Tribunal Supremo de Puerto Rico
Martínez Kim v. PETCO, Inc. et al
2017 TSPR 201
Poder Judicial de Puerto Rico
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Martínez Kim v. PETCO, Inc. et al
CC-2016-512
Sentencia con Opinión Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Angeline C. Martínez Kim
Peticionaria
Certiorari
v.
2017 TSPR 201
PETCO, Inc., Levid Coss, la
Sociedad Legal Compuesta por
este y Fulana de Tal, y
Aseguradora XYZ
198 ____
Recurridos
Número del Caso: CC-2016-512
Fecha: 21 de diciembre de 2017
Región Judicial de San Juan
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. Rafael Ortiz Mendoza
Lcdo. Jorge Farinacci Fernós
Abogados de la parte recurrida:
Lcdo. Carl Schuster Brac
Lcda. Miriam Toledo David
Lcda. Elizabeth Pérez Lleras
Materia: Sentencia del Tribunal con Opinión Disidente.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Angeline C. Martínez Kim
Peticionaria
v.
CC-2016-0512
Certiorari
PETCO,
Inc.
Levid
Coss,
la
Sociedad
Legal de Gananciales
compuesta por este y
Fulana
de
Tal,
y
Aseguradora X Y Z
Recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 21 de diciembre de 2017.
Por estar igualmente dividido este Tribunal y
habiéndose expedido el recurso, se confirma el
dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones.
Véase, Regla 4(a) del Reglamento del Tribunal
Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 4(a).
Notifíquese
inmediatamente
por
teléfono,
correo electrónico y por la vía ordinaria.
Así lo pronunció, manda el
Tribunal y
certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El
Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió una
opinión disidente a la cual se unió la Jueza
Asociada señora Pabón Charneco. El Juez Asociado
señor Kolthoff Caraballo y el Juez Asociado señor
Colón Pérez disienten sin opinión escrita. La Juez
Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Angeline C. Martínez Kim
Peticionaria
v.
Certiorari
CC-2016-0512
PETCO, Inc., Levid Coss
la Sociedad Legal de
Gananciales compuesta por
este y fulana de tal, y
Aseguradora XYZ
Recurridos
Opinión disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA
MARTÍNEZ a la cual se une la Jueza Asociada SEÑORA PABÓN CHARNECO
San Juan, Puerto Rico, a 21 de diciembre de 2017.
Disiento porque opino que al revocar al Tribunal
de Primera Instancia en el caso de autos, hubiéramos
alcanzado la meta de evitar dilaciones procesales y
otorgar un remedio adecuado, completo y oportuno a
la peticionaria. En ese sentido, le correspondía a
este
Tribunal
Apelaciones
dilucidar
erró
al
no
si
el
expedir
el
Tribunal
de
recurso
de
certiorari de epígrafe. En él, se buscaba revisar
una
resolución
interlocutoria
del
Tribunal
de
Primera Instancia en un procedimiento bajo la Ley
Núm. 2, infra, mediante la cual se declaró no ha
lugar
una
sumaria
petición
para
que
se
dictara
sentencia
CC-2016-0512
2
parcial en rebeldía y, por consiguiente, se señalara una
vista
para
dilucidar
Particularmente,
el
foro
los
primario
daños
sufridos.
determinó
que
las
alegaciones esbozadas en la querella instada al amparo
de la Ley Núm. 2, infra, eran insuficientes para poder
resolver las causas de acción, por lo que correspondía
celebrar una vista en rebeldía en sus méritos.
Dado el hecho que se confirma el dictamen emitido
por
el
Tribunal
de
Apelaciones,
provocado
por
este
Tribunal encontrarse igualmente dividido, disiento. En
su lugar, hubiera revocado la Resolución emitida por el
Tribunal
de
Primera
Instancia,
en
cuanto
a
la
denegatoria de dictar sentencia parcial en rebeldía. De
las
alegaciones
claramente
que
opino
esas
que
contenidas
hubo
en
hostigamiento
alegaciones
dilucidar
las
realizar
cuantas
la
causas
de
vistas
querella
sexual.
eran
Por
surge
tanto,
suficientes
acción
y
no
era
sean
necesarias
para
necesario
para
que
demostrara que era víctima de hostigamiento sexual. En
consecuencia,
hubiera
ordenado
que
se
dictara
la
referida sentencia, a base de las alegaciones contenidas
en la querella, y procediera posteriormente a celebrar
cuantas
vistas
sean
necesarias
para
cuantificar
los
daños sufridos. Ante el hecho que ese no es el curso de
acción llevado a cabo por este Tribunal, me veo en la
obligación de disentir.
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3
Repasemos
procesales
sucintamente
que
originaron
los
la
hechos
y
trámites
controversia
ante
este
Tribunal.
I
El caso de epígrafe comenzó el 20 de diciembre de
2013, cuando la Sra. Angeline C. Martínez Kim (señora
Martínez o peticionaria) presentó una querella en contra
de su antiguo patrono, Petco, Inc. (Petco o patrono),1
su antiguo supervisor, el Sr. Levid Coss (señor Coss o
supervisor),
junto
con
gananciales
compuesta
la
por
sociedad
éste
y
legal
su
de
esposa,
bienes
y
la
Aseguradora X, Y, Z (en conjunto, los recurridos).2 Esta
querella
fue
instada
bajo
la
Ley
Núm.
2
del
17
de
octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118 et seq. (Ley Núm.
2).3
La
peticionaria
hostigamiento
sexual
alegó
por
que
parte
del
fue
víctima
señor
Coss
de
en
múltiples ocasiones.4 Entre las alegaciones incluidas en
1En
identificó
patrono).
su primera comparecencia, el patrono se
como Petco Puerto Rico, L.L.C. (Petco o
2En
la primera moción presentada por el patrono y
el Sr. Levid Coss (señor Coss) (en conjunto, los
recurridos), se hizo constar que al momento de ser
emplazado, el señor Coss no estaba casado.
3La
Sra. Angeline C. Martínez Kim (señora Martínez
o peticionaria) fundamentó su querella en la Ley Núm. 17
del 22 de abril de 1988, 29 LPRA sec. 155 et seq., la
Ley Núm. 69 del 6 de julio de 1985, 29 LPRA sec. 1321 et
seq., la Ley Núm. 100 del 30 de junio de 1959, 29 LPRA
sec. 146 et seq. y los artículos 1802 y 1803 del Código
Civil, 31 LPRA secs. 5141 y 5142.
4Nótese
que la peticionaria estuvo en periodo
probatorio durante el tiempo que laboró para Petco.
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4
la querella referentes al alegado hostigamiento sexual,
estaban las siguientes:
9. Entre noviembre y diciembre de 2012, el
supervisor Coss lanzó varios piropos a la
querellante, en particular, haciendo halagos a
sus ojos y mirada.
. . . .
11. Durante ese periodo, el co-querellado Sr.
Coss indagó sobre la vida personal de la
querellante y el co-querellado Sr. Coss le
voluntarizaba
[sic]
información
sobre
su
propia vida personal.
12. Durante ese periodo, el co-querellado Sr.
Coss ofreció información específica sobre la
relación con su esposa, haciendo referencias a
como su esposa no lo entendía a él.
13. Ante ello, la querellante hizo referencia
a lo impropio que era hablar y dar consejos
sobre esos asuntos, a lo que este expresó si
también
estaba
prohibido
pedir
favores
sexuales.
. . . .
. . . .
. . . .
17. En o alrededor del 21 de diciembre de 2012
y debido a que la querellante no posee un
vehículo de motor, el co-querellado Sr. Coss
ofreció pon a la querellante.
18. En el transcurso del viaje hacia la
estación de tren, el co-querellado Sr. Coss
sugiere que se detengan un momento para comer
algo, a lo que la querellante asintió.
19. Durante el viaje, el co-querellado Sr.
Coss la miró insidiosamente y le comentó “hoy
el mundo se va acabar, ¿por qué no hacemos
algo que mañana no nos vamos a arrepentir?”.
La querellante se pasmó y reaccionó incómoda.
20. Llegados al lugar de comida y antes de
salirse del vehículo, Coss se colocó una gorra
en la falda y le expresó que la querellante
“tenía que darle un break” puesto que tuvo
“otro tipo de reacción y que si quisiera ver”.
La querellante se espantó, dejando saber su
negativa
y
sintiéndose
extremadamente
incómoda.
. . . .
22. Entre el 21 de diciembre de 2012 y el 5 de
enero de 2013, mientras ambos laboraban en la
tienda, el co-querellado Sr. Coss le expresó a
la querellante que ya su esposa no le da
“cariñito”, que el exesposo de la querellante
tampoco le daba “cariñito”, y le preguntó
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5
porque
ellos
no
se
daban
“cariñito”
mutuamente.
. . . .
24. Durante ese periodo, el co-querellado Sr.
Coss hacía comentarios sobre el aroma de la
querellante, se le acercaba y la olía y le
comentaba que “tú hueles rico”. Querella,
Apéndice del certiorari, págs. 3-5.
La peticionaria indicó que, al no acceder a los
acercamientos sexuales de su supervisor, éste comenzó
una campaña de hostigamiento laboral y de represalias en
su contra. En la querella se plasmaron las siguientes
alegaciones en cuanto a las represalias:
26. Esta campaña consistió, entre otros, en
gritarle
a
la
querellante
y
abusar
laboralmente
de
esta
frente
los
demás
empleados, abusando de su rol como supervisor
de esta.
27. A modo de ejemplo, el 23 de diciembre de
2012, la querellante fue mordida por un animal
y
comenzó
a
sangrar.
Contrario
a
lo
establecido por el propio protocolo de la
empresa, el co-querellado Sr. Coss obligó a la
querellante a seguir atendiendo clientes, en
vez de permitirle atender su herida, como
dispone la política de la compañía.
28. El 5 de enero de 2013, estando la
querellante trabajando en la tienda, el coquerellado Sr. Coss le recortó horas en el
momento únicamente a la querellante.
29. Para los días 24, 28 y 30 [de] enero de
2013, el co-querellado Sr. Coss le redujo
horas a la querellante y le eliminó días de su
horario (21 de enero y 1 de febrero). Íd.,
págs. 5-6.
Al
acercarse
el
fin
del
periodo
probatorio,
la
peticionaria fue citada a una reunión en la cual la
despidieron
por
no
cumplir
con
los
requisitos
necesarios. Sin embargo, nunca le explicaron cuáles eran
esos requisitos ni por qué incumplió con ellos. Así las
cosas, la peticionaria planteó que su despido fue el
CC-2016-0512
6
resultado del hostigamiento sexual del cual fue víctima,
que
a
su
vez
se
constituyó
en
sus
dos
modalidades,
ambiente hostil y quid pro quo. Así pues, en la querella
la señora Martínez solicitó que se le reinstalara en su
antiguo empleo y se le pagaran los salarios que dejó de
devengar. Asimismo, incluyó una reclamación por daños y
perjuicios por las angustias mentales que sufrió.
Luego
éstos
de
que
fueran
solicitaron
emplazados
oportunamente
los
una
recurridos,
prórroga
para
contestar la querella. La peticionaria se opuso a esta
solicitud,
alegando
necesaria
para
que
que
no
se
existía
la
concediera
justa
causa
al
haber
y,
transcurrido el término con que contaban para presentar
sus
contestaciones,
solicitó
que
se
les
anotara
la
rebeldía. El 30 de enero de 2014, tanto el patrono como
el
señor
Coss
contestaciones
presentaron,
a
la
de
querella.
manera
El
separada,
patrono
sus
también
presentó una moción para que el proceso se tramitara
bajo el procedimiento ordinario. Así las cosas, el 31 de
julio de 2014, el Tribunal de Primera Instancia declaró
no ha lugar la solicitud de la señora Martínez para que
se anotara la rebeldía y, por el contrario, concedió la
prórroga
solicitada.
En
consecuencia,
ordenó
que
se
uniesen al expediente las contestaciones presentadas por
los
recurridos.
Asimismo,
declaró
no
ha
lugar
la
solicitud de Petco para que el proceso se convirtiera en
uno ordinario.
CC-2016-0512
7
Inconforme, la peticionaria acudió ante el Tribunal
de
Apelaciones.
Contando
con
el
beneficio
de
la
comparecencia de todas las partes, el foro apelativo
intermedio
expidió
el
auto
solicitado
y
revocó
la
determinación recurrida, pues encontró que no se habían
alegado
razones
que
justificaran
la
concesión
de
la
prórroga. En ausencia de causa justificada, concluyó que
el Tribunal de Primera Instancia carecía de autoridad
para extender el término con que contaban los recurridos
para contestar la querella. En consecuencia, anotó la
rebeldía
a
éstos.5
Después
de
que
se
notificó
la
Sentencia del Tribunal de Apelaciones, pero antes de que
ésta adviniera final y firme, la peticionaria le cursó
al patrono un requerimiento de admisiones junto con una
solicitud de producción de documentos.
Culminados
los
trámites
apelativos,
la
señora
Martínez presentó ante el foro de instancia un escrito
intitulado
Moción
de
sentencia
sumaria
parcial
en
rebeldía y solicitud de vista de daños. Particularmente,
solicitó lo siguiente: (1) que se le anotara la rebeldía
a
los
recurridos;
(2)
se
dictara
sentencia
sumaria
parcial en rebeldía ordenando su reinstalación en el
5Véase
Martínez Kim v. Petco, Inc., KLCE201401173.
Los
recurridos
solicitaron,
de
manera
separada,
reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones, pero
fueron declaradas no ha lugar. Luego, acudieron ante
este Tribunal. Véanse Martínez Kim v. Petco, Inc., CC2015-0117, y Martínez Kim v. Petco, Puerto Rico L.L.C.,
CC-2015-0118. Se proveyó no ha lugar tanto a los
recursos presentados como a las reconsideraciones
presentadas posteriormente.
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8
empleo; (3) se les condenara a los recurridos a pagar
los salarios dejados de devengar desde que fue despedida
hasta el momento en que recayera la sentencia parcial,
junto con las penalidades aplicables y los honorarios de
abogado correspondientes, y (4) que se señalaran las
vistas que fueran necesarias para determinar la cuantía
de los daños sufridos por angustias mentales. Del mismo
modo, la peticionaria indicó que al no contestarse ni
objetarse
el
requerimiento
de
admisiones
cursado
al
patrono, procedía que se dieran por admitidos los hechos
allí contenidos. Asimismo, planteó que se debía tener
por
admitido
el
contenido
de
varios
anejos
que
se
incluyeron al requerimiento. En consecuencia, la señora
Martínez
señaló
que
cincuenta
y
seis
(56)
hechos
materiales y pertinentes estaban incontrovertidos. Ante
ello,
alegó
Instancia
que
procedía
emitiera
una
que
el
Tribunal
de
Primera
sentencia
sumaria
parcial
en
rebeldía, en la cual se concluyera que las actuaciones
de los recurridos constituyeron hostigamiento sexual y
discrimen por razón de sexo.
Posteriormente, Petco solicitó un término adicional
para
contestar
el
requerimiento
de
admisiones.
Para
fundamentar esta solicitud, alegó que las partes habían
acordado
tanto
paralizar
se
apelativos.
el
terminaran
Igualmente,
descubrimiento
de
los
ante
procesos
arguyó
que
tal
prueba
los
hasta
foros
decisión
fue
avalada por el Tribunal de Primera Instancia. La señora
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9
Martínez se opuso a esta solicitud, e indicó que si bien
se
habían
comunicado
paralización
habían
del
decidido
las
partes
para
acordar
descubrimiento
de
prueba,
no
los
requerimientos
paralizar
la
finalmente
ya
cursados. Por tanto, requirió que se declarara no ha
lugar
la
prórroga
solicitada,
que
se
dieran
por
admitidos los hechos comprendidos en su requerimiento, y
que se ordenara al patrono a producir los documentos
solicitados.
Petco
replicó,
indicando
que
de
las
actuaciones de la peticionaria se desprendía que había
un acuerdo de paralizar el descubrimiento de prueba y
que había esperado, de buena fe, hasta que concluyeran
los procesos apelativos para continuar. Reiteró que en
una vista ante el Tribunal de Primera Instancia, las
partes habían acordado tal paralización.6
Así las cosas, el patrono presentó su oposición a
la
solicitud
de
la
peticionaria
para
que
se
dictara
sentencia sumaria parcial en rebeldía.7 Argumentó que no
procedía la aplicación de la Regla 36 de Procedimiento
Civil por habérsele anotado la rebeldía. Véase Reglas de
Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36. Por
el contrario, planteó que sólo aplicaba la Regla 45 de
Procedimiento Civil. Íd., R. 45. Asimismo, indicó que al
6Petco
cursó a la señora Martínez su contestación
al requerimiento de admisiones el 26 de octubre de 2015.
7El
señor Coss adoptó por referencia los argumentos
esgrimidos por el patrono en su oposición, y solicitó
que se declarara no ha lugar la solicitud de la
peticionaria.
CC-2016-0512
ser
10
insuficientes
querella,
procedía
las
alegaciones
contenidas
en
la
celebración
de
vistas
cuantas
la
fueran necesarias para que el tribunal pudiera dilucidar
si en realidad hubo hostigamiento sexual y discrimen por
razón de sexo.
El 9 de febrero de 2016, el Tribunal de Primera
Instancia emitió una Resolución mediante la cual anotó
la rebeldía a los recurridos. Ahora bien, en cuanto a la
solicitud para que se dictara sentencia sumaria parcial
en rebeldía, el foro de instancia señaló, primeramente,
que no era de aplicación la Regla 36 de Procedimiento
Civil, sino que aplicaba la Regla 45.2(b). Íd., R. 36 y
45.2(b). Además, declaró esta solicitud no ha lugar,
pues
entendió
que
las
alegaciones
incluidas
en
la
querella eran insuficientes “para poder adjudicar las
causas
de
acción
de
discrimen
por
sexo
o
de
hostigamiento sexual en el empleo, sin la celebración de
una
vista
en
rebeldía
en
sus
méritos”.
Resolución,
Apéndice del certiorari, pág. 512. De esta forma, el
Tribunal de Primera Instancia sostuvo un señalamiento de
vista emitido previamente, pero indicó que se trataría
de una vista evidenciaria para poder dilucidar si el
despido
de
la
peticionaria
“fue
por
causa
de
un
discrimen por sexo o por su modalidad de hostigamiento
sexual”. Íd., pág. 510. De encontrar que el despido se
debió a una de estas causas, el foro primario intimó que
correspondería celebrar otra “vista para cuantificar los
CC-2016-0512
11
daños que se alegan en la querella”. Íd. Por último, el
tribunal concluyó que el no contestar el requerimiento
de admisiones dentro del término concedido para ello
“tuvo
el
efecto
de
que
la
parte
querellada
aceptara
todos los hechos correctamente alegados”. Íd., pág. 512.
Sin embargo, señaló que para poder adjudicar los hechos
admitidos, era necesario dilucidar primeramente cuáles
eran los motivos del despido.
De ese dictamen, la peticionaria recurrió ante el
Tribunal de Apelaciones. Alegó que procedía la revisión
del asunto, aunque fuera uno interlocutorio, pues se
había dictado sin jurisdicción. Además, arguyó que la
revisión conllevaría la disposición definitiva y pronta
del
caso,
injusticia.
y
evitaría
Después
el
de
que
que
se
el
cometiera
patrono
una
grave
presentara
su
correspondiente escrito en oposición a la expedición del
auto solicitado, el Tribunal de Apelaciones emitió una
Resolución mediante la cual denegó expedirlo.8 El foro
apelativo intermedio encontró que el Tribunal de Primera
Instancia había sido razonable al anotar la rebeldía, si
bien no dictó sentencia en rebeldía. Asimismo, indicó
que
no
procedía
la
aplicación
de
la
Regla
36
de
Procedimiento Civil, supra, pues al haberse anotado la
rebeldía, los recurridos estaban impedidos de presentar
8Véase
Martínez Kim v. Petco, Inc., KLCE201600237.
La Jueza Fraticelli Torres emitió un voto disidente,
pues encontró que se tenían que dar por buenas las
alegaciones y que sólo procedía celebrar una vista para
dilucidar los daños sufridos por la peticionaria.
CC-2016-0512
prueba.
12
Razonó
que
cuando
una
parte
solicita
que
se
dicte sentencia sumaria, la regla exige que la parte
contraria presente evidencia y que, por lo tanto, era
inaplicable al caso de referencia.
Ante esta determinación, la señora Martínez acudió
ante
este
Tribunal.
En
su
escrito,
señala
que
el
Tribunal de Apelaciones cometió los siguientes errores,
a saber: (1) erró al concluir que le correspondía a la
peticionaria
presentar
prueba
durante
las
vistas
en
rebeldía para probar su caso; (2) erró al concluir que
el Tribunal de Primera Instancia actuó razonablemente al
no dictar sentencia parcial en rebeldía; (3) incidió al
determinar
que
no
procedía
declarar
ha
lugar
la
solicitud de sentencia parcial en rebeldía, fundamentado
en que a la parte contraria se le había anotado la
rebeldía, impidiendo que pudiera presentar prueba para
oponerse; (4) erró al determinar que el mecanismo de
sentencia sumaria es incompatible con el proceso sumario
de la Ley Núm. 2; (5) incidió al confirmar al Tribunal
de
Primera
Instancia
en
su
decisión
de
denegar
la
solicitud de sentencia sumaria parcial sin determinar
qué
hechos
controversia,
pertinentes
y
(6)
y
erró
materiales
al
no
confirmar
están
en
foro
de
al
instancia en cuanto a que sólo se celebraría una vista
de
daños
si
se
determinaba
primero
que
el
despido
constituía un acto de hostigamiento sexual o discrimen
por razón de sexo.
CC-2016-0512
13
Por su parte, Petco expuso que este Tribunal carece
de
jurisdicción
peticionaria.
para
atender
la
alternativa,
En
el
recurso
se
opuso
de
la
a
la
expedición del recurso. Fundamenta su reclamo de falta
de
jurisdicción
notificara
la
en
que
dos
denegatoria
días
del
después
de
que
se
Tribunal
de
Primera
Instancia en anotar la rebeldía a los recurridos,9 se
aprobó la Ley Núm. 133–2014, la cual enmendó la Ley Núm.
2, supra. Mediante esta enmienda, se acortó a diez (10)
días el término que se tiene para apelar una sentencia
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones
en
un
procedimiento
instado al amparo de la Ley Núm. 2. Íd., 32 LPRA sec.
3127.
De
esta
forma,
y
de
acuerdo
a
lo
resuelto
posteriormente por este Tribunal en Medina Nazario v.
McNeil
Healthcare
LLC,
194
DPR
723
(2016)
(donde
se
estableció que, en procedimientos instados bajo la Ley
Núm.
2,
el
término
para
solicitar
revisión
de
una
resolución interlocutoria revisable ante el Tribunal de
Apelaciones sería diez (10) días), el patrono razona que
el recurso de certiorari presentado en aquel entonces
por la peticionaria ante el foro apelativo intermedio
fue tardío.10 Esto, debido a que se presentó treinta (30)
9Nótese
que esta Resolución, de la cual recurrió la
peticionaria ante el Tribunal de Apelaciones, revisión
que concluyó con la anotación de la rebeldía a los
recurridos, no es la que se busca revisar mediante el
recurso de epígrafe.
10El
patrono argumentó que procedía la
retroactiva de esta norma por ser una de
procesal.
aplicación
naturaleza
CC-2016-0512
días
14
después
de
que
se
notificara
la
resolución
recurrida en aquel momento. Por lo tanto, adujo que la
Sentencia
emitida
el
31
de
octubre
de
2014
por
el
Tribunal de Apelaciones, mediante la cual se les anotó
la
rebeldía,
referencia
era
nula
por
tanto,
era
improcedente
por
precisamente,
en
y,
la
el
recurso
de
fundamentarse,
anotación
de
rebeldía.
Posteriormente, el señor Coss presentó un escrito en el
cual plantea los mismos argumentos.
El 20 de junio de 2016, la señora Martínez presentó
una
moción
en
auxilio
de
jurisdicción
ante
este
Tribunal. Solicitó que se paralizaran los procesos ante
el Tribunal de Primera Instancia en lo que se dilucidaba
la controversia ante este Tribunal, en atención a que se
habían pautado unas vistas. El 27 de junio de 2016, este
Tribunal emitió una resolución proveyendo no ha lugar
tanto
al
auxilio
de
jurisdicción
como
al
recurso
de
certiorari. Posteriormente, la peticionaria presentó una
solicitud de reconsideración, la cual fue declarada no
ha lugar. Oportunamente, la peticionaria presentó una
segunda
moción
solicitando
reconsideración,
la
cual
declaramos ha lugar y, en consecuencia, expedimos el
auto presentado.
Así
las
cosas,
y
con
el
fin
de
plasmar
los
fundamentos que sustentan mi disenso, expongo el marco
estatutario y jurisprudencial aplicable. Veamos.
CC-2016-0512
15
II
A.
La Ley Núm. 2, supra, tiene como propósito brindar
a los empleados un trámite procesal sumario “capaz de
lograr la rápida consideración y adjudicación de las
querellas
que
éstos
presenten
en
contra
de
sus
patronos”. Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, 196
DPR 439, 446 (2016). Véase, además, Medina Nazario v.
McNeil Healthcare LLC, supra, págs. 731-732; Vizcarrondo
Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 (2008). Esta ley
busca “‘proteger el empleo, desalentando el despido sin
justa causa y proveyendo al obrero así despedido los
medios económicos para’” subsistir. Medina Nazario v.
McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 732 (citando a Rivera
v.
Insular
Wire
Products
Corp.,
140
DPR
912,
923
(1996)). Para lograr estos fines, la ley estableció lo
siguiente:
“(1)[T]érminos cortos para la contestación de
la querella presentada por el obrero o
empleado; (2) criterios para la concesión de
una sola prórroga para contestar la querella;
. . . (5) criterios para la aplicación de las
Reglas de Procedimiento Civil; . . . (8) la
facultad del tribunal para dictar sentencia en
rebeldía cuando el patrono querellado no
cumpla
con
los
términos
provistos
para
contestar la querella, y (9) los mecanismos
para la revisión y ejecución de las sentencias
y el embargo preventivo”. Patiño Chirino v.
Parador Villa Antonio, supra, pág. 446(citando
a Rivera v. Insular Wire Products Corp.,
supra, págs. 923-924).
En lo pertinente a la controversia de referencia,
si
la
parte
querellada
no
presenta
su
contestación
CC-2016-0512
16
dentro del término concedido para ello en la Ley Núm. 2,
“el
juez
dictará
instancias
del
sentencia
contra
querellante,
el
querellado,
concediendo
el
a
remedio
solicitado”. Ley Núm. 2, supra, 32 LPRA sec. 3121. De
esta
forma,
y
“como
norma
general,
luego
de
que
se
extingue el término para contestar la querella, sin que
se haya justificado adecuadamente la incomparecencia, el
tribunal
está
determinación
impedido
que
no
de
sea
tomar
anotarle
cualquier
la
otra
rebeldía
al
querellado”. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra,
pág. 935. Véase, además, Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR
653, 670 (2005); Rivera v. Insular Wire Products Corp.,
supra, págs. 931-932. “Ahora bien, el hecho de que se
haya anotado la rebeldía no es garantía per se de una
sentencia a favor del querellante”. Vizcarrondo Morales
v.
MVM,
Inc.,
supra,
pág.
937.
Ello
pues,
“en
el
contexto de la rebeldía procesal, se entienden admitidos
únicamente los hechos correctamente alegados y no así
las alegaciones meramente conclusorias, ni conclusiones
de derecho”. León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249, 262
(2001). Véase, además, Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc.,
supra, pág. 937; Continental Ins. Co. v. Isleta Marina,
106 DPR 809, 815 (1978).
De ser necesario, el Tribunal de Primera Instancia
“debe[rá]
celebrar
las
vistas
evidenciarias
que
sean
necesarias y adecuadas para que el querellante sustente
sus
alegaciones
y
pruebe
los
daños
alegados
en
la
CC-2016-0512
17
querella”. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pág.
937.
En
estas
vistas,
el
foro
de
instancia
“deberá
aplicar los mecanismos contemplados en las Reglas de
Procedimiento Civil para casos en rebeldía”. Íd. (cita
omitida).
A
esos
fines,
“hemos
reconocido
que
las
disposiciones y normas interpretativas de la Regla 45 de
Procedimiento Civil serán aplicables en todo aquello en
que no estén en conflicto con disposiciones específicas
de
la
Ley
Núm.
2
o
con
el
carácter
sumario
del
procedimiento que allí se establece”. Rivera v. Insular
Wire
Products
Corp.,
supra,
págs.
930-931
(citas
omitidas). Véase, además, Ley Núm. 2, supra, 32 LPRA
sec. 3120; Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 DPR 314,
321-322 (1975).
B.
La Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, rige el
mecanismo
procesal
de
la
sentencia
sumaria.
Mediante
ella se promueve “la pronta, justa y económica solución
de los casos que no presenten controversias genuinas de
hechos
materiales”.
Velázquez
Ortiz
v.
Gobierno
Municipal de Humacao, res. el 17 de marzo de 2017, 2017
TSPR 39, pág. 6. Véase, también, Luan Invest. Corp. v.
Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000). Al solicitar
que se emita una sentencia sumaria, una parte “tiene que
establecer su derecho con claridad y demostrar que los
hechos
materiales
se
encuentran
incontrovertidos”.
Velázquez Ortiz v. Gobierno Municipal de Humacao, supra,
CC-2016-0512
18
pág. 6. Por otro lado, la parte que se opone a una
solicitud de sentencia sumaria “tiene que contestar de
forma específica y detallada para poner al juzgador en
posición de concluir que persisten dudas acerca de los
hechos esenciales de la causa de acción”. Íd., págs. 67. Véase, también, Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR
200, 215 (2010).
C.
Sabido es que la Constitución de Puerto Rico en la
Sección 1 del Artículo II prohíbe el discrimen por razón
de sexo. Art. II, Sec. 1, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.
“Así, pues, nuestro ordenamiento legal ha respondido a
dicho
principio
cardinal
leyes
laborales
que
práctica
de
mediante
la
promulgación
de
proscriben
tajantemente
toda
por
del
una
discrimen
razón
sexo
de
persona”. López Fantauzzi v. 100% Nat., 181 DPR 92, 114115
(2011).
Por
tanto,
la
Asamblea
Legislativa
ha
establecido “que el hostigamiento sexual en el empleo es
una forma de discrimen por razón de sexo y como tal
constituye una práctica ilegal e indeseable que atenta
contra el principio constitucional establecido de que la
dignidad del ser humano es inviolable”. Ley Núm. 17 del
22 de abril de 1988, 29 LPRA sec. 155 (Ley Núm. 17).11
11Nótese
“que el hostigamiento sexual constituye una
modalidad del discrimen por razón de sexo proscrito por
la Ley Núm. 100”. Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med.
Avanzada, 137 DPR 643, 651 (1994). Véase, también,
Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 DPR 117, 124
(1990).
CC-2016-0512
19
En la Ley Núm. 17 se ha definido el hostigamiento sexual
de la siguiente forma:
El
hostigamiento
sexual
en
el
empleo
consiste en cualquier tipo de acercamiento
sexual no deseado, requerimientos de favores
sexuales y cualquier otra conducta verbal o
física de naturaleza sexual . . . , cuando se
da una o más de las siguientes circunstancias:
(a) Cuando el someterse a dicha conducta se
convierte de forma implícita o explícita en un
término o condición del empleo de una persona.
(b) Cuando el sometimiento o rechazo a
dicha conducta por parte de la persona se
convierte en fundamento para la toma de
decisiones en el empleo o respecto del empleo
que afectan a esa persona.
(c) Cuando esa conducta tiene el efecto o
propósito de interferir de manera irrazonable
con el desempeño del trabajo de esa persona o
cuando
crea
un
ambiente
de
trabajo
intimidante, hostil u ofensivo. Íd., sec.
155b.
Conforme a la citada definición, “[h]emos reconocido dos
modalidades de hostigamiento sexual: el hostigamiento
quid pro quo y el hostigamiento sexual por ambiente
hostil”.
Velázquez
Humacao,
supra,
Ortiz
pág.
8.
v.
Gobierno
Véase,
Municipal
también,
de
Rodríguez
Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 DPR 117, 131 (1990).
La
primera
modalidad
sometimiento
o
el
requerimientos
sexuales
“se
rechazo
se
toma
produce
cuando
el
los
avances
o
de
como
fundamento
para
afectar beneficios tangibles en el empleo”. Rodríguez
Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., supra, pág. 132. Véase,
también, Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137
DPR 643, 653 (1994) (donde se indica que “[l]os incisos
(a) y (b) de . . . [la definición de hostigamiento
sexual contenida en la Ley Núm. 17] se refieren al tipo
CC-2016-0512
20
de hostigamiento . . . quid pro quo (algo a cambio de
algo)”.). Para que sea exitosa una causa de acción bajo
esta
modalidad,
solicitud
de
el
demandante
favores
tiene
que
probar
“la
o
sufrimiento
de
sexuales
el
avances de igual tipo, y que el sometimiento o rechazo a
dichos avances o a la referida solicitud haya sido la
causa de una decisión adversa en cuanto a una condición
o al término de su empleo”. Rodríguez Meléndez v. Sup.
Amigo, Inc., supra, págs. 132-133.
Por otro lado, la modalidad de hostigamiento sexual
por ambiente hostil se produce cuando ocurre “‘conducta
de naturaleza sexual por parte del hostigador la cual
interfiere
irrazonablemente
con
el
desempeño
del
empleado en su trabajo o es lo suficientemente severa y
ofensiva como para crearle al empleado que es víctima de
la
misma,
un
intimidante,
ambiente
hostil
u
de
trabajo
ofensivo’”.
que
Velázquez
resulte
Ortiz
v.
Gobierno Municipal de Humacao, supra, pág. 8 (citando a
S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., 156 DPR
651, 662 (2002)). “El inciso (c) [de la definición de
hostigamiento sexual contenida en la Ley Núm. 17] se
refiere al hostigamiento sexual que cree un ambiente
hostil o intimidante”. Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med.
Avanzada,
supra,
configurado
la
pág.
653.
modalidad
de
Para
concluir
hostigamiento
que
se
ha
sexual
por
ambiente hostil, se tiene que determinar “si la alegada
conducta
constitutiva
de
hostigamiento
fue
lo
CC-2016-0512
21
suficientemente severa y ofensiva como para alterar las
condiciones del empleo y crear un ambiente de trabajo
abusivo”. Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., supra,
pág. 132. Ahora bien, bajo esta modalidad es importante
analizar en conjunto los actos que “crean el ambiente
abusivo y hostil, pues cada acto aislado podría no ser
lo suficientemente severo como para dar lugar a una
causa de acción”. Velázquez Ortiz v. Gobierno Municipal
de Humacao, supra, pág. 9. Véase, también, Rodríguez
Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., supra, pág. 132; Ley Núm.
17, supra, 29 LPRA sec. 155c.
Cabe destacar que en estos casos la Ley Núm. 17
impone responsabilidad civil por una cantidad igual al
doble de los daños sufridos. Ley Núm. 17, supra, 29 LPRA
sec.
155j.
Asimismo,
permite
que
se
ordene
la
reinstalación en el empleo y que se cese y desista de
los actos que ocasionaron el hostigamiento. Íd.
D.
“La Ley Núm. 100 . . . prohíbe de modo general y
penaliza el discrimen en el empleo”. Santini Rivera v.
Serv Air, Inc., 137 DPR 1, 4 (1994) (cita omitida).
Véase, también, Ley Núm. 100 del 30 de junio de 1959, 29
LPRA
sec.
146
et
seq.
(Ley
Núm.
100).
Por
tanto,
prohíbe, entre otros motivos, el discrimen en el empleo
por razón de sexo. Ley Núm. 100, supra, 29 LPRA sec.
146. Posteriormente, nuestra Asamblea Legislativa aprobó
la Ley Núm. 69 del 6 de julio de 1985, 29 LPRA sec. 1321
CC-2016-0512
22
et seq. (Ley Núm. 69). Mediante ésta, se “declar[ó] el
discrimen
por
razón
empleo”.
Pérez
v.
(2001).
De
esta
de
sexo
una
práctica
ilegal
Mun.
de
Guaynabo,
155
forma
se
amplió
protección
la
DPR
de
83,
88
a
la
fuerza laboral, en lo que respecta al discrimen por
razón
de
sexo,
disuadiendo
aún
más
este
tipo
de
discrimen. Véase García Pagán v. Shiley Caribbean, etc.,
122 DPR 193, 199 (1988). Tanto la Ley Núm. 100 como la
Ley
Núm.
69
imponen
responsabilidad
civil
por
una
cantidad igual al doble de los daños ocasionados. Ley
Núm. 100, supra, 29 LPRA sec. 146; Ley Núm. 69, supra,
29 LPRA sec. 1341. Asimismo, permiten que se ordene la
reinstalación en el empleo y que se cese y desista de
los actos que ocasionaron el discrimen. Ley Núm. 100,
supra, 29 LPRA sec. 146; Ley Núm. 69, supra, 29 LPRA
sec. 1341.
III
A.
En
virtud
de
la
normativa
que
antecede,
paso
a
resolver la controversia que nos ocupa y los fundamentos
por los cuales disiento.
Primeramente,
jurisdiccional
debo
levantado
atender
el
por
recurridos.
los
planteamiento
Éstos
plantean que, debido a la enmienda efectuada en la Ley
Núm. 2, supra, mediante la aprobación de la Ley Núm.
133-2014, junto con lo resuelto en Medina Nazario v.
McNeil Healthcare LLC, supra, el recurso de certiorari
CC-2016-0512
23
presentado
previamente
cuestionar
la
por
denegatoria
la
del
peticionaria
Tribunal
de
para
Primera
Instancia en anotarles la rebeldía fue tardío. De esta
forma, aducen que el Tribunal de Apelaciones carecía de
jurisdicción en aquel entonces para atender el recurso y
que, en consecuencia, la sentencia mediante la cual se
les anotó la rebeldía es nula. Por lo tanto, arguyen que
no
procedía
que
posteriormente
se
revisara
la
denegatoria del Tribunal de Primera Instancia en dictar
sentencia sumaria parcial en rebeldía, decisión que se
busca revisar mediante el recurso de epígrafe, pues este
remedio no estaría disponible al no habérseles anotado
válidamente la rebeldía. A los recurridos no les asiste
la razón.
Si bien es cierto que la Ley Núm. 133-2014 entró en
vigor
días
después
de
que
el
Tribunal
de
Primera
Instancia notificara la resolución mediante la cual se
denegó
la
anotación
de
rebeldía,
ésta
enmienda
no
disponía nada en cuanto al término con que se contaba
para revisar una resolución interlocutoria revisable en
un proceso instado al amparo de la Ley Núm. 2, supra.
Mediante esta enmienda sólo se redujo a diez (10) días
el término para apelar una sentencia emitida bajo este
procedimiento sumario. No fue hasta que este Tribunal
emitió la Opinión en el caso de Medina Nazario v. McNeil
Healthcare
LLC,
supra,
que
se
extendió
la
referida
enmienda al término que se tiene para revisar dictámenes
CC-2016-0512
24
interlocutorios. Al emitirse esa Opinión, el término con
que
contaba
la
peticionaria
para
solicitar
revisión
había transcurrido. De esta forma, no procede que se
aplique
retroactivamente
lo
establecido
en
Medina
Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, a un término
que
ya
había
transcurrido
al
momento
de
emitirse
la
Opinión. En consecuencia, concluyo que fue oportuno el
recurso presentado por la señora Martínez para revisar
la determinación del Tribunal de Primera Instancia de no
anotar la rebeldía a los recurridos, y, por lo tanto, la
sentencia
emitida
por
el
Tribunal
de
Apelaciones,
mediante la cual se ordenó la anotación de rebeldía, no
es nula.
B.
Ante
el
cuadro
fáctico
expuesto,
y
luego
de
examinar el marco jurídico aplicable, razono que algunos
de los errores señalados por la señora Martínez fueron
cometidos.
En
lo
que
concierne
al
cuarto
error
señalado,
encuentro que éste no fue cometido. Siendo el proceso de
referencia
uno
instado
al
amparo
de
la
Ley
Núm.
2,
supra, concluyo que no era de aplicación la Regla 36 de
Procedimiento
Civil,
peticionaria
para
parcial
en
Martínez,
que
rebeldía.
el
supra,
se
Ante
Tribunal
de
a
la
solicitud
de
dictara
sentencia
sumaria
la
petición
Primera
de
la
la
señora
Instancia
debía
analizar las alegaciones de la querella para determinar
CC-2016-0512
25
si procedía dictar una sentencia parcial en rebeldía,
aplicando
lo
establecido
en
la
Ley
Núm.
2
y
“las
disposiciones y normas interpretativas de la Regla 45 de
Procedimiento Civil” que fuesen aplicables. Rivera v.
Insular
Wire
consecuencia,
Products
Corp.,
se
innecesario
torna
supra,
pág.
930.
determinar
En
si
el
estos
sí
tercer y el quinto error fueron cometidos.
Referente
al
primer
y
segundo
error,
fueron cometidos. De las alegaciones contenidas en la
querella, surge que la señora Martínez fue víctima de
hostigamiento sexual por parte del señor Coss. En las
alegaciones se detallaron varias instancias en donde el
supervisor hostigó sexualmente a la peticionaria, actos
ante
los
cuales
ésta
No
fueron
perturbada.
última
se
actos
sintió
incómoda
y
aislados,
sino
que
ocurrieron frecuentemente durante el corto tiempo en que
la
peticionaria
señalaron
las
laboró
para
consecuencias
Petco.
que
ésta
Asimismo,
se
sufrió
no
al
acceder a los acercamientos de su supervisor. Por lo
tanto,
no
procede
que
la
señora
Martínez
tenga
que
presentar evidencia durante una vista ante el foro de
instancia
para
demostrar
que
fue
víctima
de
hostigamiento sexual y que sufrió discrimen por razón de
sexo.
Esta
determinación
del
Tribunal
de
Primera
Instancia no fue razonable.
Respecto al sexto error señalado, concluyo que éste
también fue cometido. En la Resolución emitida por el
CC-2016-0512
Tribunal
de
peticionaria
26
Primera
tenía
Instancia,
que
probar
se
señaló
que
la
primeramente
que
su
despido “fue por causa de un discrimen por sexo o por su
modalidad de hostigamiento sexual”. Resolución, Apéndice
del certiorari, pág. 510. El foro primario indicó que si
la señora Martínez evidenciaba que su despido se debió a
una de estas causas, entonces procedería la celebración
de una “vista para cuantificar los daños”.
Íd. Esta
determinación fue errada. Bajo la Ley Núm. 17 se prohíbe
y penaliza el hostigamiento sexual sin que tenga que
ocurrir un despido injustificado. Ley Núm. 17, supra, 29
LPRA sec. 155b. Asimismo, la Ley Núm. 100 y la Ley Núm.
69 imponen a un patrono responsabilidad por discriminar
por razón de sexo, sin que tenga que ocurrir un despido
injustificado. Ley Núm. 100, supra, 29 LPRA sec. 146;
Ley Núm. 69, supra, 29 LPRA sec. 1323. De esta forma, el
Tribunal de Primera Instancia no podía condicionar la
concesión de daños a que la peticionaria probara que su
despido fue consecuencia de discrimen por razón de sexo
u hostigamiento sexual. Dicho de otra manera, aunque el
despido de la peticionaria fuese justificado, tendría
derecho
a
ser
resarcida
por
haber
sido
víctima
de
hostigamiento sexual y de discrimen por razón de sexo,
según surge de las alegaciones de la querella.
IV
Al amparo de los fundamentos enunciados, disiento
del curso de acción tomado por este Tribunal. Por el
CC-2016-0512
27
contrario, hubiera revocado la Resolución emitida por el
Tribunal
de
denegatoria
Primera
de
dictar
Instancia,
sentencia
en
cuanto
parcial
en
a
la
rebeldía.
Así, pues, de una vez le hubiera ordenado que dictara
sentencia parcial en rebeldía, a base de las alegaciones
contenidas
cuantas
en
vistas
la
querella,
sean
y
necesarias
procediera
para
a
celebrar
cuantificar
los
daños sufridos por la señora Martínez. Al no ser el
curso de acción tomado, disiento.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado