LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Santini Casiano v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros

2017 TSPR 196

Poder Judicial de Puerto Rico

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Santini Casiano v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros

CC-2015-941

Sentencia con Opinión Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Luis B. Santini Casiano

Peticionario

Certiorari

v.

2017 TSPR 196

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, Superintendente de la

Policía de Puerto Rico,

Secretario

198 DPR ____

Recurridos

Número del Caso: CC-2015-941

Fecha: 4 de diciembre de 2017

Región Judicial de Aibonito

Abogado de la parte Peticionaria:

Lcdo. José A. de la Texeira Barnes

Oficina de la Procuradora General

Lcda. Margarita Mercado Echegaray

Procuradora General

Lcda. Carmen A. Riera Cintrón

Procuradora General Auxiliar

Materia: Sentencia con Opinión Disidente

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Luis B. Santini Casiano

Peticionario

v.

CC-2015-941

Estado Libre Asociado de

Puerto

Rico,

Superintendente

de

la

Policía

de

Puerto

Rico,

Secretario

Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de diciembre de 2017.

Nos

corresponde

determinar

si

el

Tribunal

de

Apelaciones erró al revocar un dictamen del foro primario,

en el cual se declaró ha lugar una demanda de impugnación

de

confiscación,

tras

una

determinación

de

no

causa

probable para acusar en la acción penal por el delito que

originó

la

confiscación.

expondremos

a

Por

continuación,

los

fundamentos

revocamos

el

que

dictamen

recurrido y restablecemos la determinación del Tribunal de

Primera Instancia.

Con

fáctico

epígrafe.

ello

y

en

mente,

procesal

que

procedemos

a

exponer

el

marco

suscitó

la

controversia

de

CC-2015-941

2

I

El presente caso surge a raíz de la confiscación de

un vehículo de motor marca Toyota, modelo Corolla, año

2003, tablilla ESY-837, registrado a nombre del Sr. Luis

B. Santini Casiano (señor Santini Casiano o peticionario).

La

referida

infracciones

confiscación

al

Artículo

tuvo

404

de

lugar

tras

alegadas

la

de

sustancias

Ley

controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de

1971, según enmendada, 24 LPRA sec. 2404, y a la Ley para

la protección de la propiedad vehicular, Ley Núm. 8 de 5

de agosto de 1987, según enmendada, 9 LPRA sec. 3201 et

seq. Posteriormente, el Ministerio Público presentó cargos

criminales en contra del señor Santini Casiano por los

mismos hechos que motivaron la confiscación. Celebrada la

correspondiente vista preliminar, el Tribunal de Primera

Instancia

dictaminó

acusarlo.

El

que

no

Ministerio

existía

causa

Público

no

probable

solicitó

para

vista

preliminar en alzada.

Ante ello, el 22 de octubre de 2013, el peticionario

presentó

una

acción

de

impugnación

de

confiscación

en

contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Estado).

Esencialmente, arguyó que el vehículo de motor confiscado

no fue utilizado para la infracción de ley alguna. De otra

parte, el Estado alegó que la confiscación se efectuó de

conformidad con la Ley uniforme de confiscaciones de 2011,

Ley Núm. 119-2011, según enmendada, 34 LPRA sec. 1724 et

seq.

Asimismo,

adujo

que

la

confiscación

se

presumía

CC-2015-941

3

correcta, por lo cual el peticionario tenía el peso de la

prueba

para

derrotar

la

presunción

de

legalidad

y

corrección.

Luego de varios incidentes procesales, el 30 de junio

de

2014,

el

señor

Santini

Casiano

presentó

una

moción

mediante la cual sostuvo que procedía declarar con lugar

la

demanda

de

impugnación

de

confiscación

incoada

por

existir impedimento colateral por sentencia. Destacó que

el resultado favorable obtenido en la acción penal exigía

que se declarara ilegal la confiscación y se ordenara al

Estado

el

pago

del

precio

de

tasación

del

vehículo

incautado ($ 4,000), más el interés legal desde la fecha

de la ocupación.

En oposición, el Estado alegó que la doctrina de cosa

juzgada

en

su

modalidad

de

impedimento

colateral

por

sentencia no era aplicable al caso de epígrafe. En ese

sentido, arguyó que la confiscación es un procedimiento de

naturaleza

civil

in

rem

que

se

dirige

contra

el

bien

confiscado y es independiente de cualquier otra acción. De

igual

modo,

adujo

que

el

peticionario

no

rebatió

la

presunción de legalidad y corrección de la confiscación.

Además,

informó

que

el

vehículo

las

posturas

confiscado

había

sido

las

el

de

subastado.

Examinadas

de

partes,

12

diciembre de 2014, el foro primario declaró con lugar la

demanda de impugnación de confiscación presentada por el

señor

Santini

Casiano.

Dictaminó

que,

ante

la

CC-2015-941

4

determinación

de

no

causa

probable

para

acusar

y

la

ausencia de documentación pertinente que demostrara que

existía controversia sobre el hecho de la comisión del

delito,

resultaba

incontrovertible

que

el

vehículo

confiscado no se utilizó con relación a la comisión de un

delito

grave

para

efectos

de

la

presente

acción

de

impugnación. En consecuencia, le ordenó al Estado que le

pagara

al

peticionario

el

valor

tasado

del

vehículo

($4,000) o la cantidad por la cual se subastó, lo que

resultara mayor, con intereses al .50% contados desde la

ocupación.

Inconforme,

el

Estado

recurrió

al

Tribunal

de

Apelaciones mediante un recurso de apelación. En esencia,

alegó que el Tribunal de Primera Instancia erró en su

razonamiento

de

que

el

Estado

tenía

que

demostrar

la

existencia de controversia sobre el hecho de la comisión

del delito que originó la confiscación. De igual forma,

adujo

que

determinante

el

resultado

para

de

efectos

la

de

acción

la

penal

no

es

legalidad

de

la

confiscación, por lo cual no es suficiente para rebatir la

presunción de legalidad y corrección de la confiscación.

Por su parte, el señor Santini Casiano arguyó que rebatió

tal

presunción,

toda

vez

que

estableció

ante

el

foro

primario que el vehículo confiscado no fue utilizado en la

comisión de un delito. Destacó que presentó como prueba la

denuncia y la Resolución mediante la cual se declaró no

causa en la vista preliminar.

CC-2015-941

5

Así las cosas, el 9 de junio de 2015, el Tribunal de

Apelaciones dictó una Sentencia mediante la cual revocó la

determinación del foro primario. Concluyó que “el hecho de

que el poseedor del bien confiscado resulte absuelto o no

implicado en los cargos imputados, no es en sí suficiente

para aplicar automáticamente el impedimento colateral y

declarar inválida la confiscación”. Sentencia del Tribunal

de

Apelaciones

de

9

de

junio

de

2015,

Apéndice

del

certiorari, pág. 93. A base de ello, devolvió el caso al

Tribunal de Primera Instancia para que el señor Santini

Casiano estuviera en posición de rebatir la presunción de

legalidad de la confiscación y presentara prueba a tales

efectos.

En desacuerdo con el dictamen emitido por el foro

apelativo intermedio, el peticionario compareció ante este

Tribunal mediante una petición de certiorari. En síntesis,

sostiene

que

el

Tribunal

interpretación

de

la

nueva

de

Apelaciones

Ley

de

erró

en

su

confiscaciones

con

relación al alcance de la independencia entre la acción

confiscatoria y el procedimiento penal. Por su parte, el

Estado reitera sus argumentos en cuanto a la independencia

entre el proceso civil de confiscación y la acción penal.

Asimismo, insiste en que la confiscación se presume legal

y

correcta

y,

por

tanto,

correspondía

al

peticionario

rebatir tal presunción con prueba distinta al resultado

del procedimiento criminal instado en su contra.

CC-2015-941

6

El 26 de febrero de 2016, expedimos el recurso ante

nuestra

consideración.

comparecencia

de

Con

ambas

el

partes,

beneficio

procedemos

de

a

la

resolver

conforme a derecho.

II

Reiteradamente,

este

Tribunal

ha

definido

la

confiscación como el acto mediante el cual el Estado, por

mandato de la Asamblea Legislativa y actuación del Poder

Ejecutivo,

ocupa

e

inviste

propiedad

sobre

cualesquiera

para

sí

todo

derecho

bienes

que

hayan

de

sido

utilizados en la comisión de determinados delitos. Doble

Seis Sport v. Depto. Hacienda, 190 DPR 763, 784 (2014);

Díaz Ramos v. ELA, 174 DPR 194, 202 (2008); Del Toro Lugo

v. ELA, 136 DPR 973, 980-981 (1994). En ese sentido, el

Estado tiene la facultad de privar a un individuo de su

propiedad sin compensación mediante una confiscación. No

obstante,

ello

estará

sujeto

al

cumplimiento

con

las

garantías mínimas del debido proceso de ley que exigen que

se le brinde la oportunidad de

ser notificado y oído.

Pueblo v. González Cortés, 95 DPR 164, 167-168 (1967). Por

tanto,

una

constituye

impide

confiscación

una

tomar

excepción

propiedad

realizada

al

mandato

privada

para

conforme

a

derecho

constitucional

que

fines

sin

públicos

justa compensación. Coop. Seg. Múlt. v. ELA, 180 DPR 655,

662-663 (2011). Véase Art. II, Sec. 9, Const. ELA, T. 1,

ed. 2016, pág. 333.

CC-2015-941

7

A.

Es menester resaltar que en nuestra jurisdicción se

ha

estatuido

la

autoridad

del

Estado

de

apropiarse

de

aquellos bienes utilizados para fines ilícitos tanto como

parte del proceso penal que se lleva a cabo en contra del

propietario o poseedor de éstos, así como a través de una

acción civil en contra de la cosa u objeto mismo. A esos

efectos, en nuestro ordenamiento jurídico el proceso de

confiscación

se

puede

instituir

en

dos

modalidades,

a

saber: confiscación criminal y confiscación civil.

Conscientes

de

las

distinciones

entre

estas

modalidades, hemos precisado que la confiscación criminal

se realiza como parte integral de la acción in personam en

contra del alegado autor del delito en un caso criminal.

Coop. Seg. Múlt. v. ELA, supra, pág. 664; Del Toro Lugo v.

ELA, supra, págs. 981-982. En este tipo de modalidad, la

convicción

de

la

persona

imputada

es,

precisamente,

el

fundamento que origina la confiscación. Es decir, si la

persona acusada resulta convicta se impone la confiscación

como

pena

adicional.

confiscación

es

de

Evidentemente,

naturaleza

esta

punitiva

modalidad

de

y

el

tiene

propósito de promover el interés del Estado de evitar que

todo aquel que incurre en conducta criminal se lucre de su

actividad delictiva. Del Toro Lugo v. ELA, supra, pág.

982.

De otra parte, en la modalidad civil de confiscación,

la acción se presenta directamente en contra de la cosa a

CC-2015-941

8

ser confiscada, por lo que está separada procesalmente de

la acción criminal instada en contra del presunto autor

del delito.

Coop. Seg. Múlt. v. ELA,

supra, pág. 664.

Dicho de otro modo, este tipo de confiscación va dirigida

en contra de la cosa misma (in rem) y no en contra del

dueño de la propiedad, su poseedor, encargado o cualquier

otra persona con interés legal sobre ésta. La confiscación

civil

es

una

acción

in

rem

en

la

que

se

imputa

la

utilización de la propiedad confiscada en la comisión de

un delito. Del Toro Lugo v. ELA, supra, pág. 982. Por

ende, el derecho del Estado a tomar posesión de la cosa

surge del mal uso que se le ha dado a ésta. Suárez v. ELA,

162 DPR 43, 52 (2004) (Per Curiam) (Regla 50); Del Toro

Lugo v. ELA, supra, pág. 983.

Resulta importante señalar que la confiscación in rem

se trata de una ficción jurídica a través de la cual, en

cierto

sentido,

se

culpa

a

la

propia

cosa

por

su

participación en el delito. Por tanto, en esta modalidad

se permite que el Estado vaya directamente en contra de la

propiedad como parte de una ficción jurídica que considera

que a la cosa, como medio o producto del delito, se le

puede fijar responsabilidad independientemente del autor

del delito. Coop. Seg. Múlt. v. ELA, supra, pág. 665.

Ahora bien, en innumerables ocasiones, este Tribunal

ha

establecido

determinar

siguientes:

si

que

los

elementos

procede

una

confiscación

(1)

existencia

de

pertinentes

prueba

civil

para

son

suficiente

los

y

CC-2015-941

9

preponderante

de

que

se

ha

cometido

un

delito;

y

(2)

existencia de un nexo entre la comisión del delito y la

propiedad confiscada. Doble Seis Sport v. Depto. Hacienda,

supra, pág. 784; Suárez v. ELA, supra, pág. 52; Del Toro

Lugo

v.

ELA,

supra,

pág.

983.

De

este

modo,

se

ha

precisado que la acción civil de confiscación procede si

el quantum de prueba para establecer que se ha cometido un

delito es suficiente y preponderante, y si existe un nexo

entre el delito perpetrado y la propiedad confiscada.

B.

De igual manera, debemos resaltar que la naturaleza

in personam o in rem de una acción depende de lo que

persiga el estatuto que la habilita. Ello, toda vez que no

es la naturaleza de la acción, sino el verdadero propósito

del estatuto, lo que debe guiar el análisis. Coop. Seg.

Múlt. v. ELA, supra, pág. 664; Downs v. Porrata, Fiscal,

76 DPR 611, 619 (1954). Cónsono con lo anterior, desde

hace varias décadas, este Tribunal ha sido enfático en que

la

confiscación

civil

punitiva.

Coop.

Seg.

Centeno

Rodríguez

tiene

una

marcada

naturaleza

Múlt.

v.

ELA,

supra,

ELA,

170

DPR

907,

v.

pág.

913

664;

(2007);

Santiago v. Supte. Policía de PR, 151 DPR 511, 515-516

(2000);

Carlo

v.

Srio.

de

Justicia,

107

DPR

356,

362

(1978). Esto es, independientemente de la naturaleza civil

de la acción de confiscación, su propósito punitivo ha

quedado reflejado en la manera en que ha sido aplicada la

sanción,

el

procedimiento

utilizado

y

las

defensas

CC-2015-941

permitidas

10

en

éste.

Santiago

v.

Supte.

Policía

de

PR,

supra, pág. 515; Del Toro Lugo v. ELA, supra, págs. 986987. Por tanto, no cabe duda que la naturaleza in rem de

la acción no la desviste de su condición esencialmente

punitiva

y

de

infligir

castigo.

Carlo

v.

Srio.

de

Justicia, supra, pág. 362; Ochoteco v. Tribunal Superior,

88 DPR 517, 528 (1963). Ello, pues, es evidente que su

objetivo es castigar por la comisión de una ofensa contra

la ley. Carlo v. Srio. de Justicia, supra, pág. 362.

De

forma

similar,

el

Tribunal

Supremo

federal

ha

establecido que aunque la confiscación se denomine civil y

se considere independiente a la causa penal, ésta no deja

de constituir un proceso esencialmente punitivo con miras

a

penalizar

al

individuo

que

incurra

en

conducta

delictiva. Véase Austin v. US, 509 US 602 (1993); Plymouth

Sedan

v.

Pennsylvania,

380

US

693,

697

(1965).

Particularmente, en Plymouth Sedan v. Pennsylvania, supra,

pág. 697, el foro supremo federal expresó lo siguiente:

[P]roceedings instituted for the purpose of

declaring the forfeiture of a man’s property by

reason of offences committed by him, though they

may be civil in form, are in their nature

criminal . . . [and] though technically a civil

proceeding, [it] is in substance and effect a

criminal one . . . [S]uits for penalties and

forfeitures

incurred

by

the

commission

of

offences

against

the

law,

are

of

this

quasicriminal nature . . . . Íd. (énfasis

suplido).

CC-2015-941

11

III

Sabido es que, a partir de la década del sesenta, el

proceso de confiscaciones en Puerto Rico estuvo regulado

por la Ley uniforme de confiscación de vehículos, bestias

y embarcaciones, Ley Núm. 39 de 4 de junio de 1960, 34

LPRA ants. secs. 1721 y 1722. No obstante, en el 1988, se

promulgó la Ley uniforme de confiscaciones de 1988, Ley

Núm. 93 de 13 de julio de 1988 (Ley Núm. 93), 34 LPRA ant.

sec. 1723 et seq., como parte de un proceso para uniformar

los

procedimientos

de

confiscación

contemplados

en

diversas leyes especiales.

En lo pertinente,

exposición

de

motivos

la Ley Núm. 93

que

la

reconoció en su

confiscación

de

bienes

operaba como elemento disuasivo para que una persona, ante

el riesgo de perder su propiedad, limitara su actividad

delictiva o se le dificultara su realización. Véase Ley

Núm. 93-1988 (1988 Leyes de Puerto Rico 409). La intención

de la Ley Núm. 93 era evitar que la propiedad confiscada

pudiera volverse a utilizar para fines ilícitos y servir

de

castigo

adicional

para

disuadir

a

los

criminales.

Centeno Rodríguez v. ELA, supra, pág. 913; Negrón v. Srio.

de

Justicia,

154

DPR

79,

86-87

(2001).

Se

pretendía

desincentivar la conducta criminal con la imposición de un

castigo adicional a la posible privación de la libertad

tras

un

encausamiento

supra, pág. 663.

penal.

Coop.

Seg.

Múlt.

v.

ELA,

CC-2015-941

12

Al examinar las disposiciones de la Ley Núm. 93, este

Tribunal

señaló

que

el

procedimiento

de

confiscaciones

contenido en ésta era de carácter civil o in rem y se

consideraba

independiente

de

la

acción

penal

que

la

motivó. Sin embargo, en múltiples ocasiones, este Tribunal

dejó claro que aunque el procedimiento de confiscaciones

de la Ley Núm. 93 era in rem, éste perseguía y reflejaba

un

propósito

punitivo.

Por

tanto,

si

bien

el

proceso

mantenía su forma civil, su objetivo era uno marcadamente

punitivo.

A.

En atención a la evidente naturaleza punitiva de los

estatutos

confiscatorios

desarrollo

de

propiedad

jurisprudencial

ha

privada,

apuntado

nuestro

hacia

una

interpretación restrictiva de éstos. A esos efectos, este

Tribunal

ha

sostenido

que

estos

estatutos

no

deben

interpretarse de manera que propicien la confiscación, ni

mucho menos se debe

recurrir

a

su letra estricta para

sostenerla, cuando existe un lenguaje dudoso en la propia

ley. Pueblo v. González Cortés, supra, pág. 168. De esta

forma,

los

estatutos

confiscatorios

deben

ser

interpretados de tal suerte que resulten consistentes con

la justicia y los dictados de la razón natural. Coop. Seg.

Múlt. v. ELA, supra, pág. 668; Pueblo v. González Cortés,

supra,

pág.

168.

Cabe

puntualizar

que

esta

norma

de

interpretación siempre ha sido aplicada por este Tribunal

CC-2015-941

a

los

13

estatutos

confiscatorios

promulgados

en

nuestra

este

Tribunal

jurisdicción. Veamos.

En

Downs

v.

Porrata,

Fiscal,

supra,

resolvió que ante un indulto total, pleno e incondicional

otorgado

a

un

propiedades

imputado

confiscadas,

de

delito

con

relación

a

sus

surge

la

obligación

de

devolverlas. Íd., pág. 617. Particularmente, razonó que:

[A]l borrarse todo vestigio de culpabilidad de la

persona, la propiedad confiscada se convierte

automáticamente

en

una

propiedad

inocente

(innocent property) que puede revertir a su

dueño, puesto que es la culpa del dueño la que la

convierte en un instrumento o medio ilícito para

la comisión de un delito. Íd., pág. 619.

Por otro lado, en Carlo v. Srio. de Justicia, supra,

este

Tribunal

atendió

la

situación

de

un

imputado

de

delito que impugnó la confiscación de su propiedad, tras

obtener una absolución en los méritos en el caso criminal.

En ese sentido, concluyó lo siguiente:

La absolución en los méritos adjudica con

finalidad irrevisable el hecho central, tanto del

caso criminal como el de confiscación, de que el

vehículo no se utilizó para transportar mercancía

ilícita. Daría lugar a una anomalía resolver bajo

estas circunstancias que no habiéndose probado en

el primer caso que el acusado utilizara el

vehículo para transportar material relacionado

con el juego, hubiese de enfrentarse todavía a la

misma cuestión en la demanda de impugnación. Íd.,

pág. 363 (énfasis suplido).

Asimismo,

este

Tribunal

advirtió

que

no

podía

disminuirse, ni mucho menos ignorarse, la consecuencia de

una sentencia absolutoria recaída sobre el hecho medular

de

ambos

anticipó

procedimientos.

Esto,

que

la

sostener

habida

cuenta

confiscación

en

que

se

esas

CC-2015-941

14

circunstancias conllevaría derrotar garantías de estirpe

constitucional, tales como: colocar a la persona en riesgo

de ser castigada dos veces por el mismo delito y vulnerar

su derecho a un debido proceso de ley y a no tomar su

propiedad sin mediar justa compensación. Íd., págs. 363364.

Posteriormente, en Del Toro Lugo v. ELA, supra, este

Tribunal amplió la norma pautada en Carlo v. Srio. de

Justicia,

supra.

A

sentencia

final

preliminar

constituye

impedimento

colateral

y

esos

concluyó

que

una

dicta

no

causa

en

vista

cosa

juzgada

en

su

por

sentencia

firme

efectos,

que

en

modalidad

el

de

pleito

de

confiscación. Del Toro Lugo v. ELA, supra, pág. 993. Del

mismo

modo,

se

resolvió

que

una

determinación

final

y

firme con relación a la supresión de evidencia ilegalmente

obtenida, realizada en el procedimiento penal que da base

a

la

confiscación,

también

será

cosa

juzgada

en

modalidad de impedimento colateral por sentencia

acción

in

rem.

Íd.,

pág.

997.

A

pesar

que

su

en la

estas

dos

situaciones no constituyen una adjudicación en los méritos

de la culpabilidad o inocencia del acusado, este Tribunal

dictaminó

que

no

procedía

la

confiscación

en

esas

circunstancias, porque no existía el elemento esencial del

nexo entre la propiedad confiscada y su utilización en la

comisión de un delito.

Con

Suárez

posterioridad,

v.

ELA,

supra,

este

Tribunal

resolvió

el

en

el

determinó

que

cual

caso

la

CC-2015-941

15

desestimación de los cargos criminales por incumplimiento

con los términos de juicio rápido constituía impedimento

colateral

por

sentencia

en

la

acción

civil

de

confiscación. Si bien reconoció que el Estado tenía la

facultad para volver a presentar acusaciones conforme a la

Regla 67 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA sec.

67, sostuvo que:

[N]o debe penalizarse al propietario de la cosa

ocupada con la exclusión de la doctrina de cosa

juzgada en procesos de confiscación, cuando fue

precisamente por falta de diligencia del Estado

en el trámite del proceso criminal que se obtuvo

un resultado favorable a dicho propietario. Se

estaría beneficiando doblemente al Estado por su

incumplimiento con los términos de juicio rápido:

no

sólo

podría

volver

a

presentar

nuevas

acusaciones

o

denuncias

sino

que

también

excluiría

del

proceso

de

confiscación

la

aplicación de la doctrina de cosa juzgada. Ello,

a pesar de que el Estado mismo provocó la

desestimación de los cargos criminales con la

consecuencia de que además de sujetar al imputado

al trajín de un segundo proceso criminal, tiene

la ventaja de excluir un importante fundamento

para impugnar la acción de confiscación. Suárez

v. ELA, supra, pág. 64.

En armonía con lo anterior, en Ford Motor v. ELA, 174

DPR 735 (2008), este Tribunal concluyó que el archivo y

sobreseimiento

de

una

acusación

criminal,

producto

del

cumplimiento con un programa de desvío, constituye cosa

juzgada

en

su

modalidad

de

impedimento

colateral

por

sentencia en la acción civil de confiscación. Ante una

situación análoga, pero con la particularidad de que se

trataba de un menor, en Díaz Morales v. Dpto. de Justicia,

174 DPR 956 (2008) (Per Curiam), este Tribunal resolvió

que una vez se cumple cabalmente con las condiciones del

CC-2015-941

programa

16

de

desvío

y

se

obtiene

el

archivo

del

caso

criminal, la confiscación no puede subsistir. Íd., págs.

965-966.

Recientemente, en Coop. Seg. Múlt. v. ELA, supra, este

Tribunal continuó con la tendencia jurisprudencial de no

separar totalmente el proceso civil de confiscación del

procedimiento

criminal,

y

absolutamente

la

jurídica

ficción

de

no

aplicar

del

mecánica

proceso

in

y

rem.

Dictaminó que, a pesar de la diferencia en el quantum de

prueba que se requiere en el caso criminal en comparación

con la acción in rem, si no prospera la causa criminal

presentada en contra de la persona imputada es difícil

continuar la confiscación en el área civil. Íd., pág. 674.

Finalmente, determinó que la acción civil confiscatoria se

extingue cuando el imputado de delito muere antes de que

la convicción advenga final y firme. Asimismo, razonó que

permitir “la confiscación de un bien sin que nadie sea

convicto

de

delito,

extend[ería]

irrazonablemente

la

ficción jurídica en la que se funda la acción, al extremo

de que una ‘cosa’, por sí misma, sería culpable de la

comisión de un acto delictivo”. Íd., pág. 681.

Del andamiaje jurisprudencial expuesto, se desprende

que

aunque

este

Tribunal

ha

reconocido

y

validado

la

independencia de la acción in rem con respecto a la acción

in personam, ha sostenido el firme criterio de atar el

pleito

civil

de

confiscación

al

resultado

de

la

causa

criminal instada en contra del alegado autor del delito

CC-2015-941

17

que originó la confiscación. De ese modo, se ha reafirmado

que ese vínculo resulta necesario aun cuando la absolución

criminal no sea en los méritos. Así, se ha dejado claro

que

“no

se

trata

únicamente

de

la

aplicación

de

la

doctrina de impedimento colateral por sentencia, sino de

excepciones a la independencia del proceso in rem fundadas

en

la

extinción

presuntamente

de

la

acción

responsable

del

penal

contra

delito”.

la

Íd.,

persona

pág.

676

que

mientras

se

jurisprudencial

esbozado,

la

(énfasis suplido).

B.

De

otro

desarrollaba

lado,

el

cabe

marco

señalar

entonces Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley

Núm. 32-2000 (Ley Núm. 32). Mediante ésta, se enmendó el

Art. 2 de la Ley Núm. 93 para, entre otras cosas, añadir

un

inciso

(c),

en

el

cual

se

excluyó

expresamente

la

aplicación de la doctrina de impedimento colateral por

sentencia en casos de confiscación. Específicamente, la

enmienda

dispuso

que

el

resultado

favorable

para

un

imputado en cualquiera de las etapas de la acción criminal

no sería impedimento ni tendría efecto de cosa juzgada en

la acción civil de confiscación, aunque ésta se basara en

los hechos imputados en la acción penal. Véase Ley Núm.

32-2000 (2000 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 373, 376).

No obstante, a tres años de la aprobación de la Ley

Núm. 32, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico promulgó

la

Ley

Núm.

18-2003

(Ley

Núm.

18),

la

cual

derogó

el

CC-2015-941

18

inciso (c) que se había añadido con la promulgación de la

Ley Núm. 32. Destacamos que la Ley Núm. 18 expresamente

reconoció que la exclusión de la aplicación de la doctrina

de

impedimento

colateral

por

sentencia

mediante

la

Ley

Núm. 32 se llevó a cabo sin considerar lo resuelto por

este Tribunal en Carlo v. Srio de Justicia, supra, y en

Del Toro Lugo v. ELA, supra. Véase Ley Núm. 18-2003 (2003

(Parte 1) Leyes de Puerto Rico 64). De igual forma, en la

Ley Núm. 18 se expuso que la enmienda introducida por la

Ley Núm. 32:

[V]ulnera[ba] el derecho del acusado a no ser

juzgado dos veces por el mismo delito y el

derecho a no ser privado de su propiedad sin el

debido

proceso

de

ley

y

previa

justa

compensación. Íd., pág. 64.

Más aún, se dispuso que el objetivo de la Ley Núm. 18

era corregir la situación causada por la enmienda al Art. 2

de la Ley Núm. 93, de modo que se ajustara al ordenamiento

jurídico vigente y, sobre todo, al mandato constitucional.

Íd.,

pág.

65.

De

esa

razonó

que

la

suponía

un

menoscabo

Legislativa

doctrina

manera,

la

entonces

exclusión

de

de

Asamblea

la

mencionada

los

postulados

constitucionales fundamentales en una democracia. Íd.

IV

Expuesto

el

origen

del

marco

estatutario

actual,

procede examinar las disposiciones de la Ley Núm. 1192011, conocida como la Ley uniforme de confiscaciones de

2011

(Ley

estatuto

Núm.

119),

34

LPRA

sec.

1724

derogó

la

Ley

Núm.

93

y,

et

seq.

Este

principalmente,

CC-2015-941

19

establece las normas que regirán el procedimiento a seguir

en toda confiscación.1 Particularmente, la Ley Núm. 119

instituye

un

trámite

expedito

y

uniforme

para

la

confiscación y disposición de bienes por parte del Estado.

En lo atinente al presente

caso, la Ley Núm. 119

reafirma como política pública la naturaleza in rem de las

confiscaciones. Sostiene que la confiscación es un proceso

civil dirigido en contra de la cosa misma e independiente

de cualquier otro proceso que se pueda llevar contra el

dueño o el poseedor de los bienes ocupados. 34 LPRA sec.

1724e. Es decir, tal como lo ha reconocido este Tribunal,

la

ley

dispone

independiente

de

que

la

acción

cualquier

de

otra

confiscación

acción,

ya

sea

será

penal,

administrativa o de otra índole.

Asimismo, en lo que atañe al proceso de impugnación

de

la

confiscación,

presumirá

la

el

legalidad

independientemente

de

y

Artículo

15

corrección

cualquier

dispone

de

la

otro

que

“se

confiscación

caso

penal,

administrativo o cualquier otro procedimiento relacionado

a los mismos hechos”. 34 LPRA sec. 1724l. En consecuencia,

la ley establece que “[e]l demandante tiene el peso de la

prueba para derrotar la legalidad de la confiscación”. Íd.

Además, se precisa que una vez se presente la contestación

a

la

demanda

1Respecto

el

foro

judicial

celebrará

una

vista

de

a la propiedad sujeta a confiscación, el

Artículo 9 de la Ley Núm. 119 otorga la facultad al Estado

para ocupar y hacer suyos todos aquellos bienes utilizados

en violación a estatutos confiscatorios contenidos tanto

en nuestro Código Penal como en leyes especiales que

autoricen la confiscación. 34 LPRA sec. 1724f.

CC-2015-941

20

legitimación activa. Ello, a los fines de determinar si

antes

de

los

hechos

que

motivaron

la

confiscación

el

demandante ejercía dominio y control con relación a la

propiedad en cuestión. Íd. De no cumplirse el requisito de

legitimación

activa,

el

tribunal

desestimará

inmediatamente el pleito. Íd.

Ahora bien, resulta oportuno enfatizar que, cónsono

con

lo

reseñado

con

relación

a

los

estatutos

confiscatorios, en la Ley Núm. 119 también se insiste en

que

la

acción

de

confiscación

constituye

un

elemento

disuasivo a la actividad criminal. Ello, debido “al temor

que infunde la pérdida de la propiedad”. Véase Ley Núm.

119-2011

(2011

(Parte

II)

Leyes

de

Puerto

Rico

1761)

(énfasis suplido). No obstante, a diferencia de la Ley

Núm.

32,

expresa

la

en

Ley

Núm.

cuanto

a

impedimento

colateral

119

la

no

incluye

aplicación

por

una

prohibición

la

doctrina

de

en

pleitos

de

de

sentencia

impugnación de confiscación. Por el contrario, se mantiene

el

análisis

jurisprudencial

desarrollado

en

cuanto

al

carácter independiente del proceso civil de confiscación y

la

acción

penal.

consideración

Lo

las

anterior,

claro

excepciones

está,

tomando

aplicables

a

en

la

independencia de estas acciones, por razón de la relación

tan estrecha entre el pleito civil de confiscación y el

procedimiento penal.

CC-2015-941

21

V

Como

mencionamos,

en

este

caso

el

señor

Santini

Casiano presentó una acción judicial en contra del Estado,

mediante la cual impugnó la confiscación de un vehículo de

motor registrado a su nombre. Particularmente, sostuvo que

la confiscación debía dejarse sin efecto a la luz de la

determinación de no causa probable para acusarle por el

delito que originó la confiscación. Arguyó que el resultado

favorable

en

la

acción

penal

constituía

un

impedimento

colateral por sentencia para continuar el pleito civil de

confiscación.

Por

su

parte,

el

Estado

alegó

que

la

confiscación civil es independiente al procedimiento penal,

por lo cual el peticionario tenía el peso de la prueba para

rebatir

la

presunción

de

legalidad

y

corrección

de

la

confiscación con prueba distinta al resultado favorable en

la acción penal.

Evaluados

los

planteamientos

de

ambas

partes,

el

Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda

de impugnación de confiscación incoada por el señor Santini

Casiano.

Inconforme,

Apelaciones,

el

el

cual

Estado

revocó

la

recurrió

al

Tribunal

determinación

del

de

foro

primario. Esencialmente, concluyó que la absolución o no

implicación en los cargos imputados en la acción penal, no

es suficiente por sí solo para aplicar automáticamente el

impedimento

invalidar

colateral

la

por

confiscación.

sentencia

En

y,

por

disconformidad

tanto,

con

tal

CC-2015-941

22

determinación, el señor Santini Casiano acude ante este

Tribunal.

Como

adelantamos,

según

se

desprende

del

marco

jurisprudencial y estatutario expuesto, se ha establecido

reiteradamente que si bien el proceso de confiscación es de

naturaleza civil en su forma, tiene un marcado propósito

punitivo. Ello, toda vez que, conforme ha reconocido la

Asamblea Legislativa, la confiscación opera como mecanismo

para disuadir y penalizar al imputado de delito con la

pérdida de su propiedad. Por tanto, no procede desvincular

tajantemente

la

acción

procedimiento

penal.

civil

de

Adviértase

confiscación

que

el

del

proceso

de

confiscación civil requiere que se establezca una conexión

entre la propiedad y la comisión del delito.

En vista de ello, resulta improcedente utilizar la

ficción

jurídica

en

que

se

funda

la

acción

civil

para

llegar al absurdo de reconocerle una facultad al Estado

para

ejercer

su

poder

punitivo

sobre

un

individuo

y

despojarlo de su propiedad por la comisión de un delito,

aunque éste no se haya cometido. Ello es así, pues en esas

circunstancias se estaría confiscando propiedad privada sin

que se haya utilizado en actividad criminal. Lo anterior,

sin

duda,

vulneraría

el

derecho

constitucional

del

individuo a que no se le prive de su propiedad privada sin

justa compensación y menoscabaría la garantía fundamental

al disfrute de su propiedad. Al amparo de las protecciones

constitucionales

aplicables

y

la

normativa

jurídica

CC-2015-941

23

esbozada, resolvemos que el resultado favorable obtenido en

la acción penal incoada en contra del señor Santini Casiano

constituyó

un

impedimento

colateral

por

sentencia

que

impide continuar con el pleito civil de confiscación.

VI

Por

los

fundamentos

expuestos,

revocamos

la

determinación del Tribunal de Apelaciones y se restablece

el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia.

La Jueza Asociada señora Pabón Charneco hace constar

la siguiente expresión:

“La Jueza Asociada señora Pabón Charneco está

conforme con la Sentencia que antecede por los

fundamentos expresados en la Parte III y reitera

aquellos expresados en su Opinión de Conformidad

emitida en Mapfre Preferred Risk Ins. Co., et al.

v. ELA et al., 2017 TSPR 80, 198 DPR __ (2017).”

El Juez Asociado señor Estrella Martínez hace constar

la siguiente expresión:

“Estoy conforme con el dictamen contenido en

la Sentencia por los fundamentos expuestos en mi

Voto particular disidente emitido en Bco. Bilbao

Vizcaya et al. v. ELA et al., 194 DPR 116, 149175 (2015).”

El Juez Asociado señor Rivera García disiente con

opinión escrita, a la cual se unen el Juez Asociado señor

Martínez Torres y el Juez Asociado señor Feliberti

Cintrón. El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo no

intervino.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Luis B. Santini Casiano

Peticionario

v.

CC-2015-0941

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, Superintendente de la

Policía de Puerto Rico,

Secretario

Recurridos

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor Rivera García, a la

cual se unieron los Jueces Asociados señores Martínez Torres y Feliberti

Cintrón.

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de diciembre de 2017.

Una

mayoría

de

este

Tribunal,

de

nuevo,

resuelve

incorrectamente que procede vincular y atar el proceso de

criminal

contra

una

persona

al

proceso

civil

de

impugnación de una confiscación. A la luz del texto claro

de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley Núm.

119-2011, según enmendada (34 LPRA secs. 1724–1724w), y un

estudio exhaustivo de los motivos expuestos en el trámite

de la creación y la adopción de la ley, lo acertado era

desvincular

ambos

procesos.

Indudablemente

el

carácter

independiente, aclarado como aquel en el cual el proceso

civil de confiscación no se ve afectado de modo alguno por

el proceso criminal contra una persona, dispuesto tanto

CC-2015-0941

2

en el texto de la ley como en la intención expresada por la

Asamblea

Legislativa,

se

distancia

de

la

normativa

establecida en las leyes derogadas y los pronunciamientos

que hicimos antes de la aprobación de la Ley Uniforme de

Confiscaciones de 2011. Hoy, al resolver como lo hace una

mayoría de los miembros de esta Curia, se crea una relación

de dependencia entre ambos procesos en la cual se condiciona

la validez de la confiscación a la subsistencia y existencia

del proceso criminal en contravención a la ley vigente. Como

mencioné, luego de la promulgación de la Ley Uniforme de

Confiscaciones de 2011, esa determinación no tiene cabida en

nuestro ordenamiento jurídico. Como consecuencia, por los

fundamentos

que

expongo

a

continuación,

me

es

forzoso

reiterar los pronunciamientos que he emitido al atender esta

controversia y disentir del proceder mayoritario.2

En vista de que la sentencia que emite este Tribunal

expone los hechos pertinentes a la controversia, me limitaré

a esbozar el derecho aplicable y las razones que sustentan

mi disenso; no así todo el trámite judicial ocurrido hasta

que el caso llegó ante nuestra consideración. Veamos.

I

La confiscación es el acto mediante el cual el Estado,

representado por el Poder Ejecutivo, priva a una persona de

su propiedad sin compensación económica, basado únicamente

en que esa propiedad fue utilizada en la comisión de ciertos

delitos predeterminados por la Asamblea Legislativa o porque

Véanse, e.g.: Banco Bilbao Vizcaya, et al. v. ELA, 195 DPR 39, 56

(2016) (Opinión disidente); Mapfre Praico Insurance Company, et al. v.

ELA, 195 DPR 86, 90 (2016); Mapfre Preferred Risk Insurance Company, et

al. v. ELA, 2017 TSPR 80, 198 DPR ___ (2017) (Opinión disidente).

2

CC-2015-0941

3

tal bien es producto o resultado de una conducta prohibida

por ley.3 En ese esquema le corresponde exclusivamente al

Poder

Legislativo

condiciones

y

determinar

procedimientos

bajo

qué

particulares

circunstancias,

el

Estado

está

facultado para confiscar una propiedad involucrada en una

actividad

delictiva,

constitucionales

instituir

la

confiscación

que

facultad

de

conforme

aplican.4

de

los

Al

así

confiscar

del

carácter

criminal,

parámetros

hacerlo,

Estado

puede

como

conocida

una

como

“confiscación in personam”; o como confiscación civil, mejor

conocida como “confiscación in rem”.5

La confiscación in personam constituye una penalidad

adicional contra una persona que ha sido convicta de delito.

Bajo esta modalidad la confiscación es parte integral del

proceso criminal y está subordinada ineludiblemente a que la

persona

sea

declarada

decir,

la

eventual

culpable

del

delito

convicción

de

una

imputado.6

persona

es

Es

el

fundamento que da base a la confiscación de la propiedad.7

Por otro lado, en la confiscación in rem se establece

un proceso civil dirigido contra la cosa misma y no contra

el dueño de la propiedad, poseedor, encargado o cualquier

Bco. Bilbao Vizcaya v. ELA, supra, pág. 58; Ford Motor v. ELA,

174 DPR 735, 741 (2008); Suárez v. ELA, 162 DPR 43 (2004); Del Toro Lugo

v. ELA, 136 DPR 973, 980-981 (1994).

3

En el caso de Puerto Rico, el poder de confiscación del Estado

está supeditado a las exigencias constitucionales incluidas en el Art.

II, Sec. 7 de la Constitución de Puerto Rico, Art. II, Sec. 7, Const.

PR, LPRA, Tomo I y la Enmienda Quinta y Catorceava de la Constitución de

Estados Unidos, USCA Enmd. V y XIV, las cuales garantizan que ninguna

persona será privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de

ley.

4

5 Mapfre PRAICO, et al. v. ELA, 188 DPR 517, 525 (2013); Coop. Seg.

Múlt. v. ELA, 180 DPR 655, 664 (2011).

6

Bco. Bilbao Vizcaya v. ELA, supra, pág. 59.

7

Íd.

CC-2015-0941

4

otra persona con algún interés legal sobre ésta.8 En otras

palabras, su enfoque no es si la persona incurrió en un

delito, sino si la propiedad se utilizó en una actividad

ilegal. Ante esa premisa, como regla general, quién utilizó

la

propiedad

confiscación

acción

es

impertinente.

Así,

contrario

in personam, la confiscación

completamente

separada

e

in rem

a

la

es una

independiente

del

procedimiento criminal que se dilucide contra el presunto

autor o autores del delito.9 En ese sentido, su efecto es

que la confiscación in rem podría prevalecer aun cuando el

Estado no haya obtenido un resultado favorable en el proceso

penal.

II

Como es sabido, la doctrina de impedimento colateral

por

sentencia

opera

cuando

un

hecho

esencial

para

el

pronunciamiento de una sentencia se dilucida y determina

mediante sentencia válida y final, y la determinación de ese

hecho es concluyente en un segundo pleito entre las mismas

partes.10 En otros términos, la aplicación de esta doctrina

depende de que un hecho fundamental en el proceso actual

haya sido expresamente dilucidado como elemento clave en un

proceso anterior mediante una sentencia legítima y final

entre

idénticas

partes.11

Ello,

según

hemos

reconocido,

López v. Secretaria, 162 DPR 345, 352 (2004); Negrón v. Srio. de

Justicia, 154 DPR 79, 87 (2001).

8

9

Bco. Bilbao Vizcaya v. ELA, supra, pág. 60.

10 Coop. Seg. Múlt. v. ELA, supra, págs. 672-673; Suárez v. ELA,

supra, pág. 59.

11 Por hecho necesario o elemento clave nos referimos a que ese

hecho que se pretende identificar en el segundo proceso como uno

previamente adjudicado, haya sido necesario y fundamental en el

CC-2015-0941

5

evita que tengan la necesidad de litigar nuevamente un hecho

ya adjudicado entre ellas en un dictamen anterior.12

Desde Carlo v. Srio. de Justicia, 107 DPR 356 (1978),

este Tribunal determinó que “[l]a doctrina de impedimento

colateral por sentencia exige la desestimación del segundo

proceso, aun cuando tenga por objeto un delito distinto, si

al resolverse el caso anterior se adjudicaron y determinaron

hechos necesariamente decisivos para el segundo”.13 Cónsono

con

lo

anterior,

en

esa

ocasión

el

Tribunal

expresó

lo

siguiente:

La

decisión

que

hoy

tomamos

está

estrictamente ceñida a la situación de derecho que

se

produce

al

concurrir

circunstancias

determinantes, a saber: que el acusado es dueño

del vehículo confiscado; que su absolución en los

méritos inevitablemente comprende la adjudicación

de la cuestión central de que no utilizó el

vehículo para transportar material prohibido.14

(Énfasis suplido).

Aunque en ese caso se delimitó la aplicación de la

doctrina

de

impedimento

colateral

por

sentencia,

posteriormente esta Curia comenzó a aplicar la doctrina a

escenarios

distintos.

Esto

tuvo

el

efecto

condicionar

la

confiscación

civil

a

la

directo

existencia

y

de

el

resultado del proceso penal contra alguna persona. Ello, sin

que se realizara adjudicación alguna sobre el hecho central

de

que

se

utilizó

o

no

la

propiedad

confiscada

en

la

razonamiento de la sentencia emitida por el Tribunal en el primer

proceso. Sólo así, se podría establecer en estricto rigor jurídico, que

ese hecho, en efecto, fue debidamente adjudicado mediante sentencia

final y firme. Véanse Beníquez v. Vargas, 184 DPR 210, 225-226 (2012);

Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 276-277 (2012).

12 E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y

Estados Unidos, Vol. II, San Juan, Ed. Forum, 1992, págs. 376-385.

13

Carlo v. Srio. de Justicia, 107 DPR 356, 363, (1978).

14

Íd.

CC-2015-0941

6

comisión de un delito.15 En la jurisprudencia sucesiva a

Carlo v. Srio. de Justicia, supra, este Foro le impregnó un

carácter criminal a la confiscación civil al no avalarla sin

que alguien hubiese sido convicto de delito. De hecho, a

pesar de que se aludió a las distinciones típicas entre la

confiscación civil y la confiscación criminal, esa discusión

se limitó a una referencia automática, casi dogmática, como

parte de un repaso doctrinal del proceso de confiscación y

la cual nunca tuvo un impacto real en la adjudicación de las

controversias que hasta la aprobación de la Ley Uniforme de

Confiscaciones

de

ausentes

características

las

2011

habíamos

atendido.16

necesarias

Así,

para

incluso

aplicar

la

doctrina de impedimento colateral por sentencia y la clara

distinción

habida

entre

la

confiscación

in

rem

y

la

confiscación in personam, las decisiones de este Tribunal se

encaminaron a vincular y hacer depender la validez de la

confiscación

al

resultado

del

proceso

criminal

que

se

pudiera llevar a cabo por los mismos hechos contra alguna

persona.

Lo

anterior

hasta

el

punto

de

crear

cierta

confusión entre ambos tipos de confiscación.

Ahora

bien,

esa

jurisprudencia

surgió

durante

la

vigencia de la Ley Uniforme de Confiscaciones de Vehículos,

15 Véanse e.g.: Coop. Seg. Mult. v. ELA, supra (se invalidó la

confiscación pues había muerto la persona que presuntamente utilizó el

vehículo en un acto delictivo); Díaz Morales v. Dpto. de Justicia, 174

DPR 956 (2008) (se declaró ha lugar la demanda de impugnación de la

confiscación luego de que un menor cumpliera con un contrato de desvío y

obtuviera un archivo definitivo de la causa penal); Suarez v. ELA, supra

(se determinó que aplicaba la doctrina de impedimento colateral por

sentencia cuando los cargos criminales en un proceso penal se

desestimaron por incumplimiento con los términos de juicio rápido); Del

Toro Lugo v. ELA, supra (se invalidó la confiscación porque la

determinación de no causa probable para acusar a una persona advino

final y firme).

Véanse Coop. Seg. Mult. v. ELA, supra, págs. 664-665; Del Toro

Lugo v. ELA, supra, págs. 981-983.

16

CC-2015-0941

7

Bestias y Embarcaciones, Ley Núm. 39 de 4 de julio de 1960

(34

LPRA

secs.

1721

et

seq.),

y

Ley

Uniforme

de

Confiscaciones de Vehículos, Bestias y Embarcaciones (Ley

Uniforme de Confiscaciones de 1988), Ley Núm. 93 de 13 de

julio de 1988 (34 LPRA secs. 1723 et seq.), ambas derogadas.

Fue

bajo

esas

leyes

y

conforme

la

expresa

intención

legislativa de entonces de acoger nuestros pronunciamientos

mediante

las

enmiendas

que

se

incorporaron

en

aquel

momento que este Tribunal reconoció varias excepciones que

automáticamente anulaban el proceso civil de confiscación.

Particularmente, en el 2000 se aprobó la Ley Núm. 322000, que enmendó la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988,

para disponer que el resultado de la acción penal no sería

impedimento, ni tendría efecto de cosa juzgada sobre la

acción civil de confiscación.17 Tres años más tarde, esta

enmienda fue derogada mediante la Ley Núm. 18-2003. Según la

intención

y

el

razonamiento

de

la

Asamblea

Legislativa

consignada en la parte expositiva de la Ley Núm. 18-2003,

era necesario ajustar

el derecho positivo conforme a lo

resuelto por este Tribunal en Carlo v. Srio. de Justicia,

supra, y Del Toro Lugo v. ELA, supra.18 Como consecuencia,

17 Véase Art. 2(c) de la Ley Núm. 32-2000 (2000 (Parte 1) Leyes de

Puerto Rico 376). El mencionado artículo establecía lo siguiente:

“[…] Naturaleza de la acción. – El resultado favorable al

acusado o imputado en cualquier de las etapas de la acción

criminal no será impedimento para, ni tendrá efecto de cosa

juzgada sobre, la acción civil de confiscación, aunque ésta

se base en los hechos imputados en la acción penal”. Íd.

Véanse, además: Informe del P. de la C. 2621 de la Comisión de lo

Jurídico de la Cámara de Representantes de 5 de noviembre de 1999, 13era

Asamblea Legislativa, 6ta Sesión Ordinaria, y la Ponencia del

Departamento de Justicia de 28 de septiembre de 1999 sobre el P. de la

C. 2621.

Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 18-2003 (2003 (Parte

1) Leyes de Puerto Rico 64).

18

CC-2015-0941

8

conforme lo que era la intención legislativa, previo a la

aprobación

de

la

nueva

“decidido

desarrollo

ley

de

de

confiscaciones,

nuestra

hubo

jurisprudencia

un

hacia

condicionar el proceso civil de confiscación al resultado de

la causa criminal contra el alegado autor del delito”.19

En la actualidad la situación es distinta. No podemos

pasar por alto que ese proceder fue criticado expresamente

por la Asamblea Legislativa al aprobar la Ley Uniforme de

Confiscaciones de 2011. Además, el texto claro del estatuto,

el

historial

propia

legislativo

legislación

y

los

motivos

expuestos

en

la

reflejan

un

cambio

de

de

la

visión

Legislatura en cuanto al vínculo que los tribunales debemos

reconocer entre los distintos procesos y su intención de

darle verdadero contenido a la “independencia” del proceso

de confiscación respecto a otros procesos. Nos explicamos.

Entre

las

nuevas

disposiciones

incluidas

en

la

Ley

Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, y pertinentes a

este caso, la Asamblea Legislativa expresamente dispuso el

carácter independiente del procedimiento de confiscación con

relación a cualquier otro proceso. Al respecto, el Art. 2

estableció como política pública “la naturaleza in rem de

las confiscaciones, independiente de cualquier otra acción

Coop. Seg. Mult. v. ELA, supra, pág. 676. Fue bajo la premisa de

la entonces intención legislativa de condicionar ambos procesos, el

civil y el criminal, que este Tribunal utilizó la doctrina de cosa

juzgada, en su modalidad de impedimento colateral por sentencia, para

anular toda confiscación que estuviera acompañada de un dictamen

favorable al imputado en el proceso penal. De ese modo, se avaló la

disposición sumaria de las demandas de impugnación de confiscación sin

una

adjudicación

en

sus

méritos,

simplemente

basados

en

los

acontecimientos suscitados en la esfera penal. De esta forma, este Foro

le brindó a la confiscación civil un tratamiento paralelo y fundamentado

en las características esenciales de una confiscación criminal. Dicho

tratamiento, a su vez, tuvo el efecto de igualar ambas modalidades de

confiscación, a pesar de que la confiscación civil o su respectiva

impugnación no se llevaba a cabo como parte del proceso criminal contra

una persona. Bco. Bilbao Vizcaya v. ELA, supra, pág. 61.

19

CC-2015-0941

de

9

naturaleza

penal,

administrativa

o

de

cualquier

otra

naturaleza”.20 Cónsono con esta política pública, el Poder

Legislativo reiteró que “[e]l proceso de confiscación será

uno civil dirigido contra los bienes e independiente de

cualquier

otro

proceso

de

naturaleza

penal,

civil

o

administrativa que se pueda llevar contra el dueño o el

poseedor de los bienes ocupados bajo las disposiciones de

cualquier ley que autorice la confiscación de bienes por

parte del Estado”.21

Asimismo, el Art. 15 de la ley dispuso que “se presumirá

la

legalidad

y

independientemente

corrección

de

de

cualquier

la

otro

confiscación

caso

penal,

administrativo o cualquier otro procedimiento relacionado a

los mismos hechos”.22 En ese contexto, instituyó que “[e]l

demandante

tiene

el

peso

de

la

prueba

para

derrotar

la

legalidad de la confiscación”.23 Podemos colegir, entonces,

que

conforme

la

nueva

normativa

establecida

en

la

Ley

Uniforme de Confiscaciones de 2011, el demandante y no el

Estado deberá demostrar en la acción de impugnación de la

confiscación que existe prueba suficiente y preponderante de

que no se utilizó la propiedad confiscada en la comisión de

algún acto ilegal o que no es producto de éste.24

Art. 2 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra. (34

LPRA sec. 1724).

20

Art. 8 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra. (34

LPRA sec. 1724e).

21

22 Art. 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra. (34

LPRA sec. 1724l).

23

(Énfasis suplido). Íd.

En todos los casos de confiscación resueltos por esta Curia se

ha reiterado que los únicos elementos pertinentes a la determinación de

si procede una confiscación civil son los siguientes: (1) si existe

prueba suficiente y preponderante de que se ha cometido un delito y (2)

24

CC-2015-0941

10

Incluso, en referencia a la derogada Ley Uniforme de

Confiscaciones de 1988 y las respectivas interpretaciones

formuladas por esta Curia, la Asamblea Legislativa expresó

diáfanamente

que

“[d]icha

múltiples

enmiendas

ha[bían]

causado

e

Ley

ha[bía]

interpretaciones

confusión

en

la

sido

objeto

de

judiciales

que

implantación

del

estatuto”.25 De esta manera se aprobó con una crítica expresa

a la interpretación que habíamos hecho en casos previos a la

ley. Así que para efectos de dispersar cualquier duda sobre

su intención de instituir un proceso de confiscación in rem

y

verdaderamente

independiente,

incluyeron

en

la

parte

expositiva de la medida la siguiente aclaración que, por su

importancia, citamos in extenso:

En nuestra jurisdicción, la confiscación es

una acción civil o in rem, distinta y separada de

cualquier acción in personam. La confiscación que

lleva a cabo el Estado se basa en la ficción legal

de que la cosa es la ofensora primaria. El

procedimiento

in

rem

tiene

existencia

independiente

del

procedimiento

penal

de

naturaleza in personam, y no queda afectado en

modo alguno por éste. Los procedimientos de

confiscación civil pueden llevarse a cabo y

culminarse antes de que acuse, se declare culpable

o se absuelva al acusado. Incluso, pueden llevarse

aun cuando no se haya presentado ningún cargo.

Esto debido a que la acción civil se dirige contra

la cosa en sí misma, en general, la culpabilidad o

inocencia del propietario es irrelevante en cuanto

a la procedencia o no de la confiscación civil.

Goldmith-Grant Co. v. United States, 254 U.S. 505

(1921). Calero-Toledo v. Pearson Yatch Leasing

Co., 416 U.S. 663 (1974). United States v. One

Assortment of 89 Firearms, 465 U.S. 354 (1984).26

(Énfasis suplido).

si existe un nexo entre la comisión del delito y la propiedad

confiscada. Véanse Suárez v. ELA, supra, pág. 52; Del Toro Lugo v. ELA,

supra, pág. 983; Pueblo v. González Cortés, 95 DPR 164, 171 (1967).

(Énfasis suplido). Exposición de Motivos de la Ley Uniforme de

Confiscaciones de 2011, supra, pág. 1761.

25

Exposición de Motivos de la Ley Uniforme de Confiscaciones de

2011, supra, págs. 1762–1763.

26

CC-2015-0941

11

La intención consagrada en la parte expositiva de la

ley es clara y no da margen a dudas. Nótese, además, que la

referida exposición de motivos consigna la jurisprudencia

sobre

la

que

fundamenta

su

intención

de

instituir

una

confiscación estrictamente in rem. En ninguna parte menciona

alguna de las decisiones que este Tribunal emitió durante la

vigencia de las legislaciones derogadas. Por el contrario,

es

evidente

que

la

Asamblea

Legislativa

resaltó

su

inconformidad con la interpretación que habíamos realizado

de las leyes atinentes a las confiscaciones y aclaró el

sentir y el significado de sus nuevas disposiciones. De esta

manera, la política pública establecida en la Ley Uniforme

de Confiscaciones de 2011 se distanció de las respectivas

interpretaciones

judiciales

formuladas

en

el

pasado,

particularmente en lo que respecta a condicionar la acción

civil de confiscación al resultado de algún proceso penal.

Cabe

resaltar

que

en

la

ponencia

presentada

por

el

Departamento de Justicia sobre el Proyecto del Senado 897,

eventual Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, éste expresó

“preocupación por definir la naturaleza in rem o civil de la

confiscación”.27 Indicó que “[a] efectos de evitar la más

mínima

confusión

sobre

los

aspectos

indicados,

[era]

imprescindible introducir un lenguaje claro y preciso que

establezca y mantenga distanciados los procesos criminales

in personam y la confiscación a través de todo el texto de

la ley”.28 Precisamente, según hemos reiterado, eso fue lo

Ponencia del Departamento de Justicia sobre el P. del S. 897 de

23 de julio de 2009, pág. 3.

27

28

(Énfasis y subrayado suplido). Íd.

CC-2015-0941

12

que hizo la Asamblea Legislativa en los Arts. 2, 8 y 15 de

la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011.29 Ante ello, no

hay

duda

que

en

la

legislación

actual

se

estableció

un

proceso civil in rem verdaderamente independiente al proceso

penal

in

personam,

abandonando

así

la

pasada

intención

legislativa de vincular ambos procesos.

III

Resulta pertinente analizar si, en efecto, el proceso

de confiscación confeccionado por el Poder Legislativo tiene

un fin punitivo o criminal como se mencionaba en el pasado.

De concluir que estamos ante un proceso de confiscación de

carácter punitivo dirigido a castigar al presunto autor del

Consistentemente, ésta ha sido la posición del Poder Ejecutivo

sobre este particular. A modo ilustrativo, hallamos que en una medida

legislativa anterior dirigida a establecer la Ley Uniforme de

Confiscaciones de 2006, se incluyeron disposiciones idénticas a las

incluidas en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 en cuanto a la

independencia del proceso de confiscación de cualquier otro proceso

penal. Véase, e.g., Art. 8 del P. de la C. 2696, 15ta Asamblea

Legislativa, 3ra Sesión Ordinaria. A raíz de esta propuesta, el entonces

Secretario de Justicia comentó lo siguiente:

29

“Los términos de esta medida reconocen las diferencias

existentes entre el proceso de confiscación in rem y

cualquier acción criminal, o de otra índole, que pueda

proceder de los mismos hechos. Se persigue que, por ejemplo,

el Estado pueda proseguir legítimamente con una acción de

confiscación contra una propiedad cuando existe prueba

suficiente de que la misma ha sido utilizada en actividad

delictiva, a[u]n cuando el Estado no pueda instar una acción

criminal porque no se ha identificado con la certeza

suficiente al autor del delito. Nótese que el Estado debe

establecer la ocurrencia de una actividad delictiva y su

relación con la propiedad confiscada.

La propuesta legislativa permite atender el absurdo

jurídico que impide que el Estado pueda confiscar, por

ejemplo, un automóvil con cristales ahumados cuando existe

evidencia en su interior, tales como casquillos de bala, que

lo vinculan directamente a la comisión de un delito. Nótese

que, en este tipo de caso, el Estado conoce la ocurrencia de

una actividad delictiva y del uso del vehículo en su

consecución.

No

obstante,

no

necesariamente

se

ha

identificado al autor del delito, toda vez que los cristales

ahumados impiden su identificación”.

Ponencia del Departamento de Justicia de 24 de enero de 2006 sobre el P.

de la C. 2696 ante la Comisión de lo Jurídico y Seguridad Pública de la

Cámara de Representantes, pág. 4.

CC-2015-0941

13

delito, el marco de acción de la Asamblea Legislativa para

regular su aplicación y procedencia podría verse limitado

por

aspectos

constitucionales

aplicables

bajo

ciertas

y

limitadas circunstancias.

Sobre este particular, en United States v. Ward, 448 US

242 (1980), la Corte Suprema de los Estados Unidos elaboró

un

estándar

de

dos

partes

dirigido,

precisamente,

a

contestar si un estatuto confiscatorio constituye en sí una

medida punitiva de índole criminal o no. Al respecto, la

Corte Suprema Federal expresó lo siguiente:

Esta Corte a menudo ha reiterado que la

interrogante sobre si una sanción es de índole

civil o criminal es un asunto de interpretación

estatutaria.

Nuestra

investigación

en

este

respecto se ha realizado tradicionalmente en dos

esferas. Primero, nos hemos dado a la tarea de

determinar si el Congreso al establecer la sanción

particular indicó expresa o implícitamente su

preferencia por una etiqueta o la otra. Segundo,

si el Congreso ha indicado la intención de

establecer una sanción civil, hemos investigado

más a fondo si el esquema estatutario era tan

punitivo ya sea en su propósito o en su efecto

como negar dicha intención. Respecto a esta última

interrogante, hemos establecido que solo “la más

clara

evidencia”

podría

ser

suficiente

para

establecer la inconstitucionalidad de una ley

basado en dicho argumento.30

United States v. Ward, 448 US 242, 248-249 (1980). En los

propios

términos

de

la

Corte

Suprema

Federal,

esta

expresó

específicamente lo siguiente:

30

“This Court has often stated that the question whether

a particular statutorily defined penalty is civil or

criminal is a matter of statutory construction. Our inquiry

in this regard has traditionally proceeded on two levels.

First, we have set out to determine whether Congress, in

establishing the penalizing mechanism, indicated either

expressly or impliedly a preference for one label or the

other. Second, where Congress has indicated an intention to

establish a civil penalty, we have inquired further whether

the statutory scheme was so punitive either in purpose or

effect as to negate that intention. In regard to this latter

inquiry, we have noted that “only the clearest proof could

suffice to establish the unconstitutionality of a statute on

such a ground.” (Citas omitidas) Íd.

CC-2015-0941

14

En otros términos, la conclusión sobre si determinada

sanción es verdaderamente de índole civil o penal debe estar

precedida, en primer orden, en el análisis sobre si el Poder

Legislativo

consignó

implícitamente,

criminal.

Es

de

su

intención,

caracterizar

decir,

este

primer

ésta

ya

sea

como

punto

del

expresa

una

o

civil

o

análisis

va

dirigido específicamente a identificar la etiqueta “civil” o

“criminal” que le dio o pretendió dar el Poder Legislativo a

la sanción concerniente.31 Si surge la intención del Poder

Legislativo de caracterizar determinado procedimiento como

civil, procede entonces abordar el segundo punto del examen

dirigido a auscultar si ésta es tan punitiva en su propósito

o efecto que transforma en una sanción criminal lo que se

pretendió imponer como una sanción civil.32 En esta segunda

parte del análisis, es necesario que la parte que formule

tal alegación presente “la más clara evidencia” de que lo

que el Poder Legislativo denominó como civil en realidad

constituye una sanción de índole criminal.33 De no existir

tal

evidencia,

confirme

el

lo

único

carácter

que

civil

procede

es

que

brindó

le

que

el

Tribunal

o

pretendió

31 De concluir que el Poder Legislativo expresó su preferencia por

una sanción criminal, resulta académico cualquier análisis posterior.

32 Íd., pág. 249. (“We turn then to consider whether Congress,

despite its manifest intention to establish a civil, remedial mechanism,

nevertheless provided for sanctions so punitive as to ‘transfor[m] what

was clearly intended as a civil remedy into a criminal penalty.’”).

33 Íd. (Traducción nuestra) (“In regard to this latter inquiry, we

have noted that ‘only the clearest proof could suffice to establish the

unconstitutionality of a statute on such a ground.’”); íd., pág. 251

(“Nor are we persuaded by any of respondent's other arguments that he

has offered the ‘clearest proof’ that the penalty here in question is

punitive in either purpose or effect.”). Reiterado en United States v.

One Assortment of 89 Firearms, 465 US 354, 366 (1984) (“Mulcahey has

failed to establish by the ‘clearest proof’ that Congress has provided a

sanction so punitive as to ‘transfor[m] what was clearly intended as a

civil remedy into a criminal penalty.’” [corchetes en el original]).

CC-2015-0941

15

brindar, en primera instancia, el Poder Legislativo a la

sanción concerniente.

La

Corte

Suprema

de

Estados

Unidos

reafirmó

este

análisis en United States v. Ursery, 518 US 267 (1996), caso

en el cual confirmó su dictamen de United States v. One

Assortment of 89 Firearms, 465 US 354 (1984), a los efectos

de que un estatuto confiscatorio civil no viola la Quinta

Enmienda

de

la

Constitución

individuo

que

sentencia,

siempre

naturaleza.34

ha

sido

y

Para

Federal

absuelto

a

aplicarse

o

condenado

sea

cuando

éste

no

sostener

ese

carácter

a

un

mediante

punitivo

en

su

civil

de

la

confiscación, el Tribunal Supremo de Estados Unidos examinó

los

estatutos

discutido

confiscatorios

análisis

de

dos

concernientes

partes.

Respecto

mediante

a

la

el

primera

parte, la Corte sostuvo que era indudable que el Congreso

tuvo la intención de establecer un proceso meramente civil.35

Siendo así, pasó a la segunda parte del análisis y concluyó

que existía “poca evidencia, y mucho menos la prueba más

clara

requerida”

establecido

naturaleza

de

por

o

el

efecto

que

el

proceso

Congreso

era

que

convertía

lo

tan

de

confiscación

punitivo

en

en

sanción

una

su

criminal.36

Para

alcanzar

tal

conclusión,

en

United

States

v.

Ursery, supra, la Corte Suprema de Estados Unidos destacó

varios

puntos

importantes

y

pertinentes

a

nuestra

34 United States v. Ursery, 518 US 267, 292 (1996). (“We hold that

these in rem civil forfeitures are neither “punishment” nor criminal for

purposes of the Double Jeopardy Clause.”).

35

Íd., págs. 288-290.

36

Íd., pág. 290.

CC-2015-0941

16

legislación local. Primero, expresó el entendido de que las

confiscaciones civiles in rem históricamente no constituyen

un

“castigo”.37

Segundo,

confiscatorios

resaltó

concernientes

no

que

en

los

estatutos

se

requería

demostrar

intención criminal en el uso de la cosa y aclaró que aun

cuando éstos contienen una excepción de tercero inocente,

ello de por sí no compele a la conclusión de que se desea

castigar a una persona.38 Tercero, señaló que si bien puede

decirse que tales estatutos sirven un propósito disuasivo,

la

realidad

procesos

de

es

que

tal

confiscación

objetivo

es

puramente

válido

tanto

para

civiles

como

para

procesos criminales.39 Finalmente, enfatizó que el solo hecho

de

que

los

estatutos

confiscatorios

estén

atados

o

supeditados a una actividad criminal no es suficiente para

establecer mediante “la más clara evidencia” que el proceso

denominado como civil realmente es de carácter punitivo en

su naturaleza o efecto.40

Al extrapolar tal análisis y escrutinio a nivel local

con el objetivo de auscultar si el proceso de confiscación

establecido en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011

constituye una sanción meramente civil o penal, no podemos

alcanzar otra conclusión que no sea que ésta es puramente

civil y remediativa. Según indicáramos, no hay duda de que

la Asamblea Legislativa aprobó la legislación vigente con la

intención expresa de establecer un proceso administrativo in

rem de estricto carácter civil e independiente de cualquier

37

Íd., pág. 291.

38

Íd., págs. 291-292.

39

Íd., pág. 292.

40

Íd.

CC-2015-0941

otra

17

acción

de

naturaleza

penal,

administrativa

o

de

cualquier otra naturaleza.

La realidad es que un simple repaso de la legislación

evidencia la inexistencia de “la más clara evidencia” que

nos

lleve

a

concluir

que,

en

efecto,

estamos

ante

un

estatuto de carácter punitivo. Nótese que la ley vigente no

requiere demostrar que hubo intención criminal por parte de

la persona que utilizó la cosa de forma ilícita para que

proceda la confiscación. Como explicáramos, en el proceso

civil estatuido únicamente se requiere demostrar la conexión

entre la propiedad confiscada y su uso en una actividad

prohibida por ley, independientemente de quién la utilizó o

si tenía tal intención o no.

Además, aunque la legislación vigente podría permitir

que

se

presente

evidencia

de

la

inocencia

del

dueño

en

ciertas circunstancias, esto, por sí solo, no es suficiente

para atribuirle a la legislación un ánimo de castigar. La

clara intención de la Asamblea Legislativa de disuadir la

actividad criminal, según surge de la ley y de su historial,

obligan a concluir que estamos ante una ley de naturaleza

civil y remediativa. Como bien señalara la Corte Suprema de

Estados

Unidos,

tal

elemento

disuasivo

de

la

actividad

criminal no es en sí suficiente para categorizar un proceso

civil de confiscación como de naturaleza criminal.

IV

Dicho lo anterior, no podemos soslayar que cuando la

ley

es

clara

y

libre

de

ambigüedad

estamos

mandados

a

CC-2015-0941

18

cumplir

con

cuando

la

expresado

su

texto.41

intención

en

sus

Esta

norma

articulada

propias

se

hace

la

ley

de

disposiciones.

En

más

patente

reitera

ese

lo

sentido,

nuestra interpretación debe asegurar la efectividad de la

intención legislativa a viva voz evidente.

Aunque anteriormente sí reconocimos la aplicación de la

doctrina

de

impedimento

colateral

por

sentencia

en

instancias en las cuales no se encontró causa probable en la

vista

preliminar

alzada,

ese

y

el

dictamen

Ministerio

se

emitió

Público

no

acudió

enmarcado

en

las

en

leyes

derogadas y la acción legislativa que expresamente avaló

nuestros pronunciamientos.42 Es decir, al igual que otras

decisiones

entonces

relacionadas,

era

la

se

voluntad

sustentó

e

en

intención

lo

que

hasta

de

la

Asamblea

la

doctrina

Legislativa.

No

obstante,

la

aplicabilidad

de

de

impedimento colateral por sentencia en este caso debe estar

supeditada

a

lo

establecido

en

la

Ley

Uniforme

de

Confiscaciones de 2011 y a la intención que de ella se

infiere. Esto, pues, no podemos actuar como una segunda Rama

Legislativa que establezca una norma y una política pública

distinta a la establecida expresamente en la ley.

Como mencionáramos, la Asamblea Legislativa, conociendo

la interrelación que en el pasado este Tribunal estableció

entre el proceso civil de confiscación y el proceso criminal

contra una persona, específicamente consignó su voluntad de

desligar,

distanciar

y

distinguir

ambas

acciones.

41

Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 14).

42

Véase Del Toro Lugo v. ELA, supra.

Esta

CC-2015-0941

intención

19

legislativa,

según

indicamos,

surge

tanto

del

historial legislativo de la Ley Uniforme de Confiscaciones

de

2011,

de

los

informes

de

las

respectivas

comisiones

legislativas, de las ponencias presentadas, como de su texto

claro.

En

otros

términos,

de

una

evaluación

completa

y

cuidadosa del referido estatuto. Adviértase, incluso, que la

ley aclaró en su parte expositiva que el procedimiento de

confiscación in rem “no queda afectado en modo alguno” por

el

procedimiento

criminal

in

personam

o

cualquier

otro

proceso. Así la Legislatura precisó, como lo hizo a través

de varias disposiciones de la propia ley, que la validez de

la confiscación no estaría supeditada al resultado de ningún

proceso criminal.

Ante

esas

circunstancias,

utilizar

el

resultado

favorable obtenido por una persona en el proceso penal para

aplicar la doctrina de impedimento colateral por sentencia

en el proceso civil de impugnación de la confiscación va

contra la voluntad legislativa diáfanamente expresada en la

Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011. Precisamente eso fue

lo

que

quiso

evitar

el

legislador

al

disponer

sobre

la

independencia de los procedimientos y reiterar, una y otra

vez, la naturaleza estrictamente in rem de la confiscación

en nuestra jurisdicción.

Si

bien

es

cierto

que

en

la

Ley

Uniforme

de

Confiscaciones de 2011 no se incluyó una disposición sobre

la doctrina de impedimento colateral por sentencia tal y

como se hizo constar en su momento mediante la derogada Ley

Núm. 32-2000 la realidad es que aplicar esa doctrina de

CC-2015-0941

20

manera automática bajo la nueva ley de confiscaciones sería

completa

y

absolutamente

incompatible

con

varias

de

las

disposiciones que sí fueron incluidas en el estatuto. Ello

conllevaría que asumamos que la Asamblea Legislativa incluyó

en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 disposiciones

inútiles y sin valor jurídico, puesto que, a pesar de que

establece la independencia entre los procesos, la realidad

es

que

esa

partiríamos

independencia

de

la

premisa

no

existiría.

de

que

el

En

proceso

su

lugar,

civil

de

confiscación depende y está condicionado a otro proceso de

naturaleza

penal

contra

alguna

persona.

Resultaría

un

contrasentido expresar por un lado que los procesos son

independientes, pero, por el otro, interrelacionarlos de tal

manera que lo que ocurra en uno predetermine el desenlace

del otro. Esa premisa sería contraria a la norma reiterada

por nosotros de que a nuestras leyes no se les incorporan ni

se les hace enmiendas y cambios superfluos.43

La

Asamblea

Legislativa

fue

clara

y

categórica

en

cuanto al propósito de establecer como política pública una

separación e independencia, es decir, no condicionada, entre

el proceso civil de confiscación y la causa penal que podría

producirse

a

consecuencia

de

los

mismos

hechos.

Estamos

llamados a reafirmar ese ejercicio legítimo de establecer su

política pública mediante la Ley Uniforme de Confiscaciones

de 2011.44

43 Santiago Meléndez v. Superintendente de la Policía, 151 DPR 511,

517 (2000), citando a García v. Tribunal Superior, 91 DPR 153 (1964).

Los

tribunales

no

podemos

utilizar

nuestra

función

interpretativa para distanciarnos e invalidar el contenido expreso y

claro de una ley bajo el pretexto de que el legislador no incluyó

determinado lenguaje. Nuestro deber no es juzgar cómo el legislador

44

CC-2015-0941

21

Además, la realidad es que, más allá de ese ejercicio

válido de establecer la política pública, esa independencia

entre el proceso civil de confiscación y la acción penal

tiene perfecta lógica y congruencia jurídica.45 Se trata de

dos acciones judiciales que si bien surgen de un mismo

conjunto de hechos responden a fines y cuestionamientos

distintos.

En

tales

circunstancias,

es

jurídicamente

sostenible no condicionar la acción civil de confiscación a

lo que acontezca en la acción penal.

Validar la aplicación de la doctrina de impedimento

colateral por sentencia, la aplicación de cualquier otra

doctrina

de

índole

estatutaria

o

continuar

en

el

reconocimiento de presuntas excepciones a la independencia

que debe caracterizar el proceso in rem de confiscación, que

expresamente reconoció la Asamblea Legislativa y a la cual

quiso

brindarle

contenido,

constituiría

un

ejercicio

impropio de legislación judicial. Ello en la medida que

ignoraríamos

y

menoscabaríamos

las

disposiciones

que

sí

fueron incluidas en la Ley Uniforme de Confiscaciones de

2011.

V

En este caso el único fundamento que el peticionario

señaló

para

que

se

declarara

ilegal

e

incorrecta

la

debió expresar su intención legislativa, sino auscultar si determinada

interpretación y resultado es compatible con la voluntad del legislador

reflejada en el trámite, discusión y el propio texto de la ley.

45 Así ha sido reconocido, incluso, por el Tribunal Supremo de

Estados Unidos en multiplicidad de casos aún vigentes. Véanse, e.g.:

Bennis v. Michigan, 516 US 442, 452 (1996); United States v. One

Assortment of 89 Firearms, supra; Calero-Toledo v. Pearson Yatch Leasing

Co., 416 US 663 (1974); Goldmith-Grant Co. v. Unites States, 254 US 505

(1921).

CC-2015-0941

22

confiscación

realizada

fue

el

resultado

favorable

que

recibió en un proceso penal. Esto porque, según alegó, el

foro de instancia no encontró causa probable para someterlo

a los rigores de un juicio.

Sin embargo, sabido es que la determinación de no causa

en vista preliminar puede ser el resultado de un sinnúmero

de razones ajenas a esa circunstancia (e.g. a que no se

conectó al imputado con el delito).46 Por esa razón, esa

determinación

central

en

el

no

constituye

proceso

civil

la

adjudicación

del

de

confiscación

de

hecho

que

el

vehículo no fue utilizado en la comisión de un delito. Más

aún, cuando ni siquiera la Jueza realizó alguna observación

que conlleve la determinación de que la propiedad no fue

utilizada en la comisión de una actividad o acto ilegal.47

En ese sentido, era forzoso concluir que no se podía

disponer

de

la

acción

civil

de

impugnación

de

la

confiscación basado exclusivamente en el resultado obtenido

por

algún

imputado

a

nivel

penal;

menos

aún

cuando

esa

determinación se produce como consecuencia de un fundamento

ajeno a los méritos del caso penal en sí y, en el foro

penal,

no

se

realiza

ninguna

determinación

que

permita

rebatir la legalidad de la confiscación. Así, como bien

señaló el foro apelativo, si bien la presunción de legalidad

En la denuncia contra el peticionario se hizo la imputación

siguiente: “El referido acusado, LUIS BRYAN SANTINI CASIANO, allá en o

para el día 23 de julio de 2013, en AIBONITO, Puerto Rico, que forma

parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Aibonito, ilegal, maliciosa, voluntaria y criminalmente,

ACTUANDO EN CONCIERTO Y COMÚN ACUERDO CON HECTOR L. MATOS CAMACHO, a

sabiendas, sin ser la persona autorizada por ley para ello, ESTE POSEÍA

LA SUSTANCIA CONTROLADA CONOCIDA POR MARIHUANA”. (Énfasis suplido).

Denuncia, Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 62.

46

47

63.

Véase Resolución, Apéndice de la Petición de Certiorari, pág.

CC-2015-0941

y

23

corrección

de

la

confiscación

es

controvertible,

en

ausencia de algún otro planteamiento procedente en derecho,

el Tribunal de Primera Instancia debía dilucidar la demanda

civil de impugnación de la confiscación en sus méritos.

Ello,

conforme

al

proceso

delineado

por

la

Asamblea

Legislativa en la legislación vigente.

En

conclusión,

la

determinación

de

“no

hubo

causa

probable” en vista preliminar, sin más, no es suficiente

para declarar ha lugar una demanda de impugnación de una

confiscación. Si la parte demandante interesa obtener un

dictamen sumario, debe ubicar en posición al tribunal sobre

su

procedencia,

pero

su

petitorio

no

puede

basarse

únicamente en la obtención de un dictamen favorable en la

causa criminal.

Sin embargo, la decisión que toma este Tribunal tiene

el efecto de anular toda confiscación, automáticamente y sin

mayor consideración,

fundamentándose exclusivamente en la

determinación favorable obtenida a nivel penal. Ello, aun

cuando ésta se debió a planteamientos ajenos a la legalidad

y corrección de la confiscación que tampoco se traducen en

que

la

propiedad

confiscada

no

fue

utilizada

en

una

actividad ilegal. Conforme la normativa que detalladamente

he evaluado y examinado a través de esta Opinión disidente,

hubiera confirmado el dictamen del Tribunal de Apelaciones y

validado

la

intención

de

la

Asamblea

Legislativa

de

establecer verdaderamente la independencia y separabilidad

que caracteriza el proceso civil de confiscación in rem.

Como una mayoría de este Tribunal llega a una conclusión

contraria e insiste en atar y condicionar inexorablemente el

CC-2015-0941

24

proceso criminal que se lleva contra una persona con el

proceso civil de impugnación de una confiscación in rem,

solo me resta disentir enérgicamente.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado