LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Miramar Marine, Inc. y otros v. Citi Walk Development Corporation y otros

2017 TSPR 141

Poder Judicial de Puerto Rico

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Miramar Marine, Inc. y otros v. Citi Walk Development Corporation y otros

CC-2015-609

Corporaciones: Al expirar para una corporación disuelta el término dispuesto por el Art. 9.08 de la Ley General de Corporaciones, el único remedio que existe para liquidar cualquier propiedad que aun posea la corporación disuelta es el procedimiento dispuesto por el Art. 9.09 de la Ley General de Corporaciones.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miramar Marine, Inc.; Luis A.

García Gómez y otros

Peticionarios

Certiorari

v.

2017 TSPR 141

Citi Walk Developmet

Corporation; McCloskey, Pérez

& Asociados, Inc. y otros

198 DPR ____

Recurridos

Número del Caso: CC-2015-609

Fecha: 27 de julio de 2017

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. José Andreu Fuentes

Lcdo. Pedro López Bergollo

Lcdo. Francisco Ramos Martínez

Abogados de la parte recurrida:

Lcdo. Alfredo Fernández Martínez

Lcda. Marie Lynn Quiñones Tañón

Lcdo. Juan M. Cordero Morales

Materia: Corporaciones: Al expirar para una corporación disuelta el

término dispuesto por el Art. 9.08 de la Ley General de

Corporaciones, el único remedio que existe para liquidar cualquier

propiedad que aun posea la corporación disuelta es el procedimiento

dispuesto por el Art. 9.09 de la Ley General de Corporaciones.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miramar Marine, Inc.;

A. García Gómez y otros

Luis

Peticionarios

v.

CC-2015-0609

Citi

Walk

Development

Corporation; McCloskey, Pérez

& Asociados, Inc. y otros

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ

TORRES.

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de julio de 2017.

La

controversia

que

tenemos

ante

nuestra

consideración requiere que analicemos en conjunto

los Arts. 9.08 y 9.09 de nuestra Ley General de

Corporaciones, 14 LPRA secs. 3708 y 3709. Luego de

estudiar y analizar los artículos antes mencionados

revocamos la sentencia emitida por el Tribunal de

Apelaciones.

I

Miramar Marine, Inc. (Miramar Marine) fue una

corporación con fines de lucro incorporada al amparo

de la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico,

14 LPRA secs. 3501 et seq. Esta vendió una propiedad

inmueble

pública,

a

Hogares,

S.E.,

mediante

escritura

CC-2015-0609

2

el 30 de diciembre de 2005. Como parte de la transacción,

Hogares

S.E.

otorgó

un

pagaré

al

portador

a

favor

de

Miramar Marine por la cantidad de $1,625,000. Este pagaré

fue garantizado con una primera hipoteca sobre la propiedad

adquirida

por

compraventa,

Hogares,

la

cual

S.E.

fue

en

la

debidamente

transacción

de

inscrita

el

en

Registro de la Propiedad.

El

27

mediante

de

diciembre

escritura

de

pública,

2007

Hogares

la

propiedad

S.E.

vendió,

inmueble

en

cuestión a Citi Walk Development Corp. (Citi Walk), sin que

hubiere saldado su deuda con Miramar Marine. Sin embargo,

Miramar Marine consintió a que Citi Walk asumiera el pago

de

la

deuda

que

existía

entre

ellos

y

Hogares

S.E.

Asimismo, Miramar Marine aceptó permutar a un segundo rango

la hipoteca que tenía sobre el inmueble, con el propósito

de que Eurobank pudiera garantizar el préstamo otorgado a

Citi Walk para que pudiera adquirir la propiedad. Además,

Citi Walk y Miramar Marine acordaron extender a veinte años

la vigencia de la hipoteca a favor de Miramar Marine. Por

otro

lado,

establecieron

que

el

interés

sobre

el

monto

principal de la deuda iba a ser de 8.25% hasta el 30 de

junio

de

2008

y

a

partir

de

esta

fecha

el

interés

aumentaría a 8.50%, hasta que se pagara la deuda en su

totalidad. También, acordaron aumentar el principal de la

deuda

por

adicional.

$75,000,

para

Finalmente,

lo

que

Urbanus

se

emitió

Development,

un

pagaré

Inc.

y

McCloskey Pérez y Asociados, Inc. garantizaron, por partes

CC-2015-0609

3

iguales, el pago del principal e intereses de la deuda

asumida

por

honorarios

veremos

Citi

Walk,

pactados

más

en

adelante,

así

como

las

la

hipoteca.

Citi

Walk

penalidades

Sin

y

embargo,

incumplió

con

los

como

estos

acuerdos.

Citi Walk incumplió con los pagos del préstamo que

realizó con Eurobank para adquirir la propiedad. Por ello,

Oriental

Bank,

quien

era

el

dueño

del

crédito

en

controversia para el tiempo de la reclamación, presentó una

demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El

foro primario dictó sentencia a favor de Oriental Bank el

20

de

abril

de

2012.

Además,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia, como parte del proceso de ejecución de hipoteca,

ordenó la cancelación de la hipoteca de Miramar Marine, la

cual,

como

mencionamos

anteriormente,

se

encontraba

en

segundo rango.

Por su parte, Miramar Marine quedó disuelta en abril

de

2008

y,

como

consecuencia,

comenzó

su

liquidación.

Como

parte

proceso,

Miramar

de

ese

proceso

de

Marine

realizó una serie de reclamaciones extrajudiciales contra

Citi Walk desde comienzos del 2009, con el propósito de que

Citi Walk le pagara el dinero adeudado por la propiedad que

le había vendido a Hogares S.E., y que Citi Walk le había

comprado a Hogares S.E. Finalmente, Miramar Marine logró un

acuerdo

con

F

&

R

Construction,

Corp.,

en

donde

estos

últimos se comprometieron a continuar con los pagos. Sin

CC-2015-0609

4

embargo, F & R Construction Corp. dejó de cumplir con los

pagos en noviembre de 2012.

Como consecuencia, Miramar Marine y sus accionistas,

Luis A. García Gómez, Marisol N. de García, Rafael Nevares

Bengochea

y

Marta

Burgos

de

Nevares,

presentaron

una

demanda ante el Tribunal de Primera Instancia el 24 de

septiembre

de

2013

contra

McCloskey,

Pérez

&

Asociados,

Inc.; Citi Walk Development Corporation; Luis Pérez Pagán,

su esposa Gloria Tañón Ortiz y la sociedad legal de bienes

gananciales compuesta por ambos; Joseph McCloskey Vázquez,

su esposa Stacy Suárez Kiley y la sociedad legal de bienes

gananciales compuesta por ambos; Urbanus Development, Inc.;

TN

Development

Corp.;

F

&

R

Construction,

Corp.;

Jaime

Fullana Olivencia, su esposa Jossette Lefranc Romero y la

sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ambos;

Ángel Antonio Fullana, su esposa Lydia Morales Cobián y la

sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ambos;

José

Miguel

Fullana

Olivencia,

su

esposa

María

Milagros

Morales López y la sociedad legal de bienes gananciales

compuesta por ambos, y Oriental Bank (Oriental). La demanda

se instó al amparo del Art. 9.08 de la Ley General de

Corporaciones,

supra.

Como

consecuencia

de

la

demanda,

McCloskey, Pérez & Asociados, Inc.; Citi Walk Development

Corporation; Luis Pérez Pagán, su esposa Gloria Tañón Ortiz

y la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por

ambos;

Joseph

McCloskey

Vázquez,

su

esposa

Stacy

Suárez

Kiley y la sociedad legal de bienes gananciales compuesta

CC-2015-0609

por

5

ambos

(McCloskey)

presentaron

una

moción

de

desestimación el 10 de diciembre de 2013. Alegaron que los

demandantes

dejaron

de

exponer

una

justifique la concesión de un remedio,

reclamación

que

debido a que al

momento de presentarse la demanda la corporación no tenía

capacidad jurídica para ser demandada. Regla 10.2 de las

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA AP. V. Se basaron en

que había transcurrido el término de tres años que permite

el Art. 9.08 de la Ley General de Corporaciones, supra,

para presentar reclamaciones. De esta misma forma arguyeron

que,

los

accionistas

tampoco

presentaron

su

reclamación

dentro del periodo de tres años dispuestos por el Art. 9.08

de la Ley General de Corporaciones, supra. Por su parte,

los co-demandados Urbanus Development, Inc.; TN Development

Corp.; F & R Construction, Corp.; Jaime Fullana Olivencia,

su esposa Jossette Lefranc Romero y la sociedad legal de

bienes

gananciales

compuesta

por

ambos;

Ángel

Antonio

Fullana, su esposa Lydia Morales Cobián y la sociedad legal

de

bienes

gananciales

compuesta

por

ambos;

José

Miguel

Fullana Olivencia, su esposa María Milagros Morales López y

la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ambos

(Urbanus),

se

unieron

presentada

por

McCloskey.

también,

una

moción

de

a

la

moción

Finalmente,

desestimación

de

desestimación

Oriental

en

la

radicó,

que

hizo

alegaciones similares a las de McCloskey y Urbanus. Por su

parte, el Tribunal de Primera Instancia proveyó no ha lugar

a las mociones de desestimación el 24 de noviembre de 2014.

CC-2015-0609

6

Este foro concluyó que el término “acción” contenido en el

Art.

9.08

incluye

de

la

Ley

General

reclamaciones

de

Corporaciones,

extrajudiciales.

En

supra,

específico

indicó:

[U]na corporación que presenta una acción

durante el período de sobrevivencia, en la forma

de reclamación extrajudicial, puede proseguir con

la misma luego de expirado dicho término y

llevarla hasta su conclusión, aun cuando ello

requiera

convertir

la

reclamación

de

extra

judicial en judicial. Véase, Resolución y Orden

del 14 de noviembre de 2014, pág. 13.

Urbanus

y

Apelaciones,

en

Oriental

donde

cada

acudieron

una

al

presentó

Tribunal

un

de

recurso

de

certiorari. Ante esto, Miramar Marine se opuso a que se

expidiera el auto y planteó que en caso de resolver que la

corporación

no

tenía

capacidad

jurídica

para

hacer

el

reclamo, entonces los accionistas podían hacerlo, pues los

bienes

de

una

corporación

cuando

la

misma

se

pasaban

disolvía.

directamente

a

ellos

Eventualmente,

el

foro

apelativo intermedio revocó al foro primario e indicó que

el Art. 9.08 de la Ley General de Corporaciones, supra,

solo contempla acciones judiciales y

no extrajudiciales,

por

judicial

tenía

que

el

lo

que

cualquier

presentarse

en

el

mencionado

artículo.

reclamación

periodo

de

tres

años

que

indica

Asimismo,

en

una

nota

al

calce

concluyó que los accionistas de la corporación no podían

demandar, ya que luego del periodo dispuesto en el Art.

9.08 de la Ley General de Corporaciones, supra, no puede

hacerse ninguna reclamación.

CC-2015-0609

7

Ante este resultado, Miramar Marine y sus accionistas

comparecen ante este foro y plantean que Miramar Marine

tiene

legitimación

para

reclamar,

ya

que

instó

una

reclamación extrajudicial dentro del plazo de tres años del

Art.

9.08

de

la

Ley

General

de

Corporaciones,

supra.

También, en la alternativa señaló que, si se resuelve que

el

plazo

de

tres

años

expiró,

los

activos

de

Miramar

Marine, incluyendo la acreencia reclamada, pasaron a ser

propiedad de los accionistas al liquidarse la corporación.

Como consecuencia, inicialmente notificamos una Resolución

en

la

que

denegamos

la

expedición

del

Certiorari.

No

obstante, en reconsideración, y luego de evaluar la misma,

decidimos expedir el auto de Certiorari. Así pues, luego de

haber

analizado

y

estudiado

los

alegatos

de

las

partes

procedemos a resolver las controversias que tenemos ante

nuestra consideración.

II

La figura de la corporación nace con el motivo de

facilitar

y

promover

las

actividades

comerciales.

Exposición de Motivos de la Ley General de Corporaciones,

Ley Núm. 164-2009,(2009 (Parte 2)

Leyes

de

Puerto

Rico).

Véase también, Santiago et al. v. Rodríguez et al., 181 DPR

204,

215

(2011).

la

Por

principales

de

personalidad

jurídica

eso,

una

corporación

distinta

de

es

y

las

que

características

cuenta

separada

de

la

con

una

de

sus

dueños. Íd. Véase también, C.E. Díaz Olivo, Corporaciones:

Tratado sobre Derecho Corporativo, Colombia, [s. Ed], 2016,

CC-2015-0609

págs.

2,

8

45;

M.

Muñoz

Rivera,

Ley

de

Corporaciones

de

Puerto Rico: Análisis y Comentarios, 1ra ed., San Juan, Ed.

Situm, 2015, pág. 7. Además, la personalidad jurídica se

extiende hasta que la corporación deja de existir.

Por otra parte, la disolución es el proceso mediante

el cual se pone fin a la existencia de la corporación. En

otras

palabras,

la

disolución

equivale

a

la

“muerte

jurídica de la corporación”. Díaz Olivo, op. cit., pág.

371.

El

Capítulo

IX

de

nuestra

Ley

General

de

Corporaciones, 14 LPRA sec. 3701 et seq., regula el proceso

de disolución de una corporación en Puerto Rico. Junto con

la disolución comienza el proceso de liquidación del ente

corporativo. Durante este proceso, “[l]a corporación, entre

otras

cosas,

tiene

antes

que

pagar

las

obligaciones

pendientes, cobrar sus acreencias y distribuir cualquier

sobrante

entre

los

accionistas,

de

conformidad

a

las

prioridades que sus acciones les confieren.”. Díaz Olivo,

op. cit., págs. 381-382.

Para

poder

comprender

mejor

las

consecuencias

jurídicas de la disolución de la corporación, es necesario

recordar

que

common

law,

nuestro

derecho

específicamente

corporativo

proviene

del

de

estado

del

Delaware.

Exposición de Motivos de la Ley General de Corporaciones,

supra.

Por

esa

razón,

hemos

expresado

que

las

interpretaciones que hagan los tribunales de Delaware sobre

su Ley General de Corporaciones tienen valor ilustrativo y

persuasivo

en

esta

jurisdicción,

al

igual

que

las

CC-2015-0609

9

interpretaciones

legislación

que

hayan

corporativa

de

hecho

otros

Delaware.

estados

Llorens

et

de

la

al.

v.

Arribas et al., 184 DPR 32, 49-50 (2011). Es importante

tener esto en cuenta debido a que en el common law, la

disolución

persona

de

una

natural,

corporación,

terminan

con

como

la

la

muerte

capacidad

de

una

jurídica

que

esta tiene para demandar y ser demandada. Por consiguiente,

se terminan todos los litigios que la corporación tenía

pendiente. A estos efectos, el Tribunal Supremo de Estados

Unidos ha expresado:

There is no specific provision in our rules

for the substitution as a party litigant of a

successor to a dissolved corporation. It is well

settled that at common law and in the federal

jurisdiction

a

corporation

which

has

been

dissolved is as if it did not exist, and the

result of the dissolution cannot be distinguished

from the death of natural person in its effect.

It follows, therefore, that as the death of the

natural person abates all pending litigation to

which such a person is a party, dissolution of a

corporation at common law abates all litigation

in which the corporation is appearing either as

plaintiff or defendant.(Citas omitidas) Oklahoma

Natural Gas Co. v. State of Oklahoma, 273 U.S.

257, 259 (1927).

A.2d

Véase

también,

500,

503

In

(Del.

re

Citadel

Ch.

1980);

Industries,

16A

Fletcher,

Inc.,

423

Fletcher

Cyclopedia of the Law of Corporations Sec. 7966, (2012).

En Puerto Rico, los efectos de la disolución de una

corporación son distintos a los de la muerte de una persona

natural. En nuestra jurisdicción, el efecto de la muerte de

una persona natural es que los herederos se subrogan por

operación

de

ley

en

los

derechos

repudio

rechazo

de

la

masa

o

del

causante,

hereditaria.

E.

salvo

González

CC-2015-0609

10

Tejera, Derecho de sucesiones: La sucesión intestal, San

Juan, Ed. Universidad de Puerto Rico, 2001, T. 1, pág. 31.

En otras palabras, opera una sucesión civil, la cual no

cuenta

con

una

personalidad

jurídica

propia.

Kogan

v.

Registrador, 125 DPR 636, 656 (1990). Por lo tanto, sería

erróneo ver a los accionistas de una corporación disuelta

como los herederos de los activos y pasivos de la entidad.

Sin

embargo,

liquidación,

los

las

llamados

en

aras

de

legislaciones

survival

culminar

el

corporativas

statutes.

Véase,

In

proceso

de

han

adoptado

re

Citadel

Industries, supra, pág. 503; Fletcher, supra, págs. 9-10.

En

Puerto

Rico,

el

Art.

9.08

de

la

Ley

General

de

Corporaciones, supra, extiende la personalidad jurídica de

la corporación por un plazo de tres (3) años contados a

partir de su disolución. Ese artículo indica:

Toda

corporación

que

se

extinga

por

limitación propia o que por otro modo se

disuelva, continuará como cuerpo corporativo por

un plazo de tres (3) años a partir de la fecha de

extinción o de disolución o por cualquier plazo

mayor que el Tribunal de Primera Instancia (Sala

Superior) en el ejercicio de su discreción

disponga a los efectos de llevar adelante los

pleitos entablados por la corporación y de

proseguir

con

la

defensa

de

los

pleitos

entablados

contra

ella,

ya

sean

civiles,

criminales o administrativos, así como a los

efectos de liquidar y terminar el negocio, de

cumplir con sus obligaciones y de distribuir a

los accionistas los activos restantes. No podrá

continuar

la

personalidad

jurídica

con

el

propósito de continuar los negocios para los

cuales se creó dicha corporación.

Respecto

a

cualquier

acción,

pleito

o

procedimiento entablado o instituido por la

corporación o contra ella, antes de su extinción

o dentro de los tres (3) años siguientes a su

extinción o disolución, la corporación continuará

como entidad corporativa después del plazo de los

CC-2015-0609

11

tres (3) años y hasta que se ejecuten totalmente

cualesquiera

sentencias,

órdenes

o

decretos

respecto a las acciones, pleitos o procedimientos

antes expresados, sin la necesidad de ninguna

disposición especial a tal efecto por parte

del

Tribunal

de

Primera

Instancia

(Sala

Superior).(Énfasis nuestro.)

Esta disposición es una copia de la Sec. 278 de la Ley

General de Corporaciones de Delaware, 8 Del. C. Sec. 278.1

Por

otro

lado,

nuestra

legislación

corporativa

contempla la posibilidad de que expirado el plazo dispuesto

por el estatuto de supervivencia, quede patrimonio de la

corporación sin distribuir. Específicamente el Art. 9.09 de

la Ley General de Corporaciones de 2009, supra, indica:

1

La Sec. 278 de la Ley

Delaware, supra, indica:

General

de

Corporaciones

All corporations, whether they expire by

their own limitation or are otherwise dissolved,

shall nevertheless be continued, for the term of

3 years from such expiration or dissolution or

for such longer period as the Court of Chancery

shall in its discretion direct, bodies corporate

for the purpose of prosecuting and defending

suits, whether civil, criminal or administrative,

by or against them, and of enabling them

gradually to settle and close their business, to

dispose

of

and

convey

their

property,

to

discharge their liabilities and to distribute to

their stockholders any remaining assets, but not

for the purpose of continuing the business for

which the corporation was organized. With respect

to any action, suit or proceeding begun by or

against the corporation either prior to or within

3 years after the date of its expiration or

dissolution, the action shall not abate by reason

of the dissolution of the corporation; the

corporation shall, solely for the purpose of such

action, suit or proceeding, be continued as a

body corporate beyond the 3-year period and until

any judgments, orders or decrees therein shall be

fully executed, without the necessity for any

special direction to that effect by the Court of

Chancery.

de

CC-2015-0609

Cuando se disolviere alguna corporación con

arreglo a las disposiciones de este subtítulo, el

Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior), en

cualquier momento y a petición de cualquier

acreedor o de cualquier accionista o director de

la corporación, o a petición de cualquiera que a

juicio del tribunal muestre justa causa para

ello, podrá nombrar como síndico a uno o varios

de los directores de la corporación o designar

administrador judicial a una o más personas, en

representación

de

y

para

beneficio

de

la

corporación,

para

que

tales

administradores

judiciales

o

síndicos

se

hagan

cargo

del

patrimonio de la corporación y cobren los

créditos y recobren los bienes de la corporación

con poder de demandar y defender, a nombre de la

corporación, para entablar todos los litigios que

sean

necesarios

para

los

propósitos

antes

expuesto[s], y para nombrar agente o agentes bajo

sus órdenes y para ejecutar todos los actos que

la corporación realizaría, si existiera y que

sean necesarios para

12

CC-2015-0609

13

la liquidación final de los asuntos corporativos

pendientes. Las facultades de los administradores

judiciales y los síndicos podrán prorrogarse por

el tiempo que el Tribunal de Primera Instancia

(Sala Superior) estime necesario para los fines

antes mencionados. (Énfasis nuestro).

Cuando

Delaware

miramos

la

encontramos

Ley

que

General

nuestro

de

Art.

Corporaciones

de

9.09

Ley

de

la

General de Corporaciones, supra, es una copia de la Sec.

279 de la ley General de Corporaciones de Delaware, 8 Del.

C. sec. 279.2

El

General

propósito

de

principal

de

Corporaciones

de

la

Sec.

279

Delaware,

de

la

Ley

supra,

es

“salvaguardar el recobro y la administración de los aún

existentes derechos propietarios de la corporación disuelta

2

Específicamente,

la

Sec.

279

de

la

Ley

General

Corporaciones de Delaware, supra, indica:

When any corporation organized under this

chapter

shall

be

dissolved

in

any

manner

whatever, the Court of Chancery, on application

of any creditor, stockholder or director of the

corporation, or any other person who shows good

cause therefor, at any time, may either appoint 1

or more of the directors of the corporation to be

trustees, or appoint 1 or more persons to be

receivers, of and for the corporation, to take

charge of the corporation's property, and to

collect the debts and property due and belonging

to the corporation, with power to prosecute and

defend, in the name of the corporation, or

otherwise, all such suits as may be necessary or

proper for the purposes aforesaid, and to appoint

an agent or agents under them, and to do all

other

acts

which

might

be

done

by

the

corporation, if in being, that may be necessary

for the final settlement of the unfinished

business of the corporation. The powers of the

trustees or receivers may be continued as long as

the Court of Chancery shall think necessary for

the purposes aforesaid.

de

CC-2015-0609

14

una vez transcurre el plazo de tres años después de la

disolución…”.

(Traducción

nuestra).

Welch,

Saunders

and

Voss, Folk on the Delaware General Corporation Law, Vol. 3,

Sec.

279.01

(2017).

(“to

safe

guard

the

collection

and

administration of the still-existing property interests of

a dissolved corporation once the three-year period after

the dissolution prescribed…”) Los tribunales de Delaware en

varias ocasiones han tenido la oportunidad de interpretar

las Secs. 278 y 279 de su Ley General de Corporaciones,

supra,

y

han

legislaciones

mencionado

es

que

permitir

el

la

propósito

de

liquidación

ambas

de

una

corporación. Ambas disposiciones parten de la premisa de

que luego de la disolución, la propiedad de la corporación

no pasa a los accionistas, sino que sigue perteneciendo a

la

corporación.

City

Investing

Co.

Liquidating

Trust

v.

Continental Cas. Co., 624 A.2d. 1191, 1195 (Del. 1993).

Asimismo, en Addy v. Short, 89 A.2d 136, 140 (Del. 1952),

el Tribunal Supremo de Delaware concluyó que como la Sec.

43 de la Ley General de Corporaciones de Delaware, hoy la

Sec. 279, supra, “provee para el nombramiento de un síndico

luego del periodo de tres años para administrar los bienes

que no han sido distribuidos, esto debe significar que la

corporación posee esos bienes; de lo contrario no habría

nada

que

administrar”.

(traducción

nuestra).

(“Since

Section 43 provides for appointment of a receiver after the

three-year period to administer undistributed assets, it

must

mean

that

the

corporation

continues

to

hold

such

CC-2015-0609

15

assets, otherwise there would be nothing to administer.”)

Sin embargo, ambas secciones se diferencian en que la Sec.

278 de la Ley General de Corporaciones de Delaware, supra,

extiende

la

personalidad

por

un

plazo

específico.

Sin

embargo, la Sec. 279 de la Ley General de Corporaciones de

Delaware,

supra,

aplica,

como

ya

mencionamos,

luego

de

expirado el plazo de tres años, cuando ya la corporación es

legalmente inexistente. In re Krafft-Murphy Co., Inc., 82

A.3d 696, 703-704 (Del. 2013); In re Citadel Industries,

supra, págs. 504-505; Harned v. Beacon Hill Real Estate

Co., 84 A.229 (Del. 1912). Véase también, Welch, Saunders

and Voss, supra, pág. 116.

Los tribunales de Delaware han resuelto que el único

remedio con el que cuenta una corporación para liquidar

cualquier propiedad que le pertenezca luego de que venza el

periodo

dispuesto

Corporaciones

de

en

la

Sec.

Delaware,

278

de

supra,

la

es

Ley

el

General

de

procedimiento

dispuesto en la Sec. 279, supra. In re Citadel Industries,

Inc.,

supra,

pág.

Finkelstein‟s,

507.

Véase

también,

Balotti

and

Delaware Law of Corporations and Business

Organizations, Vol. 1 , Sec. 10.16 (2017). Mediante este

procedimiento, todos los bienes de la corporación disuelta

pasan

a

un

fideicomiso.

El

síndico

o

el

administrador

judicial será el representante de la corporación y, como

tal, una vez el tribunal lo nombre, será el encargado del

fideicomiso. Welch, Saunders and Voss, supra, pág. 122. El

síndico o administrador deberá velar por los bienes que

CC-2015-0609

16

estén en el fideicomiso y administrarlos para beneficio de

los accionistas y de los acreedores. Díaz Olivo, op. cit.,

pág. 385. Al ejercer sus funciones deberá actuar con el

juicio y la diligencia que observaría cualquier persona en

su misma posición. Íd.

Hasta

ahora

interpretar

el

no

hemos

Art.

tenido

9.09

de

la

nuestra

oportunidad

de

Ley

de

General

Corporaciones, supra. Sin embargo, el profesor de Derecho

Corporativo,

propósito

Carlos

E.

Díaz

del

Art.

9.09

Corporaciones,

supra,

es

Olivo,

de

ha

nuestra

”asegurar

el

indicado

Ley

cobro

que

el

General

de

y

la

buena

administración de la propiedad que aún posea la corporación

luego de expirado el plazo de tres años provisto en el

Artículo

9.08”.

Íd.

Como

podemos

ver,

ese

es

el

mismo

propósito que los tribunales de Delaware le han dado a la

Sec. 279 de la Ley de General de Corporaciones de Delaware,

supra. El Derecho aquí expuesto nos lleva a concluir que en

caso de que una corporación haya quedado disuelta y el

término dispuesto por el Art. 9.08 de la Ley General de

Corporaciones, supra, haya expirado, el único remedio que

existe para liquidar cualquier propiedad que aún posea la

corporación, es el procedimiento dispuesto en el Art. 9.09

de nuestra Ley General de Corporaciones, supra.

III

En

este

caso

el

periodo

de

liquidación

de

Miramar

Marine culminó en 2011, de acuerdo a lo dispuesto en el

Art.

9.08

de

la

Ley

General

de

Corporaciones,

supra.

CC-2015-0609

17

Miramar Marine y los accionistas pasaron por alto en sus

alegaciones la existencia del Art. 9.09 en la Ley General

de Corporaciones, supra. Como ya mencionamos, este artículo

es el encargado de regular el proceso de liquidación de la

propiedad perteneciente a la corporación luego de que esta

se

haya

entrar

a

disuelto.

Es

por

esto

que

resulta

discutir

lo

planteado

al

respecto

incorrecto

concluir

innecesario

por

Miramar

Marine y sus accionistas.

Asimismo,

sería

que

los

accionistas son los nudos propietarios de los bienes de la

corporación luego de expirado el plazo dispuesto por el

Art. 9.08 de la Ley de Corporaciones, supra, según alega

Miramar

Marine.

Eso

implicaría,

como

consecuencia

inescapable, que las deudas y obligaciones también se les

transferirían

a

los

accionistas.

Este

resultado

sería

contrario a los preceptos de nuestro Derecho, que establece

que

las

distinta

corporaciones

y

separada

tienen

de

la

una

de

personalidad

sus

accionistas

jurídica

y

las

convertiría en meros DBA‟s (Doing Business As).

IV

La Regla 42.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.V,

indica que “[t]oda sentencia concederá el remedio a que

tenga derecho la parte a cuyo favor se dicte, aun cuando

[e]sta no haya solicitado tal remedio en sus alegaciones”.

Asimismo,

la

Regla

71

de

Procedimiento

Civil,

supra,

sostiene que “[c]ualquier defecto en la denominación del

pleito o en la súplica del remedio, no será óbice para que

CC-2015-0609

18

el tribunal conceda el remedio que proceda de acuerdo con

las alegaciones de la prueba. Esta regla se debe a que en

reiteradas

ocasiones

hemos

resuelto

que

los

foros

judiciales debemos hacer todo lo posible por resolver los

casos que tengamos ante nosotros”. Ortiz Rivera v. P.R. Tel

Co.,

162

DPR

715,

723

(2004).

Véase,

además,

López

v.

Meléndez, 143 DPR 282, 292 (1997).

En vista de lo anterior, resolvemos conforme a derecho

y proveemos el remedio adecuado en ley, aunque la parte no

lo

solicitó.

Como

consecuencia,

revocamos

la

Sentencia

emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso

al Tribunal de Primera Instancia para que la demanda de

Miramar Marine, Inc. y sus accionistas se tome como una

petición para activar el proceso dispuesto en el Art. 9.09

de la Ley General de Corporaciones, supra.

Se dictará sentencia de conformidad.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miramar Marine, Inc.;

A. García Gómez y otros

Luis

Peticionarios

v.

CC-2015-0609

Citi

Walk

Development

Corporation; McCloskey, Pérez

& Asociados, Inc. y otros

Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de julio de 2017.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de esta

Sentencia, revocamos la Sentencia emitida por el

Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso al

Tribunal de Primera Instancia para que la demanda de

Miramar Marine, Inc. y sus accionistas se tome como

una petición para activar el proceso dispuesto en el

Art. 9.09 de la Ley General de Corporaciones, supra.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica el

Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez disintió con opinión

escrita, a la cual se unieron la Jueza Presidenta

señora Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor

Colón Pérez.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario

del

Tribunal

Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miramar Marine, Inc.;

García Gómez y Otros

Luis

A.

Peticionarios

v.

Citi

Walk

Development

Corporation; McCloskey, Pérez & Núm. CC-2015-0609

Asociados, Inc. y Otros

Recurridos

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez a la que se unen la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y

el Juez Asociado señor Colón Pérez

San Juan, Puerto Rico, a 27 de julio de 2017

Este Tribunal aún no ha tenido la oportunidad de

interpretar

importantes

disposiciones

de

la

Ley

general de corporaciones. Por ello, debemos aprovechar

controversias

como

consideración

para

aunque

una

para

inmeritorios-

la

que

precisar

mayoría

penden

ante

nuestra

aquellos

asuntos

que

de

requieren

esta

ser

Curia

-

aparenten

esclarecidos.

En

consideración a que la Opinión mayoritaria elude, sin

mayor

explicación,

atender

los

primeros

tres

(3)

señalamientos de error relacionados con los dictámenes

recurridos; y ya que se dispone de la controversia

mediante

el

mecanismo

contemplado

disiento.

uso

innecesario

en

el

y

no

Artículo

solicitado

9.09

la

del

Ley,

CC-2015-0609

2

I

Miramar

Marine,

Inc.

(Miramar

Marine)

era

una

corporación con fines de lucro incorporada al amparo de la

Ley general de corporaciones de Puerto Rico. El 30 de

diciembre

de

2005,

mediante

escritura

pública,

Miramar

Marine le vendió a Hogares, S.E. una propiedad inmueble.

Como parte de la transacción de compraventa, Hogares, S.E.

emitió

un

pagaré

al

portador

por

la

cantidad

de

$1,625,000.00 que le fue entregado a Miramar Marine. Este

pagaré fue garantizado con una primera hipoteca, a favor

de Miramar Marine, constituida sobre el inmueble objeto de

la compraventa. Ahora bien, el 27 de diciembre de 2007,

Hogares, S.E. vendió el inmueble en cuestión a Citi Walk

Development Corp. (Citi Walk). A esos efectos, Citi Walk

asumió el pago de la deuda, suscrita por Hogares, S.E., a

favor de Miramar Marine. Además, con tal de viabilizar la

compraventa,

Miramar

Marine

accedió

a

permutar

a

un

segundo rango su hipoteca sobre el referido inmueble.3

3

Como parte del acuerdo de subordinación de la hipoteca,

Miramar Marine y Citi Walk pactaron lo siguiente: (1) se

extendió la vigencia de la hipoteca a favor de Miramar

Marine por un término de veinte años, contado a partir del

31 de diciembre de 2008; (2) se fijaron intereses sobre el

principal de la deuda a razón de 8.25% anual hasta el 30

de junio de 2008 y, posterior a esa fecha, a razón de

8.50% anual hasta su pago total; (3) se aumentó el

principal de la deuda por $75,000.00 y, a esos efectos, se

emitió un pagaré al portador adicional, y (4) las

compañías Urbanus Development, Inc. (Urbanus) y McCloskey,

Pérez & Asociados, Inc. (McCloskey), garantizaron -por

partes iguales- el pago del principal e intereses de la

deuda suscrita por Citi Walk.

CC-2015-0609

3

Posteriormente,

durante

el

mes

de

abril

de

2008,

Miramar Marine fue disuelta. A esos efectos, comenzó un

proceso de liquidación de sus activos en aras de concretar

la terminación de su gestión corporativa. Como parte de

ello, Miramar Marine le cursó una serie de reclamaciones

extrajudiciales a Citi Walk, tras ésta incumplir con el

pago

de

la

referida

compraventa.

A

principios

del

año

2010, Miramar Marine concretó un plan de pago con F&R

Construction Corp. (F&R), corporación que asumió -de forma

voluntaria- la deuda de Citi Walk. No obstante, F&R dejó

de cumplir con el referido plan de pago a partir del mes

de noviembre de 2012.

Por

pagos

otro

lado,

Citi

correspondientes

al

Walk

incumplió,

préstamo

que

además,

se

la

los

había

concedido para la compraventa del referido inmueble. En

consecuencia, el 4 de abril de 2011, Oriental Bank -dueño

a esa fecha del referido crédito- instó ante el Tribunal

de Primera Instancia una demanda sobre cobro de dinero y

ejecución de hipoteca. Así las cosas, el 20 de abril de

2012, el foro primario dictó sentencia a favor de Oriental

Bank. Luego de varios trámites procesales, el referido

inmueble se vendió en pública subasta y, el 18 de marzo de

2013, el tribunal de instancia ordenó la cancelación de la

hipoteca en segundo rango a favor de Miramar Marine.

El 24 de septiembre de 2013, Miramar Marine y sus

accionistas, Luis A. García Gómez, Marisol N. de García,

Rafael Nevares Bengoechea y Marta Burgos de Nevares (en

CC-2015-0609

4

conjunto, los peticionarios), presentaron una demanda ante

el Tribunal de Primera Instancia sobre incumplimiento de

contrato, cobro de dinero, daños y perjuicios, y fraude en

contra de Citi Walk, Oriental Bank y otros (en conjunto,

los

recurridos).4

En

lo

pertinente,

los

peticionarios

plantearon que, tras la disolución de Miramar Marine, el

crédito en litigio era el único activo sobrante de la

corporación y solicitaron que se ordenara a los recurridos

el pago de éste.5

El 20 de diciembre de 2013, Citi Walk; McCloskey,

Pérez

&

Asociados,

Inc.

(McCloskey)

y

sus

accionistas

presentaron una moción de desestimación al amparo de la

Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil. 32 LPRA

Ap. V, R. 10.2.6 En síntesis, arguyeron que Miramar Marine

4

Los demás codemandados son: McCloskey y sus accionistas,

Joseph McCloskey Vázquez y su esposa Stacey Suárez Kiley,

Luis Pérez Pagán y su esposa Gloria Tazón Ortiz; Urbanus,

TN Development, Corp., (TN) F&R, y sus accionistas, Jaime

Fullana Olivencia, Ángel Antonio Fullana Olivencia, José

Miguel Fullana Olivencia y sus respectivas esposas y

Sociedades Legales de Gananciales, y Oriental Bank.

5

En particular, los peticionarios arguyeron que el

principal de la deuda evidenciada por los pagarés al

portador en posesión de Miramar Marine ascendía a

$1,219,590.29. Asimismo, plantearon que esta cantidad no

contemplaba los intereses, calculados al 8.50% anual,

acumulados desde el 30 de junio de 2009. Por último,

solicitaron el pago de costas y de una cantidad ascendente

a $170,000.00 que habían pactado las partes para el pago

de honorarios de abogado y daños y perjuicios en caso de

reclamaciones entre éstas.

6

Urbanus, TN y F&R, junto a sus accionistas, esposas y

sociedades de bienes gananciales, se unieron a la moción.

Por su parte, Oriental Bank presentó una moción de

desestimación. Al igual que los demás recurridos, Oriental

Bank fundamentó su solicitud en la falta de capacidad

jurídica de Miramar Marine para presentar la demanda en

cuestión. Puntualizó, además, que el pleito presentado

CC-2015-0609

5

dejó de exponer una reclamación que justificara un remedio

toda vez que, a la fecha en que se presentó la demanda, la

corporación no tenía capacidad jurídica para demandar o

ser demandada. De otra parte, alegaron que los accionistas

de Miramar Marine no tenían una causa de acción válida ya

que

no

instaron

una

demanda

en

cobro

de

su

acreencia

dentro del término de caducidad de tres (3) años posterior

a la disolución de la corporación, conforme al Artículo

9.08 de la Ley general de corporaciones de 1995. 14 LPRA

sec. 3008.

El Tribunal de Primera Instancia notificó, el 2 de

diciembre de 2014, una Resolución y Orden mediante la cual

denegó las mociones de desestimación presentadas por los

recurridos. En síntesis, el tribunal de instancia concluyó

que los peticionarios presentaron una reclamación válida

que justificaba la concesión de un remedio y que Miramar

Marine tenía capacidad jurídica para así hacerlo. A esos

efectos, reconoció que el Artículo 9.08 de la Ley general

de

corporaciones

de

1995

permitía

la

extensión

de

la

personalidad jurídica de la corporación disuelta, incluso

transcurrido el término de tres (3) años provisto para

ello, para que ésta concluyera la tramitación de aquellas

constituía un ataque colateral al dictamen judicial que

autorizó a Oriental Bank la venta en pública subasta del

inmueble en cuestión y la correspondiente eliminación de

la hipoteca en segundo rango a favor de Miramar Marine.

CC-2015-0609

6

acciones que hayan sido comenzadas durante

el referido

periodo de extensión.

A su vez, determinó que el término „acción‟, en el

contexto

de

este

artículo,

incluía

la

presentación

de

reclamaciones extrajudiciales. Así, pues, habida cuenta de

que desde el año 2009 Miramar Marine realizó reclamaciones

extrajudiciales

directas

a

los

recurridos,

la

demanda

presentada constituyó una continuación o acción secundaria

a la reclamación extrajudicial. Por último, concluyó que

el término de extensión contemplado en el Artículo 9.08 no

era de caducidad, por lo que podría quedar interrumpido

indefinidamente sin intervención judicial.

Los

recurridos

presentaron

oportunas

mociones

de

reconsideración. No obstante, el foro primario las denegó

el 29 de enero de 2015. Inconformes, éstos acudieron al

Tribunal de Apelaciones mediante recursos de certiorari.

Tras consolidar ambos recursos, el 7 de mayo de 2015, el

foro apelativo intermedio notificó una Sentencia mediante

la cual revocó la Resolución y Orden recurrida.

En síntesis, el foro apelativo intermedio concluyó

que el término „acción‟ contemplado en el Artículo 9.08 de

la

Ley

general

de

corporaciones

-al

igual

que

en

la

Sección 278 de la de corporaciones del estado de Delaware,

8 Del. sec. 278- no significa “otra cosa que un pleito

presentado

ante

un

Tribunal”.

Considerando

que

Miramar

Marine se disolvió durante el mes de abril de 2008, y que

la

reclamación

extrajudicial

no

está

incluida

en

el

CC-2015-0609

término

7

„acción‟

capacidad

del

jurídica

referido

para

artículo,

presentar

la

ésta

no

tenía

demanda

el

25

de

septiembre de 2013.

Cabe señalar, además, que los peticionarios en su

oposición a la expedición del certiorari plantearon que,

del

tribunal

resolver

que

Miramar

Marine

no

tenía

capacidad jurídica para presentar la demanda en cuestión,

se debía concluir que sus accionistas tenían legitimación

activa para continuar la acción de cobro de dinero. El

Tribunal de Apelaciones atendió este planteamiento en una

escueta

nota

al

calce

en

la

que

se

limitó

a

hacer

referencia al caso MBC, Inc. v. Engel, 119 N.H. 8 (1979) y

a

citar

la

norteamericano

siguiente

expresión

William

del

Fletcher,

tratadista

“[t]he

statute

extinguishes the corporate rights, remedies and claims a

disolved corporation, and its shareholders, directors and

officers fail to bring within the

. . . wind-up period”.

Apéndice, pág. 365. El Tribunal de Apelaciones desestimó

en

sus

méritos

la

demanda

presentada

los

peticionarios

por

los

peticionarios.

Oportunamente,

reconsideración

del

intermedio.

obstante,

No

mediante

Resolución

proveyó

no

ha

dictamen

el

notificada

lugar

a

la

solicitaron

la

del

foro

Tribunal

de

el

de

julio

de

reconsideración.

moción

1

apelativo

Apelaciones,

de

2015,

Inconformes, el 24 de junio de 2015, los peticionarios

CC-2015-0609

acudieron

8

ante

este

Tribunal

mediante

un

recurso

de

certiorari.

En

síntesis,

los

peticionarios

plantearon

que

el

Tribunal de Apelaciones erró al determinar que Miramar

Marine no poseía „legitimación activa‟ para promover la

presente

acción.7

Ello,

pues,

estiman

que

las

reclamaciones extrajudiciales que éstos le cursaron a los

recurridos

extendieron

la

personalidad

jurídica

de

la

corporación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 9.08

de la Ley general de corporaciones. Según adelantamos, la

Opinión mayoritaria no aborda los tres (3) señalamientos

de error que se relacionan con éste planteamiento. En la

alternativa, éstos arguyeron que erró el foro apelativo

intermedio tras concluir que los accionistas de Miramar

Marine no podían proseguir con el presente litigio, ya que

éstos eran los nudos propietarios de los activos restantes

de la corporación disuelta.

Los recurridos se opusieron a la expedición del auto

de

certiorari.

Éstos,

en

esencia,

reprodujeron

los

planteamientos esbozados ante los foros inferiores. En lo

pertinente,

7

arguyeron

que

Miramar

Marine

carecía

de

A pesar de que los peticionarios aluden al término

„legitimación activa‟ en sus señalamientos de error,

adelantamos que el asunto ante nuestra consideración es

uno propiamente sobre capacidad jurídica. Véase Asoc. De

Res. Est. Cidra v. Future Dev., 152 DPR 68 (2000) (“[l]os

conceptos de parte interesada o de standing no atañen a la

personalidad porque se trata de relaciones jurídicas que

son externas a ella y que representan el interés en el

conflicto que se somete a decisión judicial”.) (citas

omitidas).

CC-2015-0609

9

capacidad jurídica y legitimación activa para presentar

demandas expirado el término de tres (3) años tras su

disolución;

que

la

reclamación

extrajudicial

no

está

contemplada en el término „acción‟ del Artículo 9.08 de la

Ley general de corporaciones, y que durante el término de

extensión de tres (3) años se tienen que distribuir los

activos restantes a los accionistas y éstos tienen que

presentar aquellas causas de acción correspondientes para

vindicar los derechos derivados de la corporación.

El 22 de octubre de 2015, este Tribunal notificó una

Resolución en la que se proveyó no ha lugar a la petición

de

certiorari.

No

obstante,

tras

evaluar

una

Primera

moción de reconsideración presentada oportunamente por los

peticionarios

y

las

correspondientes

oposiciones

presentadas por los recurridos, este Tribunal reconsideró

su dictamen inicial y expidió el recurso de certiorari.

Con

el

beneficio

de

las

comparecencias

de

las

partes,

estamos en posición de resolver.

II

A

Para atender la controversia que nos atañe debemos

examinar de forma particular el proceso de disolución que

tienen

a

su

disposición

las

entidades

corporativas

organizadas al amparo de la Ley general de corporaciones.

En

primer

proceso

se

lugar,

tiene

es

importante

que

llevar

puntualizar

a

cabo

que

este

cumpliendo

estrictamente con las disposiciones correspondientes de la

CC-2015-0609

Ley.8

Ello,

10

pues

incumplir

dispuestos

“impedirá

disuelta.

[Por

continuará

vigente

que

ende,]

y

la

la

con

los

requisitos

corporación

[l]a

sea

franquicia

corporación,

sus

ahí

legalmente

corporativa

accionistas,

directores y oficiales sujetos a todas las imposiciones

que legalmente les apliquen”. Véase Dorado Handcraft, Inc.

v.

Registrador,

99

DPR

Manuelita Muñoz Rivera,

21,

23

(1970).

Véase,

además,

Ley de Corporaciones de Puerto

Rico, Análisis y Comentarios 219-220 (2015).

En términos estructurales, el proceso de disolución

en nuestro ordenamiento puede dividirse en dos (2) etapas,

a saber: (1) el reconocimiento por parte del Estado de la

culminación de la existencia de la personalidad jurídica

de la corporación, y (2) el proceso de terminar la gestión

corporativa.9

Durante

la

segunda

etapa

del

proceso,

la

corporación dispone de diversos asuntos, a saber: “(1)

cualquier litigio o procedimiento contra la corporación,

sea este de naturaleza civil, criminal o administrativ[o];

(2) liquidación y cierre del negocio; (3) disposición de

propiedades; (4) cumplimiento con sus obligaciones, y (5)

8

Véase 14 LPRA secs. 3703-3715. Cabe señalar que, además

de las referidas disposiciones, existen otras secciones de

la Ley general de corporaciones que contienen requisitos

específicos para la disolución de tipos particulares de

corporaciones. Véase, por ejemplo, 14 LPRA sec. 3997

(disolución de corporaciones de responsabilidad limitada).

9

Para una discusión del proceso de disolución en otras

jurisdicciones, véase William Meade Fletcher, Fletcher

Cyclopedia of the Law of Corporations 69-73, Vol. 16A

(2012).

CC-2015-0609

11

distribución y repartición de cualquier remanente a los

accionistas”. Carlos Díaz Olivo, supra, en la pág. 382.10

El

proceso

considerables

antes

consecuencias

matizadas.11

En

acarrea

extinción

la

descrito

primer

conlleva,

jurídicas

lugar,

el

de

entidad

la

que

proceso

de

sin

duda,

deben

ser

disolución

corporativa

y

su

capacidad jurídica de obrar. Por ello, una vez disuelta,

la

corporación

está

impedida

de

suscribir

contratos;

adquirir, poseer o transferir propiedad; demandar o ser

demandada, y de ejercer cualquier otro poder conferido por

10

Nótese que, al igual que la legislación corporativa de

distintos estados de Estados Unidos, la Ley general de

corporaciones no delimita la forma en que dichas gestiones

debe ser realizadas. Véase James D. Cox, Thomas Lee

Hanzen, F. Hodge O‟Neal, supra, Vol. III, en la pág. 26.17

(“The statutes of most states proscribe the winding-up

process only in a general way. The most important

questions are the rights of creditors, whether the title

to the property remains in the corporation for winding-up

purposes or passes automatically to the directors as

trustees or to the shareholders subject to the power of

the directors to make liquidating distributions.”)

11

El profesor Carlos Díaz Olivo, sobre este proceso ha

indicado que:

Una vez se emprende el proceso de disolución la

corporación inicia un proceso de transformación

. . . de un negocio activo y en marcha, que

desarrolla

transacciones

con

suplidores,

acreedores, clientes, empleados, el gobierno y

otras personas, en pos de la consecución de los

objetivos para los que se organizó, altera su

curso para iniciar un proceso de ajuste con

miras a su eventual desaparición del mercado.

Esto no ocurre de la noche a la mañana. La

corporación, entre otras cosas, tiene antes que

pagar las obligaciones pendientes, cobrar sus

acreencias y distribuir cualquier sobrante

entre los accionistas, de conformidad a las

prioridades que sus acciones les confieren.

Carlos Díaz Olivo, supra, en las págs. 381-382.

CC-2015-0609

la

Ley

12

general

de

corporaciones.

Véase

James

D.

Cox,

Thomas Lee Hanzen, F. Hodge O‟Neal, Corporations 26.21,

Vol. III (1995). No obstante, mediante el Artículo 9.08 de

la Ley, la Asamblea Legislativa permite la extensión de la

personalidad jurídica de la corporación disuelta por un

término de tres (3) años y le confiere a ésta ciertos

poderes y facultades necesarios para terminar su gestión

corporativa. 14 LPRA sec. 3708.

La

médula

consideración

de

la

requiere

detenimiento

el

controversia

que

Artículo

examinemos

9.08

de

la

ante

nuestra

con

particular

Ley

general

de

corporaciones con tal de interpretar su alcance. Veamos.

B

Comenzamos

general

de

legislación

reiterando

corporaciones

corporativa

que,

se

del

toda

vez

que

la

Ley

redactó

con

base

en

la

estado

de

Delaware,

este

Tribunal ha avalado, en reiteradas ocasiones, recurrir a

la normativa que interpreta tal legislación a manera de

guía en la interpretación de nuestra ley. Véase Herger

Pacheco

v.

Calidad

Vida

Vecinal,

190

DPR

1007,

1017

(2014). Así, “otorgamos valor ilustrativo y persuasivo a

las

interpretaciones

que

los

tribunales

del

estado

de

Delaware, al igual que otras jurisdicciones, hayan dado a

las

secciones

correspondientes

de

la

ley

General

de

Corporaciones de ese estado”.

Llorens v. Arribas, 184 DPR

32,

según

51

(2011).

Claro

está,

comentaremos,

esta

CC-2015-0609

13

metodología no es una camisa de fuerza para realizar una

interpretación de nuestro derecho autóctono.

Inicialmente, en el derecho común estadounidense, la

disolución de una corporación equivalía a la muerte de una

persona

natural.

William

Meade

Fletcher,

Fletcher

Cyclopedia of the Law of Corporations 10, Vol. 4A (2012).12

A esos efectos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos en

Oklahoma Gas Co. v. Oklahoma, 73 U.S. 257 (1927), expresó

que:

[i]t is well settled that at common law and in

the federal jurisdiction a corporation which has

been dissolved is as if it did not exist, and

the

result

of

the

dissolution

cannot

be

distinguished from the death of a natural person

in its effect. It follows therefore, that as the

death of the natural person abates all pending

litigation to which such a person is a party,

dissolution of a corporation at common law

abates all litigation in which the corporation

is appearing either as plaintiff or defendant.

A pesar de pronunciamientos como éste, desde el siglo

XIX, las cortes de Estados Unidos desarrollaron remedios

en

equidad

para

mitigar

los

efectos

de

la

disolución

corporativa. En Wood v. Dummer, 30 F.Cas. 435 (D. Maine

1824), por ejemplo, se resolvió que los activos de una

corporación disuelta constituían un fideicomiso del cual

los acreedores de ésta podrían cobrar su acreencia. Esta

decisión es de particular importancia ya que engendró la

controversial

12

doctrina

en

equidad

conocida

como

la

Para una discusión más detallada, véase Phillip Marcus,

Suability of Dissolved Corporations-A Study in Interstate

and Federal State Relationships, 58 Harv. L. Rev. 675,

676-683 (1945).

CC-2015-0609

14

doctrina del fideicomiso o trust fund doctrine.13 Véase

Cruz v. Ramírez, 75 DPR 947 (1954).

La utilización de la doctrina del fideicomiso por las

cortes de Estados Unidos se ha sido caracterizado por su

14

inconsistencia e imprecisión.

los

estados

de

Estados

Por ello, en respuesta,

Unidos

optaron

por

aprobar

legislación corporativa que atendiera, de forma puntual,

los retos que suponía la disolución de una corporación.15

Este

tipo

de

supervivencia

legislación

se

o

statute.

survival

conoce

como

Véase

estatuto

William

de

Meade

Fletcher, supra, Vol. 16A, en la pág. 314.

Un estatuto de supervivencia permitirá, generalmente,

la extensión de la personalidad jurídica de la corporación

disuelta por un tiempo limitado para ciertos fines. En

aquellas

jurisdicciones

donde

el

proceso

de

dar

por

terminada la gestión corporativa es un requisito previo

para

que

el

corporación,

estado

reconozca

la

disolución

el

estatuto

de

supervivencia

proveer

aquellos

poderes

y

facultades

atender

reclamaciones

13

presentadas

por

se

de

limita

necesarios

la

una

a

para

corporación

Para un recuento histórico del desarrollo de la doctrina

del fideicomismo, véase Edward T. Pivin, The Integrity of

Delaware’s Corporate Dissolution Statute After Territory

of the United States Virgin Islands v. Goldman, Sachs &

Co.: Is Extended Post-Dissolution Shareholder Liability

Necessary Component of Delaware’s Corporate Dissolution

Scheme?, 55 St. Luis U. L.J. 1179-1182 (2011).

14

Véase, por ejemplo, Edwin S. Hunt, The Trust Fund Theory

and Some Substitutes for It, 12 Yale L. J. 63 (1902).

15

Véase George D. Horstein, Voluntary Dissolution-A New

Development in Intracorporate Abuse, 51 Yale L. J. 64

(1941).

CC-2015-0609

disuelta

o

15

en

jurisdicciones

contra

como

la

de

ésta.

nuestra,

De

otra

parte,

en

donde

el

proceso

de

disolución comienza con el reconocimiento del estado de la

terminación de la existencia del ente corporativo, los

estatutos de supervivencia proveen poderes y facultades de

mayor envergadura con tal de que la corporación disuelta

pueda realizar las gestiones pertinentes para concluir su

gestión corporativa. Véase William Meade Fletcher, supra,

Vol. 16A, en las págs. 240-241.

Cabe destacar que con la aprobación de la Ley general

de corporaciones de 1956, Ley Núm. 3 de 9 de enero de

1956, la Asamblea Legislativa optó por seguir de cerca los

desarrollos de la ley corporativa del estado de Delaware.

Desde entonces, el estatuto de supervivencia que rige en

nuestro

Derecho

Corporativo

es

una

traducción

de

la

Sección 278 de la ley de corporaciones de dicho estado.16

Al igual que en la Ley general de corporaciones de 1995,

el Artículo 9.08 de la Ley general de corporaciones de

2009 lee como sigue:

16

Destacamos

que

nuestro

Derecho

Corporativo

ha

contemplado estatutos de supervivencia desde el año 1911

cuando se aprobó la Ley de corporaciones privadas, Ley

Núm. 30 de 9 de marzo de 1911. Véase Artículo 27 de la Ley

de corporaciones privadas, 1910 Leyes de Puerto Rico 107

(“Todas las corporaciones, ora cesen en virtud de la

limitación fijada en las cláusulas de incorporación, ora

queden

anuladas

por

disposición

legislativa,

ó

se

disuelvan

de

otro

modo,

subsistirán

como

personas

jurídicas con capacidad para demandar y ser demandadas y á

fin de que puedan liquidar y terminar sus negocios,

enajenar y traspasar sus bienes y distribuir su capital;

pero no lo serán por lo que respecta á la continuación de

los negocios para los cuales fueren establecidas.”)

CC-2015-0609

16

Toda corporación que se extinga por limitación

propia o que por otro modo se disuelva,

continuará como cuerpo corporativo por un plazo

de tres (3) años a partir de la fecha de

extinción o de disolución o por cualquier plazo

mayor que el Tribunal de Primera Instancia (Sala

Superior) en el ejercicio de su discreción

disponga a los efectos de llevar adelante los

pleitos entablados por la corporación y de

proseguir

con

la

defensa

de

los

pleitos

entablados

contra

ella,

ya

sean

civiles,

criminales o administrativos, así como a los

efectos de liquidar y terminar el negocio, de

cumplir con sus obligaciones y de distribuir a

los accionistas los activos restantes. No podrá

continuar

la

personalidad

jurídica

con

el

propósito de continuar los negocios para los

cuales se creó dicha corporación.

Respecto

a

cualquier

acción,

pleito

o

procedimiento entablado o instituido por la

corporación o contra ella, antes de su extinción

o dentro de los tres (3) años siguientes a su

extinción

o

disolución,

la

corporación

continuará como entidad corporativa después del

plazo de los tres (3) años y hasta que se

ejecuten

totalmente

cualesquiera

sentencias,

órdenes o decretos respecto a las acciones,

pleitos o procedimientos antes expresados, sin

la necesidad de ninguna disposición especial a

tal efecto por parte del Tribunal de Primera

Instancia (Sala Superior). 14 LPRA sec. 3708.

Según podemos apreciar, el estatuto de supervivencia

tiene un sinnúmero de importantes implicaciones. En primer

lugar, extiende la personalidad jurídica de la corporación

para ciertos fines. Ahora bien, esta extensión se puede

configurar de diversas formas. Conforme al primer párrafo,

el periodo de extensión será de tres (3) años y estará

sujeto a ser prolongado por un término mayor, a discreción

del Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior). De otra

parte, en el segundo párrafo, se provee un término de

extensión automático e indefinido. Éste, en particular, se

limita a la extensión de la personalidad jurídica de la

CC-2015-0609

17

corporación disuelta para ejecutar sentencias, órdenes o

decretos producto de acciones, pleitos o procedimientos,

presentados antes de la disolución o durante el término de

extensión de tres (3) años antes mencionado. Por último,

queda

de

manifiesto

que

la

corporación

disuelta

está

vedada de continuar con su gestión de negocio.

En el contexto de este caso, debemos plantearnos las

siguientes dos (2) interrogantes que no fueron contestadas

por la Opinión mayoritaria. Primero, ¿las reclamaciones

extrajudiciales

están

contempladas

en

el

término

„cualquier acción‟ que contiene el segundo párrafo del

Artículo

9.08?

Segundo,

toda

vez

que

el

Artículo

9.08

provee para un periodo de extensión de tres (3) años,

¿constituye este término uno de naturaleza prescriptivo

sujeto

al

efecto

interruptor

de

una

reclamación

extrajudicial?

i

En respuesta a la primera pregunta, si recurriéramos

a

una

acción‟

interpretación

para

resultado

determinar

absurdamente

literal

qué

del

término

comprende,

amplio.

Por

„cualquier

obtendríamos

ende,

es

un

necesario

contextualizar este término, en primer lugar, dentro de

los confines del propio estatuto que lo contempla.

Según reseñamos, el Artículo 9.08 de la Ley general

de corporaciones permite la continuación de la existencia

de la personalidad jurídica de la corporación para llevar

adelante o defenderse de „pleitos entablados‟. 14 LPRA

CC-2015-0609

18

sec. 3708. A su vez, la misma disposición categoriza los

„pleitos entablados‟ como de naturaleza civil, criminal o

administrativo. Por otro lado, el segundo párrafo de la

disposición

permite

jurídica

de

la

ejecutar

sentencias,

la

extensión

corporación

de

disuelta

órdenes

o

la

personalidad

para

efectos

de

producto

de

decretos

“cualquier acción, pleito o procedimiento entablado”. Id.

Ciertamente,

de

lo

anterior

surge

que

la

Asamblea

Legislativa circunscribió la extensión de la personalidad

jurídica a supuestos muy particulares contenidos en el

mismo artículo.

De

otra

parte,

cabe

destacar

que

tanto

los

tribunales estatales como federales de Estados Unidos se

han enfrentado a este debate en el contexto de la Sección

278 de la ley corporativa del estado de Delaware, que

como sabemos es análogo al Artículo 9.08 de nuestra Ley

general

de

corporaciones.

En

la

mayoría

de

estas

decisiones, estos tribunales se enfocaron en determinar

si los términos „action‟, „suit‟ o „proceeding‟ incluyen

procedimientos

corporación

de

naturaleza

disuelta.17

Por

criminal

en

contra

ejemplo,

en

U.S.

v.

de

la

P.F.

Collier & Son Corp., 208 F.2d 936 (7th Cir. 1953), el

Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Séptimo

17

Véase U.S. v. Mobile Materials, Inc., 776 F.2d 1476

(10th Cir. 1985); Mellrose Distilleries, Inc., v. U.S.,

359 U.S. 271 (1959); U.S. v. U.S. Vanadium Corp., 230

F.2d 646 (10th Cir. 1956); U.S. v. Line Material Co., 202

F.2d 929 (6th Cir. 1953); U.S. v. Safeway Stores, Inc.,

140 F.2d 834 (1st Cir. 1944).

CC-2015-0609

19

Circuito resolvió esta controversia en la afirmativa. El

tribunal razonó que “[t]he words „any action, suit, or

proceeding‟

in

meaning

use

and

their

ordinary

embrace,

so

and

we

generally

think,

all

accepted

forms

of

litigation, civil, criminal, bankruptcy and admiralty.”

Además, cabe señalar que el referido debate se ha

contextualizado

en

otro

tipo

de

acciones.

Véase,

por

ejemplo, Bahen & Wright, Inc. v. C.I.R., 176 F.2d 538

(4th Cir. 1949) (donde se interpretó que los referidos

términos

por

incluyen

agentes

acciones

administrativas,

gubernamentales,

con

tal

promovidas

de

recuperar

impuestos adeudados por la corporación disuelta); Partan

v. Niemi, 288 Mass. 111 (1934) (donde se interpretó que

los referidos términos incluyen peticiones ante la Corte

de Quiebras); Craftsman Finance & Mortg. Co. v. Brown, 64

F.Supp. 168 (D. S.D. N. Y. 1945) (donde se interpretó que

los

referidos

presentadas

Distrito

términos

por

los

federal).

incluyen

accionistas

Ahora

bien,

acciones

ante

los

derivativas

una

Corte

resultados

de

de

las

referidas decisiones dejan de manifiesto que los términos

en cuestión sólo cobijan acciones presentadas ante los

tribunales de justicia o entes administrativos.

Por ende, el término „cualquier acción‟, conforme lo

dispone

el

Artículo

9.08

de

la

Ley

general

de

corporaciones, se refiere a reclamaciones judiciales, ya

sean de carácter civil, criminal o administrativo.

ii

CC-2015-0609

20

En respuesta a la segunda interrogante, si estamos

ante un término prescriptivo, señalamos que el tratadista

norteamericano William Fletcher comenta que los estatutos

de supervivencia se categorizan como una limitación a la

capacidad de demandar o ser demandado de una corporación

disuelta y no imponen un término prescriptivo.18 William

Meade Fletcher, supra, Vol. 16A, en las págs. 319-320

(“The statutory survival period has been construed as a

limitation upon the capacity to sue or be sued rather

than a statute of limitations”). Asimismo, recientemente

el Tribunal Supremo del estado de Delaware, en

Krafft-Murphy,

Co.,

Inc.,

82

A.3d

696,

705

In re

(2013),

dispuso que:

Nothing in section 278 operates as a statute

of limitations that would bar claims or

extinguish a dissolved corporation‟s liability

to third parties. It is the case -and our

courts have frequently held- that as a body

corporate a dissolved corporation ceases to

exist and is not amenable to suit after the

expiration of section 278‟s three year period.

From that it does not follow, however, that

section 278 extinguishes the corporation‟s

underlying liability to third parties. To the

contrary, section 279 enables a dissolved

corporation to (through a receiver) „sue and

be sued‟ after the expiration of section 278‟s

three year period does not extinguish the

dissolved corporation‟s underlying liability.

Nótese, además, que en la jurisprudencia de otros

estados

18

de

Estados

Unidos

se

ha

llegado

a

la

misma

Véase, por ejemplo, Johnson v. Helicopter & Airplane

Services Corp., 404 F.Supp. 726 (D. Md. 1975); SmithJohnson Steamship Corp. v. United States, 231 F.Supp. 184

(D. Del. 1964).

CC-2015-0609

21

conclusión.19 Como fundamento para ello se ha resaltado la

importancia de distinguir entre los propósitos de ambas

figuras, a saber, “[t]he distinction is that a statute of

limitations affects the time that a stale claim may be

brought while a survival statute gives life for a limited

time to a right or claim that would have been destroyed

entirely but for the statute”. Davis v. St. Paul Fire &

Marine Ins. Co., 727 F.Supp. 549, 551 (D. S.D. 1989).

Véase, además, Van Pelt v. Greathouse, 364 N.W.2d 14, 15

(1985).

Cuando

refiere

se

a

habla

aquella

de

„statutes

disposición

of

que

limitations’,

fija

términos

se

de

prescripción. Véase Guillermo Cabanellas, Eleanor Hoague,

Diccionario

ur

ico

(1991).

Por

lo

tanto,

statute

of

limitations

Espa ol

ngl s

utterworths

la

prescripción

extintiva

del

derecho

son

figuras

anterior,

sería

común

586

y

el

análogas que sirven el mismo propósito.

En

consideración

irreconciliable

provisto

por

el

a

categorizar

estatuto

lo

el

de

término

de

supervivencia

extensión

de

la

Ley

general de corporaciones como uno prescriptivo. A esos

efectos,

19

debemos

descartar

la

aplicación

del

efecto

Véase Citizens Elec. Corp. v. Bituminous Fire & Marine

Ins.

Co.,

68

F.3d

1016,

1020

(7th

Cir.

1995)

(interpretando legislación corporativa del estado de

Illinois); Huston v. Fulgham Industries, Inc., 869 F.2d

1457, 1460 (11th Cir. 1989) (interpetando legislación

corporativa del estado de Alabama); Litts v. Refrigerated

Transport Co., 375 F.Supp. 675, 677 (D. M.D. Pa. 1973)

(intepretando legislación corporativa del estado de

Georgia).

CC-2015-0609

22

interruptor al que este término está sujeto.

Véase 31

LPRA sec. 5303. Véase, además, Sánchez v. Aut. de los

Puertos, 153 DPR 559, 567-567 (2001); García Aponte et

al.

v.

E.L.A.

et

al.,

135

DPR

137

(1994); Zambrana

Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740 (1992).

C

En

el

contexto

del

proceso

de

terminación

de

la

gestión corporativa, al amparo del Artículo 9.08 de la

Ley

general

tiene

20

la

de

corporaciones,

facultad

de

la

distribuir

corporación

sus

disuelta

activos.20

Así,

Los poderes y facultades provistos a las corporaciones

disueltas, por virtud de los estatutos de supervivencia,

constituyen un mero marco de referencia en cuanto a los

actos

a

ser

realizados

para

terminar

la

gestión

corporativa. Véase William Meade Fletcher, supra, Vol.

16A, en la pág. 353. Ello, pues, estos estatutos no

suelen prescribir requisitos, de orden u forma, para

llevar a cabo este proceso. Ahora bien, surge del propio

lenguaje

de

la

Ley

general

de

corporaciones,

la

jurisprudencia y los tratadistas una sugerencia implícita

referente a cuándo deben distribuirse los activos

corporativos

y

los

actos

que

deben

preceder

la

distribución. Por ejemplo, el lenguaje de los Artículos

9.07, 9.08, 9.09, 9.10, 9.14 de la Ley sugiere que la

distribución de activos se realizará luego de subsanar

las obligaciones de la corporación. A esos efectos, el

Prof. Carlos Díaz Olivo insinúa el mismo orden cuando

comenta que la corporación disuelta durante su proceso de

liquidación o terminación “tiene antes que pagar las

obligaciones

pendientes,

cobrar

sus

acreencias

y

distribuir cualquier sobrante entre los accionistas, de

conformidad a las prioridades que sus acciones les

confieren”. Carlos Díaz Olivo, supra, en las págs. 381382. Por último, William Fletcher puntualiza que “[a]fter

dissolution, the property of the corporation passes to

the shareholders, subject to the payment of corporate

debts. Any distribution to shareholders made before

satisfaction of the corporation‟s debts is illegal, and

corporate

creditors

can

bring

claims

against

the

shareholders possessing the corporate assets.” William

Meade Fletcher, supra, Vol. 16A, en las págs. 483-484.

CC-2015-0609

durante

jurídica,

el

23

término

ésta

de

extensión

retiene

la

de

facultad

la

de

personalidad

poseer

y

de

titularidad

de

la

disponer de su propiedad.

Cabe

señalar,

además,

que

la

propiedad de la corporación disuelta no se ve afectada

durante el referido periodo de extensión. A esos efectos,

el Tribunal Supremo del estado de Delaware expresó que

“as

concerns

the

property

it

had

at

the

time

of

dissolution, it‟s title and possessions are unimpaired.

Whatever

rights

it

had,

of

whatever

nature,

are

preserved, in full vigor during the three year period.

Any other conclusion would contravene the plain language

of the statute.” Addy v. Short, 47 Del. 157, 163 (1952).21

Ahora

bien,

culminado

el

término

personalidad

jurídica

de

la

capacidad

jurídica

de

de

extensión

corporación

obrar

queda

de

la

disuelta,

su

extinguida

por

completa. Es en este momento, que la corporación extinta

está imposibilitada de poseer o disponer de su propiedad.

Véase, además, Jenot v. White Mountain Acceptance Corp.,

124 N.H. 701, 706 (1984) (“This court has long recognized

the rights of former shareholders of a dissolved

corporation to succeed, in their individual capacities,

to assets owned but her corporation prior to dissolution

. . . subject to the payment of corporate debts.”).

21

Véase, además, James D. Cox, Thomas Lee Hanzen, F.

Hodge O‟Neal, supra, en la pág. 26.21 (“Debts do to or

buy the corporation are not extinguished. Even in the

absence of a statute, a court of equity can enforce

collection of debts due to a corporation for the benefit

of creditors and shareholders and will satisfy debts due

from the corporation out of its assets. The property of

the corporation belongs to the shareholders, subject to

the corporate debts and the powers of the liquidators”.).

CC-2015-0609

24

En la discusión del Derecho que se aborda en la

Opinión mayoritaria, se dispone que “los efectos de la

disolución de una corporación son distintos a los de la

muerte de una persona natural”. Opinión mayoritaria, en

la pág. 9. Por ende, se concluye que “sería erróneo ver a

los

accionistas

de

una

corporación

disuelta

como

los

herederos de los activos y pasivos de la entidad”. Id. en

la pág. 10.

En consideración a lo anterior, la mayoría analiza

el Artículo 9.08 ya discutido, al igual que el Artículo

9.09 de la Ley general de corporaciones. Éste último,

según bien se señala en la Opinión mayoritaria, permite

que en cualquier momento -ciertas personas con interéssoliciten el nombramiento de un síndico o administrador

judicial para que

cobren los créditos y recobren los bienes

de la corporación con poder de demandar y

defender, a nombre de la corporación, para

entablar todos los litigios que sean

necesarios

para

los

propósitos

antes

expuestos, y para nombrar agente o agentes

bajo sus órdenes y para ejecutar todos los

actos que la corporación realizaría, si

existiera y que sean necesarios para la

liquidación

final

de

los

asuntos

corporativos pendientes. 14 LPRA sec.

3709.

Posteriormente, una mayoría de este Tribunal hace

referencia a varias determinaciones del Tribunal Supremo

del estado de Delaware en las que se resuelve, al amparo

de la ley general de corporaciones de ese estado, que la

propiedad del ente corporativo no pasa a los accionistas,

pues ésta sigue perteneciendo a la corporación. Conforme

CC-2015-0609

a

este

25

razonamiento

mecanismo

dispuesto

se

justifica

en

la

la

Sección

funcionalidad

279

de

la

del

ley

de

Delaware -equivalente al Artículo 9.09 de nuestra Ley-.

No obstante, con ello discrepo.

En primer lugar, considero que -como bien identificó

la Opinión mayoritaria- “las interpretaciones que hagan

los

tribunales

Corporaciones

esta

de

Delaware

General

de

tienen valor ilustrativo y persuasivo

en

jurisdicción”.

Opinión

sobre

su

Ley

mayoritaria,

en

la

pág.

8

(énfasis suplido). Ciertamente, en el Derecho Corporativo

existe una verdadera analogía con la legislación de ese

estado para justificar un análisis de derecho comparado.

Véase Vilanova v. Vilanova, 184 DPR 824, 885-886 (2012)

(Op. Disidente, Fiol Matta, Hernández Denton, Rodríguez

Rodríguez).

Ahora

bien,

ya

que

debemos

realizar

esta

tarea interpretativa en consideración a las realidades

específicas de nuestro contexto, no estamos obligados a

adoptar

las

interpretaciones

o

la

jurisprudencia

que

utilicemos para efectuar este análisis. Véase Pueblo v.

Rivera Cintrón, 185 DPR 484, 490 (2012); Peña Clos v.

Cartagena Ortiz, 114 DPR 576, 588 (1983) (Cuando una de

nuestras

instituciones

jurídica,

los

persuasivo

en

desarrollos

valiosos

derive

determinada

de

ésta

precedentes

de

esta

jurisdicción,

en

otros

tradición

tendrán

sin

sistemas,

valor

olvido

aunque

de

sujeto

siempre a las realidades específicas de nuestro medio).

CC-2015-0609

Según

26

señalamos

anteriormente,

la

ausencia

de

personalidad jurídica anula la capacidad para poseer. Por

tanto,

no

me

parece

suficiente

aludir

al

carácter

de

„ficción jurídica‟ del ente corporativo para justificar

el

que,

una

posibilitar

vez

extinta,

ésta

posea

propiedad

el

mecanismo

de

liquidación

para

opcional

contemplado en el Artículo 9.09 de la Ley .

Veremos que, si estudiamos este dilema un poco más

allá de los confines de Delaware -incluso dentro de los

propios

márgenes

de

los

tratados

dedicados

al

Derecho

Corporativo- podremos apreciar que no hay consenso real

sobre qué ocurre con los activos de la corporación una

vez

ésta

se

extingue.

Por

tanto,

considero

necesario

repasar una figura que estimo central para plantear una

solución

alterna

a

esta

controversia;

hemos

definido

a

saber,

el

accionista.

Anteriormente,

accionista

como

un

propietario

de

una

la

figura

del

corporación

con

fines de lucro. Santiago v. Rodríguez, 181 DPR 204, 215

(2011).

Éste,

como

titular

de

las

acciones

de

la

corporación, “posee una parte alícuota de su capital, un

derecho

general

a

participar

de

sus

ganancias

y

la

distribución de sus activos en caso de liquidación”. Id.

Para todos los efectos, los accionistas son “the ultimate

equitable owners of [the corporation‟s] assets.” William

Meade Fletcher, supra, Vol. 12B, en las págs. 72-73.

CC-2015-0609

Así,

27

pues,

tras

la

disolución

de

la

entidad

corporativa, el interés propietario de los accionistas

subsiste inalterado. Véase William Meade Fletcher, supra,

Vol. 16A, en la pág. 276 (“[a]lthough the dissolution of

a corporation may have an impact on the personal rights

of

shareholders,

interests

in

evidente

que,

it

the

does

not

terminate

corporation.”).

luego

del

Por

vencimiento

their

property

ende,

resulta

del

periodo

de

extensión de la personalidad jurídica de la corporación

disuelta, los activos sobrantes de ésta son transferidos

a mano de los accionistas, en cuanto éstos son dueños de

la misma. Véase, por ejemplo, Jenot v. White Mountain

Acceptance

Corp.,

124

N.H.

701

(1984)

(interpretando

legislación corporativa del estado de New Hampshire).22

Según reseñamos en los acápites precedentes, uno de

los efectos del estatuto de supervivencia es proveer un

límite de tiempo para presentar causas de acción, a favor

o en contra de la corporación disuelta, que hayan surgido

previo a la disolución o durante el referido término de

22

Cabe reconocer que la Opinión mayoritaria tiene una

preocupación legítima en cuanto a esta propuesta; a

saber, si se afectará la dicotomía entre la personalidad

jurídica de la corporación y aquella del accionista

individual.

Ello,

principalmente,

respecto

a

la

transferencia de los pasivos y obligaciones de la

corporación, una vez ésta se extinga, a los accionistas.

Ahora bien, surge de las alegaciones de este caso que no

existen obligaciones o pasivos correspondientes a la

extinta Miramar Marine. Por tanto, no estamos llamados a

abordar

este

asunto.

Ahora

bien,

confío

que,

de

suscitarse

una

controversia

como

ésta,

podríamos

armonizar lo aquí propuesto con este principio para así

asegurar debidamente los intereses de los accionistas.

CC-2015-0609

28

extensión. Cabe señalar que, las causas de acción que

tuviese la corporación disuelta a su haber, pueden ser

considerados

como

accionistas.

Véase,

Industries,

Inc.,

activos

por

869

transferibles

ejemplo,

F.2d

1457

Huston

(11th

a

v.

Cir.

los

Fulgham

1989).

En

consideración a ello, una vez se extinga la corporación

disuelta, es necesario identificar a favor de quién se

presenta las causas de acción.23

Ahora bien, Fletcher nos indica que los accionistas

no

pueden

hacer

valer

los

derechos

extintos

de

una

corporación disuelta. Esto, pues una accionista no tiene

más

derechos

de

los

que

tiene

la

corporación.

Véase

William Meade Fletcher, supra, Vol. 16A, en la pág. 326.

Ello

23

no

obstante,

y

en

lo

que

nos

atañe,

Fletcher

La jurisprudencia que aborda este tema a nivel estatal

y federal se contextualiza, principalmente, en la ley de

corporaciones del estado de Illinois. Aunque esta

legislación

contiene

un

estatuto

de

supervivencia

notablemente distinto al nuestro, consideramos pertinente

reseñar este asunto brevemente. En particular, los

tribunales han determinado que las causas de acción

trasferidas a los accionistas, tras el proceso de

disolución, tienen que ser vindicadas durante el término

de

extensión

de

la

personalidad

jurídica

de

la

corporación disuelta. Aunque, inicialmente, la regla se

aplicó con sumo rigor, al presente se ha flexibilizado y

contempla dos excepciones generales; a saber: (1)

aquellas causas de acción que son presentadas por los

accionistas a título personal por un daño que se le ha

causado

y

(2)

“those

involving

ascertainable

or

previously asserted claims that have the caracter of a

tangible property asset and which have devolved by law or

have been assigned to the shareholders.” Halliwell

Associates, Inc. v. C.E. Maguire Services, Inc., 586 A.2d

530 (1991). Véase, Shariff v. International Development

Group Co. Ltd., 399 F.3d 857 (2005). Véase, además,

Jacqueline M. Belcastro, Post-Dissolution Rights of

Corporations: What Survives the Survival Statute, 89 Ill.

B.J. 120 (2001).

CC-2015-0609

29

distingue la situación anterior de cuando el accionista

busca

vindicar

en

su

capacidad

personal

sus

derechos.

Específicamente señala que:

the rights of former shareholders to seek

recovery

in

their

own

individual

capacities, seeking nothing for and on

behalf

of

the

corporation.

Corporate

continuance statutes do not supplant the

equitable rule that shareholders succeed

to the assets of a dissolved corporation

and

therefore

they

are

entitled

to

maintain an action on that basis despite

expiration of the corporation’s wind-up

period. Id. (énfasis nuestro).

III

Procedemos entonces a aplicar la normativa jurídica

antes reseñada a los hechos en el caso de autos.24

Los peticionarios intentan persuadirnos de que la

frase „cualquier acción‟, dispuesta en el Artículo 9.08

de la Ley general de corporaciones, incluye la figura de

la

24

reclamación

extrajudicial.25

De

acceder

a

tal

En consideración a que esta controversia se trabó con

la presentación de una moción de desestimación al amparo

de la Regla 10.2 de las Reglas Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 10.2, corresponde que tomemos como ciertos

“todos los hechos bien alegados en la demanda, que hayan

sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de

su faz no den margen a dudas”. Colón v. Lotería, 167 DPR

625, 649 (2006). Véase, también, Torres Torres v. Torres

Serrano, 179 DPR 481, 501 (2010). Asimismo, debemos

interpretar estos hechos conjuntamente, liberalmente y de

la manera más favorable a la parte demandante. Véase

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497

(1994); Alberty Marrero v. Rodríguez Emma y otros, 149

DPR 655 (1999).

25

En lo pertinente, cabe recordar que la reclamación

extrajudicial constituye una manifestación inequívoca de

quien, amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su

voluntad de no perderlo. Véase De Jesús v. Chardón, 116

DPR 238 (1985); Feliciano v. A.A.A., 93 DPR 655 (1966).

CC-2015-0609

30

propuesta,

la

presentación

de

una

reclamación

extrajudicial tendría el efecto de activar el término de

extensión de la personalidad jurídica de una corporación

disuelta,

conforme

lo

dispone

referido

artículo,

“hasta

que

el

segundo

se

ejecuten

párrafo

del

totalmente

cualesquiera sentencia, órdenes o decretos”. 14 LPRA sec.

3708. Apoyados en esta interpretación, los peticionarios

razonan

que

al

haber

extrajudicial

en

contra

presentado

de

algunos

una

reclamación

los

recurridos,

de

durante los tres (3) años siguientes a la disolución de

Miramar Marine en el año 2008, tenían la facultad de

“continuar

su

litigación

reclamación

judicial

y

al

convertirla

presentar

la

en

una

correspondiente

demanda” en el año 2013.

Tras un análisis integral del lenguaje del Artículo

9.08

de

la

Ley

general

de

corporaciones

jurisprudencia

pertinente,

concluimos

intención

la

Legislativa

de

Asamblea

que

y

no

aquella

fue

la

considerar

la

reclamación extrajudicial como una „acción‟, „pleito‟ o

„procedimiento‟.

A

esos

efectos,

y

como

habíamos

adelantado, al igual que las cortes estatales y federales

de Estados Unidos, concluimos que estos términos, en el

contexto de los estatutos de supervivencia, se refieren a

“Este tipo de reclamación sirve varios propósitos

fundamentales, siendo los principales: interrumpir el

transcurso del término prescriptivo de las acciones;

fomentar las transacciones extrajudiciales, y notificar,

a

grandes

rasgos,

la

naturaleza

de

la

reclamación”. Sánchez, 153 DPR en la pág. 568.

CC-2015-0609

31

reclamaciones iniciadas ante los tribunales de justicia,

cortes

de

quiebras

contrario

o

agencias

supondría

administrativas.

Lo

el

de

claudicar

estatuto

supervivencia y permitir que las corporaciones subsistan

por

tiempo

siempre

indefinido

que

se

–pese

reclame

a

haber

sido

disueltas-

extrajudicialmente

cualquier

derecho o acreencia.

Es

necesario

recalcar

que

los

estatutos

de

supervivencia, aunque de carácter remedial, se diseñaron

con

el

propósito

de

proveer

seguridad

al

proceso

de

disolución y terminación de la gestión corporativa de una

corporación

disuelta.

Véase

James

D.

Cox,

Thomas

Lee

Hanzen, F. Hodge O‟Neal, supra, en la pág. 26.29. A su

vez, se aprobaron para delimitar el periodo de tiempo en

el

que

la

corporación,

sus

accionistas,

acreedores

y

terceros, podrían ejercer sus derechos y responder por

sus obligaciones.

Permitir que la reclamación extrajudicial presentada

por

los

9.08

de

peticionarios

la

Ley

active

general

de

los

efectos

del

corporaciones,

Artículo

sin

ésta

siquiera tener el potencial de producir, de suyo, una

sentencia

orden

o

decreto,

sentaría

un

precedente

que

atentaría contra la estabilidad que propicia el estatuto

de supervivencia.

Por

otro

lado,

los

peticionarios

proponen

que

el

referido estatuto de supervivencia debe ser categorizado

como uno de prescripción con todos los atributos que esta

CC-2015-0609

32

figura jurídica ostenta. Así, razonan que la extensión de

la

personalidad

estaría

jurídica

sujeta

a

de

una

interrupción

corporación

mediante

disuelta

actos

no

contemplados en la Ley general de corporaciones. No les

asiste la razón.

Conforme discutimos anteriormente, los tribunales de

Estados

Unidos

controversia

que

que

han

abordado

precisamente

la

misma

aquí

atendemos

–incluyendo

los

del

estado de Delaware de donde proviene el Artículo 9.08 de

la

Ley

general

de

corporaciones-

han

concluido

uniformemente que el estatuto de supervivencia no es un

estatuto

que

peticionaria

fije

un

no

adelantado

ha

término

prescriptivo.

fundamento

La

parte

alguno

para

abandonar el razonamiento de estos foros judiciales.

De

otra

parte,

sin

duda

alguna,

existe

una

distinción fundamental entre los fines que persiguen los

estatutos

de

supervivencia

prescripción.

Consideramos

legislativo

cuestión

en

los

y

que

la

figura

extender

efectos

al

jurídicos

de

la

esquema

de

la

prescripción constituiría un atentado a la prerrogativa

de la Asamblea Legislativa en cuanto a la regulación de

la existencia misma del ente corporativo.

En consideración a lo anterior, concluimos que la

reclamación extrajudicial presentada por Miramar Marine

no tuvo el efecto de activar el periodo de extensión

contemplado en el segundo párrafo del Artículo 9.08 de la

Ley general de corporaciones. Así, pues, transcurrido el

CC-2015-0609

término

de

33

tres

(3)

años,

contado

a

partir

de

la

disolución de ésta, Miramar Marine cesó de existir y no

tenía

capacidad

jurídica

para

presentar

la

demanda

en

cuestión.

Ahora bien, según comentamos, el interés propietario

de los accionistas se mantiene inalterado luego de la

extinción de la personalidad jurídica de la corporación

disuelta.

Así,

éstos

advienen

dueños

de

los

activos

restantes de ésta. Por tanto, conforme a los hechos bien

alegados en la demanda, los accionistas de la extinta

Miramar

Marine

se

convirtieron

en

dueños

de

su

único

activo restante, a saber, el crédito en litigio.

Cabe destacar que los accionistas de Miramar Marine

hicieron constar en la demanda enmendada que “promueven

la presente demanda por sí y como parte del proceso de

liquidación de los asuntos corporativos”. Apéndice, pág.

333.

Ciertamente

derechos

caso,

de

éstos

la

los

accionistas

extinta

Miramar

bien

pueden

no

pueden

Marine,

pero,

continuar

el

presente

vindicar

en

éste

litigio

para vindicar un derecho personal que alegan tener, es

decir para cobrar su acreencia.

No obstante, la Opinión mayoritaria dispone que en

caso de que una corporación se disuelva, y transcurra el

periodo de extensión contemplado en el Artículo 9.08 de

la Ley general de corporaciones, “el único remedio que

existe para liquidar cualquier propiedad que aún posea la

corporación,

es

el

procedimiento

dispuesto

en

el

Art.

CC-2015-0609

9.09

de

Opinión

discrepo

34

nuestra

Ley

General

de

en

la

pág.

conceptualmente

de

este

mayoritaria,

Corporaciones,

16.

Según

curso

supra”.

comenté,

de

acción.

Asimismo, me parece inadecuado el lenguaje utilizado para

articular la determinación, pues aparentaría convertir un

procedimiento

obligatorio.

-evidentemente¿Quedará

procedimientos

de

opcional

trastocada

liquidación

la

en

naturaleza

corporativa

uno

de

los

tras

este

Tribunal

se

dictamen? Veremos.

Por

último,

considero

que

este

extralimitó al ordenar, motu proprio, que la demanda se

convierta

en

una

dispuesto

en

el

petición

Artículo

para

9.09

activar

el

la

general

de

Ley

proceso

de

corporaciones. En primer lugar, es preciso destacar que

la

parte

peticionaria

no

realiza

una

solicitud

para

comenzar el procedimiento en cuestión; ni siquiera hace

mención alguna del Artículo 9.09. Si bien es cierto que

en

uno

de

los

alegatos

presentado

por

las

partes

recurridas se hace referencia a este procedimiento, éstos

no solicitaron que se activara el mismo. Al contrario, en

consideración a que entendían que procedía, solicitaban

la

desestimación

de

la

causa

de

acción

instada.

En

segundo lugar, soy del criterio que el texto del Artículo

9.09

no

contempla

que

el

proceso

en

cuestión

sea

iniciado, motu proprio, por los tribunales. Más bien, el

lenguaje

es

meridianamente

petición

de”

los

claro

accionistas,

al

disponer

acreedores

u

que

otra

“a

parte

CC-2015-0609

interesada

35

de

la

corporación

disuelta

–según

los

criterios que dispone la propia Ley-, el tribunal podrá

nombrar un síndico u administrador judicial. Por tanto,

insistimos, no le corresponde a este Tribunal ordenar el

inicio del procedimiento en cuestión.

IV

Por todo lo anterior disiento del curso decisorio de

la

mayoría

cuyo

innecesariamente

resultado

el

práctico

proceso

de

será

burocratizar

disolución

de

una

corporación.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada