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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Yarimar Soto Rivera

2017 TSPR 115

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Yarimar Soto Rivera

TS-16532

Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por incumplir con requerimientos del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2017 TSPR 115

Yarimar Soto Rivera

198 DPR ____

Número del Caso: TS-16,532

Fecha:

15 de junio de 2017

Abogada de la parte promovida:

Por derecho propio

Oficina de Inspección de Notarías:

Lcdo. Manuel Ávila De Jesús

Director

Materia:

La suspensión será efectiva el 26 de junio de 2017,

fecha en que se le notificó a la abogada de su suspensión

inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Yarimar Soto Rivera

TS-16,532

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2017.

Una

vez

más

nos

vemos

en

la

obligación

de

ejercer nuestra facultad disciplinaria en contra de

una abogada por incumplir con las órdenes de este

Tribunal.

En

esta

ocasión

suspendemos

inmediata

e

indefinidamente del ejercicio de la abogacía a la

Lcda. Yarimar Soto Rivera. Veamos.

I

La

licenciada

Soto

Rivera

fue

admitida

al

ejercicio de la abogacía el 20 de agosto de 2007 y

prestó juramento como notaria el 11 de marzo de 2008.

El 24 de septiembre de 2015, la Oficina de Inspección

de Notarías (ODIN) nos remitió un Informe especial

sobre incumplimiento de la Ley Notarial Puerto Rico y

TS-16,532

2

su reglamento y en solicitud de remedios. Indicó que el 16 de

julio de 2015 había enviado a la letrada una comunicación por

correo certificado con acuse de recibo a la dirección que

constaba en el Registro Único de Abogados (RÚA). En ésta le

notificó ciertos incumplimientos con la presentación de los

índices de actividad notarial mensual e Informes Estadísticos

de Actividad Notarial para varios años. Señaló, además, que

del expediente de la licenciada Soto Rivera no surgía que

tuviera provista de una fianza notarial. La ODIN le concedió

a

la

letrada

diez

días

para

rendir

todos

los

documentos

adeudados. No obstante, la comunicación fue devuelta por el

sistema de correo postal federal. El 31 de agosto de 2015, la

ODIN remitió otra comunicación a la licenciada Soto Rivera en

la que reiteró lo esbozado en la comunicación del 16 de julio

de 2015. Ésta también fue devuelta.

Así las cosas, el 16 de noviembre de 2015 ordenamos la

incautación preventiva e inmediata de la obra protocolar y el

sello notarial de la letrada y le concedimos un término de

diez

días

para

mostrar

causa

por

la

cual

no

debíamos

suspenderla indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la

notaría.1

El

17

de

diciembre

de

2015

la

licenciada

Soto

Rivera compareció ante esta Curia. En esa ocasión, indicó que

estaba sufriendo problemas de salud desde septiembre de ese

año. Adujo que su condición de salud había afectado su vida

1

La obra notarial fue incautada y la Resolución

licenciada Soto Rivera el 3 de diciembre de 2015.

recibida

por

la

TS-16,532

3

diaria por los constantes estudios que debía hacerse para

monitorear su condición.2

Posteriormente,

el

22

de

diciembre

de

2015

la

ODIN

presentó una Moción notificando incumplimiento de orden y

otros remedios. En ella señaló que la letrada incumplió la

orden que habíamos emitido el 16 de noviembre de 2015, por lo

que

solicitó

que

evaluáramos

suspender

inmediata

e

indefinidamente a la licenciada Soto Rivera de la notaría.

Asimismo, el 29 de diciembre de 2015 la ODIN presentó su

Informe sobre estado de obra incautada. Entre los defectos

señalados por la ODIN, encontró protocolos sin encuadernar,

la omisión de cancelar sellos de Rentas Internas, estampillas

de la Sociedad para la Asistencia Legal, Impuesto Notarial y

sellos para la Sociedad de Asistencia Legal en su Registro de

Testimonios.

En

vista

ordenamos

a

la

de

lo

anterior,

licenciada

el

Soto

29

de

abril

de

Rivera

que

en

término

un

2016

improrrogable de treinta días completara y subsanara, a sus

expensas, las deficiencias de la obra notarial. En aquella

Resolución apercibimos a la letrada que de incumplir con la

orden

del

Tribunal

podía

ser

objeto

de

sanciones

disciplinarias.3 La licenciada Soto Rivera no cumplió con

nuestra

orden,

por

lo

que

indefinidamente

del

ejercicio

la

suspendimos

de

la

notaría.

inmediata

e

Además,

le

concedimos un término final e improrrogable de treinta días

2

En esta ocasión, la letrada incluyó con su comunicación copia de los

documentos de una hospitalización y resumen de alta.

3

Esta Resolución fue recibida por la licenciada Soto Rivera el 26 de

mayo de 2016.

TS-16,532

4

para que mostrara causa por la que no debía ser suspendida

del ejercicio de la abogacía. En aquel momento, le advertimos

que

el

incumplimiento

con

esta

orden

podía

acarrear

la

imposición de sanciones disciplinarias severas.

El

22

de

febrero

de

2017

la

licenciada

Soto

Rivera

compareció y alegó que no había sido su intención incumplir

con

las

órdenes

de

este

Tribunal.

Arguyó

que

desde

hace

varios años está pasando por una situación económica difícil

que se agravó por su condición de salud. De hecho, alegó que

había sido intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones en el

2016 y que de solicitarlo este Tribunal podía evidenciarlas.

Reconoció estar bien de salud en la actualidad, pero adujo

que en esta ocasión se debía a la condición de salud de su

padre. Señaló que su atención “ha estado en otra parte”. A

diferencia de sus comparecencias anteriores, la letrada no

proveyó evidencia alguna que sustentara sus alegaciones.

El 7 de marzo de 2017 compareció el Director de la ODIN.

Éste nos hizo saber que las deficiencias señaladas –desde

julio de 2015– en la obra protocolar incautada no habían sido

subsanadas. Además, solicitó que –de permitir que la letrada

continuara ejerciendo la profesión– condicionáramos nuestra

determinación a que subsanara las referidas deficiencias en

su obra protocolar en un término no mayor de noventa días.

El 20 de marzo de 2017, en vista de los señalamientos de

la licenciada Soto Rivera, emitimos otra resolución en la que

concedimos un término improrrogable de quince días, contados

a partir de su

notificación, para que acreditara con prueba

TS-16,532

5

fehaciente las alegaciones relacionadas a su condición de

salud. Nuevamente, le apercibimos que el incumplimiento con

la orden podía conllevar sanciones disciplinarias severas,

incluyendo su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio

de la profesión. Dicha resolución fue notificada el 21 de

marzo de 2017.

No fue hasta el 10 de abril de 2017 que la letrada

compareció ante esta Curia. Aunque incluyó varios documentos,

indicó que el expediente no estaba disponible hasta después

del 17 de abril de este año. Por ello, el 28 de abril de 2017

le concedimos una prórroga de diez días, contados a partir de

la notificación de la Resolución, para que cumpliera con la

orden del 20 de marzo de 2017.

No obstante, el pasado 22 de mayo de 2017 el Director de

la ODIN compareció nuevamente ante nos. En esta ocasión,

notificó que el término conferido a la licenciada Soto Rivera

venció el 15 de mayo de 2017 sin que ésta hubiera cumplido

con lo ordenado. Asimismo, informó que la obra protocolar se

encuentra

en

encuadernación

deficiencias

el

de

mismo

estado,

los

protocolos

arancelarias

prevaleciendo

de

2008

notificadas.

la

al

Ello,

falta

2015

de

y

las

aunque

han

transcurrido casi dos años desde que la ODIN le requirió que

subsanara las deficiencias en su obra protocolar.

II

En

innumerables

ocasiones

hemos

expresado

que

el

ejercicio de la profesión jurídica requiere que todo abogado

y abogada observe rigurosamente los requerimientos de este

TS-16,532

6

Tribunal.4

Este

mandato

ético

se

encuentra

en

Canon

9

del

particularmente,

el

establecido,

Código

de

Ética

Profesional, 4 LPRA Ap. IX, al señalar –en lo pertinente– que

“[e]l

abogado

debe

observar

para

con

los

tribunales

una

conducta que se caracterice por el mayor respeto”.

En ese sentido, como funcionarios de este Tribunal, los

profesionales

respetar,

del

acatar

Derecho

y

tienen

responder

un

deber

ineludible

diligentemente

de

nuestras

órdenes.5 Desatenderlas constituye una afrenta a la autoridad

de los tribunales e infringe el precitado Canon 9 del Código

de

Ética

supra.6

Profesional,

incumplimiento

con

los

Por

requerimientos

consiguiente,

del

Tribunal,

el

según

hemos resuelto en innumerables ocasiones, constituye un serio

agravio a la autoridad de los Tribunales y es suficiente para

decretar

su

separación

indefinida

de

la

profesión.7

Reafirmamos que “[e]ste Tribunal no ha de tomar livianamente

el

que

un

abogado

asuma

una

actitud

de

indiferencia

y

menosprecio hacia nuestra autoridad”.8

III

Nótese

que,

desde

el

inicio,

le

concedimos

varias

oportunidades a la licenciada Soto Rivera para que cumpliera

con los requerimientos de la ODIN y con nuestras órdenes. En

4

In re Aponte Del Valle, 189 DPR 245, 249 (2013); In re Rivera Rosado,

180 DPR 698, 701 (2011); In re Morales Rodríguez, 179 DPR 766, 768

(2011).

5

In re Santaliz Martell, 194 DPR 911, 914 (2016).

6

In re Dávila Toro, 193 DPR 159, 163 (2015); In re Pacheco Pacheco, 192

DPR 553, 560 (2015); In re García Incera, 177 DPR 329, 331 (2009).

7

In re Pastrana Silva, 195 DPR 366, 369 (2016); In re Irizarry Irizarry,

190 DPR 368 (2014).

8

In re Dávila Toro, supra, pág. 164; In re Maldonado Nieves, 192 DPR 973

(2015).

TS-16,532

7

varias ocasiones compareció fuera del término ordenado y en

la

última

ocasión

incumplimiento

con

ni

siquiera

nuestras

compareció.

órdenes,

más

aún

Así,

el

cuando

la

abogada ha sido apercibida expresamente de las consecuencias

de su incumplimiento, constituye una falta severa con sus

deberes

éticos

y

un

menosprecio

conducta

desplegada

por

incumplir

reiteradamente

la

a

nuestra

licenciada

nuestras

autoridad.

Soto

órdenes,

Rivera,

es

La

al

totalmente

contraria a aquella conducta que se espera de los miembros de

la profesión. Ello, no la hace merecedora de continuar en el

ejercicio de la abogacía.

IV

En

vista

de

lo

anterior,

suspendemos

inmediata

e

indefinidamente a la licenciada Soto Rivera de la profesión

de la abogacía. Además, le concedemos –por última vez– un

término de treinta días para subsanar las deficiencias de la

obra protocolar, so pena de referir el asunto al Tribunal de

Primera Instancia a un proceso de desacato.

La señora

clientes

de

su

Soto Rivera deberá notificar a todos sus

inhabilidad

de

seguir

representándolos,

devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no

realizados, devolverles los expedientes de casos pendientes e

informar

inmediatamente

de

su

suspensión

a

los

foros

judiciales y administrativos en los que tenga algún caso

pendiente.

Además,

tiene

la

obligación

de

acreditar

y

certificar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior,

TS-16,532

en

un

término

8

de

treinta

días

contados

a

partir

notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

de

la

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

Yarimar Soto Rivera

TS-16,532

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2017.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, los cuales se hacen formar parte

de la presente Sentencia, suspendemos inmediata e

indefinidamente a la Lcda. Yarimar Soto Rivera de la

profesión de la abogacía. Además, le concedemos –por

última vez– un término de treinta (30) días para

subsanar las deficiencias de la obra protocolar, so

pena de referir el asunto al Tribunal de Primera

Instancia a un proceso de desacato.

La señora Soto Rivera deberá notificar a todos

sus

clientes

de

su

inhabilidad

de

seguir

representándolos, devolverles cualesquiera honorarios

recibidos por trabajos no realizados, devolverles los

expedientes

de

casos

pendientes

e

informar

inmediatamente

de

su

suspensión

a

los

foros

judiciales y administrativos en los que tenga algún

caso pendiente. Además, tiene la obligación de

acreditar

y

certificar

a

este

Tribunal

el

cumplimiento con lo anterior, en un término de

treinta

(30)

días

contados

a

partir

de

la

notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Notifíquese inmediatamente.

TS-16,532

2

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez no intervino. El Juez Asociado señor

Colón Pérez no intervino.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo