Tribunal Supremo de Puerto Rico
Miramar Marine, Inc. y otros v. Citi Walk Development Corporation y otros
2017 TSPR 141
Poder Judicial de Puerto Rico
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Miramar Marine, Inc. y otros v. Citi Walk Development Corporation y otros
CC-2015-609
Corporaciones: Al expirar para una corporación disuelta el término dispuesto por el Art. 9.08 de la Ley General de Corporaciones, el único remedio que existe para liquidar cualquier propiedad que aun posea la corporación disuelta es el procedimiento dispuesto por el Art. 9.09 de la Ley General de Corporaciones.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Miramar Marine, Inc.; Luis A.
García Gómez y otros
Peticionarios
Certiorari
v.
2017 TSPR 141
Citi Walk Developmet
Corporation; McCloskey, Pérez
& Asociados, Inc. y otros
198 DPR ____
Recurridos
Número del Caso: CC-2015-609
Fecha: 27 de julio de 2017
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. José Andreu Fuentes
Lcdo. Pedro López Bergollo
Lcdo. Francisco Ramos Martínez
Abogados de la parte recurrida:
Lcdo. Alfredo Fernández Martínez
Lcda. Marie Lynn Quiñones Tañón
Lcdo. Juan M. Cordero Morales
Materia: Corporaciones: Al expirar para una corporación disuelta el
término dispuesto por el Art. 9.08 de la Ley General de
Corporaciones, el único remedio que existe para liquidar cualquier
propiedad que aun posea la corporación disuelta es el procedimiento
dispuesto por el Art. 9.09 de la Ley General de Corporaciones.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Miramar Marine, Inc.;
A. García Gómez y otros
Luis
Peticionarios
v.
CC-2015-0609
Citi
Walk
Development
Corporation; McCloskey, Pérez
& Asociados, Inc. y otros
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ
TORRES.
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de julio de 2017.
La
controversia
que
tenemos
ante
nuestra
consideración requiere que analicemos en conjunto
los Arts. 9.08 y 9.09 de nuestra Ley General de
Corporaciones, 14 LPRA secs. 3708 y 3709. Luego de
estudiar y analizar los artículos antes mencionados
revocamos la sentencia emitida por el Tribunal de
Apelaciones.
I
Miramar Marine, Inc. (Miramar Marine) fue una
corporación con fines de lucro incorporada al amparo
de la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico,
14 LPRA secs. 3501 et seq. Esta vendió una propiedad
inmueble
pública,
a
Hogares,
S.E.,
mediante
escritura
CC-2015-0609
2
el 30 de diciembre de 2005. Como parte de la transacción,
Hogares
S.E.
otorgó
un
pagaré
al
portador
a
favor
de
Miramar Marine por la cantidad de $1,625,000. Este pagaré
fue garantizado con una primera hipoteca sobre la propiedad
adquirida
por
compraventa,
Hogares,
la
cual
S.E.
fue
en
la
debidamente
transacción
de
inscrita
el
en
Registro de la Propiedad.
El
27
mediante
de
diciembre
escritura
de
pública,
2007
Hogares
la
propiedad
S.E.
vendió,
inmueble
en
cuestión a Citi Walk Development Corp. (Citi Walk), sin que
hubiere saldado su deuda con Miramar Marine. Sin embargo,
Miramar Marine consintió a que Citi Walk asumiera el pago
de
la
deuda
que
existía
entre
ellos
y
Hogares
S.E.
Asimismo, Miramar Marine aceptó permutar a un segundo rango
la hipoteca que tenía sobre el inmueble, con el propósito
de que Eurobank pudiera garantizar el préstamo otorgado a
Citi Walk para que pudiera adquirir la propiedad. Además,
Citi Walk y Miramar Marine acordaron extender a veinte años
la vigencia de la hipoteca a favor de Miramar Marine. Por
otro
lado,
establecieron
que
el
interés
sobre
el
monto
principal de la deuda iba a ser de 8.25% hasta el 30 de
junio
de
2008
y
a
partir
de
esta
fecha
el
interés
aumentaría a 8.50%, hasta que se pagara la deuda en su
totalidad. También, acordaron aumentar el principal de la
deuda
por
adicional.
$75,000,
para
Finalmente,
lo
que
Urbanus
se
emitió
Development,
un
pagaré
Inc.
y
McCloskey Pérez y Asociados, Inc. garantizaron, por partes
CC-2015-0609
3
iguales, el pago del principal e intereses de la deuda
asumida
por
honorarios
veremos
Citi
Walk,
pactados
más
en
adelante,
así
como
las
la
hipoteca.
Citi
Walk
penalidades
Sin
y
embargo,
incumplió
con
los
como
estos
acuerdos.
Citi Walk incumplió con los pagos del préstamo que
realizó con Eurobank para adquirir la propiedad. Por ello,
Oriental
Bank,
quien
era
el
dueño
del
crédito
en
controversia para el tiempo de la reclamación, presentó una
demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El
foro primario dictó sentencia a favor de Oriental Bank el
20
de
abril
de
2012.
Además,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia, como parte del proceso de ejecución de hipoteca,
ordenó la cancelación de la hipoteca de Miramar Marine, la
cual,
como
mencionamos
anteriormente,
se
encontraba
en
segundo rango.
Por su parte, Miramar Marine quedó disuelta en abril
de
2008
y,
como
consecuencia,
comenzó
su
liquidación.
Como
parte
proceso,
Miramar
de
ese
proceso
de
Marine
realizó una serie de reclamaciones extrajudiciales contra
Citi Walk desde comienzos del 2009, con el propósito de que
Citi Walk le pagara el dinero adeudado por la propiedad que
le había vendido a Hogares S.E., y que Citi Walk le había
comprado a Hogares S.E. Finalmente, Miramar Marine logró un
acuerdo
con
F
&
R
Construction,
Corp.,
en
donde
estos
últimos se comprometieron a continuar con los pagos. Sin
CC-2015-0609
4
embargo, F & R Construction Corp. dejó de cumplir con los
pagos en noviembre de 2012.
Como consecuencia, Miramar Marine y sus accionistas,
Luis A. García Gómez, Marisol N. de García, Rafael Nevares
Bengochea
y
Marta
Burgos
de
Nevares,
presentaron
una
demanda ante el Tribunal de Primera Instancia el 24 de
septiembre
de
2013
contra
McCloskey,
Pérez
&
Asociados,
Inc.; Citi Walk Development Corporation; Luis Pérez Pagán,
su esposa Gloria Tañón Ortiz y la sociedad legal de bienes
gananciales compuesta por ambos; Joseph McCloskey Vázquez,
su esposa Stacy Suárez Kiley y la sociedad legal de bienes
gananciales compuesta por ambos; Urbanus Development, Inc.;
TN
Development
Corp.;
F
&
R
Construction,
Corp.;
Jaime
Fullana Olivencia, su esposa Jossette Lefranc Romero y la
sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ambos;
Ángel Antonio Fullana, su esposa Lydia Morales Cobián y la
sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ambos;
José
Miguel
Fullana
Olivencia,
su
esposa
María
Milagros
Morales López y la sociedad legal de bienes gananciales
compuesta por ambos, y Oriental Bank (Oriental). La demanda
se instó al amparo del Art. 9.08 de la Ley General de
Corporaciones,
supra.
Como
consecuencia
de
la
demanda,
McCloskey, Pérez & Asociados, Inc.; Citi Walk Development
Corporation; Luis Pérez Pagán, su esposa Gloria Tañón Ortiz
y la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por
ambos;
Joseph
McCloskey
Vázquez,
su
esposa
Stacy
Suárez
Kiley y la sociedad legal de bienes gananciales compuesta
CC-2015-0609
por
5
ambos
(McCloskey)
presentaron
una
moción
de
desestimación el 10 de diciembre de 2013. Alegaron que los
demandantes
dejaron
de
exponer
una
justifique la concesión de un remedio,
reclamación
que
debido a que al
momento de presentarse la demanda la corporación no tenía
capacidad jurídica para ser demandada. Regla 10.2 de las
Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA AP. V. Se basaron en
que había transcurrido el término de tres años que permite
el Art. 9.08 de la Ley General de Corporaciones, supra,
para presentar reclamaciones. De esta misma forma arguyeron
que,
los
accionistas
tampoco
presentaron
su
reclamación
dentro del periodo de tres años dispuestos por el Art. 9.08
de la Ley General de Corporaciones, supra. Por su parte,
los co-demandados Urbanus Development, Inc.; TN Development
Corp.; F & R Construction, Corp.; Jaime Fullana Olivencia,
su esposa Jossette Lefranc Romero y la sociedad legal de
bienes
gananciales
compuesta
por
ambos;
Ángel
Antonio
Fullana, su esposa Lydia Morales Cobián y la sociedad legal
de
bienes
gananciales
compuesta
por
ambos;
José
Miguel
Fullana Olivencia, su esposa María Milagros Morales López y
la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ambos
(Urbanus),
se
unieron
presentada
por
McCloskey.
también,
una
moción
de
a
la
moción
Finalmente,
desestimación
de
desestimación
Oriental
en
la
radicó,
que
hizo
alegaciones similares a las de McCloskey y Urbanus. Por su
parte, el Tribunal de Primera Instancia proveyó no ha lugar
a las mociones de desestimación el 24 de noviembre de 2014.
CC-2015-0609
6
Este foro concluyó que el término “acción” contenido en el
Art.
9.08
incluye
de
la
Ley
General
reclamaciones
de
Corporaciones,
extrajudiciales.
En
supra,
específico
indicó:
[U]na corporación que presenta una acción
durante el período de sobrevivencia, en la forma
de reclamación extrajudicial, puede proseguir con
la misma luego de expirado dicho término y
llevarla hasta su conclusión, aun cuando ello
requiera
convertir
la
reclamación
de
extra
judicial en judicial. Véase, Resolución y Orden
del 14 de noviembre de 2014, pág. 13.
Urbanus
y
Apelaciones,
en
Oriental
donde
cada
acudieron
una
al
presentó
Tribunal
un
de
recurso
de
certiorari. Ante esto, Miramar Marine se opuso a que se
expidiera el auto y planteó que en caso de resolver que la
corporación
no
tenía
capacidad
jurídica
para
hacer
el
reclamo, entonces los accionistas podían hacerlo, pues los
bienes
de
una
corporación
cuando
la
misma
se
pasaban
disolvía.
directamente
a
ellos
Eventualmente,
el
foro
apelativo intermedio revocó al foro primario e indicó que
el Art. 9.08 de la Ley General de Corporaciones, supra,
solo contempla acciones judiciales y
no extrajudiciales,
por
judicial
tenía
que
el
lo
que
cualquier
presentarse
en
el
mencionado
artículo.
reclamación
periodo
de
tres
años
que
indica
Asimismo,
en
una
nota
al
calce
concluyó que los accionistas de la corporación no podían
demandar, ya que luego del periodo dispuesto en el Art.
9.08 de la Ley General de Corporaciones, supra, no puede
hacerse ninguna reclamación.
CC-2015-0609
7
Ante este resultado, Miramar Marine y sus accionistas
comparecen ante este foro y plantean que Miramar Marine
tiene
legitimación
para
reclamar,
ya
que
instó
una
reclamación extrajudicial dentro del plazo de tres años del
Art.
9.08
de
la
Ley
General
de
Corporaciones,
supra.
También, en la alternativa señaló que, si se resuelve que
el
plazo
de
tres
años
expiró,
los
activos
de
Miramar
Marine, incluyendo la acreencia reclamada, pasaron a ser
propiedad de los accionistas al liquidarse la corporación.
Como consecuencia, inicialmente notificamos una Resolución
en
la
que
denegamos
la
expedición
del
Certiorari.
No
obstante, en reconsideración, y luego de evaluar la misma,
decidimos expedir el auto de Certiorari. Así pues, luego de
haber
analizado
y
estudiado
los
alegatos
de
las
partes
procedemos a resolver las controversias que tenemos ante
nuestra consideración.
II
La figura de la corporación nace con el motivo de
facilitar
y
promover
las
actividades
comerciales.
Exposición de Motivos de la Ley General de Corporaciones,
Ley Núm. 164-2009,(2009 (Parte 2)
Leyes
de
Puerto
Rico).
Véase también, Santiago et al. v. Rodríguez et al., 181 DPR
204,
215
(2011).
la
Por
principales
de
personalidad
jurídica
eso,
una
corporación
distinta
de
es
y
las
que
características
cuenta
separada
de
la
con
una
de
sus
dueños. Íd. Véase también, C.E. Díaz Olivo, Corporaciones:
Tratado sobre Derecho Corporativo, Colombia, [s. Ed], 2016,
CC-2015-0609
págs.
2,
8
45;
M.
Muñoz
Rivera,
Ley
de
Corporaciones
de
Puerto Rico: Análisis y Comentarios, 1ra ed., San Juan, Ed.
Situm, 2015, pág. 7. Además, la personalidad jurídica se
extiende hasta que la corporación deja de existir.
Por otra parte, la disolución es el proceso mediante
el cual se pone fin a la existencia de la corporación. En
otras
palabras,
la
disolución
equivale
a
la
“muerte
jurídica de la corporación”. Díaz Olivo, op. cit., pág.
371.
El
Capítulo
IX
de
nuestra
Ley
General
de
Corporaciones, 14 LPRA sec. 3701 et seq., regula el proceso
de disolución de una corporación en Puerto Rico. Junto con
la disolución comienza el proceso de liquidación del ente
corporativo. Durante este proceso, “[l]a corporación, entre
otras
cosas,
tiene
antes
que
pagar
las
obligaciones
pendientes, cobrar sus acreencias y distribuir cualquier
sobrante
entre
los
accionistas,
de
conformidad
a
las
prioridades que sus acciones les confieren.”. Díaz Olivo,
op. cit., págs. 381-382.
Para
poder
comprender
mejor
las
consecuencias
jurídicas de la disolución de la corporación, es necesario
recordar
que
common
law,
nuestro
derecho
específicamente
corporativo
proviene
del
de
estado
del
Delaware.
Exposición de Motivos de la Ley General de Corporaciones,
supra.
Por
esa
razón,
hemos
expresado
que
las
interpretaciones que hagan los tribunales de Delaware sobre
su Ley General de Corporaciones tienen valor ilustrativo y
persuasivo
en
esta
jurisdicción,
al
igual
que
las
CC-2015-0609
9
interpretaciones
legislación
que
hayan
corporativa
de
hecho
otros
Delaware.
estados
Llorens
et
de
la
al.
v.
Arribas et al., 184 DPR 32, 49-50 (2011). Es importante
tener esto en cuenta debido a que en el common law, la
disolución
persona
de
una
natural,
corporación,
terminan
con
como
la
la
muerte
capacidad
de
una
jurídica
que
esta tiene para demandar y ser demandada. Por consiguiente,
se terminan todos los litigios que la corporación tenía
pendiente. A estos efectos, el Tribunal Supremo de Estados
Unidos ha expresado:
There is no specific provision in our rules
for the substitution as a party litigant of a
successor to a dissolved corporation. It is well
settled that at common law and in the federal
jurisdiction
a
corporation
which
has
been
dissolved is as if it did not exist, and the
result of the dissolution cannot be distinguished
from the death of natural person in its effect.
It follows, therefore, that as the death of the
natural person abates all pending litigation to
which such a person is a party, dissolution of a
corporation at common law abates all litigation
in which the corporation is appearing either as
plaintiff or defendant.(Citas omitidas) Oklahoma
Natural Gas Co. v. State of Oklahoma, 273 U.S.
257, 259 (1927).
A.2d
Véase
también,
500,
503
In
(Del.
re
Citadel
Ch.
1980);
Industries,
16A
Fletcher,
Inc.,
423
Fletcher
Cyclopedia of the Law of Corporations Sec. 7966, (2012).
En Puerto Rico, los efectos de la disolución de una
corporación son distintos a los de la muerte de una persona
natural. En nuestra jurisdicción, el efecto de la muerte de
una persona natural es que los herederos se subrogan por
operación
de
ley
en
los
derechos
repudio
rechazo
de
la
masa
o
del
causante,
hereditaria.
E.
salvo
González
CC-2015-0609
10
Tejera, Derecho de sucesiones: La sucesión intestal, San
Juan, Ed. Universidad de Puerto Rico, 2001, T. 1, pág. 31.
En otras palabras, opera una sucesión civil, la cual no
cuenta
con
una
personalidad
jurídica
propia.
Kogan
v.
Registrador, 125 DPR 636, 656 (1990). Por lo tanto, sería
erróneo ver a los accionistas de una corporación disuelta
como los herederos de los activos y pasivos de la entidad.
Sin
embargo,
liquidación,
los
las
llamados
en
aras
de
legislaciones
survival
culminar
el
corporativas
statutes.
Véase,
In
proceso
de
han
adoptado
re
Citadel
Industries, supra, pág. 503; Fletcher, supra, págs. 9-10.
En
Puerto
Rico,
el
Art.
9.08
de
la
Ley
General
de
Corporaciones, supra, extiende la personalidad jurídica de
la corporación por un plazo de tres (3) años contados a
partir de su disolución. Ese artículo indica:
Toda
corporación
que
se
extinga
por
limitación propia o que por otro modo se
disuelva, continuará como cuerpo corporativo por
un plazo de tres (3) años a partir de la fecha de
extinción o de disolución o por cualquier plazo
mayor que el Tribunal de Primera Instancia (Sala
Superior) en el ejercicio de su discreción
disponga a los efectos de llevar adelante los
pleitos entablados por la corporación y de
proseguir
con
la
defensa
de
los
pleitos
entablados
contra
ella,
ya
sean
civiles,
criminales o administrativos, así como a los
efectos de liquidar y terminar el negocio, de
cumplir con sus obligaciones y de distribuir a
los accionistas los activos restantes. No podrá
continuar
la
personalidad
jurídica
con
el
propósito de continuar los negocios para los
cuales se creó dicha corporación.
Respecto
a
cualquier
acción,
pleito
o
procedimiento entablado o instituido por la
corporación o contra ella, antes de su extinción
o dentro de los tres (3) años siguientes a su
extinción o disolución, la corporación continuará
como entidad corporativa después del plazo de los
CC-2015-0609
11
tres (3) años y hasta que se ejecuten totalmente
cualesquiera
sentencias,
órdenes
o
decretos
respecto a las acciones, pleitos o procedimientos
antes expresados, sin la necesidad de ninguna
disposición especial a tal efecto por parte
del
Tribunal
de
Primera
Instancia
(Sala
Superior).(Énfasis nuestro.)
Esta disposición es una copia de la Sec. 278 de la Ley
General de Corporaciones de Delaware, 8 Del. C. Sec. 278.1
Por
otro
lado,
nuestra
legislación
corporativa
contempla la posibilidad de que expirado el plazo dispuesto
por el estatuto de supervivencia, quede patrimonio de la
corporación sin distribuir. Específicamente el Art. 9.09 de
la Ley General de Corporaciones de 2009, supra, indica:
1
La Sec. 278 de la Ley
Delaware, supra, indica:
General
de
Corporaciones
All corporations, whether they expire by
their own limitation or are otherwise dissolved,
shall nevertheless be continued, for the term of
3 years from such expiration or dissolution or
for such longer period as the Court of Chancery
shall in its discretion direct, bodies corporate
for the purpose of prosecuting and defending
suits, whether civil, criminal or administrative,
by or against them, and of enabling them
gradually to settle and close their business, to
dispose
of
and
convey
their
property,
to
discharge their liabilities and to distribute to
their stockholders any remaining assets, but not
for the purpose of continuing the business for
which the corporation was organized. With respect
to any action, suit or proceeding begun by or
against the corporation either prior to or within
3 years after the date of its expiration or
dissolution, the action shall not abate by reason
of the dissolution of the corporation; the
corporation shall, solely for the purpose of such
action, suit or proceeding, be continued as a
body corporate beyond the 3-year period and until
any judgments, orders or decrees therein shall be
fully executed, without the necessity for any
special direction to that effect by the Court of
Chancery.
de
CC-2015-0609
Cuando se disolviere alguna corporación con
arreglo a las disposiciones de este subtítulo, el
Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior), en
cualquier momento y a petición de cualquier
acreedor o de cualquier accionista o director de
la corporación, o a petición de cualquiera que a
juicio del tribunal muestre justa causa para
ello, podrá nombrar como síndico a uno o varios
de los directores de la corporación o designar
administrador judicial a una o más personas, en
representación
de
y
para
beneficio
de
la
corporación,
para
que
tales
administradores
judiciales
o
síndicos
se
hagan
cargo
del
patrimonio de la corporación y cobren los
créditos y recobren los bienes de la corporación
con poder de demandar y defender, a nombre de la
corporación, para entablar todos los litigios que
sean
necesarios
para
los
propósitos
antes
expuesto[s], y para nombrar agente o agentes bajo
sus órdenes y para ejecutar todos los actos que
la corporación realizaría, si existiera y que
sean necesarios para
12
CC-2015-0609
13
la liquidación final de los asuntos corporativos
pendientes. Las facultades de los administradores
judiciales y los síndicos podrán prorrogarse por
el tiempo que el Tribunal de Primera Instancia
(Sala Superior) estime necesario para los fines
antes mencionados. (Énfasis nuestro).
Cuando
Delaware
miramos
la
encontramos
Ley
que
General
nuestro
de
Art.
Corporaciones
de
9.09
Ley
de
la
General de Corporaciones, supra, es una copia de la Sec.
279 de la ley General de Corporaciones de Delaware, 8 Del.
C. sec. 279.2
El
General
propósito
de
principal
de
Corporaciones
de
la
Sec.
279
Delaware,
de
la
Ley
supra,
es
“salvaguardar el recobro y la administración de los aún
existentes derechos propietarios de la corporación disuelta
2
Específicamente,
la
Sec.
279
de
la
Ley
General
Corporaciones de Delaware, supra, indica:
When any corporation organized under this
chapter
shall
be
dissolved
in
any
manner
whatever, the Court of Chancery, on application
of any creditor, stockholder or director of the
corporation, or any other person who shows good
cause therefor, at any time, may either appoint 1
or more of the directors of the corporation to be
trustees, or appoint 1 or more persons to be
receivers, of and for the corporation, to take
charge of the corporation's property, and to
collect the debts and property due and belonging
to the corporation, with power to prosecute and
defend, in the name of the corporation, or
otherwise, all such suits as may be necessary or
proper for the purposes aforesaid, and to appoint
an agent or agents under them, and to do all
other
acts
which
might
be
done
by
the
corporation, if in being, that may be necessary
for the final settlement of the unfinished
business of the corporation. The powers of the
trustees or receivers may be continued as long as
the Court of Chancery shall think necessary for
the purposes aforesaid.
de
CC-2015-0609
14
una vez transcurre el plazo de tres años después de la
disolución…”.
(Traducción
nuestra).
Welch,
Saunders
and
Voss, Folk on the Delaware General Corporation Law, Vol. 3,
Sec.
279.01
(2017).
(“to
safe
guard
the
collection
and
administration of the still-existing property interests of
a dissolved corporation once the three-year period after
the dissolution prescribed…”) Los tribunales de Delaware en
varias ocasiones han tenido la oportunidad de interpretar
las Secs. 278 y 279 de su Ley General de Corporaciones,
supra,
y
han
legislaciones
mencionado
es
que
permitir
el
la
propósito
de
liquidación
ambas
de
una
corporación. Ambas disposiciones parten de la premisa de
que luego de la disolución, la propiedad de la corporación
no pasa a los accionistas, sino que sigue perteneciendo a
la
corporación.
City
Investing
Co.
Liquidating
Trust
v.
Continental Cas. Co., 624 A.2d. 1191, 1195 (Del. 1993).
Asimismo, en Addy v. Short, 89 A.2d 136, 140 (Del. 1952),
el Tribunal Supremo de Delaware concluyó que como la Sec.
43 de la Ley General de Corporaciones de Delaware, hoy la
Sec. 279, supra, “provee para el nombramiento de un síndico
luego del periodo de tres años para administrar los bienes
que no han sido distribuidos, esto debe significar que la
corporación posee esos bienes; de lo contrario no habría
nada
que
administrar”.
(traducción
nuestra).
(“Since
Section 43 provides for appointment of a receiver after the
three-year period to administer undistributed assets, it
must
mean
that
the
corporation
continues
to
hold
such
CC-2015-0609
15
assets, otherwise there would be nothing to administer.”)
Sin embargo, ambas secciones se diferencian en que la Sec.
278 de la Ley General de Corporaciones de Delaware, supra,
extiende
la
personalidad
por
un
plazo
específico.
Sin
embargo, la Sec. 279 de la Ley General de Corporaciones de
Delaware,
supra,
aplica,
como
ya
mencionamos,
luego
de
expirado el plazo de tres años, cuando ya la corporación es
legalmente inexistente. In re Krafft-Murphy Co., Inc., 82
A.3d 696, 703-704 (Del. 2013); In re Citadel Industries,
supra, págs. 504-505; Harned v. Beacon Hill Real Estate
Co., 84 A.229 (Del. 1912). Véase también, Welch, Saunders
and Voss, supra, pág. 116.
Los tribunales de Delaware han resuelto que el único
remedio con el que cuenta una corporación para liquidar
cualquier propiedad que le pertenezca luego de que venza el
periodo
dispuesto
Corporaciones
de
en
la
Sec.
Delaware,
278
de
supra,
la
es
Ley
el
General
de
procedimiento
dispuesto en la Sec. 279, supra. In re Citadel Industries,
Inc.,
supra,
pág.
Finkelstein‟s,
507.
Véase
también,
Balotti
and
Delaware Law of Corporations and Business
Organizations, Vol. 1 , Sec. 10.16 (2017). Mediante este
procedimiento, todos los bienes de la corporación disuelta
pasan
a
un
fideicomiso.
El
síndico
o
el
administrador
judicial será el representante de la corporación y, como
tal, una vez el tribunal lo nombre, será el encargado del
fideicomiso. Welch, Saunders and Voss, supra, pág. 122. El
síndico o administrador deberá velar por los bienes que
CC-2015-0609
16
estén en el fideicomiso y administrarlos para beneficio de
los accionistas y de los acreedores. Díaz Olivo, op. cit.,
pág. 385. Al ejercer sus funciones deberá actuar con el
juicio y la diligencia que observaría cualquier persona en
su misma posición. Íd.
Hasta
ahora
interpretar
el
no
hemos
Art.
tenido
9.09
de
la
nuestra
oportunidad
de
Ley
de
General
Corporaciones, supra. Sin embargo, el profesor de Derecho
Corporativo,
propósito
Carlos
E.
Díaz
del
Art.
9.09
Corporaciones,
supra,
es
Olivo,
de
ha
nuestra
”asegurar
el
indicado
Ley
cobro
que
el
General
de
y
la
buena
administración de la propiedad que aún posea la corporación
luego de expirado el plazo de tres años provisto en el
Artículo
9.08”.
Íd.
Como
podemos
ver,
ese
es
el
mismo
propósito que los tribunales de Delaware le han dado a la
Sec. 279 de la Ley de General de Corporaciones de Delaware,
supra. El Derecho aquí expuesto nos lleva a concluir que en
caso de que una corporación haya quedado disuelta y el
término dispuesto por el Art. 9.08 de la Ley General de
Corporaciones, supra, haya expirado, el único remedio que
existe para liquidar cualquier propiedad que aún posea la
corporación, es el procedimiento dispuesto en el Art. 9.09
de nuestra Ley General de Corporaciones, supra.
III
En
este
caso
el
periodo
de
liquidación
de
Miramar
Marine culminó en 2011, de acuerdo a lo dispuesto en el
Art.
9.08
de
la
Ley
General
de
Corporaciones,
supra.
CC-2015-0609
17
Miramar Marine y los accionistas pasaron por alto en sus
alegaciones la existencia del Art. 9.09 en la Ley General
de Corporaciones, supra. Como ya mencionamos, este artículo
es el encargado de regular el proceso de liquidación de la
propiedad perteneciente a la corporación luego de que esta
se
haya
entrar
a
disuelto.
Es
por
esto
que
resulta
discutir
lo
planteado
al
respecto
incorrecto
concluir
innecesario
por
Miramar
Marine y sus accionistas.
Asimismo,
sería
que
los
accionistas son los nudos propietarios de los bienes de la
corporación luego de expirado el plazo dispuesto por el
Art. 9.08 de la Ley de Corporaciones, supra, según alega
Miramar
Marine.
Eso
implicaría,
como
consecuencia
inescapable, que las deudas y obligaciones también se les
transferirían
a
los
accionistas.
Este
resultado
sería
contrario a los preceptos de nuestro Derecho, que establece
que
las
distinta
corporaciones
y
separada
tienen
de
la
una
de
personalidad
sus
accionistas
jurídica
y
las
convertiría en meros DBA‟s (Doing Business As).
IV
La Regla 42.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.V,
indica que “[t]oda sentencia concederá el remedio a que
tenga derecho la parte a cuyo favor se dicte, aun cuando
[e]sta no haya solicitado tal remedio en sus alegaciones”.
Asimismo,
la
Regla
71
de
Procedimiento
Civil,
supra,
sostiene que “[c]ualquier defecto en la denominación del
pleito o en la súplica del remedio, no será óbice para que
CC-2015-0609
18
el tribunal conceda el remedio que proceda de acuerdo con
las alegaciones de la prueba. Esta regla se debe a que en
reiteradas
ocasiones
hemos
resuelto
que
los
foros
judiciales debemos hacer todo lo posible por resolver los
casos que tengamos ante nosotros”. Ortiz Rivera v. P.R. Tel
Co.,
162
DPR
715,
723
(2004).
Véase,
además,
López
v.
Meléndez, 143 DPR 282, 292 (1997).
En vista de lo anterior, resolvemos conforme a derecho
y proveemos el remedio adecuado en ley, aunque la parte no
lo
solicitó.
Como
consecuencia,
revocamos
la
Sentencia
emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso
al Tribunal de Primera Instancia para que la demanda de
Miramar Marine, Inc. y sus accionistas se tome como una
petición para activar el proceso dispuesto en el Art. 9.09
de la Ley General de Corporaciones, supra.
Se dictará sentencia de conformidad.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Miramar Marine, Inc.;
A. García Gómez y otros
Luis
Peticionarios
v.
CC-2015-0609
Citi
Walk
Development
Corporation; McCloskey, Pérez
& Asociados, Inc. y otros
Recurridos
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de julio de 2017.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte de esta
Sentencia, revocamos la Sentencia emitida por el
Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso al
Tribunal de Primera Instancia para que la demanda de
Miramar Marine, Inc. y sus accionistas se tome como
una petición para activar el proceso dispuesto en el
Art. 9.09 de la Ley General de Corporaciones, supra.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica el
Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada
señora Rodríguez Rodríguez disintió con opinión
escrita, a la cual se unieron la Jueza Presidenta
señora Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor
Colón Pérez.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario
del
Tribunal
Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Miramar Marine, Inc.;
García Gómez y Otros
Luis
A.
Peticionarios
v.
Citi
Walk
Development
Corporation; McCloskey, Pérez & Núm. CC-2015-0609
Asociados, Inc. y Otros
Recurridos
Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez a la que se unen la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y
el Juez Asociado señor Colón Pérez
San Juan, Puerto Rico, a 27 de julio de 2017
Este Tribunal aún no ha tenido la oportunidad de
interpretar
importantes
disposiciones
de
la
Ley
general de corporaciones. Por ello, debemos aprovechar
controversias
como
consideración
para
aunque
una
para
inmeritorios-
la
que
precisar
mayoría
penden
ante
nuestra
aquellos
asuntos
que
de
requieren
esta
ser
Curia
-
aparenten
esclarecidos.
En
consideración a que la Opinión mayoritaria elude, sin
mayor
explicación,
atender
los
primeros
tres
(3)
señalamientos de error relacionados con los dictámenes
recurridos; y ya que se dispone de la controversia
mediante
el
mecanismo
contemplado
disiento.
uso
innecesario
en
el
y
no
Artículo
solicitado
9.09
la
del
Ley,
CC-2015-0609
2
I
Miramar
Marine,
Inc.
(Miramar
Marine)
era
una
corporación con fines de lucro incorporada al amparo de la
Ley general de corporaciones de Puerto Rico. El 30 de
diciembre
de
2005,
mediante
escritura
pública,
Miramar
Marine le vendió a Hogares, S.E. una propiedad inmueble.
Como parte de la transacción de compraventa, Hogares, S.E.
emitió
un
pagaré
al
portador
por
la
cantidad
de
$1,625,000.00 que le fue entregado a Miramar Marine. Este
pagaré fue garantizado con una primera hipoteca, a favor
de Miramar Marine, constituida sobre el inmueble objeto de
la compraventa. Ahora bien, el 27 de diciembre de 2007,
Hogares, S.E. vendió el inmueble en cuestión a Citi Walk
Development Corp. (Citi Walk). A esos efectos, Citi Walk
asumió el pago de la deuda, suscrita por Hogares, S.E., a
favor de Miramar Marine. Además, con tal de viabilizar la
compraventa,
Miramar
Marine
accedió
a
permutar
a
un
segundo rango su hipoteca sobre el referido inmueble.3
3
Como parte del acuerdo de subordinación de la hipoteca,
Miramar Marine y Citi Walk pactaron lo siguiente: (1) se
extendió la vigencia de la hipoteca a favor de Miramar
Marine por un término de veinte años, contado a partir del
31 de diciembre de 2008; (2) se fijaron intereses sobre el
principal de la deuda a razón de 8.25% anual hasta el 30
de junio de 2008 y, posterior a esa fecha, a razón de
8.50% anual hasta su pago total; (3) se aumentó el
principal de la deuda por $75,000.00 y, a esos efectos, se
emitió un pagaré al portador adicional, y (4) las
compañías Urbanus Development, Inc. (Urbanus) y McCloskey,
Pérez & Asociados, Inc. (McCloskey), garantizaron -por
partes iguales- el pago del principal e intereses de la
deuda suscrita por Citi Walk.
CC-2015-0609
3
Posteriormente,
durante
el
mes
de
abril
de
2008,
Miramar Marine fue disuelta. A esos efectos, comenzó un
proceso de liquidación de sus activos en aras de concretar
la terminación de su gestión corporativa. Como parte de
ello, Miramar Marine le cursó una serie de reclamaciones
extrajudiciales a Citi Walk, tras ésta incumplir con el
pago
de
la
referida
compraventa.
A
principios
del
año
2010, Miramar Marine concretó un plan de pago con F&R
Construction Corp. (F&R), corporación que asumió -de forma
voluntaria- la deuda de Citi Walk. No obstante, F&R dejó
de cumplir con el referido plan de pago a partir del mes
de noviembre de 2012.
Por
pagos
otro
lado,
Citi
correspondientes
al
Walk
incumplió,
préstamo
que
además,
se
la
los
había
concedido para la compraventa del referido inmueble. En
consecuencia, el 4 de abril de 2011, Oriental Bank -dueño
a esa fecha del referido crédito- instó ante el Tribunal
de Primera Instancia una demanda sobre cobro de dinero y
ejecución de hipoteca. Así las cosas, el 20 de abril de
2012, el foro primario dictó sentencia a favor de Oriental
Bank. Luego de varios trámites procesales, el referido
inmueble se vendió en pública subasta y, el 18 de marzo de
2013, el tribunal de instancia ordenó la cancelación de la
hipoteca en segundo rango a favor de Miramar Marine.
El 24 de septiembre de 2013, Miramar Marine y sus
accionistas, Luis A. García Gómez, Marisol N. de García,
Rafael Nevares Bengoechea y Marta Burgos de Nevares (en
CC-2015-0609
4
conjunto, los peticionarios), presentaron una demanda ante
el Tribunal de Primera Instancia sobre incumplimiento de
contrato, cobro de dinero, daños y perjuicios, y fraude en
contra de Citi Walk, Oriental Bank y otros (en conjunto,
los
recurridos).4
En
lo
pertinente,
los
peticionarios
plantearon que, tras la disolución de Miramar Marine, el
crédito en litigio era el único activo sobrante de la
corporación y solicitaron que se ordenara a los recurridos
el pago de éste.5
El 20 de diciembre de 2013, Citi Walk; McCloskey,
Pérez
&
Asociados,
Inc.
(McCloskey)
y
sus
accionistas
presentaron una moción de desestimación al amparo de la
Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil. 32 LPRA
Ap. V, R. 10.2.6 En síntesis, arguyeron que Miramar Marine
4
Los demás codemandados son: McCloskey y sus accionistas,
Joseph McCloskey Vázquez y su esposa Stacey Suárez Kiley,
Luis Pérez Pagán y su esposa Gloria Tazón Ortiz; Urbanus,
TN Development, Corp., (TN) F&R, y sus accionistas, Jaime
Fullana Olivencia, Ángel Antonio Fullana Olivencia, José
Miguel Fullana Olivencia y sus respectivas esposas y
Sociedades Legales de Gananciales, y Oriental Bank.
5
En particular, los peticionarios arguyeron que el
principal de la deuda evidenciada por los pagarés al
portador en posesión de Miramar Marine ascendía a
$1,219,590.29. Asimismo, plantearon que esta cantidad no
contemplaba los intereses, calculados al 8.50% anual,
acumulados desde el 30 de junio de 2009. Por último,
solicitaron el pago de costas y de una cantidad ascendente
a $170,000.00 que habían pactado las partes para el pago
de honorarios de abogado y daños y perjuicios en caso de
reclamaciones entre éstas.
6
Urbanus, TN y F&R, junto a sus accionistas, esposas y
sociedades de bienes gananciales, se unieron a la moción.
Por su parte, Oriental Bank presentó una moción de
desestimación. Al igual que los demás recurridos, Oriental
Bank fundamentó su solicitud en la falta de capacidad
jurídica de Miramar Marine para presentar la demanda en
cuestión. Puntualizó, además, que el pleito presentado
CC-2015-0609
5
dejó de exponer una reclamación que justificara un remedio
toda vez que, a la fecha en que se presentó la demanda, la
corporación no tenía capacidad jurídica para demandar o
ser demandada. De otra parte, alegaron que los accionistas
de Miramar Marine no tenían una causa de acción válida ya
que
no
instaron
una
demanda
en
cobro
de
su
acreencia
dentro del término de caducidad de tres (3) años posterior
a la disolución de la corporación, conforme al Artículo
9.08 de la Ley general de corporaciones de 1995. 14 LPRA
sec. 3008.
El Tribunal de Primera Instancia notificó, el 2 de
diciembre de 2014, una Resolución y Orden mediante la cual
denegó las mociones de desestimación presentadas por los
recurridos. En síntesis, el tribunal de instancia concluyó
que los peticionarios presentaron una reclamación válida
que justificaba la concesión de un remedio y que Miramar
Marine tenía capacidad jurídica para así hacerlo. A esos
efectos, reconoció que el Artículo 9.08 de la Ley general
de
corporaciones
de
1995
permitía
la
extensión
de
la
personalidad jurídica de la corporación disuelta, incluso
transcurrido el término de tres (3) años provisto para
ello, para que ésta concluyera la tramitación de aquellas
constituía un ataque colateral al dictamen judicial que
autorizó a Oriental Bank la venta en pública subasta del
inmueble en cuestión y la correspondiente eliminación de
la hipoteca en segundo rango a favor de Miramar Marine.
CC-2015-0609
6
acciones que hayan sido comenzadas durante
el referido
periodo de extensión.
A su vez, determinó que el término „acción‟, en el
contexto
de
este
artículo,
incluía
la
presentación
de
reclamaciones extrajudiciales. Así, pues, habida cuenta de
que desde el año 2009 Miramar Marine realizó reclamaciones
extrajudiciales
directas
a
los
recurridos,
la
demanda
presentada constituyó una continuación o acción secundaria
a la reclamación extrajudicial. Por último, concluyó que
el término de extensión contemplado en el Artículo 9.08 no
era de caducidad, por lo que podría quedar interrumpido
indefinidamente sin intervención judicial.
Los
recurridos
presentaron
oportunas
mociones
de
reconsideración. No obstante, el foro primario las denegó
el 29 de enero de 2015. Inconformes, éstos acudieron al
Tribunal de Apelaciones mediante recursos de certiorari.
Tras consolidar ambos recursos, el 7 de mayo de 2015, el
foro apelativo intermedio notificó una Sentencia mediante
la cual revocó la Resolución y Orden recurrida.
En síntesis, el foro apelativo intermedio concluyó
que el término „acción‟ contemplado en el Artículo 9.08 de
la
Ley
general
de
corporaciones
-al
igual
que
en
la
Sección 278 de la de corporaciones del estado de Delaware,
8 Del. sec. 278- no significa “otra cosa que un pleito
presentado
ante
un
Tribunal”.
Considerando
que
Miramar
Marine se disolvió durante el mes de abril de 2008, y que
la
reclamación
extrajudicial
no
está
incluida
en
el
CC-2015-0609
término
7
„acción‟
capacidad
del
jurídica
referido
para
artículo,
presentar
la
ésta
no
tenía
demanda
el
25
de
septiembre de 2013.
Cabe señalar, además, que los peticionarios en su
oposición a la expedición del certiorari plantearon que,
del
tribunal
resolver
que
Miramar
Marine
no
tenía
capacidad jurídica para presentar la demanda en cuestión,
se debía concluir que sus accionistas tenían legitimación
activa para continuar la acción de cobro de dinero. El
Tribunal de Apelaciones atendió este planteamiento en una
escueta
nota
al
calce
en
la
que
se
limitó
a
hacer
referencia al caso MBC, Inc. v. Engel, 119 N.H. 8 (1979) y
a
citar
la
norteamericano
siguiente
expresión
William
del
Fletcher,
tratadista
“[t]he
statute
extinguishes the corporate rights, remedies and claims a
disolved corporation, and its shareholders, directors and
officers fail to bring within the
. . . wind-up period”.
Apéndice, pág. 365. El Tribunal de Apelaciones desestimó
en
sus
méritos
la
demanda
presentada
los
peticionarios
por
los
peticionarios.
Oportunamente,
reconsideración
del
intermedio.
obstante,
No
mediante
Resolución
proveyó
no
ha
dictamen
el
notificada
lugar
a
la
solicitaron
la
del
foro
Tribunal
de
el
de
julio
de
reconsideración.
moción
1
apelativo
Apelaciones,
de
2015,
Inconformes, el 24 de junio de 2015, los peticionarios
CC-2015-0609
acudieron
8
ante
este
Tribunal
mediante
un
recurso
de
certiorari.
En
síntesis,
los
peticionarios
plantearon
que
el
Tribunal de Apelaciones erró al determinar que Miramar
Marine no poseía „legitimación activa‟ para promover la
presente
acción.7
Ello,
pues,
estiman
que
las
reclamaciones extrajudiciales que éstos le cursaron a los
recurridos
extendieron
la
personalidad
jurídica
de
la
corporación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 9.08
de la Ley general de corporaciones. Según adelantamos, la
Opinión mayoritaria no aborda los tres (3) señalamientos
de error que se relacionan con éste planteamiento. En la
alternativa, éstos arguyeron que erró el foro apelativo
intermedio tras concluir que los accionistas de Miramar
Marine no podían proseguir con el presente litigio, ya que
éstos eran los nudos propietarios de los activos restantes
de la corporación disuelta.
Los recurridos se opusieron a la expedición del auto
de
certiorari.
Éstos,
en
esencia,
reprodujeron
los
planteamientos esbozados ante los foros inferiores. En lo
pertinente,
7
arguyeron
que
Miramar
Marine
carecía
de
A pesar de que los peticionarios aluden al término
„legitimación activa‟ en sus señalamientos de error,
adelantamos que el asunto ante nuestra consideración es
uno propiamente sobre capacidad jurídica. Véase Asoc. De
Res. Est. Cidra v. Future Dev., 152 DPR 68 (2000) (“[l]os
conceptos de parte interesada o de standing no atañen a la
personalidad porque se trata de relaciones jurídicas que
son externas a ella y que representan el interés en el
conflicto que se somete a decisión judicial”.) (citas
omitidas).
CC-2015-0609
9
capacidad jurídica y legitimación activa para presentar
demandas expirado el término de tres (3) años tras su
disolución;
que
la
reclamación
extrajudicial
no
está
contemplada en el término „acción‟ del Artículo 9.08 de la
Ley general de corporaciones, y que durante el término de
extensión de tres (3) años se tienen que distribuir los
activos restantes a los accionistas y éstos tienen que
presentar aquellas causas de acción correspondientes para
vindicar los derechos derivados de la corporación.
El 22 de octubre de 2015, este Tribunal notificó una
Resolución en la que se proveyó no ha lugar a la petición
de
certiorari.
No
obstante,
tras
evaluar
una
Primera
moción de reconsideración presentada oportunamente por los
peticionarios
y
las
correspondientes
oposiciones
presentadas por los recurridos, este Tribunal reconsideró
su dictamen inicial y expidió el recurso de certiorari.
Con
el
beneficio
de
las
comparecencias
de
las
partes,
estamos en posición de resolver.
II
A
Para atender la controversia que nos atañe debemos
examinar de forma particular el proceso de disolución que
tienen
a
su
disposición
las
entidades
corporativas
organizadas al amparo de la Ley general de corporaciones.
En
primer
proceso
se
lugar,
tiene
es
importante
que
llevar
puntualizar
a
cabo
que
este
cumpliendo
estrictamente con las disposiciones correspondientes de la
CC-2015-0609
Ley.8
Ello,
10
pues
incumplir
dispuestos
“impedirá
disuelta.
[Por
continuará
vigente
que
ende,]
y
la
la
con
los
requisitos
corporación
[l]a
sea
franquicia
corporación,
sus
ahí
legalmente
corporativa
accionistas,
directores y oficiales sujetos a todas las imposiciones
que legalmente les apliquen”. Véase Dorado Handcraft, Inc.
v.
Registrador,
99
DPR
Manuelita Muñoz Rivera,
21,
23
(1970).
Véase,
además,
Ley de Corporaciones de Puerto
Rico, Análisis y Comentarios 219-220 (2015).
En términos estructurales, el proceso de disolución
en nuestro ordenamiento puede dividirse en dos (2) etapas,
a saber: (1) el reconocimiento por parte del Estado de la
culminación de la existencia de la personalidad jurídica
de la corporación, y (2) el proceso de terminar la gestión
corporativa.9
Durante
la
segunda
etapa
del
proceso,
la
corporación dispone de diversos asuntos, a saber: “(1)
cualquier litigio o procedimiento contra la corporación,
sea este de naturaleza civil, criminal o administrativ[o];
(2) liquidación y cierre del negocio; (3) disposición de
propiedades; (4) cumplimiento con sus obligaciones, y (5)
8
Véase 14 LPRA secs. 3703-3715. Cabe señalar que, además
de las referidas disposiciones, existen otras secciones de
la Ley general de corporaciones que contienen requisitos
específicos para la disolución de tipos particulares de
corporaciones. Véase, por ejemplo, 14 LPRA sec. 3997
(disolución de corporaciones de responsabilidad limitada).
9
Para una discusión del proceso de disolución en otras
jurisdicciones, véase William Meade Fletcher, Fletcher
Cyclopedia of the Law of Corporations 69-73, Vol. 16A
(2012).
CC-2015-0609
11
distribución y repartición de cualquier remanente a los
accionistas”. Carlos Díaz Olivo, supra, en la pág. 382.10
El
proceso
considerables
antes
consecuencias
matizadas.11
En
acarrea
extinción
la
descrito
primer
conlleva,
jurídicas
lugar,
el
de
entidad
la
que
proceso
de
sin
duda,
deben
ser
disolución
corporativa
y
su
capacidad jurídica de obrar. Por ello, una vez disuelta,
la
corporación
está
impedida
de
suscribir
contratos;
adquirir, poseer o transferir propiedad; demandar o ser
demandada, y de ejercer cualquier otro poder conferido por
10
Nótese que, al igual que la legislación corporativa de
distintos estados de Estados Unidos, la Ley general de
corporaciones no delimita la forma en que dichas gestiones
debe ser realizadas. Véase James D. Cox, Thomas Lee
Hanzen, F. Hodge O‟Neal, supra, Vol. III, en la pág. 26.17
(“The statutes of most states proscribe the winding-up
process only in a general way. The most important
questions are the rights of creditors, whether the title
to the property remains in the corporation for winding-up
purposes or passes automatically to the directors as
trustees or to the shareholders subject to the power of
the directors to make liquidating distributions.”)
11
El profesor Carlos Díaz Olivo, sobre este proceso ha
indicado que:
Una vez se emprende el proceso de disolución la
corporación inicia un proceso de transformación
. . . de un negocio activo y en marcha, que
desarrolla
transacciones
con
suplidores,
acreedores, clientes, empleados, el gobierno y
otras personas, en pos de la consecución de los
objetivos para los que se organizó, altera su
curso para iniciar un proceso de ajuste con
miras a su eventual desaparición del mercado.
Esto no ocurre de la noche a la mañana. La
corporación, entre otras cosas, tiene antes que
pagar las obligaciones pendientes, cobrar sus
acreencias y distribuir cualquier sobrante
entre los accionistas, de conformidad a las
prioridades que sus acciones les confieren.
Carlos Díaz Olivo, supra, en las págs. 381-382.
CC-2015-0609
la
Ley
12
general
de
corporaciones.
Véase
James
D.
Cox,
Thomas Lee Hanzen, F. Hodge O‟Neal, Corporations 26.21,
Vol. III (1995). No obstante, mediante el Artículo 9.08 de
la Ley, la Asamblea Legislativa permite la extensión de la
personalidad jurídica de la corporación disuelta por un
término de tres (3) años y le confiere a ésta ciertos
poderes y facultades necesarios para terminar su gestión
corporativa. 14 LPRA sec. 3708.
La
médula
consideración
de
la
requiere
detenimiento
el
controversia
que
Artículo
examinemos
9.08
de
la
ante
nuestra
con
particular
Ley
general
de
corporaciones con tal de interpretar su alcance. Veamos.
B
Comenzamos
general
de
legislación
reiterando
corporaciones
corporativa
que,
se
del
toda
vez
que
la
Ley
redactó
con
base
en
la
estado
de
Delaware,
este
Tribunal ha avalado, en reiteradas ocasiones, recurrir a
la normativa que interpreta tal legislación a manera de
guía en la interpretación de nuestra ley. Véase Herger
Pacheco
v.
Calidad
Vida
Vecinal,
190
DPR
1007,
1017
(2014). Así, “otorgamos valor ilustrativo y persuasivo a
las
interpretaciones
que
los
tribunales
del
estado
de
Delaware, al igual que otras jurisdicciones, hayan dado a
las
secciones
correspondientes
de
la
ley
General
de
Corporaciones de ese estado”.
Llorens v. Arribas, 184 DPR
32,
según
51
(2011).
Claro
está,
comentaremos,
esta
CC-2015-0609
13
metodología no es una camisa de fuerza para realizar una
interpretación de nuestro derecho autóctono.
Inicialmente, en el derecho común estadounidense, la
disolución de una corporación equivalía a la muerte de una
persona
natural.
William
Meade
Fletcher,
Fletcher
Cyclopedia of the Law of Corporations 10, Vol. 4A (2012).12
A esos efectos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos en
Oklahoma Gas Co. v. Oklahoma, 73 U.S. 257 (1927), expresó
que:
[i]t is well settled that at common law and in
the federal jurisdiction a corporation which has
been dissolved is as if it did not exist, and
the
result
of
the
dissolution
cannot
be
distinguished from the death of a natural person
in its effect. It follows therefore, that as the
death of the natural person abates all pending
litigation to which such a person is a party,
dissolution of a corporation at common law
abates all litigation in which the corporation
is appearing either as plaintiff or defendant.
A pesar de pronunciamientos como éste, desde el siglo
XIX, las cortes de Estados Unidos desarrollaron remedios
en
equidad
para
mitigar
los
efectos
de
la
disolución
corporativa. En Wood v. Dummer, 30 F.Cas. 435 (D. Maine
1824), por ejemplo, se resolvió que los activos de una
corporación disuelta constituían un fideicomiso del cual
los acreedores de ésta podrían cobrar su acreencia. Esta
decisión es de particular importancia ya que engendró la
controversial
12
doctrina
en
equidad
conocida
como
la
Para una discusión más detallada, véase Phillip Marcus,
Suability of Dissolved Corporations-A Study in Interstate
and Federal State Relationships, 58 Harv. L. Rev. 675,
676-683 (1945).
CC-2015-0609
14
doctrina del fideicomiso o trust fund doctrine.13 Véase
Cruz v. Ramírez, 75 DPR 947 (1954).
La utilización de la doctrina del fideicomiso por las
cortes de Estados Unidos se ha sido caracterizado por su
14
inconsistencia e imprecisión.
los
estados
de
Estados
Por ello, en respuesta,
Unidos
optaron
por
aprobar
legislación corporativa que atendiera, de forma puntual,
los retos que suponía la disolución de una corporación.15
Este
tipo
de
supervivencia
legislación
se
o
statute.
survival
conoce
como
Véase
estatuto
William
de
Meade
Fletcher, supra, Vol. 16A, en la pág. 314.
Un estatuto de supervivencia permitirá, generalmente,
la extensión de la personalidad jurídica de la corporación
disuelta por un tiempo limitado para ciertos fines. En
aquellas
jurisdicciones
donde
el
proceso
de
dar
por
terminada la gestión corporativa es un requisito previo
para
que
el
corporación,
estado
reconozca
la
disolución
el
estatuto
de
supervivencia
proveer
aquellos
poderes
y
facultades
atender
reclamaciones
13
presentadas
por
se
de
limita
necesarios
la
una
a
para
corporación
Para un recuento histórico del desarrollo de la doctrina
del fideicomismo, véase Edward T. Pivin, The Integrity of
Delaware’s Corporate Dissolution Statute After Territory
of the United States Virgin Islands v. Goldman, Sachs &
Co.: Is Extended Post-Dissolution Shareholder Liability
Necessary Component of Delaware’s Corporate Dissolution
Scheme?, 55 St. Luis U. L.J. 1179-1182 (2011).
14
Véase, por ejemplo, Edwin S. Hunt, The Trust Fund Theory
and Some Substitutes for It, 12 Yale L. J. 63 (1902).
15
Véase George D. Horstein, Voluntary Dissolution-A New
Development in Intracorporate Abuse, 51 Yale L. J. 64
(1941).
CC-2015-0609
disuelta
o
15
en
jurisdicciones
contra
como
la
de
ésta.
nuestra,
De
otra
parte,
en
donde
el
proceso
de
disolución comienza con el reconocimiento del estado de la
terminación de la existencia del ente corporativo, los
estatutos de supervivencia proveen poderes y facultades de
mayor envergadura con tal de que la corporación disuelta
pueda realizar las gestiones pertinentes para concluir su
gestión corporativa. Véase William Meade Fletcher, supra,
Vol. 16A, en las págs. 240-241.
Cabe destacar que con la aprobación de la Ley general
de corporaciones de 1956, Ley Núm. 3 de 9 de enero de
1956, la Asamblea Legislativa optó por seguir de cerca los
desarrollos de la ley corporativa del estado de Delaware.
Desde entonces, el estatuto de supervivencia que rige en
nuestro
Derecho
Corporativo
es
una
traducción
de
la
Sección 278 de la ley de corporaciones de dicho estado.16
Al igual que en la Ley general de corporaciones de 1995,
el Artículo 9.08 de la Ley general de corporaciones de
2009 lee como sigue:
16
Destacamos
que
nuestro
Derecho
Corporativo
ha
contemplado estatutos de supervivencia desde el año 1911
cuando se aprobó la Ley de corporaciones privadas, Ley
Núm. 30 de 9 de marzo de 1911. Véase Artículo 27 de la Ley
de corporaciones privadas, 1910 Leyes de Puerto Rico 107
(“Todas las corporaciones, ora cesen en virtud de la
limitación fijada en las cláusulas de incorporación, ora
queden
anuladas
por
disposición
legislativa,
ó
se
disuelvan
de
otro
modo,
subsistirán
como
personas
jurídicas con capacidad para demandar y ser demandadas y á
fin de que puedan liquidar y terminar sus negocios,
enajenar y traspasar sus bienes y distribuir su capital;
pero no lo serán por lo que respecta á la continuación de
los negocios para los cuales fueren establecidas.”)
CC-2015-0609
16
Toda corporación que se extinga por limitación
propia o que por otro modo se disuelva,
continuará como cuerpo corporativo por un plazo
de tres (3) años a partir de la fecha de
extinción o de disolución o por cualquier plazo
mayor que el Tribunal de Primera Instancia (Sala
Superior) en el ejercicio de su discreción
disponga a los efectos de llevar adelante los
pleitos entablados por la corporación y de
proseguir
con
la
defensa
de
los
pleitos
entablados
contra
ella,
ya
sean
civiles,
criminales o administrativos, así como a los
efectos de liquidar y terminar el negocio, de
cumplir con sus obligaciones y de distribuir a
los accionistas los activos restantes. No podrá
continuar
la
personalidad
jurídica
con
el
propósito de continuar los negocios para los
cuales se creó dicha corporación.
Respecto
a
cualquier
acción,
pleito
o
procedimiento entablado o instituido por la
corporación o contra ella, antes de su extinción
o dentro de los tres (3) años siguientes a su
extinción
o
disolución,
la
corporación
continuará como entidad corporativa después del
plazo de los tres (3) años y hasta que se
ejecuten
totalmente
cualesquiera
sentencias,
órdenes o decretos respecto a las acciones,
pleitos o procedimientos antes expresados, sin
la necesidad de ninguna disposición especial a
tal efecto por parte del Tribunal de Primera
Instancia (Sala Superior). 14 LPRA sec. 3708.
Según podemos apreciar, el estatuto de supervivencia
tiene un sinnúmero de importantes implicaciones. En primer
lugar, extiende la personalidad jurídica de la corporación
para ciertos fines. Ahora bien, esta extensión se puede
configurar de diversas formas. Conforme al primer párrafo,
el periodo de extensión será de tres (3) años y estará
sujeto a ser prolongado por un término mayor, a discreción
del Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior). De otra
parte, en el segundo párrafo, se provee un término de
extensión automático e indefinido. Éste, en particular, se
limita a la extensión de la personalidad jurídica de la
CC-2015-0609
17
corporación disuelta para ejecutar sentencias, órdenes o
decretos producto de acciones, pleitos o procedimientos,
presentados antes de la disolución o durante el término de
extensión de tres (3) años antes mencionado. Por último,
queda
de
manifiesto
que
la
corporación
disuelta
está
vedada de continuar con su gestión de negocio.
En el contexto de este caso, debemos plantearnos las
siguientes dos (2) interrogantes que no fueron contestadas
por la Opinión mayoritaria. Primero, ¿las reclamaciones
extrajudiciales
están
contempladas
en
el
término
„cualquier acción‟ que contiene el segundo párrafo del
Artículo
9.08?
Segundo,
toda
vez
que
el
Artículo
9.08
provee para un periodo de extensión de tres (3) años,
¿constituye este término uno de naturaleza prescriptivo
sujeto
al
efecto
interruptor
de
una
reclamación
extrajudicial?
i
En respuesta a la primera pregunta, si recurriéramos
a
una
acción‟
interpretación
para
resultado
determinar
absurdamente
literal
qué
del
término
comprende,
amplio.
Por
„cualquier
obtendríamos
ende,
es
un
necesario
contextualizar este término, en primer lugar, dentro de
los confines del propio estatuto que lo contempla.
Según reseñamos, el Artículo 9.08 de la Ley general
de corporaciones permite la continuación de la existencia
de la personalidad jurídica de la corporación para llevar
adelante o defenderse de „pleitos entablados‟. 14 LPRA
CC-2015-0609
18
sec. 3708. A su vez, la misma disposición categoriza los
„pleitos entablados‟ como de naturaleza civil, criminal o
administrativo. Por otro lado, el segundo párrafo de la
disposición
permite
jurídica
de
la
ejecutar
sentencias,
la
extensión
corporación
de
disuelta
órdenes
o
la
personalidad
para
efectos
de
producto
de
decretos
“cualquier acción, pleito o procedimiento entablado”. Id.
Ciertamente,
de
lo
anterior
surge
que
la
Asamblea
Legislativa circunscribió la extensión de la personalidad
jurídica a supuestos muy particulares contenidos en el
mismo artículo.
De
otra
parte,
cabe
destacar
que
tanto
los
tribunales estatales como federales de Estados Unidos se
han enfrentado a este debate en el contexto de la Sección
278 de la ley corporativa del estado de Delaware, que
como sabemos es análogo al Artículo 9.08 de nuestra Ley
general
de
corporaciones.
En
la
mayoría
de
estas
decisiones, estos tribunales se enfocaron en determinar
si los términos „action‟, „suit‟ o „proceeding‟ incluyen
procedimientos
corporación
de
naturaleza
disuelta.17
Por
criminal
en
contra
ejemplo,
en
U.S.
v.
de
la
P.F.
Collier & Son Corp., 208 F.2d 936 (7th Cir. 1953), el
Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Séptimo
17
Véase U.S. v. Mobile Materials, Inc., 776 F.2d 1476
(10th Cir. 1985); Mellrose Distilleries, Inc., v. U.S.,
359 U.S. 271 (1959); U.S. v. U.S. Vanadium Corp., 230
F.2d 646 (10th Cir. 1956); U.S. v. Line Material Co., 202
F.2d 929 (6th Cir. 1953); U.S. v. Safeway Stores, Inc.,
140 F.2d 834 (1st Cir. 1944).
CC-2015-0609
19
Circuito resolvió esta controversia en la afirmativa. El
tribunal razonó que “[t]he words „any action, suit, or
proceeding‟
in
meaning
use
and
their
ordinary
embrace,
so
and
we
generally
think,
all
accepted
forms
of
litigation, civil, criminal, bankruptcy and admiralty.”
Además, cabe señalar que el referido debate se ha
contextualizado
en
otro
tipo
de
acciones.
Véase,
por
ejemplo, Bahen & Wright, Inc. v. C.I.R., 176 F.2d 538
(4th Cir. 1949) (donde se interpretó que los referidos
términos
por
incluyen
agentes
acciones
administrativas,
gubernamentales,
con
tal
promovidas
de
recuperar
impuestos adeudados por la corporación disuelta); Partan
v. Niemi, 288 Mass. 111 (1934) (donde se interpretó que
los referidos términos incluyen peticiones ante la Corte
de Quiebras); Craftsman Finance & Mortg. Co. v. Brown, 64
F.Supp. 168 (D. S.D. N. Y. 1945) (donde se interpretó que
los
referidos
presentadas
Distrito
términos
por
los
federal).
incluyen
accionistas
Ahora
bien,
acciones
ante
los
derivativas
una
Corte
resultados
de
de
las
referidas decisiones dejan de manifiesto que los términos
en cuestión sólo cobijan acciones presentadas ante los
tribunales de justicia o entes administrativos.
Por ende, el término „cualquier acción‟, conforme lo
dispone
el
Artículo
9.08
de
la
Ley
general
de
corporaciones, se refiere a reclamaciones judiciales, ya
sean de carácter civil, criminal o administrativo.
ii
CC-2015-0609
20
En respuesta a la segunda interrogante, si estamos
ante un término prescriptivo, señalamos que el tratadista
norteamericano William Fletcher comenta que los estatutos
de supervivencia se categorizan como una limitación a la
capacidad de demandar o ser demandado de una corporación
disuelta y no imponen un término prescriptivo.18 William
Meade Fletcher, supra, Vol. 16A, en las págs. 319-320
(“The statutory survival period has been construed as a
limitation upon the capacity to sue or be sued rather
than a statute of limitations”). Asimismo, recientemente
el Tribunal Supremo del estado de Delaware, en
Krafft-Murphy,
Co.,
Inc.,
82
A.3d
696,
705
In re
(2013),
dispuso que:
Nothing in section 278 operates as a statute
of limitations that would bar claims or
extinguish a dissolved corporation‟s liability
to third parties. It is the case -and our
courts have frequently held- that as a body
corporate a dissolved corporation ceases to
exist and is not amenable to suit after the
expiration of section 278‟s three year period.
From that it does not follow, however, that
section 278 extinguishes the corporation‟s
underlying liability to third parties. To the
contrary, section 279 enables a dissolved
corporation to (through a receiver) „sue and
be sued‟ after the expiration of section 278‟s
three year period does not extinguish the
dissolved corporation‟s underlying liability.
Nótese, además, que en la jurisprudencia de otros
estados
18
de
Estados
Unidos
se
ha
llegado
a
la
misma
Véase, por ejemplo, Johnson v. Helicopter & Airplane
Services Corp., 404 F.Supp. 726 (D. Md. 1975); SmithJohnson Steamship Corp. v. United States, 231 F.Supp. 184
(D. Del. 1964).
CC-2015-0609
21
conclusión.19 Como fundamento para ello se ha resaltado la
importancia de distinguir entre los propósitos de ambas
figuras, a saber, “[t]he distinction is that a statute of
limitations affects the time that a stale claim may be
brought while a survival statute gives life for a limited
time to a right or claim that would have been destroyed
entirely but for the statute”. Davis v. St. Paul Fire &
Marine Ins. Co., 727 F.Supp. 549, 551 (D. S.D. 1989).
Véase, además, Van Pelt v. Greathouse, 364 N.W.2d 14, 15
(1985).
Cuando
refiere
se
a
habla
aquella
de
„statutes
disposición
of
que
limitations’,
fija
términos
se
de
prescripción. Véase Guillermo Cabanellas, Eleanor Hoague,
Diccionario
ur
ico
(1991).
Por
lo
tanto,
statute
of
limitations
Espa ol
ngl s
utterworths
la
prescripción
extintiva
del
derecho
son
figuras
anterior,
sería
común
586
y
el
análogas que sirven el mismo propósito.
En
consideración
irreconciliable
provisto
por
el
a
categorizar
estatuto
lo
el
de
término
de
supervivencia
extensión
de
la
Ley
general de corporaciones como uno prescriptivo. A esos
efectos,
19
debemos
descartar
la
aplicación
del
efecto
Véase Citizens Elec. Corp. v. Bituminous Fire & Marine
Ins.
Co.,
68
F.3d
1016,
1020
(7th
Cir.
1995)
(interpretando legislación corporativa del estado de
Illinois); Huston v. Fulgham Industries, Inc., 869 F.2d
1457, 1460 (11th Cir. 1989) (interpetando legislación
corporativa del estado de Alabama); Litts v. Refrigerated
Transport Co., 375 F.Supp. 675, 677 (D. M.D. Pa. 1973)
(intepretando legislación corporativa del estado de
Georgia).
CC-2015-0609
22
interruptor al que este término está sujeto.
Véase 31
LPRA sec. 5303. Véase, además, Sánchez v. Aut. de los
Puertos, 153 DPR 559, 567-567 (2001); García Aponte et
al.
v.
E.L.A.
et
al.,
135
DPR
137
(1994); Zambrana
Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740 (1992).
C
En
el
contexto
del
proceso
de
terminación
de
la
gestión corporativa, al amparo del Artículo 9.08 de la
Ley
general
tiene
20
la
de
corporaciones,
facultad
de
la
distribuir
corporación
sus
disuelta
activos.20
Así,
Los poderes y facultades provistos a las corporaciones
disueltas, por virtud de los estatutos de supervivencia,
constituyen un mero marco de referencia en cuanto a los
actos
a
ser
realizados
para
terminar
la
gestión
corporativa. Véase William Meade Fletcher, supra, Vol.
16A, en la pág. 353. Ello, pues, estos estatutos no
suelen prescribir requisitos, de orden u forma, para
llevar a cabo este proceso. Ahora bien, surge del propio
lenguaje
de
la
Ley
general
de
corporaciones,
la
jurisprudencia y los tratadistas una sugerencia implícita
referente a cuándo deben distribuirse los activos
corporativos
y
los
actos
que
deben
preceder
la
distribución. Por ejemplo, el lenguaje de los Artículos
9.07, 9.08, 9.09, 9.10, 9.14 de la Ley sugiere que la
distribución de activos se realizará luego de subsanar
las obligaciones de la corporación. A esos efectos, el
Prof. Carlos Díaz Olivo insinúa el mismo orden cuando
comenta que la corporación disuelta durante su proceso de
liquidación o terminación “tiene antes que pagar las
obligaciones
pendientes,
cobrar
sus
acreencias
y
distribuir cualquier sobrante entre los accionistas, de
conformidad a las prioridades que sus acciones les
confieren”. Carlos Díaz Olivo, supra, en las págs. 381382. Por último, William Fletcher puntualiza que “[a]fter
dissolution, the property of the corporation passes to
the shareholders, subject to the payment of corporate
debts. Any distribution to shareholders made before
satisfaction of the corporation‟s debts is illegal, and
corporate
creditors
can
bring
claims
against
the
shareholders possessing the corporate assets.” William
Meade Fletcher, supra, Vol. 16A, en las págs. 483-484.
CC-2015-0609
durante
jurídica,
el
23
término
ésta
de
extensión
retiene
la
de
facultad
la
de
personalidad
poseer
y
de
titularidad
de
la
disponer de su propiedad.
Cabe
señalar,
además,
que
la
propiedad de la corporación disuelta no se ve afectada
durante el referido periodo de extensión. A esos efectos,
el Tribunal Supremo del estado de Delaware expresó que
“as
concerns
the
property
it
had
at
the
time
of
dissolution, it‟s title and possessions are unimpaired.
Whatever
rights
it
had,
of
whatever
nature,
are
preserved, in full vigor during the three year period.
Any other conclusion would contravene the plain language
of the statute.” Addy v. Short, 47 Del. 157, 163 (1952).21
Ahora
bien,
culminado
el
término
personalidad
jurídica
de
la
capacidad
jurídica
de
de
extensión
corporación
obrar
queda
de
la
disuelta,
su
extinguida
por
completa. Es en este momento, que la corporación extinta
está imposibilitada de poseer o disponer de su propiedad.
Véase, además, Jenot v. White Mountain Acceptance Corp.,
124 N.H. 701, 706 (1984) (“This court has long recognized
the rights of former shareholders of a dissolved
corporation to succeed, in their individual capacities,
to assets owned but her corporation prior to dissolution
. . . subject to the payment of corporate debts.”).
21
Véase, además, James D. Cox, Thomas Lee Hanzen, F.
Hodge O‟Neal, supra, en la pág. 26.21 (“Debts do to or
buy the corporation are not extinguished. Even in the
absence of a statute, a court of equity can enforce
collection of debts due to a corporation for the benefit
of creditors and shareholders and will satisfy debts due
from the corporation out of its assets. The property of
the corporation belongs to the shareholders, subject to
the corporate debts and the powers of the liquidators”.).
CC-2015-0609
24
En la discusión del Derecho que se aborda en la
Opinión mayoritaria, se dispone que “los efectos de la
disolución de una corporación son distintos a los de la
muerte de una persona natural”. Opinión mayoritaria, en
la pág. 9. Por ende, se concluye que “sería erróneo ver a
los
accionistas
de
una
corporación
disuelta
como
los
herederos de los activos y pasivos de la entidad”. Id. en
la pág. 10.
En consideración a lo anterior, la mayoría analiza
el Artículo 9.08 ya discutido, al igual que el Artículo
9.09 de la Ley general de corporaciones. Éste último,
según bien se señala en la Opinión mayoritaria, permite
que en cualquier momento -ciertas personas con interéssoliciten el nombramiento de un síndico o administrador
judicial para que
cobren los créditos y recobren los bienes
de la corporación con poder de demandar y
defender, a nombre de la corporación, para
entablar todos los litigios que sean
necesarios
para
los
propósitos
antes
expuestos, y para nombrar agente o agentes
bajo sus órdenes y para ejecutar todos los
actos que la corporación realizaría, si
existiera y que sean necesarios para la
liquidación
final
de
los
asuntos
corporativos pendientes. 14 LPRA sec.
3709.
Posteriormente, una mayoría de este Tribunal hace
referencia a varias determinaciones del Tribunal Supremo
del estado de Delaware en las que se resuelve, al amparo
de la ley general de corporaciones de ese estado, que la
propiedad del ente corporativo no pasa a los accionistas,
pues ésta sigue perteneciendo a la corporación. Conforme
CC-2015-0609
a
este
25
razonamiento
mecanismo
dispuesto
se
justifica
en
la
la
Sección
funcionalidad
279
de
la
del
ley
de
Delaware -equivalente al Artículo 9.09 de nuestra Ley-.
No obstante, con ello discrepo.
En primer lugar, considero que -como bien identificó
la Opinión mayoritaria- “las interpretaciones que hagan
los
tribunales
Corporaciones
esta
de
Delaware
General
de
tienen valor ilustrativo y persuasivo
en
jurisdicción”.
Opinión
sobre
su
Ley
mayoritaria,
en
la
pág.
8
(énfasis suplido). Ciertamente, en el Derecho Corporativo
existe una verdadera analogía con la legislación de ese
estado para justificar un análisis de derecho comparado.
Véase Vilanova v. Vilanova, 184 DPR 824, 885-886 (2012)
(Op. Disidente, Fiol Matta, Hernández Denton, Rodríguez
Rodríguez).
Ahora
bien,
ya
que
debemos
realizar
esta
tarea interpretativa en consideración a las realidades
específicas de nuestro contexto, no estamos obligados a
adoptar
las
interpretaciones
o
la
jurisprudencia
que
utilicemos para efectuar este análisis. Véase Pueblo v.
Rivera Cintrón, 185 DPR 484, 490 (2012); Peña Clos v.
Cartagena Ortiz, 114 DPR 576, 588 (1983) (Cuando una de
nuestras
instituciones
jurídica,
los
persuasivo
en
desarrollos
valiosos
derive
determinada
de
ésta
precedentes
de
esta
jurisdicción,
en
otros
tradición
tendrán
sin
sistemas,
valor
olvido
aunque
de
sujeto
siempre a las realidades específicas de nuestro medio).
CC-2015-0609
Según
26
señalamos
anteriormente,
la
ausencia
de
personalidad jurídica anula la capacidad para poseer. Por
tanto,
no
me
parece
suficiente
aludir
al
carácter
de
„ficción jurídica‟ del ente corporativo para justificar
el
que,
una
posibilitar
vez
extinta,
ésta
posea
propiedad
el
mecanismo
de
liquidación
para
opcional
contemplado en el Artículo 9.09 de la Ley .
Veremos que, si estudiamos este dilema un poco más
allá de los confines de Delaware -incluso dentro de los
propios
márgenes
de
los
tratados
dedicados
al
Derecho
Corporativo- podremos apreciar que no hay consenso real
sobre qué ocurre con los activos de la corporación una
vez
ésta
se
extingue.
Por
tanto,
considero
necesario
repasar una figura que estimo central para plantear una
solución
alterna
a
esta
controversia;
hemos
definido
a
saber,
el
accionista.
Anteriormente,
accionista
como
un
propietario
de
una
la
figura
del
corporación
con
fines de lucro. Santiago v. Rodríguez, 181 DPR 204, 215
(2011).
Éste,
como
titular
de
las
acciones
de
la
corporación, “posee una parte alícuota de su capital, un
derecho
general
a
participar
de
sus
ganancias
y
la
distribución de sus activos en caso de liquidación”. Id.
Para todos los efectos, los accionistas son “the ultimate
equitable owners of [the corporation‟s] assets.” William
Meade Fletcher, supra, Vol. 12B, en las págs. 72-73.
CC-2015-0609
Así,
27
pues,
tras
la
disolución
de
la
entidad
corporativa, el interés propietario de los accionistas
subsiste inalterado. Véase William Meade Fletcher, supra,
Vol. 16A, en la pág. 276 (“[a]lthough the dissolution of
a corporation may have an impact on the personal rights
of
shareholders,
interests
in
evidente
que,
it
the
does
not
terminate
corporation.”).
luego
del
Por
vencimiento
their
property
ende,
resulta
del
periodo
de
extensión de la personalidad jurídica de la corporación
disuelta, los activos sobrantes de ésta son transferidos
a mano de los accionistas, en cuanto éstos son dueños de
la misma. Véase, por ejemplo, Jenot v. White Mountain
Acceptance
Corp.,
124
N.H.
701
(1984)
(interpretando
legislación corporativa del estado de New Hampshire).22
Según reseñamos en los acápites precedentes, uno de
los efectos del estatuto de supervivencia es proveer un
límite de tiempo para presentar causas de acción, a favor
o en contra de la corporación disuelta, que hayan surgido
previo a la disolución o durante el referido término de
22
Cabe reconocer que la Opinión mayoritaria tiene una
preocupación legítima en cuanto a esta propuesta; a
saber, si se afectará la dicotomía entre la personalidad
jurídica de la corporación y aquella del accionista
individual.
Ello,
principalmente,
respecto
a
la
transferencia de los pasivos y obligaciones de la
corporación, una vez ésta se extinga, a los accionistas.
Ahora bien, surge de las alegaciones de este caso que no
existen obligaciones o pasivos correspondientes a la
extinta Miramar Marine. Por tanto, no estamos llamados a
abordar
este
asunto.
Ahora
bien,
confío
que,
de
suscitarse
una
controversia
como
ésta,
podríamos
armonizar lo aquí propuesto con este principio para así
asegurar debidamente los intereses de los accionistas.
CC-2015-0609
28
extensión. Cabe señalar que, las causas de acción que
tuviese la corporación disuelta a su haber, pueden ser
considerados
como
accionistas.
Véase,
Industries,
Inc.,
activos
por
869
transferibles
ejemplo,
F.2d
1457
Huston
(11th
a
v.
Cir.
los
Fulgham
1989).
En
consideración a ello, una vez se extinga la corporación
disuelta, es necesario identificar a favor de quién se
presenta las causas de acción.23
Ahora bien, Fletcher nos indica que los accionistas
no
pueden
hacer
valer
los
derechos
extintos
de
una
corporación disuelta. Esto, pues una accionista no tiene
más
derechos
de
los
que
tiene
la
corporación.
Véase
William Meade Fletcher, supra, Vol. 16A, en la pág. 326.
Ello
23
no
obstante,
y
en
lo
que
nos
atañe,
Fletcher
La jurisprudencia que aborda este tema a nivel estatal
y federal se contextualiza, principalmente, en la ley de
corporaciones del estado de Illinois. Aunque esta
legislación
contiene
un
estatuto
de
supervivencia
notablemente distinto al nuestro, consideramos pertinente
reseñar este asunto brevemente. En particular, los
tribunales han determinado que las causas de acción
trasferidas a los accionistas, tras el proceso de
disolución, tienen que ser vindicadas durante el término
de
extensión
de
la
personalidad
jurídica
de
la
corporación disuelta. Aunque, inicialmente, la regla se
aplicó con sumo rigor, al presente se ha flexibilizado y
contempla dos excepciones generales; a saber: (1)
aquellas causas de acción que son presentadas por los
accionistas a título personal por un daño que se le ha
causado
y
(2)
“those
involving
ascertainable
or
previously asserted claims that have the caracter of a
tangible property asset and which have devolved by law or
have been assigned to the shareholders.” Halliwell
Associates, Inc. v. C.E. Maguire Services, Inc., 586 A.2d
530 (1991). Véase, Shariff v. International Development
Group Co. Ltd., 399 F.3d 857 (2005). Véase, además,
Jacqueline M. Belcastro, Post-Dissolution Rights of
Corporations: What Survives the Survival Statute, 89 Ill.
B.J. 120 (2001).
CC-2015-0609
29
distingue la situación anterior de cuando el accionista
busca
vindicar
en
su
capacidad
personal
sus
derechos.
Específicamente señala que:
the rights of former shareholders to seek
recovery
in
their
own
individual
capacities, seeking nothing for and on
behalf
of
the
corporation.
Corporate
continuance statutes do not supplant the
equitable rule that shareholders succeed
to the assets of a dissolved corporation
and
therefore
they
are
entitled
to
maintain an action on that basis despite
expiration of the corporation’s wind-up
period. Id. (énfasis nuestro).
III
Procedemos entonces a aplicar la normativa jurídica
antes reseñada a los hechos en el caso de autos.24
Los peticionarios intentan persuadirnos de que la
frase „cualquier acción‟, dispuesta en el Artículo 9.08
de la Ley general de corporaciones, incluye la figura de
la
24
reclamación
extrajudicial.25
De
acceder
a
tal
En consideración a que esta controversia se trabó con
la presentación de una moción de desestimación al amparo
de la Regla 10.2 de las Reglas Procedimiento Civil, 32
LPRA Ap. V, R. 10.2, corresponde que tomemos como ciertos
“todos los hechos bien alegados en la demanda, que hayan
sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de
su faz no den margen a dudas”. Colón v. Lotería, 167 DPR
625, 649 (2006). Véase, también, Torres Torres v. Torres
Serrano, 179 DPR 481, 501 (2010). Asimismo, debemos
interpretar estos hechos conjuntamente, liberalmente y de
la manera más favorable a la parte demandante. Véase
Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497
(1994); Alberty Marrero v. Rodríguez Emma y otros, 149
DPR 655 (1999).
25
En lo pertinente, cabe recordar que la reclamación
extrajudicial constituye una manifestación inequívoca de
quien, amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su
voluntad de no perderlo. Véase De Jesús v. Chardón, 116
DPR 238 (1985); Feliciano v. A.A.A., 93 DPR 655 (1966).
CC-2015-0609
30
propuesta,
la
presentación
de
una
reclamación
extrajudicial tendría el efecto de activar el término de
extensión de la personalidad jurídica de una corporación
disuelta,
conforme
lo
dispone
referido
artículo,
“hasta
que
el
segundo
se
ejecuten
párrafo
del
totalmente
cualesquiera sentencia, órdenes o decretos”. 14 LPRA sec.
3708. Apoyados en esta interpretación, los peticionarios
razonan
que
al
haber
extrajudicial
en
contra
presentado
de
algunos
una
reclamación
los
recurridos,
de
durante los tres (3) años siguientes a la disolución de
Miramar Marine en el año 2008, tenían la facultad de
“continuar
su
litigación
reclamación
judicial
y
al
convertirla
presentar
la
en
una
correspondiente
demanda” en el año 2013.
Tras un análisis integral del lenguaje del Artículo
9.08
de
la
Ley
general
de
corporaciones
jurisprudencia
pertinente,
concluimos
intención
la
Legislativa
de
Asamblea
que
y
no
aquella
fue
la
considerar
la
reclamación extrajudicial como una „acción‟, „pleito‟ o
„procedimiento‟.
A
esos
efectos,
y
como
habíamos
adelantado, al igual que las cortes estatales y federales
de Estados Unidos, concluimos que estos términos, en el
contexto de los estatutos de supervivencia, se refieren a
“Este tipo de reclamación sirve varios propósitos
fundamentales, siendo los principales: interrumpir el
transcurso del término prescriptivo de las acciones;
fomentar las transacciones extrajudiciales, y notificar,
a
grandes
rasgos,
la
naturaleza
de
la
reclamación”. Sánchez, 153 DPR en la pág. 568.
CC-2015-0609
31
reclamaciones iniciadas ante los tribunales de justicia,
cortes
de
quiebras
contrario
o
agencias
supondría
administrativas.
Lo
el
de
claudicar
estatuto
supervivencia y permitir que las corporaciones subsistan
por
tiempo
siempre
indefinido
que
se
–pese
reclame
a
haber
sido
disueltas-
extrajudicialmente
cualquier
derecho o acreencia.
Es
necesario
recalcar
que
los
estatutos
de
supervivencia, aunque de carácter remedial, se diseñaron
con
el
propósito
de
proveer
seguridad
al
proceso
de
disolución y terminación de la gestión corporativa de una
corporación
disuelta.
Véase
James
D.
Cox,
Thomas
Lee
Hanzen, F. Hodge O‟Neal, supra, en la pág. 26.29. A su
vez, se aprobaron para delimitar el periodo de tiempo en
el
que
la
corporación,
sus
accionistas,
acreedores
y
terceros, podrían ejercer sus derechos y responder por
sus obligaciones.
Permitir que la reclamación extrajudicial presentada
por
los
9.08
de
peticionarios
la
Ley
active
general
de
los
efectos
del
corporaciones,
Artículo
sin
ésta
siquiera tener el potencial de producir, de suyo, una
sentencia
orden
o
decreto,
sentaría
un
precedente
que
atentaría contra la estabilidad que propicia el estatuto
de supervivencia.
Por
otro
lado,
los
peticionarios
proponen
que
el
referido estatuto de supervivencia debe ser categorizado
como uno de prescripción con todos los atributos que esta
CC-2015-0609
32
figura jurídica ostenta. Así, razonan que la extensión de
la
personalidad
estaría
jurídica
sujeta
a
de
una
interrupción
corporación
mediante
disuelta
actos
no
contemplados en la Ley general de corporaciones. No les
asiste la razón.
Conforme discutimos anteriormente, los tribunales de
Estados
Unidos
controversia
que
que
han
abordado
precisamente
la
misma
aquí
atendemos
–incluyendo
los
del
estado de Delaware de donde proviene el Artículo 9.08 de
la
Ley
general
de
corporaciones-
han
concluido
uniformemente que el estatuto de supervivencia no es un
estatuto
que
peticionaria
fije
un
no
adelantado
ha
término
prescriptivo.
fundamento
La
parte
alguno
para
abandonar el razonamiento de estos foros judiciales.
De
otra
parte,
sin
duda
alguna,
existe
una
distinción fundamental entre los fines que persiguen los
estatutos
de
supervivencia
prescripción.
Consideramos
legislativo
cuestión
en
los
y
que
la
figura
extender
efectos
al
jurídicos
de
la
esquema
de
la
prescripción constituiría un atentado a la prerrogativa
de la Asamblea Legislativa en cuanto a la regulación de
la existencia misma del ente corporativo.
En consideración a lo anterior, concluimos que la
reclamación extrajudicial presentada por Miramar Marine
no tuvo el efecto de activar el periodo de extensión
contemplado en el segundo párrafo del Artículo 9.08 de la
Ley general de corporaciones. Así, pues, transcurrido el
CC-2015-0609
término
de
33
tres
(3)
años,
contado
a
partir
de
la
disolución de ésta, Miramar Marine cesó de existir y no
tenía
capacidad
jurídica
para
presentar
la
demanda
en
cuestión.
Ahora bien, según comentamos, el interés propietario
de los accionistas se mantiene inalterado luego de la
extinción de la personalidad jurídica de la corporación
disuelta.
Así,
éstos
advienen
dueños
de
los
activos
restantes de ésta. Por tanto, conforme a los hechos bien
alegados en la demanda, los accionistas de la extinta
Miramar
Marine
se
convirtieron
en
dueños
de
su
único
activo restante, a saber, el crédito en litigio.
Cabe destacar que los accionistas de Miramar Marine
hicieron constar en la demanda enmendada que “promueven
la presente demanda por sí y como parte del proceso de
liquidación de los asuntos corporativos”. Apéndice, pág.
333.
Ciertamente
derechos
caso,
de
éstos
la
los
accionistas
extinta
Miramar
bien
pueden
no
pueden
Marine,
pero,
continuar
el
presente
vindicar
en
éste
litigio
para vindicar un derecho personal que alegan tener, es
decir para cobrar su acreencia.
No obstante, la Opinión mayoritaria dispone que en
caso de que una corporación se disuelva, y transcurra el
periodo de extensión contemplado en el Artículo 9.08 de
la Ley general de corporaciones, “el único remedio que
existe para liquidar cualquier propiedad que aún posea la
corporación,
es
el
procedimiento
dispuesto
en
el
Art.
CC-2015-0609
9.09
de
Opinión
discrepo
34
nuestra
Ley
General
de
en
la
pág.
conceptualmente
de
este
mayoritaria,
Corporaciones,
16.
Según
curso
supra”.
comenté,
de
acción.
Asimismo, me parece inadecuado el lenguaje utilizado para
articular la determinación, pues aparentaría convertir un
procedimiento
obligatorio.
-evidentemente¿Quedará
procedimientos
de
opcional
trastocada
liquidación
la
en
naturaleza
corporativa
uno
de
los
tras
este
Tribunal
se
dictamen? Veremos.
Por
último,
considero
que
este
extralimitó al ordenar, motu proprio, que la demanda se
convierta
en
una
dispuesto
en
el
petición
Artículo
para
9.09
activar
el
la
general
de
Ley
proceso
de
corporaciones. En primer lugar, es preciso destacar que
la
parte
peticionaria
no
realiza
una
solicitud
para
comenzar el procedimiento en cuestión; ni siquiera hace
mención alguna del Artículo 9.09. Si bien es cierto que
en
uno
de
los
alegatos
presentado
por
las
partes
recurridas se hace referencia a este procedimiento, éstos
no solicitaron que se activara el mismo. Al contrario, en
consideración a que entendían que procedía, solicitaban
la
desestimación
de
la
causa
de
acción
instada.
En
segundo lugar, soy del criterio que el texto del Artículo
9.09
no
contempla
que
el
proceso
en
cuestión
sea
iniciado, motu proprio, por los tribunales. Más bien, el
lenguaje
es
meridianamente
petición
de”
los
claro
accionistas,
al
disponer
acreedores
u
que
otra
“a
parte
CC-2015-0609
interesada
35
de
la
corporación
disuelta
–según
los
criterios que dispone la propia Ley-, el tribunal podrá
nombrar un síndico u administrador judicial. Por tanto,
insistimos, no le corresponde a este Tribunal ordenar el
inicio del procedimiento en cuestión.
IV
Por todo lo anterior disiento del curso decisorio de
la
mayoría
cuyo
innecesariamente
resultado
el
práctico
proceso
de
será
burocratizar
disolución
de
una
corporación.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada