Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Yarimar Soto Rivera
2017 TSPR 115
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Yarimar Soto Rivera
TS-16532
Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por incumplir con requerimientos del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2017 TSPR 115
Yarimar Soto Rivera
198 DPR ____
Número del Caso: TS-16,532
Fecha:
15 de junio de 2017
Abogada de la parte promovida:
Por derecho propio
Oficina de Inspección de Notarías:
Lcdo. Manuel Ávila De Jesús
Director
Materia:
La suspensión será efectiva el 26 de junio de 2017,
fecha en que se le notificó a la abogada de su suspensión
inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Yarimar Soto Rivera
TS-16,532
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2017.
Una
vez
más
nos
vemos
en
la
obligación
de
ejercer nuestra facultad disciplinaria en contra de
una abogada por incumplir con las órdenes de este
Tribunal.
En
esta
ocasión
suspendemos
inmediata
e
indefinidamente del ejercicio de la abogacía a la
Lcda. Yarimar Soto Rivera. Veamos.
I
La
licenciada
Soto
Rivera
fue
admitida
al
ejercicio de la abogacía el 20 de agosto de 2007 y
prestó juramento como notaria el 11 de marzo de 2008.
El 24 de septiembre de 2015, la Oficina de Inspección
de Notarías (ODIN) nos remitió un Informe especial
sobre incumplimiento de la Ley Notarial Puerto Rico y
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2
su reglamento y en solicitud de remedios. Indicó que el 16 de
julio de 2015 había enviado a la letrada una comunicación por
correo certificado con acuse de recibo a la dirección que
constaba en el Registro Único de Abogados (RÚA). En ésta le
notificó ciertos incumplimientos con la presentación de los
índices de actividad notarial mensual e Informes Estadísticos
de Actividad Notarial para varios años. Señaló, además, que
del expediente de la licenciada Soto Rivera no surgía que
tuviera provista de una fianza notarial. La ODIN le concedió
a
la
letrada
diez
días
para
rendir
todos
los
documentos
adeudados. No obstante, la comunicación fue devuelta por el
sistema de correo postal federal. El 31 de agosto de 2015, la
ODIN remitió otra comunicación a la licenciada Soto Rivera en
la que reiteró lo esbozado en la comunicación del 16 de julio
de 2015. Ésta también fue devuelta.
Así las cosas, el 16 de noviembre de 2015 ordenamos la
incautación preventiva e inmediata de la obra protocolar y el
sello notarial de la letrada y le concedimos un término de
diez
días
para
mostrar
causa
por
la
cual
no
debíamos
suspenderla indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la
notaría.1
El
17
de
diciembre
de
2015
la
licenciada
Soto
Rivera compareció ante esta Curia. En esa ocasión, indicó que
estaba sufriendo problemas de salud desde septiembre de ese
año. Adujo que su condición de salud había afectado su vida
1
La obra notarial fue incautada y la Resolución
licenciada Soto Rivera el 3 de diciembre de 2015.
recibida
por
la
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3
diaria por los constantes estudios que debía hacerse para
monitorear su condición.2
Posteriormente,
el
22
de
diciembre
de
2015
la
ODIN
presentó una Moción notificando incumplimiento de orden y
otros remedios. En ella señaló que la letrada incumplió la
orden que habíamos emitido el 16 de noviembre de 2015, por lo
que
solicitó
que
evaluáramos
suspender
inmediata
e
indefinidamente a la licenciada Soto Rivera de la notaría.
Asimismo, el 29 de diciembre de 2015 la ODIN presentó su
Informe sobre estado de obra incautada. Entre los defectos
señalados por la ODIN, encontró protocolos sin encuadernar,
la omisión de cancelar sellos de Rentas Internas, estampillas
de la Sociedad para la Asistencia Legal, Impuesto Notarial y
sellos para la Sociedad de Asistencia Legal en su Registro de
Testimonios.
En
vista
ordenamos
a
la
de
lo
anterior,
licenciada
el
Soto
29
de
abril
de
Rivera
que
en
término
un
2016
improrrogable de treinta días completara y subsanara, a sus
expensas, las deficiencias de la obra notarial. En aquella
Resolución apercibimos a la letrada que de incumplir con la
orden
del
Tribunal
podía
ser
objeto
de
sanciones
disciplinarias.3 La licenciada Soto Rivera no cumplió con
nuestra
orden,
por
lo
que
indefinidamente
del
ejercicio
la
suspendimos
de
la
notaría.
inmediata
e
Además,
le
concedimos un término final e improrrogable de treinta días
2
En esta ocasión, la letrada incluyó con su comunicación copia de los
documentos de una hospitalización y resumen de alta.
3
Esta Resolución fue recibida por la licenciada Soto Rivera el 26 de
mayo de 2016.
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4
para que mostrara causa por la que no debía ser suspendida
del ejercicio de la abogacía. En aquel momento, le advertimos
que
el
incumplimiento
con
esta
orden
podía
acarrear
la
imposición de sanciones disciplinarias severas.
El
22
de
febrero
de
2017
la
licenciada
Soto
Rivera
compareció y alegó que no había sido su intención incumplir
con
las
órdenes
de
este
Tribunal.
Arguyó
que
desde
hace
varios años está pasando por una situación económica difícil
que se agravó por su condición de salud. De hecho, alegó que
había sido intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones en el
2016 y que de solicitarlo este Tribunal podía evidenciarlas.
Reconoció estar bien de salud en la actualidad, pero adujo
que en esta ocasión se debía a la condición de salud de su
padre. Señaló que su atención “ha estado en otra parte”. A
diferencia de sus comparecencias anteriores, la letrada no
proveyó evidencia alguna que sustentara sus alegaciones.
El 7 de marzo de 2017 compareció el Director de la ODIN.
Éste nos hizo saber que las deficiencias señaladas –desde
julio de 2015– en la obra protocolar incautada no habían sido
subsanadas. Además, solicitó que –de permitir que la letrada
continuara ejerciendo la profesión– condicionáramos nuestra
determinación a que subsanara las referidas deficiencias en
su obra protocolar en un término no mayor de noventa días.
El 20 de marzo de 2017, en vista de los señalamientos de
la licenciada Soto Rivera, emitimos otra resolución en la que
concedimos un término improrrogable de quince días, contados
a partir de su
notificación, para que acreditara con prueba
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5
fehaciente las alegaciones relacionadas a su condición de
salud. Nuevamente, le apercibimos que el incumplimiento con
la orden podía conllevar sanciones disciplinarias severas,
incluyendo su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio
de la profesión. Dicha resolución fue notificada el 21 de
marzo de 2017.
No fue hasta el 10 de abril de 2017 que la letrada
compareció ante esta Curia. Aunque incluyó varios documentos,
indicó que el expediente no estaba disponible hasta después
del 17 de abril de este año. Por ello, el 28 de abril de 2017
le concedimos una prórroga de diez días, contados a partir de
la notificación de la Resolución, para que cumpliera con la
orden del 20 de marzo de 2017.
No obstante, el pasado 22 de mayo de 2017 el Director de
la ODIN compareció nuevamente ante nos. En esta ocasión,
notificó que el término conferido a la licenciada Soto Rivera
venció el 15 de mayo de 2017 sin que ésta hubiera cumplido
con lo ordenado. Asimismo, informó que la obra protocolar se
encuentra
en
encuadernación
deficiencias
el
de
mismo
estado,
los
protocolos
arancelarias
prevaleciendo
de
2008
notificadas.
la
al
Ello,
falta
2015
de
y
las
aunque
han
transcurrido casi dos años desde que la ODIN le requirió que
subsanara las deficiencias en su obra protocolar.
II
En
innumerables
ocasiones
hemos
expresado
que
el
ejercicio de la profesión jurídica requiere que todo abogado
y abogada observe rigurosamente los requerimientos de este
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6
Tribunal.4
Este
mandato
ético
se
encuentra
en
Canon
9
del
particularmente,
el
establecido,
Código
de
Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX, al señalar –en lo pertinente– que
“[e]l
abogado
debe
observar
para
con
los
tribunales
una
conducta que se caracterice por el mayor respeto”.
En ese sentido, como funcionarios de este Tribunal, los
profesionales
respetar,
del
acatar
Derecho
y
tienen
responder
un
deber
ineludible
diligentemente
de
nuestras
órdenes.5 Desatenderlas constituye una afrenta a la autoridad
de los tribunales e infringe el precitado Canon 9 del Código
de
Ética
supra.6
Profesional,
incumplimiento
con
los
Por
requerimientos
consiguiente,
del
Tribunal,
el
según
hemos resuelto en innumerables ocasiones, constituye un serio
agravio a la autoridad de los Tribunales y es suficiente para
decretar
su
separación
indefinida
de
la
profesión.7
Reafirmamos que “[e]ste Tribunal no ha de tomar livianamente
el
que
un
abogado
asuma
una
actitud
de
indiferencia
y
menosprecio hacia nuestra autoridad”.8
III
Nótese
que,
desde
el
inicio,
le
concedimos
varias
oportunidades a la licenciada Soto Rivera para que cumpliera
con los requerimientos de la ODIN y con nuestras órdenes. En
4
In re Aponte Del Valle, 189 DPR 245, 249 (2013); In re Rivera Rosado,
180 DPR 698, 701 (2011); In re Morales Rodríguez, 179 DPR 766, 768
(2011).
5
In re Santaliz Martell, 194 DPR 911, 914 (2016).
6
In re Dávila Toro, 193 DPR 159, 163 (2015); In re Pacheco Pacheco, 192
DPR 553, 560 (2015); In re García Incera, 177 DPR 329, 331 (2009).
7
In re Pastrana Silva, 195 DPR 366, 369 (2016); In re Irizarry Irizarry,
190 DPR 368 (2014).
8
In re Dávila Toro, supra, pág. 164; In re Maldonado Nieves, 192 DPR 973
(2015).
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7
varias ocasiones compareció fuera del término ordenado y en
la
última
ocasión
incumplimiento
con
ni
siquiera
nuestras
compareció.
órdenes,
más
aún
Así,
el
cuando
la
abogada ha sido apercibida expresamente de las consecuencias
de su incumplimiento, constituye una falta severa con sus
deberes
éticos
y
un
menosprecio
conducta
desplegada
por
incumplir
reiteradamente
la
a
nuestra
licenciada
nuestras
autoridad.
Soto
órdenes,
Rivera,
es
La
al
totalmente
contraria a aquella conducta que se espera de los miembros de
la profesión. Ello, no la hace merecedora de continuar en el
ejercicio de la abogacía.
IV
En
vista
de
lo
anterior,
suspendemos
inmediata
e
indefinidamente a la licenciada Soto Rivera de la profesión
de la abogacía. Además, le concedemos –por última vez– un
término de treinta días para subsanar las deficiencias de la
obra protocolar, so pena de referir el asunto al Tribunal de
Primera Instancia a un proceso de desacato.
La señora
clientes
de
su
Soto Rivera deberá notificar a todos sus
inhabilidad
de
seguir
representándolos,
devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no
realizados, devolverles los expedientes de casos pendientes e
informar
inmediatamente
de
su
suspensión
a
los
foros
judiciales y administrativos en los que tenga algún caso
pendiente.
Además,
tiene
la
obligación
de
acreditar
y
certificar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior,
TS-16,532
en
un
término
8
de
treinta
días
contados
a
partir
notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Se dictará Sentencia de conformidad.
de
la
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
Yarimar Soto Rivera
TS-16,532
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2017.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, los cuales se hacen formar parte
de la presente Sentencia, suspendemos inmediata e
indefinidamente a la Lcda. Yarimar Soto Rivera de la
profesión de la abogacía. Además, le concedemos –por
última vez– un término de treinta (30) días para
subsanar las deficiencias de la obra protocolar, so
pena de referir el asunto al Tribunal de Primera
Instancia a un proceso de desacato.
La señora Soto Rivera deberá notificar a todos
sus
clientes
de
su
inhabilidad
de
seguir
representándolos, devolverles cualesquiera honorarios
recibidos por trabajos no realizados, devolverles los
expedientes
de
casos
pendientes
e
informar
inmediatamente
de
su
suspensión
a
los
foros
judiciales y administrativos en los que tenga algún
caso pendiente. Además, tiene la obligación de
acreditar
y
certificar
a
este
Tribunal
el
cumplimiento con lo anterior, en un término de
treinta
(30)
días
contados
a
partir
de
la
notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Notifíquese inmediatamente.
TS-16,532
2
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez no intervino. El Juez Asociado señor
Colón Pérez no intervino.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo