LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Martínez Kim v. PETCO, Inc. et al

2017 TSPR 201

Poder Judicial de Puerto Rico

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Martínez Kim v. PETCO, Inc. et al

CC-2016-512

Sentencia con Opinión Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Angeline C. Martínez Kim

Peticionaria

Certiorari

v.

2017 TSPR 201

PETCO, Inc., Levid Coss, la

Sociedad Legal Compuesta por

este y Fulana de Tal, y

Aseguradora XYZ

198 ____

Recurridos

Número del Caso: CC-2016-512

Fecha: 21 de diciembre de 2017

Región Judicial de San Juan

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Rafael Ortiz Mendoza

Lcdo. Jorge Farinacci Fernós

Abogados de la parte recurrida:

Lcdo. Carl Schuster Brac

Lcda. Miriam Toledo David

Lcda. Elizabeth Pérez Lleras

Materia: Sentencia del Tribunal con Opinión Disidente.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Angeline C. Martínez Kim

Peticionaria

v.

CC-2016-0512

Certiorari

PETCO,

Inc.

Levid

Coss,

la

Sociedad

Legal de Gananciales

compuesta por este y

Fulana

de

Tal,

y

Aseguradora X Y Z

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 21 de diciembre de 2017.

Por estar igualmente dividido este Tribunal y

habiéndose expedido el recurso, se confirma el

dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones.

Véase, Regla 4(a) del Reglamento del Tribunal

Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 4(a).

Notifíquese

inmediatamente

por

teléfono,

correo electrónico y por la vía ordinaria.

Así lo pronunció, manda el

Tribunal y

certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El

Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió una

opinión disidente a la cual se unió la Jueza

Asociada señora Pabón Charneco. El Juez Asociado

señor Kolthoff Caraballo y el Juez Asociado señor

Colón Pérez disienten sin opinión escrita. La Juez

Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Angeline C. Martínez Kim

Peticionaria

v.

Certiorari

CC-2016-0512

PETCO, Inc., Levid Coss

la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por

este y fulana de tal, y

Aseguradora XYZ

Recurridos

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA

MARTÍNEZ a la cual se une la Jueza Asociada SEÑORA PABÓN CHARNECO

San Juan, Puerto Rico, a 21 de diciembre de 2017.

Disiento porque opino que al revocar al Tribunal

de Primera Instancia en el caso de autos, hubiéramos

alcanzado la meta de evitar dilaciones procesales y

otorgar un remedio adecuado, completo y oportuno a

la peticionaria. En ese sentido, le correspondía a

este

Tribunal

Apelaciones

dilucidar

erró

al

no

si

el

expedir

el

Tribunal

de

recurso

de

certiorari de epígrafe. En él, se buscaba revisar

una

resolución

interlocutoria

del

Tribunal

de

Primera Instancia en un procedimiento bajo la Ley

Núm. 2, infra, mediante la cual se declaró no ha

lugar

una

sumaria

petición

para

que

se

dictara

sentencia

CC-2016-0512

2

parcial en rebeldía y, por consiguiente, se señalara una

vista

para

dilucidar

Particularmente,

el

foro

los

primario

daños

sufridos.

determinó

que

las

alegaciones esbozadas en la querella instada al amparo

de la Ley Núm. 2, infra, eran insuficientes para poder

resolver las causas de acción, por lo que correspondía

celebrar una vista en rebeldía en sus méritos.

Dado el hecho que se confirma el dictamen emitido

por

el

Tribunal

de

Apelaciones,

provocado

por

este

Tribunal encontrarse igualmente dividido, disiento. En

su lugar, hubiera revocado la Resolución emitida por el

Tribunal

de

Primera

Instancia,

en

cuanto

a

la

denegatoria de dictar sentencia parcial en rebeldía. De

las

alegaciones

claramente

que

opino

esas

que

contenidas

hubo

en

hostigamiento

alegaciones

dilucidar

las

realizar

cuantas

la

causas

de

vistas

querella

sexual.

eran

Por

surge

tanto,

suficientes

acción

y

no

era

sean

necesarias

para

necesario

para

que

demostrara que era víctima de hostigamiento sexual. En

consecuencia,

hubiera

ordenado

que

se

dictara

la

referida sentencia, a base de las alegaciones contenidas

en la querella, y procediera posteriormente a celebrar

cuantas

vistas

sean

necesarias

para

cuantificar

los

daños sufridos. Ante el hecho que ese no es el curso de

acción llevado a cabo por este Tribunal, me veo en la

obligación de disentir.

CC-2016-0512

3

Repasemos

procesales

sucintamente

que

originaron

los

la

hechos

y

trámites

controversia

ante

este

Tribunal.

I

El caso de epígrafe comenzó el 20 de diciembre de

2013, cuando la Sra. Angeline C. Martínez Kim (señora

Martínez o peticionaria) presentó una querella en contra

de su antiguo patrono, Petco, Inc. (Petco o patrono),1

su antiguo supervisor, el Sr. Levid Coss (señor Coss o

supervisor),

junto

con

gananciales

compuesta

la

por

sociedad

éste

y

legal

su

de

esposa,

bienes

y

la

Aseguradora X, Y, Z (en conjunto, los recurridos).2 Esta

querella

fue

instada

bajo

la

Ley

Núm.

2

del

17

de

octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118 et seq. (Ley Núm.

2).3

La

peticionaria

hostigamiento

sexual

alegó

por

que

parte

del

fue

víctima

señor

Coss

de

en

múltiples ocasiones.4 Entre las alegaciones incluidas en

1En

identificó

patrono).

su primera comparecencia, el patrono se

como Petco Puerto Rico, L.L.C. (Petco o

2En

la primera moción presentada por el patrono y

el Sr. Levid Coss (señor Coss) (en conjunto, los

recurridos), se hizo constar que al momento de ser

emplazado, el señor Coss no estaba casado.

3La

Sra. Angeline C. Martínez Kim (señora Martínez

o peticionaria) fundamentó su querella en la Ley Núm. 17

del 22 de abril de 1988, 29 LPRA sec. 155 et seq., la

Ley Núm. 69 del 6 de julio de 1985, 29 LPRA sec. 1321 et

seq., la Ley Núm. 100 del 30 de junio de 1959, 29 LPRA

sec. 146 et seq. y los artículos 1802 y 1803 del Código

Civil, 31 LPRA secs. 5141 y 5142.

4Nótese

que la peticionaria estuvo en periodo

probatorio durante el tiempo que laboró para Petco.

CC-2016-0512

4

la querella referentes al alegado hostigamiento sexual,

estaban las siguientes:

9. Entre noviembre y diciembre de 2012, el

supervisor Coss lanzó varios piropos a la

querellante, en particular, haciendo halagos a

sus ojos y mirada.

. . . .

11. Durante ese periodo, el co-querellado Sr.

Coss indagó sobre la vida personal de la

querellante y el co-querellado Sr. Coss le

voluntarizaba

[sic]

información

sobre

su

propia vida personal.

12. Durante ese periodo, el co-querellado Sr.

Coss ofreció información específica sobre la

relación con su esposa, haciendo referencias a

como su esposa no lo entendía a él.

13. Ante ello, la querellante hizo referencia

a lo impropio que era hablar y dar consejos

sobre esos asuntos, a lo que este expresó si

también

estaba

prohibido

pedir

favores

sexuales.

. . . .

. . . .

. . . .

17. En o alrededor del 21 de diciembre de 2012

y debido a que la querellante no posee un

vehículo de motor, el co-querellado Sr. Coss

ofreció pon a la querellante.

18. En el transcurso del viaje hacia la

estación de tren, el co-querellado Sr. Coss

sugiere que se detengan un momento para comer

algo, a lo que la querellante asintió.

19. Durante el viaje, el co-querellado Sr.

Coss la miró insidiosamente y le comentó “hoy

el mundo se va acabar, ¿por qué no hacemos

algo que mañana no nos vamos a arrepentir?”.

La querellante se pasmó y reaccionó incómoda.

20. Llegados al lugar de comida y antes de

salirse del vehículo, Coss se colocó una gorra

en la falda y le expresó que la querellante

“tenía que darle un break” puesto que tuvo

“otro tipo de reacción y que si quisiera ver”.

La querellante se espantó, dejando saber su

negativa

y

sintiéndose

extremadamente

incómoda.

. . . .

22. Entre el 21 de diciembre de 2012 y el 5 de

enero de 2013, mientras ambos laboraban en la

tienda, el co-querellado Sr. Coss le expresó a

la querellante que ya su esposa no le da

“cariñito”, que el exesposo de la querellante

tampoco le daba “cariñito”, y le preguntó

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5

porque

ellos

no

se

daban

“cariñito”

mutuamente.

. . . .

24. Durante ese periodo, el co-querellado Sr.

Coss hacía comentarios sobre el aroma de la

querellante, se le acercaba y la olía y le

comentaba que “tú hueles rico”. Querella,

Apéndice del certiorari, págs. 3-5.

La peticionaria indicó que, al no acceder a los

acercamientos sexuales de su supervisor, éste comenzó

una campaña de hostigamiento laboral y de represalias en

su contra. En la querella se plasmaron las siguientes

alegaciones en cuanto a las represalias:

26. Esta campaña consistió, entre otros, en

gritarle

a

la

querellante

y

abusar

laboralmente

de

esta

frente

los

demás

empleados, abusando de su rol como supervisor

de esta.

27. A modo de ejemplo, el 23 de diciembre de

2012, la querellante fue mordida por un animal

y

comenzó

a

sangrar.

Contrario

a

lo

establecido por el propio protocolo de la

empresa, el co-querellado Sr. Coss obligó a la

querellante a seguir atendiendo clientes, en

vez de permitirle atender su herida, como

dispone la política de la compañía.

28. El 5 de enero de 2013, estando la

querellante trabajando en la tienda, el coquerellado Sr. Coss le recortó horas en el

momento únicamente a la querellante.

29. Para los días 24, 28 y 30 [de] enero de

2013, el co-querellado Sr. Coss le redujo

horas a la querellante y le eliminó días de su

horario (21 de enero y 1 de febrero). Íd.,

págs. 5-6.

Al

acercarse

el

fin

del

periodo

probatorio,

la

peticionaria fue citada a una reunión en la cual la

despidieron

por

no

cumplir

con

los

requisitos

necesarios. Sin embargo, nunca le explicaron cuáles eran

esos requisitos ni por qué incumplió con ellos. Así las

cosas, la peticionaria planteó que su despido fue el

CC-2016-0512

6

resultado del hostigamiento sexual del cual fue víctima,

que

a

su

vez

se

constituyó

en

sus

dos

modalidades,

ambiente hostil y quid pro quo. Así pues, en la querella

la señora Martínez solicitó que se le reinstalara en su

antiguo empleo y se le pagaran los salarios que dejó de

devengar. Asimismo, incluyó una reclamación por daños y

perjuicios por las angustias mentales que sufrió.

Luego

éstos

de

que

fueran

solicitaron

emplazados

oportunamente

los

una

recurridos,

prórroga

para

contestar la querella. La peticionaria se opuso a esta

solicitud,

alegando

necesaria

para

que

que

no

se

existía

la

concediera

justa

causa

al

haber

y,

transcurrido el término con que contaban para presentar

sus

contestaciones,

solicitó

que

se

les

anotara

la

rebeldía. El 30 de enero de 2014, tanto el patrono como

el

señor

Coss

contestaciones

presentaron,

a

la

de

querella.

manera

El

separada,

patrono

sus

también

presentó una moción para que el proceso se tramitara

bajo el procedimiento ordinario. Así las cosas, el 31 de

julio de 2014, el Tribunal de Primera Instancia declaró

no ha lugar la solicitud de la señora Martínez para que

se anotara la rebeldía y, por el contrario, concedió la

prórroga

solicitada.

En

consecuencia,

ordenó

que

se

uniesen al expediente las contestaciones presentadas por

los

recurridos.

Asimismo,

declaró

no

ha

lugar

la

solicitud de Petco para que el proceso se convirtiera en

uno ordinario.

CC-2016-0512

7

Inconforme, la peticionaria acudió ante el Tribunal

de

Apelaciones.

Contando

con

el

beneficio

de

la

comparecencia de todas las partes, el foro apelativo

intermedio

expidió

el

auto

solicitado

y

revocó

la

determinación recurrida, pues encontró que no se habían

alegado

razones

que

justificaran

la

concesión

de

la

prórroga. En ausencia de causa justificada, concluyó que

el Tribunal de Primera Instancia carecía de autoridad

para extender el término con que contaban los recurridos

para contestar la querella. En consecuencia, anotó la

rebeldía

a

éstos.5

Después

de

que

se

notificó

la

Sentencia del Tribunal de Apelaciones, pero antes de que

ésta adviniera final y firme, la peticionaria le cursó

al patrono un requerimiento de admisiones junto con una

solicitud de producción de documentos.

Culminados

los

trámites

apelativos,

la

señora

Martínez presentó ante el foro de instancia un escrito

intitulado

Moción

de

sentencia

sumaria

parcial

en

rebeldía y solicitud de vista de daños. Particularmente,

solicitó lo siguiente: (1) que se le anotara la rebeldía

a

los

recurridos;

(2)

se

dictara

sentencia

sumaria

parcial en rebeldía ordenando su reinstalación en el

5Véase

Martínez Kim v. Petco, Inc., KLCE201401173.

Los

recurridos

solicitaron,

de

manera

separada,

reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones, pero

fueron declaradas no ha lugar. Luego, acudieron ante

este Tribunal. Véanse Martínez Kim v. Petco, Inc., CC2015-0117, y Martínez Kim v. Petco, Puerto Rico L.L.C.,

CC-2015-0118. Se proveyó no ha lugar tanto a los

recursos presentados como a las reconsideraciones

presentadas posteriormente.

CC-2016-0512

8

empleo; (3) se les condenara a los recurridos a pagar

los salarios dejados de devengar desde que fue despedida

hasta el momento en que recayera la sentencia parcial,

junto con las penalidades aplicables y los honorarios de

abogado correspondientes, y (4) que se señalaran las

vistas que fueran necesarias para determinar la cuantía

de los daños sufridos por angustias mentales. Del mismo

modo, la peticionaria indicó que al no contestarse ni

objetarse

el

requerimiento

de

admisiones

cursado

al

patrono, procedía que se dieran por admitidos los hechos

allí contenidos. Asimismo, planteó que se debía tener

por

admitido

el

contenido

de

varios

anejos

que

se

incluyeron al requerimiento. En consecuencia, la señora

Martínez

señaló

que

cincuenta

y

seis

(56)

hechos

materiales y pertinentes estaban incontrovertidos. Ante

ello,

alegó

Instancia

que

procedía

emitiera

una

que

el

Tribunal

de

Primera

sentencia

sumaria

parcial

en

rebeldía, en la cual se concluyera que las actuaciones

de los recurridos constituyeron hostigamiento sexual y

discrimen por razón de sexo.

Posteriormente, Petco solicitó un término adicional

para

contestar

el

requerimiento

de

admisiones.

Para

fundamentar esta solicitud, alegó que las partes habían

acordado

tanto

paralizar

se

apelativos.

el

terminaran

Igualmente,

descubrimiento

de

los

ante

procesos

arguyó

que

tal

prueba

los

hasta

foros

decisión

fue

avalada por el Tribunal de Primera Instancia. La señora

CC-2016-0512

9

Martínez se opuso a esta solicitud, e indicó que si bien

se

habían

comunicado

paralización

habían

del

decidido

las

partes

para

acordar

descubrimiento

de

prueba,

no

los

requerimientos

paralizar

la

finalmente

ya

cursados. Por tanto, requirió que se declarara no ha

lugar

la

prórroga

solicitada,

que

se

dieran

por

admitidos los hechos comprendidos en su requerimiento, y

que se ordenara al patrono a producir los documentos

solicitados.

Petco

replicó,

indicando

que

de

las

actuaciones de la peticionaria se desprendía que había

un acuerdo de paralizar el descubrimiento de prueba y

que había esperado, de buena fe, hasta que concluyeran

los procesos apelativos para continuar. Reiteró que en

una vista ante el Tribunal de Primera Instancia, las

partes habían acordado tal paralización.6

Así las cosas, el patrono presentó su oposición a

la

solicitud

de

la

peticionaria

para

que

se

dictara

sentencia sumaria parcial en rebeldía.7 Argumentó que no

procedía la aplicación de la Regla 36 de Procedimiento

Civil por habérsele anotado la rebeldía. Véase Reglas de

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36. Por

el contrario, planteó que sólo aplicaba la Regla 45 de

Procedimiento Civil. Íd., R. 45. Asimismo, indicó que al

6Petco

cursó a la señora Martínez su contestación

al requerimiento de admisiones el 26 de octubre de 2015.

7El

señor Coss adoptó por referencia los argumentos

esgrimidos por el patrono en su oposición, y solicitó

que se declarara no ha lugar la solicitud de la

peticionaria.

CC-2016-0512

ser

10

insuficientes

querella,

procedía

las

alegaciones

contenidas

en

la

celebración

de

vistas

cuantas

la

fueran necesarias para que el tribunal pudiera dilucidar

si en realidad hubo hostigamiento sexual y discrimen por

razón de sexo.

El 9 de febrero de 2016, el Tribunal de Primera

Instancia emitió una Resolución mediante la cual anotó

la rebeldía a los recurridos. Ahora bien, en cuanto a la

solicitud para que se dictara sentencia sumaria parcial

en rebeldía, el foro de instancia señaló, primeramente,

que no era de aplicación la Regla 36 de Procedimiento

Civil, sino que aplicaba la Regla 45.2(b). Íd., R. 36 y

45.2(b). Además, declaró esta solicitud no ha lugar,

pues

entendió

que

las

alegaciones

incluidas

en

la

querella eran insuficientes “para poder adjudicar las

causas

de

acción

de

discrimen

por

sexo

o

de

hostigamiento sexual en el empleo, sin la celebración de

una

vista

en

rebeldía

en

sus

méritos”.

Resolución,

Apéndice del certiorari, pág. 512. De esta forma, el

Tribunal de Primera Instancia sostuvo un señalamiento de

vista emitido previamente, pero indicó que se trataría

de una vista evidenciaria para poder dilucidar si el

despido

de

la

peticionaria

“fue

por

causa

de

un

discrimen por sexo o por su modalidad de hostigamiento

sexual”. Íd., pág. 510. De encontrar que el despido se

debió a una de estas causas, el foro primario intimó que

correspondería celebrar otra “vista para cuantificar los

CC-2016-0512

11

daños que se alegan en la querella”. Íd. Por último, el

tribunal concluyó que el no contestar el requerimiento

de admisiones dentro del término concedido para ello

“tuvo

el

efecto

de

que

la

parte

querellada

aceptara

todos los hechos correctamente alegados”. Íd., pág. 512.

Sin embargo, señaló que para poder adjudicar los hechos

admitidos, era necesario dilucidar primeramente cuáles

eran los motivos del despido.

De ese dictamen, la peticionaria recurrió ante el

Tribunal de Apelaciones. Alegó que procedía la revisión

del asunto, aunque fuera uno interlocutorio, pues se

había dictado sin jurisdicción. Además, arguyó que la

revisión conllevaría la disposición definitiva y pronta

del

caso,

injusticia.

y

evitaría

Después

el

de

que

que

se

el

cometiera

patrono

una

grave

presentara

su

correspondiente escrito en oposición a la expedición del

auto solicitado, el Tribunal de Apelaciones emitió una

Resolución mediante la cual denegó expedirlo.8 El foro

apelativo intermedio encontró que el Tribunal de Primera

Instancia había sido razonable al anotar la rebeldía, si

bien no dictó sentencia en rebeldía. Asimismo, indicó

que

no

procedía

la

aplicación

de

la

Regla

36

de

Procedimiento Civil, supra, pues al haberse anotado la

rebeldía, los recurridos estaban impedidos de presentar

8Véase

Martínez Kim v. Petco, Inc., KLCE201600237.

La Jueza Fraticelli Torres emitió un voto disidente,

pues encontró que se tenían que dar por buenas las

alegaciones y que sólo procedía celebrar una vista para

dilucidar los daños sufridos por la peticionaria.

CC-2016-0512

prueba.

12

Razonó

que

cuando

una

parte

solicita

que

se

dicte sentencia sumaria, la regla exige que la parte

contraria presente evidencia y que, por lo tanto, era

inaplicable al caso de referencia.

Ante esta determinación, la señora Martínez acudió

ante

este

Tribunal.

En

su

escrito,

señala

que

el

Tribunal de Apelaciones cometió los siguientes errores,

a saber: (1) erró al concluir que le correspondía a la

peticionaria

presentar

prueba

durante

las

vistas

en

rebeldía para probar su caso; (2) erró al concluir que

el Tribunal de Primera Instancia actuó razonablemente al

no dictar sentencia parcial en rebeldía; (3) incidió al

determinar

que

no

procedía

declarar

ha

lugar

la

solicitud de sentencia parcial en rebeldía, fundamentado

en que a la parte contraria se le había anotado la

rebeldía, impidiendo que pudiera presentar prueba para

oponerse; (4) erró al determinar que el mecanismo de

sentencia sumaria es incompatible con el proceso sumario

de la Ley Núm. 2; (5) incidió al confirmar al Tribunal

de

Primera

Instancia

en

su

decisión

de

denegar

la

solicitud de sentencia sumaria parcial sin determinar

qué

hechos

controversia,

pertinentes

y

(6)

y

erró

materiales

al

no

confirmar

están

en

foro

de

al

instancia en cuanto a que sólo se celebraría una vista

de

daños

si

se

determinaba

primero

que

el

despido

constituía un acto de hostigamiento sexual o discrimen

por razón de sexo.

CC-2016-0512

13

Por su parte, Petco expuso que este Tribunal carece

de

jurisdicción

peticionaria.

para

atender

la

alternativa,

En

el

recurso

se

opuso

de

la

a

la

expedición del recurso. Fundamenta su reclamo de falta

de

jurisdicción

notificara

la

en

que

dos

denegatoria

días

del

después

de

que

se

Tribunal

de

Primera

Instancia en anotar la rebeldía a los recurridos,9 se

aprobó la Ley Núm. 133–2014, la cual enmendó la Ley Núm.

2, supra. Mediante esta enmienda, se acortó a diez (10)

días el término que se tiene para apelar una sentencia

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones

en

un

procedimiento

instado al amparo de la Ley Núm. 2. Íd., 32 LPRA sec.

3127.

De

esta

forma,

y

de

acuerdo

a

lo

resuelto

posteriormente por este Tribunal en Medina Nazario v.

McNeil

Healthcare

LLC,

194

DPR

723

(2016)

(donde

se

estableció que, en procedimientos instados bajo la Ley

Núm.

2,

el

término

para

solicitar

revisión

de

una

resolución interlocutoria revisable ante el Tribunal de

Apelaciones sería diez (10) días), el patrono razona que

el recurso de certiorari presentado en aquel entonces

por la peticionaria ante el foro apelativo intermedio

fue tardío.10 Esto, debido a que se presentó treinta (30)

9Nótese

que esta Resolución, de la cual recurrió la

peticionaria ante el Tribunal de Apelaciones, revisión

que concluyó con la anotación de la rebeldía a los

recurridos, no es la que se busca revisar mediante el

recurso de epígrafe.

10El

patrono argumentó que procedía la

retroactiva de esta norma por ser una de

procesal.

aplicación

naturaleza

CC-2016-0512

días

14

después

de

que

se

notificara

la

resolución

recurrida en aquel momento. Por lo tanto, adujo que la

Sentencia

emitida

el

31

de

octubre

de

2014

por

el

Tribunal de Apelaciones, mediante la cual se les anotó

la

rebeldía,

referencia

era

nula

por

tanto,

era

improcedente

por

precisamente,

en

y,

la

el

recurso

de

fundamentarse,

anotación

de

rebeldía.

Posteriormente, el señor Coss presentó un escrito en el

cual plantea los mismos argumentos.

El 20 de junio de 2016, la señora Martínez presentó

una

moción

en

auxilio

de

jurisdicción

ante

este

Tribunal. Solicitó que se paralizaran los procesos ante

el Tribunal de Primera Instancia en lo que se dilucidaba

la controversia ante este Tribunal, en atención a que se

habían pautado unas vistas. El 27 de junio de 2016, este

Tribunal emitió una resolución proveyendo no ha lugar

tanto

al

auxilio

de

jurisdicción

como

al

recurso

de

certiorari. Posteriormente, la peticionaria presentó una

solicitud de reconsideración, la cual fue declarada no

ha lugar. Oportunamente, la peticionaria presentó una

segunda

moción

solicitando

reconsideración,

la

cual

declaramos ha lugar y, en consecuencia, expedimos el

auto presentado.

Así

las

cosas,

y

con

el

fin

de

plasmar

los

fundamentos que sustentan mi disenso, expongo el marco

estatutario y jurisprudencial aplicable. Veamos.

CC-2016-0512

15

II

A.

La Ley Núm. 2, supra, tiene como propósito brindar

a los empleados un trámite procesal sumario “capaz de

lograr la rápida consideración y adjudicación de las

querellas

que

éstos

presenten

en

contra

de

sus

patronos”. Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, 196

DPR 439, 446 (2016). Véase, además, Medina Nazario v.

McNeil Healthcare LLC, supra, págs. 731-732; Vizcarrondo

Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 (2008). Esta ley

busca “‘proteger el empleo, desalentando el despido sin

justa causa y proveyendo al obrero así despedido los

medios económicos para’” subsistir. Medina Nazario v.

McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 732 (citando a Rivera

v.

Insular

Wire

Products

Corp.,

140

DPR

912,

923

(1996)). Para lograr estos fines, la ley estableció lo

siguiente:

“(1)[T]érminos cortos para la contestación de

la querella presentada por el obrero o

empleado; (2) criterios para la concesión de

una sola prórroga para contestar la querella;

. . . (5) criterios para la aplicación de las

Reglas de Procedimiento Civil; . . . (8) la

facultad del tribunal para dictar sentencia en

rebeldía cuando el patrono querellado no

cumpla

con

los

términos

provistos

para

contestar la querella, y (9) los mecanismos

para la revisión y ejecución de las sentencias

y el embargo preventivo”. Patiño Chirino v.

Parador Villa Antonio, supra, pág. 446(citando

a Rivera v. Insular Wire Products Corp.,

supra, págs. 923-924).

En lo pertinente a la controversia de referencia,

si

la

parte

querellada

no

presenta

su

contestación

CC-2016-0512

16

dentro del término concedido para ello en la Ley Núm. 2,

“el

juez

dictará

instancias

del

sentencia

contra

querellante,

el

querellado,

concediendo

el

a

remedio

solicitado”. Ley Núm. 2, supra, 32 LPRA sec. 3121. De

esta

forma,

y

“como

norma

general,

luego

de

que

se

extingue el término para contestar la querella, sin que

se haya justificado adecuadamente la incomparecencia, el

tribunal

está

determinación

impedido

que

no

de

sea

tomar

anotarle

cualquier

la

otra

rebeldía

al

querellado”. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra,

pág. 935. Véase, además, Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR

653, 670 (2005); Rivera v. Insular Wire Products Corp.,

supra, págs. 931-932. “Ahora bien, el hecho de que se

haya anotado la rebeldía no es garantía per se de una

sentencia a favor del querellante”. Vizcarrondo Morales

v.

MVM,

Inc.,

supra,

pág.

937.

Ello

pues,

“en

el

contexto de la rebeldía procesal, se entienden admitidos

únicamente los hechos correctamente alegados y no así

las alegaciones meramente conclusorias, ni conclusiones

de derecho”. León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249, 262

(2001). Véase, además, Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc.,

supra, pág. 937; Continental Ins. Co. v. Isleta Marina,

106 DPR 809, 815 (1978).

De ser necesario, el Tribunal de Primera Instancia

“debe[rá]

celebrar

las

vistas

evidenciarias

que

sean

necesarias y adecuadas para que el querellante sustente

sus

alegaciones

y

pruebe

los

daños

alegados

en

la

CC-2016-0512

17

querella”. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pág.

937.

En

estas

vistas,

el

foro

de

instancia

“deberá

aplicar los mecanismos contemplados en las Reglas de

Procedimiento Civil para casos en rebeldía”. Íd. (cita

omitida).

A

esos

fines,

“hemos

reconocido

que

las

disposiciones y normas interpretativas de la Regla 45 de

Procedimiento Civil serán aplicables en todo aquello en

que no estén en conflicto con disposiciones específicas

de

la

Ley

Núm.

2

o

con

el

carácter

sumario

del

procedimiento que allí se establece”. Rivera v. Insular

Wire

Products

Corp.,

supra,

págs.

930-931

(citas

omitidas). Véase, además, Ley Núm. 2, supra, 32 LPRA

sec. 3120; Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 DPR 314,

321-322 (1975).

B.

La Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, rige el

mecanismo

procesal

de

la

sentencia

sumaria.

Mediante

ella se promueve “la pronta, justa y económica solución

de los casos que no presenten controversias genuinas de

hechos

materiales”.

Velázquez

Ortiz

v.

Gobierno

Municipal de Humacao, res. el 17 de marzo de 2017, 2017

TSPR 39, pág. 6. Véase, también, Luan Invest. Corp. v.

Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000). Al solicitar

que se emita una sentencia sumaria, una parte “tiene que

establecer su derecho con claridad y demostrar que los

hechos

materiales

se

encuentran

incontrovertidos”.

Velázquez Ortiz v. Gobierno Municipal de Humacao, supra,

CC-2016-0512

18

pág. 6. Por otro lado, la parte que se opone a una

solicitud de sentencia sumaria “tiene que contestar de

forma específica y detallada para poner al juzgador en

posición de concluir que persisten dudas acerca de los

hechos esenciales de la causa de acción”. Íd., págs. 67. Véase, también, Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR

200, 215 (2010).

C.

Sabido es que la Constitución de Puerto Rico en la

Sección 1 del Artículo II prohíbe el discrimen por razón

de sexo. Art. II, Sec. 1, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

“Así, pues, nuestro ordenamiento legal ha respondido a

dicho

principio

cardinal

leyes

laborales

que

práctica

de

mediante

la

promulgación

de

proscriben

tajantemente

toda

por

del

una

discrimen

razón

sexo

de

persona”. López Fantauzzi v. 100% Nat., 181 DPR 92, 114115

(2011).

Por

tanto,

la

Asamblea

Legislativa

ha

establecido “que el hostigamiento sexual en el empleo es

una forma de discrimen por razón de sexo y como tal

constituye una práctica ilegal e indeseable que atenta

contra el principio constitucional establecido de que la

dignidad del ser humano es inviolable”. Ley Núm. 17 del

22 de abril de 1988, 29 LPRA sec. 155 (Ley Núm. 17).11

11Nótese

“que el hostigamiento sexual constituye una

modalidad del discrimen por razón de sexo proscrito por

la Ley Núm. 100”. Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med.

Avanzada, 137 DPR 643, 651 (1994). Véase, también,

Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 DPR 117, 124

(1990).

CC-2016-0512

19

En la Ley Núm. 17 se ha definido el hostigamiento sexual

de la siguiente forma:

El

hostigamiento

sexual

en

el

empleo

consiste en cualquier tipo de acercamiento

sexual no deseado, requerimientos de favores

sexuales y cualquier otra conducta verbal o

física de naturaleza sexual . . . , cuando se

da una o más de las siguientes circunstancias:

(a) Cuando el someterse a dicha conducta se

convierte de forma implícita o explícita en un

término o condición del empleo de una persona.

(b) Cuando el sometimiento o rechazo a

dicha conducta por parte de la persona se

convierte en fundamento para la toma de

decisiones en el empleo o respecto del empleo

que afectan a esa persona.

(c) Cuando esa conducta tiene el efecto o

propósito de interferir de manera irrazonable

con el desempeño del trabajo de esa persona o

cuando

crea

un

ambiente

de

trabajo

intimidante, hostil u ofensivo. Íd., sec.

155b.

Conforme a la citada definición, “[h]emos reconocido dos

modalidades de hostigamiento sexual: el hostigamiento

quid pro quo y el hostigamiento sexual por ambiente

hostil”.

Velázquez

Humacao,

supra,

Ortiz

pág.

8.

v.

Gobierno

Véase,

Municipal

también,

de

Rodríguez

Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 DPR 117, 131 (1990).

La

primera

modalidad

sometimiento

o

el

requerimientos

sexuales

“se

rechazo

se

toma

produce

cuando

el

los

avances

o

de

como

fundamento

para

afectar beneficios tangibles en el empleo”. Rodríguez

Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., supra, pág. 132. Véase,

también, Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137

DPR 643, 653 (1994) (donde se indica que “[l]os incisos

(a) y (b) de . . . [la definición de hostigamiento

sexual contenida en la Ley Núm. 17] se refieren al tipo

CC-2016-0512

20

de hostigamiento . . . quid pro quo (algo a cambio de

algo)”.). Para que sea exitosa una causa de acción bajo

esta

modalidad,

solicitud

de

el

demandante

favores

tiene

que

probar

“la

o

sufrimiento

de

sexuales

el

avances de igual tipo, y que el sometimiento o rechazo a

dichos avances o a la referida solicitud haya sido la

causa de una decisión adversa en cuanto a una condición

o al término de su empleo”. Rodríguez Meléndez v. Sup.

Amigo, Inc., supra, págs. 132-133.

Por otro lado, la modalidad de hostigamiento sexual

por ambiente hostil se produce cuando ocurre “‘conducta

de naturaleza sexual por parte del hostigador la cual

interfiere

irrazonablemente

con

el

desempeño

del

empleado en su trabajo o es lo suficientemente severa y

ofensiva como para crearle al empleado que es víctima de

la

misma,

un

intimidante,

ambiente

hostil

u

de

trabajo

ofensivo’”.

que

Velázquez

resulte

Ortiz

v.

Gobierno Municipal de Humacao, supra, pág. 8 (citando a

S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., 156 DPR

651, 662 (2002)). “El inciso (c) [de la definición de

hostigamiento sexual contenida en la Ley Núm. 17] se

refiere al hostigamiento sexual que cree un ambiente

hostil o intimidante”. Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med.

Avanzada,

supra,

configurado

la

pág.

653.

modalidad

de

Para

concluir

hostigamiento

que

se

ha

sexual

por

ambiente hostil, se tiene que determinar “si la alegada

conducta

constitutiva

de

hostigamiento

fue

lo

CC-2016-0512

21

suficientemente severa y ofensiva como para alterar las

condiciones del empleo y crear un ambiente de trabajo

abusivo”. Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., supra,

pág. 132. Ahora bien, bajo esta modalidad es importante

analizar en conjunto los actos que “crean el ambiente

abusivo y hostil, pues cada acto aislado podría no ser

lo suficientemente severo como para dar lugar a una

causa de acción”. Velázquez Ortiz v. Gobierno Municipal

de Humacao, supra, pág. 9. Véase, también, Rodríguez

Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., supra, pág. 132; Ley Núm.

17, supra, 29 LPRA sec. 155c.

Cabe destacar que en estos casos la Ley Núm. 17

impone responsabilidad civil por una cantidad igual al

doble de los daños sufridos. Ley Núm. 17, supra, 29 LPRA

sec.

155j.

Asimismo,

permite

que

se

ordene

la

reinstalación en el empleo y que se cese y desista de

los actos que ocasionaron el hostigamiento. Íd.

D.

“La Ley Núm. 100 . . . prohíbe de modo general y

penaliza el discrimen en el empleo”. Santini Rivera v.

Serv Air, Inc., 137 DPR 1, 4 (1994) (cita omitida).

Véase, también, Ley Núm. 100 del 30 de junio de 1959, 29

LPRA

sec.

146

et

seq.

(Ley

Núm.

100).

Por

tanto,

prohíbe, entre otros motivos, el discrimen en el empleo

por razón de sexo. Ley Núm. 100, supra, 29 LPRA sec.

146. Posteriormente, nuestra Asamblea Legislativa aprobó

la Ley Núm. 69 del 6 de julio de 1985, 29 LPRA sec. 1321

CC-2016-0512

22

et seq. (Ley Núm. 69). Mediante ésta, se “declar[ó] el

discrimen

por

razón

empleo”.

Pérez

v.

(2001).

De

esta

de

sexo

una

práctica

ilegal

Mun.

de

Guaynabo,

155

forma

se

amplió

protección

la

DPR

de

83,

88

a

la

fuerza laboral, en lo que respecta al discrimen por

razón

de

sexo,

disuadiendo

aún

más

este

tipo

de

discrimen. Véase García Pagán v. Shiley Caribbean, etc.,

122 DPR 193, 199 (1988). Tanto la Ley Núm. 100 como la

Ley

Núm.

69

imponen

responsabilidad

civil

por

una

cantidad igual al doble de los daños ocasionados. Ley

Núm. 100, supra, 29 LPRA sec. 146; Ley Núm. 69, supra,

29 LPRA sec. 1341. Asimismo, permiten que se ordene la

reinstalación en el empleo y que se cese y desista de

los actos que ocasionaron el discrimen. Ley Núm. 100,

supra, 29 LPRA sec. 146; Ley Núm. 69, supra, 29 LPRA

sec. 1341.

III

A.

En

virtud

de

la

normativa

que

antecede,

paso

a

resolver la controversia que nos ocupa y los fundamentos

por los cuales disiento.

Primeramente,

jurisdiccional

debo

levantado

atender

el

por

recurridos.

los

planteamiento

Éstos

plantean que, debido a la enmienda efectuada en la Ley

Núm. 2, supra, mediante la aprobación de la Ley Núm.

133-2014, junto con lo resuelto en Medina Nazario v.

McNeil Healthcare LLC, supra, el recurso de certiorari

CC-2016-0512

23

presentado

previamente

cuestionar

la

por

denegatoria

la

del

peticionaria

Tribunal

de

para

Primera

Instancia en anotarles la rebeldía fue tardío. De esta

forma, aducen que el Tribunal de Apelaciones carecía de

jurisdicción en aquel entonces para atender el recurso y

que, en consecuencia, la sentencia mediante la cual se

les anotó la rebeldía es nula. Por lo tanto, arguyen que

no

procedía

que

posteriormente

se

revisara

la

denegatoria del Tribunal de Primera Instancia en dictar

sentencia sumaria parcial en rebeldía, decisión que se

busca revisar mediante el recurso de epígrafe, pues este

remedio no estaría disponible al no habérseles anotado

válidamente la rebeldía. A los recurridos no les asiste

la razón.

Si bien es cierto que la Ley Núm. 133-2014 entró en

vigor

días

después

de

que

el

Tribunal

de

Primera

Instancia notificara la resolución mediante la cual se

denegó

la

anotación

de

rebeldía,

ésta

enmienda

no

disponía nada en cuanto al término con que se contaba

para revisar una resolución interlocutoria revisable en

un proceso instado al amparo de la Ley Núm. 2, supra.

Mediante esta enmienda sólo se redujo a diez (10) días

el término para apelar una sentencia emitida bajo este

procedimiento sumario. No fue hasta que este Tribunal

emitió la Opinión en el caso de Medina Nazario v. McNeil

Healthcare

LLC,

supra,

que

se

extendió

la

referida

enmienda al término que se tiene para revisar dictámenes

CC-2016-0512

24

interlocutorios. Al emitirse esa Opinión, el término con

que

contaba

la

peticionaria

para

solicitar

revisión

había transcurrido. De esta forma, no procede que se

aplique

retroactivamente

lo

establecido

en

Medina

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, a un término

que

ya

había

transcurrido

al

momento

de

emitirse

la

Opinión. En consecuencia, concluyo que fue oportuno el

recurso presentado por la señora Martínez para revisar

la determinación del Tribunal de Primera Instancia de no

anotar la rebeldía a los recurridos, y, por lo tanto, la

sentencia

emitida

por

el

Tribunal

de

Apelaciones,

mediante la cual se ordenó la anotación de rebeldía, no

es nula.

B.

Ante

el

cuadro

fáctico

expuesto,

y

luego

de

examinar el marco jurídico aplicable, razono que algunos

de los errores señalados por la señora Martínez fueron

cometidos.

En

lo

que

concierne

al

cuarto

error

señalado,

encuentro que éste no fue cometido. Siendo el proceso de

referencia

uno

instado

al

amparo

de

la

Ley

Núm.

2,

supra, concluyo que no era de aplicación la Regla 36 de

Procedimiento

Civil,

peticionaria

para

parcial

en

Martínez,

que

rebeldía.

el

supra,

se

Ante

Tribunal

de

a

la

solicitud

de

dictara

sentencia

sumaria

la

petición

Primera

de

la

la

señora

Instancia

debía

analizar las alegaciones de la querella para determinar

CC-2016-0512

25

si procedía dictar una sentencia parcial en rebeldía,

aplicando

lo

establecido

en

la

Ley

Núm.

2

y

“las

disposiciones y normas interpretativas de la Regla 45 de

Procedimiento Civil” que fuesen aplicables. Rivera v.

Insular

Wire

consecuencia,

Products

Corp.,

se

innecesario

torna

supra,

pág.

930.

determinar

En

si

el

estos

sí

tercer y el quinto error fueron cometidos.

Referente

al

primer

y

segundo

error,

fueron cometidos. De las alegaciones contenidas en la

querella, surge que la señora Martínez fue víctima de

hostigamiento sexual por parte del señor Coss. En las

alegaciones se detallaron varias instancias en donde el

supervisor hostigó sexualmente a la peticionaria, actos

ante

los

cuales

ésta

No

fueron

perturbada.

última

se

actos

sintió

incómoda

y

aislados,

sino

que

ocurrieron frecuentemente durante el corto tiempo en que

la

peticionaria

señalaron

las

laboró

para

consecuencias

Petco.

que

ésta

Asimismo,

se

sufrió

no

al

acceder a los acercamientos de su supervisor. Por lo

tanto,

no

procede

que

la

señora

Martínez

tenga

que

presentar evidencia durante una vista ante el foro de

instancia

para

demostrar

que

fue

víctima

de

hostigamiento sexual y que sufrió discrimen por razón de

sexo.

Esta

determinación

del

Tribunal

de

Primera

Instancia no fue razonable.

Respecto al sexto error señalado, concluyo que éste

también fue cometido. En la Resolución emitida por el

CC-2016-0512

Tribunal

de

peticionaria

26

Primera

tenía

Instancia,

que

probar

se

señaló

que

la

primeramente

que

su

despido “fue por causa de un discrimen por sexo o por su

modalidad de hostigamiento sexual”. Resolución, Apéndice

del certiorari, pág. 510. El foro primario indicó que si

la señora Martínez evidenciaba que su despido se debió a

una de estas causas, entonces procedería la celebración

de una “vista para cuantificar los daños”.

Íd. Esta

determinación fue errada. Bajo la Ley Núm. 17 se prohíbe

y penaliza el hostigamiento sexual sin que tenga que

ocurrir un despido injustificado. Ley Núm. 17, supra, 29

LPRA sec. 155b. Asimismo, la Ley Núm. 100 y la Ley Núm.

69 imponen a un patrono responsabilidad por discriminar

por razón de sexo, sin que tenga que ocurrir un despido

injustificado. Ley Núm. 100, supra, 29 LPRA sec. 146;

Ley Núm. 69, supra, 29 LPRA sec. 1323. De esta forma, el

Tribunal de Primera Instancia no podía condicionar la

concesión de daños a que la peticionaria probara que su

despido fue consecuencia de discrimen por razón de sexo

u hostigamiento sexual. Dicho de otra manera, aunque el

despido de la peticionaria fuese justificado, tendría

derecho

a

ser

resarcida

por

haber

sido

víctima

de

hostigamiento sexual y de discrimen por razón de sexo,

según surge de las alegaciones de la querella.

IV

Al amparo de los fundamentos enunciados, disiento

del curso de acción tomado por este Tribunal. Por el

CC-2016-0512

27

contrario, hubiera revocado la Resolución emitida por el

Tribunal

de

denegatoria

Primera

de

dictar

Instancia,

sentencia

en

cuanto

parcial

en

a

la

rebeldía.

Así, pues, de una vez le hubiera ordenado que dictara

sentencia parcial en rebeldía, a base de las alegaciones

contenidas

cuantas

en

vistas

la

querella,

sean

y

necesarias

procediera

para

a

celebrar

cuantificar

los

daños sufridos por la señora Martínez. Al no ser el

curso de acción tomado, disiento.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado