LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Carmen Cardona Rodríguez

2017 TSPR 125

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Carmen Cardona Rodríguez

TS-6202

Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y notaría por craso incumplimiento con la Ley Notarial de Puerto Rico.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2017 TSPR 125

Carmen Cardona Rodríguez

198 DPR ____

Número del Caso: TS-6202

Fecha: 27 de junio de 2017

Abogado de la parte promovida:

Lcdo. Carlos S. Dávila Vélez

Oficina de Inspección de Notarías:

Lcdo. Manuel E. Avila de Jesús

Director

Materia: La suspensión será efectiva el 5 de julio de 2017, fecha

en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

TS-6202

Lcda. Carmen Cardona Rodríguez

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2017.

La Lcda. Carmen Cardona Rodríguez (licenciada Cardona

Rodríguez) fue admitida al ejercicio de la abogacía el 1 de

noviembre de 1978 y prestó juramento como notaria el 12 de

febrero de 1979.

El 11 de julio de 2014, el Lcdo. Manuel E. Ávila De

Jesús, Director de la Oficina de Inspección de Notarías

(ODIN), nos solicitó la incautación cautelar de la obra

notarial de la licenciada Cardona Rodríguez. Esto, ante una

queja presentada por el Secretario de Justicia relacionada

a sus funciones como notaria.

Por ello, ordenamos la

incautación inmediata de la obra y el sello notarial de la

licenciada Cardona Rodríguez el 15 de julio de 2014.

Parte de la obra notarial fue incautada a través de un

representante de la licenciada Cardona Rodríguez el 31 de

julio de 2014. Esto pues, tras las gestiones realizadas por

TS-6202

2

la Oficina de Alguaciles la letrada reconoció que residía

fuera de Puerto Rico desde el 2011.1

Así las cosas, la ODIN compareció mediante Informe

sobre el Estado de la Obra Notarial Incautada el 27 de

octubre de 2014. Nos notificó que la notaria omitió hacer

entrega

de

tres

(3)

tomos

de

su

Libro

de

Registro

de

Testimonios,2 así como, de serias deficiencias en su obra

notarial, entre ellas una deuda arancelaria ascendente a la

suma

preliminar

de

$46,300.50.3

Por

ello,

mediante

Resolución de 6 de febrero de 2015, notificada el 17 de

febrero

de

2015,

inmediatamente

Testimonios

ordenamos

a

los

tomos

de

su

no

fueron

incautados

que

la

letrada

Libro

y

a

entregar

de

Registro

de

a

corregir

las

deficiencias señaladas, en particular el pago de aranceles

adeudados en un término de treinta (30) días. Asimismo,

ordenamos referir el asunto de la deuda de aranceles al

Departamento de Justicia de Puerto Rico para el trámite

correspondiente.

1

La obra protocolar de la Lcda. Carmen Cardona Rodríguez estaba

aprobada

hasta

el

año

natural

2001.

Cabe

señalar,

que

en

comparecencias ante este Tribunal la licenciada Cardona Rodríguez

sostuvo que residía en Puerto Rico para el 2012 y 2013. El 29 de enero

de 2016, la Lcda. Carmen Cardona Rodríguez nos informó un nuevo cambio

de dirección.

2

La obra notarial incautada incluyó los protocolos para los años 1986,

1987, 1994 al 2011, así como doce (12) tomos de su Registro de

Testimonios.

3

Se destacan las deficiencias notariales siguientes: la omisión de

instrumentos públicos, la falta de encuadernación de los tomos

correspondientes a los años naturales 2002 al 2011, la omisión de

firma, signo y rúbrica de la notaria, la omisión de firmas de partes

comparecientes en instrumentos públicos, la omisión de nota de saca y

de firma en nota de saca.

TS-6202

El

3

24

de

marzo

de

2015,

compareció

la

licenciada

Cardona Rodríguez e informó que circunstancias de índole

personal le impidieron viajar a Puerto Rico previamente,

pero

indicó

Registro

que

de

entregó

Testimonios

varios

tomos

de

su

Libro

de

y

comenzó

a

corregir

las

que

deficiencias señaladas.

En vista de lo anterior, ordenamos a la ODIN a que se

expresara sobre la comparecencia de la licenciada Cardona

Rodríguez.

El 22 de septiembre de 2015, la ODIN confirmó

que la letrada había entregado varios tomos que no habían

sido incautados, pero que un gran número de asientos habían

sido omitidos en el Registro de Testimonios, entre otras

deficiencias.

Añadió que la notaria corrigió varias faltas

de

protocolar,

su

obra

pero

que

todavía

no

había

encuadernado parte de la misma, y que mantenía una deuda

arancelaria

licenciada

ascendente

Cardona

a

$49,980.50.

Rodríguez

no

se

Indicó

había

que

la

comunicado

nuevamente con la ODIN desde su visita en marzo.

Asimismo,

solicitó que separáramos de manera inmediata e indefinida

del

ejercicio

de

la

notaría

a

la

licenciada

Cardona

Rodríguez. Esta solicitud fue reiterada el 29 de diciembre

de 2015.

El 18 de marzo de 2016, le ordenamos a la letrada a

mostrar causa por la que no debíamos separarla de manera

inmediata

e

indefinida

del

ejercicio

de

la

notaría

y

referir el incumplimiento del pago de la deuda arancelaria

y

la

subsanación

de

la

obra

protocolar

al

proceso

de

TS-6202

4

desacato. Le advertimos que su incumplimiento con nuestros

requerimientos

podían

conllevar

sanciones

disciplinarias

severas, entre ellas, la suspensión de la abogacía.

En su comparecencia la licenciada Cardona Rodríguez

aceptó los señalamientos y deficiencias identificadas por

la ODIN.

No obstante, señaló que “su condición de salud y

situación

económica

deficiencias

no

le

arancelarias

ha

permitido

cubrir

identificadas,

ni

con

las

la

encuadernación de los protocolos”.4 Informó que había sido

incapacitada por la Administración del Seguro Social desde

el 18 de enero de 2013 y por lo tanto, estaba impedida de

generar ingresos.

No obstante, entendía que el Fondo de

Fianza Notarial del Colegio de Abogados de Puerto Rico

(CAPR) asumiría el pago de los aranceles adeudados. Por lo

tanto, solicitó que le concediéramos un término de noventa

(90) días para culminar las gestiones de pago con el Fondo

de Fianza Notarial para que, una vez satisfecha la deuda

arancelaria, autorizáramos su baja voluntaria.

El 22 de julio de 2016 compareció la ODIN

un

informe

licenciada

deuda

actualizado

Cardona

arancelaria

sobre

la

obra

Rodríguez.

Del

informe

letrada

totaliza

de

la

y presentó

notarial

de

la

surge

que

la

la

suma

de

$53,864.00, entre otras deficiencias. Así las cosas, el 16

de diciembre de 2016 declaramos no ha lugar la solicitud de

baja

voluntaria.

Asimismo,

ordenamos

a

la

licenciada

Cardona Rodríguez a cumplir con el pago de los aranceles

4

Replica a Moción Reiterando Solicitud de Remedios de 12 de mayo de

2016.

TS-6202

5

adeudados en un término de sesenta (60) días, so pena de

que

comenzáramos

los

procedimientos

legales

correspondientes.

No obstante, la letrada solicitó un término adicional

de veinte (20) días para

febrero

2017.5

de

compareció

la

atender nuestra orden el 21 de

Asimismo,

representante

el

12

de

abril

de

2017

legal

de

la

letrada,

Lcda.

Marylin R. Llanis Menéndez, y solicitó ser relevada de esa

función, pues su representada interesaba que la Oficina del

Procurador de Abogados del CAPR asumiera la misma.6

A su

vez,

este

indicó

Tribunal

que

su

autorizara

representada

el

inicio

de

interesaba

los

que

procedimientos

al

amparo de la Regla 15 del Reglamento del Tribunal Supremo

de

Puerto

Rico,

4

LPRA

Ap.

XXI-B.

Tras

concederle

un

término para que la licenciada Cardona Rodríguez notificara

su

nueva

representación

legal,

el

26

de

mayo

de

2017

anunció que el Lcdo. Carlos S. Dávila Vélez, Procurador del

Abogado(a) del CAPR, asumiría su representación.7

El 8 de junio de 2017 compareció nuevamente la ODIN e

indicó

cumplido

que

con

la

la

licenciada

Cardona

Rodríguez

entrega

completa

de

su

no

había

Registro

de

Testimonios, no había satisfecho su deuda arancelaria y no

se había expresado sobre el cumplimiento con la Orden de 16

de diciembre de 2016.

5

El 28 de marzo de 2017 le concedimos una prórroga de diez (10) días

para cumplir con nuestra Resolución de 16 de diciembre de 2016.

6

Moción reiterando solicitud de relevo de representación legal de 12

de abril de 2017.

7

Moción en cumplimiento de orden de 26 de mayo de 2017.

TS-6202

6

Con

estos

hechos

en

mente,

examinemos

las

disposiciones éticas aplicables.

I

Los notarios están obligados al estricto cumplimiento

de la Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de

julio de 1987, 4 LPRA sec. 2001 et seq., su reglamento y,

los cánones del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

Como

hemos

expresado

en

innumerables

ocasiones:

“[e]l

incumplimiento con una de estas fuentes de obligaciones y

deberes

del

notario

implica

ineludiblemente

la

acción

disciplinaria correspondiente no sólo en la función de éste

como notario, sino también como abogado”. In re Capestany

Rodríguez, 148 DPR 728, 733 (1999). No obstante, al notario

apartarse del cumplimiento de sus funciones, su conducta

acarrea

una

sanción

disciplinaria,

pues

lesiona

la

confianza y la función pública que le fueron confiadas.

Id.; In re Salas González, 193 DPR 387 (2015).

Entre

las

funciones

que

le

son

impuestas

a

los

notarios, está el deber de adherir y cancelar - en su

Protocolo

y

en

su

Libro

de

Testimonios-

los

sellos

arancelarios correspondientes al momento de autorizar los

documentos públicos que otorga. 4 LPRA sec. 2021. Véase, In

re Troche Mercado, 194 DPR 747, 752 (2016). Incumplir con

este deber es una falta grave del notario, pues no solo da

fe de haber realizado un acto que realmente no efectuó,

sino que “expone a la anulabilidad e ineficacia jurídica

[de] estos documentos en perjuicio de los otorgantes o de

TS-6202

7

terceros”.

Véase

In

re

Capestany

Rodríguez,

supra,

pág.

735.

además,

In

re

Mercado,

supra.

A

vez,

Troche

su

defrauda el erario y podría resultar en la configuración

del

delito

de

Rodríguez,

apropiación

supra,

pág.

ilegal.

734.

Es

In

por

re

ello

Capestany

que

hemos

expresado “que no aceptaremos como excusa para incumplir

con este deber, tener o haber tenido problemas personales”.

In re Torres Hernández, 160 DPR 709, 712 (2003).

Por

otro

lado,

debido

a

la

función

pública

del

notario, este es un mero custodio de los Protocolos, pues

estos pertenecen al Estado.

Por ello, los notarios deben

acatar y respetar los deberes que el ordenamiento notarial

les impone en cuanto a la forma de llevar y mantener los

mismos.

Entre todos los deberes, los notarios no pueden

ausentarse más de tres meses de su oficina.

4 LPRA sec.

2076. Asimismo, el Art. 52 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec.

2076, le impone a los notarios la obligación de tener los

protocolos del año anterior encuadernados a más tardar para

el último día de febrero del año corriente. In re González

Maldonado,

152 DPR 871

(2000).

Además, tan pronto el

Inspector de Protocolos detecta incumplimientos con estas

disposiciones legales, es deber del notario corregirlas con

suma diligencia.

Ignorar los requerimientos de la ODIN o

de este Tribunal constituye no solo una grave ofensa sino

también

una

violación

al

Canon

9

del

Código

de

Ética

Profesional. A su vez, la ausencia de corrección combinada

con

la

gravedad

de

tales

deficiencias

permiten

a

este

TS-6202

8

Tribunal hacer valer nuestra facultad disciplinaria sobre

los notarios y nuestra revisión sobre su función pública.

Por otro lado, el Artículo 7 de la Ley Notarial, 4

LPRA sec. 2011, requiere a todo notario prestar una fianza

no menor de $15,000 para que responda del buen desempeño de

las funciones de su cargo y de los daños y perjuicios que

cause.

Asimismo,

“responderá

preferentemente

de

las

cantidades que dejare de abonar el notario … por concepto

de sellos de Rentas Internas, notariales y demás exigidos

por ley, por encuadernación de protocolos,” entre otros.

No obstante, los notarios deben recordar al solicitar la

sustitución

y

cancelación

de

una

fianza

que

nuestro

ordenamiento, al dar por terminada una fianza notarial, la

considerará buena y válida por tres años después de su

terminación por los actos realizados por el fiado durante

el periodo en que la misma estuvo vigente. 30 LPRA sec.

1726.

Por otra parte, el Artículo 7 de la Ley Notarial,

supra, requiere a los notarios notificar al Secretario del

Tribunal Supremo y al Director de la ODIN de los cambios de

oficina notarial.

A

su

vez,

la

In re Díaz Algarín, 169 DPR 805 (2007).

Regla

9

(j)

del

Reglamento

del

Tribunal

Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, dispone que todos los abogados

tienen “la obligación de mantener actualizados sus datos y

realizar cualquier cambio en la información que consta en

el Registro Único [de Abogados y Abogadas (RUA)]”. Entre

otras cosas, el incumplimiento con este deber obstaculiza

TS-6202

9

el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria. Por lo

tanto,

el

mero

incumplimiento

de

lo

anterior

es

causa

suficiente para suspenderlo indefinidamente del ejercicio

de la abogacía, sin necesidad de trámites ulteriores. In re

Sitiriche Torres, 192 DPR 777 (2015); In re Díaz Algarín,

supra.

II

En

este

caso,

la

obra

notarial

de

la

licenciada

Cardona Rodríguez sufre de serias deficiencias notariales,

entre ellas, una deuda arancelaria de $53,864.00.

Ciertamente,

la

licenciada

Cardona

Rodríguez

nos

informó de ciertas condiciones de salud y económicas que le

han afectado.

No obstante, no podemos aceptar como excusa

para incumplir con sus deberes notariales, tener o haber

tenido problemas personales. Esto pues, no podemos perder

de perspectiva que su incumplimiento por un periodo de diez

(10) años puede tener efectos serios para todos aquellos

otorgantes para los cuales la validez de las escrituras

otorgadas están en entredicho hasta tanto los sellos sean

adheridos

y

corregidas.

cancelados,

Además,

la

y

todas

licenciada

las

deficiencias

Cardona

Rodríguez

incumplió con su obligación de encuadernar los Protocolos

desde

el

2002

al

2011,

lo

que

demuestra

su

falta

de

diligencia, celo profesional y responsabilidad.

Por otro lado, la licenciada Cardona Rodríguez no ha

indicado qué gestiones ha llevado a cabo con el Fondo de

Fianza Notarial del (CAPR) ni qué frutos han rendido estas

TS-6202

10

gestiones.

No obstante, al examinar el expediente de la

licenciada

Cardona

Rodríguez

nos

percatamos

de

que

la

letrada contaba con una Fianza Notarial expedida por el

CAPR el 10 de noviembre de 1978 y que prestó nueva Fianza

Notarial

con

Mapfre

noviembre de 2011.

Praico

Insurance

Company

el

10

de

Por esta razón, dimos “por terminada la

Fianza otorgada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico

para garantizar las funciones notariales de dicha notaria,

la cual se considerará buena y válida por tres años después

de

su

terminación

por

los

actos

realizados

por

la

mencionada fiada durante el periodo en que la misma estuvo

vigente”.8 Al examinar los informes de la ODIN sobre la

obra notarial

señaladas

incautada observamos que las deficiencias

datan

del

año

2002

al

2011

y

que

ya

han

transcurrido más de tres (3) años desde que dimos por

terminada la fianza notarial del CAPR. A pesar de esto,

cabe señalar que es responsabilidad de la notaria corregir

estas

deficiencias

arancelarias

para

la

que

le

hemos

concedido múltiples términos.

Por último, la licenciada Cardona Rodríguez no reside

en

Puerto

informó

a

Rico

desde

el

este

Tribunal

2011,

situación

ni

la

a

ODIN

de

para

la

que

no

tomar

las

precauciones requeridas con relación a su obra protocolar.

Tampoco tenía actualizada su dirección postal y física en

la base de datos del RUA al momento de comenzar la presente

8

Resolución de 15 de noviembre de 2013, Expediente Personal de la

Lcda. Carmen Cardona Rodríguez.

TS-6202

11

acción disciplinaria, conforme lo exige la Regla 9(j) del

Reglamento de este Tribunal.

III

Por los fundamentos expuestos, suspendemos inmediata e

indefinidamente

del

ejercicio

de

la

abogacía

y

de

la

notaría a la Lcda. Carmen Cardona Rodríguez.

En consecuencia, se le impone a la señora Cardona

Rodríguez el deber de notificar a todos sus clientes sobre

su

inhabilidad

para

continuar

representándolos,

y

devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos

no

realizados.

inmediatamente

De

de

igual

su

forma,

suspensión

tendrá

a

que

cualquier

informar

sala

del

Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el

que

tenga

certificar

algún

ante

caso

este

pendiente.

Tribunal

el

Deberá

acreditar

cumplimiento

con

y

lo

anterior, dentro del término de treinta (30) días contados

a partir de la notificación de la presente Opinión Per

Curiam y Sentencia.

Se

apercibe

a

la

señora

Cardona

Rodríguez

que

la

presente acción disciplinaria no la exime de tener que

subsanar, a sus expensas, las deficiencias señaladas por la

ODIN en su obra notarial.

Esa obligación subsiste y su

desatención la expone al correspondiente procedimiento de

desacato.

Toda vez que la señora Cardona Rodríguez prestó nueva

Fianza Notarial con el CAPR el 28 de agosto de 2013 y en

vista de su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio

TS-6202

12

de la notaría, se da por terminada la Fianza otorgada por

el CAPR para garantizar sus funciones notariales, la cual

se considerará buena y válida por tres años después de su

terminación por los actos realizados por esta durante el

periodo en que la misma estuvo vigente.

Atendida la Moción reiterando solicitud de relevo de

representación legal y la Moción en cumplimiento de orden

de 26 de mayo de 2017, se declaran Ha Lugar a ambas.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

TS-6202

Lcda. Carmen Cardona Rodríguez

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2017.

Por los fundamentos expuestos, suspendemos inmediata e

indefinidamente del ejercicio de la abogacía y de la

notaría a la Lcda. Carmen Cardona Rodríguez.

En consecuencia, se le impone a la señora Cardona

Rodríguez el deber de notificar a todos sus clientes sobre

su

inhabilidad

para

continuar

representándolos,

y

devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos

no realizados. De igual forma, tendrá que informar

inmediatamente de su suspensión a cualquier sala del

Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el

que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y

certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo

anterior, dentro del término de treinta (30) días contados

a partir de la notificación de la presente Opinión Per

Curiam y Sentencia.

Se apercibe a la señora Cardona Rodríguez que la

presente acción disciplinaria no la exime de tener que

subsanar, a sus expensas, las deficiencias señaladas por la

ODIN en su obra notarial.

Esa obligación subsiste y su

desatención la expone al correspondiente procedimiento de

desacato.

Toda vez que la señora Cardona Rodríguez prestó nueva

Fianza Notarial con el CAPR el 28 de agosto de 2013 y en

vista de su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio

de la notaría, se da por terminada la Fianza otorgada por

el CAPR para garantizar sus funciones notariales, la cual

se considerará buena y válida por tres años después de su

TS-6202

2

terminación por los actos realizados por esta durante el

periodo en que la misma estuvo vigente.

Atendida la Moción reiterando solicitud de relevo de

representación legal y la Moción en cumplimiento de orden

de 26 de mayo de 2017, se declaran Ha Lugar a ambas.

Lo acordó y manda el Tribunal

Secretario del Tribunal Supremo.

y

lo

certifica

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

el