LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Verónica D. Hernández Torres

2017 TSPR 189

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Verónica D. Hernández Torres

TS-17,418

Conducta Profesional – Suspensión inmediata de la abogacía por violar la Ley Notarial, su reglamento y el Canon 9 de Ética Profesional.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2017 TSPR 189

198 DPR ____

Verónica D. Hernández Torres

Número del Caso: TS-17,418

Fecha:

1 de diciembre de 2017

Abogado del promovido:

Por derecho propio

Oficina de Inspección de Notarías:

Lcdo. Manuel Avila De Jesús

Director

Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 8 de

diciembre de 2017, fecha en que se le notificó por correo

certificado a la abogada de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Verónica D. Hernández Torres

TS-17,418

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 1 de diciembre de 2017.

Nos corresponde disciplinar a la Lcda. Verónica D.

Hernández Torres por incurrir en conducta violatoria de la

Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio de

1987, 4 LPRA sec. 2001 et seq., su reglamento y el Canon 9

del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 9. Por

los fundamentos que expondremos a continuación, ordenamos

su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la

abogacía y la notaría. Examinemos el trasfondo fáctico y

procesal del caso de epígrafe.

I

La

Lcda.

Verónica

D.

Hernández

Torres

(licenciada

Hernández Torres o notaria) fue admitida al ejercicio de la

abogacía el 18 de agosto de 2009 y juramentó como notaria

el 2 de febrero de 2010.

El 1 de julio de 2015, la Directora Auxiliar de la

Oficina

de

Inspección

de

Notarías

(ODIN)

le

cursó

una

citación formal a la licenciada Hernández Torres, en la

TS-17,418

2

cual le notificó que se iniciaría el proceso de inspección

de su obra notarial el 7 de agosto de 2015. En respuesta,

la

abogada

remitió

una

comunicación

al

Director

de

la

ODIN, con fecha de 6 de julio de 2015, en la que solicitó

la

reprogramación

de

la

inspección

señalada.

Particularmente, indicó que estaba residiendo en Monroe

County, Nueva York, por lo cual no estaría en Puerto Rico

para la fecha de la inspección. Asimismo, señaló que antes

de

que

culminara

el

año

tramitaría

su

renuncia

a

la

profesión jurídica y haría entrega de su obra notarial

para

la

solicitó

correspondiente

que

se

inspección.

señalara

el

A

proceso

base

para

de

el

ello,

mes

de

diciembre de 2015. La ODIN denegó tal solicitud, toda vez

que la notaria se ausentó de la jurisdicción de Puerto

Rico

sin

haber

designado

un

notario

sustituto

para

el

periodo de tiempo que estaría fuera. Posteriormente, la

ODIN autorizó la designación del Lcdo. Manuel Ortiz Lugo

(licenciado

Ortiz

Lugo)

como

notario

sustituto

de

la

licenciada Hernández Torres para el periodo que comprendía

desde el 29 de julio de 2015 hasta el 30 de septiembre de

2015.

Así

las

cosas,

el

7

de

agosto

de

2015,

la

Lcda.

Teresa Trujillo Ortiz, Inspectora de Protocolos y Notarías

(Inspectora),

comenzó

autorizada

la

años

por

naturales

inspección

el

examinar

licenciada

2010

24

a

de

al

2014,

agosto

la

Hernández

y

de

obra

Torres

culminó

2015.

protocolar

el

Los

para

los

proceso

de

Informes

de

TS-17,418

3

Señalamientos

notaria

de

Deficiencias

mediante

correo

se

le

notificaron

electrónico.

a

la

Asimismo,

la

Inspectora le notificó a la licenciada Hernández Torres

que

la

inspección

señalado

para

el

final

de

su

obra

14

octubre

de

de

notarial

se

2015.

referida

La

había

inspección fue reseñalada para el 27 de octubre de ese

mismo año. No obstante, la notaria no compareció ni se

excusó

con

intentos

la

Inspectora.

Esta

para

comunicarse

con

última

la

realizó

licenciada

varios

Hernández

Torres, pero los números telefónicos que obraban en el

Registro Único de Abogados y Abogadas (RÚA) estaban fuera

de servicio.

Pasados

dos

días,

la

notaria

se

comunicó

vía

telefónica con la Inspectora y, como producto de ello, el

Director de la ODIN autorizó la designación del licenciado

Ortiz Lugo como notario sustituto, retroactivo al 1 de

octubre de 2015 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de

ese año. Por otro lado, la licenciada Hernández Torres

prestó su consentimiento para que la ODIN tramitara la

incautación de su obra notarial y el traslado al Archivo

Notarial de San Juan.1 Asimismo, confirmó que viajaría a

Puerto

Rico

el

1

de

enero

de

2016,

para

subsanar

las

deficiencias señaladas en su obra protocolar y culminar su

1El

3 de noviembre de 2015, alguaciles de este

Tribunal incautaron los tomos formados por la Lcda.

Verónica D. Hernández Torres para los años 2010 al 2014,

su único tomo del Libro de Registro de Testimonios

(asientos 1 al 432), y su sello notarial. El 29 de junio

de 2016, el Lcdo. Manuel Ortiz Lugo entregó el tomo

correspondiente al año 2015.

TS-17,418

4

proceso de cesación voluntaria de la notaría. Por tanto,

la Inspectora separó las fechas del 7 y 8 de enero de 2016

para

atender

a

la

licenciada

Hernández

Torres.

No

obstante, la notaria nuevamente incumplió y no compareció

ni se excusó.

El 15 de abril de 2016, la abogada envió una carta a

la Inspectora mediante correo electrónico, fechada de 26

de enero de 2016, pero fue recibida por primera vez ese

mismo 15 de abril. En la referida carta, la licenciada

Hernández Torres indicó que se encontraba en estado de

gestación;

que

su

doctora

le

había

prohibido

viajar

a

Puerto Rico por el brote de Zika, y que no podría viajar a

Puerto

Rico

hasta

acompañó

su

médica

que,

el

mes

de

julio

comunicación

electrónica

entre

cosas,

otras

de

2016.

con

Asimismo,

documentación

detallaba

sus

citas

prenatales entre enero y febrero de 2016.

Ante

ello,

la

Inspectora

cursó

una

comunicación

oficial a la notaria, en la cual expuso que la inspección

inicial de su obra notarial se llevó a cabo en agosto de

2015, fecha en que no confrontaba problemas de salud, por

lo que entendía que tuvo tiempo suficiente para subsanar

las deficiencias señaladas. Sin embargo, le concedió un

término

final

de

quince

(15)

días

para

subsanar

las

deficiencias arancelarias. De igual forma, le informó que

debía

contactar

a

su

notario

sustituto

para

que

se

trabajaran los señalamientos que pudieran ser corregidos

por

éste.

Además,

la

Inspectora

le

advirtió

que,

de

TS-17,418

incumplir

5

con

lo

ordenado,

el

incumplimiento

referiría

el

asunto

a

este

Tribunal.

Ante

de

la

licenciada

Hernández

Torres, el 30 de junio de 2016, la Inspectora sometió el

correspondiente informe final de deficiencias notariales,

a tenor con la Regla 77(K) del Reglamento Notarial. En esa

misma

fecha,

notaria

el

el

Director

informe

de

final

la

ODIN

rendido

le

por

notificó

la

a

la

Inspectora.

Asimismo, resaltó las deficiencias que subsistían en su

obra notarial, correspondiente a los tomos de protocolos

de los años 2010 al 2015, inclusive, al igual que en su

Libro

de

advirtió

Registro

de

la

de

Testimonios.

deficiencia

Del

arancelaria

mismo

modo,

ascendente

a

le

la

suma de $6,926. Se le informó de su deber de expresar por

escrito su posición con relación al informe final y de

fundamentar cualquier objeción dentro de los quince (15)

días

calendario

luego

del

recibo

de

la

comunicación.

También se le requirió que, en ese término, cancelara la

deficiencia arancelaria existente.

De otra parte, la ODIN le alertó a la licenciada

Hernández Torres de su incumplimiento con lo acordado para

completar el proceso de cesación de la notaría y que, aun

cuando residía fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, no

contaba

con

un

notario

sustituto.

Ello,

pues

la

designación del licenciado Ortiz Lugo había expirado. En

ese

sentido,

se

le

advirtió

que

ello

constituía

una

violación al artículo 9 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec.

TS-17,418

6

2013, y, en consecuencia, se le solicitó que expresara las

razones por las que no se debía referir el asunto a este

Tribunal.

Vencido el término concedido por la ODIN, la notaria

se comunicó vía correo electrónico. Indicó, entre otras

cosas, lo siguiente: (1) que se trasladó a los Estados

Unidos

en

el

2015,

por

razones

de

índole

personal

y

económica; (2) que reconocía no haber comparecido a la

reinspección de su obra notarial en octubre de 2015, que

se

le

concedió

hasta

enero

de

2016

y

que

tampoco

compareció; (3) que el licenciado Ortiz Lugo ha estado en

la disposición de ayudarle a corregir las deficiencias,

pero que su obra se encuentra en el Archivo de San Juan;

(4) en cuanto a la deuda arancelaria, arguyó que se le

hizo entrega al alguacil que incautó su obra de sobre

$5,000 en sellos de asistencia legal; (5) que precisamente

su “gran preocupación de entregar la caja donde guardaba

[sus] aranceles es que se extravíen y quede

. . . con una

deuda que no existe”; (6) en lo que respecta a la falta de

un

notario

luego

de

su

sustituto,

alegó

comunicación

del

que

su

percepción

era

que

26

de

enero

2015,

el

de

licenciado Ortiz Lugo continuaba en tal función, y (7) en

lo concerniente a la actualización de su información de

contacto, adujo que notificó su número telefónico y que

expresó por escrito en alguna de sus comunicaciones que el

sistema no aceptaba su número de teléfono.

TS-17,418

Ante

7

ello,

el

Director

de

la

ODIN

remitió

una

comunicación a la licenciada Hernández Torres expresando

que se solidarizaba con su situación, pero que ello no

podía

ser

justificación

para

incumplir

con

sus

requerimientos. Asimismo, le aclaró que, pese a lo que

pudo

haber

sido

su

impresión,

ella

no

contaba

con

un

notario sustituto en propiedad. Se le indicó, además, que

los alguaciles de este Tribunal sólo incautaron los tomos

de protocolos, su Libro de Registro de Testimonios y su

sello

notarial.

Ello,

toda

vez

que

los

referidos

funcionarios no están autorizados a incautar valores de

clase

alguna.

septiembre

Por

de

tanto,

2016,

le

para

concedió

subsanar

hasta

las

el

30

de

deficiencias

notificadas. Se le apercibió que su incumplimiento con esa

fecha final e improrrogable conllevaría la presentación de

un informe ante este Tribunal para la acción disciplinaria

correspondiente.

Transcurrido

el

término

concedido,

la

licenciada

Hernández Torres desatendió nuevamente los requerimientos

de

la

ODIN.

Según

advertido,

el

Director

de

la

ODIN

compareció ante este Tribunal mediante un Informe sobre

incumplimiento

en

notificadas

y

informó

las

de

en

la

corrección

solicitud

incidencias

de

de

remedios.

ocurridas

y

deficiencias

En

éste,

nos

los

esfuerzos

realizados para que la notaria finalmente subsanara las

deficiencias señaladas en su obra notarial. Examinado el

referido Informe, el 28 de abril de 2017, emitimos una

TS-17,418

8

Resolución mediante la cual le ordenamos a la licenciada

Hernández Torres que en el término de cuarenta y cinco

(45)

días

calendario,

a

partir

de

su

notificación,

realizara las gestiones siguientes: (a) designe un notario

sustituto, conforme al artículo 9 de la Ley Notarial; (b)

actualice sus datos en el RÚA; (c) subsane la totalidad de

las deficiencias notificadas por la ODIN, incluyendo la

deficiencia arancelaria de $6,926, y (d) muestre causa por

la

cual

no

debamos

imponerle

una

sanción

de

$500,

en

virtud del artículo 62 de la Ley Notarial.

De

igual

modo,

le

Hernández

Torres

“que

totalidad

de

ordenado

lo

de

apercibimos

a

incumplir

con

en

Resolución,

esta

la

licenciada

parte

o

la

podrá

exponerse no tan solo a la suspensión de la notaría, sino

también a la abogacía”. Resolución emitida el 28 de abril

de 2017, pág. 2. Esta determinación fue notificada el 1 de

mayo de 2017, pero fue devuelta, por lo que el 25 de mayo

de

2017

se

notificó

nuevamente

a

otra

dirección

que

constaba en el RÚA. Según surge del acuse de recibo del

servicio postal, esta segunda notificación fue recibida el

5 de junio de 2017.

El 13 de junio de 2017, la ODIN compareció ante nos

mediante una Moción notificando incumplimiento de orden y

en

solicitud

de

remedios.

En

esencia,

informó

que

la

licenciada Hernández Torres incumplió con lo ordenado por

este Tribunal en la Resolución emitida el 28 de abril de

2017.

En

consecuencia,

solicitó

que

se

ordenara

la

TS-17,418

9

suspensión

inmediata

e

indefinida

del

ejercicio

de

la

notaría de la abogada; que se evaluara la imposición de

otras

medidas

inmediata

e

disciplinarias,

indefinida

de

incluyendo

la

abogacía

la

y

suspensión

una

sanción

económica de $500, y que se le confiriera un término final

e improrrogable de treinta (30) días calendario, a partir

de

la

notificación,

arancelaria

y

para

atienda

que

las

satisfaga

la

deficiencias

deuda

sustantivas

notificadas. Esto último sujeto a que se refiera el asunto

a un procedimiento de desacato.

Vencido el término concedido en la Resolución del 28

de

abril

de

2017,

la

licenciada

Hernández

Torres

compareció ante este Tribunal mediante una Contestación a

Resolución.

solicitud

de

En

ésta,

señala

asignación

del

que

envió

licenciado

a

la

Ortiz

ODIN

Lugo

la

como

notario sustituto y que había actualizado sus datos en el

RÚA antes de recibir la notificación de la Resolución. Con

relación a esto último, indica que eliminó la dirección de

la

que

fue

su

sede

notarial

y

actualizó

su

número

de

teléfono. No obstante, alega que no pudo actualizar su

dirección postal, porque el pueblo en el que reside en

Nueva York no se encuentra entre las opciones que ofrece

el sistema.

Respecto

a

la

deuda

arancelaria,

señala

que

los

sellos existen y estuvieron junto a los protocolos en el

momento en que la Inspectora llevó a cabo su inspección.

Arguye que, tras la ODIN informarle que los sellos no

TS-17,418

10

fueron recogidos, se comunicó con quien fuera su expareja,

y dueño de su oficina, y éste le confirmó que tenía los

sellos en su poder. De igual manera, nuevamente reconoce

que ha incumplido con subsanar las deficiencias de sus

protocolos

del

justificación

2010-2015

para

ello,

y,

pero

probablemente

que

no

económicamente

exista

no

ha

podido y no estaba preparada mentalmente para regresar a

Puerto Rico.

Asimismo, la licenciada Hernández Torres expresa que

entiende que no merece oportunidades, pero solicita que se

le permita recoger su Libro de Registro de Testimonios en

el Archivo de San Juan durante las fechas del 23 al 30 de

diciembre

adherir

de

2017.

Ello,

los

sellos

y,

con

luego,

miras

de

regresarlo.

actualizarlo,

Igualmente,

solicita oportunidad de examinar sus protocolos del 20102015 y subsanar algunas faltas, tales como adherir los

sellos de rentas internas, impuesto notarial y asistencia

legal adeudados. En ese sentido, informa que viajará a

Puerto Rico del 17 al 25 de febrero de 2018, y del 1 al 8

de abril de 2018, fechas en las que podría finalizar la

subsanación de defectos. Además, solicita el traslado de

sus protocolos del 2010-2015 a la oficina del licenciado

Ortiz Lugo para que éste pueda asistirle en la corrección

de deficiencias.

Por otro lado, solicita oportunidad de resarcir sus

faltas sin que se le imponga la sanción económica de $500,

pues ha pasado muchas necesidades y la realidad es que no

TS-17,418

salió

11

de

Puerto

Rico

por

su

voluntad,

sino

por

una

situación personal. De otra parte, sostuvo que no está

interesada en continuar la práctica de la abogacía y la

notaría

en

Puerto

Rico,

pero

quisiera

inactivarse

voluntariamente. Además, asegura no estar interesada en

radicarse en Puerto Rico bajo ninguna circunstancia, sino

que

desea

resolver

los

asuntos

pendientes

ante

este

Tribunal.

Con

ello

en

mente,

examinemos

las

disposiciones

éticas aplicables.

II

En

innumerables

“desatender

las

ocasiones,

órdenes

hemos

judiciales

expresado

constituye

un

que

serio

agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el

Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX”.

In re Abendaño Ezquerro, 2017 TSPR 140, pág. 4. Véase,

también,

In re

Cónsono

con

naturaleza

Bello Rivera, 192 DPR 812, 816 (2015).

lo

anterior,

la

función

de

hemos

de

destacado

abogado

requiere

que

“la

de

una

escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este

Tribunal”.

Íd.

cuando

abogado

un

Consecuentemente,

requerimientos,

y

apercibimientos

de

no

se

atiende

hemos

con

advertido

diligencia

que

nuestros

muestra

indiferente

ante

nuestros

imponerle

sanciones

disciplinarias,

procede su suspensión del ejercicio de la abogacía. In re

Abendaño Ezquerro, supra, pág. 4; In re Salas González,

193

DPR

387,

393

(2015).

Asimismo,

hemos

aclarado

que

TS-17,418

12

incumplir los requerimientos de la ODIN conlleva idéntica

sanción disciplinaria. Íd.

Respecto

este

a

Tribunal

actitud

los

ha

pasiva

abogados

que

ejercen

precisado

que

no

pueden

asumir

una

a

los

señalamientos

de

en

torno

el

notariado,

deficiencias notariales. Ello, toda vez que “la práctica

de la notaría requiere el mayor celo en el cumplimiento de

los deberes que le impone la ley y el ordenamiento ético”.

In re Abendaño Ezquerro, supra, pág. 5. En ese sentido,

hemos sido enfáticos en que los notarios tienen el deber

ineludible

de

corregir

con

diligencia

las

deficiencias

notariales señaladas por los inspectores de protocolos y

notarías. In re Maldonado Giuliani, 195 DPR 670, 674-676

(2016).

Por

consiguiente,

“la

ausencia

de

corrección

combinada con la gravedad de tales deficiencias permiten a

este Tribunal hacer valer nuestra facultad disciplinaria

sobre los notarios y nuestra revisión sobre su función

pública”. In re Cardona Rodríguez, 2017 TSPR 125, págs. 78. En virtud de lo anterior, hemos dispuesto que aquellos

notarios que desatienden los requerimientos de la ODIN y

de este Tribunal con relación a la subsanación de las

deficiencias notariales infringen el Canon 9 del Código de

Ética Profesional. Íd., pág. 7; In re Maldonado Giuliani,

supra. Por tanto, resaltamos que “tratar con ligereza o

laxitud los señalamientos de la ODIN también configura una

violación del Canon 9”. In re Márquez Colón, 2017 TSPR

129, pág. 25.

TS-17,418

13

Reiteradamente,

hemos

señalado

que

los

notarios

tienen la obligación de dar estricto cumplimiento a la Ley

Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio de

1987,

4

LPRA

sec.

2001

et

seq.,

su

reglamento

y

las

disposiciones del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.

IX. Íd., pág. 9; In re Cardona Rodríguez, supra, pág. 6;

In

re

Morales

Asimismo,

Maldonado,

193

DPR

Tribunal

ha

manifestado

este

340,

345

(2015).

que

“[e]l

incumplimiento con una de estas fuentes de obligaciones y

deberes

del

notario

disciplinaria

éste

como

Cardona

implica

correspondiente

notario,

sino

Rodríguez,

ineludiblemente

la

no

función

sólo

también

supra,

en

la

como

abogado”.

6;

In

pág.

re

acción

In

de

re

Capestany

Rodríguez, 148 DPR 728, 733 (1999). Véase, también, In re

Morales Maldonado, supra. Por tanto, el notario que no

cumple

con

disciplinarias

sus

funciones

por

lesionar

se

la

expone

a

confianza

y

sanciones

la

función

pública que le fueron confiadas. In re Cardona Rodríguez,

supra, pág. 6; In re Capestany Rodríguez, supra, pág. 734.

Como parte de sus funciones, los notarios tienen el

deber

de

adherir

y

cancelar

los

sellos

arancelarios

correspondientes a cada documento o instrumento público al

momento de autorizarlo. 4 LPRA sec. 2021; In re Troche

Mercado, 194 DPR 747, 752 (2016); In re Román Jiménez, 161

DPR

727,

731

(2004).

Su

incumplimiento

con

tal

deber

constituye una omisión seria que podría resultar en fraude

al erario público y en la configuración del delito de

TS-17,418

14

apropiación ilegal. In re Cardona Rodríguez, supra, págs.

6-7;

In

re

Capestany

Rodríguez,

supra,

págs.

734-735.

Además, el notario estaría dando fe de haber realizado un

acto que realmente no efectuó y, a su vez, expondría los

documentos

autorizados

a

su

anulabilidad

e

ineficacia

jurídica en perjuicio de los otorgantes o de terceros. In

re Cardona Rodríguez, supra, págs. 6-7; In re Capestany

Rodríguez,

expresado

para

supra,

diáfanamente

incumplir

problemas

pág.

con

735.

“que

este

personales”.

En

no

deber,

In

re

consecuencia,

aceptaremos

tener

Cardona

hemos

como

excusa

haber

tenido

Rodríguez,

supra,

o

pág. 7; In re Torres Hernández, 160 DPR 709, 712 (2003)

(énfasis suplido).

De igual forma, hemos destacado que el notario es un

mero custodio de los protocolos, pues éstos pertenecen al

Estado. 4 LPRA sec. 2072; In re Cardona Rodríguez, supra,

pág. 7; In re Morales Maldonado, supra, págs. 345-346. Es

decir,

estos

funcionarios

representan

la

fe

pública

notarial y, por tanto, deben acatar las normas impuestas

para el manejo y mantenimiento de su obra protocolar. Como

corolario, se ha establecido el deber de los notarios de

nombrar a otro notario para que le sustituya cuando se

ausente

de

su

oficina

por

cualquier

causa

que

no

sea

permanente. 4 LPRA sec. 2013; In re Rosenbaum, 189 DPR

115, 119 (2013).

Ahora bien, se dispone que el periodo de ausencia del

notario no podrá exceder de tres (3) meses. Ese periodo

TS-17,418

15

sólo podrá extenderse en casos excepcionales en que medie

justa causa, previa solicitud al Director de la ODIN. 4

LPRA

sec.

2013.

Además,

la

extensión

del

periodo

de

ausencia se limitará a un plazo máximo adicional de nueve

(9) meses, para un total de doce (12) meses de sustitución

de

un

notario

responsabilidad

por

tanto

ausencia

del

notario

autorizada.

Íd.

como

sustituto

de

su

Es

notificar la designación a la ODIN. Íd.; In re Rosenbaum,

supra.

A la luz del marco jurídico expuesto, procedemos a

evaluar la conducta desplegada por la licenciada Hernández

Torres.

III

No albergamos duda que la licenciada Hernández Torres

ha

incurrido

en

un

craso

incumplimiento

de

la

Ley

Notarial, supra, y su reglamento, y de los postulados del

Canon

9

del

reiteradas

Código

de

ocasiones,

Ética

hemos

Profesional,

expresado

de

supra.

forma

En

clara,

precisa y contundente que todo notario tiene la obligación

de

adherir

y

cancelar

los

sellos

de

rentas

internas,

impuestos notariales y de asistencia legal inmediatamente

que se lleva a cabo el acto notarial correspondiente. Con

igual contundencia, hemos advertido que tal omisión será

causa

suficiente

disciplinarias

para

severas,

la

imposición

incluyendo

ejercicio de la abogacía y la notaría.

la

de

sanciones

suspensión

del

TS-17,418

16

No obstante, según se desprende del expediente del

caso, la licenciada Hernández Torres no adhirió ni canceló

un sinnúmero de sellos notariales y de rentas internas que

constituyen una deuda arancelaria ascendente a $6,926. En

un

intento

por

justificar

tan

grave

falta,

la

notaria

aduce que los sellos estaban en su sede notarial, por lo

cual los alguaciles de este Tribunal podían incautarlos

junto a su obra protocolar y sello notarial. No podemos

avalar

tal

contención.

La

licenciada

Hernández

Torres

tenía el deber ineludible de adherir y cancelar los sellos

correspondientes al momento de autorizar los documentos o

instrumentos

públicos.

Más

aún,

no

puede

delegar

su

obligación a los funcionarios de este Tribunal.

De

igual

licenciada

modo,

resulta

importante

Hernández

Torres

se

resaltar

trasladó

que

la

de

la

fuera

jurisdicción de Puerto Rico con la pretensión de radicarse

permanentemente en Nueva York, y sin ningún interés en

continuar ejerciendo la abogacía y la notaría. Ello, sin

antes

informar

a

la

ODIN,

para

que

se

realizaran

los

trámites correspondientes a la designación de un notario

sustituto; la entrega de su obra protocolar y su sello

notarial, y su cesación al ejercicio de la notaría, según

correspondiera. Al así actuar, la notaria faltó a su deber

de ejercer el más alto grado de cuidado, diligencia y celo

en su función de custodiar los protocolos del Estado.

Asimismo, la licenciada Hernández Torres ha actuado

con

displicencia,

desidia

y

dejadez

ante

los

TS-17,418

17

requerimientos

de

Independientemente

la

de

ODIN

las

y

de

razones

este

Tribunal.

personales

que

la

motivaron a trasladarse fuera de Puerto Rico, lo cierto es

que

se

le

han

concedido

suficientes

oportunidades

para

subsanar las deficiencias en su obra notarial y satisfacer

la deuda arancelaria ascendente a $6,926. No obstante, la

abogada ha asumido una actitud de indiferencia ante los

requerimientos

y

apercibimientos

de

Tribunal,

ha

incumplido

todo

y

en

la

ODIN

y

momento

de

este

con

lo

requerido.

Adviértase que, en la Resolución del 28 de abril de

2017, se le ordenó a la licenciada Hernández Torres de

forma

específica

que

subsanara

la

totalidad

de

las

deficiencias notificadas por la ODIN, incluyendo la deuda

arancelaria. Asimismo, nótese que se le apercibió que, de

incumplir

total

o

parcialmente

con

nuestra

orden,

se

expondría a la suspensión de la abogacía y la notaría. Aún

así, la abogada incumplió nuevamente con lo ordenado y,

con su acostumbrada falta de diligencia, compareció ante

este Tribunal luego de vencido el término concedido. En su

comparecencia, esencialmente reiteró sus planteamientos de

índole personal y económico para excusar su incumplimiento

en subsanar las deficiencias señaladas por la ODIN. Sin

duda, ha sido su propio patrón de incumplimientos lo que

le

ha

impedido

completar

el

proceso

de

subsanación

de

deficiencias en su obra notarial. Ante ello, no nos queda

TS-17,418

más

18

que

suspenderle

inmediata

e

indefinidamente

del

ejercicio de la abogacía y la notaría.

IV

Al

amparo

de

los

fundamentos

que

anteceden,

suspendemos inmediata e indefinidamente del ejercicio de

la abogacía y la notaría a la Lcda. Verónica D. Hernández

Torres.

En consecuencia, se le impone a la señora Hernández

Torres el deber de notificar a todos sus clientes sobre su

inhabilidad para continuar representándolos, y devolverles

cualesquiera

honorarios

recibidos

realizados.

De

igual

forma,

su

suspensión

inmediatamente

de

por

tendrá

a

trabajos

que

no

informar

cualquier

sala

del

Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el

que

tenga

certificar

algún

ante

caso

este

pendiente.

Tribunal

el

Deberá

acreditar

cumplimiento

con

y

lo

anterior, dentro del término de treinta (30) días contados

a partir de la notificación de la presente Opinión Per

Curiam y Sentencia.

En virtud de su suspensión inmediata e indefinida del

ejercicio

de

la

notaría,

funciones

notariales

la

queda

fianza

que

garantiza

automáticamente

sus

cancelada.

Asimismo, la fianza se considerará buena y válida por tres

(3) años después de su terminación, en cuanto a los actos

realizados durante el periodo en que ésta estuvo vigente.

Se le apercibe a la señora Hernández Torres que esta

acción

disciplinaria

no

le

exime

de

subsanar,

a

sus

TS-17,418

19

expensas, las deficiencias señaladas por la ODIN en su

obra notarial. Esa obligación subsiste y su incumplimiento

le expondrá al correspondiente procedimiento de desacato.

Por tanto, le concedemos a la señora Hernández Torres un

término

de

sesenta

(60)

días

para

que

subsane

las

deficiencias arancelarias de su obra notarial y contrate,

a su costo, un notario que le asista en el proceso de

corregir las deficiencias notariales señaladas.

Se

refiere

el

asunto

de

la

deuda

arancelaria

al

Departamento de Justicia de Puerto Rico para la acción

correspondiente.

Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia a la

Sra. Verónica D. Hernández Torres por correo certificado y

correo electrónico, por encontrarse fuera de Puerto Rico.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Verónica D. Hernández Torres

TS-17,418

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 1 diciembre de 2017.

Por las razones expuestas en la Opinión Per Curiam que

antecede, la cual se hace formar parte de la presente

Sentencia se suspende inmediata e indefinidamente del

ejercicio de la abogacía y la notaría a la Lcda. Verónica

D. Hernández Torres.

En consecuencia, se le impone a la señora Hernández

Torres el deber de notificar a todos sus clientes sobre su

inhabilidad para continuar representándolos, y devolverles

cualesquiera

honorarios

recibidos

por

trabajos

no

realizados.

De

igual

forma,

tendrá

que

informar

inmediatamente de su suspensión a cualquier sala del

Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el

que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y

certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo

anterior, dentro del término de treinta (30) días contados

a partir de la notificación de la presente Opinión Per

Curiam y Sentencia.

En virtud de su suspensión inmediata e indefinida del

ejercicio de la notaría, la fianza que garantiza sus

funciones notariales queda automáticamente cancelada.

Asimismo, la fianza se considerará buena y válida por tres

(3) años después de su terminación, en cuanto a los actos

realizados durante el periodo en que ésta estuvo vigente.

Se le apercibe a la señora Hernández Torres que esta

acción disciplinaria no le exime de subsanar, a sus

expensas, las deficiencias señaladas por la ODIN en su

obra notarial. Esa obligación subsiste y su incumplimiento

le expondrá al correspondiente procedimiento de desacato.

Por tanto, le concedemos a la señora Hernández Torres un

término de sesenta (60) días para que subsane las

deficiencias arancelarias de su obra notarial y contrate,

TS-17,418

2

a su costo, un notario que le asista en el proceso de

corregir las deficiencias notariales señaladas.

Se refiere el asunto de la deuda arancelaria al

Departamento de Justicia de Puerto Rico para la acción

correspondiente.

Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia a la

Sra. Verónica D. Hernández Torres por correo certificado y

correo electrónico, por encontrarse fuera de Puerto Rico.

Lo pronunció, manda el Tribunal

Secretario del Tribunal Supremo.

y

certifica

el

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo