Tribunal Supremo de Puerto Rico
Santini Casiano v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros
2017 TSPR 196
Poder Judicial de Puerto Rico
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Santini Casiano v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros
CC-2015-941
Sentencia con Opinión Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Luis B. Santini Casiano
Peticionario
Certiorari
v.
2017 TSPR 196
Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, Superintendente de la
Policía de Puerto Rico,
Secretario
198 DPR ____
Recurridos
Número del Caso: CC-2015-941
Fecha: 4 de diciembre de 2017
Región Judicial de Aibonito
Abogado de la parte Peticionaria:
Lcdo. José A. de la Texeira Barnes
Oficina de la Procuradora General
Lcda. Margarita Mercado Echegaray
Procuradora General
Lcda. Carmen A. Riera Cintrón
Procuradora General Auxiliar
Materia: Sentencia con Opinión Disidente
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de compilación y publicación oficial de las decisiones del
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Luis B. Santini Casiano
Peticionario
v.
CC-2015-941
Estado Libre Asociado de
Puerto
Rico,
Superintendente
de
la
Policía
de
Puerto
Rico,
Secretario
Recurridos
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 4 de diciembre de 2017.
Nos
corresponde
determinar
si
el
Tribunal
de
Apelaciones erró al revocar un dictamen del foro primario,
en el cual se declaró ha lugar una demanda de impugnación
de
confiscación,
tras
una
determinación
de
no
causa
probable para acusar en la acción penal por el delito que
originó
la
confiscación.
expondremos
a
Por
continuación,
los
fundamentos
revocamos
el
que
dictamen
recurrido y restablecemos la determinación del Tribunal de
Primera Instancia.
Con
fáctico
epígrafe.
ello
y
en
mente,
procesal
que
procedemos
a
exponer
el
marco
suscitó
la
controversia
de
CC-2015-941
2
I
El presente caso surge a raíz de la confiscación de
un vehículo de motor marca Toyota, modelo Corolla, año
2003, tablilla ESY-837, registrado a nombre del Sr. Luis
B. Santini Casiano (señor Santini Casiano o peticionario).
La
referida
infracciones
confiscación
al
Artículo
tuvo
404
de
lugar
tras
alegadas
la
de
sustancias
Ley
controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de
1971, según enmendada, 24 LPRA sec. 2404, y a la Ley para
la protección de la propiedad vehicular, Ley Núm. 8 de 5
de agosto de 1987, según enmendada, 9 LPRA sec. 3201 et
seq. Posteriormente, el Ministerio Público presentó cargos
criminales en contra del señor Santini Casiano por los
mismos hechos que motivaron la confiscación. Celebrada la
correspondiente vista preliminar, el Tribunal de Primera
Instancia
dictaminó
acusarlo.
El
que
no
Ministerio
existía
causa
Público
no
probable
solicitó
para
vista
preliminar en alzada.
Ante ello, el 22 de octubre de 2013, el peticionario
presentó
una
acción
de
impugnación
de
confiscación
en
contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Estado).
Esencialmente, arguyó que el vehículo de motor confiscado
no fue utilizado para la infracción de ley alguna. De otra
parte, el Estado alegó que la confiscación se efectuó de
conformidad con la Ley uniforme de confiscaciones de 2011,
Ley Núm. 119-2011, según enmendada, 34 LPRA sec. 1724 et
seq.
Asimismo,
adujo
que
la
confiscación
se
presumía
CC-2015-941
3
correcta, por lo cual el peticionario tenía el peso de la
prueba
para
derrotar
la
presunción
de
legalidad
y
corrección.
Luego de varios incidentes procesales, el 30 de junio
de
2014,
el
señor
Santini
Casiano
presentó
una
moción
mediante la cual sostuvo que procedía declarar con lugar
la
demanda
de
impugnación
de
confiscación
incoada
por
existir impedimento colateral por sentencia. Destacó que
el resultado favorable obtenido en la acción penal exigía
que se declarara ilegal la confiscación y se ordenara al
Estado
el
pago
del
precio
de
tasación
del
vehículo
incautado ($ 4,000), más el interés legal desde la fecha
de la ocupación.
En oposición, el Estado alegó que la doctrina de cosa
juzgada
en
su
modalidad
de
impedimento
colateral
por
sentencia no era aplicable al caso de epígrafe. En ese
sentido, arguyó que la confiscación es un procedimiento de
naturaleza
civil
in
rem
que
se
dirige
contra
el
bien
confiscado y es independiente de cualquier otra acción. De
igual
modo,
adujo
que
el
peticionario
no
rebatió
la
presunción de legalidad y corrección de la confiscación.
Además,
informó
que
el
vehículo
las
posturas
confiscado
había
sido
las
el
de
subastado.
Examinadas
de
partes,
12
diciembre de 2014, el foro primario declaró con lugar la
demanda de impugnación de confiscación presentada por el
señor
Santini
Casiano.
Dictaminó
que,
ante
la
CC-2015-941
4
determinación
de
no
causa
probable
para
acusar
y
la
ausencia de documentación pertinente que demostrara que
existía controversia sobre el hecho de la comisión del
delito,
resultaba
incontrovertible
que
el
vehículo
confiscado no se utilizó con relación a la comisión de un
delito
grave
para
efectos
de
la
presente
acción
de
impugnación. En consecuencia, le ordenó al Estado que le
pagara
al
peticionario
el
valor
tasado
del
vehículo
($4,000) o la cantidad por la cual se subastó, lo que
resultara mayor, con intereses al .50% contados desde la
ocupación.
Inconforme,
el
Estado
recurrió
al
Tribunal
de
Apelaciones mediante un recurso de apelación. En esencia,
alegó que el Tribunal de Primera Instancia erró en su
razonamiento
de
que
el
Estado
tenía
que
demostrar
la
existencia de controversia sobre el hecho de la comisión
del delito que originó la confiscación. De igual forma,
adujo
que
determinante
el
resultado
para
de
efectos
la
de
acción
la
penal
no
es
legalidad
de
la
confiscación, por lo cual no es suficiente para rebatir la
presunción de legalidad y corrección de la confiscación.
Por su parte, el señor Santini Casiano arguyó que rebatió
tal
presunción,
toda
vez
que
estableció
ante
el
foro
primario que el vehículo confiscado no fue utilizado en la
comisión de un delito. Destacó que presentó como prueba la
denuncia y la Resolución mediante la cual se declaró no
causa en la vista preliminar.
CC-2015-941
5
Así las cosas, el 9 de junio de 2015, el Tribunal de
Apelaciones dictó una Sentencia mediante la cual revocó la
determinación del foro primario. Concluyó que “el hecho de
que el poseedor del bien confiscado resulte absuelto o no
implicado en los cargos imputados, no es en sí suficiente
para aplicar automáticamente el impedimento colateral y
declarar inválida la confiscación”. Sentencia del Tribunal
de
Apelaciones
de
9
de
junio
de
2015,
Apéndice
del
certiorari, pág. 93. A base de ello, devolvió el caso al
Tribunal de Primera Instancia para que el señor Santini
Casiano estuviera en posición de rebatir la presunción de
legalidad de la confiscación y presentara prueba a tales
efectos.
En desacuerdo con el dictamen emitido por el foro
apelativo intermedio, el peticionario compareció ante este
Tribunal mediante una petición de certiorari. En síntesis,
sostiene
que
el
Tribunal
interpretación
de
la
nueva
de
Apelaciones
Ley
de
erró
en
su
confiscaciones
con
relación al alcance de la independencia entre la acción
confiscatoria y el procedimiento penal. Por su parte, el
Estado reitera sus argumentos en cuanto a la independencia
entre el proceso civil de confiscación y la acción penal.
Asimismo, insiste en que la confiscación se presume legal
y
correcta
y,
por
tanto,
correspondía
al
peticionario
rebatir tal presunción con prueba distinta al resultado
del procedimiento criminal instado en su contra.
CC-2015-941
6
El 26 de febrero de 2016, expedimos el recurso ante
nuestra
consideración.
comparecencia
de
Con
ambas
el
partes,
beneficio
procedemos
de
a
la
resolver
conforme a derecho.
II
Reiteradamente,
este
Tribunal
ha
definido
la
confiscación como el acto mediante el cual el Estado, por
mandato de la Asamblea Legislativa y actuación del Poder
Ejecutivo,
ocupa
e
inviste
propiedad
sobre
cualesquiera
para
sí
todo
derecho
bienes
que
hayan
de
sido
utilizados en la comisión de determinados delitos. Doble
Seis Sport v. Depto. Hacienda, 190 DPR 763, 784 (2014);
Díaz Ramos v. ELA, 174 DPR 194, 202 (2008); Del Toro Lugo
v. ELA, 136 DPR 973, 980-981 (1994). En ese sentido, el
Estado tiene la facultad de privar a un individuo de su
propiedad sin compensación mediante una confiscación. No
obstante,
ello
estará
sujeto
al
cumplimiento
con
las
garantías mínimas del debido proceso de ley que exigen que
se le brinde la oportunidad de
ser notificado y oído.
Pueblo v. González Cortés, 95 DPR 164, 167-168 (1967). Por
tanto,
una
constituye
impide
confiscación
una
tomar
excepción
propiedad
realizada
al
mandato
privada
para
conforme
a
derecho
constitucional
que
fines
sin
públicos
justa compensación. Coop. Seg. Múlt. v. ELA, 180 DPR 655,
662-663 (2011). Véase Art. II, Sec. 9, Const. ELA, T. 1,
ed. 2016, pág. 333.
CC-2015-941
7
A.
Es menester resaltar que en nuestra jurisdicción se
ha
estatuido
la
autoridad
del
Estado
de
apropiarse
de
aquellos bienes utilizados para fines ilícitos tanto como
parte del proceso penal que se lleva a cabo en contra del
propietario o poseedor de éstos, así como a través de una
acción civil en contra de la cosa u objeto mismo. A esos
efectos, en nuestro ordenamiento jurídico el proceso de
confiscación
se
puede
instituir
en
dos
modalidades,
a
saber: confiscación criminal y confiscación civil.
Conscientes
de
las
distinciones
entre
estas
modalidades, hemos precisado que la confiscación criminal
se realiza como parte integral de la acción in personam en
contra del alegado autor del delito en un caso criminal.
Coop. Seg. Múlt. v. ELA, supra, pág. 664; Del Toro Lugo v.
ELA, supra, págs. 981-982. En este tipo de modalidad, la
convicción
de
la
persona
imputada
es,
precisamente,
el
fundamento que origina la confiscación. Es decir, si la
persona acusada resulta convicta se impone la confiscación
como
pena
adicional.
confiscación
es
de
Evidentemente,
naturaleza
esta
punitiva
modalidad
de
y
el
tiene
propósito de promover el interés del Estado de evitar que
todo aquel que incurre en conducta criminal se lucre de su
actividad delictiva. Del Toro Lugo v. ELA, supra, pág.
982.
De otra parte, en la modalidad civil de confiscación,
la acción se presenta directamente en contra de la cosa a
CC-2015-941
8
ser confiscada, por lo que está separada procesalmente de
la acción criminal instada en contra del presunto autor
del delito.
Coop. Seg. Múlt. v. ELA,
supra, pág. 664.
Dicho de otro modo, este tipo de confiscación va dirigida
en contra de la cosa misma (in rem) y no en contra del
dueño de la propiedad, su poseedor, encargado o cualquier
otra persona con interés legal sobre ésta. La confiscación
civil
es
una
acción
in
rem
en
la
que
se
imputa
la
utilización de la propiedad confiscada en la comisión de
un delito. Del Toro Lugo v. ELA, supra, pág. 982. Por
ende, el derecho del Estado a tomar posesión de la cosa
surge del mal uso que se le ha dado a ésta. Suárez v. ELA,
162 DPR 43, 52 (2004) (Per Curiam) (Regla 50); Del Toro
Lugo v. ELA, supra, pág. 983.
Resulta importante señalar que la confiscación in rem
se trata de una ficción jurídica a través de la cual, en
cierto
sentido,
se
culpa
a
la
propia
cosa
por
su
participación en el delito. Por tanto, en esta modalidad
se permite que el Estado vaya directamente en contra de la
propiedad como parte de una ficción jurídica que considera
que a la cosa, como medio o producto del delito, se le
puede fijar responsabilidad independientemente del autor
del delito. Coop. Seg. Múlt. v. ELA, supra, pág. 665.
Ahora bien, en innumerables ocasiones, este Tribunal
ha
establecido
determinar
siguientes:
si
que
los
elementos
procede
una
confiscación
(1)
existencia
de
pertinentes
prueba
civil
para
son
suficiente
los
y
CC-2015-941
9
preponderante
de
que
se
ha
cometido
un
delito;
y
(2)
existencia de un nexo entre la comisión del delito y la
propiedad confiscada. Doble Seis Sport v. Depto. Hacienda,
supra, pág. 784; Suárez v. ELA, supra, pág. 52; Del Toro
Lugo
v.
ELA,
supra,
pág.
983.
De
este
modo,
se
ha
precisado que la acción civil de confiscación procede si
el quantum de prueba para establecer que se ha cometido un
delito es suficiente y preponderante, y si existe un nexo
entre el delito perpetrado y la propiedad confiscada.
B.
De igual manera, debemos resaltar que la naturaleza
in personam o in rem de una acción depende de lo que
persiga el estatuto que la habilita. Ello, toda vez que no
es la naturaleza de la acción, sino el verdadero propósito
del estatuto, lo que debe guiar el análisis. Coop. Seg.
Múlt. v. ELA, supra, pág. 664; Downs v. Porrata, Fiscal,
76 DPR 611, 619 (1954). Cónsono con lo anterior, desde
hace varias décadas, este Tribunal ha sido enfático en que
la
confiscación
civil
punitiva.
Coop.
Seg.
Centeno
Rodríguez
tiene
una
marcada
naturaleza
Múlt.
v.
ELA,
supra,
ELA,
170
DPR
907,
v.
pág.
913
664;
(2007);
Santiago v. Supte. Policía de PR, 151 DPR 511, 515-516
(2000);
Carlo
v.
Srio.
de
Justicia,
107
DPR
356,
362
(1978). Esto es, independientemente de la naturaleza civil
de la acción de confiscación, su propósito punitivo ha
quedado reflejado en la manera en que ha sido aplicada la
sanción,
el
procedimiento
utilizado
y
las
defensas
CC-2015-941
permitidas
10
en
éste.
Santiago
v.
Supte.
Policía
de
PR,
supra, pág. 515; Del Toro Lugo v. ELA, supra, págs. 986987. Por tanto, no cabe duda que la naturaleza in rem de
la acción no la desviste de su condición esencialmente
punitiva
y
de
infligir
castigo.
Carlo
v.
Srio.
de
Justicia, supra, pág. 362; Ochoteco v. Tribunal Superior,
88 DPR 517, 528 (1963). Ello, pues, es evidente que su
objetivo es castigar por la comisión de una ofensa contra
la ley. Carlo v. Srio. de Justicia, supra, pág. 362.
De
forma
similar,
el
Tribunal
Supremo
federal
ha
establecido que aunque la confiscación se denomine civil y
se considere independiente a la causa penal, ésta no deja
de constituir un proceso esencialmente punitivo con miras
a
penalizar
al
individuo
que
incurra
en
conducta
delictiva. Véase Austin v. US, 509 US 602 (1993); Plymouth
Sedan
v.
Pennsylvania,
380
US
693,
697
(1965).
Particularmente, en Plymouth Sedan v. Pennsylvania, supra,
pág. 697, el foro supremo federal expresó lo siguiente:
[P]roceedings instituted for the purpose of
declaring the forfeiture of a man’s property by
reason of offences committed by him, though they
may be civil in form, are in their nature
criminal . . . [and] though technically a civil
proceeding, [it] is in substance and effect a
criminal one . . . [S]uits for penalties and
forfeitures
incurred
by
the
commission
of
offences
against
the
law,
are
of
this
quasicriminal nature . . . . Íd. (énfasis
suplido).
CC-2015-941
11
III
Sabido es que, a partir de la década del sesenta, el
proceso de confiscaciones en Puerto Rico estuvo regulado
por la Ley uniforme de confiscación de vehículos, bestias
y embarcaciones, Ley Núm. 39 de 4 de junio de 1960, 34
LPRA ants. secs. 1721 y 1722. No obstante, en el 1988, se
promulgó la Ley uniforme de confiscaciones de 1988, Ley
Núm. 93 de 13 de julio de 1988 (Ley Núm. 93), 34 LPRA ant.
sec. 1723 et seq., como parte de un proceso para uniformar
los
procedimientos
de
confiscación
contemplados
en
diversas leyes especiales.
En lo pertinente,
exposición
de
motivos
la Ley Núm. 93
que
la
reconoció en su
confiscación
de
bienes
operaba como elemento disuasivo para que una persona, ante
el riesgo de perder su propiedad, limitara su actividad
delictiva o se le dificultara su realización. Véase Ley
Núm. 93-1988 (1988 Leyes de Puerto Rico 409). La intención
de la Ley Núm. 93 era evitar que la propiedad confiscada
pudiera volverse a utilizar para fines ilícitos y servir
de
castigo
adicional
para
disuadir
a
los
criminales.
Centeno Rodríguez v. ELA, supra, pág. 913; Negrón v. Srio.
de
Justicia,
154
DPR
79,
86-87
(2001).
Se
pretendía
desincentivar la conducta criminal con la imposición de un
castigo adicional a la posible privación de la libertad
tras
un
encausamiento
supra, pág. 663.
penal.
Coop.
Seg.
Múlt.
v.
ELA,
CC-2015-941
12
Al examinar las disposiciones de la Ley Núm. 93, este
Tribunal
señaló
que
el
procedimiento
de
confiscaciones
contenido en ésta era de carácter civil o in rem y se
consideraba
independiente
de
la
acción
penal
que
la
motivó. Sin embargo, en múltiples ocasiones, este Tribunal
dejó claro que aunque el procedimiento de confiscaciones
de la Ley Núm. 93 era in rem, éste perseguía y reflejaba
un
propósito
punitivo.
Por
tanto,
si
bien
el
proceso
mantenía su forma civil, su objetivo era uno marcadamente
punitivo.
A.
En atención a la evidente naturaleza punitiva de los
estatutos
confiscatorios
desarrollo
de
propiedad
jurisprudencial
ha
privada,
apuntado
nuestro
hacia
una
interpretación restrictiva de éstos. A esos efectos, este
Tribunal
ha
sostenido
que
estos
estatutos
no
deben
interpretarse de manera que propicien la confiscación, ni
mucho menos se debe
recurrir
a
su letra estricta para
sostenerla, cuando existe un lenguaje dudoso en la propia
ley. Pueblo v. González Cortés, supra, pág. 168. De esta
forma,
los
estatutos
confiscatorios
deben
ser
interpretados de tal suerte que resulten consistentes con
la justicia y los dictados de la razón natural. Coop. Seg.
Múlt. v. ELA, supra, pág. 668; Pueblo v. González Cortés,
supra,
pág.
168.
Cabe
puntualizar
que
esta
norma
de
interpretación siempre ha sido aplicada por este Tribunal
CC-2015-941
a
los
13
estatutos
confiscatorios
promulgados
en
nuestra
este
Tribunal
jurisdicción. Veamos.
En
Downs
v.
Porrata,
Fiscal,
supra,
resolvió que ante un indulto total, pleno e incondicional
otorgado
a
un
propiedades
imputado
confiscadas,
de
delito
con
relación
a
sus
surge
la
obligación
de
devolverlas. Íd., pág. 617. Particularmente, razonó que:
[A]l borrarse todo vestigio de culpabilidad de la
persona, la propiedad confiscada se convierte
automáticamente
en
una
propiedad
inocente
(innocent property) que puede revertir a su
dueño, puesto que es la culpa del dueño la que la
convierte en un instrumento o medio ilícito para
la comisión de un delito. Íd., pág. 619.
Por otro lado, en Carlo v. Srio. de Justicia, supra,
este
Tribunal
atendió
la
situación
de
un
imputado
de
delito que impugnó la confiscación de su propiedad, tras
obtener una absolución en los méritos en el caso criminal.
En ese sentido, concluyó lo siguiente:
La absolución en los méritos adjudica con
finalidad irrevisable el hecho central, tanto del
caso criminal como el de confiscación, de que el
vehículo no se utilizó para transportar mercancía
ilícita. Daría lugar a una anomalía resolver bajo
estas circunstancias que no habiéndose probado en
el primer caso que el acusado utilizara el
vehículo para transportar material relacionado
con el juego, hubiese de enfrentarse todavía a la
misma cuestión en la demanda de impugnación. Íd.,
pág. 363 (énfasis suplido).
Asimismo,
este
Tribunal
advirtió
que
no
podía
disminuirse, ni mucho menos ignorarse, la consecuencia de
una sentencia absolutoria recaída sobre el hecho medular
de
ambos
anticipó
procedimientos.
Esto,
que
la
sostener
habida
cuenta
confiscación
en
que
se
esas
CC-2015-941
14
circunstancias conllevaría derrotar garantías de estirpe
constitucional, tales como: colocar a la persona en riesgo
de ser castigada dos veces por el mismo delito y vulnerar
su derecho a un debido proceso de ley y a no tomar su
propiedad sin mediar justa compensación. Íd., págs. 363364.
Posteriormente, en Del Toro Lugo v. ELA, supra, este
Tribunal amplió la norma pautada en Carlo v. Srio. de
Justicia,
supra.
A
sentencia
final
preliminar
constituye
impedimento
colateral
y
esos
concluyó
que
una
dicta
no
causa
en
vista
cosa
juzgada
en
su
por
sentencia
firme
efectos,
que
en
modalidad
el
de
pleito
de
confiscación. Del Toro Lugo v. ELA, supra, pág. 993. Del
mismo
modo,
se
resolvió
que
una
determinación
final
y
firme con relación a la supresión de evidencia ilegalmente
obtenida, realizada en el procedimiento penal que da base
a
la
confiscación,
también
será
cosa
juzgada
en
modalidad de impedimento colateral por sentencia
acción
in
rem.
Íd.,
pág.
997.
A
pesar
que
su
en la
estas
dos
situaciones no constituyen una adjudicación en los méritos
de la culpabilidad o inocencia del acusado, este Tribunal
dictaminó
que
no
procedía
la
confiscación
en
esas
circunstancias, porque no existía el elemento esencial del
nexo entre la propiedad confiscada y su utilización en la
comisión de un delito.
Con
Suárez
posterioridad,
v.
ELA,
supra,
este
Tribunal
resolvió
el
en
el
determinó
que
cual
caso
la
CC-2015-941
15
desestimación de los cargos criminales por incumplimiento
con los términos de juicio rápido constituía impedimento
colateral
por
sentencia
en
la
acción
civil
de
confiscación. Si bien reconoció que el Estado tenía la
facultad para volver a presentar acusaciones conforme a la
Regla 67 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA sec.
67, sostuvo que:
[N]o debe penalizarse al propietario de la cosa
ocupada con la exclusión de la doctrina de cosa
juzgada en procesos de confiscación, cuando fue
precisamente por falta de diligencia del Estado
en el trámite del proceso criminal que se obtuvo
un resultado favorable a dicho propietario. Se
estaría beneficiando doblemente al Estado por su
incumplimiento con los términos de juicio rápido:
no
sólo
podría
volver
a
presentar
nuevas
acusaciones
o
denuncias
sino
que
también
excluiría
del
proceso
de
confiscación
la
aplicación de la doctrina de cosa juzgada. Ello,
a pesar de que el Estado mismo provocó la
desestimación de los cargos criminales con la
consecuencia de que además de sujetar al imputado
al trajín de un segundo proceso criminal, tiene
la ventaja de excluir un importante fundamento
para impugnar la acción de confiscación. Suárez
v. ELA, supra, pág. 64.
En armonía con lo anterior, en Ford Motor v. ELA, 174
DPR 735 (2008), este Tribunal concluyó que el archivo y
sobreseimiento
de
una
acusación
criminal,
producto
del
cumplimiento con un programa de desvío, constituye cosa
juzgada
en
su
modalidad
de
impedimento
colateral
por
sentencia en la acción civil de confiscación. Ante una
situación análoga, pero con la particularidad de que se
trataba de un menor, en Díaz Morales v. Dpto. de Justicia,
174 DPR 956 (2008) (Per Curiam), este Tribunal resolvió
que una vez se cumple cabalmente con las condiciones del
CC-2015-941
programa
16
de
desvío
y
se
obtiene
el
archivo
del
caso
criminal, la confiscación no puede subsistir. Íd., págs.
965-966.
Recientemente, en Coop. Seg. Múlt. v. ELA, supra, este
Tribunal continuó con la tendencia jurisprudencial de no
separar totalmente el proceso civil de confiscación del
procedimiento
criminal,
y
absolutamente
la
jurídica
ficción
de
no
aplicar
del
mecánica
proceso
in
y
rem.
Dictaminó que, a pesar de la diferencia en el quantum de
prueba que se requiere en el caso criminal en comparación
con la acción in rem, si no prospera la causa criminal
presentada en contra de la persona imputada es difícil
continuar la confiscación en el área civil. Íd., pág. 674.
Finalmente, determinó que la acción civil confiscatoria se
extingue cuando el imputado de delito muere antes de que
la convicción advenga final y firme. Asimismo, razonó que
permitir “la confiscación de un bien sin que nadie sea
convicto
de
delito,
extend[ería]
irrazonablemente
la
ficción jurídica en la que se funda la acción, al extremo
de que una ‘cosa’, por sí misma, sería culpable de la
comisión de un acto delictivo”. Íd., pág. 681.
Del andamiaje jurisprudencial expuesto, se desprende
que
aunque
este
Tribunal
ha
reconocido
y
validado
la
independencia de la acción in rem con respecto a la acción
in personam, ha sostenido el firme criterio de atar el
pleito
civil
de
confiscación
al
resultado
de
la
causa
criminal instada en contra del alegado autor del delito
CC-2015-941
17
que originó la confiscación. De ese modo, se ha reafirmado
que ese vínculo resulta necesario aun cuando la absolución
criminal no sea en los méritos. Así, se ha dejado claro
que
“no
se
trata
únicamente
de
la
aplicación
de
la
doctrina de impedimento colateral por sentencia, sino de
excepciones a la independencia del proceso in rem fundadas
en
la
extinción
presuntamente
de
la
acción
responsable
del
penal
contra
delito”.
la
Íd.,
persona
pág.
676
que
mientras
se
jurisprudencial
esbozado,
la
(énfasis suplido).
B.
De
otro
desarrollaba
lado,
el
cabe
marco
señalar
entonces Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley
Núm. 32-2000 (Ley Núm. 32). Mediante ésta, se enmendó el
Art. 2 de la Ley Núm. 93 para, entre otras cosas, añadir
un
inciso
(c),
en
el
cual
se
excluyó
expresamente
la
aplicación de la doctrina de impedimento colateral por
sentencia en casos de confiscación. Específicamente, la
enmienda
dispuso
que
el
resultado
favorable
para
un
imputado en cualquiera de las etapas de la acción criminal
no sería impedimento ni tendría efecto de cosa juzgada en
la acción civil de confiscación, aunque ésta se basara en
los hechos imputados en la acción penal. Véase Ley Núm.
32-2000 (2000 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 373, 376).
No obstante, a tres años de la aprobación de la Ley
Núm. 32, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico promulgó
la
Ley
Núm.
18-2003
(Ley
Núm.
18),
la
cual
derogó
el
CC-2015-941
18
inciso (c) que se había añadido con la promulgación de la
Ley Núm. 32. Destacamos que la Ley Núm. 18 expresamente
reconoció que la exclusión de la aplicación de la doctrina
de
impedimento
colateral
por
sentencia
mediante
la
Ley
Núm. 32 se llevó a cabo sin considerar lo resuelto por
este Tribunal en Carlo v. Srio de Justicia, supra, y en
Del Toro Lugo v. ELA, supra. Véase Ley Núm. 18-2003 (2003
(Parte 1) Leyes de Puerto Rico 64). De igual forma, en la
Ley Núm. 18 se expuso que la enmienda introducida por la
Ley Núm. 32:
[V]ulnera[ba] el derecho del acusado a no ser
juzgado dos veces por el mismo delito y el
derecho a no ser privado de su propiedad sin el
debido
proceso
de
ley
y
previa
justa
compensación. Íd., pág. 64.
Más aún, se dispuso que el objetivo de la Ley Núm. 18
era corregir la situación causada por la enmienda al Art. 2
de la Ley Núm. 93, de modo que se ajustara al ordenamiento
jurídico vigente y, sobre todo, al mandato constitucional.
Íd.,
pág.
65.
De
esa
razonó
que
la
suponía
un
menoscabo
Legislativa
doctrina
manera,
la
entonces
exclusión
de
de
Asamblea
la
mencionada
los
postulados
constitucionales fundamentales en una democracia. Íd.
IV
Expuesto
el
origen
del
marco
estatutario
actual,
procede examinar las disposiciones de la Ley Núm. 1192011, conocida como la Ley uniforme de confiscaciones de
2011
(Ley
estatuto
Núm.
119),
34
LPRA
sec.
1724
derogó
la
Ley
Núm.
93
y,
et
seq.
Este
principalmente,
CC-2015-941
19
establece las normas que regirán el procedimiento a seguir
en toda confiscación.1 Particularmente, la Ley Núm. 119
instituye
un
trámite
expedito
y
uniforme
para
la
confiscación y disposición de bienes por parte del Estado.
En lo atinente al presente
caso, la Ley Núm. 119
reafirma como política pública la naturaleza in rem de las
confiscaciones. Sostiene que la confiscación es un proceso
civil dirigido en contra de la cosa misma e independiente
de cualquier otro proceso que se pueda llevar contra el
dueño o el poseedor de los bienes ocupados. 34 LPRA sec.
1724e. Es decir, tal como lo ha reconocido este Tribunal,
la
ley
dispone
independiente
de
que
la
acción
cualquier
de
otra
confiscación
acción,
ya
sea
será
penal,
administrativa o de otra índole.
Asimismo, en lo que atañe al proceso de impugnación
de
la
confiscación,
presumirá
la
el
legalidad
independientemente
de
y
Artículo
15
corrección
cualquier
dispone
de
la
otro
que
“se
confiscación
caso
penal,
administrativo o cualquier otro procedimiento relacionado
a los mismos hechos”. 34 LPRA sec. 1724l. En consecuencia,
la ley establece que “[e]l demandante tiene el peso de la
prueba para derrotar la legalidad de la confiscación”. Íd.
Además, se precisa que una vez se presente la contestación
a
la
demanda
1Respecto
el
foro
judicial
celebrará
una
vista
de
a la propiedad sujeta a confiscación, el
Artículo 9 de la Ley Núm. 119 otorga la facultad al Estado
para ocupar y hacer suyos todos aquellos bienes utilizados
en violación a estatutos confiscatorios contenidos tanto
en nuestro Código Penal como en leyes especiales que
autoricen la confiscación. 34 LPRA sec. 1724f.
CC-2015-941
20
legitimación activa. Ello, a los fines de determinar si
antes
de
los
hechos
que
motivaron
la
confiscación
el
demandante ejercía dominio y control con relación a la
propiedad en cuestión. Íd. De no cumplirse el requisito de
legitimación
activa,
el
tribunal
desestimará
inmediatamente el pleito. Íd.
Ahora bien, resulta oportuno enfatizar que, cónsono
con
lo
reseñado
con
relación
a
los
estatutos
confiscatorios, en la Ley Núm. 119 también se insiste en
que
la
acción
de
confiscación
constituye
un
elemento
disuasivo a la actividad criminal. Ello, debido “al temor
que infunde la pérdida de la propiedad”. Véase Ley Núm.
119-2011
(2011
(Parte
II)
Leyes
de
Puerto
Rico
1761)
(énfasis suplido). No obstante, a diferencia de la Ley
Núm.
32,
expresa
la
en
Ley
Núm.
cuanto
a
impedimento
colateral
119
la
no
incluye
aplicación
por
una
prohibición
la
doctrina
de
en
pleitos
de
de
sentencia
impugnación de confiscación. Por el contrario, se mantiene
el
análisis
jurisprudencial
desarrollado
en
cuanto
al
carácter independiente del proceso civil de confiscación y
la
acción
penal.
consideración
Lo
las
anterior,
claro
excepciones
está,
tomando
aplicables
a
en
la
independencia de estas acciones, por razón de la relación
tan estrecha entre el pleito civil de confiscación y el
procedimiento penal.
CC-2015-941
21
V
Como
mencionamos,
en
este
caso
el
señor
Santini
Casiano presentó una acción judicial en contra del Estado,
mediante la cual impugnó la confiscación de un vehículo de
motor registrado a su nombre. Particularmente, sostuvo que
la confiscación debía dejarse sin efecto a la luz de la
determinación de no causa probable para acusarle por el
delito que originó la confiscación. Arguyó que el resultado
favorable
en
la
acción
penal
constituía
un
impedimento
colateral por sentencia para continuar el pleito civil de
confiscación.
Por
su
parte,
el
Estado
alegó
que
la
confiscación civil es independiente al procedimiento penal,
por lo cual el peticionario tenía el peso de la prueba para
rebatir
la
presunción
de
legalidad
y
corrección
de
la
confiscación con prueba distinta al resultado favorable en
la acción penal.
Evaluados
los
planteamientos
de
ambas
partes,
el
Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda
de impugnación de confiscación incoada por el señor Santini
Casiano.
Inconforme,
Apelaciones,
el
el
cual
Estado
revocó
la
recurrió
al
Tribunal
determinación
del
de
foro
primario. Esencialmente, concluyó que la absolución o no
implicación en los cargos imputados en la acción penal, no
es suficiente por sí solo para aplicar automáticamente el
impedimento
invalidar
colateral
la
por
confiscación.
sentencia
En
y,
por
disconformidad
tanto,
con
tal
CC-2015-941
22
determinación, el señor Santini Casiano acude ante este
Tribunal.
Como
adelantamos,
según
se
desprende
del
marco
jurisprudencial y estatutario expuesto, se ha establecido
reiteradamente que si bien el proceso de confiscación es de
naturaleza civil en su forma, tiene un marcado propósito
punitivo. Ello, toda vez que, conforme ha reconocido la
Asamblea Legislativa, la confiscación opera como mecanismo
para disuadir y penalizar al imputado de delito con la
pérdida de su propiedad. Por tanto, no procede desvincular
tajantemente
la
acción
procedimiento
penal.
civil
de
Adviértase
confiscación
que
el
del
proceso
de
confiscación civil requiere que se establezca una conexión
entre la propiedad y la comisión del delito.
En vista de ello, resulta improcedente utilizar la
ficción
jurídica
en
que
se
funda
la
acción
civil
para
llegar al absurdo de reconocerle una facultad al Estado
para
ejercer
su
poder
punitivo
sobre
un
individuo
y
despojarlo de su propiedad por la comisión de un delito,
aunque éste no se haya cometido. Ello es así, pues en esas
circunstancias se estaría confiscando propiedad privada sin
que se haya utilizado en actividad criminal. Lo anterior,
sin
duda,
vulneraría
el
derecho
constitucional
del
individuo a que no se le prive de su propiedad privada sin
justa compensación y menoscabaría la garantía fundamental
al disfrute de su propiedad. Al amparo de las protecciones
constitucionales
aplicables
y
la
normativa
jurídica
CC-2015-941
23
esbozada, resolvemos que el resultado favorable obtenido en
la acción penal incoada en contra del señor Santini Casiano
constituyó
un
impedimento
colateral
por
sentencia
que
impide continuar con el pleito civil de confiscación.
VI
Por
los
fundamentos
expuestos,
revocamos
la
determinación del Tribunal de Apelaciones y se restablece
el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia.
La Jueza Asociada señora Pabón Charneco hace constar
la siguiente expresión:
“La Jueza Asociada señora Pabón Charneco está
conforme con la Sentencia que antecede por los
fundamentos expresados en la Parte III y reitera
aquellos expresados en su Opinión de Conformidad
emitida en Mapfre Preferred Risk Ins. Co., et al.
v. ELA et al., 2017 TSPR 80, 198 DPR __ (2017).”
El Juez Asociado señor Estrella Martínez hace constar
la siguiente expresión:
“Estoy conforme con el dictamen contenido en
la Sentencia por los fundamentos expuestos en mi
Voto particular disidente emitido en Bco. Bilbao
Vizcaya et al. v. ELA et al., 194 DPR 116, 149175 (2015).”
El Juez Asociado señor Rivera García disiente con
opinión escrita, a la cual se unen el Juez Asociado señor
Martínez Torres y el Juez Asociado señor Feliberti
Cintrón. El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo no
intervino.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Luis B. Santini Casiano
Peticionario
v.
CC-2015-0941
Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, Superintendente de la
Policía de Puerto Rico,
Secretario
Recurridos
Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor Rivera García, a la
cual se unieron los Jueces Asociados señores Martínez Torres y Feliberti
Cintrón.
En San Juan, Puerto Rico, a 4 de diciembre de 2017.
Una
mayoría
de
este
Tribunal,
de
nuevo,
resuelve
incorrectamente que procede vincular y atar el proceso de
criminal
contra
una
persona
al
proceso
civil
de
impugnación de una confiscación. A la luz del texto claro
de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley Núm.
119-2011, según enmendada (34 LPRA secs. 1724–1724w), y un
estudio exhaustivo de los motivos expuestos en el trámite
de la creación y la adopción de la ley, lo acertado era
desvincular
ambos
procesos.
Indudablemente
el
carácter
independiente, aclarado como aquel en el cual el proceso
civil de confiscación no se ve afectado de modo alguno por
el proceso criminal contra una persona, dispuesto tanto
CC-2015-0941
2
en el texto de la ley como en la intención expresada por la
Asamblea
Legislativa,
se
distancia
de
la
normativa
establecida en las leyes derogadas y los pronunciamientos
que hicimos antes de la aprobación de la Ley Uniforme de
Confiscaciones de 2011. Hoy, al resolver como lo hace una
mayoría de los miembros de esta Curia, se crea una relación
de dependencia entre ambos procesos en la cual se condiciona
la validez de la confiscación a la subsistencia y existencia
del proceso criminal en contravención a la ley vigente. Como
mencioné, luego de la promulgación de la Ley Uniforme de
Confiscaciones de 2011, esa determinación no tiene cabida en
nuestro ordenamiento jurídico. Como consecuencia, por los
fundamentos
que
expongo
a
continuación,
me
es
forzoso
reiterar los pronunciamientos que he emitido al atender esta
controversia y disentir del proceder mayoritario.2
En vista de que la sentencia que emite este Tribunal
expone los hechos pertinentes a la controversia, me limitaré
a esbozar el derecho aplicable y las razones que sustentan
mi disenso; no así todo el trámite judicial ocurrido hasta
que el caso llegó ante nuestra consideración. Veamos.
I
La confiscación es el acto mediante el cual el Estado,
representado por el Poder Ejecutivo, priva a una persona de
su propiedad sin compensación económica, basado únicamente
en que esa propiedad fue utilizada en la comisión de ciertos
delitos predeterminados por la Asamblea Legislativa o porque
Véanse, e.g.: Banco Bilbao Vizcaya, et al. v. ELA, 195 DPR 39, 56
(2016) (Opinión disidente); Mapfre Praico Insurance Company, et al. v.
ELA, 195 DPR 86, 90 (2016); Mapfre Preferred Risk Insurance Company, et
al. v. ELA, 2017 TSPR 80, 198 DPR ___ (2017) (Opinión disidente).
2
CC-2015-0941
3
tal bien es producto o resultado de una conducta prohibida
por ley.3 En ese esquema le corresponde exclusivamente al
Poder
Legislativo
condiciones
y
determinar
procedimientos
bajo
qué
particulares
circunstancias,
el
Estado
está
facultado para confiscar una propiedad involucrada en una
actividad
delictiva,
constitucionales
instituir
la
confiscación
que
facultad
de
conforme
aplican.4
de
los
Al
así
confiscar
del
carácter
criminal,
parámetros
hacerlo,
Estado
puede
como
conocida
una
como
“confiscación in personam”; o como confiscación civil, mejor
conocida como “confiscación in rem”.5
La confiscación in personam constituye una penalidad
adicional contra una persona que ha sido convicta de delito.
Bajo esta modalidad la confiscación es parte integral del
proceso criminal y está subordinada ineludiblemente a que la
persona
sea
declarada
decir,
la
eventual
culpable
del
delito
convicción
de
una
imputado.6
persona
es
Es
el
fundamento que da base a la confiscación de la propiedad.7
Por otro lado, en la confiscación in rem se establece
un proceso civil dirigido contra la cosa misma y no contra
el dueño de la propiedad, poseedor, encargado o cualquier
Bco. Bilbao Vizcaya v. ELA, supra, pág. 58; Ford Motor v. ELA,
174 DPR 735, 741 (2008); Suárez v. ELA, 162 DPR 43 (2004); Del Toro Lugo
v. ELA, 136 DPR 973, 980-981 (1994).
3
En el caso de Puerto Rico, el poder de confiscación del Estado
está supeditado a las exigencias constitucionales incluidas en el Art.
II, Sec. 7 de la Constitución de Puerto Rico, Art. II, Sec. 7, Const.
PR, LPRA, Tomo I y la Enmienda Quinta y Catorceava de la Constitución de
Estados Unidos, USCA Enmd. V y XIV, las cuales garantizan que ninguna
persona será privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de
ley.
4
5 Mapfre PRAICO, et al. v. ELA, 188 DPR 517, 525 (2013); Coop. Seg.
Múlt. v. ELA, 180 DPR 655, 664 (2011).
6
Bco. Bilbao Vizcaya v. ELA, supra, pág. 59.
7
Íd.
CC-2015-0941
4
otra persona con algún interés legal sobre ésta.8 En otras
palabras, su enfoque no es si la persona incurrió en un
delito, sino si la propiedad se utilizó en una actividad
ilegal. Ante esa premisa, como regla general, quién utilizó
la
propiedad
confiscación
acción
es
impertinente.
Así,
contrario
in personam, la confiscación
completamente
separada
e
in rem
a
la
es una
independiente
del
procedimiento criminal que se dilucide contra el presunto
autor o autores del delito.9 En ese sentido, su efecto es
que la confiscación in rem podría prevalecer aun cuando el
Estado no haya obtenido un resultado favorable en el proceso
penal.
II
Como es sabido, la doctrina de impedimento colateral
por
sentencia
opera
cuando
un
hecho
esencial
para
el
pronunciamiento de una sentencia se dilucida y determina
mediante sentencia válida y final, y la determinación de ese
hecho es concluyente en un segundo pleito entre las mismas
partes.10 En otros términos, la aplicación de esta doctrina
depende de que un hecho fundamental en el proceso actual
haya sido expresamente dilucidado como elemento clave en un
proceso anterior mediante una sentencia legítima y final
entre
idénticas
partes.11
Ello,
según
hemos
reconocido,
López v. Secretaria, 162 DPR 345, 352 (2004); Negrón v. Srio. de
Justicia, 154 DPR 79, 87 (2001).
8
9
Bco. Bilbao Vizcaya v. ELA, supra, pág. 60.
10 Coop. Seg. Múlt. v. ELA, supra, págs. 672-673; Suárez v. ELA,
supra, pág. 59.
11 Por hecho necesario o elemento clave nos referimos a que ese
hecho que se pretende identificar en el segundo proceso como uno
previamente adjudicado, haya sido necesario y fundamental en el
CC-2015-0941
5
evita que tengan la necesidad de litigar nuevamente un hecho
ya adjudicado entre ellas en un dictamen anterior.12
Desde Carlo v. Srio. de Justicia, 107 DPR 356 (1978),
este Tribunal determinó que “[l]a doctrina de impedimento
colateral por sentencia exige la desestimación del segundo
proceso, aun cuando tenga por objeto un delito distinto, si
al resolverse el caso anterior se adjudicaron y determinaron
hechos necesariamente decisivos para el segundo”.13 Cónsono
con
lo
anterior,
en
esa
ocasión
el
Tribunal
expresó
lo
siguiente:
La
decisión
que
hoy
tomamos
está
estrictamente ceñida a la situación de derecho que
se
produce
al
concurrir
circunstancias
determinantes, a saber: que el acusado es dueño
del vehículo confiscado; que su absolución en los
méritos inevitablemente comprende la adjudicación
de la cuestión central de que no utilizó el
vehículo para transportar material prohibido.14
(Énfasis suplido).
Aunque en ese caso se delimitó la aplicación de la
doctrina
de
impedimento
colateral
por
sentencia,
posteriormente esta Curia comenzó a aplicar la doctrina a
escenarios
distintos.
Esto
tuvo
el
efecto
condicionar
la
confiscación
civil
a
la
directo
existencia
y
de
el
resultado del proceso penal contra alguna persona. Ello, sin
que se realizara adjudicación alguna sobre el hecho central
de
que
se
utilizó
o
no
la
propiedad
confiscada
en
la
razonamiento de la sentencia emitida por el Tribunal en el primer
proceso. Sólo así, se podría establecer en estricto rigor jurídico, que
ese hecho, en efecto, fue debidamente adjudicado mediante sentencia
final y firme. Véanse Beníquez v. Vargas, 184 DPR 210, 225-226 (2012);
Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 276-277 (2012).
12 E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y
Estados Unidos, Vol. II, San Juan, Ed. Forum, 1992, págs. 376-385.
13
Carlo v. Srio. de Justicia, 107 DPR 356, 363, (1978).
14
Íd.
CC-2015-0941
6
comisión de un delito.15 En la jurisprudencia sucesiva a
Carlo v. Srio. de Justicia, supra, este Foro le impregnó un
carácter criminal a la confiscación civil al no avalarla sin
que alguien hubiese sido convicto de delito. De hecho, a
pesar de que se aludió a las distinciones típicas entre la
confiscación civil y la confiscación criminal, esa discusión
se limitó a una referencia automática, casi dogmática, como
parte de un repaso doctrinal del proceso de confiscación y
la cual nunca tuvo un impacto real en la adjudicación de las
controversias que hasta la aprobación de la Ley Uniforme de
Confiscaciones
de
ausentes
características
las
2011
habíamos
atendido.16
necesarias
Así,
para
incluso
aplicar
la
doctrina de impedimento colateral por sentencia y la clara
distinción
habida
entre
la
confiscación
in
rem
y
la
confiscación in personam, las decisiones de este Tribunal se
encaminaron a vincular y hacer depender la validez de la
confiscación
al
resultado
del
proceso
criminal
que
se
pudiera llevar a cabo por los mismos hechos contra alguna
persona.
Lo
anterior
hasta
el
punto
de
crear
cierta
confusión entre ambos tipos de confiscación.
Ahora
bien,
esa
jurisprudencia
surgió
durante
la
vigencia de la Ley Uniforme de Confiscaciones de Vehículos,
15 Véanse e.g.: Coop. Seg. Mult. v. ELA, supra (se invalidó la
confiscación pues había muerto la persona que presuntamente utilizó el
vehículo en un acto delictivo); Díaz Morales v. Dpto. de Justicia, 174
DPR 956 (2008) (se declaró ha lugar la demanda de impugnación de la
confiscación luego de que un menor cumpliera con un contrato de desvío y
obtuviera un archivo definitivo de la causa penal); Suarez v. ELA, supra
(se determinó que aplicaba la doctrina de impedimento colateral por
sentencia cuando los cargos criminales en un proceso penal se
desestimaron por incumplimiento con los términos de juicio rápido); Del
Toro Lugo v. ELA, supra (se invalidó la confiscación porque la
determinación de no causa probable para acusar a una persona advino
final y firme).
Véanse Coop. Seg. Mult. v. ELA, supra, págs. 664-665; Del Toro
Lugo v. ELA, supra, págs. 981-983.
16
CC-2015-0941
7
Bestias y Embarcaciones, Ley Núm. 39 de 4 de julio de 1960
(34
LPRA
secs.
1721
et
seq.),
y
Ley
Uniforme
de
Confiscaciones de Vehículos, Bestias y Embarcaciones (Ley
Uniforme de Confiscaciones de 1988), Ley Núm. 93 de 13 de
julio de 1988 (34 LPRA secs. 1723 et seq.), ambas derogadas.
Fue
bajo
esas
leyes
y
conforme
la
expresa
intención
legislativa de entonces de acoger nuestros pronunciamientos
mediante
las
enmiendas
que
se
incorporaron
en
aquel
momento que este Tribunal reconoció varias excepciones que
automáticamente anulaban el proceso civil de confiscación.
Particularmente, en el 2000 se aprobó la Ley Núm. 322000, que enmendó la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988,
para disponer que el resultado de la acción penal no sería
impedimento, ni tendría efecto de cosa juzgada sobre la
acción civil de confiscación.17 Tres años más tarde, esta
enmienda fue derogada mediante la Ley Núm. 18-2003. Según la
intención
y
el
razonamiento
de
la
Asamblea
Legislativa
consignada en la parte expositiva de la Ley Núm. 18-2003,
era necesario ajustar
el derecho positivo conforme a lo
resuelto por este Tribunal en Carlo v. Srio. de Justicia,
supra, y Del Toro Lugo v. ELA, supra.18 Como consecuencia,
17 Véase Art. 2(c) de la Ley Núm. 32-2000 (2000 (Parte 1) Leyes de
Puerto Rico 376). El mencionado artículo establecía lo siguiente:
“[…] Naturaleza de la acción. – El resultado favorable al
acusado o imputado en cualquier de las etapas de la acción
criminal no será impedimento para, ni tendrá efecto de cosa
juzgada sobre, la acción civil de confiscación, aunque ésta
se base en los hechos imputados en la acción penal”. Íd.
Véanse, además: Informe del P. de la C. 2621 de la Comisión de lo
Jurídico de la Cámara de Representantes de 5 de noviembre de 1999, 13era
Asamblea Legislativa, 6ta Sesión Ordinaria, y la Ponencia del
Departamento de Justicia de 28 de septiembre de 1999 sobre el P. de la
C. 2621.
Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 18-2003 (2003 (Parte
1) Leyes de Puerto Rico 64).
18
CC-2015-0941
8
conforme lo que era la intención legislativa, previo a la
aprobación
de
la
nueva
“decidido
desarrollo
ley
de
de
confiscaciones,
nuestra
hubo
jurisprudencia
un
hacia
condicionar el proceso civil de confiscación al resultado de
la causa criminal contra el alegado autor del delito”.19
En la actualidad la situación es distinta. No podemos
pasar por alto que ese proceder fue criticado expresamente
por la Asamblea Legislativa al aprobar la Ley Uniforme de
Confiscaciones de 2011. Además, el texto claro del estatuto,
el
historial
propia
legislativo
legislación
y
los
motivos
expuestos
en
la
reflejan
un
cambio
de
de
la
visión
Legislatura en cuanto al vínculo que los tribunales debemos
reconocer entre los distintos procesos y su intención de
darle verdadero contenido a la “independencia” del proceso
de confiscación respecto a otros procesos. Nos explicamos.
Entre
las
nuevas
disposiciones
incluidas
en
la
Ley
Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, y pertinentes a
este caso, la Asamblea Legislativa expresamente dispuso el
carácter independiente del procedimiento de confiscación con
relación a cualquier otro proceso. Al respecto, el Art. 2
estableció como política pública “la naturaleza in rem de
las confiscaciones, independiente de cualquier otra acción
Coop. Seg. Mult. v. ELA, supra, pág. 676. Fue bajo la premisa de
la entonces intención legislativa de condicionar ambos procesos, el
civil y el criminal, que este Tribunal utilizó la doctrina de cosa
juzgada, en su modalidad de impedimento colateral por sentencia, para
anular toda confiscación que estuviera acompañada de un dictamen
favorable al imputado en el proceso penal. De ese modo, se avaló la
disposición sumaria de las demandas de impugnación de confiscación sin
una
adjudicación
en
sus
méritos,
simplemente
basados
en
los
acontecimientos suscitados en la esfera penal. De esta forma, este Foro
le brindó a la confiscación civil un tratamiento paralelo y fundamentado
en las características esenciales de una confiscación criminal. Dicho
tratamiento, a su vez, tuvo el efecto de igualar ambas modalidades de
confiscación, a pesar de que la confiscación civil o su respectiva
impugnación no se llevaba a cabo como parte del proceso criminal contra
una persona. Bco. Bilbao Vizcaya v. ELA, supra, pág. 61.
19
CC-2015-0941
de
9
naturaleza
penal,
administrativa
o
de
cualquier
otra
naturaleza”.20 Cónsono con esta política pública, el Poder
Legislativo reiteró que “[e]l proceso de confiscación será
uno civil dirigido contra los bienes e independiente de
cualquier
otro
proceso
de
naturaleza
penal,
civil
o
administrativa que se pueda llevar contra el dueño o el
poseedor de los bienes ocupados bajo las disposiciones de
cualquier ley que autorice la confiscación de bienes por
parte del Estado”.21
Asimismo, el Art. 15 de la ley dispuso que “se presumirá
la
legalidad
y
independientemente
corrección
de
de
cualquier
la
otro
confiscación
caso
penal,
administrativo o cualquier otro procedimiento relacionado a
los mismos hechos”.22 En ese contexto, instituyó que “[e]l
demandante
tiene
el
peso
de
la
prueba
para
derrotar
la
legalidad de la confiscación”.23 Podemos colegir, entonces,
que
conforme
la
nueva
normativa
establecida
en
la
Ley
Uniforme de Confiscaciones de 2011, el demandante y no el
Estado deberá demostrar en la acción de impugnación de la
confiscación que existe prueba suficiente y preponderante de
que no se utilizó la propiedad confiscada en la comisión de
algún acto ilegal o que no es producto de éste.24
Art. 2 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra. (34
LPRA sec. 1724).
20
Art. 8 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra. (34
LPRA sec. 1724e).
21
22 Art. 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra. (34
LPRA sec. 1724l).
23
(Énfasis suplido). Íd.
En todos los casos de confiscación resueltos por esta Curia se
ha reiterado que los únicos elementos pertinentes a la determinación de
si procede una confiscación civil son los siguientes: (1) si existe
prueba suficiente y preponderante de que se ha cometido un delito y (2)
24
CC-2015-0941
10
Incluso, en referencia a la derogada Ley Uniforme de
Confiscaciones de 1988 y las respectivas interpretaciones
formuladas por esta Curia, la Asamblea Legislativa expresó
diáfanamente
que
“[d]icha
múltiples
enmiendas
ha[bían]
causado
e
Ley
ha[bía]
interpretaciones
confusión
en
la
sido
objeto
de
judiciales
que
implantación
del
estatuto”.25 De esta manera se aprobó con una crítica expresa
a la interpretación que habíamos hecho en casos previos a la
ley. Así que para efectos de dispersar cualquier duda sobre
su intención de instituir un proceso de confiscación in rem
y
verdaderamente
independiente,
incluyeron
en
la
parte
expositiva de la medida la siguiente aclaración que, por su
importancia, citamos in extenso:
En nuestra jurisdicción, la confiscación es
una acción civil o in rem, distinta y separada de
cualquier acción in personam. La confiscación que
lleva a cabo el Estado se basa en la ficción legal
de que la cosa es la ofensora primaria. El
procedimiento
in
rem
tiene
existencia
independiente
del
procedimiento
penal
de
naturaleza in personam, y no queda afectado en
modo alguno por éste. Los procedimientos de
confiscación civil pueden llevarse a cabo y
culminarse antes de que acuse, se declare culpable
o se absuelva al acusado. Incluso, pueden llevarse
aun cuando no se haya presentado ningún cargo.
Esto debido a que la acción civil se dirige contra
la cosa en sí misma, en general, la culpabilidad o
inocencia del propietario es irrelevante en cuanto
a la procedencia o no de la confiscación civil.
Goldmith-Grant Co. v. United States, 254 U.S. 505
(1921). Calero-Toledo v. Pearson Yatch Leasing
Co., 416 U.S. 663 (1974). United States v. One
Assortment of 89 Firearms, 465 U.S. 354 (1984).26
(Énfasis suplido).
si existe un nexo entre la comisión del delito y la propiedad
confiscada. Véanse Suárez v. ELA, supra, pág. 52; Del Toro Lugo v. ELA,
supra, pág. 983; Pueblo v. González Cortés, 95 DPR 164, 171 (1967).
(Énfasis suplido). Exposición de Motivos de la Ley Uniforme de
Confiscaciones de 2011, supra, pág. 1761.
25
Exposición de Motivos de la Ley Uniforme de Confiscaciones de
2011, supra, págs. 1762–1763.
26
CC-2015-0941
11
La intención consagrada en la parte expositiva de la
ley es clara y no da margen a dudas. Nótese, además, que la
referida exposición de motivos consigna la jurisprudencia
sobre
la
que
fundamenta
su
intención
de
instituir
una
confiscación estrictamente in rem. En ninguna parte menciona
alguna de las decisiones que este Tribunal emitió durante la
vigencia de las legislaciones derogadas. Por el contrario,
es
evidente
que
la
Asamblea
Legislativa
resaltó
su
inconformidad con la interpretación que habíamos realizado
de las leyes atinentes a las confiscaciones y aclaró el
sentir y el significado de sus nuevas disposiciones. De esta
manera, la política pública establecida en la Ley Uniforme
de Confiscaciones de 2011 se distanció de las respectivas
interpretaciones
judiciales
formuladas
en
el
pasado,
particularmente en lo que respecta a condicionar la acción
civil de confiscación al resultado de algún proceso penal.
Cabe
resaltar
que
en
la
ponencia
presentada
por
el
Departamento de Justicia sobre el Proyecto del Senado 897,
eventual Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, éste expresó
“preocupación por definir la naturaleza in rem o civil de la
confiscación”.27 Indicó que “[a] efectos de evitar la más
mínima
confusión
sobre
los
aspectos
indicados,
[era]
imprescindible introducir un lenguaje claro y preciso que
establezca y mantenga distanciados los procesos criminales
in personam y la confiscación a través de todo el texto de
la ley”.28 Precisamente, según hemos reiterado, eso fue lo
Ponencia del Departamento de Justicia sobre el P. del S. 897 de
23 de julio de 2009, pág. 3.
27
28
(Énfasis y subrayado suplido). Íd.
CC-2015-0941
12
que hizo la Asamblea Legislativa en los Arts. 2, 8 y 15 de
la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011.29 Ante ello, no
hay
duda
que
en
la
legislación
actual
se
estableció
un
proceso civil in rem verdaderamente independiente al proceso
penal
in
personam,
abandonando
así
la
pasada
intención
legislativa de vincular ambos procesos.
III
Resulta pertinente analizar si, en efecto, el proceso
de confiscación confeccionado por el Poder Legislativo tiene
un fin punitivo o criminal como se mencionaba en el pasado.
De concluir que estamos ante un proceso de confiscación de
carácter punitivo dirigido a castigar al presunto autor del
Consistentemente, ésta ha sido la posición del Poder Ejecutivo
sobre este particular. A modo ilustrativo, hallamos que en una medida
legislativa anterior dirigida a establecer la Ley Uniforme de
Confiscaciones de 2006, se incluyeron disposiciones idénticas a las
incluidas en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 en cuanto a la
independencia del proceso de confiscación de cualquier otro proceso
penal. Véase, e.g., Art. 8 del P. de la C. 2696, 15ta Asamblea
Legislativa, 3ra Sesión Ordinaria. A raíz de esta propuesta, el entonces
Secretario de Justicia comentó lo siguiente:
29
“Los términos de esta medida reconocen las diferencias
existentes entre el proceso de confiscación in rem y
cualquier acción criminal, o de otra índole, que pueda
proceder de los mismos hechos. Se persigue que, por ejemplo,
el Estado pueda proseguir legítimamente con una acción de
confiscación contra una propiedad cuando existe prueba
suficiente de que la misma ha sido utilizada en actividad
delictiva, a[u]n cuando el Estado no pueda instar una acción
criminal porque no se ha identificado con la certeza
suficiente al autor del delito. Nótese que el Estado debe
establecer la ocurrencia de una actividad delictiva y su
relación con la propiedad confiscada.
La propuesta legislativa permite atender el absurdo
jurídico que impide que el Estado pueda confiscar, por
ejemplo, un automóvil con cristales ahumados cuando existe
evidencia en su interior, tales como casquillos de bala, que
lo vinculan directamente a la comisión de un delito. Nótese
que, en este tipo de caso, el Estado conoce la ocurrencia de
una actividad delictiva y del uso del vehículo en su
consecución.
No
obstante,
no
necesariamente
se
ha
identificado al autor del delito, toda vez que los cristales
ahumados impiden su identificación”.
Ponencia del Departamento de Justicia de 24 de enero de 2006 sobre el P.
de la C. 2696 ante la Comisión de lo Jurídico y Seguridad Pública de la
Cámara de Representantes, pág. 4.
CC-2015-0941
13
delito, el marco de acción de la Asamblea Legislativa para
regular su aplicación y procedencia podría verse limitado
por
aspectos
constitucionales
aplicables
bajo
ciertas
y
limitadas circunstancias.
Sobre este particular, en United States v. Ward, 448 US
242 (1980), la Corte Suprema de los Estados Unidos elaboró
un
estándar
de
dos
partes
dirigido,
precisamente,
a
contestar si un estatuto confiscatorio constituye en sí una
medida punitiva de índole criminal o no. Al respecto, la
Corte Suprema Federal expresó lo siguiente:
Esta Corte a menudo ha reiterado que la
interrogante sobre si una sanción es de índole
civil o criminal es un asunto de interpretación
estatutaria.
Nuestra
investigación
en
este
respecto se ha realizado tradicionalmente en dos
esferas. Primero, nos hemos dado a la tarea de
determinar si el Congreso al establecer la sanción
particular indicó expresa o implícitamente su
preferencia por una etiqueta o la otra. Segundo,
si el Congreso ha indicado la intención de
establecer una sanción civil, hemos investigado
más a fondo si el esquema estatutario era tan
punitivo ya sea en su propósito o en su efecto
como negar dicha intención. Respecto a esta última
interrogante, hemos establecido que solo “la más
clara
evidencia”
podría
ser
suficiente
para
establecer la inconstitucionalidad de una ley
basado en dicho argumento.30
United States v. Ward, 448 US 242, 248-249 (1980). En los
propios
términos
de
la
Corte
Suprema
Federal,
esta
expresó
específicamente lo siguiente:
30
“This Court has often stated that the question whether
a particular statutorily defined penalty is civil or
criminal is a matter of statutory construction. Our inquiry
in this regard has traditionally proceeded on two levels.
First, we have set out to determine whether Congress, in
establishing the penalizing mechanism, indicated either
expressly or impliedly a preference for one label or the
other. Second, where Congress has indicated an intention to
establish a civil penalty, we have inquired further whether
the statutory scheme was so punitive either in purpose or
effect as to negate that intention. In regard to this latter
inquiry, we have noted that “only the clearest proof could
suffice to establish the unconstitutionality of a statute on
such a ground.” (Citas omitidas) Íd.
CC-2015-0941
14
En otros términos, la conclusión sobre si determinada
sanción es verdaderamente de índole civil o penal debe estar
precedida, en primer orden, en el análisis sobre si el Poder
Legislativo
consignó
implícitamente,
criminal.
Es
de
su
intención,
caracterizar
decir,
este
primer
ésta
ya
sea
como
punto
del
expresa
una
o
civil
o
análisis
va
dirigido específicamente a identificar la etiqueta “civil” o
“criminal” que le dio o pretendió dar el Poder Legislativo a
la sanción concerniente.31 Si surge la intención del Poder
Legislativo de caracterizar determinado procedimiento como
civil, procede entonces abordar el segundo punto del examen
dirigido a auscultar si ésta es tan punitiva en su propósito
o efecto que transforma en una sanción criminal lo que se
pretendió imponer como una sanción civil.32 En esta segunda
parte del análisis, es necesario que la parte que formule
tal alegación presente “la más clara evidencia” de que lo
que el Poder Legislativo denominó como civil en realidad
constituye una sanción de índole criminal.33 De no existir
tal
evidencia,
confirme
el
lo
único
carácter
que
civil
procede
es
que
brindó
le
que
el
Tribunal
o
pretendió
31 De concluir que el Poder Legislativo expresó su preferencia por
una sanción criminal, resulta académico cualquier análisis posterior.
32 Íd., pág. 249. (“We turn then to consider whether Congress,
despite its manifest intention to establish a civil, remedial mechanism,
nevertheless provided for sanctions so punitive as to ‘transfor[m] what
was clearly intended as a civil remedy into a criminal penalty.’”).
33 Íd. (Traducción nuestra) (“In regard to this latter inquiry, we
have noted that ‘only the clearest proof could suffice to establish the
unconstitutionality of a statute on such a ground.’”); íd., pág. 251
(“Nor are we persuaded by any of respondent's other arguments that he
has offered the ‘clearest proof’ that the penalty here in question is
punitive in either purpose or effect.”). Reiterado en United States v.
One Assortment of 89 Firearms, 465 US 354, 366 (1984) (“Mulcahey has
failed to establish by the ‘clearest proof’ that Congress has provided a
sanction so punitive as to ‘transfor[m] what was clearly intended as a
civil remedy into a criminal penalty.’” [corchetes en el original]).
CC-2015-0941
15
brindar, en primera instancia, el Poder Legislativo a la
sanción concerniente.
La
Corte
Suprema
de
Estados
Unidos
reafirmó
este
análisis en United States v. Ursery, 518 US 267 (1996), caso
en el cual confirmó su dictamen de United States v. One
Assortment of 89 Firearms, 465 US 354 (1984), a los efectos
de que un estatuto confiscatorio civil no viola la Quinta
Enmienda
de
la
Constitución
individuo
que
sentencia,
siempre
naturaleza.34
ha
sido
y
Para
Federal
absuelto
a
aplicarse
o
condenado
sea
cuando
éste
no
sostener
ese
carácter
a
un
mediante
punitivo
en
su
civil
de
la
confiscación, el Tribunal Supremo de Estados Unidos examinó
los
estatutos
discutido
confiscatorios
análisis
de
dos
concernientes
partes.
Respecto
mediante
a
la
el
primera
parte, la Corte sostuvo que era indudable que el Congreso
tuvo la intención de establecer un proceso meramente civil.35
Siendo así, pasó a la segunda parte del análisis y concluyó
que existía “poca evidencia, y mucho menos la prueba más
clara
requerida”
establecido
naturaleza
de
por
o
el
efecto
que
el
proceso
Congreso
era
que
convertía
lo
tan
de
confiscación
punitivo
en
en
sanción
una
su
criminal.36
Para
alcanzar
tal
conclusión,
en
United
States
v.
Ursery, supra, la Corte Suprema de Estados Unidos destacó
varios
puntos
importantes
y
pertinentes
a
nuestra
34 United States v. Ursery, 518 US 267, 292 (1996). (“We hold that
these in rem civil forfeitures are neither “punishment” nor criminal for
purposes of the Double Jeopardy Clause.”).
35
Íd., págs. 288-290.
36
Íd., pág. 290.
CC-2015-0941
16
legislación local. Primero, expresó el entendido de que las
confiscaciones civiles in rem históricamente no constituyen
un
“castigo”.37
Segundo,
confiscatorios
resaltó
concernientes
no
que
en
los
estatutos
se
requería
demostrar
intención criminal en el uso de la cosa y aclaró que aun
cuando éstos contienen una excepción de tercero inocente,
ello de por sí no compele a la conclusión de que se desea
castigar a una persona.38 Tercero, señaló que si bien puede
decirse que tales estatutos sirven un propósito disuasivo,
la
realidad
procesos
de
es
que
tal
confiscación
objetivo
es
puramente
válido
tanto
para
civiles
como
para
procesos criminales.39 Finalmente, enfatizó que el solo hecho
de
que
los
estatutos
confiscatorios
estén
atados
o
supeditados a una actividad criminal no es suficiente para
establecer mediante “la más clara evidencia” que el proceso
denominado como civil realmente es de carácter punitivo en
su naturaleza o efecto.40
Al extrapolar tal análisis y escrutinio a nivel local
con el objetivo de auscultar si el proceso de confiscación
establecido en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011
constituye una sanción meramente civil o penal, no podemos
alcanzar otra conclusión que no sea que ésta es puramente
civil y remediativa. Según indicáramos, no hay duda de que
la Asamblea Legislativa aprobó la legislación vigente con la
intención expresa de establecer un proceso administrativo in
rem de estricto carácter civil e independiente de cualquier
37
Íd., pág. 291.
38
Íd., págs. 291-292.
39
Íd., pág. 292.
40
Íd.
CC-2015-0941
otra
17
acción
de
naturaleza
penal,
administrativa
o
de
cualquier otra naturaleza.
La realidad es que un simple repaso de la legislación
evidencia la inexistencia de “la más clara evidencia” que
nos
lleve
a
concluir
que,
en
efecto,
estamos
ante
un
estatuto de carácter punitivo. Nótese que la ley vigente no
requiere demostrar que hubo intención criminal por parte de
la persona que utilizó la cosa de forma ilícita para que
proceda la confiscación. Como explicáramos, en el proceso
civil estatuido únicamente se requiere demostrar la conexión
entre la propiedad confiscada y su uso en una actividad
prohibida por ley, independientemente de quién la utilizó o
si tenía tal intención o no.
Además, aunque la legislación vigente podría permitir
que
se
presente
evidencia
de
la
inocencia
del
dueño
en
ciertas circunstancias, esto, por sí solo, no es suficiente
para atribuirle a la legislación un ánimo de castigar. La
clara intención de la Asamblea Legislativa de disuadir la
actividad criminal, según surge de la ley y de su historial,
obligan a concluir que estamos ante una ley de naturaleza
civil y remediativa. Como bien señalara la Corte Suprema de
Estados
Unidos,
tal
elemento
disuasivo
de
la
actividad
criminal no es en sí suficiente para categorizar un proceso
civil de confiscación como de naturaleza criminal.
IV
Dicho lo anterior, no podemos soslayar que cuando la
ley
es
clara
y
libre
de
ambigüedad
estamos
mandados
a
CC-2015-0941
18
cumplir
con
cuando
la
expresado
su
texto.41
intención
en
sus
Esta
norma
articulada
propias
se
hace
la
ley
de
disposiciones.
En
más
patente
reitera
ese
lo
sentido,
nuestra interpretación debe asegurar la efectividad de la
intención legislativa a viva voz evidente.
Aunque anteriormente sí reconocimos la aplicación de la
doctrina
de
impedimento
colateral
por
sentencia
en
instancias en las cuales no se encontró causa probable en la
vista
preliminar
alzada,
ese
y
el
dictamen
Ministerio
se
emitió
Público
no
acudió
enmarcado
en
las
en
leyes
derogadas y la acción legislativa que expresamente avaló
nuestros pronunciamientos.42 Es decir, al igual que otras
decisiones
entonces
relacionadas,
era
la
se
voluntad
sustentó
e
en
intención
lo
que
hasta
de
la
Asamblea
la
doctrina
Legislativa.
No
obstante,
la
aplicabilidad
de
de
impedimento colateral por sentencia en este caso debe estar
supeditada
a
lo
establecido
en
la
Ley
Uniforme
de
Confiscaciones de 2011 y a la intención que de ella se
infiere. Esto, pues, no podemos actuar como una segunda Rama
Legislativa que establezca una norma y una política pública
distinta a la establecida expresamente en la ley.
Como mencionáramos, la Asamblea Legislativa, conociendo
la interrelación que en el pasado este Tribunal estableció
entre el proceso civil de confiscación y el proceso criminal
contra una persona, específicamente consignó su voluntad de
desligar,
distanciar
y
distinguir
ambas
acciones.
41
Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 14).
42
Véase Del Toro Lugo v. ELA, supra.
Esta
CC-2015-0941
intención
19
legislativa,
según
indicamos,
surge
tanto
del
historial legislativo de la Ley Uniforme de Confiscaciones
de
2011,
de
los
informes
de
las
respectivas
comisiones
legislativas, de las ponencias presentadas, como de su texto
claro.
En
otros
términos,
de
una
evaluación
completa
y
cuidadosa del referido estatuto. Adviértase, incluso, que la
ley aclaró en su parte expositiva que el procedimiento de
confiscación in rem “no queda afectado en modo alguno” por
el
procedimiento
criminal
in
personam
o
cualquier
otro
proceso. Así la Legislatura precisó, como lo hizo a través
de varias disposiciones de la propia ley, que la validez de
la confiscación no estaría supeditada al resultado de ningún
proceso criminal.
Ante
esas
circunstancias,
utilizar
el
resultado
favorable obtenido por una persona en el proceso penal para
aplicar la doctrina de impedimento colateral por sentencia
en el proceso civil de impugnación de la confiscación va
contra la voluntad legislativa diáfanamente expresada en la
Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011. Precisamente eso fue
lo
que
quiso
evitar
el
legislador
al
disponer
sobre
la
independencia de los procedimientos y reiterar, una y otra
vez, la naturaleza estrictamente in rem de la confiscación
en nuestra jurisdicción.
Si
bien
es
cierto
que
en
la
Ley
Uniforme
de
Confiscaciones de 2011 no se incluyó una disposición sobre
la doctrina de impedimento colateral por sentencia tal y
como se hizo constar en su momento mediante la derogada Ley
Núm. 32-2000 la realidad es que aplicar esa doctrina de
CC-2015-0941
20
manera automática bajo la nueva ley de confiscaciones sería
completa
y
absolutamente
incompatible
con
varias
de
las
disposiciones que sí fueron incluidas en el estatuto. Ello
conllevaría que asumamos que la Asamblea Legislativa incluyó
en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 disposiciones
inútiles y sin valor jurídico, puesto que, a pesar de que
establece la independencia entre los procesos, la realidad
es
que
esa
partiríamos
independencia
de
la
premisa
no
existiría.
de
que
el
En
proceso
su
lugar,
civil
de
confiscación depende y está condicionado a otro proceso de
naturaleza
penal
contra
alguna
persona.
Resultaría
un
contrasentido expresar por un lado que los procesos son
independientes, pero, por el otro, interrelacionarlos de tal
manera que lo que ocurra en uno predetermine el desenlace
del otro. Esa premisa sería contraria a la norma reiterada
por nosotros de que a nuestras leyes no se les incorporan ni
se les hace enmiendas y cambios superfluos.43
La
Asamblea
Legislativa
fue
clara
y
categórica
en
cuanto al propósito de establecer como política pública una
separación e independencia, es decir, no condicionada, entre
el proceso civil de confiscación y la causa penal que podría
producirse
a
consecuencia
de
los
mismos
hechos.
Estamos
llamados a reafirmar ese ejercicio legítimo de establecer su
política pública mediante la Ley Uniforme de Confiscaciones
de 2011.44
43 Santiago Meléndez v. Superintendente de la Policía, 151 DPR 511,
517 (2000), citando a García v. Tribunal Superior, 91 DPR 153 (1964).
Los
tribunales
no
podemos
utilizar
nuestra
función
interpretativa para distanciarnos e invalidar el contenido expreso y
claro de una ley bajo el pretexto de que el legislador no incluyó
determinado lenguaje. Nuestro deber no es juzgar cómo el legislador
44
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Además, la realidad es que, más allá de ese ejercicio
válido de establecer la política pública, esa independencia
entre el proceso civil de confiscación y la acción penal
tiene perfecta lógica y congruencia jurídica.45 Se trata de
dos acciones judiciales que si bien surgen de un mismo
conjunto de hechos responden a fines y cuestionamientos
distintos.
En
tales
circunstancias,
es
jurídicamente
sostenible no condicionar la acción civil de confiscación a
lo que acontezca en la acción penal.
Validar la aplicación de la doctrina de impedimento
colateral por sentencia, la aplicación de cualquier otra
doctrina
de
índole
estatutaria
o
continuar
en
el
reconocimiento de presuntas excepciones a la independencia
que debe caracterizar el proceso in rem de confiscación, que
expresamente reconoció la Asamblea Legislativa y a la cual
quiso
brindarle
contenido,
constituiría
un
ejercicio
impropio de legislación judicial. Ello en la medida que
ignoraríamos
y
menoscabaríamos
las
disposiciones
que
sí
fueron incluidas en la Ley Uniforme de Confiscaciones de
2011.
V
En este caso el único fundamento que el peticionario
señaló
para
que
se
declarara
ilegal
e
incorrecta
la
debió expresar su intención legislativa, sino auscultar si determinada
interpretación y resultado es compatible con la voluntad del legislador
reflejada en el trámite, discusión y el propio texto de la ley.
45 Así ha sido reconocido, incluso, por el Tribunal Supremo de
Estados Unidos en multiplicidad de casos aún vigentes. Véanse, e.g.:
Bennis v. Michigan, 516 US 442, 452 (1996); United States v. One
Assortment of 89 Firearms, supra; Calero-Toledo v. Pearson Yatch Leasing
Co., 416 US 663 (1974); Goldmith-Grant Co. v. Unites States, 254 US 505
(1921).
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confiscación
realizada
fue
el
resultado
favorable
que
recibió en un proceso penal. Esto porque, según alegó, el
foro de instancia no encontró causa probable para someterlo
a los rigores de un juicio.
Sin embargo, sabido es que la determinación de no causa
en vista preliminar puede ser el resultado de un sinnúmero
de razones ajenas a esa circunstancia (e.g. a que no se
conectó al imputado con el delito).46 Por esa razón, esa
determinación
central
en
el
no
constituye
proceso
civil
la
adjudicación
del
de
confiscación
de
hecho
que
el
vehículo no fue utilizado en la comisión de un delito. Más
aún, cuando ni siquiera la Jueza realizó alguna observación
que conlleve la determinación de que la propiedad no fue
utilizada en la comisión de una actividad o acto ilegal.47
En ese sentido, era forzoso concluir que no se podía
disponer
de
la
acción
civil
de
impugnación
de
la
confiscación basado exclusivamente en el resultado obtenido
por
algún
imputado
a
nivel
penal;
menos
aún
cuando
esa
determinación se produce como consecuencia de un fundamento
ajeno a los méritos del caso penal en sí y, en el foro
penal,
no
se
realiza
ninguna
determinación
que
permita
rebatir la legalidad de la confiscación. Así, como bien
señaló el foro apelativo, si bien la presunción de legalidad
En la denuncia contra el peticionario se hizo la imputación
siguiente: “El referido acusado, LUIS BRYAN SANTINI CASIANO, allá en o
para el día 23 de julio de 2013, en AIBONITO, Puerto Rico, que forma
parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala
Superior de Aibonito, ilegal, maliciosa, voluntaria y criminalmente,
ACTUANDO EN CONCIERTO Y COMÚN ACUERDO CON HECTOR L. MATOS CAMACHO, a
sabiendas, sin ser la persona autorizada por ley para ello, ESTE POSEÍA
LA SUSTANCIA CONTROLADA CONOCIDA POR MARIHUANA”. (Énfasis suplido).
Denuncia, Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 62.
46
47
63.
Véase Resolución, Apéndice de la Petición de Certiorari, pág.
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y
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corrección
de
la
confiscación
es
controvertible,
en
ausencia de algún otro planteamiento procedente en derecho,
el Tribunal de Primera Instancia debía dilucidar la demanda
civil de impugnación de la confiscación en sus méritos.
Ello,
conforme
al
proceso
delineado
por
la
Asamblea
Legislativa en la legislación vigente.
En
conclusión,
la
determinación
de
“no
hubo
causa
probable” en vista preliminar, sin más, no es suficiente
para declarar ha lugar una demanda de impugnación de una
confiscación. Si la parte demandante interesa obtener un
dictamen sumario, debe ubicar en posición al tribunal sobre
su
procedencia,
pero
su
petitorio
no
puede
basarse
únicamente en la obtención de un dictamen favorable en la
causa criminal.
Sin embargo, la decisión que toma este Tribunal tiene
el efecto de anular toda confiscación, automáticamente y sin
mayor consideración,
fundamentándose exclusivamente en la
determinación favorable obtenida a nivel penal. Ello, aun
cuando ésta se debió a planteamientos ajenos a la legalidad
y corrección de la confiscación que tampoco se traducen en
que
la
propiedad
confiscada
no
fue
utilizada
en
una
actividad ilegal. Conforme la normativa que detalladamente
he evaluado y examinado a través de esta Opinión disidente,
hubiera confirmado el dictamen del Tribunal de Apelaciones y
validado
la
intención
de
la
Asamblea
Legislativa
de
establecer verdaderamente la independencia y separabilidad
que caracteriza el proceso civil de confiscación in rem.
Como una mayoría de este Tribunal llega a una conclusión
contraria e insiste en atar y condicionar inexorablemente el
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proceso criminal que se lleva contra una persona con el
proceso civil de impugnación de una confiscación in rem,
solo me resta disentir enérgicamente.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado