.D., eighteen hundred and sixty four, and continue in

office thereafter, two, four and six years respectively, from and

including the first Monday of January next suceeding [succeeding] their

election. They shall meet as soon as practicable after their election

and qualification, and at their first meeting shall determine by lot,

the term of office each shall fill, and the justice drawing the shortest

term shall be Chief Justice, and after the expiration of his term, the

one having the next shortest term shall be Chief Justice, after which

the senior justice in commission shall be Chief Justice; and in case the

commission of any two or more of said justices shall bear the same date,

they shall determine by lot, who shall be Chief Justice.” Nev. Const.

Art. VI, Sec. 3.

CT-2016-003

38

En Indiana129 y Washington, D.C.,130 el mecanismo para

seleccionar

mediante

a

un

una

Juez

Presidente

comisión

nominadora.

o

Jueza

En

Presidenta

ambos

casos

es

se

requiere que el candidato nominado sea uno de los jueces que

integre el Tribunal Supremo de esa jurisdicción.

Otro método de selección del Juez Presidente o Jueza

Presidenta que se utiliza en otras siete (7) jurisdicciones

es la elección popular por la ciudadanía.131

elegido

por

voto

popular

al

Juez

Una vez se ha

Presidente

o

Jueza

Presidenta, no es necesario ningún proceso de confirmación

por otro cuerpo o comité.132 Los estados que utilizan este

mecanismo

son

Alabama,133

Arkansas,134

Montana,135

North

Carolina,136 Minnesota,137 Ohio138 y Texas.139

__________________________________________________________

128

“The Chief Justice and president judges of all courts with seven or

less judges shall be the justice or judge longest in continuous service

on their respective courts.” Pa. Const. Art. V, Sec. 10(d).

129

“The Chief Justice of the State shall be selected by the judicial

nominating commission from the members of the Supreme Court and he shall

retain that office for a period of five years…”. Ind. Const. Art. VII,

Sec. 3.

130

“The chief judge of a District of Columbia court shall be designated

by the District of Columbia Judicial Nominating [Nomination] Commission

established by § 1-204.34 from among the judges of the court in regular

active service…” DC ST Sec. 1-204.31(b) (West 2001).

131

L. Rivera Méndez, Chief Justice of Puerto Rico´s Supreme Court: A

Gubernatorial Appointment? 84 Rev. Jur. U.P.R. 1077, 1090-1091 (2015).

132

133

Íd.

“The supreme court shall be the highest court of the state and shall

consist of one chief justice and such number of associate justices as

may be prescribed by law.” Ala. Const. Art. VI, Sec. 140.

CT-2016-003

39

__________________________________________________________

“All judges shall be elected by vote of the electors within the

territorial jurisdiction of their respective courts.” Ala. Const. Art.

VI, Sec. 152.

134

“(A) The Supreme Court shall be composed of seven Justices, one of

whom shall serve as Chief Justice. The Justices of the Supreme Court

shall be selected from the State at large.

(B) The Chief Justice shall be selected for that position in the same

manner as the other Justices are selected. During any temporary period

of absence or incapacity of the Chief Justice, an acting Chief Justice

shall be selected by the Court from among the remaining justices.” AR

Const. Amend. 80, Sec. 2.

“(A) Supreme Court Justices and Court of Appeals Judges shall be elected

on a nonpartisan basis by a majority of qualified electors voting for

such office. Provided, however, the General Assembly may refer the issue

of merit selection of members of the Supreme Court and the Court of

Appeals to a vote of the people at any general election. If the voters

approve a merit selection system, the General Assembly shall enact laws

to create a judicial nominating commission for the purpose of nominating

candidates for merit selection to the Supreme Court and Court of

Appeals.” AR Const. Amend. 80, Sec. 18.

135

“(1) The supreme court consists of one chief justice and four

justices, but the legislature may increase the number of justices from

four to six. A majority shall join in and pronounce decisions, which

must be in writing.” Mont. Const. Art. VII, Sec. 3.

(1) Supreme court justices and district court judges shall be elected by

the qualified electors as provided by law.

(2) For any vacancy in the office of supreme court justice or district

court judge, the governor shall appoint a replacement from nominees

selected in the manner provided by law. If the governor fails to appoint

within thirty days after receipt of nominees, the chief justice or

acting chief justice shall make the appointment from the same nominees

within thirty days of the governor's failure to appoint. Appointments

made under this subsection shall be subject to confirmation by the

senate, as provided by law. If the appointee is not confirmed, the

office shall be vacant and a replacement shall be made under the

procedures provided for in this section. The appointee shall serve until

the election for the office as provided by law and until a successor is

elected and qualified. The person elected or retained at the election

shall serve until the expiration of the term for which his predecessor

was elected. No appointee, whether confirmed or unconfirmed, shall serve

past the term of his predecessor without standing for election.

136

“(a) The Supreme Court shall consist of a Chief Justice and six

associate justices, elected by the qualified voters of the State for

terms of eight years.” NC ST Sec. 7A-10.

137

“The supreme court consists of one chief judge and not less than six

nor more than eight associate judges as the legislature may establish.”

M.S.A. Const. Art. VI, Sec. 2.

“The term of office of all judges shall be six years and until their

successors are qualified. They shall be elected by the voters from the

area which they are to serve in the manner provided by law.” M.S.A.

Const. Art. VI, Sec. 7.

CT-2016-003

40

Por su parte, South Carolina es la única jurisdicción

en

la

cual

el

Juez

Presidente

o

Jueza

Presidenta

es

seleccionada por la Asamblea Legislativa, sin interferencia

del

gobernador

ni

de

alguna

Comisión

de

Evaluación

Judicial.140 La Corte Suprema está constituida por un Juez

Presidente o Jueza Presidenta y 4 Jueces Asociados o Juezas

__________________________________________________________

138

“(A) The supreme court shall, until otherwise provided by law,

consist of seven judges, who shall be known as the chief justice and

justices.” OH Const. Art. IV, Sec. 2.

“(A) (1) The chief justice and the justices of the supreme court shall

be elected by the electors of the state at large, for terms of not less

than six years.” OH Const. Art. IV, Sec. 6.

139

El estado de Texas tiene dos cortes que atienden casos en última

instancia dependiendo de su naturaleza, esto es, casos civiles o

penales. En lo relativo a lo civil, su Constitución establece lo

siguiente:

“Sec. 2. (a) The Supreme Court shall consist of the Chief Justice and

eight Justices, any five of whom shall constitute a quorum, and the

concurrence of five shall be necessary to a decision of a case;

provided, that when the business of the court may require, the court may

sit in sections as designated by the court to hear argument of causes

and to consider applications for writs of error or other preliminary

matters.

(b) No person shall be eligible to serve in the office of Chief Justice

or Justice of the Supreme Court unless the person is licensed to

practice law in this state and is, at the time of election, a citizen of

the United States and of this state, and has attained the age of thirtyfive years, and has been a practicing lawyer, or a lawyer and judge of a

court of record together at least ten years.

(c) Said Justices shall be elected (three of them each two years) by the

qualified voters of the state at a general election; shall hold their

offices six years; and shall each receive such compensation as shall be

provided by law.” Vernon's Ann. Texas Const. Art. V,

Sec. 2.

En cuanto a los casos penales, su Constitución establece que:

“Sec. 4. (a) The Court of Criminal Appeals shall consist of eight Judges

and one Presiding Judge. The Judges shall have the same qualifications

and receive the same salaries as the Associate Justices of the Supreme

Court, and the Presiding Judge shall have the same qualifications and

receive the same salary as the Chief Justice of the Supreme Court. The

Presiding Judge and the Judges shall be elected by the qualified voters

of the state at a general election and shall hold their offices for a

term of six years.” Vernon's Ann. Texas Const. Art. V, Sec. 4.

140

Rivera Méndez, supra, págs. 1091-1092.

CT-2016-003

41

Asociadas.141 Los miembros de dicha Corte se eligen por el

voto mayoritario de los dos cuerpos legislativos del estado

por el término de 10 años.142

Como

es

evidente,

el

sistema

adoptado

por

nuestros

delegados constituyentes no es compartido por la mayoría de

los estados, sino por una minoría de éstos.

No obstante,

fue el mecanismo que estos delegados -por las razones que

fueran- decidieron elegir y que el Pueblo finalmente avaló

al ratificar mediante referéndum nuestra Ley Soberana. Como

señalé, no le corresponde a esta Curia cambiar esa realidad.

La

Secs.

establecen

1

al

la

3

del

forma

en

Art.

VII

de

nuestra

que

el

Pueblo

de

Constitución

Puerto

Rico,

mediante el voto libre y democrático, puede enmendar nuestra

Carta

Magna.143

Sólo

así

puede

alcanzarse

lo

que

el

peticionario reclama.

En fin, resolver que el proceso de selección de la

persona que ocupará el cargo de Juez Presidente del Tribunal

Supremo está exento del requisito de nombramiento por parte

del Gobernador tendría el efecto de violentar la disposición

141

“The Supreme Court shall consist of a Chief Justice and four

Associate Justices, any three of whom shall constitute a quorum for the

transaction of business. The Chief Justice shall preside, and in his

absence the senior Associate Justice.” S.C. Const. Art. V,

Sec. 2.

142

“The members of the Supreme Court shall be elected by a joint public

vote of the General Assembly for a term of ten years, and shall continue

in office until their successors shall be elected and qualified, and

shall be classified so that the term of one of them shall expire every

two years.” S.C. Const. Art. V, Sec. 3.

143

Art. VII, Secs. 1-3, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

CT-2016-003

42

constitucional que expone claramente que “los jueces serán

nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento

del Senado”.

Art. V, Sec. 8 de nuestra Constitución.

Al interpretar integralmente las disposiciones legales

aplicables, y añadiendo que la Convención Constituyente no

delegó

ni

Supremo

pretendió

la

Presidenta,

delegar

elección

estoy

a

los

de

su

Juez

seguro

que

el

Jueces

del

Presidente

nombramiento

Tribunal

o

Jueza

del

Juez

Presidente o Jueza Presidenta del Tribunal reside en el

Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento

del Senado.

Es por ello que le corresponde al Pueblo, y no

a esta Corte, decidir si dispondrán de un nuevo mecanismo.

Por otro lado, y con relación a la sanción impuesta al

peticionario, me veo forzado a señalar lo siguiente.

Aunque

estoy conforme con la Opinión del Tribunal respecto a que el

peticionario no contaba con legitimación activa y tampoco le

asistía

la

razón

en

cuanto

al aspecto

sustantivo

de

la

controversia planteada, disiento en lo relativo a que la

misma fuera una frívola.

Distinto al caso de Nieves Huertas

v. ELA, 189 DPR 611 (2013) (Sentencia), la controversia en

este

caso

explicación

requería

del

-en

contexto

el

aspecto

constitucional

sustantivoe

incluso

una

un

análisis histórico de la cláusulas en cuestión y del Diario

de

Sesiones

de

la

Convención

Constituyente,

como

lo

CT-2016-003

demuestra

43

la

Opinión

del

Tribunal

y

los

Votos

de

Conformidad.

Además, no debemos pasar por alto que la teoría del

peticionario es un asunto que se ha discutido públicamente

por los últimos años, lo que ha motivado incluso artículos

de revista jurídica y varias columnas en los principales

diarios del País. De manera que, sin entrar en cuáles fueron

sus

motivaciones,

lo

cierto

es

que

la

acción

del

peticionario nos permite de una vez y por todas expresarnos

con relación a un asunto que entiendo no se encontraba del

todo claro en la mente de muchas personas en nuestro amado

Pueblo.

III

Por los fundamentos expuestos, estoy conforme con que

se

expida

el

recurso

de

certificación

y

se

ordene

la

desestimación de la demanda presentada por el peticionario

por

el

fundamento

de

falta

de

legitimación

activa.

Sin

embargo, disiento con relación a la sanción impuesta al

peticionario.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

CT-2016-0003

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hiram J. Torres Montalvo

Certificación

Intrajurisdiccional

Peticionario

CT-2016-0003

v.

Hon. Alejandro García

Padilla, Gobernador del

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

Recurrido

Opinión concurrente en parte y disidente en parte emitida

por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2016.

Estoy conforme con la decisión de una Mayoría de este

Tribunal de preterir del trámite ordinario y certificar el

caso de autos. De igual manera, estoy conforme con el

resultado anunciado en la Opinión que antecede en cuanto a

que procede desestimar el caso de epígrafe. Siempre he

sido consistente en mi postura de certificar casos de alto

interés y trascendencia pública en el que solo existen

controversias de derecho.144 Véase, Rivera Schatz v. ELA, et

als. 191 DPR 449 (2014); AMPR et als. v. Sist. Retiro

144

En el pasado, ante una situación análoga a la que hoy atendemos,

seguimos el mismo curso de acción y utilizamos el mecanismo de

certificación intrajurisdiccional para atender prontamente el asunto

ante nuestra consideración. Véase, Nieves Huertas v. ELA I, 189 DPR

611 (2013) (Sentencia)(La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no

intervino). Sorprendentemente, una integrante de este Tribunal que en

aquella ocasión tildó el proceder de la Mayoría del Tribunal como un

“ejercicio desmedido de poder” y una intervención a “destiempo” y

“atropellada”, paradójicamente hoy está conteste con certificar la

controversia de autos. Íd. Me conforta que con el pasar del tiempo la

compañera ya no esté tan renuente a utilizar el mecanismo de

certificación intrajurisdiccional para casos adecuados. Parecería ser

que el tiempo la ha hecho recapacitar en cuanto al uso de este

importante mecanismo, ¿o será que, en esta ocasión particular, cambió

el color del cristal con que miró la controversia?

CT-2016-0003

3

Maestros II, 190 D.P.R. 88 (2014). Hoy, al igual que en

otras ocasiones, me reafirmo en ese proceder. Máxime en

una controversia como la de autos en la cual integrantes

de una de las ramas políticas de Gobierno han puesto en

entredicho la integridad de este Foro y, con ello, han

lacerado la confianza del Pueblo en la Rama Judicial. Por

lo tanto, el curso adecuado era certificar la controversia

de

autos

y

resolver

con

premura

el

caso

de

epígrafe,

disipando la incertidumbre y desconfianza orquestada por

el propio Senado de Puerto Rico y que ha tenido el efecto

de

mancillar

la

integridad

de

esta

Institución.

¿Las

razones para su proceder? La historia las juzgará.

Por entender que el peticionario de epígrafe no posee

legitimación activa para instar la Demanda de epígrafe y

que, por lo tanto, carecemos de jurisdicción para resolver

la misma, estoy conforme con la decisión anunciada por una

Mayoría de desestimar el caso de autos. No obstante, ya

que

el

considero

Demandante

no

que

discusión

toda

ostenta

legitimación

activa,

los

de

de

méritos

la

controversia planteada constituye un dictamen nulo y un

obiter dictum. Por ende, me veo obligada a concurrir.

I

Con suma frecuencia los integrantes de esta Curia nos

enfrentamos a casos y controversias cuyas consecuencias

son

de

proteger

alto

el

interés

fino

público.

balance

del

No

obstante,

sistema

en

aras

de

republicano

de

gobierno y la legitimidad de los poderes constitucionales

de

este

Tribunal,

hemos

reiterado

que

solo

podemos

examinar aquellos casos que son justiciables. P.I.P. v.

CT-2016-0003

4

E.L.A. et al., 186 DPR 1, 11 (2012); Asoc. Fotoperiodistas

v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 931 (2011); Moreno v. Pres.

U.P.R. II, 178 DPR 969 (2010); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR

552 (1958). Como es conocido, la justiciabilidad es una

doctrina de autolimitación de los tribunales en respuesta

al poder de revisión judicial.

Uno de los requisitos de “justiciabilidad necesarios

para dar paso al ejercicio de la función judicial es el

que los litigantes ostentes legitimación activa”. P.I.P.

v.

E.L.A.

et

al.,

Fotoperiodistas

v.

supra,

Rivera

pág.

Schatz,

11.

Véase,

supra,

pág.

Asoc.

942.

El

propósito de este principio elemental de autolimitación es

que el promovente de la acción posea un interés real y

genuino en la resolución de la controversia. P.I.P. v.

E.L.A. et al., supra, pág. 11.

Para cumplir con el requisito de legitimación activa

el reclamante tiene que demostrar lo siguiente: (1) que ha

sufrido un daño claro y palpable; (2) el daño es real,

inmediato

existe

y

preciso,

y

no

una

relación

causal

abstracto

e

razonable

hipotético;

entre

la

(3)

acción

ejercitada y el daño alegado; y (4) la causa de acción

debe surgir al amparo de la Constitución o de alguna ley.

P.I.P. v. E.L.A. et al., supra, pág. 12; Fund. Surfrider y

otros v. A.R.Pe., supra, pág. 572; Asoc. Fotoperiodistas

v. Rivera Schatz, supra, pág. 943.

Asismismo

solicitud

debemos

de

dar

hemos

reiterado

desestimación

por

ciertas

por

todas

que

falta

las

al

de

examinar

una

jurisdicción

alegaciones

fácticas

bien alegadas en la demanda e interpretarlas a favor de la

CT-2016-0003

5

parte demandante. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz,

supra, pág. 935.

En el presente caso, la parte demandante aduce que es

abogado de profesión y que la confirmación de la Hon.

Maite

D.

Oronoz

Rodríguez

como

Jueza

Presidenta

del

Tribunal Supremo de Puerto Rico constituye una violación a

las Secciones 7 y 8 de nuestra Constitución. Sostiene,

además, que de prevalecer dicha confirmación se le estaría

confiriendo la facultad de administrar la Rama Judicial a

una

persona

mediante

un

procedimiento

sin

fundamento

legal.

Aun tomando como ciertas las alegaciones de la parte

peticionaria,

este

no

ha

podido

demostrar

que

el

nombramiento de la Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez le haya

causado un daño claro, real, inmediato y preciso a sus

funciones

como

abogado.

Por

el

contrario,

las

alegadas

violaciones constitucionales a las cuales hace referencia

el

peticionario,

generalizadas

que

en

todo

caso,

no

cumplen

con

son

el

cuestiones

estándar

de

legitimación activa autoimpuesto por este Tribunal. Véase,

en general, Fund. Arqueológica v. Depto. de la Vivienda,

109 DPR 387 (1980). Véase, además, Warth v. Seldin, 422

U.S. 490 (1975). A esos extremos estoy conforme con la

Sentencia dictada hoy por este Tribunal.

Lo

anterior

controversia

era

planteada

suficiente

en

el

para

recurso

disponer

de

de

la

epígrafe.

Sin

embargo, una Mayoría de este Tribunal ha decidido entrar a

resolver

los

méritos

del

nombramiento

impugnado

judicialmente. Por entender que es totalmente innecesario

CT-2016-0003

e

impropio

6

dilucidar

los

méritos

de

las

controversias

constitucionales planteadas ante nos, no puedo prestar un

voto de conformidad.

Aunque parezca trillado, es mi deber constitucional

señalar que este Tribunal ha reiterado en un sinnúmero de

ocasiones

el

principio

de

autolimitación

constitucional

que consiste en que

[u]na vez surge por indicación de las partes o

de algún otro modo que el tribunal carece de

jurisdicción, entra en operación el inciso (c)

de la Regla 10.8 de Procedimiento Civil de 2009

(32 L.P.R.A. Ap. V), que ordena la desestimación

del pleito. Las cuestiones jurisdiccionales

deben ser resueltas con preferencia, y de

determinar

un

tribunal

que

carece

de

jurisdicción, “debe desestimar … la reclamación

„sin entrar a los méritos de la cuestión ante

sí‟”.

Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág.

936; citando González v. Mayagüez Resort Casino, 176

DPR 848, 856 (2009), y González Santos v. Bourns

P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).

En

la

medida

en

que

el

presente

caso

no

es

justiciable, este Tribunal carece de jurisdicción y, por

ende, procede automáticamente la desestimación del pleito

sin entrar a los méritos de la cuestión presentada. Id.

Este

Tribunal

ha

sido

muy

riguroso

al

momento

de

auscultar su jurisdicción y desestimar aquellos casos que

no

son

justiciables.

Basta

meramente

recordar

las

ocasiones más recientes en las que hemos sido firmes al

desestimar

cuando

un

caso

no

es

justiciable.

Véanse,

Lozada Sánchez v. JCA, 184 DPR 898 (2012)(Martínez Torres,

J.); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920

CT-2016-0003

7

(2011) (Martínez Torres, J.); Fund. Surfrider y otros v.

A.R.Pe., 178 DPR 563 (2010)(Martínez Torres, J.); Moreno

v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969 (2010)(Martínez Torres,

J.).145

Parecería ser que esta norma es inaplicable a una

Mayoría de este Tribunal que en lugar de desestimar, entra

a

decidir

cuestiones

constitucionales

sin

tener

jurisdicción para ello. Entiende esa Mayoría que el “alto

interés público que reviste el asunto ante nos…” y la

dignidad de este Tribunal así lo ameritan. No puedo estar

conforme con este tipo de inconsistencia que deslegitimiza

nuestra autoridad en el contexto de la revisión judicial y

el sistema republicano de gobierno.

Desde

E.L.A.

v.

Aguayo,

supra,

establecimos

claramente que el interés público en un asunto no era

razón suficiente para dilucidar los méritos de un caso que

no es justiciable. Sin embargo, hoy una Mayoría de este

Tribunal

prestó

su

voto

para

pronunciamientos

en

torno

a

deshacer

las

nuestros

doctrinas

de

autolimitación. En otras palabras, esa Mayoría acaba de

convertir

supremo

esta

tal

Curia

y

como

en

una

tercera

advertimos

cámara

hace

o

consejo

aproximadamente

cincuenta y ocho (58) años en E.L.A. v. Aguayo, supra,

págs. 601-602.

Si bien entiendo que este es un proceder patentemente

erróneo,

145

al

menos

me

conforta

saber

que

la

Opinión

El Juez Asociado señor Martínez Torres hoy da un giro inesperado y

con su voto de conformidad a la Opinión que antecede, abandona una

progenie de casos de su autoría en los cuales es férreo en reafirmar

que la falta de legitimación activa de una parte demandante priva a un

tribunal de jurisdicción para resolver en los méritos la demanda

presentada ante su consideración.

CT-2016-0003

8

Mayoritaria

discusión

no

en

constituye

torno

a

los

precedente

toda

vez

méritos

las

controversias

de

que

la

constitucionales fue emitido por un Tribunal que carece de

jurisdicción. Véanse, Pagán v. Alcalde Mun. De Cataño, 143

DPR 314 (1997); González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125

DPR

48

(1989)(Un

tribunal

que

carece

jurisdicción

solo

tiene jurisdicción para señalar que no la tiene). Por tal

razón, todos los dictámenes incluidos en los acápites III

y IV son nulos y constituyen un mero obiter dictum.

Por último, disiento del proceder de la Mayoría que

insiste

en

honorarios

imponerle

de

al

abogado

peticionario

sin

un

una

análisis

sanción

real

de

de

los

criterios que hemos establecido jurisprudencialmente para

determinar la procedencia de la imposición de ese tipo de

penalidad. Si bien es cierto que el peticionario carece de

legitimación

activa,

planteado

ha

generado

jurídica.

Es

por

conducta

del

también

ello

un

es

gran

que

peticionario

no

cierto

que

el

debate

en

puedo

concluir

constituye

la

asunto

comunidad

que

la

frivolidad

o

temeridad. Más aun, me parece que la Opinión Mayoritaria

tiene el peligroso efecto de disuadir a que los ciudadanos

acudan a los tribunales a presentar sus reclamos.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hiram Torres Montalvo

Certificación

Parte Peticionaria

v.

CT-2016-0003

Hon.

Alejandro

García

Padilla,

Gobernador

del

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

Parte Promovida

Opinión concurrente en parte y disidente en parte emitida

por el Juez Asociado señor RIVERA GARCÍA.

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2016.

Consistente

adecuado

de

con

los

mi

postura

recursos

de

sobre

el

uso

certificación

intrajurisdiccional para asuntos excepcionales de

alto interés público que ameriten la preterición

de

los

trámites

judiciales

ordinarios,

estoy

conforme con la determinación que hoy toma este

Tribunal de acoger el recurso peticionado con el

objetivo de desestimar la demanda presentada por

el

Lcdo.

Hiram

Torres

Montalvo

por

falta

de

legitimación activa. Deseo, sin embargo, comentar

muy brevemente sobre varios aspectos circundantes

a este caso que ameritan ser resaltados. En primer

orden, intereso abundar sobre el desafortunado y

CT-2016-0003

2

erróneo curso de acción que optan por tomar cinco miembros

de

este

Tribunal

de

resolver

mediante

opinión

una

controversia que simple y sencillamente no es justiciable

ante la ausencia de capacidad jurídica del demandante para

incoar la acción judicial ante nuestra consideración. En

segundo orden, intereso comentar sobre ciertas expresiones

que durante los pasados días varios miembros de las ramas

políticas locales han formulado sobre presuntas agendas

escondidas por parte de algunos miembros de este Tribunal.

I

El 12 de febrero de 2016, el Gobernador de Puerto

Rico, Hon. Alejandro García Padilla, nominó a la compañera

Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, entonces Jueza Asociada,

para ocupar el puesto de Jueza Presidenta del Tribunal

Supremo de Puerto Rico. Siguiendo el trámite ordinario

para

este

tipo

de

nombramiento

que

requiere

la

confirmación del Senado, la nominación de la compañera

Jueza debió pasar a la consideración de la Oficina de

Evaluaciones

Técnicas

de

Nombramientos

adscrita

al

referido órgano legislativo. Esta oficina sería entonces

la encargada de, al menos inicialmente, investigar a la

designada

sobre

asuntos

económicos

pertinentes

personales,

a

su

profesionales

designación.

Este

y

informe

pasaría entonces ante la consideración de la Comisión de

lo

Jurídico,

Seguridad

y

Veteranos

del

Senado,

quien

entonces debía comenzar un proceso de vistas públicas en

las

cuales

expresar

su

los

ciudadanos

conformidad

o

interesados

rechazo

con

podían

la

acudir

a

designación

CT-2016-0003

3

realizada por el señor Gobernador. Subsiguientemente, esta

Comisión emitiría un informe positivo o negativo dirigido

a

todos

los

miembros

del

Senado

con

sus

hallazgos

y

recomendaciones sobre la nominada.

El 22 de febrero de 2016, en completa inobservancia

de ese proceso ordinario, una mayoría del Senado optó por

considerar

mediante

el

mecanismo

del

descargue

la

nominación de la entonces Jueza Asociada señora Oronoz

Rodríguez. De esta forma, todos los senadores y senadoras

emitieron sus respectivos votos a favor o en contra de la

referida

nominación,

quedando

finalmente

confirmada

por

una votación de 15 votos a favor y 12 votos en contra. En

esa misma fecha del 22 de febrero de 2016 el Lcdo. Hiram

J. Torres Montalvo presentó ante el Tribunal de Primera

Instancia

una

demanda

de

interdicto,

preliminar

y

permanente,

y

solicitud

de

sentencia

declaratoria.

En

ésta, el licenciado Torres Montalvo cuestionó, en esencia,

la facultad del Gobernador de Puerto Rico para designar al

Juez

Presidente

o

a

la

Jueza

Presidenta

del

Tribunal

Supremo de Puerto Rico. Subsiguientemente, el licenciado

Torres Montalvo presentó ante este Tribunal un recurso de

certificación intrajurisdiccional en el que nos solicitó

que certificáramos la controversia planteada ante el Foro

Primario.

Ante este trámite procesal, todos los Jueces y Juezas

de este Tribunal coincidimos en que el presente caso debe

ser atendido mediante el recurso de certificación. Ahora

bien, independientemente de los méritos - o deméritos como

plantean algunos distinguidos miembros de este Foro - del

planteamiento

de

los

demandantes

sobre

la

presunta

CT-2016-0003

4

facultad del Gobernador de designar al Juez Presidente de

la Rama Judicial, la realidad es que este asunto que no

queda adjudicado en la determinación que hoy toma este

Tribunal porque quien lo trae ante nuestra consideración

no tiene legitimación activa.146 Así, las expresiones que

formulan

hoy

cinco

compañeros

Jueces

y

Juezas

no

constituyen más que un dictum o simple tinta sobre papel

que no sienta precedente alguno en nuestra jurisdicción.

Y es que tomar de otra manera el inverosímil curso

decisorio de cinco miembros de este Alto Foro supondría no

meramente

una

legitimización

liberalización

activa,

sino

de

la

la

doctrina

erradicación

de

total

y

absoluta de ésta en nuestra jurisdicción. Estableciendo

así, o más bien pretendiendo establecer, el desafortunado

precedente

de

que

a

partir

de

ahora

cualquier

persona

puede hacer cualquier reclamación ante la violación de

cualquier

específico

ley

sin

tener

la

necesidad

alguno.

Peor

aún,

a

de

partir

exponer

de

hoy

daño

sería

improcedente que nuestros Jueces y Juezas ausculten, como

paso previo a la adjudicación de un caso, si la parte

promovente tiene algún interés legítimo en su reclamación.

Quedan hoy todos informados que conforme a la tinta de

cinco miembros de este Foro los tribunales tienen carta

146

Así concluyó, incluso, la compañera Juez Asociada Rodríguez

Rodríguez hace apenas tres años en Nieves Huertas et al. v. ELA I, 189

DPR 611, 627-628 (2013) donde expresó lo siguiente:

Aunque concluye [la mayoría del Tribunal] que los

demandantes no tienen legitimación activa para instar el

pleito de epígrafe, el Tribunal insiste en resolver el

asunto en los méritos y determinar que los nombramientos

en cuestión son válidos. Sabemos que una vez se concluye

la falta de legitimación activa, lo único que procede es

la desestimación de la causa. En cambio, los jueces que

en esta ocasión componen el Tribunal resuelven los

méritos de las demandas, en contravención a las doctrinas

de justiciabilidad y de autolimitación judicial. (Énfasis

suplido).

CT-2016-0003

blanca

5

para

intervenir

en

los

méritos

en

cuanta

controversia entiendan pertinente en total inobservancia

de

los

elementos

expensas

de

más

básicos

cualquier

de

distorsión

justicibialidad

que

tal

acción

y

a

pueda

suponer a las funciones propias de la Rama Judicial.

Ante este ejercicio, valga preguntarnos dónde está la

opinión disidente de la compañera Juez

Asociada señora

Rodríguez Rodríguez alegando violación a “los principios

de autolimitación judicial” y su trillado discurso sobre

el

“uso

abusivo

Tribunal”.147

No

del

recurso

le

quepa

de

duda

certificación

por

este

a

hoy

esa

nadie

que

compañera presta su voto para emitir una opinión no porque

interesa

seguir

una

línea

cónsona

a

lo

presuntamente

realizado en el caso de Nieves Hueras et al. v. ELA I, 189

DPR

611

conviene

(2013),

a

sus

sino

porque

intereses

simple

y

sencillamente

particulares

lo

que

le

hoy

erróneamente opta por adjudicar este Tribunal.

Obviando ese punto que la compañera en su momento

deberá explicar, en segundo orden intereso abordar varias

expresiones

formuladas

por

algunos

líderes

sobre

una

supuesta confabulación de varios miembros de este Tribunal

para nombrar al próximo Juez Presidente. Así, en medio del

proceso de confirmación de la hoy Jueza Presidenta,

-

en

ánimo

senadoras

de

a

llevar

a

considerar

sus

vía

compañeros

descargue

la

éstos

senadores

y

nominación

realizada por el Gobernador de Puerto Rico - pusieron en

funciones

inverosímil

147

su

imaginación

pretexto

de

e

inventaron

que

contaba

el

con

risible

e

“información

Nieves Huertas v. ELA I, supra. (Voto particular de No Intervención

del Juez Presidente señor Hernández Denton, la Jueza Asociada señora

Fiol Matta y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez).

CT-2016-0003

fidedigna”

6

de

que

varios

miembros

de

este

Tribunal

pretendían adjudicarse la facultad de designar a un Juez

Presidente.

Conforme

sostenida

el

por

a

esa

Presidente

conspiración

del

Senado,

imaginaria

éste

llegó

al

extremo de expresarle a los medios de comunicación que

tenía “información fidedigna de que esa posibilidad era

real y esa posibilidad era una agenda de algunos senadores

del

Partido

estaban

Nuevo

Progresista

confabulándose

aparentemente

estaban

y

de

alguna

con

algunos

recibiendo

unos

gente

que

abogados

y

oídos

bastante

receptivos en algunas personas que ocupan hoy la posición

de jueces del Supremo”.148

Como

Juez

Asociado

procurado

guiar

mis

de

este

funciones

Alto

Foro

adjudicativas

siempre

he

en

más

el

profundo respeto por el equilibrio constitucional que debe

prevalecer

entre

las

tres

ramas

constitucionales

de

gobierno. Ello, enmarcado en una patente deferencia a las

ramas hermanas en el ejercicio propio de sus facultades.

En ese sentido, no albergo duda de que el Senado de Puerto

Rico

tiene

la

potestad

de

ejercer

sus

prerrogativas

constitucionales hasta el momento reconocidas de la manera

que entienda conveniente dentro del parámetro de la ley y

nuestra Constitución.

Ahora bien, las expresiones desafortunadas emitidas

por el Presidente del Senado que pretenden arrastrar y

lacerar la legitimidad y confianza del Pueblo en este Alto

Foro y en sus miembros, no deben pasar desapercibidas y

muchos menos deben ser ignoradas por quienes tenemos el

148

Bhatia justifica confirmación expreso de Oronoz, publicado en el

periódico digital Noticel, 23 de febrero de 2016 (última visita: 7 de

marzo de 2016).

CT-2016-0003

privilegio

7

de

servir

Resulta

inaceptable

pretenda

utilizar

ejercicios

que

en

y

a

nuestro

Máximo

totalmente

este

atentan

la

inconsecuentes a sus discursos.

Judicial.

reprochable

Tribunal

contra

Foro

como

que

excusa

democracia

y

se

para

que

son

Cada cual debe asumir la

responsabilidad propia de sus acciones.

Por

último,

debo

señalar

que

disiento

de

la

determinación de este Tribunal de imponer honorarios de

abogados al licenciado Torres Montalvo. Contrario a la

idea que pretende promulgar la opinión mayoritaria, la

controversia

continuo

planteada

debate

en

la

por

el

peticionario

comunidad

jurídica,

es

una

como

de

bien

menciona la compañera Jueza Asociada señora Pabón Charneco

en su Opinión concurrente en parte y disidente en parte. A

tal grado, que la mayoría no puede tan siquiera emitir una

respuesta clara y precisa, sino que tiene que incurrir en

todo en un ejercicio de interpretación de qué realmente se

quiso disponer en la Constitución. Ante ello, y contrario

a lo que ocurrió en casos anteriores, resulta totalmente

improcedente

catalogar

como

frívolos

los

planteamientos

del peticionario e imponer honorarios de abogado.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado