Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Verónica D. Hernández Torres
2017 TSPR 189
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Verónica D. Hernández Torres
TS-17,418
Conducta Profesional – Suspensión inmediata de la abogacía por violar la Ley Notarial, su reglamento y el Canon 9 de Ética Profesional.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2017 TSPR 189
198 DPR ____
Verónica D. Hernández Torres
Número del Caso: TS-17,418
Fecha:
1 de diciembre de 2017
Abogado del promovido:
Por derecho propio
Oficina de Inspección de Notarías:
Lcdo. Manuel Avila De Jesús
Director
Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 8 de
diciembre de 2017, fecha en que se le notificó por correo
certificado a la abogada de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Verónica D. Hernández Torres
TS-17,418
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 1 de diciembre de 2017.
Nos corresponde disciplinar a la Lcda. Verónica D.
Hernández Torres por incurrir en conducta violatoria de la
Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio de
1987, 4 LPRA sec. 2001 et seq., su reglamento y el Canon 9
del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 9. Por
los fundamentos que expondremos a continuación, ordenamos
su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la
abogacía y la notaría. Examinemos el trasfondo fáctico y
procesal del caso de epígrafe.
I
La
Lcda.
Verónica
D.
Hernández
Torres
(licenciada
Hernández Torres o notaria) fue admitida al ejercicio de la
abogacía el 18 de agosto de 2009 y juramentó como notaria
el 2 de febrero de 2010.
El 1 de julio de 2015, la Directora Auxiliar de la
Oficina
de
Inspección
de
Notarías
(ODIN)
le
cursó
una
citación formal a la licenciada Hernández Torres, en la
TS-17,418
2
cual le notificó que se iniciaría el proceso de inspección
de su obra notarial el 7 de agosto de 2015. En respuesta,
la
abogada
remitió
una
comunicación
al
Director
de
la
ODIN, con fecha de 6 de julio de 2015, en la que solicitó
la
reprogramación
de
la
inspección
señalada.
Particularmente, indicó que estaba residiendo en Monroe
County, Nueva York, por lo cual no estaría en Puerto Rico
para la fecha de la inspección. Asimismo, señaló que antes
de
que
culminara
el
año
tramitaría
su
renuncia
a
la
profesión jurídica y haría entrega de su obra notarial
para
la
solicitó
correspondiente
que
se
inspección.
señalara
el
A
proceso
base
para
de
el
ello,
mes
de
diciembre de 2015. La ODIN denegó tal solicitud, toda vez
que la notaria se ausentó de la jurisdicción de Puerto
Rico
sin
haber
designado
un
notario
sustituto
para
el
periodo de tiempo que estaría fuera. Posteriormente, la
ODIN autorizó la designación del Lcdo. Manuel Ortiz Lugo
(licenciado
Ortiz
Lugo)
como
notario
sustituto
de
la
licenciada Hernández Torres para el periodo que comprendía
desde el 29 de julio de 2015 hasta el 30 de septiembre de
2015.
Así
las
cosas,
el
7
de
agosto
de
2015,
la
Lcda.
Teresa Trujillo Ortiz, Inspectora de Protocolos y Notarías
(Inspectora),
comenzó
autorizada
la
años
por
naturales
inspección
el
examinar
licenciada
2010
24
a
de
al
2014,
agosto
la
Hernández
y
de
obra
Torres
culminó
2015.
protocolar
el
Los
para
los
proceso
de
Informes
de
TS-17,418
3
Señalamientos
notaria
de
Deficiencias
mediante
correo
se
le
notificaron
electrónico.
a
la
Asimismo,
la
Inspectora le notificó a la licenciada Hernández Torres
que
la
inspección
señalado
para
el
final
de
su
obra
14
octubre
de
de
notarial
se
2015.
referida
La
había
inspección fue reseñalada para el 27 de octubre de ese
mismo año. No obstante, la notaria no compareció ni se
excusó
con
intentos
la
Inspectora.
Esta
para
comunicarse
con
última
la
realizó
licenciada
varios
Hernández
Torres, pero los números telefónicos que obraban en el
Registro Único de Abogados y Abogadas (RÚA) estaban fuera
de servicio.
Pasados
dos
días,
la
notaria
se
comunicó
vía
telefónica con la Inspectora y, como producto de ello, el
Director de la ODIN autorizó la designación del licenciado
Ortiz Lugo como notario sustituto, retroactivo al 1 de
octubre de 2015 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de
ese año. Por otro lado, la licenciada Hernández Torres
prestó su consentimiento para que la ODIN tramitara la
incautación de su obra notarial y el traslado al Archivo
Notarial de San Juan.1 Asimismo, confirmó que viajaría a
Puerto
Rico
el
1
de
enero
de
2016,
para
subsanar
las
deficiencias señaladas en su obra protocolar y culminar su
1El
3 de noviembre de 2015, alguaciles de este
Tribunal incautaron los tomos formados por la Lcda.
Verónica D. Hernández Torres para los años 2010 al 2014,
su único tomo del Libro de Registro de Testimonios
(asientos 1 al 432), y su sello notarial. El 29 de junio
de 2016, el Lcdo. Manuel Ortiz Lugo entregó el tomo
correspondiente al año 2015.
TS-17,418
4
proceso de cesación voluntaria de la notaría. Por tanto,
la Inspectora separó las fechas del 7 y 8 de enero de 2016
para
atender
a
la
licenciada
Hernández
Torres.
No
obstante, la notaria nuevamente incumplió y no compareció
ni se excusó.
El 15 de abril de 2016, la abogada envió una carta a
la Inspectora mediante correo electrónico, fechada de 26
de enero de 2016, pero fue recibida por primera vez ese
mismo 15 de abril. En la referida carta, la licenciada
Hernández Torres indicó que se encontraba en estado de
gestación;
que
su
doctora
le
había
prohibido
viajar
a
Puerto Rico por el brote de Zika, y que no podría viajar a
Puerto
Rico
hasta
acompañó
su
médica
que,
el
mes
de
julio
comunicación
electrónica
entre
cosas,
otras
de
2016.
con
Asimismo,
documentación
detallaba
sus
citas
prenatales entre enero y febrero de 2016.
Ante
ello,
la
Inspectora
cursó
una
comunicación
oficial a la notaria, en la cual expuso que la inspección
inicial de su obra notarial se llevó a cabo en agosto de
2015, fecha en que no confrontaba problemas de salud, por
lo que entendía que tuvo tiempo suficiente para subsanar
las deficiencias señaladas. Sin embargo, le concedió un
término
final
de
quince
(15)
días
para
subsanar
las
deficiencias arancelarias. De igual forma, le informó que
debía
contactar
a
su
notario
sustituto
para
que
se
trabajaran los señalamientos que pudieran ser corregidos
por
éste.
Además,
la
Inspectora
le
advirtió
que,
de
TS-17,418
incumplir
5
con
lo
ordenado,
el
incumplimiento
referiría
el
asunto
a
este
Tribunal.
Ante
de
la
licenciada
Hernández
Torres, el 30 de junio de 2016, la Inspectora sometió el
correspondiente informe final de deficiencias notariales,
a tenor con la Regla 77(K) del Reglamento Notarial. En esa
misma
fecha,
notaria
el
el
Director
informe
de
final
la
ODIN
rendido
le
por
notificó
la
a
la
Inspectora.
Asimismo, resaltó las deficiencias que subsistían en su
obra notarial, correspondiente a los tomos de protocolos
de los años 2010 al 2015, inclusive, al igual que en su
Libro
de
advirtió
Registro
de
la
de
Testimonios.
deficiencia
Del
arancelaria
mismo
modo,
ascendente
a
le
la
suma de $6,926. Se le informó de su deber de expresar por
escrito su posición con relación al informe final y de
fundamentar cualquier objeción dentro de los quince (15)
días
calendario
luego
del
recibo
de
la
comunicación.
También se le requirió que, en ese término, cancelara la
deficiencia arancelaria existente.
De otra parte, la ODIN le alertó a la licenciada
Hernández Torres de su incumplimiento con lo acordado para
completar el proceso de cesación de la notaría y que, aun
cuando residía fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, no
contaba
con
un
notario
sustituto.
Ello,
pues
la
designación del licenciado Ortiz Lugo había expirado. En
ese
sentido,
se
le
advirtió
que
ello
constituía
una
violación al artículo 9 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec.
TS-17,418
6
2013, y, en consecuencia, se le solicitó que expresara las
razones por las que no se debía referir el asunto a este
Tribunal.
Vencido el término concedido por la ODIN, la notaria
se comunicó vía correo electrónico. Indicó, entre otras
cosas, lo siguiente: (1) que se trasladó a los Estados
Unidos
en
el
2015,
por
razones
de
índole
personal
y
económica; (2) que reconocía no haber comparecido a la
reinspección de su obra notarial en octubre de 2015, que
se
le
concedió
hasta
enero
de
2016
y
que
tampoco
compareció; (3) que el licenciado Ortiz Lugo ha estado en
la disposición de ayudarle a corregir las deficiencias,
pero que su obra se encuentra en el Archivo de San Juan;
(4) en cuanto a la deuda arancelaria, arguyó que se le
hizo entrega al alguacil que incautó su obra de sobre
$5,000 en sellos de asistencia legal; (5) que precisamente
su “gran preocupación de entregar la caja donde guardaba
[sus] aranceles es que se extravíen y quede
. . . con una
deuda que no existe”; (6) en lo que respecta a la falta de
un
notario
luego
de
su
sustituto,
alegó
comunicación
del
que
su
percepción
era
que
26
de
enero
2015,
el
de
licenciado Ortiz Lugo continuaba en tal función, y (7) en
lo concerniente a la actualización de su información de
contacto, adujo que notificó su número telefónico y que
expresó por escrito en alguna de sus comunicaciones que el
sistema no aceptaba su número de teléfono.
TS-17,418
Ante
7
ello,
el
Director
de
la
ODIN
remitió
una
comunicación a la licenciada Hernández Torres expresando
que se solidarizaba con su situación, pero que ello no
podía
ser
justificación
para
incumplir
con
sus
requerimientos. Asimismo, le aclaró que, pese a lo que
pudo
haber
sido
su
impresión,
ella
no
contaba
con
un
notario sustituto en propiedad. Se le indicó, además, que
los alguaciles de este Tribunal sólo incautaron los tomos
de protocolos, su Libro de Registro de Testimonios y su
sello
notarial.
Ello,
toda
vez
que
los
referidos
funcionarios no están autorizados a incautar valores de
clase
alguna.
septiembre
Por
de
tanto,
2016,
le
para
concedió
subsanar
hasta
las
el
30
de
deficiencias
notificadas. Se le apercibió que su incumplimiento con esa
fecha final e improrrogable conllevaría la presentación de
un informe ante este Tribunal para la acción disciplinaria
correspondiente.
Transcurrido
el
término
concedido,
la
licenciada
Hernández Torres desatendió nuevamente los requerimientos
de
la
ODIN.
Según
advertido,
el
Director
de
la
ODIN
compareció ante este Tribunal mediante un Informe sobre
incumplimiento
en
notificadas
y
informó
las
de
en
la
corrección
solicitud
incidencias
de
de
remedios.
ocurridas
y
deficiencias
En
éste,
nos
los
esfuerzos
realizados para que la notaria finalmente subsanara las
deficiencias señaladas en su obra notarial. Examinado el
referido Informe, el 28 de abril de 2017, emitimos una
TS-17,418
8
Resolución mediante la cual le ordenamos a la licenciada
Hernández Torres que en el término de cuarenta y cinco
(45)
días
calendario,
a
partir
de
su
notificación,
realizara las gestiones siguientes: (a) designe un notario
sustituto, conforme al artículo 9 de la Ley Notarial; (b)
actualice sus datos en el RÚA; (c) subsane la totalidad de
las deficiencias notificadas por la ODIN, incluyendo la
deficiencia arancelaria de $6,926, y (d) muestre causa por
la
cual
no
debamos
imponerle
una
sanción
de
$500,
en
virtud del artículo 62 de la Ley Notarial.
De
igual
modo,
le
Hernández
Torres
“que
totalidad
de
ordenado
lo
de
apercibimos
a
incumplir
con
en
Resolución,
esta
la
licenciada
parte
o
la
podrá
exponerse no tan solo a la suspensión de la notaría, sino
también a la abogacía”. Resolución emitida el 28 de abril
de 2017, pág. 2. Esta determinación fue notificada el 1 de
mayo de 2017, pero fue devuelta, por lo que el 25 de mayo
de
2017
se
notificó
nuevamente
a
otra
dirección
que
constaba en el RÚA. Según surge del acuse de recibo del
servicio postal, esta segunda notificación fue recibida el
5 de junio de 2017.
El 13 de junio de 2017, la ODIN compareció ante nos
mediante una Moción notificando incumplimiento de orden y
en
solicitud
de
remedios.
En
esencia,
informó
que
la
licenciada Hernández Torres incumplió con lo ordenado por
este Tribunal en la Resolución emitida el 28 de abril de
2017.
En
consecuencia,
solicitó
que
se
ordenara
la
TS-17,418
9
suspensión
inmediata
e
indefinida
del
ejercicio
de
la
notaría de la abogada; que se evaluara la imposición de
otras
medidas
inmediata
e
disciplinarias,
indefinida
de
incluyendo
la
abogacía
la
y
suspensión
una
sanción
económica de $500, y que se le confiriera un término final
e improrrogable de treinta (30) días calendario, a partir
de
la
notificación,
arancelaria
y
para
atienda
que
las
satisfaga
la
deficiencias
deuda
sustantivas
notificadas. Esto último sujeto a que se refiera el asunto
a un procedimiento de desacato.
Vencido el término concedido en la Resolución del 28
de
abril
de
2017,
la
licenciada
Hernández
Torres
compareció ante este Tribunal mediante una Contestación a
Resolución.
solicitud
de
En
ésta,
señala
asignación
del
que
envió
licenciado
a
la
Ortiz
ODIN
Lugo
la
como
notario sustituto y que había actualizado sus datos en el
RÚA antes de recibir la notificación de la Resolución. Con
relación a esto último, indica que eliminó la dirección de
la
que
fue
su
sede
notarial
y
actualizó
su
número
de
teléfono. No obstante, alega que no pudo actualizar su
dirección postal, porque el pueblo en el que reside en
Nueva York no se encuentra entre las opciones que ofrece
el sistema.
Respecto
a
la
deuda
arancelaria,
señala
que
los
sellos existen y estuvieron junto a los protocolos en el
momento en que la Inspectora llevó a cabo su inspección.
Arguye que, tras la ODIN informarle que los sellos no
TS-17,418
10
fueron recogidos, se comunicó con quien fuera su expareja,
y dueño de su oficina, y éste le confirmó que tenía los
sellos en su poder. De igual manera, nuevamente reconoce
que ha incumplido con subsanar las deficiencias de sus
protocolos
del
justificación
2010-2015
para
ello,
y,
pero
probablemente
que
no
económicamente
exista
no
ha
podido y no estaba preparada mentalmente para regresar a
Puerto Rico.
Asimismo, la licenciada Hernández Torres expresa que
entiende que no merece oportunidades, pero solicita que se
le permita recoger su Libro de Registro de Testimonios en
el Archivo de San Juan durante las fechas del 23 al 30 de
diciembre
adherir
de
2017.
Ello,
los
sellos
y,
con
luego,
miras
de
regresarlo.
actualizarlo,
Igualmente,
solicita oportunidad de examinar sus protocolos del 20102015 y subsanar algunas faltas, tales como adherir los
sellos de rentas internas, impuesto notarial y asistencia
legal adeudados. En ese sentido, informa que viajará a
Puerto Rico del 17 al 25 de febrero de 2018, y del 1 al 8
de abril de 2018, fechas en las que podría finalizar la
subsanación de defectos. Además, solicita el traslado de
sus protocolos del 2010-2015 a la oficina del licenciado
Ortiz Lugo para que éste pueda asistirle en la corrección
de deficiencias.
Por otro lado, solicita oportunidad de resarcir sus
faltas sin que se le imponga la sanción económica de $500,
pues ha pasado muchas necesidades y la realidad es que no
TS-17,418
salió
11
de
Puerto
Rico
por
su
voluntad,
sino
por
una
situación personal. De otra parte, sostuvo que no está
interesada en continuar la práctica de la abogacía y la
notaría
en
Puerto
Rico,
pero
quisiera
inactivarse
voluntariamente. Además, asegura no estar interesada en
radicarse en Puerto Rico bajo ninguna circunstancia, sino
que
desea
resolver
los
asuntos
pendientes
ante
este
Tribunal.
Con
ello
en
mente,
examinemos
las
disposiciones
éticas aplicables.
II
En
innumerables
“desatender
las
ocasiones,
órdenes
hemos
judiciales
expresado
constituye
un
que
serio
agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el
Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX”.
In re Abendaño Ezquerro, 2017 TSPR 140, pág. 4. Véase,
también,
In re
Cónsono
con
naturaleza
Bello Rivera, 192 DPR 812, 816 (2015).
lo
anterior,
la
función
de
hemos
de
destacado
abogado
requiere
que
“la
de
una
escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este
Tribunal”.
Íd.
cuando
abogado
un
Consecuentemente,
requerimientos,
y
apercibimientos
de
no
se
atiende
hemos
con
advertido
diligencia
que
nuestros
muestra
indiferente
ante
nuestros
imponerle
sanciones
disciplinarias,
procede su suspensión del ejercicio de la abogacía. In re
Abendaño Ezquerro, supra, pág. 4; In re Salas González,
193
DPR
387,
393
(2015).
Asimismo,
hemos
aclarado
que
TS-17,418
12
incumplir los requerimientos de la ODIN conlleva idéntica
sanción disciplinaria. Íd.
Respecto
este
a
Tribunal
actitud
los
ha
pasiva
abogados
que
ejercen
precisado
que
no
pueden
asumir
una
a
los
señalamientos
de
en
torno
el
notariado,
deficiencias notariales. Ello, toda vez que “la práctica
de la notaría requiere el mayor celo en el cumplimiento de
los deberes que le impone la ley y el ordenamiento ético”.
In re Abendaño Ezquerro, supra, pág. 5. En ese sentido,
hemos sido enfáticos en que los notarios tienen el deber
ineludible
de
corregir
con
diligencia
las
deficiencias
notariales señaladas por los inspectores de protocolos y
notarías. In re Maldonado Giuliani, 195 DPR 670, 674-676
(2016).
Por
consiguiente,
“la
ausencia
de
corrección
combinada con la gravedad de tales deficiencias permiten a
este Tribunal hacer valer nuestra facultad disciplinaria
sobre los notarios y nuestra revisión sobre su función
pública”. In re Cardona Rodríguez, 2017 TSPR 125, págs. 78. En virtud de lo anterior, hemos dispuesto que aquellos
notarios que desatienden los requerimientos de la ODIN y
de este Tribunal con relación a la subsanación de las
deficiencias notariales infringen el Canon 9 del Código de
Ética Profesional. Íd., pág. 7; In re Maldonado Giuliani,
supra. Por tanto, resaltamos que “tratar con ligereza o
laxitud los señalamientos de la ODIN también configura una
violación del Canon 9”. In re Márquez Colón, 2017 TSPR
129, pág. 25.
TS-17,418
13
Reiteradamente,
hemos
señalado
que
los
notarios
tienen la obligación de dar estricto cumplimiento a la Ley
Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio de
1987,
4
LPRA
sec.
2001
et
seq.,
su
reglamento
y
las
disposiciones del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.
IX. Íd., pág. 9; In re Cardona Rodríguez, supra, pág. 6;
In
re
Morales
Asimismo,
Maldonado,
193
DPR
Tribunal
ha
manifestado
este
340,
345
(2015).
que
“[e]l
incumplimiento con una de estas fuentes de obligaciones y
deberes
del
notario
disciplinaria
éste
como
Cardona
implica
correspondiente
notario,
sino
Rodríguez,
ineludiblemente
la
no
función
sólo
también
supra,
en
la
como
abogado”.
6;
In
pág.
re
acción
In
de
re
Capestany
Rodríguez, 148 DPR 728, 733 (1999). Véase, también, In re
Morales Maldonado, supra. Por tanto, el notario que no
cumple
con
disciplinarias
sus
funciones
por
lesionar
se
la
expone
a
confianza
y
sanciones
la
función
pública que le fueron confiadas. In re Cardona Rodríguez,
supra, pág. 6; In re Capestany Rodríguez, supra, pág. 734.
Como parte de sus funciones, los notarios tienen el
deber
de
adherir
y
cancelar
los
sellos
arancelarios
correspondientes a cada documento o instrumento público al
momento de autorizarlo. 4 LPRA sec. 2021; In re Troche
Mercado, 194 DPR 747, 752 (2016); In re Román Jiménez, 161
DPR
727,
731
(2004).
Su
incumplimiento
con
tal
deber
constituye una omisión seria que podría resultar en fraude
al erario público y en la configuración del delito de
TS-17,418
14
apropiación ilegal. In re Cardona Rodríguez, supra, págs.
6-7;
In
re
Capestany
Rodríguez,
supra,
págs.
734-735.
Además, el notario estaría dando fe de haber realizado un
acto que realmente no efectuó y, a su vez, expondría los
documentos
autorizados
a
su
anulabilidad
e
ineficacia
jurídica en perjuicio de los otorgantes o de terceros. In
re Cardona Rodríguez, supra, págs. 6-7; In re Capestany
Rodríguez,
expresado
para
supra,
diáfanamente
incumplir
problemas
pág.
con
735.
“que
este
personales”.
En
no
deber,
In
re
consecuencia,
aceptaremos
tener
Cardona
hemos
como
excusa
haber
tenido
Rodríguez,
supra,
o
pág. 7; In re Torres Hernández, 160 DPR 709, 712 (2003)
(énfasis suplido).
De igual forma, hemos destacado que el notario es un
mero custodio de los protocolos, pues éstos pertenecen al
Estado. 4 LPRA sec. 2072; In re Cardona Rodríguez, supra,
pág. 7; In re Morales Maldonado, supra, págs. 345-346. Es
decir,
estos
funcionarios
representan
la
fe
pública
notarial y, por tanto, deben acatar las normas impuestas
para el manejo y mantenimiento de su obra protocolar. Como
corolario, se ha establecido el deber de los notarios de
nombrar a otro notario para que le sustituya cuando se
ausente
de
su
oficina
por
cualquier
causa
que
no
sea
permanente. 4 LPRA sec. 2013; In re Rosenbaum, 189 DPR
115, 119 (2013).
Ahora bien, se dispone que el periodo de ausencia del
notario no podrá exceder de tres (3) meses. Ese periodo
TS-17,418
15
sólo podrá extenderse en casos excepcionales en que medie
justa causa, previa solicitud al Director de la ODIN. 4
LPRA
sec.
2013.
Además,
la
extensión
del
periodo
de
ausencia se limitará a un plazo máximo adicional de nueve
(9) meses, para un total de doce (12) meses de sustitución
de
un
notario
responsabilidad
por
tanto
ausencia
del
notario
autorizada.
Íd.
como
sustituto
de
su
Es
notificar la designación a la ODIN. Íd.; In re Rosenbaum,
supra.
A la luz del marco jurídico expuesto, procedemos a
evaluar la conducta desplegada por la licenciada Hernández
Torres.
III
No albergamos duda que la licenciada Hernández Torres
ha
incurrido
en
un
craso
incumplimiento
de
la
Ley
Notarial, supra, y su reglamento, y de los postulados del
Canon
9
del
reiteradas
Código
de
ocasiones,
Ética
hemos
Profesional,
expresado
de
supra.
forma
En
clara,
precisa y contundente que todo notario tiene la obligación
de
adherir
y
cancelar
los
sellos
de
rentas
internas,
impuestos notariales y de asistencia legal inmediatamente
que se lleva a cabo el acto notarial correspondiente. Con
igual contundencia, hemos advertido que tal omisión será
causa
suficiente
disciplinarias
para
severas,
la
imposición
incluyendo
ejercicio de la abogacía y la notaría.
la
de
sanciones
suspensión
del
TS-17,418
16
No obstante, según se desprende del expediente del
caso, la licenciada Hernández Torres no adhirió ni canceló
un sinnúmero de sellos notariales y de rentas internas que
constituyen una deuda arancelaria ascendente a $6,926. En
un
intento
por
justificar
tan
grave
falta,
la
notaria
aduce que los sellos estaban en su sede notarial, por lo
cual los alguaciles de este Tribunal podían incautarlos
junto a su obra protocolar y sello notarial. No podemos
avalar
tal
contención.
La
licenciada
Hernández
Torres
tenía el deber ineludible de adherir y cancelar los sellos
correspondientes al momento de autorizar los documentos o
instrumentos
públicos.
Más
aún,
no
puede
delegar
su
obligación a los funcionarios de este Tribunal.
De
igual
licenciada
modo,
resulta
importante
Hernández
Torres
se
resaltar
trasladó
que
la
de
la
fuera
jurisdicción de Puerto Rico con la pretensión de radicarse
permanentemente en Nueva York, y sin ningún interés en
continuar ejerciendo la abogacía y la notaría. Ello, sin
antes
informar
a
la
ODIN,
para
que
se
realizaran
los
trámites correspondientes a la designación de un notario
sustituto; la entrega de su obra protocolar y su sello
notarial, y su cesación al ejercicio de la notaría, según
correspondiera. Al así actuar, la notaria faltó a su deber
de ejercer el más alto grado de cuidado, diligencia y celo
en su función de custodiar los protocolos del Estado.
Asimismo, la licenciada Hernández Torres ha actuado
con
displicencia,
desidia
y
dejadez
ante
los
TS-17,418
17
requerimientos
de
Independientemente
la
de
ODIN
las
y
de
razones
este
Tribunal.
personales
que
la
motivaron a trasladarse fuera de Puerto Rico, lo cierto es
que
se
le
han
concedido
suficientes
oportunidades
para
subsanar las deficiencias en su obra notarial y satisfacer
la deuda arancelaria ascendente a $6,926. No obstante, la
abogada ha asumido una actitud de indiferencia ante los
requerimientos
y
apercibimientos
de
Tribunal,
ha
incumplido
todo
y
en
la
ODIN
y
momento
de
este
con
lo
requerido.
Adviértase que, en la Resolución del 28 de abril de
2017, se le ordenó a la licenciada Hernández Torres de
forma
específica
que
subsanara
la
totalidad
de
las
deficiencias notificadas por la ODIN, incluyendo la deuda
arancelaria. Asimismo, nótese que se le apercibió que, de
incumplir
total
o
parcialmente
con
nuestra
orden,
se
expondría a la suspensión de la abogacía y la notaría. Aún
así, la abogada incumplió nuevamente con lo ordenado y,
con su acostumbrada falta de diligencia, compareció ante
este Tribunal luego de vencido el término concedido. En su
comparecencia, esencialmente reiteró sus planteamientos de
índole personal y económico para excusar su incumplimiento
en subsanar las deficiencias señaladas por la ODIN. Sin
duda, ha sido su propio patrón de incumplimientos lo que
le
ha
impedido
completar
el
proceso
de
subsanación
de
deficiencias en su obra notarial. Ante ello, no nos queda
TS-17,418
más
18
que
suspenderle
inmediata
e
indefinidamente
del
ejercicio de la abogacía y la notaría.
IV
Al
amparo
de
los
fundamentos
que
anteceden,
suspendemos inmediata e indefinidamente del ejercicio de
la abogacía y la notaría a la Lcda. Verónica D. Hernández
Torres.
En consecuencia, se le impone a la señora Hernández
Torres el deber de notificar a todos sus clientes sobre su
inhabilidad para continuar representándolos, y devolverles
cualesquiera
honorarios
recibidos
realizados.
De
igual
forma,
su
suspensión
inmediatamente
de
por
tendrá
a
trabajos
que
no
informar
cualquier
sala
del
Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el
que
tenga
certificar
algún
ante
caso
este
pendiente.
Tribunal
el
Deberá
acreditar
cumplimiento
con
y
lo
anterior, dentro del término de treinta (30) días contados
a partir de la notificación de la presente Opinión Per
Curiam y Sentencia.
En virtud de su suspensión inmediata e indefinida del
ejercicio
de
la
notaría,
funciones
notariales
la
queda
fianza
que
garantiza
automáticamente
sus
cancelada.
Asimismo, la fianza se considerará buena y válida por tres
(3) años después de su terminación, en cuanto a los actos
realizados durante el periodo en que ésta estuvo vigente.
Se le apercibe a la señora Hernández Torres que esta
acción
disciplinaria
no
le
exime
de
subsanar,
a
sus
TS-17,418
19
expensas, las deficiencias señaladas por la ODIN en su
obra notarial. Esa obligación subsiste y su incumplimiento
le expondrá al correspondiente procedimiento de desacato.
Por tanto, le concedemos a la señora Hernández Torres un
término
de
sesenta
(60)
días
para
que
subsane
las
deficiencias arancelarias de su obra notarial y contrate,
a su costo, un notario que le asista en el proceso de
corregir las deficiencias notariales señaladas.
Se
refiere
el
asunto
de
la
deuda
arancelaria
al
Departamento de Justicia de Puerto Rico para la acción
correspondiente.
Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia a la
Sra. Verónica D. Hernández Torres por correo certificado y
correo electrónico, por encontrarse fuera de Puerto Rico.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Verónica D. Hernández Torres
TS-17,418
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 1 diciembre de 2017.
Por las razones expuestas en la Opinión Per Curiam que
antecede, la cual se hace formar parte de la presente
Sentencia se suspende inmediata e indefinidamente del
ejercicio de la abogacía y la notaría a la Lcda. Verónica
D. Hernández Torres.
En consecuencia, se le impone a la señora Hernández
Torres el deber de notificar a todos sus clientes sobre su
inhabilidad para continuar representándolos, y devolverles
cualesquiera
honorarios
recibidos
por
trabajos
no
realizados.
De
igual
forma,
tendrá
que
informar
inmediatamente de su suspensión a cualquier sala del
Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el
que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y
certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo
anterior, dentro del término de treinta (30) días contados
a partir de la notificación de la presente Opinión Per
Curiam y Sentencia.
En virtud de su suspensión inmediata e indefinida del
ejercicio de la notaría, la fianza que garantiza sus
funciones notariales queda automáticamente cancelada.
Asimismo, la fianza se considerará buena y válida por tres
(3) años después de su terminación, en cuanto a los actos
realizados durante el periodo en que ésta estuvo vigente.
Se le apercibe a la señora Hernández Torres que esta
acción disciplinaria no le exime de subsanar, a sus
expensas, las deficiencias señaladas por la ODIN en su
obra notarial. Esa obligación subsiste y su incumplimiento
le expondrá al correspondiente procedimiento de desacato.
Por tanto, le concedemos a la señora Hernández Torres un
término de sesenta (60) días para que subsane las
deficiencias arancelarias de su obra notarial y contrate,
TS-17,418
2
a su costo, un notario que le asista en el proceso de
corregir las deficiencias notariales señaladas.
Se refiere el asunto de la deuda arancelaria al
Departamento de Justicia de Puerto Rico para la acción
correspondiente.
Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia a la
Sra. Verónica D. Hernández Torres por correo certificado y
correo electrónico, por encontrarse fuera de Puerto Rico.
Lo pronunció, manda el Tribunal
Secretario del Tribunal Supremo.
y
certifica
el
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo