Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Eric M. Pagán Díaz
2017 TSPR 108
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Eric M. Pagán Díaz
AB-2016-166
Conducta profesional – Suspensión inmediata de tres meses de la notaría por infringir los Art. 2 y 15 de la Ley Notarial y los Cánones 9, 18, 35 y 38 de Ética Profesional
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2017 TSPR 108
Eric M. Pagán Díaz
(TS-11,471)
198 DPR ____
Número del Caso: AB-2016-166
Fecha:
12 de junio de 2017
Abogado del promovido:
Por Derecho Propio
Oficina de Inspección de Notarías:
Lcdo. Manuel Ávila De Jesús
Director
Materia:
La suspensión será efectiva el 20 de junio de 2017, fecha
en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
Eric M. Pagán Díaz
(TS-11,471)
AB-2016-0166
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2017.
En esta ocasión nos vemos obligados a ejercer
nuestra
facultad
disciplinaria
en
contra
de
un
miembro de la profesión jurídica que ha incurrido en
violaciones al Código de Ética Profesional y a la Ley
Notarial
de
Puerto
Rico.
En
atención
a
la
inobservancia de los preceptos antes establecidos,
suspendemos de la notaría al Lcdo. Eric M. Pagán Díaz
de forma inmediata por un término de 3 meses.
A tales fines, procedemos a delimitar los hechos
que nos mueven a imponer las medidas disciplinarias
correspondientes.
AB-2016-0166
2
I
El licenciado Pagán Díaz fue admitido al ejercicio
de la abogacía el 18 de enero de 1996 y prestó juramento
como notario el 8 de febrero de 1996. El 1 de junio de
2016 el Sr. José A. Rosario Sánchez presentó una queja
ante este Tribunal en contra del licenciado Pagán Díaz.
En
esencia,
adujo
que
el
24
de
diciembre
de
2012
el
abogado otorgó una escritura de compraventa junto al Sr.
Edwin Navarro Altaira de una propiedad perteneciente al
señor
Rosario
Sánchez
sin
su
conocimiento
ni
consentimiento. El señor Rosario Sánchez aclaró que le
había otorgado un poder general, suscrito en inglés, a
una amiga, la Sra. Lourdes Webb, para que lo ayudara con
asuntos relacionados a la referida propiedad, incluyendo
el alquiler de la misma. Sin embargo, sostuvo que nunca
la autorizó a vender la propiedad. A esos efectos, el
señor
Rosario
Sánchez
alegó
que
utilizaron
otro
poder
redactado en español, en el cual cree que copiaron su
firma.
Además,
indicó
que
nunca
recibió
compensación
alguna por la venta de la propiedad.
Por su parte, el licenciado Pagán Díaz contestó la
queja presentada en su contra el 18 de julio de 2016. En
síntesis, señaló que el 24 de diciembre de 2012 otorgó
una escritura de protocolización de documentos de poder
general
(escritura
número
57).
El
abogado
indicó
que
dicho poder se otorgó para que la señora Webb, amiga del
señor Rosario Sánchez, lo representara en la escritura de
AB-2016-0166
3
compraventa (escritura número 58). Expuso que el señor
Rosario Sánchez suscribió el poder protocolizado el 17 de
septiembre de 2012 en Carolina del Norte. A su vez, adujo
que el señor Rosario Sánchez se comunicó con él en varias
ocasiones vía telefónica para indagar sobre la extensión
del
poder
que
iba
a
compraventa,
pero
vendido
inmueble
el
no
otorgar
como
a
para
vendedor
otras
consentir
en
ya
había
personas
que
él
mediante
la
la
escritura número 81 otorgada en San Juan, Puerto Rico, el
20
de
marzo
de
2003.
Por
consiguiente,
el
licenciado
Pagán Díaz expresó que el señor Rosario Sánchez no era el
dueño del inmueble vendido en la escritura de compraventa
y que el poder era solamente para consentir a la venta,
ya que la hipoteca que gravaba el inmueble estaba a su
nombre.
A
esos
fines,
sostuvo
que
el
señor
Rosario
Sánchez consintió a dicha venta. En cuanto a la firma del
poder, alegó que ésta se podía corroborar con el original
del poder que obra en su protocolo.
El 28 de julio de 2016 el señor Rosario Sánchez
acudió nuevamente a este Tribunal. En esa ocasión, expuso
que, del contenido del poder, surgía que el propósito del
mismo no era para vender propiedades. Por otro lado, negó
que
hubiese
tenido
comunicación
vía
telefónica
con
el
licenciado Pagán Díaz. Incluso, indicó que no conocía al
abogado y que no fue hasta el 10 de junio de 2014 que
consiguió su nombre y su número de teléfono. A su vez,
añadió que el 7 de julio de 2014 se comunicó por primera
AB-2016-0166
4
vez con el licenciado Pagán Díaz y lo visitó esa misma
semana
a
su
oficina,
donde
su
secretaria
le
facilitó
copia de las escrituras en cuestión.
Así las cosas, el 29 de noviembre de 2016 la Oficina
de Inspección de Notarías (ODIN), a través de su Director
el Lcdo. Manuel E. Ávila De Jesús, presentó su informe.
En
el
mismo,
concluyó
que
el
licenciado
Pagán
Díaz
infringió la Ley Notarial de Puerto Rico y el Código de
Ética Profesional. Específicamente, señaló que el abogado
impartió
su
fe
expresar
que
notarial
una
parte
sobre
se
hechos
incorrectos
al
autorizada
a
encontraba
comparecer en representación de su mandatario, cuando del
poder
conferido
no
surgía
tal
facultad,
y
omitió
apercibir a los otorgantes sobre el estado registral real
de
la
finca
objeto
de
la
escritura
que
originó
la
presente queja. Ante ello, determinó que el licenciado
Pagán Díaz infringió los Arts. 2 y 15 de la Ley Notarial
de Puerto Rico, así como los Cánones 18, 35 y 38 del
Código
de
también
Ética
infringió
Profesional.
el
Canon
Además,
indicó
que
éste
9
Código
de
Ética
del
Profesional al incumplir un requerimiento de la ODIN para
que sometiera un estudio de título, así como ante la
demora
en
recomendó
contestar
la
la
suspensión
queja.
Por
temporera
último,
del
la
ODIN
abogado
del
ejercicio de la notaría por 3 meses o, en la alternativa,
que
fuera
incurrida.
censurado
enérgicamente
por
la
conducta
AB-2016-0166
5
Por otro lado, el 29 de diciembre de 2016 la Oficina
de la Procuradora General (Procuradora General) presentó
el informe correspondiente, en el cual coincidió con la
ODIN sobre que el licenciado Pagán Díaz pudo incurrir en
violaciones a los Arts. 2 y 15 de la Ley Notarial de
Puerto Rico y a los Cánones 18, 35 y 38 del Código de
Ética Profesional. Ello pues, entendió que el abogado dio
fe de hechos falsos en una escritura de compraventa que
no
recogían
cuestión.
la
realidad
Además,
entendió
registral
que
el
de
la
finca
licenciado
en
también
infringió el Canon 9 del Código de Ética Profesional al
incumplir
con
los
presentara
un
referencia
para
requerimientos
estudio
de
justificar
título
los
de
la
al
hechos
ODIN
cual
para
éste
expuestos
que
hacía
en
la
escritura de compraventa.
Luego de exponer el trasfondo fáctico y procesal de
este caso, enmarquemos la controversia dentro del Derecho
aplicable.
II
A.
La Ley Notarial de Puerto Rico
Es norma conocida que todo notario está obligado al
cumplimiento estricto de la Ley Notarial de Puerto Rico,
el Reglamento Notarial de Puerto Rico y los cánones del
Código de Ética Profesional.1 Estas disposiciones velan
1
In re Toro Imbernón, 194 DPR 499, 504 (2016).
AB-2016-0166
6
por que el notario ejerza su labor con esmero, diligencia
y celo profesional.2
A esos efectos, el Art. 2 de la Ley Notarial de
Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2002, dispone lo siguiente:
El notario es el profesional del Derecho
que ejerce una función pública, autorizado para
dar fe y autenticidad conforme a las leyes de
los negocios jurídicos y demás actos y hechos
extrajudiciales que ante él se realicen, sin
perjuicio
de
lo
dispuesto
en
las
leyes
especiales. Es su función recibir e interpretar
la voluntad de las partes, dándole forma legal,
redactar las escrituras y documentos notariales
a tal fin y conferirle[s] autoridad a los
mismos. La fe pública al notario es plena
respecto a los hechos que, en el ejercicio de
su función personalmente ejecute o compruebe y
también respecto a la forma, lugar, día y hora
del otorgamiento. (Corchetes en el original).
Así,
cuando
un
notario
autoriza
una
escritura,
asevera bajo la fe pública que la transacción es válida y
legítima.3 Ante ello, el Estado le confiere al documento
autorizado por el notario una presunción de credibilidad
y certeza de que lo afirmado es cierto y correcto, y que
concuerda con la realidad.4 La fe pública notarial es la
espina
dorsal
de
todo
el
esquema
de
autenticidad
notarial, por lo que quebrantarla conlleva la imposición
de una severa medida disciplinaria.5 Por ello, cuando el
notario no cumple con los deberes que le impone la ley y
2
Íd.; In re Ayala Oquendo, 185 DPR 572, 580 (2012); In re Martínez
Almodóvar, 180 DPR 805, 815 (2011).
3
In re Toro Imbernón, supra, pág. 505; In re Feliciano Ruiz, 117 DPR
269, 275 (1986).
4
5
In re Toro Imbernón, supra.
Íd.; In re Martínez Sotomayor, 189 DPR 492, 500 (2013); In re
Collazo Sánchez, 159 DPR 769, 774 (2003).
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7
el ordenamiento ético, incurre en una falta que conlleva
consecuencias disciplinarias.6
En cuanto a la obligación del notario de dar fe
sobre la capacidad de los otorgantes, el Art. 15(e) de la
Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2033(e), indica
que la escritura pública debe contener “la fe expresa del
notario
[...]
de
que
a
su
juicio
éstos
tienen
la
capacidad legal necesaria para otorgar el acto o contrato
de que se trata”. Así, en el descargo de su encomienda,
el notario tiene el deber de calificar la capacidad de
las
partes.7
“La
calificación
de
la
capacidad
viene
impuesta por la naturaleza y la finalidad del instrumento
público:
se
trata
de
un
requisito
que
conceptual
y
lógicamente viene impuesto ab initio para conseguir la
eficacia del documento y del acto documentado”.8
Además,
la
correspondencia
capacidad
lógica
con
de
los
otorgantes
el
consentimiento
guarda
de
los
contratantes, requisito sine qua non de los contratos.9 La
regla
general
es
que
su
existencia
surja
con
la
comparecencia y presencia de la persona ante el notario;
la excepción es el mandato o poder.10 A esos fines, la
profesora Torres Peralta explica lo siguiente:
6
In re Toro Imbernón, supra.
7
In re Martínez Almodóvar, supra, pág. 816.
8
Íd.; In re Feliciano Ruiz, supra, pág. 275.
9
In re Martínez Almodóvar, supra, pág. 817.
10
Íd.; In re Feliciano Ruiz, supra, pág. 276.
AB-2016-0166
8
Es indispensable dar fe de la capacidad
legal de los otorgantes, como requisito para
proceder al otorgamiento y autorización de un
instrumento público. La Ley requiere que el
Notario haga constar en la escritura que, a su
juicio, los otorgantes tienen la capacidad
legal
necesaria
para
el
otorgamiento
del
instrumento. Tal aseveración ha de estar basada
en un juicio informado y sabio, no en un acto
caprichoso e infundado de parte del Notario.
La aseveración que a ese efecto se haga en
la escritura pública estará basada en los
dichos de cada uno de los otorgantes. El
Notario, no obstante, tomará en cuenta el
conocimiento que tiene cada otorgante, así como
su capacidad de observación y de su percepción
personal y si necesario, la investigación que
debe efectuarse en las circunstancias. Este
requisito se extiende, de igual manera, al
compareciente representante en una escritura
pública en que dicho otorgante comparezca como
mandatario, agente, apoderado o comisionista y
en toda otra capacidad representativa. (Énfasis
suplido).11
En
Feliciano
v.
Ross,
165
DPR
649,
658
(2005),
expresamos que “[e]s deber del notario que autoriza el
otorgamiento
de
una
averiguaciones
mínimas
escritura
que
[...]
requieren
las
hacer
normas
las
de
la
profesión”. En ese sentido, indicamos en In re Davidson
Lampón, 159 DPR 448, 461 (2003), que debido a que “la
función
del
notario
trasciende
la
de
un
autómata
legalizador de firmas y penetra al campo de la legalidad
de la transacción que ante él se concreta”, al autorizar
una escritura el notario debe: (1) indagar la voluntad de
los
otorgantes;
(2)
formular
la
voluntad
indagada;
(3) investigar ciertos hechos y datos de los que depende
11
S. Torres Peralta, El Derecho Notarial
especial, San Juan, Pubs. STP, 1995, Sec. 8.27.
Puertorriqueño,
ed.
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9
la eficacia o validez del negocio, y (4) darles a los
otorgantes las informaciones, aclaraciones y advertencias
necesarias para que comprendan el sentido, así como los
efectos y consecuencias del negocio, y se den cuenta de
los
riesgos
que
corren
en
celebrarlo.
(Énfasis
suprimido).12
B.
El Código de Ética Profesional
El Código de Ética Profesional establece las normas
mínimas de conducta que debe exhibir todo miembro de la
abogacía.13 Así, pues, el Canon 9 del Código de Ética
Profesional, 4 LPRA AP. IX, dispone que todo abogado debe
“observar para con los tribunales una conducta que se
caracterice por el mayor respeto”. Ante una violación a
este
canon,
“procede
suspender
inmediata
e
indefinidamente de la práctica de la abogacía en nuestra
jurisdicción a cualquier miembro de la profesión legal
que
opta
por
ignorar
nuestras
órdenes
y
muestra
indiferencia ante nuestros apercibimientos de sanciones
disciplinarias”.14 Asimismo, este Tribunal interpretó que
el Canon 9 se extiende tanto a los requerimientos de este
Tribunal como a los de la ODIN.15
12
In re Martínez Almodóvar, supra, págs. 817-818. Sobre la obligación
del notario de investigar los antecedentes registrales del negocio
jurídico que autoriza, véanse: In re Ramos Meléndez y Cabiya Ortiz,
120 DPR 796, 801-802 (1988); Chévere v. Cátala, 115 DPR 432, 442–444
(1984).
13
In re González Acevedo, 2017 TSPR 25, 197 DPR ___ (2017).
14
Íd.; In re Colón Collazo, 2016 TSPR 184, 196 DPR ____ (2016); In re
Colón Cordovés, 195 DPR 543, 547 (2016).
15
In re González Acevedo, supra; In re Colón Collazo, supra; In re
Ezratty Samo, et al., 2016 TSPR 19, 194 DPR ____ (2016).
AB-2016-0166
10
Por otra parte, el
Canon
18 del
Código de Ética
Profesional, supra, establece el deber de diligencia y
competencia con el que debe obrar todo profesional del
Derecho. En lo que nos concierne, hemos interpretado que
este canon tiene una “modalidad distinta cuando se trata
de la función notarial”.16 Debido a la naturaleza de las
funciones
del
notario
y
pública,
éste
tiene
un
la
delegación
deber
mayor
de
de
impartir
fe
diligencia
y
competencia.17 Es por ello que, “un notario que desconoce
las
normas
profesión
jurídicas
vulnera
la
relativas
naturaleza
al
ejercicio
misma
del
de
su
notariado
e
incurre en una violación a las normas éticas de nuestra
jurisdicción”.18
El Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra,
le impone a la clase togada del país el deber de proceder
con integridad, sinceridad y honradez frente a todos y en
cualquier escenario.19 Este deber obliga a los abogados
ante
los
tribunales,
con
sus
representados,
con
las
partes adversas y hasta en las relaciones profesionales
con
sus
compañeros.20
Cónsono
con
lo
anterior,
para
16
In re González Acevedo, supra; In re Portela Martínez, 191 DPR 84,
90 (2014).
17
In re González Acevedo, supra; In re Portela Martínez, supra; In re
Colón Ramery, 138 DPR 793, 799 (1995).
18
In re González Acevedo, supra; In re Portela Martínez, supra; In re
Vargas Velázquez, 190 DPR 730, 735 (2014).
19
In re Ramírez Salcedo, 2016 TSPR 174, 196 DPR ___ (2016); In re
Reyes Coreano, 190 DPR 739, 756 (2014). Véanse, además: In re Sierra
Arce, 192 DPR 140, 147 (2014); In re Astacio Caraballo, 149 DPR 790,
797 (1999).
20
In re Ramírez Salcedo, supra; In re Astacio Caraballo, supra.
AB-2016-0166
11
infringir el Canon 35 “[l]o fundamental es que se falte
[objetivamente] a los valores de honradez y veracidad,
pilares de la profesión legal”.21 Por consiguiente, no es
defensa no haber procedido deliberadamente, de mala fe,
con la intención de engañar o defraudar, así como tampoco
que no se le haya causado perjuicio a un tercero.22
Es meritorio puntualizar que a todo abogado le está
vedado proveer a los foros judiciales información falsa,
inconsistente con la verdad, así como ocultar información
cierta que deba ser revelada.23 No es sincero ni honrado
inducir a error al tribunal empleando artificios o una
relación falsa de hechos o Derecho.24 Cuando un abogado le
miente
a
un
tribunal
bajo
juramento
para
promover
su
causa, falta a su deber de actuar con integridad.25 “La
mentira degrada el carácter y envilece el espíritu y es
antítesis de la conducta recta y honorable que el Código
de Ética Profesional exige de todo abogado. La palabra de
éste debe en todo momento ser tan buena y tan leal como
la del propio magistrado, porque tanto el juez como el
21
In re Ramírez Salcedo, supra; In re Reyes Coreano, supra.
22
In re Ramírez Salcedo, supra; In re Reyes Coreano, supra; In re
Nieves Nieves, 181 DPR 25, 41-42 (2011); In re Astacio Caraballo,
supra, pág. 799.
23
In re Ramírez Salcedo, supra; In re Astacio Caraballo, supra, pág.
798.
24
25
In re Ramírez Salcedo, supra.
In re Ramírez Salcedo, supra; In re Padilla Rodríguez, 145 DPR 536,
538 (1998); In re Currás Ortiz, 141 DPR 399, 402 (1996).
AB-2016-0166
12
abogado son partícipes en una función excelsa que jamás
debe ser lastimada por la falsedad”.26
De igual modo, a la luz de este precepto ético un
abogado no puede suscribir hechos inconsistentes con la
realidad.27 Todo jurista ostenta la obligación ineludible
de asegurarse que los datos consignados en cada documento
que
firma
o
redacta
son
veraces.28
La
verdad
es
el
principio sobre el cual se erige la confianza ciudadana
en la profesión legal y en las instituciones de justicia,
por lo que independientemente de si el abogado actúa en
su función profesional o personal, su falta de sinceridad
es absolutamente injustificable.29
Como es sabido, la profesión de la abogacía y la
notaría son ejes importantes en el ejercicio encomiable
de impartir y adelantar la justicia en nuestra sociedad.30
Por
ello,
ponderar
se
requiere
si
las
responsabilidades
una
continua
actuaciones
que
acarrea
introspección
para
son
cónsonas
las
ser
un
con
servidor
de
la
justicia.31 En vista de ello, el Canon 38 del Código de
Ética
Profesional,
supra,
dispone
que
“[e]l
abogado
26
In re Ramírez Salcedo, supra; In re Ramos y Ferrer, 115 DPR 409,
412 (1984).
27
In re Ramírez Salcedo, supra; In re Rodríguez Gerena, 194 DPR 917,
923 (2016); In re Belk, Serapión, 148 DPR 685, 691 (1999).
28
In re Ramírez Salcedo, supra; In re Martínez, Odell II, 148 DPR 49,
54 (1999); In re Belk, Serapión, supra.
29
In re Ramírez Salcedo, supra.
30
In re González Acevedo, supra.
31
Íd.; In re Fingerhut Mandry, 2016 TSPR 3, 196 DPR ____ (2016).
AB-2016-0166
deberá
13
esforzarse,
al
máximo
de
su
capacidad,
en
la
exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque
el
así
evitar
hacerlo
hasta
conlleve
la
sacrificios
apariencia
de
personales
conducta
y
debe
profesional
impropia”. El precitado canon traza un deber para con la
colectividad, pues, “cada abogado es un espejo en [el]
que se refleja la profesión”.32
III
En este caso, el señor Rosario Sánchez señaló que
tanto él como su esposa no prestaron su consentimiento
para el otorgamiento de la escritura número 58 mediante
la cual supuestamente le conferían a la señora Webb el
poder para representarlos en una compraventa. A su vez,
indicó que el poder conferido a la señora Webb no la
autorizaba
a
enajenar
la
propiedad
objeto
de
la
compraventa. Finalmente, adujo que la escritura número 58
contiene información errónea, pues dispone que el señor
Rosario Sánchez había vendido previamente el mencionado
inmueble.
De los documentos que obran en el expediente surge
que, en efecto, la información sobre los antecedentes del
negocio
número
jurídico
58,
encuentra
efectuado
otorgada
por
incompleta
y
el
contenida
licenciado
alude
a
en
la
Pagán
datos
escritura
Díaz,
se
incorrectos.
Específicamente, en el referido instrumento público no se
32
In re González Acevedo, supra; In re Coll Pujols, 102 DPR 313, 319
(1974).
AB-2016-0166
menciona
número
el
15,
14
negocio
en
la
jurídico
cual
el
recogido
señor
en
Rosario
la
escritura
Sánchez
y
su
esposa, representados por la señora Webb, les vendieron a
los esposos García-Colón la propiedad en cuestión, sino
que
afirmaba
erróneamente
que
la
titularidad
de
los
esposos García-Colón surgía de la escritura número 81.
Además, el abogado dio fe de que la propiedad estaba
gravada mediante una hipoteca a favor de Doral Mortgage
LLC,
constituida
el
21
de
septiembre
de
2011
por
$254,583.33, sin hacer referencia a la hipoteca inscrita
a
favor
de
Oriental
Bank
and
Trust
por
$211,100,
constituida mediante la escritura número 114 del 20 de
marzo de 2003 e inscrita en el Registro de la Propiedad
el
3
de
junio
de
2003,
hipoteca
que
no
había
sido
cancelada hasta la última certificación registral emitida
en septiembre de 2016.
Así pues, el licenciado Pagán Díaz, como parte de su
función notarial, debía conocer la situación y condición
registral
de
la
finca
antes
de
otorgar
la
escritura
número 58 de compraventa, así como advertirles sobre esa
situación a las partes. El abogado no podía descansar en
las
manifestaciones
del
señor
Rosario
Sánchez
o
de
cualquier otra parte sobre la situación registral de la
propiedad.
Además,
cabe
destacar
que
los
compradores
estaban adquiriendo una propiedad de unos vendedores que
no eran los dueños registrales de la misma al momento de
otorgarse dicha escritura, y que estaba gravada con una
AB-2016-0166
15
hipoteca que no se mencionó en el instrumento público.
Sin embargo, no surge de la escritura ninguna advertencia
específica al respecto. Consecuentemente, las mencionadas
actuaciones del licenciado Pagán Díaz infringen los Arts.
2 y 15 de la Ley Notarial de Puerto Rico y los Cánones 18
y 38 del Código de Ética Profesional.
Por
otra
especificó
que
parte,
la
en
señora
la
escritura
número
58
se
Webb
había
comparecido
a
la
misma en representación del señor Rosario Sánchez y su
esposa,
en
virtud
del
poder
protocolizado
mediante
la
escritura número 57. Sin embargo, del contenido de la
escritura número 57 no surge que dentro de las facultades
conferidas a la señora Webb se encontrara el enajenar o
consentir a la enajenación de la propiedad mencionada.
Debido a que el notario acreditó falsa o incorrectamente
en
la
escritura
número
58
que
la
señora
Webb
estaba
facultada mediante la escritura número 57 a representar
al señor Rosario Sánchez y a su esposa en la compraventa,
éste infringió el Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto
Rico, así como los Cánones 18, 35 y 38 del Código de
Ética Profesional.
Finalmente,
escritura
número
destacamos
58
el
el
hecho
licenciado
de
Pagán
que
Díaz
en
la
hizo
referencia a un estudio de título que nunca presentó en
este procedimiento disciplinario, a pesar de habérsele
requerido por la ODIN. El abogado tampoco justificó su
incumplimiento ante la ODIN y no fue hasta que presentó
AB-2016-0166
16
su contestación ante la Procuradora General que indicó
que su incumplimiento se debió a que no contaba con dicho
estudio de título en su expediente. Esa conducta, en sí
misma, constituye un incumplimiento con el Canon 9 del
Código de Ética Profesional.
IV
Por
los
suspensión
fundamentos
inmediata
del
expuestos,
ejercicio
de
decretamos
la
la
del
notaría
licenciado Pagán Díaz por el término de 3 meses.
Se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar
inmediatamente la obra y el sello notarial del licenciado
Pagán Díaz y entregarlos al Director de la Oficina de
Inspección
de
Notarías
e
informe.
investigación
para
la
correspondiente
Consecuentemente,
la
fianza
notarial queda automáticamente cancelada. La fianza se
considerará
buena
terminación
en
licenciado
Santos
y
válida
cuanto
Ortiz
a
por
los
3
actos
durante
el
años
después
de
su
realizados
por
el
periodo
que
la
en
misma estuvo vigente.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia.
Se dictará sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
AB-2016-0166
Eric M. Pagán Díaz
(TS-11,471)
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2017.
Por los fundamentos expuestos, decretamos la
suspensión inmediata del ejercicio de la notaría del
licenciado Pagán Díaz por el término de 3 meses.
Se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar
inmediatamente la obra y el sello notarial del
licenciado Pagán Díaz y entregarlos al Director de la
Oficina
de
Inspección
de
Notarías
para
la
correspondiente
investigación
e
informe.
Consecuentemente,
la
fianza
notarial
queda
automáticamente cancelada. La fianza se considerará
buena y válida por 3 años después de su terminación en
cuanto a los actos realizados por el licenciado Santos
Ortiz durante el periodo en que la misma estuvo
vigente.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam
y Sentencia.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo.
El Juez Asociado
señor Estrella Martínez, no intervino.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo