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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Marilia García-Rodríguez Pimentel

2017 TSPR 128

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Marilia García-Rodríguez Pimentel

TS-10,685

Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y notaría por incumplir con requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua y órdenes del Tribunal Supremo.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2017 TSPR 128

Marilia García-Rodríguez Pimentel

198 DPR ____

Número del Caso: TS-10,685

Fecha: 29 de junio de 2017

Abogada de la parte promovida:

Por Derecho Propio

Programa de Educación Jurídica Continua:

Lcdo. José Ignacio Campos Pérez

Director

Materia:

La suspensión será efectiva el 5 de julio de 2017, fecha

en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Marilia García-Rodríguez

Pimentel

TS-10,685

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2017.

Hoy

nos

nuestro

corresponde

poder

ejercer

disciplinario

y

nuevamente

ordenar

la

suspensión inmediata e indefinida de una miembro

de la profesión jurídica por incumplir con los

requisitos

del

Programa

de

Educación

Jurídica

Continua (PEJC o Programa) y por no acatar las

órdenes de este Tribunal.

A tales fines, procedemos a delimitar los

hechos

que

nos

mueven

a

imponer

las

medidas

disciplinarias a la abogada de epígrafe.

I

La

Lcda.

(licenciada

Marilia

García-Rodríguez

García-Rodríguez

Pimentel

Pimentel)

fue

TS-10,685

2

admitida al ejercicio de la abogacía el 3 de enero de 1994

y prestó juramento como notaria el 16 de junio de 1994. El

7 de mayo de 2015, la Hon. Geisa M. Marrero Martínez, para

aquel entonces Directora Ejecutiva del PEJC (Directoría

del PEJC), compareció ante este Tribunal mediante Informe

sobre incumplimiento con requisito de educación jurídica

continua

(Informe).

En

éste,

señaló

que

la

licenciada

García-Rodríguez Pimentel no cumplió con los requisitos

establecidos en el Reglamento del Programa de Educación

Jurídica

Continua,

164

DPR

555

(2005)

(Reglamento

del

Programa), durante los periodos del 1 de junio de 2007 al

31 de mayo de 2009 y 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de

2011. En vista de lo anterior, el PEJC le cursó a la

abogada, el 13 de julio de 2009 y el 8 de septiembre de

2011,

dos

Avisos

de

otras

alternativas,

Incumplimiento,

60

días

otorgándole,

adicionales

para

entre

tomar

los

cursos correspondientes a los periodos 2007-2009 y 20092011, respectivamente.

Transcurrido un tiempo razonable para completar los

requisitos reglamentarios del periodo 2007-2009 y al no

haberse dado el cumplimiento,1 el 17 de mayo de 2011 el

Programa

le

envió

a

la

licenciada

García-Rodríguez

Pimentel una citación para una vista informal celebrada el

8 de junio de 2011. La licenciada compareció por escrito a

la vista. En síntesis, adujo que es funcionaria de carrera en el

1

La Lcda. Marilia García-Rodríguez Pimentel tampoco efectuó el pago

de $50.00 por cumplimiento tardío para ninguno de los periodos antes

señalados.

TS-10,685

3

Consulado General de España en Puerto Rico y el volumen de

trabajo le impidió cumplir, pues "el cónsul anterior no le

daba permiso". Indicó, además, que ciertas condiciones de

salud la obligaron a estar hospitalizada en el 2008 y que

la recuperación fue paulatina.

El 26 de junio de 2012, el Programa le notificó a la

licenciada

García-Rodríguez

Pimentel

una

comunicación

mediante la cual se le concedió una prórroga final de 30

días para cumplir con el periodo 2007-2009. Del expediente

de

la

licenciada

García-Rodríguez

Pimentel

no

surge

respuesta a esta comunicación.

El 29 de enero de 2014, el Programa le notificó a la

licenciada García-Rodríguez Pimentel la Determinación de

la Directora Ejecutiva respecto a la vista celebrada por

su incumplimiento con el periodo 2007-2009. En síntesis,

se hizo un recuento procesal de su estatus con el Programa

y se le concedió un último término de 30 días para cumplir

con su primer periodo de cumplimiento (2007-2009). Además,

se le advirtió que de continuar su incumplimiento con el

periodo 2009-2011, podría ser citada a una vista informal.

Así las cosas, el 31 de enero de 2014 el Programa le

envió

a

citación

la

licenciada

García-Rodríguez

para

una

informal

vista

Pimentel

celebrada

el

27

una

de

febrero de 2014 debido a su incumplimiento con el periodo

2009-2011. La licenciada no compareció a la vista informal. El 21

de agosto de 2014 el Programa le concedió un término de 30 días para

subsanar la deficiencia de dicho

periodo y

le

advirtió

que

TS-10,685

el

4

incumplimiento

con

la

prórroga

antes

descrita

conllevaría que su caso fuese presentado ante la Junta de

Educación Jurídica Continua (Junta).

Conforme a lo anterior, en consideración a que la

licenciada García-Rodríguez Pimentel no cumplió con los

requisitos reglamentarios de educación jurídica continua,

habiéndose verificado que se le dio la oportunidad de ser

oída y suficiente oportunidad para cumplir, la Directora

recomendó

a

la

Junta

rendir

un

Informe

al

Tribunal

Supremo. La Junta acogió la recomendación en la reunión

celebrada

el

25

de

marzo

de

2015

y

encomendó

a

la

Directora del Programa presentar un Informe al Pleno de

este Tribunal.2

Por último, en su Informe, la Directora expresa su

preocupación por la actitud pasiva que ha demostrado la

licenciada

García-Rodríguez

Pimentel

frente

a

los

requisitos sobre educación jurídica continua establecidos

por

este

Tribunal

así

como

atender

los

múltiples

requerimientos del Programa. Expresó que su tardanza en

cumplir no solamente ha generado costos de recursos administrativos

para el Programa relativos al proceso de incumplimiento, sino que

también incide en el compromiso de mantener un alto grado de

excelencia y competencia establecido en el Canon 2 de Ética

Profesional, 4 LPRA Ap. IX, con el cual todo profesional del Derecho

debe cumplir.

2

A pesar de que la licenciada aún no ha sido citada a la vista

informal dispuesta en la Regla 32 del Reglamento del Programa con

relación al tercer periodo (1 de junio de 2011 al 31 de mayo de 2013),

lo cierto es que ha incumplido con los requisitos reglamentarios para

este periodo.

TS-10,685

5

II

Nuestro Código de Ética Profesional establece las

normas mínimas de conducta que deben regir a los miembros

de la ilustre profesión de la abogacía en el desempeño de

sus funciones.3 Este cuerpo legal impone a los miembros de

la

profesión

jurídica

la

responsabilidad

y

mantener

esfuerzos

para

excelencia

y

competencia

en

su

profesión

a

estudio

la

participación

en

programas

profesional”.4

Por

y

mejoramiento

lograr

un

de

ello,

alto

todo

“realizar

grado

de

través

del

educativos

de

abogado

debe

cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento

del PEJC, supra.5

En múltiples ocasiones, nos hemos visto obligados a

disciplinar a abogados que no atienden los requerimientos

del PEJC e incumplen con las horas crédito de educación

jurídica

continua.6

reiteradamente

que

Ante

la

ello,

desidia

y

hemos

la

manifestado

dejadez

ante

los

requerimientos del PEJC no solo constituye un gasto de

recursos administrativos para el Programa, sino que también refleja

una patente falta de compromiso con el deber de excelencia y

competencia que encarna el Canon 2 del Código de Ética Profesional.7

3

In re De Jesús Román, 192 DPR 799, 802 (2015).

4

Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Véanse,

también: In re Cepero Rivera et al., 193 DPR Ap. (2015); In re López

González et al., 193 DPR Ap. (2015).

5

Véase,

(2015).

además:

In re

Enmdas.

R.

6

Educ.

Jur.

Cont.,

193

DPR

233

In re López González et al., supra; In re Arroyo Acosta, 192 DPR

848, 852 (2015); In re Rivera Trani, 188 DPR 454, 459-460 (2013).

7

In re Cepero Rivera et al., supra.

TS-10,685

6

De forma similar, hemos advertido a los miembros de

la

profesión

jurídica

que

es

su

deber

contestar

con

diligencia los requerimientos de este Tribunal y acatar

nuestras órdenes.8 Desatender nuestros requerimientos es

incompatible

con

la

práctica

de

la

profesión,

pues

constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética

Profesional y menoscaba nuestro poder inherente de regular

la profesión jurídica.9 Por tanto, tal conducta conlleva la

separación

inmediata

e

indefinida

del

ejercicio

de

la

abogacía.10

Cónsono con esta obligación de atender con premura

nuestros requerimientos, la Regla 9(j) del Reglamento del

Tribunal

Supremo

exige

a

los

abogados

mantener

actualizados en el Registro Único de Abogados (RUA) sus

datos personales, entre estos la dirección seleccionada

para recibir notificaciones.11 Es norma reiterada que incumplir

con esta exigencia obstaculiza el ejercicio de nuestra jurisdicción

disciplinaria y, por ende,

es

motivo

suficiente

para

ordenar

8

Íd.; In re Rivera Trani, supra, pág. 460; In re Guzmán Rodríguez,

187 DPR 826, 829 (2013).

9

In re Cepero Rivera et al., supra; In re López González et al.,

supra; In re Arroyo Acosta, supra, pág. 852; In re De Jesús Román,

supra, pág. 803; In re Rivera Trani, supra, pág. 461; In re Guzmán

Rodríguez, supra, pág. 829.

10

Véanse, además: In re López González et al., supra; In re Arroyo

Acosta, supra, pág. 852; In re De Jesús Román, supra, pág. 803; In re

Rivera Trani, supra, pág. 461; In re Guzmán Rodríguez, supra, pág.

829.

11

4 LPRA Ap. XXI-B. Véanse: In re Cepero Rivera et al., supra; In re

López González et al., supra; In re Rivera Trani, supra, pág. 460.

TS-10,685

7

la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la

abogacía.12

Al

amparo

evaluaremos

de

la

la

normativa

conducta

exhibida

jurídica

por

la

expuesta,

abogada

de

epígrafe.

III

La

Directoría

detallada

las

del

PEJC

gestiones

ha

realizadas

expuesto

de

forma

por

PEJC

para

el

requerirle a la abogada de epígrafe que cumpla con los

requisitos

reglamentarios

que

hemos

examinado,

mediante

los informes presentados ante este Tribunal. No obstante,

ésta

ha

desatendido

requerimientos.

refirió

el

Por

asunto

en

ello,

para

repetidas

la

que

ocasiones

Directoría

ejerzamos

del

PEJC

nuestra

sus

nos

facultad

disciplinaria.

A pesar de haber concedido a esta abogada amplia

oportunidad

para

que

compareciera

ante

este

Tribunal

y

acreditara su cumplimiento con los requisitos del PEJC,

ésta no ha cumplido con lo requerido. En ese contexto,

mediante resoluciones emitidas por este Tribunal el 21 de

julio de 2015, 13 de octubre de 2015, 29 de abril de 2016,

16

de

diciembre

de

2016

y

28

de

abril

de

2017,

le

concedimos amplias oportunidades a la licenciada GarcíaRodríguez Pimentel para que cumpliera con lo requerido,

sin éxito alguno.

12

Íd. Véase, también, In re Arroyo Acosta, supra, pág. 852.

TS-10,685

8

IV

En vista de todo lo anterior, y por los fundamentos

expuestos, decretamos la suspensión inmediata e indefinida

del ejercicio de la abogacía y la notaría de la Lcda.

Marilia García-Rodríguez Pimentel. Como consecuencia, se

le impone a ésta el deber de notificar de forma inmediata

a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar

representándoles.

devuelva

a

sus

De

igual

clientes

forma,

los

se

le

expedientes

ordena

que

los

casos

de

pendientes y cualquier cantidad recibida en honorarios por

los

servicios

no

rendidos.

Se

le

impone

también

la

obligación de informar de su suspensión inmediatamente a

los foros judiciales y administrativos en los que tenga

asuntos pendientes. Por último, acreditará a este Tribunal

el cumplimiento con lo aquí ordenado, dentro del término

de 30 días contados a partir de la notificación de esta

Opinión Per Curiam y Sentencia.

El

Alguacil

inmediatamente

la

de

este

obra

y

Tribunal

el

sello

deberá

notarial

incautar

de

la

licenciada García-Rodríguez Pimentel y los entregará al

Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el

correspondiente examen e informe a este Tribunal. Consecuentemente,

la fianza notarial queda automáticamente cancelada. La fianza se

considerará buena y válida por tres años después de su terminación

en cuanto a los actos realizados por la licenciada GarcíaRodríguez Pimentel

estuvo vigente.

durante el periodo en que la misma

TS-10,685

9

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y

Sentencia a la Lcda. Marilia García-Rodríguez Pimentel.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Marilia García-Rodríguez

Pimentel

TS-10,685

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2017.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte íntegra de la presente Sentencia, decretamos

la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio

de la abogacía y la notaría de la Lcda. Marilia

García-Rodríguez Pimentel. Como consecuencia, se

le impone a ésta el deber de notificar de forma

inmediata

a

todos

sus

clientes

sobre

su

inhabilidad para continuar representándoles. De

igual forma, se le ordena que devuelva a sus

clientes los expedientes de los casos pendientes y

cualquier cantidad recibida en honorarios por los

servicios no rendidos. Se le impone también la

obligación

de

informar

de

su

suspensión

inmediatamente

a

los

foros

judiciales

y

administrativos

en

los

que

tengan

asuntos

pendientes. Por último, acreditará a este Tribunal

el cumplimiento con lo aquí ordenado, dentro

del término de 30 días contados a partir de

la notificación de esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

El

Alguacil

de

este

Tribunal

deberá incautar

inmediatamente

la

obra

y

el sello notarial

de

la

licenciada

García-Rodríguez Pimentel y los entregará al

Director

de

la

Oficina

de

Inspección

de

Notarías

para el correspondiente examen e

TS-10,685

2

informe a este Tribunal. Consecuentemente, la fianza

notarial queda automáticamente cancelada. La fianza se

considerará buena y válida por tres años después de su

terminación en cuanto a los actos realizados por la

licenciada García-Rodríguez Pimentel durante el periodo en

que la misma estuvo vigente.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y

Sentencia a la Lcda. Marilia García-Rodríguez Pimentel.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo