LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Vendrell López v. Autoridad de Energía Eléctrica

2017 TSPR 192

Poder Judicial de Puerto Rico

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Vendrell López v. Autoridad de Energía Eléctrica

CC-2016-900

Sentencia con Opinión Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Vendrell López

Recurrida

v.

Autoridad de Energía Eléctrica

Certiorari

2017 TSPR 192

198 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC-2016-900

Fecha: 1 de diciembre de 2017

Región Judicial de San Juan - Caguas

Abogada de la parte peticionaria:

Lcda. Rebecca Torres Ondina

Abogado de la parte recurrida:

Lcdo. Juan Piza Ramos

Materia: Sentencia del Tribunal con Opinión Disidente

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Vendrell López

Recurrida

CC-2016-900

v.

Certiorari

Autoridad de Energía Eléctrica

Peticionario

Sentencia

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de diciembre de 2017.

En el día de hoy, nos corresponde resolver si

puede

considerarse

determinación

válida

la

notificación

administrativa,

cuando

el

de

una

documento

notificado ha sido devuelto por el correo postal por

no ser reclamado (unclaimed) por la parte a la cual

se dirige.

Adelantamos

que

--

a

la

luz

de

los

hechos

particulares del caso ante nos, así como el estado de

derecho

aplicable

--

la

notificación

de

una

determinación administrativa que ha sido devuelta por

el correo postal, por no ser reclamada (unclaimed)

por la parte destinataria, será

considerada

válida

CC-2016-900

2

solo si: (1) se logra demostrar que la parte remitente

realizó esfuerzos razonables para notificar el documento en

cuestión y, además, (2) se acredita que el documento fue

enviado a la “dirección correcta”; es decir, aquella en la

cual, según el mejor entendimiento de la parte remitente,

el destinatario recibe otras comunicaciones. Veamos.

I.

El señor José Vendrell López (“el señor Vendrell López”)

es abonado de la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”) y,

como tal, recibe servicio de energía eléctrica en cierto

apartamento

ubicado

Interamericana

Garden

en

el

Apartments,

complejo

residencial

en

Alto.

Trujillo

Las

facturas emitidas por la AEE en relación a dicha propiedad

son enviadas al señor Vendrell López, y recibidas por éste,

a la siguiente dirección postal: Interamericana Gdn. Apts

A18 Calle 20 Apt. 3A Trujillo Alto PR 00976-7422.

Tras una inspección realizada por la AEE en el contador

del

señor

Vendrell

López,

se

detectaron

ciertas

irregularidades,1 por lo que el 4 de julio de 2015, la AEE

le notificó a éste la querella administrativa núm. ICEE

1503196712. En la misma, se le informó al señor Vendrell

López

del

uso

consecuencia,

la

indebido

AEE

de

energía

reclamó

un

eléctrica

total

y,

en

adeudado

de

$13,514.70, por concepto de consumo no facturado, gastos

administrativos y multa administrativa. La notificación de

la querella incluyó, además, la siguiente advertencia:

A saber, un resistor en la bobina, y, además, tanto

exterior como el interior del contador, rotos o alterados.

1

el

sello

CC-2016-900

3

Dentro del término de 10 días laborables, a

partir del recibo de esta notificación,

deberá acudir y/o coordinar una cita con

nuestra oficina para discutir los detalles

de su caso. En dicha reunión puede estar

acompañado de un abogado. Además, tiene

derecho a solicitar por escrito ante este

servidor [a saber, el Supervisor Principal

de la AEE en la Región de Carolina,] una

reconsideración de esta determinación con

los fundamentos en que se basa la misma.

Esta solicitud debe ser presentada a nuestra

atención,

dentro

del

término

antes

mencionado. (Énfasis en el original y

suplido). Véase Apéndice de Certiorari, pág.

44.

El 7 de julio de 2015 la AEE le envió al señor Vendrell

López la referida querella administrativa, mediante correo

certificado con acuse de recibo, a la dirección postal según

obraba en los sistemas de la AEE; entiéndase, Interamericana

Gdn. Apts A18 Calle 20 Apt. 3A Trujillo Alto PR 00976-7422.

No obstante, esta comunicación fue devuelta por el Servicio

Postal de los Estados Unidos como no reclamada (unclaimed).

Posteriormente, el 22 de julio de 2015, la AEE le cursó

una segunda carta al señor Vendrell López, en la cual se

hizo referencia a la primera carta cursada. Asimismo, se le

advirtió lo siguiente:

Aunque

no

asistió,

ni

solicitó

reconsideración, ni efectuó el pago de los

gastos desglosados en comunicación anterior,

se le orienta que tiene derecho a presentar

una solicitud de revisión dentro de los

próximos veinte (20) días de recibir esta

notificación,

ante

la

Secretaría

de

Procedimientos Adjudicativos de la AEE

(apartado 363928, San Juan, PR 00936-3928).

Esta solicitud de revisión ante Secretaría

deberá estar acompañada con copia de esta

carta. De acogerse a este recurso, la multa

será impuesta según notificada.

CC-2016-900

4

Pasados los veinte días laborables de esta

notificación

y

no

haber

radicado

la

solicitud de revisión o pagado el importe de

$13,687.18[,] el servicio se suspenderá en

cualquier momento. (Énfasis en el original y

suplido). Véase Apéndice de Certiorari, pág.

48.

El 29 de julio de 2015, la mencionada carta fue enviada,

mediante

dirección

correo

certificado

postal

del

señor

con

acuse

de

Vendrell

recibo,

López,

a

a

la

saber,

Interamericana Gdn. Apts A18 Calle 20 Apt. 3A Trujillo Alto

PR 00976-7422. Sin embargo, nuevamente, dicha notificación

fue

devuelta

a la

AEE

por

el

Servicio

Postal, como

no

reclamada (unclaimed).

Así las cosas, el 15 de octubre de 2015 la AEE le cursó

una factura al señor Vendrell López, en la cual incluyó el

balance adeudado a raíz de la inspección realizada. Dicha

factura se envió a la misma dirección postal a la que fueron

notificadas las dos cartas antes mencionadas: Interamericana

Gdn. Apts A18 Calle 20 Apt. 3A Trujillo Alto PR 00976-7422.

Esta vez, dicha factura fue recibida por el señor Vendrell

López.

Una vez recibida la mencionada factura -- la cual, como

vimos, fue enviada a la misma dirección que las dos primeras

comunicaciones,

--

el

22

de

octubre

de

2015,

el

señor

Vendrell López se personó a las oficinas de la AEE, donde le

entregaron a la mano copia de las comunicaciones fechadas el

4 de julio de 2015 y 22 de julio del mismo año. Asimismo, se

le informó que la cantidad adeudada y reclamada en las

referidas cartas era final y firme, pues el término para

CC-2016-900

5

solicitar revisión de las mismas había vencido, según se le

había notificado. Ante tal situación, la representante de la

AEE, Alexandra Pérez Ortiz (en adelante, “la representante

de la AEE”) sugirió la configuración de un plan de pago.

Subsiguientemente,

representación

el

legal

29

del

de

octubre

de

2015,

señor

Vendrell

López

y

la

la

representante de la AEE se reunieron. En esta ocasión, la

representante

de

la

AEE

discutió

los

pormenores

de

la

querella administrativa, así como los hallazgos, el desglose

de la deuda encontrada y las opciones a favor del señor

Vendrell López.

Ante este panorama, el 3 de diciembre de 2015, el señor

Vendrell López presentó ante la Secretaría de Procedimientos

Administrativos

de

la

AEE

un

escrito

titulado

Urgente

Segunda Solicitud de Vista y de No Paralización de Servicio.

Según alegó, a pesar de no incluir evidencia acreditativa a

tales efectos, el 4 de noviembre del mismo año había incoado

una solicitud de revisión ante la Secretaría, pero arguyó

que la misma no había sido contestada.2

Evaluado el referido documento, el 20 de enero de 2016,

la AEE emitió una Resolución mediante la cual desestimó la

solicitud de revisión incoada por el señor Vendrell López.

En síntesis, sustentó su determinación en que conforme a las

comunicaciones que le fueron remitidas al señor Vendrell

López, la revisión presentada se hizo fuera del término de

Fue posteriormente, mediante facsímil cursado el 10 de diciembre de

2015, que el señor Vendrell López le notificó a la Secretaría de

Procedimientos Administrativos de la AEE copia de una carta fechada el

4 de noviembre de 2015.

2

CC-2016-900

veinte

6

(20)

días

para

ello,

según

lo

dispuesto

en

el

Artículo B, Sección XVII del Reglamento Núm. 7982 de la AEE,

infra.

Inconforme, el 10 de febrero de 2016 el señor Vendrell

López

presentó

una

revisión

ante

la

Secretaría

de

Procedimientos Administrativos de la AEE en la cual alegó

haber presentado una solicitud de revisión judicial el 4 de

noviembre de 2015, la cual no fue atendida. En esta ocasión,

por primera vez, se proveyó una declaración jurada suscrita

por el representante legal del señor Vendrell López, en la

cual expuso haber preparado y enviado la referida solicitud

de revisión fechada el 4 de noviembre de 2015.

Debido a que la reconsideración no fue atendida dentro

del término de quince (15) días dispuesto para ello, el

señor

Vendrell

López

presentó

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones un recurso de revisión judicial. En síntesis,

alegó que la AEE erró al declararse sin jurisdicción para

atender el recurso de revisión presentado por éste. El señor

Vendrell López adujo que los términos para recurrir de las

notificaciones

enviadas

por

correo

con

acuse

de

recibo,

relativas a la querella administrativa, habían comenzado a

transcurrir cuando le fueron entregadas a la mano el 22 de

octubre de 2015, al acudir a las oficinas de la AEE.

Así

las

cosas,

el

Tribunal

de

Apelaciones

dictó

una

Sentencia mediante la cual revocó la Resolución emitida por

la AEE. El foro apelativo intermedio interpretó que, dado a

que las cartas enviadas por correo con acuse de recibo no

CC-2016-900

7

fueron reclamadas (unclaimed), las mismas se entendían como

no

notificadas

Resolución

y,

en

su

consecuencia,

determinó

emitida

el

22

de

2015

julio

de

que

la

carecía

de

eficacia. De este modo, el Tribunal de Apelaciones ordenó a

la AEE a notificar correctamente la querella y, además,

indicó que la agencia no podría suspender el servicio de

energía eléctrica ni cobrar la suma de dinero exigida en la

querella hasta que se cumpliera con el debido proceso de

ley.

Inconforme con tal determinación, la AEE acude ante nos

mediante un recurso de certiorari. En síntesis, plantea que

el

Tribunal

de

Apelaciones

erró

al

declararse

sin

jurisdicción para atender la revisión judicial presentada

por el señor Vendrell López, por entender el foro que no se

cumplió

con

el

administrativo.

debido

Aduce

proceso

la

AEE

que

de

el

ley

ante

envío

de

el

foro

las

dos

comunicaciones por correo certificado con acuse de recibo, a

la “dirección correcta” del señor Vendrell López, constituyó

una

notificación

error

el

hecho

adecuada.

Asimismo,

de

foro

que

el

la

AEE

apelativo

señaló

como

intermedio

no

atendiera el asunto relativo a la no radicación del recurso

de revisión el 4 de noviembre de 2015.

Por otro lado, el señor Vendrell López compareció ante

nos mediante una Moción en Cumplimiento de Orden y, en

síntesis, somete el caso “a base del expediente”. Asimismo,

expone que las cartas objeto del presente pleito no fueron

recibidas, puesto que la AEE tenía las mismas en su poder.

CC-2016-900

8

Contando con el beneficio de las comparecencias de las

partes, procedemos a resolver.

II.

A. El debido proceso de ley

Como

es

sabido,

Constitución

del

la

Estado

Carta

Libre

de

Derechos

Asociado

de

de

la

Puerto

Rico

establece, en lo aquí pertinente, que “[n]inguna persona

será privada de su libertad o propiedad sin el debido

proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto

Rico la igual protección de las leyes”. Art. II, Sec. 7,

Const. E.L.A., LPRA, Tomo I, ed. 2016, pág. 301. Por otro

lado, y de forma muy similar,

la Constitución de los

Estados

Enmienda,

Unidos,

en

su

Quinta

dispone

que

“[n]inguna persona […] será privad[a] de su vida, de su

libertad o de su propiedad, sin el debido procedimiento

de ley…”. Emda. V, Const. EE. UU., LPRA, Tomo I, ed.

2016, págs. 190-191. Además, la Enmienda Catorce de la

Constitución

federal

establece

que

“…

ningún

estado

privará a persona alguna de su vida, de su libertad o de

su

propiedad,

negará

a

protección

sin

nadie,

de

las

el

debido

dentro

de

leyes”.

procedimiento

su

Emda.

de

jurisdicción,

XIV,

Const.

ley,

ni

la

igual

EE.

UU.,

LPRA, Tomo I, ed. 2016, pág. 208.

Anteriormente,

este

Tribunal

ha

establecido

que

el

debido proceso de ley -- derecho fundamental –- “encarna

la esencia de nuestro sistema de justicia”. López y otros

v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 DPR 109, 113 (1996); Amy

CC-2016-900

9

v. Adm. Deporte Hípico, 116 DPR 414, 420 (1985). Y es que

“[s]u prédica comprendía elevados principios y valores

que

reflejan

nuestra

vida

en

sociedad

y

el

grado

de

civilización alcanzado”. López y otros v. Asoc. de Taxis

de Cayey, supra; Amy v. Adm. Deporte Hípico, supra.

Es decir, el debido proceso de ley se define como el

“derecho de toda persona a tener un proceso justo y con

todas las garantías que ofrece la ley, tanto en el ámbito

judicial como en el administrativo”. Aut. Puertos v. HEO,

186 DPR 417, 428 (2012); Marrero Caratini v. Rodríguez

Rodríguez,

138

DPR

215,

220

(1995).

Véase

además

Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 DPR 562, 578 (1992)

(“[…]la cláusula del debido proceso de ley le impone al

Estado la obligación de garantizar que la interferencia

con

los

intereses

de

libertad

y

de

propiedad

del

individuo se haga a través de un procedimiento que en

esencia sea justo y equitativo, que respete la dignidad

de

los

individuos

afectados”).

Así,

pues,

se

ha

reconocido una serie de garantías que conforman el debido

proceso

de

ley,

a

saber:

la

concesión

de

una

vista

previa; una notificación oportuna y adecuada; el derecho

a ser oído; el derecho a confrontarse con los testigos en

su contra; a presentar prueba oral y escrita a su favor

y,

además,

la

presencia

de

un

adjudicador

imparcial.

López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, supra, a las

págs. 113-114; Henríquez v. Consejo Educación Superior,

CC-2016-900

10

120 DPR, 194, 202 (1987); Ortiz Cruz v. Junta Hípica, 101

DPR 791, 795 (1973).

De

igual

forma,

dado

a

ejercen

una

función

administrativas

que

las

agencias

adjudicativa

en

nuestro País, al interferir con los intereses de libertad

y propiedad de los individuos, la garantía a un debido

proceso

de

ley

se

ha

hecho

extensiva

a

dichas

instrumentalidades. Véase Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR

605, 623 (2010); Almonte et al. v. Brito, 156 DPR 475,

481 (2002); López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey,

supra, a la pág. 113.

En este sentido, y en lo pertinente al caso que nos

ocupa, nuestro ordenamiento jurídico reconoce que, en el

plano administrativo, el debido proceso de ley garantiza

el derecho a una notificación oportuna, la presentación

de evidencia, a que la adjudicación sea justa e imparcial

y, además, que la misma se base en el expediente del

caso.

Véase

Sec.

3.1

de

la

Ley

de

Procedimientos

Administrativos Uniformes, 3 LPRA sec. 2151. Véase además

Báez Díaz v. E.L.A., supra, a la pág. 624; Álamo Romero

v. Adm. Corrección, 175 DPR 314, 329 (2009);

López y

otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, supra, a las págs. 113114.

B.

Requisito de notificación

Cónsono con lo anterior, este Tribunal ha establecido

que la garantía del debido proceso de ley presupone una

notificación que se caracterice como “real y efectiva,

CC-2016-900

11

ajustada a los preceptos estatutarios aplicables”. Río

Const. Corp. v. Mun. de Caguas, 155 DPR 394, 412 (2001);

Jorge E. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR

1, 7-8 (2000); Asoc. Residentes v. Montebello Dev. Corp.,

138 DPR 412, 421. Específicamente, y en lo relacionado a

la

notificación

profesor

de

Demetrio

determinaciones

Fernández

administrativas,

Quiñones

ha

señalado

el

lo

siguiente:

La notificación de la querella es requisito

indispensable

para

la

validez

del

procedimiento administrativo de carácter

adjudicativo. Su incumplimiento violenta el

derecho a ser oído, toda vez que forma parte

y está ligada a él de manera indisoluble. A

través de la notificación se le informa a la

parte querellada de las alegaciones en su

contra y se le concede oportunidad razonable

para contestar y presentar su caso. Es un

requisito elemental del debido proceso de

ley. Son dos sus componentes: (1) [e]l

derecho a conocer sus garantías, como lo es

el

derecho

a

la

vista;

y

(2)

[l]a

notificación adecuada de la celebración de

la vista y de las controversias que se

dirimirán

en

ella.

Demetrio

Fernández

Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra

Ed., Colombia, Forum, 2013, pág. 185.

En este sentido, una notificación se entenderá como

eficaz en la medida en que la misma se haya hecho bien,

por lo que necesariamente, ésta deberá ser enviada “no a

cualquier

dirección,

sino,

obviamente,

a

la

dirección

correcta”. Ortiz v. A.R.Pe., 146 DPR 720, 723-724 (1998).

Ahora

bien,

con

el

propósito

de

determinar

lo

que

constituye una “dirección correcta”, es menester repasar

algunos

de

nuestros

pronunciamientos

a

tales

efectos.

CC-2016-900

12

Dado a que este Tribunal no se ha expresado en torno a

este

asunto

en

el

contexto

de

un

procedimiento

administrativo, resulta conveniente repasar la normativa

aplicable

a

los

casos

civiles;

específicamente,

en

el

contexto del emplazamiento a partes demandadas. Véase 31

LPRA sec. 18.

Así

pues,

en

Rodríguez

v.

Nasrallah,

118

DPR

93

(1986), ante una controversia relacionada a la validez de

una notificación realizada mediante edicto, adoptamos el

criterio

federal

sobre

la

“dirección

razonablemente

calculada”, según pautada en Evans v. Galloway, 701 P.2d

659 (Idaho 1985), el cual exige que el envío por correo

certificado con acuse de recibo de la copia de la demanda

y la orden para emplazar por edicto se haga al lugar de

la “última dirección conocida” de la parte demandada.3 De

este

modo,

establecimos

mediante

edicto

última

residencia

calculada,

debe

dentro

que

la

parte

cumplir

con

la

conocida

de

todas

que

norma

de

notifica

que

la

esté

“razonablemente

las

circunstancias

concurrentes, [para] darle aviso a la parte contraria”.

Íd., a la pág. 102.4

3

Véase Regla 4.5 de las de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA Ap.

III, derogada y sustituida por la Regla 4.6 de las de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, sec. 4.6 (la cual, en lo aquí pertinente, es

esencial a la anterior Regla 4.5, supra, y dispone que la

notificación habrá de realizarse a “la última dirección física o

postal conocida” de la parte demandada).

Específicamente, véase Evans v. Galloway, 701 P.2d 659, 661 (Idaho

1985):

4

Under these circumstances, we are inclined to follow

those courts which have held that, for persons engaged

in actionable conduct who subsequently move leaving no

CC-2016-900

13

Posteriormente,

en

Rivera

v.

Jaume,

157

DPR

562

(2002), reiteramos la mencionada norma. En esa ocasión,

la controversia giró en torno a la notificación enviada

por la parte demandante a un apartado postal, el cual a

su

vez

constituía

la

única

dirección

conocida.

La

notificación en cuestión fue devuelta con la anotación de

“unclaimed”. Ante tales hechos, este Tribunal evaluó el

efecto

que

tuvo

el

hecho

de

que

se

enviaran

los

documentos relacionados al emplazamiento mediante edictos

a una dirección, pero los mismos fueran devueltos por el

servicio postal a la parte demandante, por no haber sido

reclamados por el destinatario.

Así las cosas, en aquel entonces determinamos que, en

situaciones

como

las

antes

narradas,

era

deber

del

Tribunal de Primera Instancia inquirir sobre si la parte

demandante

conocía

entendimiento,

de

o

estaba

que

la

segura,

dirección

según

que

su

mejor

proveyó

le

pertenecía, o le perteneció, a la parte demandada. Íd., a

las

págs.

582-583.

Ello,

en

aras

de

salvaguardar

el

debido proceso de ley.

Más

adelante,

en

R

&

G

v.

Sustache,

163

DPR

491

(2004), nos enfrentamos con una controversia relacionada

a la suficiencia de la notificación en un proceso de

venta

judicial.

En

particular,

evaluamos

forwarding address by which their whereabouts may be

determined, service of summons by publication in a

newspaper of general circulation in the area, and a

mailing of copies of the summons and complaint to that

party's last known address is reasonably calculated

under all the circumstances to apprise that party of the

pendency of an action.

si

era

CC-2016-900

14

suficiente, con el fin de cumplir con las exigencias del

debido

proceso

de

ley,

realizar

una

notificación

por

correo certificado con acuse de recibo a la dirección

residencial donde el demandado fue emplazado, aun cuando

la

carta

en

cuestión

fuese

devuelta

por

el

servicio

postal de correo por insuficiencia en la dirección o por

ser la dirección una desconocida. Íd., a la pág. 492.

Allí, similar a como lo hicimos en las ocasiones antes

mencionadas, pero en escenarios distintos, resolvimos -mediante

sentencia

--

que

la

notificación

en

cuestión

debe cumplir con las exigencias del debido proceso de

ley. Íd., a la pág. 500. Por ello, en aquellos casos de

venta judicial, pautamos la siguiente norma:

Cuando se envíe el aviso de venta

judicial

de

acuerdo

con

la

Regla

51.8(a), supra, a un deudor demandado

que no ha comparecido al pleito, la

dirección a la que se le envíe tiene que

estar razonablemente calculada, a la luz

de las circunstancias particulares del

caso,

para

darle

una

notificación

efectiva de la venta y de cualquier

derecho o exención que lo cobije. El

promovente de la venta judicial deberá

realizar los trámites necesarios, con

cierto grado de esfuerzo, para procurar

la dirección del deudor demandado al

hacer la notificación. Ello no implica,

sin embargo, que el promotor de la venta

tenga

que

realizar

esfuerzos

extraordinarios. (Énfasis suplido). Íd.,

a la pág. 504.

Ahora bien, establecido el tratamiento que se le ha

dado

al

asunto

jurisprudencia

ante

local,

nuestra

para

una

consideración

cabal

en

la

comprensión

del

mismo, nos resulta apropiado señalar, brevemente, cuál ha

CC-2016-900

15

sido el acercamiento que en la esfera federal se le ha

hecho a este tema. Particularmente, es importante repasar

lo

dispuesto

por

el

Tribunal

Supremo

de

los

Estados

Unidos en una de sus últimas decisiones en las que abordó

un asunto similar al que aquí está en controversia.

En

este

sentido,

conviene

señalar

que

en

Jones

v.

Flowers, 547 US 220 (2006), un caso que versaba sobre la

notificación

venta

no

judicial,

Unidos,

antes

en

una

reclamada

el

Tribunal

fecha

señalados,

(unclaimed)

Supremo

posterior

resolvió

a

que,

los

para

de

un

de

los

aviso

de

Estados

pronunciamientos

entender

que

una

notificación se ha perfeccionado, el debido proceso de

ley no requiere que la parte demandada, efectivamente,

reciba

la

contrario,

notificación.

dicho

Foro

Íd.,

a

expresó

la

pág.

226.

Por

el

que,

según

ha

resuelto

anteriormente, el debido proceso de ley requiere que se

provea

una

notificación

razonablemente

todas

las

circunstancias,

para

calculada,

informar

a

las

bajo

partes

interesadas de la acción incoada en su contra; ello, de

modo

que

se

le

pueda

conceder

presentar

sus

objeciones,

Asimismo,

se

resolvió

en

que

una

caso

la

de

oportunidad

para

haberlas.

Íd.

notificación

5

requerida

variará según las circunstancias y condiciones de cada

Jones v. Flowers, 547 US 220, 226 (2006), citando con aprobación a

Mullane v. Central Hanover Bank & Trust Co., 339 US 306, 314 (1950)

(“Rather, we have stated that due process requires the government to

provide ‘notice reasonably calculated, under all the circumstances,

to apprise interested parties of the pendency of the action and

afford them an opportunity to present their objections.’”).

5

CC-2016-900

16

caso. Íd., a la pág. 227.6 En esa dirección, señaló que la

devolución

de

la

carta

reclamada

(unclaimed),

certificada,

podía

marcada

significar

una

como

no

de

las

siguientes opciones: que la parte demandada residía en la

dirección a la cual le fue cursada la correspondencia,

pero no estaba en el hogar cuando el cartero llegó, y

posteriormente no acudió al correo postal a reclamar la

misma; o, en la alternativa, que la parte demandada no

vivía

en

la

dirección

a

la

cual

le

fue

enviada

la

correspondencia.7

Sobre este particular, resulta menester destacar que

en el precitado caso la controversia ante el Tribunal

Supremo de los Estados Unidos, así como los intereses

envueltos, eran unos muy distintos a los del presente. Y

es que en Jones v. Flowers, el interés protegido era uno

de

mayor

envergadura,

pues

se

trataba

del

derecho

fundamental a la propiedad de una persona. No obstante,

en el caso que nos ocupa, la controversia versa sobre la

suspensión de un servicio brindado por el Estado a una

persona

que,

tras

intencionalmente

incumplir

con

las

obligaciones impuestas en ley para disfrutar del mismo,

se

rehúsa

a

acatar

el

procedimiento

administrativo

Jones v. Flowers, supra, a la pág. 227, citando con aprobación a

Walker v. City of Hutchinson, 352 US 112, 115 (1956) (“… we have

explained that the ‘notice required will vary with circumstances and

conditions.’”).

7 Véase Jones v. Flowers, supra, a la pág. 234. (“The return of the

certified letter marked ‘unclaimed’ meant either that Jones still

lived at 717 North Bryan Street, but was not home when the postman

called and did not retrieve the letter at the post office, or that

Jones no longer resided at that address.”).

6

CC-2016-900

17

dispuesto para atender este tipo de asunto, previo a la

cesación del servicio en cuestión.

En

fin,

extrapolando

expuesta

al

la

luz

contexto

administrativas,

de

de

podemos

la

normativa

las

colegir

antes

determinaciones

que

cuando

una

notificación enviada por correo certificado es devuelta

por

el

correo

postal,

intenta

notificar

razonables

para

acción

incoada

se

requiere

realice

la

parte

esfuerzos

informar

al

en

contra.

su

que

demandado

adicionales

de

Ahora

que

la

causa

bien,

de

cuando,

realizados esos esfuerzos, la notificación es enviada por

correo certificado y es devuelta por el servicio postal

sin

haber

sido

reclamada

(“unclaimed”)

por

el

destinatario -- y como consecuencia de ello, surge un

reclamo de si esa notificación es válida o no, -- lo

requerido

por

nuestras

decisiones

previas

es

que

el

tribunal se cerciore de que, efectivamente, la dirección

que se tenía por la parte promovente y que fue provista

al tribunal es la que le pertenecía a la parte promovida

(entiéndase,

ésta

debió

era

la

haber

“dirección

recibido

las

correcta”),

por

notificaciones

y

lo

que

quedar

enterada de su contenido. Véase Rivera v. Jaume, supra, a

la pág. 583.

Es,

pues,

promovente

ante

deberá

tales

circunstancias

acreditar

que,

que

una

parte

según

su

mejor

conocimiento, sabía y estaba segura de que la dirección

que utilizó para efectuar la notificación pertenecía o

CC-2016-900

18

alguna vez perteneció a la parte promovida. Véase Rivera

v. Jaume, supra, a la pág. 583.

En ese análisis, el Tribunal debe tener presente que

el hecho de que una carta enviada por correo certificado

con

acuse

de

recibo

sea

devuelta

por

no

haber

sido

reclamada por el destinatario, se puede deber a una de

dos razones: (1) que el destinatario en efecto recibió el

aviso de disponibilidad de la correspondencia, pero optó

por hacer caso omiso de la notificación; o, (2) que el

destinatario nunca recibió la correspondencia enviada, ya

sea porque no reside o no recibe la correspondencia a esa

dirección. Véase Jones v. Flowers, supra, a la pág. 234.

Dicho

de

otro

modo,

la

notificación

de

una

determinación administrativa que ha sido devuelta por el

correo postal, por no ser reclamada (unclaimed) por la

parte destinataria, será considerada válida solo si: (1)

se

logra

demostrar

que

la

esfuerzos

razonables

para

parte

remitente

notificar

el

realizó

documento

en

cuestión y, además, (2) se acredita que el documento fue

enviado a la “dirección correcta”; es decir, aquella en

la

cual,

según

el

mejor

entendimiento

de

la

parte

remitente, el destinatario recibe otras comunicaciones.

III.

Por

otra

Condiciones

parte,

el

Generales

para

el

Suministro

de

de

de

enero

2011,

Eléctrica,

Núm.

7982

enmendado

(en

adelante,

Reglamento

14

“Reglamento

de

Términos

de

Núm.

y

Energía

según

7982”),

CC-2016-900

19

establece cuál es el proceso que habrá de seguirse en

aquellas

instancias

en

las

que

la

AEE

presente

una

querella administrativa contra alguno de sus abonados.

En lo aquí pertinente, el Artículo XI del referido

reglamento

le

concede

investigar

aquellas

a

la

AEE

situaciones

la

autoridad

relacionadas

para

al

uso

indebido de la energía eléctrica:

Cuando se detecte una situación de uso

indebido,

la

Autoridad

[de

Energía

Eléctrica] puede denunciar la misma ante

las autoridades pertinentes. El cliente o

usuario o aquella otra persona natural o

jurídica que se haya aprovechado de energía

eléctrica no medida o no facturada[,] está

obligado

a

pagar

los

gastos

de

investigación, de eliminar la condición

detectada y pagar cualquier multa que le

sea

impuesta.

El

cliente

o

cualquier

usuario o usuario no autorizado que se haya

aprovechado indebidamente del servicio es

responsable de pagar a la Autoridad [de

Energía Eléctrica] el importe del estimado

que ésta haga de la energía eléctrica

dejada de registrar por el mediador o

contador (metro) y que no se facturó.

Sección XI, Artículo A, Reglamento Núm.

7982.

Asimismo,

una

vez

se

realiza

una

investigación

relacionada al uso indebido de energía, de conformidad al

precitado artículo, el Gerente de la oficina comercial de

la AEE queda autorizado a “presentar una querella contra el

cliente, usuario o usuario no autorizado”. Sección XII,

Artículo B, Reglamento Núm. 7982.

Una

cliente,

vez

la

usuario

querella

o

en

usuario

cuestión

no

es

notificada

autorizado,

éste

al

puede

presentar una solicitud de reconsideración, conforme el

CC-2016-900

20

procedimiento

establecido

en

el

referido

cuerpo

reglamentario. El mismo establece lo siguiente:

La parte adversamente afectada por una

determinación de la Autoridad [de Energía

Eléctrica] basada en las disposiciones de

este

Reglamento,

excepto

aquellas

relacionadas con la objeción de cargos

facturados, las cuales se rigen por lo

dispuesto en la Sección XIII de este

Reglamento,

puede

solicitar

una

reconsideración de la misma, en el término

de diez (10) días, a partir de la fecha en

que se le notificó. Dicha solicitud tiene

que

presentarse

por

escrito,

ante

el

funcionario que emitió la determinación

sobre la cual se solicita reconsideración y

exponer los fundamentos en que se basa la

misma. Sección XVII, Artículo A, Reglamento

Núm. 7982.

En aquellas circunstancias en las que no se solicite

una

reconsideración

y

la

querella

verse

sobre

el

uso

indebido de energía, la AEE puede suspender el servicio de

la misma, tras la correspondiente notificación en la que se

advierta el derecho a revisión que le cobija al cliente,

usuario

o

Reglamento

usuario

no

autorizado.

Núm.

7982.

Cónsono

Véase

con

lo

Sección

XI

del

anterior,

el

procedimiento para suspender el servicio de energía es el

siguiente:

Si el cliente no paga su factura y no sigue

el procedimiento para objetar los cargos en

el término dispuesto en la Sección XII de

este Reglamento, la Autoridad [de Energía

Eléctrica] puede suspenderle el servicio

por

falta

de

pago.

También,

puede

suspenderle

el

servicio

por

cualquier

violación a las disposiciones establecidas

por

las

leyes,

reglamentos,

normas,

manuales, códigos, patrones o comunicados

técnicos vigentes. En este último caso, la

Autoridad

[de

Energía

Eléctrica]

le

notifica por escrito al cliente en qué

CC-2016-900

21

consiste la violación y si la misma

requiere acción del cliente para eliminar o

corregir

una

situación

existente,

le

concede un término no menor de veinte (20)

días para eliminar o corregir la situación,

excepto

cuando

exista

riesgo

de

daño

inminente a la vida o propiedad, en cuyo

caso, aplica lo dispuesto en el Artículo D

de esta Sección, o cuando se trate de una

situación de uso indebido, en cuyo caso

aplican las disposiciones de la Sección XI

de este Reglamento. Sección XIV, Artículo

A, Reglamento Núm. 7982.

Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta, que

procedemos

a

atender

las

controversias

ante

nuestra

consideración.

IV.

Según se desprende del expediente ante nos, el 7 de

julio de 2015 la AEE le notificó al señor Vendrell López

la querella administrativa núm. ICEE 1503196712, la cual

fue presentada en su contra por alegado uso indebido de

energía eléctrica. Ello, tras realizar una inspección del

contralor

utilizado

notificación

por

incluyó

el

las

señor

Vendrell

advertencias

López.

Esta

relativas

al

procedimiento administrativo para solicitar reconsideración

y los términos para ello. Dicha notificación se realizó

mediante

correo

certificado

con

acuse

de

recibo,

a

la

dirección postal que obraba en el expediente de la AEE, a

saber:

Interamericana

Trujillo

Alto

PR

Gdn.

Apt

00976-7422.

A18

Sin

Calle

20

Apt.

3A

embargo,

la

referida

comunicación fue devuelta por el servicio postal como no

reclamada por su destinatario (unclaimed).

CC-2016-900

22

Así las cosas, el 29 de julio de 2015 la AEE le cursó al

señor Vendrell López una segunda carta. En la misma, no

solo

se

también

hizo

se

referencia

incluyeron

a

las

la

primera

carta,

advertencias

de

sino

rigor

que

antes

mencionadas y, además, se le advirtió que el servicio de

energía eléctrica sería suspendido en cualquier momento,

luego

de

transcurrido

el

término

para

solicitar

una

revisión de la determinación administrativa. Esta segunda

carta, al igual que la primera, fue enviada a la dirección

que

obraba

en

el

expediente

de

la

AEE

y

también

fue

notificada por correo certificado con acuse de recibo a la

dirección del señor Vendrell López: Interamericana Gdn. Apt

A18 Calle 20 Apt. 3A Trujillo Alto PR 00976-7422. Una vez

más, la carta fue devuelta como no reclamada.

Como se puede apreciar, sin duda alguna, en el presente

caso podemos colegir que la AEE realizó las gestiones a su

alcance para cumplir con el debido proceso de ley del señor

Vendrell López, pues en dos (2) ocasiones distintas intentó

notificar a éste de los señalamientos en su contra. En este

sentido, somos del criterio que la AEE cumplió con el

deber, según requerido por el primero de los criterios

jurisprudenciales antes señalados, de realizar esfuerzos

adicionales razonables para informarle al señor Vendrell

López de la reclamación en su contra. A tales efectos, la

entidad no se cruzó de brazos, sino que optó por cursarle

una segunda carta a la dirección en cuestión.

CC-2016-900

23

Por si fuera poco, y cónsono con el segundo de los

criterios jurisprudenciales esbozados anteriormente, la AEE

logró acreditar que la dirección que utilizó para efectuar

las

dos

notificaciones

antes

mencionadas

pertenecía

o

alguna vez perteneció al señor Vendrell López. Ello, toda

vez que el 15 de octubre de 2015, la AEE le cursó una

factura a éste en la cual incluyó el balance adeudado a

raíz de la inspección de su contador, y la cual sí fue

recibida. Dicha factura se envió a la dirección que obraba

en el expediente de la AEE, la cual, a su vez, fue la misma

dirección postal a la que fueron notificadas las dos cartas

cursadas

y

Curiosamente,

que

fueron

siete

(7)

devueltas

días

después

como

de

unclaimed.

recibir

dicha

factura -- la cual, como mencionamos, fue enviada a la

misma dirección a la que fueron cursadas las notificaciones

anteriores -- el señor Vendrell López se personó a las

oficinas de la AEE para cuestionar la cantidad reclamada.

Distinto a Rivera v. Jaume, supra, el expediente ante

nuestra consideración contiene evidencia que corrobora que

las comunicaciones del 7 de julio y 29 de julio de 2015,

respectivamente,

fueron

enviadas

a

la

dirección

postal

correcta en la que el señor Vendrell López suele recibir

las facturas mensuales de consumo de energía eléctrica, a

saber:

Interamericana

Gdn.

Apts

A18

Calle

20

Apt.

3A

Trujillo Alto PR 00976-7422. De hecho, el señor Vendrell

López no cuestiona haber recibido la factura de consumo de

energía eléctrica en la referida dirección, por lo que

CC-2016-900

24

entendemos

que

éste

optó

por

hacer

caso

omiso

a

las

primeras dos (2) notificaciones8.

Ante tal cuadro fáctico, no albergamos duda de que la

AEE tenía motivos suficientes para creer, dentro de su

mejor conocimiento, que la dirección Interamericana Gdn.

Apts A18 Calle 20 Apt. 3A Trujillo Alto PR 00976-7422 era

una dirección correcta y que pertenecía al señor Vendrell

López. Ello satisface los criterios que la jurisprudencia

ha establecido para los casos en que la correspondencia no

es reclamada por su destinatario.

8

Es menester señalar que, en el presente caso, tal y como

esbozamos anteriormente, sucedió algo muy distinto a lo ocurrido en

Jones v. Flowers, supra. Allí, el Tribunal Supremo federal resolvió

que el Estado debió haber realizado esfuerzos adicionales para

notificarle al señor Jones en cuanto a su incumplimiento tributario y

la eventual facultad del Estado de vender la propiedad, luego de

haber sido devueltas dos notificaciones cursadas a éste por correo

certificado. En el caso de autos, la Autoridad de Energía Eléctrica

(A.E.E.) envió tres comunicaciones en total. Las primeras dos (2),

las

cuales

versan

sobre

el

asunto

en

controversia,

fueron

notificaciones por correo certificado con acuse de recibo, dirigidas

ambas al señor José Vendrell López, a la dirección postal que obraba

en los expedientes de la entidad, y no fueron reclamadas por éste. No

obstante, la tercera comunicación -- a saber, el envío de una factura

por servicio eléctrico, -- enviada por correo regular y dirigida al

señor Vendrell a la misma dirección en cuestión, sí fue recibida por

éste.

En este sentido, y contrario a lo acaecido en Jones, nos parece

lógico concluir que, tratándose de la misma dirección que obraba en

el expediente de la A.E.E. y en la cual el señor Vendrell había

recibido y recibió sus facturas de energía eléctrica sin problema

alguno, aquí sí hubo constancia de que la dirección utilizada para

enviar la notificación por correo certificado era correcta.

Además de lo anterior, nos preocupa sobremanera el impacto que

podría tener el adoptar, automáticamente, y sin distinguir los hechos

de Jones del caso ante nuestra consideración, las sugerencias

esbozadas por el Tribunal Supremo en el referido caso. Y es que, de

irreflexivamente adoptar, sin más, esa postura, en cuanto a exigir

una segunda notificación por correo regular, parecería requerir que,

en efecto, siempre se realice una segunda notificación menos rigurosa

a la primera.

CC-2016-900

25

Siendo

ello

así,

concluimos

que

la

AEE

actuó

correctamente al declararse sin jurisdicción debido a que

el recurso de revisión presentado por el señor Vendrell

López

se

presentó

tardíamente.

El

error

señalado

fue

un

de

cometido.

Resuelto

lo

anterior,

por

tratarse

de

asunto

índole jurisdiccional, no hace falta que atendamos los

demás errores presentados.

V.

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de

certiorari

y

se

revoca

la

Sentencia

del

Tribunal

de

Apelaciones.

Notifíquese inmediatamente por fax, teléfono, correo

electrónico y por la vía ordinaria.

Lo

pronunció,

manda

el

Tribunal

y

certifica

el

Secretario del Tribunal Supremo de Puerto Rico. La Juez

Asociada señora Rodríguez Rodríguez y la Jueza Asociada

señora Pabón Charneco concurren sin Opinión escrita. La

Jueza

Presidenta

Disisente.

El

Oronoz

Juez

Rodríguez

Asociado

señor

emitió

una

Opinión

Estrella

Martínez

disiente y hace constar la siguiente expresión:

Nuevamente, este Tribunal encara una situación

que nos ilustra “el peligro de que las agencias

administrativas se beneficien o lesionen derechos de

ciudadanos por motivo de realizar notificaciones

defectuosas . . .”. García Sierra v. Adm. Corrección,

192 DPR 936, 936 (Estrella Martínez, Op. Disidente)

(2015). Revocar la determinación del Tribunal de

Apelaciones en este caso, no solo vulnera el derecho

del Sr. José Vendrell López (señor Vendrell López o

recurrido) “a solicitar revisión ante la Rama

CC-2016-900

Judicial”, sino que también despoja al recurrido de

las garantías mínimas de ser escuchado y defenderse

de

las

alegaciones

contenidas

en

la

querella

administrativa en su contra. Íd.

El debido proceso de ley y las protecciones que

enmarca su vertiente procesal es una de las “fórmulas

elásticas

de

justicia

sustancial

que

no

es

susceptible de definición genérica. No es una norma

invariable

que

pueda

aplicarse

por

su

propia

virtualidad independientemente de las circunstancias

[y condiciones] que medien en el caso”. Santiago

Mercado v. Jones, 74 DPR 617, 621-622 (1953). Sin

embargo, esta flexibilidad no es ilimitada, sino que

cede cuando resulta contradictoria con la protección

constitucional que prohíbe que se prive a una persona

de su libertad o propiedad sin notificación u

oportunidad de ser escuchado y de defenderse. Véase

Fuentes v. S.L.G. Badillo, 160 DPR 444, 451 (citando

a Rivera Rodríguez v. Lee Stowell, 133 DPR 889-990

(1993); Lunar v. Edmondson Oil Co., 457 U.S. 922

(1982); Mullane v. Central Hanover Tr. Co., 339 U.S.

306 (1950)).

A tono con tales garantías básicas, hemos

reconocido

que

la

norma

general

es

que

la

notificación se haga vía “citación real y efectiva,

ajustada a los preceptos estatutarios aplicables”.

Asoc. De Residentes Parque Montebello v. Montebello

Dev. Corp., 138 DPR 412, 421 (1995). Si bien la

notificación constructiva o por inferencias no

contradicen por sí solas el debido proceso de ley, su

utilización es a manera de excepción y únicamente

ante circunstancias extraordinarias. Íd. Adviértase

que siendo la notificación “un eslabón de tanta

envergadura en el debido proceso de ley [no puede]

tom[arse] . . . una configuración laxa basada en una

mera

conclusión

especulativa

de

que

se

tenía

conocimiento de la decisión administrativa”. Íd. El

análisis y solución del caso ante nos merecía una

rigurosidad similar, pues si bien el debido proceso

se acomoda con elasticidad a un balance de intereses,

el mismo no deja de ser “debido” a, y para proteger

al ser humano.

En Jones v. Flowers, 547 U.S. 220 (2006), la

Corte Suprema de los Estados Unidos reiteró que, a

pesar de que el debido proceso de ley no requiere,

como cuestión de hecho, que la persona interesada

reciba la notificación del proceso administrativo en

26

CC-2016-900

su contra, la forma de notificación que use el Estado

debe estar razonablemente diseñada para informar al

afectado o afectada del proceso. Íd., pág. 226.

Únicamente después de una notificación que satisfaga

este parámetro mínimo de razonabilidad puede el

Estado

afectar

los

intereses

libertarios

o

propietarios del individuo de manera final y firme.

Ahora bien, el foro supremo federal resolvió que

cuando el Estado tuviere información que indique que

su intento de notificar fue inefectivo, tiene la

obligación de proceder tal y como lo haría “una

persona realmente deseosa de informar” al individuo

que está en riesgo de perder su propiedad. De esa

forma, concluyó que le correspondía al remitente de

la notificación tomar pasos adicionales para informar

al destinatario. Ello, toda vez que la información

recibida en ese caso, igual que en la situación

fáctica ante nos, confirmaba a la agencia que el

destinatario no recibió la notificación y, por tanto,

desconocía del procedimiento en curso y su derecho a

comparecer para defender sus intereses. La manera en

que la Mayoría dispone del presente recurso no solo

es contraria al precedente de Jones v. Flowers,

supra, sino que aplica el precedente a la inversa.

Sin más, la Mayoría infiere que cuando la agencia

recibe devuelta la notificación enviada al individuo,

por esta no haber sido reclamada, implica que el

destinatario la ignoró intencionalmente. Sentencia,

en la pág. 23.

Preocupa sobremanera que se reduzca el asunto

ante nos a que la “controversia versa sobre la

suspensión de un servicio brindado por el Estado a

una persona que, tras intencionalmente incumplir con

las obligaciones impuestas en ley para disfrutar del

mismo,

se

rehúsa

a

acatar

el

procedimiento

administrativo dispuesto para atender este tipo de

asunto. . .”. Sentencia, en la pág. 16 (énfasis

suplido). Todo ello sin que mediare una notificación

adecuada

conforme

a

los

criterios

mínimos

constitucionales y menos una oportunidad para ser

escuchado.

Tal proceder confunde las obligaciones del

recurrido con las del Estado, y olvida que es el

último el que viene obligado a brindar un proceso

debido al primero, y no a la inversa. Validar la

27

CC-2016-900

28

utilización por segunda ocasión del mismo método o

forma de notificación que la agencia conoce que

fracasó la primera ocasión es precisamente el tipo de

“configuración laxa basada en una mera conclusión

especulativa de que se tenía conocimiento de la

[querella] [y] decisión administrativa”. Asoc. De

Residentes Parque Montebello v. Montebello Dev.

Corp., 138 DPR 412, 421 (1995) (énfasis suplido).

Por

las

respetuosamente

Tribunal.

razones

disiento

previamente

esbozadas,

de la Mayoría de este

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Vendrell López

Recurrido

v.

Autoridad

de

Eléctrica y otros

Energía

Peticionarios

Opinión disidente

RODRÍGUEZ

CC-2016-0900

emitida

por

la

Jueza

Certiorari

Presidenta

ORONOZ

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de diciembre de 2017.

¿Es

adecuada

la

notificación

de

una

determinación administrativa adversa cuando el

correo postal la devuelve por no ser reclamada

(unclaimed)? Luego de un análisis concienzudo

del derecho aplicable, considero que

-en un

caso como este- el Estado no puede cruzarse de

brazos

si

conoce

que

la

notificación

de

la

decisión adversa y del proceso para impugnarla

se devuelve sin que se haya recibido. En estas

circunstancias, el debido proceso de ley exige

que

el

Estado

tome

medidas

razonables

adicionales para notificar esa determinación.

Como la Mayoría otorga un peso desproporcional

a si la notificación se hizo a la “dirección

correcta” y le niega a la parte afectada el

derecho a cuestionar la

CC-2016-0900

2

decisión administrativa, disiento rotundamente del proceder

mayoritario.

I

A. Debido proceso de ley

Analizar

satisface

si

el

una

debido

determinada

proceso

de

actuación

ley

gubernamental

típicamente

requiere

examinar el alcance de esa garantía en ambas constituciones.

A nivel federal, la Quinta Enmienda de la Constitución de

Estados Unidos establece que nadie será privado de su vida,

libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. Const.

EE. UU. Enmda. V. De igual forma, la Sección 7 del Artículo

II

de

la

Constitución

de

Puerto

Rico

establece

que

“[n]inguna persona será privada de su libertad o propiedad

sin un debido proceso de ley”. Const. PR, Art. II, Sec. 7,

LPRA, Tomo 1.

En

su

vertiente

procesal,

el

debido

proceso

de

ley

procura el “derecho de toda persona a tener un proceso justo

y con todas las garantías que ofrece la ley, tanto en el

ámbito judicial como en el administrativo”. Marrero Caratini

v.

Rodríguez

Rodríguez,

138

DPR

215,

220

(1995).

Las

garantías y consideraciones del debido proceso de ley se

activan

cuando

el

Estado

afecta

negativamente

un

interés

propietario o libertario protegido constitucionalmente. Una

vez se reconoce el interés, el próximo paso consiste en

establecer cuáles son las pautas mínimas que el Estado debe

proveer.

Rodríguez

Rodríguez

v.

ELA,

130

DPR

562,

578

(1992). Por consiguiente, la naturaleza de estas garantías

CC-2016-0900

procesales

3

dependerá

de

un

enfoque

“circunstancial

y

pragmátic[o]”. Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 102

DPR 423, 428 (1974).

Al interpretar el alcance del debido proceso de ley, el

Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que uno de sus

elementos fundamentales es la notificación, pues apercibe a

las partes de la actuación gubernamental y les provee una

oportunidad de presentar sus objeciones. Mullane v. Central

Hanover Bank & Trust Co., 339 US 306 (1950). Ahora bien, no

se

exige

un

reasonably

aviso

real

calculated,

(actual

under

all

notice),

the

sino

“notice

circumstances,

to

apprise interested parties of the pendency of the action and

afford

them

an

opportunity

to

present

their

objections”.

Íd., pág. 314. No obstante, la notificación tampoco puede

ser

un

“mero

gesto”,

sino

que

su

razonabilidad

y

constitucionalidad dependerá de la certeza con la cual se

informa a los afectados. Íd., pág. 315.9

Por

otro

transcendencia

muchísimos

lado,

del

casos.

este

Tribunal

requisito

En

Asoc.

de

ha

resaltado

notificación

Residentes

v.

la

adecuada

Montebello

en

Dev.

Corp., 138 DPR 412, 421 (1995), por ejemplo, señalamos que

“el debido proceso de ley requiere, como regla general, la

notificación

o

citación

real

y

efectiva,

ajustada

a

los

preceptos estatutarios aplicables”. De igual modo, en Molini

Véase, también, González-González v. U.S., 257 F.3d 31, 36 (1er Cir.

2001) (“[b]ecause due process is an infinitely flexible concept there is

no infallible test for determining the adequacy of notice in any

particular situation. The touchstone is reasonableness: the government

must afford notice sensibly calculated to inform the interested party of

the contemplated forfeiture and to offer him a fair chance to present his

claim of entitlement”.).

9

CC-2016-0900

4

Gronau v. Corp. P.R. Dif. Púb., 179 DPR 674, 686 (2010),

amparándonos en Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property,

173 DPR 998 (2008), resolvimos “que se incumple con las

exigencias del debido proceso de ley cuando no se notifica

adecuadamente una determinación administrativa a una parte

afectada

por

ella”.

Así

también,

en

Picorelli

López

v.

Depto. de Hacienda, 179 DPR 720, 736 (2010), este Tribunal

reiteró

de

forma

unánime

este

precepto

constitucional

al

“constituye

un

requisito

indefectible

la

concluir

que

adecuada

notificación

de

cualquier

determinación

de

una

agencia

que

los

intereses

propietarios

de

un

afecte

ciudadano”.

B. Jurisprudencia sobre correo certificado

La controversia en este caso es si el Estado, a tenor

con el debido proceso de ley, notifica adecuadamente una

determinación adversa si la única notificación que se envió

fue devuelta por el correo postal porque no se reclamó. La

Mayoría entiende que sí y utiliza principalmente tres casos

para apoyar su postura. Por mi parte, considero que una

lectura contextualizada y armoniosa de estos casos apoya la

postura

contraria:

si

una

notificación

que

se

envía

por

correo certificado se devuelve sin reclamar, de modo que la

parte no fue advertida, el Estado está obligado a tomar

medidas adicionales razonables.

En Rivera v. Jaume, 157 DPR 562 (2002), la Sra. Ana N.

Jaume Andújar presentó una demanda de filiación contra el

Sr. Guillermo Rivera Báez, quien vivía en el Estado de Nueva

CC-2016-0900

5

York. Por esta razón, el emplazamiento se hizo por edicto.

Además, se enviaron los documentos pertinentes por correo

certificado a su dirección en Nueva York. No obstante, la

correspondencia no fue reclamada (unclaimed) por el señor

Rivera Báez. A pesar de lo anterior, el foro de instancia

dictó sentencia en rebeldía.

Años después el señor Rivera Báez presentó una demanda

sobre impugnación de paternidad. Sostuvo que nunca recibió

la notificación del procedimiento instado en su contra. El

tribunal de instancia desestimó sumariamente la acción pues

entendió que el señor Rivera Báez fue emplazado conforme a

derecho. El foro apelativo intermedio confirmó el dictamen

recurrido.

Este

varios

de

Tribunal

los

expidió

el

planteamientos

recurso.

del

Luego

señor

de

atender

Rivera

Báez,

expresamos que no podía ignorarse que la notificación se

devolvió al correo postal porque no se reclamó. Íd., pág.

578. Destacamos que esa información le constaba al tribunal

de instancia cuando emitió la sentencia y que esa realidad

no podía tomarse livianamente por la importancia que tiene

el emplazamiento para el cumplimiento con el debido proceso

de ley. Íd., pág. 579. A su vez, reiteramos la norma de

Mullane v. Central Hanover Bank & Trust Co., supra, a los

efectos de que el debido proceso de ley no requiere que el

demandado reciba físicamente la notificación, sino que “el

método que se utilice razonablemente informe al demandado

sobre la pendencia de una reclamación en su contra”. Íd.

págs. 579-580.

CC-2016-0900

6

Por otro lado, también discutimos las implicaciones de

que el servicio postal devuelva una notificación sin que

fuera reclamada. Por ejemplo, citamos un caso que señaló que

cuando

la

notificación

satisfacen

los

se

requisitos

devuelve

de

sin

reclamarse

notificación.

Esto,

no

se

pues,

a

diferencia de una notificación que es rechazada (refused),

cuando

es

devuelta

sin

reclamarse

no

significa

que

el

demandado deliberadamente evitó la notificación. Íd., pág.

581; véase Kucher v. Fisher, 167 F.R.D. 397, 398 (1996).

Asimismo, otro caso citado determinó que una notificación

devuelta no reclamada podría significar, entre otras cosas,

que la parte proveyó una dirección incorrecta. Rivera v.

Jaume, supra, págs. 581-582; véase Pittman v. Trenton Energy

Corp., 842 F.Supp. 918, 922 (Miss. 1994). Por lo tanto,

señalamos que únicamente en circunstancias extraordinarias

los tribunales federales han sostenido que es adecuada una

notificación devuelta por el servicio postal. Entre ellos,

un

caso

donde

se

realizó

una

determinó

“que

el

demandado

vista

tenía

evidenciaria

conocimiento

y

se

de

la

reclamación en su contra y que, en efecto, había rehusado

recibir el emplazamiento”. Rivera v. Jaume, supra, pág. 582;

véase Danz v. Lockhart, 967 P.2d 1075 (Idaho 1998).

Al resolver el caso, este Tribunal concluyó que el foro

primario

“debió,

cuando

menos,

inquirir

sobre

si

efectivamente la señora Jaime conocía y estaba segura, en su

mejor conocimiento, de que la dirección que le proveyó al

tribunal pertenecía o alguna vez perteneció al demandado”.

Íd., pág. 583. Es decir, como la notificación se devolvió,

CC-2016-0900

7

el tribunal no podía conformarse con la información ofrecida

por la demandante. En consecuencia, determinó que los foros

inferiores erraron al desestimar sumariamente la demanda de

impugnación de paternidad del señor Rivera Báez.

Por

otro

lado,

en

R

&

G

v.

Sustache,

163

DPR

491

(2004), este Tribunal emitió una Sentencia en un caso sobre

emplazamiento y venta judicial. En resumen, el Tribunal de

Primera Instancia notificó la sentencia en rebeldía a la

misma dirección donde emplazaron a los demandados, pero la

notificación se devolvió por el servicio postal porque la

dirección

era

insuficiente

(insufficient

address).

Posteriormente, se notificó un aviso o edicto de subasta a

esa misma dirección. El Sr. Francisco Sustache Rivera, uno

de los demandados, solicitó la nulidad de la venta judicial

celebrada

porque

no

se

notificó

conocida.

Alegó

que

la

parte

a

la

última

demandante

dirección

conocía

que

su

dirección postal era otra.

En primer lugar, expresamos que “el debido proceso de

ley no es una garantía estática e inmutable, sino todo lo

contrario. Varía y se conforma a las nuevas situaciones que

confronta,

ampliando

de

esta

manera

su

esfera

de

influencia”. Íd., pág. 501. Para determinar el efecto que

debe tener que una notificación se devuelva por el servicio

postal citamos varios casos estatales. En uno de esos casos

citados, Prisco v. County of Greene, 734 N.Y.S.2d 280 (A.D.

3

Dept.

2001),

la

notificación

de

la

venta

judicial

se

devolvió porque no se reclamó. Discutiendo sus implicaciones

expresamos que “[e]l hecho de que la notificación enviada

CC-2016-0900

8

por correo hubiese sido devuelta por el servicio postal,

debió haber alertado a la agencia de la posibilidad de que

no estuviere cumpliendo con los requisitos constitucionales

del debido proceso de ley”. Íd., pág. 503. En atención a los

hechos particulares del caso, resolvimos que en casos de

venta

judicial

insuficiencia

donde

de

correspondencia

la

la

a

notificación

dirección,

otra

dirección

sea

devuelta

por

deberá

enviarse

la

que

conste

en

el

expediente. Íd., pág. 504.

Finalmente, el caso más relevante para la controversia

que tenemos ante nosotros es Jones v. Flowers, 547 US 220

(2006),

resuelto

por

el

Tribunal

Supremo

de

los

Estados

Unidos. El Sr. Gary Jones era dueño de una casa, pero no

pagó los impuestos sobre la propiedad. Consecuentemente, el

Comisionado de las Tierras del Estado de Arkansas envió por

correo certificado una carta a la dirección de la propiedad

para informarle al señor Jones del incumplimiento tributario

y del derecho del Estado de vender la propiedad luego de dos

años. No obstante, la carta se devolvió al correo postal

porque no se reclamó. Dos años más tarde, el Comisionado

publicó un aviso de venta pública en el periódico local, al

que la Sra. Linda Flowers respondió con una oferta. En un

nuevo intento de informar al señor Jones que su propiedad

sería vendida si no pagaba sus impuestos, el Comisionado

envió un segundo aviso por correo certificado al señor Jones

a la dirección de la propiedad. Una vez más, el aviso se

devolvió porque no se reclamó. Consecuentemente, la señora

Flowers compró la casa.

CC-2016-0900

9

Tan pronto se enteró de la compraventa, el señor Jones

presentó

una

demanda

contra

el

Comisionado

y

la

señora

Flowers. Argumentó que el Estado no avisó adecuadamente la

confiscación, en violación a su debido proceso de ley. Los

demandados, por su parte, argumentaron que las dos cartas

enviadas por correo certificado al señor Jones constituyeron

una notificación adecuada, conforme con el debido proceso de

ley.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos acogió la postura

del señor Jones y resolvió que “when mailed notice of a tax

sale is returned unclaimed, the State must take additional

reasonable

property

steps

owner

to

attempt

before

to

selling

provide

his

notice

property,

if

to

the

it

is

practicable to do so”. Íd., pág. 225. El Tribunal enfatizó:

“We

do

not

think

that

a

person

who

actually

desired

to

inform a real property owner of an impending tax sale of a

house he owns would do nothing when a certified letter sent

to

the

owner

is

returned

unclaimed”.

Íd.,

pág.

229.

El

Tribunal reconoció que, de ordinario, la evaluación de si

una notificación es constitucionalmente suficiente se hace

antes de la notificación (ex ante). No obstante, aclaró que

“if a feature of the State’s chosen procedure is that it

promptly provides additional information to the government

about the effectiveness of notice, it does not contravene

the ex ante principle to consider what the government does

with

that

information

in

assessing

chosen procedure”. Íd., pág. 231.

the

adequacy

of

the

CC-2016-0900

Más

10

adelante,

el

Tribunal

señaló

que

el

Estado

de

Arkansas, una vez se enteró que el señor Jones no recibió la

notificación, debió tomar medidas razonables adicionales. En

su

análisis

de

cuáles

medidas

estaban

disponibles,

Tribunal concluyó:

We think there were several reasonable steps the

State could have taken. What steps are reasonable

in response to new information depends upon what

the new information reveals. The return of the

certified letter marked “unclaimed” meant either

that Jones still lived at 717 North Bryan Street,

but was not home when the postman called and did

not retrieve the letter at the post office, or

that Jones no longer resided at that address. One

reasonable step primarily addressed to the former

possibility would be for the State to resend the

notice by regular mail, so that a signature was

not required. The Commissioner says that use of

certified mail makes actual notice more likely,

because

requiring

the

recipient’s

signature

protects against misdelivery. But that is only

true, of course, when someone is home to sign for

the letter, or to inform the mail carrier that he

has arrived at the wrong address. Otherwise,

“[c]ertified mail is dispatched and handled in

transit as ordinary mail,” and the use of

certified mail might make actual notice less

likely in some cases—the letter cannot be left

like regular mail to be examined at the end of the

day, and it can only be retrieved from the post

office for a specified period of time. Following

up with regular mail might also increase the

chances of actual notice to Jones if—as it turned

out—he had moved. Even occupants who ignored

certified mail notice slips addressed to the owner

(if any had been left) might scrawl the owner’s

new address on the notice packet and leave it for

the postman to retrieve, or notify Jones directly.

Íd., págs. 234-235 (citas omitidas) (énfasis

suplido).

el

CC-2016-0900

Es

decir,

11

el

notificación

Tribunal

se

sugirió

devuelve

por

que,

no

cuando

haberse

la

primera

reclamado,

una

medida adicional disponible, entre muchas otras, es enviar

la notificación por correo regular. Esto, porque, aunque el

envío por correo certificado tiene sus beneficios, en muchas

ocasiones causa que la notificación sea menos probable. Cabe

recordar que las dos notificaciones del Estado de Arkansas

fueron

por

correo

certificado,

pero

el

Tribunal

Supremo

federal de todos modos concluyó que la notificación no fue

adecuada.

Considero

razonamiento:

que

estos

violaría

tres

el

casos

debido

denotan

proceso

de

el

ley

mismo

que

se

realice una actuación gubernamental suponiendo que la parte

afectada fue notificada, a pesar de que la correspondencia

fue devuelta por el servicio postal. Claro está, cada caso

atiende la situación de hechos particular allí presente. En

Rivera v. Jaume, supra, por ejemplo, el problema principal

era que el tribunal descansó completamente en la dirección

provista

por

la

señora

Jaume

Andújar,

a

pesar

que

la

notificación fue devuelta no reclamada. Además, se desestimó

sumariamente la demanda del señor Rivera Báez sin realizar

tan siquiera una vista evidenciaria.

Nada de lo expresado por el Tribunal Supremo de Puerto

Rico en Rivera v. Jaume, supra, y en R & G v. Sustache,

supra,

implica

que

es

constitucionalmente

suficiente

una

notificación de una determinación gubernamental adversa que

se

envía

reclamar.

a

De

la

dirección

hecho,

correcta,

luego

de

pero

discutir

se

devuelve

ambos

casos,

sin

el

CC-2016-0900

Profesor

12

William

razonamiento

Vázquez

utilizado

Irizarry

por

nuestro

señaló

Tribunal

que

“el

Supremo

fue

recientemente avalado por el Tribunal Supremo de los Estados

Unidos en el caso Jones v. Flowers”. W. Vázquez Irizarry,

Procedimiento Civil, 75 Rev. Jur. UPR 175, 221 (2006). El

Profesor argumentó que “[a]unque la decisión federal se da

en el contexto de notificaciones del Estado, lo cierto es

que

el

principio

consignado

requerimiento

de

notificaciones

devueltas

es

medidas

el

mismo

cuanto

al

en

casos

de

confirma

el

adicionales

por

correo

y

en

curso

decisorio de nuestro Tribunal”. Íd., pág. 222.

Por consiguiente, una lectura armoniosa de estos casos

es

que,

si

la

notificación

de

una

actuación

que

afecta

intereses propietarios se devuelve sin reclamar, el Estado

debe tomar medidas adicionales razonables para procurar que

la

notificación

vulnere

el

llegue

requisito

al

de

afectado.

Así

notificación

evitamos

adecuada,

que

se

elemento

fundamental del debido proceso de ley consagrado en nuestra

Constitución.

II

Aplicando el análisis expuesto al caso particular ante

nos, considero que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)

no cumplió con el requisito de notificación adecuada que

establece

nuestro

ordenamiento

jurídico.

La

AEE

no

podía

tomar livianamente que las notificaciones se devolvieron sin

ser reclamadas. En cambio, de tenerlo disponible, la AEE

debió

realizar

algún

esfuerzo

razonable

adicional

para

CC-2016-0900

13

notificar al Sr. José Vendrell López el monto total adeudado

y el proceso para revisar su determinación.10 Veamos.

Según

el

esquema

reglamentario

de

la

AEE,

las

notificaciones enviadas versan sobre procesos distintos y

con

consecuencias

diferentes.

Además,

el

Reglamento

Núm.

7982 requiere ambas notificaciones. La primera notificación

incluye la querella y una advertencia de un término de diez

días para solicitar una reunión o una reconsideración. En

cambio, la segunda notificación menciona que, como no se

solicitó

la

reconsideración

de

la

querella

(re:

primera

notificación), la AEE puede suspender el servicio de energía

eléctrica. Por otro lado, también le informa a la parte su

derecho

a

solicitar

Procedimientos

una

revisión

Adjudicativos

de

la

ante

la

Secretaría

Autoridad

de

de

Energía

Eléctrica (SPAAEE) en un término de veinte días. Por lo

tanto,

dos

notificaciones

distintas

requeridas

por

el

Reglamento se devolvieron y ninguna se notificó nuevamente.

Véase Asoc. Residentes v. Montebello Dev. Corp., 138 DPR

412, 421 (1995) (“el debido proceso de ley requiere, como

regla general, la notificación o citación real y efectiva,

ajustada a los preceptos estatutarios aplicables”).

La

AEE

conocía

que

el

señor

Vendrell

López

no

fue

notificado de la querella administrativa ni del proceso para

defenderse de la actuación administrativa. Además de que el

Reglamento

las

exige,

estas

se

requieren

por

el

debido

proceso, pues imputaban consumo ilegal de energía eléctrica,

El monto total adeudado es $ 13,687.18. El desglose es el siguiente: $

11,514.70 por consumo no facturado, $ 672.48 por gastos administrativos y

$ 1,500 por una multa administrativa. Apéndice, pág. 44.

10

CC-2016-0900

14

imponían una multa administrativa y avisaban la posibilidad

de suspender el servicio de energía eléctrica. Es decir, la

AEE

tomó

una

determinación

adversa

contra

los

intereses

propietarios del señor Vendrell López. En una circunstancia

como esta, continuar con el procedimiento administrativo y

sostener que la factura advino final y firme, no garantiza

el

derecho

del

señor

Vendrell

López

a

tener

un

proceso

justo. Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, supra. Si el

método utilizado debe estar razonablemente calculado para

informar al demandado sobre la reclamación en su contra, no

se

cumple

ese

estándar

cuando

el

Estado,

a

pesar

ser

alertado de la posibilidad de no estar cumpliendo con los

requisitos constitucionales del debido proceso, no toma las

medidas adicionales a su alcance. Rivera v. Jaume, supra,

pág. 580; R & G v. Sustache, supra, pág. 503; Jones v.

Flowers, supra, pág. 229.

A tenor con lo anterior, procede evaluar cuáles medidas

razonables

adicionales,

si

alguna,

tenía

la

AEE

a

su

disposición. Considero que la AEE podía, por ejemplo, enviar

las

notificaciones

por

correo

regular.

Jones

v.

Flowers,

supra, págs. 234-235. De hecho, cuando la AEE le cursó la

factura al señor Vendrell López por correo regular, este

recibió la misma y rápidamente acudió a las oficinas de la

AEE. La Mayoría critica exigir otra notificación por correo

regular porque entiende que es menos rigurosa. No obstante,

el Tribunal Supremo federal descartó un argumento similar,

aunque no idéntico:

CC-2016-0900

15

The Solicitor General argues that requiring

further effort when the government learns that

notice was not delivered will cause the government

to favor modes of providing notice that do not

generate

additional

information—for

example,

starting (and stopping) with regular mail instead

of certified mail. We find this unlikely, as we

have no doubt that the government repeatedly finds

itself being asked to prove that notice was sent

and received. Using certified mail provides the

State with documentation of personal delivery and

protection against false claims that notice was

never received. That added security, however,

comes at a price—the State also learns when notice

has not been received. Íd., pág. 237.

Es decir, el Estado puede continuar enviando la primera

o la segunda notificación por correo certificado por los

beneficios que produce, pero si se devuelven sin reclamarse

(i.e., la persona no fue notificada) no puede ignorar ese

hecho

y

tiene

que

tomar

alguna

medida

adicional.

Aunque

enviarla por correo regular pudiera parecer una medida menos

rigurosa,

el

envío

por

correo

regular

-vis-à-vis

correo

certificado- puede hacer más probable que la parte reciba la

notificación. Íd., págs. 234-235.

Otra

crítica

aparente

es

qué

pasaría

si

la

parte

afectada argumenta que tampoco recibió la carta enviada por

correo

regular.

satisface

el

Sin

embargo,

considero

debido

proceso

de

ley

que

cuando

el

Estado

envía

la

notificación por correo regular a la dirección conocida. Es

decir, no tiene que probar que la parte afectada la recibió.

Para estos eventos aplicaría la Regla 304 (23) de Evidencia,

32 LPRA Ap. VI, que dispone que “[u]na carta dirigida y

cursada

por

correo

debidamente,

fue

recibida

en

su

CC-2016-0900

16

oportunidad”.

presunción,

De

el

satisfacer

Estado

los

cumple

elementos

con

el

que

activan

esfuerzo

la

adicional

requerido. Le correspondería a la parte contraria rebatir la

presunción.

Por

otro

lado,

la

necesidad

de

realizar

esfuerzos

adicionales aplica tanto cuando la notificación se envía a

la

dirección

encuentra

correcta,

en

ese

pero

momento,

la

parte

afectada

no

se

como

cuando

se

de

la

mudó

propiedad. Íd., pág. 234. Vemos, pues, que lo relevante no

es si se envió a la dirección correcta, sino que si el

Estado se entera que la notificación no se recibió no puede

cruzarse de brazos y pretender que lo fue. Aunque uno de los

beneficios del correo certificado es que avisa el momento

que

la

notificación

se

comes

price

however,

at

a

recibió,

–

the

“[t]hat

added

State

also

security,

learns

when

notice has not been received”. Íd., pág. 237.

Cabe mencionar que el señor Vendrell López sostuvo que

su ex esposa es quien vive en la propiedad.11 La norma de

Jones

v.

Flowers,

supra,

también

atiende

esta

situación,

pues el Tribunal concluyó que, aunque el actual ocupante

podría ignorar una nota (slip) del correo certificado, una

carta regular dirigida a éste podría abrirse y leerse. Íd.,

pág. 235. Desde luego, no hay manera que el Estado sepa

exactamente

por

qué

una

notificación

se

devolvió

sin

reclamar. Ahora bien, cuando utilice el servicio de correo

certificado, y se entere que se devolvió sin reclamar, el

Estado

11

debe

tomar

Apéndice, pág. 80.

medidas

adicionales

como,

por

ejemplo,

CC-2016-0900

17

enviarla por correo regular. De este modo, aunque la parte

afectada ya no resida en la propiedad, al menos el actual

ocupante

probablemente

recibirá

la

notificación

y

podrá

notificarle. Íd.

En fin, toda la controversia se reduce a qué podemos

esperar

del

Estado

una

vez

se

entera

que

la

persona

no

recibió la notificación. Aquí la AEE argumenta que el tiempo

para recurrir ante la SPAAEE comenzó a transcurrir a partir

de

la

segunda

notificación

por

correo

certificado.

Claramente esto sería injusto y violaría el debido proceso

de ley porque la AEE -por el mecanismo de notificación que

adoptó-

conocía

que

las

notificaciones

no

se

recibieron.

Para cumplir con el debido proceso, la AEE podía simplemente

enviar por correo regular las notificaciones.

Por otro lado, los argumentos adicionales expuestos por

la Mayoría tampoco me convencen. Por ejemplo, la Mayoría

sostiene que “en Jones v. Flowers, el interés protegido era

uno

de

mayor

envergadura,

pues

se

trataba

del

derecho

fundamental a la propiedad de una persona”. Sentencia, pág.

16. Ahora bien, en las páginas anteriores expresa que “dado

que

a

las

agencias

adjudicativa

en

intereses

libertad

de

administrativas

nuestro

y

País,

al

propiedad

ejercen

una

interferir

de

los

función

con

individuos,

los

la

garantía a un debido proceso de ley se ha hecho extensiva a

dichas instrumentalidades”. Sentencia, pág. 9. Más allá de

las propias expresiones de este Tribunal, no me cabe la

menor duda de que nuestra garantía constitucional exige una

verdadera

notificación

adecuada

de

una

determinación

CC-2016-0900

18

administrativa que impone una multa, que advierte sobre la

posible suspensión de servicios esenciales y que establece

una

factura

que

advendría

final

si

la

parte

no

logra

impugnarla. Recordemos que el debido proceso de ley no es

una

garantía

estática

e

inmutable,

sino

que

varía

y

se

conforma a las nuevas situaciones que confronta. R & G v.

Sustache, supra, pág. 501.

Finalmente, en otro intento de distinguir el caso de

Jones v. Flowers, supra, la Mayoría sostiene que “en el caso

que nos ocupa, la controversia versa sobre la suspensión de

un servicio brindado por el Estado a una persona que, tras

intencionalmente incumplir con las obligaciones impuestas en

ley

para

disfrutar

procedimiento

tipo

de

resulta

hizo

del

mismo,

administrativo

asunto”.

Sentencia,

desacertado

concluir

caso

omiso

a

las

se

rehúsa

a

acatar

el

dispuesto

para

atender

pág.

En

primer

lugar,

16.

este

que

el

señor

Vendrell

López

primeras

dos

notificaciones,

pues

Jones v. Flowers, supra, destacó los problemas que presenta

el correo certificado y reconoció que su uso puede hacer la

notificación menos probable. Íd., págs. 234-235. Por otro

lado, resulta increíble y contradictorio pensar que el señor

Vendrell

López

procedimiento

rehusó

intencionalmente

administrativo,

pero

tan

pronto

acatar

el

recibió

la

factura por correo regular acudió a la AEE para impugnar la

determinación.

alguna

de

Además,

que

el

no

consta

señor

en

el

Vendrell

expediente

López

prueba

incumplió

intencionalmente con las obligaciones impuestas por ley o

que

rehusó

a

acatar

el

procedimiento

administrativo.

El

CC-2016-0900

proceso

19

administrativo

precisamente,

para

del

poder

cual

hoy

dilucidar

es

excluido

esos

existe,

asuntos.12

Ahora

bien, incluso de ser cierto, el presunto incumplimiento no

exime

del

requisito

de

una

notificación

adecuada

y

Tribunal

de

oportuna.13

Por

todo

Apelaciones

lo

en

anterior,

que

las

coincido

dos

con

el

notificaciones

por

correo

certificado que se devolvieron por el servicio postal porque

no

se

reclamaron

son

defectuosas.

De

hecho,

en

su

resolución, el Juez Administrativo de la AEE no utilizó esas

notificaciones como punto de partida del término de veinte

días para recurrir ante la SPAAEE. En cambio, entendió que

la entrega personal de éstas el 22 de octubre de 2015 activó

el término. No obstante, esa premisa también es errónea,

pues

en

esa

reunión

le

indicaron

que

el

cargo

“ya

fue

facturado y que no se detiene proceso de corte”.14 Además, en

la reunión del 29 de octubre de 2015 el abogado del señor

Vendrell López expresó que presentaría la apelación en la

SPAAEE, pero le orientaron “que el término establecido para

este tipo de reclamación venció”.15 Considero, pues, que los

términos aplicables nunca comenzaron a transcurrir, pues no

es adecuada una notificación que informa el derecho a un

procedimiento y, simultáneamente, indica que ya no lo tienes

A modo de comparación, recordemos que en Rivera v. Jaume, supra, pág.

582, citamos un caso que validó la constitucionalidad de la notificación

devuelta porque se realizó una vista evidenciaria donde se determinó “que

el demandado tenía conocimiento de la reclamación en su contra y que, en

efecto, había rehusado recibir el emplazamiento”. Íd., pág. 582.

13 Véase Jones v. Flowers, supra, pág. 232 (“[T]hat property may become

subject to government taking when taxes are not paid does not excuse the

government from complying with its constitutional obligation of notice

before taking private property”).

14 Apéndice, pág. 52.

15 Íd., pág. 67.

12

CC-2016-0900

disponible.

concluyó

20

Por

esta

correctamente

razón,

el

foro

apelativo

intermedio

que

la

AEE

no

en

puede,

estos

momentos, suspender el servicio eléctrico o cobrar el monto

exigido en la querella.

En fin, no estoy de acuerdo con reducir el requisito de

notificación adecuada a un mero gesto. Si el Estado conoce

que la parte afectada no se notificó, pero no toma medidas

adicionales para remediar esta situación, viola el debido

proceso

Tribunal

de

ley.

En

esta

velar

por

el

ocasión,

le

cumplimiento

correspondía

de

una

a

este

garantía

constitucional de tanta envergadura. Después de todo, somos

nosotros quienes tenemos la última palabra sobre cuál es el

alcance de esas garantías.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta