Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Marilia García-Rodríguez Pimentel
2017 TSPR 128
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Marilia García-Rodríguez Pimentel
TS-10,685
Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y notaría por incumplir con requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua y órdenes del Tribunal Supremo.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2017 TSPR 128
Marilia García-Rodríguez Pimentel
198 DPR ____
Número del Caso: TS-10,685
Fecha: 29 de junio de 2017
Abogada de la parte promovida:
Por Derecho Propio
Programa de Educación Jurídica Continua:
Lcdo. José Ignacio Campos Pérez
Director
Materia:
La suspensión será efectiva el 5 de julio de 2017, fecha
en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Marilia García-Rodríguez
Pimentel
TS-10,685
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2017.
Hoy
nos
nuestro
corresponde
poder
ejercer
disciplinario
y
nuevamente
ordenar
la
suspensión inmediata e indefinida de una miembro
de la profesión jurídica por incumplir con los
requisitos
del
Programa
de
Educación
Jurídica
Continua (PEJC o Programa) y por no acatar las
órdenes de este Tribunal.
A tales fines, procedemos a delimitar los
hechos
que
nos
mueven
a
imponer
las
medidas
disciplinarias a la abogada de epígrafe.
I
La
Lcda.
(licenciada
Marilia
García-Rodríguez
García-Rodríguez
Pimentel
Pimentel)
fue
TS-10,685
2
admitida al ejercicio de la abogacía el 3 de enero de 1994
y prestó juramento como notaria el 16 de junio de 1994. El
7 de mayo de 2015, la Hon. Geisa M. Marrero Martínez, para
aquel entonces Directora Ejecutiva del PEJC (Directoría
del PEJC), compareció ante este Tribunal mediante Informe
sobre incumplimiento con requisito de educación jurídica
continua
(Informe).
En
éste,
señaló
que
la
licenciada
García-Rodríguez Pimentel no cumplió con los requisitos
establecidos en el Reglamento del Programa de Educación
Jurídica
Continua,
164
DPR
555
(2005)
(Reglamento
del
Programa), durante los periodos del 1 de junio de 2007 al
31 de mayo de 2009 y 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de
2011. En vista de lo anterior, el PEJC le cursó a la
abogada, el 13 de julio de 2009 y el 8 de septiembre de
2011,
dos
Avisos
de
otras
alternativas,
Incumplimiento,
60
días
otorgándole,
adicionales
para
entre
tomar
los
cursos correspondientes a los periodos 2007-2009 y 20092011, respectivamente.
Transcurrido un tiempo razonable para completar los
requisitos reglamentarios del periodo 2007-2009 y al no
haberse dado el cumplimiento,1 el 17 de mayo de 2011 el
Programa
le
envió
a
la
licenciada
García-Rodríguez
Pimentel una citación para una vista informal celebrada el
8 de junio de 2011. La licenciada compareció por escrito a
la vista. En síntesis, adujo que es funcionaria de carrera en el
1
La Lcda. Marilia García-Rodríguez Pimentel tampoco efectuó el pago
de $50.00 por cumplimiento tardío para ninguno de los periodos antes
señalados.
TS-10,685
3
Consulado General de España en Puerto Rico y el volumen de
trabajo le impidió cumplir, pues "el cónsul anterior no le
daba permiso". Indicó, además, que ciertas condiciones de
salud la obligaron a estar hospitalizada en el 2008 y que
la recuperación fue paulatina.
El 26 de junio de 2012, el Programa le notificó a la
licenciada
García-Rodríguez
Pimentel
una
comunicación
mediante la cual se le concedió una prórroga final de 30
días para cumplir con el periodo 2007-2009. Del expediente
de
la
licenciada
García-Rodríguez
Pimentel
no
surge
respuesta a esta comunicación.
El 29 de enero de 2014, el Programa le notificó a la
licenciada García-Rodríguez Pimentel la Determinación de
la Directora Ejecutiva respecto a la vista celebrada por
su incumplimiento con el periodo 2007-2009. En síntesis,
se hizo un recuento procesal de su estatus con el Programa
y se le concedió un último término de 30 días para cumplir
con su primer periodo de cumplimiento (2007-2009). Además,
se le advirtió que de continuar su incumplimiento con el
periodo 2009-2011, podría ser citada a una vista informal.
Así las cosas, el 31 de enero de 2014 el Programa le
envió
a
citación
la
licenciada
García-Rodríguez
para
una
informal
vista
Pimentel
celebrada
el
27
una
de
febrero de 2014 debido a su incumplimiento con el periodo
2009-2011. La licenciada no compareció a la vista informal. El 21
de agosto de 2014 el Programa le concedió un término de 30 días para
subsanar la deficiencia de dicho
periodo y
le
advirtió
que
TS-10,685
el
4
incumplimiento
con
la
prórroga
antes
descrita
conllevaría que su caso fuese presentado ante la Junta de
Educación Jurídica Continua (Junta).
Conforme a lo anterior, en consideración a que la
licenciada García-Rodríguez Pimentel no cumplió con los
requisitos reglamentarios de educación jurídica continua,
habiéndose verificado que se le dio la oportunidad de ser
oída y suficiente oportunidad para cumplir, la Directora
recomendó
a
la
Junta
rendir
un
Informe
al
Tribunal
Supremo. La Junta acogió la recomendación en la reunión
celebrada
el
25
de
marzo
de
2015
y
encomendó
a
la
Directora del Programa presentar un Informe al Pleno de
este Tribunal.2
Por último, en su Informe, la Directora expresa su
preocupación por la actitud pasiva que ha demostrado la
licenciada
García-Rodríguez
Pimentel
frente
a
los
requisitos sobre educación jurídica continua establecidos
por
este
Tribunal
así
como
atender
los
múltiples
requerimientos del Programa. Expresó que su tardanza en
cumplir no solamente ha generado costos de recursos administrativos
para el Programa relativos al proceso de incumplimiento, sino que
también incide en el compromiso de mantener un alto grado de
excelencia y competencia establecido en el Canon 2 de Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX, con el cual todo profesional del Derecho
debe cumplir.
2
A pesar de que la licenciada aún no ha sido citada a la vista
informal dispuesta en la Regla 32 del Reglamento del Programa con
relación al tercer periodo (1 de junio de 2011 al 31 de mayo de 2013),
lo cierto es que ha incumplido con los requisitos reglamentarios para
este periodo.
TS-10,685
5
II
Nuestro Código de Ética Profesional establece las
normas mínimas de conducta que deben regir a los miembros
de la ilustre profesión de la abogacía en el desempeño de
sus funciones.3 Este cuerpo legal impone a los miembros de
la
profesión
jurídica
la
responsabilidad
y
mantener
esfuerzos
para
excelencia
y
competencia
en
su
profesión
a
estudio
la
participación
en
programas
profesional”.4
Por
y
mejoramiento
lograr
un
de
ello,
alto
todo
“realizar
grado
de
través
del
educativos
de
abogado
debe
cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento
del PEJC, supra.5
En múltiples ocasiones, nos hemos visto obligados a
disciplinar a abogados que no atienden los requerimientos
del PEJC e incumplen con las horas crédito de educación
jurídica
continua.6
reiteradamente
que
Ante
la
ello,
desidia
y
hemos
la
manifestado
dejadez
ante
los
requerimientos del PEJC no solo constituye un gasto de
recursos administrativos para el Programa, sino que también refleja
una patente falta de compromiso con el deber de excelencia y
competencia que encarna el Canon 2 del Código de Ética Profesional.7
3
In re De Jesús Román, 192 DPR 799, 802 (2015).
4
Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Véanse,
también: In re Cepero Rivera et al., 193 DPR Ap. (2015); In re López
González et al., 193 DPR Ap. (2015).
5
Véase,
(2015).
además:
In re
Enmdas.
R.
6
Educ.
Jur.
Cont.,
193
DPR
233
In re López González et al., supra; In re Arroyo Acosta, 192 DPR
848, 852 (2015); In re Rivera Trani, 188 DPR 454, 459-460 (2013).
7
In re Cepero Rivera et al., supra.
TS-10,685
6
De forma similar, hemos advertido a los miembros de
la
profesión
jurídica
que
es
su
deber
contestar
con
diligencia los requerimientos de este Tribunal y acatar
nuestras órdenes.8 Desatender nuestros requerimientos es
incompatible
con
la
práctica
de
la
profesión,
pues
constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética
Profesional y menoscaba nuestro poder inherente de regular
la profesión jurídica.9 Por tanto, tal conducta conlleva la
separación
inmediata
e
indefinida
del
ejercicio
de
la
abogacía.10
Cónsono con esta obligación de atender con premura
nuestros requerimientos, la Regla 9(j) del Reglamento del
Tribunal
Supremo
exige
a
los
abogados
mantener
actualizados en el Registro Único de Abogados (RUA) sus
datos personales, entre estos la dirección seleccionada
para recibir notificaciones.11 Es norma reiterada que incumplir
con esta exigencia obstaculiza el ejercicio de nuestra jurisdicción
disciplinaria y, por ende,
es
motivo
suficiente
para
ordenar
8
Íd.; In re Rivera Trani, supra, pág. 460; In re Guzmán Rodríguez,
187 DPR 826, 829 (2013).
9
In re Cepero Rivera et al., supra; In re López González et al.,
supra; In re Arroyo Acosta, supra, pág. 852; In re De Jesús Román,
supra, pág. 803; In re Rivera Trani, supra, pág. 461; In re Guzmán
Rodríguez, supra, pág. 829.
10
Véanse, además: In re López González et al., supra; In re Arroyo
Acosta, supra, pág. 852; In re De Jesús Román, supra, pág. 803; In re
Rivera Trani, supra, pág. 461; In re Guzmán Rodríguez, supra, pág.
829.
11
4 LPRA Ap. XXI-B. Véanse: In re Cepero Rivera et al., supra; In re
López González et al., supra; In re Rivera Trani, supra, pág. 460.
TS-10,685
7
la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la
abogacía.12
Al
amparo
evaluaremos
de
la
la
normativa
conducta
exhibida
jurídica
por
la
expuesta,
abogada
de
epígrafe.
III
La
Directoría
detallada
las
del
PEJC
gestiones
ha
realizadas
expuesto
de
forma
por
PEJC
para
el
requerirle a la abogada de epígrafe que cumpla con los
requisitos
reglamentarios
que
hemos
examinado,
mediante
los informes presentados ante este Tribunal. No obstante,
ésta
ha
desatendido
requerimientos.
refirió
el
Por
asunto
en
ello,
para
repetidas
la
que
ocasiones
Directoría
ejerzamos
del
PEJC
nuestra
sus
nos
facultad
disciplinaria.
A pesar de haber concedido a esta abogada amplia
oportunidad
para
que
compareciera
ante
este
Tribunal
y
acreditara su cumplimiento con los requisitos del PEJC,
ésta no ha cumplido con lo requerido. En ese contexto,
mediante resoluciones emitidas por este Tribunal el 21 de
julio de 2015, 13 de octubre de 2015, 29 de abril de 2016,
16
de
diciembre
de
2016
y
28
de
abril
de
2017,
le
concedimos amplias oportunidades a la licenciada GarcíaRodríguez Pimentel para que cumpliera con lo requerido,
sin éxito alguno.
12
Íd. Véase, también, In re Arroyo Acosta, supra, pág. 852.
TS-10,685
8
IV
En vista de todo lo anterior, y por los fundamentos
expuestos, decretamos la suspensión inmediata e indefinida
del ejercicio de la abogacía y la notaría de la Lcda.
Marilia García-Rodríguez Pimentel. Como consecuencia, se
le impone a ésta el deber de notificar de forma inmediata
a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar
representándoles.
devuelva
a
sus
De
igual
clientes
forma,
los
se
le
expedientes
ordena
que
los
casos
de
pendientes y cualquier cantidad recibida en honorarios por
los
servicios
no
rendidos.
Se
le
impone
también
la
obligación de informar de su suspensión inmediatamente a
los foros judiciales y administrativos en los que tenga
asuntos pendientes. Por último, acreditará a este Tribunal
el cumplimiento con lo aquí ordenado, dentro del término
de 30 días contados a partir de la notificación de esta
Opinión Per Curiam y Sentencia.
El
Alguacil
inmediatamente
la
de
este
obra
y
Tribunal
el
sello
deberá
notarial
incautar
de
la
licenciada García-Rodríguez Pimentel y los entregará al
Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el
correspondiente examen e informe a este Tribunal. Consecuentemente,
la fianza notarial queda automáticamente cancelada. La fianza se
considerará buena y válida por tres años después de su terminación
en cuanto a los actos realizados por la licenciada GarcíaRodríguez Pimentel
estuvo vigente.
durante el periodo en que la misma
TS-10,685
9
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia a la Lcda. Marilia García-Rodríguez Pimentel.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Marilia García-Rodríguez
Pimentel
TS-10,685
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2017.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte íntegra de la presente Sentencia, decretamos
la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio
de la abogacía y la notaría de la Lcda. Marilia
García-Rodríguez Pimentel. Como consecuencia, se
le impone a ésta el deber de notificar de forma
inmediata
a
todos
sus
clientes
sobre
su
inhabilidad para continuar representándoles. De
igual forma, se le ordena que devuelva a sus
clientes los expedientes de los casos pendientes y
cualquier cantidad recibida en honorarios por los
servicios no rendidos. Se le impone también la
obligación
de
informar
de
su
suspensión
inmediatamente
a
los
foros
judiciales
y
administrativos
en
los
que
tengan
asuntos
pendientes. Por último, acreditará a este Tribunal
el cumplimiento con lo aquí ordenado, dentro
del término de 30 días contados a partir de
la notificación de esta Opinión Per Curiam y
Sentencia.
El
Alguacil
de
este
Tribunal
deberá incautar
inmediatamente
la
obra
y
el sello notarial
de
la
licenciada
García-Rodríguez Pimentel y los entregará al
Director
de
la
Oficina
de
Inspección
de
Notarías
para el correspondiente examen e
TS-10,685
2
informe a este Tribunal. Consecuentemente, la fianza
notarial queda automáticamente cancelada. La fianza se
considerará buena y válida por tres años después de su
terminación en cuanto a los actos realizados por la
licenciada García-Rodríguez Pimentel durante el periodo en
que la misma estuvo vigente.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia a la Lcda. Marilia García-Rodríguez Pimentel.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo