LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Eric M. Pagán Díaz

2017 TSPR 108

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Eric M. Pagán Díaz

AB-2016-166

Conducta profesional – Suspensión inmediata de tres meses de la notaría por infringir los Art. 2 y 15 de la Ley Notarial y los Cánones 9, 18, 35 y 38 de Ética Profesional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2017 TSPR 108

Eric M. Pagán Díaz

(TS-11,471)

198 DPR ____

Número del Caso: AB-2016-166

Fecha:

12 de junio de 2017

Abogado del promovido:

Por Derecho Propio

Oficina de Inspección de Notarías:

Lcdo. Manuel Ávila De Jesús

Director

Materia:

La suspensión será efectiva el 20 de junio de 2017, fecha

en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

Eric M. Pagán Díaz

(TS-11,471)

AB-2016-0166

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2017.

En esta ocasión nos vemos obligados a ejercer

nuestra

facultad

disciplinaria

en

contra

de

un

miembro de la profesión jurídica que ha incurrido en

violaciones al Código de Ética Profesional y a la Ley

Notarial

de

Puerto

Rico.

En

atención

a

la

inobservancia de los preceptos antes establecidos,

suspendemos de la notaría al Lcdo. Eric M. Pagán Díaz

de forma inmediata por un término de 3 meses.

A tales fines, procedemos a delimitar los hechos

que nos mueven a imponer las medidas disciplinarias

correspondientes.

AB-2016-0166

2

I

El licenciado Pagán Díaz fue admitido al ejercicio

de la abogacía el 18 de enero de 1996 y prestó juramento

como notario el 8 de febrero de 1996. El 1 de junio de

2016 el Sr. José A. Rosario Sánchez presentó una queja

ante este Tribunal en contra del licenciado Pagán Díaz.

En

esencia,

adujo

que

el

24

de

diciembre

de

2012

el

abogado otorgó una escritura de compraventa junto al Sr.

Edwin Navarro Altaira de una propiedad perteneciente al

señor

Rosario

Sánchez

sin

su

conocimiento

ni

consentimiento. El señor Rosario Sánchez aclaró que le

había otorgado un poder general, suscrito en inglés, a

una amiga, la Sra. Lourdes Webb, para que lo ayudara con

asuntos relacionados a la referida propiedad, incluyendo

el alquiler de la misma. Sin embargo, sostuvo que nunca

la autorizó a vender la propiedad. A esos efectos, el

señor

Rosario

Sánchez

alegó

que

utilizaron

otro

poder

redactado en español, en el cual cree que copiaron su

firma.

Además,

indicó

que

nunca

recibió

compensación

alguna por la venta de la propiedad.

Por su parte, el licenciado Pagán Díaz contestó la

queja presentada en su contra el 18 de julio de 2016. En

síntesis, señaló que el 24 de diciembre de 2012 otorgó

una escritura de protocolización de documentos de poder

general

(escritura

número

57).

El

abogado

indicó

que

dicho poder se otorgó para que la señora Webb, amiga del

señor Rosario Sánchez, lo representara en la escritura de

AB-2016-0166

3

compraventa (escritura número 58). Expuso que el señor

Rosario Sánchez suscribió el poder protocolizado el 17 de

septiembre de 2012 en Carolina del Norte. A su vez, adujo

que el señor Rosario Sánchez se comunicó con él en varias

ocasiones vía telefónica para indagar sobre la extensión

del

poder

que

iba

a

compraventa,

pero

vendido

inmueble

el

no

otorgar

como

a

para

vendedor

otras

consentir

en

ya

había

personas

que

él

mediante

la

la

escritura número 81 otorgada en San Juan, Puerto Rico, el

20

de

marzo

de

2003.

Por

consiguiente,

el

licenciado

Pagán Díaz expresó que el señor Rosario Sánchez no era el

dueño del inmueble vendido en la escritura de compraventa

y que el poder era solamente para consentir a la venta,

ya que la hipoteca que gravaba el inmueble estaba a su

nombre.

A

esos

fines,

sostuvo

que

el

señor

Rosario

Sánchez consintió a dicha venta. En cuanto a la firma del

poder, alegó que ésta se podía corroborar con el original

del poder que obra en su protocolo.

El 28 de julio de 2016 el señor Rosario Sánchez

acudió nuevamente a este Tribunal. En esa ocasión, expuso

que, del contenido del poder, surgía que el propósito del

mismo no era para vender propiedades. Por otro lado, negó

que

hubiese

tenido

comunicación

vía

telefónica

con

el

licenciado Pagán Díaz. Incluso, indicó que no conocía al

abogado y que no fue hasta el 10 de junio de 2014 que

consiguió su nombre y su número de teléfono. A su vez,

añadió que el 7 de julio de 2014 se comunicó por primera

AB-2016-0166

4

vez con el licenciado Pagán Díaz y lo visitó esa misma

semana

a

su

oficina,

donde

su

secretaria

le

facilitó

copia de las escrituras en cuestión.

Así las cosas, el 29 de noviembre de 2016 la Oficina

de Inspección de Notarías (ODIN), a través de su Director

el Lcdo. Manuel E. Ávila De Jesús, presentó su informe.

En

el

mismo,

concluyó

que

el

licenciado

Pagán

Díaz

infringió la Ley Notarial de Puerto Rico y el Código de

Ética Profesional. Específicamente, señaló que el abogado

impartió

su

fe

expresar

que

notarial

una

parte

sobre

se

hechos

incorrectos

al

autorizada

a

encontraba

comparecer en representación de su mandatario, cuando del

poder

conferido

no

surgía

tal

facultad,

y

omitió

apercibir a los otorgantes sobre el estado registral real

de

la

finca

objeto

de

la

escritura

que

originó

la

presente queja. Ante ello, determinó que el licenciado

Pagán Díaz infringió los Arts. 2 y 15 de la Ley Notarial

de Puerto Rico, así como los Cánones 18, 35 y 38 del

Código

de

también

Ética

infringió

Profesional.

el

Canon

Además,

indicó

que

éste

9

Código

de

Ética

del

Profesional al incumplir un requerimiento de la ODIN para

que sometiera un estudio de título, así como ante la

demora

en

recomendó

contestar

la

la

suspensión

queja.

Por

temporera

último,

del

la

ODIN

abogado

del

ejercicio de la notaría por 3 meses o, en la alternativa,

que

fuera

incurrida.

censurado

enérgicamente

por

la

conducta

AB-2016-0166

5

Por otro lado, el 29 de diciembre de 2016 la Oficina

de la Procuradora General (Procuradora General) presentó

el informe correspondiente, en el cual coincidió con la

ODIN sobre que el licenciado Pagán Díaz pudo incurrir en

violaciones a los Arts. 2 y 15 de la Ley Notarial de

Puerto Rico y a los Cánones 18, 35 y 38 del Código de

Ética Profesional. Ello pues, entendió que el abogado dio

fe de hechos falsos en una escritura de compraventa que

no

recogían

cuestión.

la

realidad

Además,

entendió

registral

que

el

de

la

finca

licenciado

en

también

infringió el Canon 9 del Código de Ética Profesional al

incumplir

con

los

presentara

un

referencia

para

requerimientos

estudio

de

justificar

título

los

de

la

al

hechos

ODIN

cual

para

éste

expuestos

que

hacía

en

la

escritura de compraventa.

Luego de exponer el trasfondo fáctico y procesal de

este caso, enmarquemos la controversia dentro del Derecho

aplicable.

II

A.

La Ley Notarial de Puerto Rico

Es norma conocida que todo notario está obligado al

cumplimiento estricto de la Ley Notarial de Puerto Rico,

el Reglamento Notarial de Puerto Rico y los cánones del

Código de Ética Profesional.1 Estas disposiciones velan

1

In re Toro Imbernón, 194 DPR 499, 504 (2016).

AB-2016-0166

6

por que el notario ejerza su labor con esmero, diligencia

y celo profesional.2

A esos efectos, el Art. 2 de la Ley Notarial de

Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2002, dispone lo siguiente:

El notario es el profesional del Derecho

que ejerce una función pública, autorizado para

dar fe y autenticidad conforme a las leyes de

los negocios jurídicos y demás actos y hechos

extrajudiciales que ante él se realicen, sin

perjuicio

de

lo

dispuesto

en

las

leyes

especiales. Es su función recibir e interpretar

la voluntad de las partes, dándole forma legal,

redactar las escrituras y documentos notariales

a tal fin y conferirle[s] autoridad a los

mismos. La fe pública al notario es plena

respecto a los hechos que, en el ejercicio de

su función personalmente ejecute o compruebe y

también respecto a la forma, lugar, día y hora

del otorgamiento. (Corchetes en el original).

Así,

cuando

un

notario

autoriza

una

escritura,

asevera bajo la fe pública que la transacción es válida y

legítima.3 Ante ello, el Estado le confiere al documento

autorizado por el notario una presunción de credibilidad

y certeza de que lo afirmado es cierto y correcto, y que

concuerda con la realidad.4 La fe pública notarial es la

espina

dorsal

de

todo

el

esquema

de

autenticidad

notarial, por lo que quebrantarla conlleva la imposición

de una severa medida disciplinaria.5 Por ello, cuando el

notario no cumple con los deberes que le impone la ley y

2

Íd.; In re Ayala Oquendo, 185 DPR 572, 580 (2012); In re Martínez

Almodóvar, 180 DPR 805, 815 (2011).

3

In re Toro Imbernón, supra, pág. 505; In re Feliciano Ruiz, 117 DPR

269, 275 (1986).

4

5

In re Toro Imbernón, supra.

Íd.; In re Martínez Sotomayor, 189 DPR 492, 500 (2013); In re

Collazo Sánchez, 159 DPR 769, 774 (2003).

AB-2016-0166

7

el ordenamiento ético, incurre en una falta que conlleva

consecuencias disciplinarias.6

En cuanto a la obligación del notario de dar fe

sobre la capacidad de los otorgantes, el Art. 15(e) de la

Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2033(e), indica

que la escritura pública debe contener “la fe expresa del

notario

[...]

de

que

a

su

juicio

éstos

tienen

la

capacidad legal necesaria para otorgar el acto o contrato

de que se trata”. Así, en el descargo de su encomienda,

el notario tiene el deber de calificar la capacidad de

las

partes.7

“La

calificación

de

la

capacidad

viene

impuesta por la naturaleza y la finalidad del instrumento

público:

se

trata

de

un

requisito

que

conceptual

y

lógicamente viene impuesto ab initio para conseguir la

eficacia del documento y del acto documentado”.8

Además,

la

correspondencia

capacidad

lógica

con

de

los

otorgantes

el

consentimiento

guarda

de

los

contratantes, requisito sine qua non de los contratos.9 La

regla

general

es

que

su

existencia

surja

con

la

comparecencia y presencia de la persona ante el notario;

la excepción es el mandato o poder.10 A esos fines, la

profesora Torres Peralta explica lo siguiente:

6

In re Toro Imbernón, supra.

7

In re Martínez Almodóvar, supra, pág. 816.

8

Íd.; In re Feliciano Ruiz, supra, pág. 275.

9

In re Martínez Almodóvar, supra, pág. 817.

10

Íd.; In re Feliciano Ruiz, supra, pág. 276.

AB-2016-0166

8

Es indispensable dar fe de la capacidad

legal de los otorgantes, como requisito para

proceder al otorgamiento y autorización de un

instrumento público. La Ley requiere que el

Notario haga constar en la escritura que, a su

juicio, los otorgantes tienen la capacidad

legal

necesaria

para

el

otorgamiento

del

instrumento. Tal aseveración ha de estar basada

en un juicio informado y sabio, no en un acto

caprichoso e infundado de parte del Notario.

La aseveración que a ese efecto se haga en

la escritura pública estará basada en los

dichos de cada uno de los otorgantes. El

Notario, no obstante, tomará en cuenta el

conocimiento que tiene cada otorgante, así como

su capacidad de observación y de su percepción

personal y si necesario, la investigación que

debe efectuarse en las circunstancias. Este

requisito se extiende, de igual manera, al

compareciente representante en una escritura

pública en que dicho otorgante comparezca como

mandatario, agente, apoderado o comisionista y

en toda otra capacidad representativa. (Énfasis

suplido).11

En

Feliciano

v.

Ross,

165

DPR

649,

658

(2005),

expresamos que “[e]s deber del notario que autoriza el

otorgamiento

de

una

averiguaciones

mínimas

escritura

que

[...]

requieren

las

hacer

normas

las

de

la

profesión”. En ese sentido, indicamos en In re Davidson

Lampón, 159 DPR 448, 461 (2003), que debido a que “la

función

del

notario

trasciende

la

de

un

autómata

legalizador de firmas y penetra al campo de la legalidad

de la transacción que ante él se concreta”, al autorizar

una escritura el notario debe: (1) indagar la voluntad de

los

otorgantes;

(2)

formular

la

voluntad

indagada;

(3) investigar ciertos hechos y datos de los que depende

11

S. Torres Peralta, El Derecho Notarial

especial, San Juan, Pubs. STP, 1995, Sec. 8.27.

Puertorriqueño,

ed.

AB-2016-0166

9

la eficacia o validez del negocio, y (4) darles a los

otorgantes las informaciones, aclaraciones y advertencias

necesarias para que comprendan el sentido, así como los

efectos y consecuencias del negocio, y se den cuenta de

los

riesgos

que

corren

en

celebrarlo.

(Énfasis

suprimido).12

B.

El Código de Ética Profesional

El Código de Ética Profesional establece las normas

mínimas de conducta que debe exhibir todo miembro de la

abogacía.13 Así, pues, el Canon 9 del Código de Ética

Profesional, 4 LPRA AP. IX, dispone que todo abogado debe

“observar para con los tribunales una conducta que se

caracterice por el mayor respeto”. Ante una violación a

este

canon,

“procede

suspender

inmediata

e

indefinidamente de la práctica de la abogacía en nuestra

jurisdicción a cualquier miembro de la profesión legal

que

opta

por

ignorar

nuestras

órdenes

y

muestra

indiferencia ante nuestros apercibimientos de sanciones

disciplinarias”.14 Asimismo, este Tribunal interpretó que

el Canon 9 se extiende tanto a los requerimientos de este

Tribunal como a los de la ODIN.15

12

In re Martínez Almodóvar, supra, págs. 817-818. Sobre la obligación

del notario de investigar los antecedentes registrales del negocio

jurídico que autoriza, véanse: In re Ramos Meléndez y Cabiya Ortiz,

120 DPR 796, 801-802 (1988); Chévere v. Cátala, 115 DPR 432, 442–444

(1984).

13

In re González Acevedo, 2017 TSPR 25, 197 DPR ___ (2017).

14

Íd.; In re Colón Collazo, 2016 TSPR 184, 196 DPR ____ (2016); In re

Colón Cordovés, 195 DPR 543, 547 (2016).

15

In re González Acevedo, supra; In re Colón Collazo, supra; In re

Ezratty Samo, et al., 2016 TSPR 19, 194 DPR ____ (2016).

AB-2016-0166

10

Por otra parte, el

Canon

18 del

Código de Ética

Profesional, supra, establece el deber de diligencia y

competencia con el que debe obrar todo profesional del

Derecho. En lo que nos concierne, hemos interpretado que

este canon tiene una “modalidad distinta cuando se trata

de la función notarial”.16 Debido a la naturaleza de las

funciones

del

notario

y

pública,

éste

tiene

un

la

delegación

deber

mayor

de

de

impartir

fe

diligencia

y

competencia.17 Es por ello que, “un notario que desconoce

las

normas

profesión

jurídicas

vulnera

la

relativas

naturaleza

al

ejercicio

misma

del

de

su

notariado

e

incurre en una violación a las normas éticas de nuestra

jurisdicción”.18

El Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra,

le impone a la clase togada del país el deber de proceder

con integridad, sinceridad y honradez frente a todos y en

cualquier escenario.19 Este deber obliga a los abogados

ante

los

tribunales,

con

sus

representados,

con

las

partes adversas y hasta en las relaciones profesionales

con

sus

compañeros.20

Cónsono

con

lo

anterior,

para

16

In re González Acevedo, supra; In re Portela Martínez, 191 DPR 84,

90 (2014).

17

In re González Acevedo, supra; In re Portela Martínez, supra; In re

Colón Ramery, 138 DPR 793, 799 (1995).

18

In re González Acevedo, supra; In re Portela Martínez, supra; In re

Vargas Velázquez, 190 DPR 730, 735 (2014).

19

In re Ramírez Salcedo, 2016 TSPR 174, 196 DPR ___ (2016); In re

Reyes Coreano, 190 DPR 739, 756 (2014). Véanse, además: In re Sierra

Arce, 192 DPR 140, 147 (2014); In re Astacio Caraballo, 149 DPR 790,

797 (1999).

20

In re Ramírez Salcedo, supra; In re Astacio Caraballo, supra.

AB-2016-0166

11

infringir el Canon 35 “[l]o fundamental es que se falte

[objetivamente] a los valores de honradez y veracidad,

pilares de la profesión legal”.21 Por consiguiente, no es

defensa no haber procedido deliberadamente, de mala fe,

con la intención de engañar o defraudar, así como tampoco

que no se le haya causado perjuicio a un tercero.22

Es meritorio puntualizar que a todo abogado le está

vedado proveer a los foros judiciales información falsa,

inconsistente con la verdad, así como ocultar información

cierta que deba ser revelada.23 No es sincero ni honrado

inducir a error al tribunal empleando artificios o una

relación falsa de hechos o Derecho.24 Cuando un abogado le

miente

a

un

tribunal

bajo

juramento

para

promover

su

causa, falta a su deber de actuar con integridad.25 “La

mentira degrada el carácter y envilece el espíritu y es

antítesis de la conducta recta y honorable que el Código

de Ética Profesional exige de todo abogado. La palabra de

éste debe en todo momento ser tan buena y tan leal como

la del propio magistrado, porque tanto el juez como el

21

In re Ramírez Salcedo, supra; In re Reyes Coreano, supra.

22

In re Ramírez Salcedo, supra; In re Reyes Coreano, supra; In re

Nieves Nieves, 181 DPR 25, 41-42 (2011); In re Astacio Caraballo,

supra, pág. 799.

23

In re Ramírez Salcedo, supra; In re Astacio Caraballo, supra, pág.

798.

24

25

In re Ramírez Salcedo, supra.

In re Ramírez Salcedo, supra; In re Padilla Rodríguez, 145 DPR 536,

538 (1998); In re Currás Ortiz, 141 DPR 399, 402 (1996).

AB-2016-0166

12

abogado son partícipes en una función excelsa que jamás

debe ser lastimada por la falsedad”.26

De igual modo, a la luz de este precepto ético un

abogado no puede suscribir hechos inconsistentes con la

realidad.27 Todo jurista ostenta la obligación ineludible

de asegurarse que los datos consignados en cada documento

que

firma

o

redacta

son

veraces.28

La

verdad

es

el

principio sobre el cual se erige la confianza ciudadana

en la profesión legal y en las instituciones de justicia,

por lo que independientemente de si el abogado actúa en

su función profesional o personal, su falta de sinceridad

es absolutamente injustificable.29

Como es sabido, la profesión de la abogacía y la

notaría son ejes importantes en el ejercicio encomiable

de impartir y adelantar la justicia en nuestra sociedad.30

Por

ello,

ponderar

se

requiere

si

las

responsabilidades

una

continua

actuaciones

que

acarrea

introspección

para

son

cónsonas

las

ser

un

con

servidor

de

la

justicia.31 En vista de ello, el Canon 38 del Código de

Ética

Profesional,

supra,

dispone

que

“[e]l

abogado

26

In re Ramírez Salcedo, supra; In re Ramos y Ferrer, 115 DPR 409,

412 (1984).

27

In re Ramírez Salcedo, supra; In re Rodríguez Gerena, 194 DPR 917,

923 (2016); In re Belk, Serapión, 148 DPR 685, 691 (1999).

28

In re Ramírez Salcedo, supra; In re Martínez, Odell II, 148 DPR 49,

54 (1999); In re Belk, Serapión, supra.

29

In re Ramírez Salcedo, supra.

30

In re González Acevedo, supra.

31

Íd.; In re Fingerhut Mandry, 2016 TSPR 3, 196 DPR ____ (2016).

AB-2016-0166

deberá

13

esforzarse,

al

máximo

de

su

capacidad,

en

la

exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque

el

así

evitar

hacerlo

hasta

conlleve

la

sacrificios

apariencia

de

personales

conducta

y

debe

profesional

impropia”. El precitado canon traza un deber para con la

colectividad, pues, “cada abogado es un espejo en [el]

que se refleja la profesión”.32

III

En este caso, el señor Rosario Sánchez señaló que

tanto él como su esposa no prestaron su consentimiento

para el otorgamiento de la escritura número 58 mediante

la cual supuestamente le conferían a la señora Webb el

poder para representarlos en una compraventa. A su vez,

indicó que el poder conferido a la señora Webb no la

autorizaba

a

enajenar

la

propiedad

objeto

de

la

compraventa. Finalmente, adujo que la escritura número 58

contiene información errónea, pues dispone que el señor

Rosario Sánchez había vendido previamente el mencionado

inmueble.

De los documentos que obran en el expediente surge

que, en efecto, la información sobre los antecedentes del

negocio

número

jurídico

58,

encuentra

efectuado

otorgada

por

incompleta

y

el

contenida

licenciado

alude

a

en

la

Pagán

datos

escritura

Díaz,

se

incorrectos.

Específicamente, en el referido instrumento público no se

32

In re González Acevedo, supra; In re Coll Pujols, 102 DPR 313, 319

(1974).

AB-2016-0166

menciona

número

el

15,

14

negocio

en

la

jurídico

cual

el

recogido

señor

en

Rosario

la

escritura

Sánchez

y

su

esposa, representados por la señora Webb, les vendieron a

los esposos García-Colón la propiedad en cuestión, sino

que

afirmaba

erróneamente

que

la

titularidad

de

los

esposos García-Colón surgía de la escritura número 81.

Además, el abogado dio fe de que la propiedad estaba

gravada mediante una hipoteca a favor de Doral Mortgage

LLC,

constituida

el

21

de

septiembre

de

2011

por

$254,583.33, sin hacer referencia a la hipoteca inscrita

a

favor

de

Oriental

Bank

and

Trust

por

$211,100,

constituida mediante la escritura número 114 del 20 de

marzo de 2003 e inscrita en el Registro de la Propiedad

el

3

de

junio

de

2003,

hipoteca

que

no

había

sido

cancelada hasta la última certificación registral emitida

en septiembre de 2016.

Así pues, el licenciado Pagán Díaz, como parte de su

función notarial, debía conocer la situación y condición

registral

de

la

finca

antes

de

otorgar

la

escritura

número 58 de compraventa, así como advertirles sobre esa

situación a las partes. El abogado no podía descansar en

las

manifestaciones

del

señor

Rosario

Sánchez

o

de

cualquier otra parte sobre la situación registral de la

propiedad.

Además,

cabe

destacar

que

los

compradores

estaban adquiriendo una propiedad de unos vendedores que

no eran los dueños registrales de la misma al momento de

otorgarse dicha escritura, y que estaba gravada con una

AB-2016-0166

15

hipoteca que no se mencionó en el instrumento público.

Sin embargo, no surge de la escritura ninguna advertencia

específica al respecto. Consecuentemente, las mencionadas

actuaciones del licenciado Pagán Díaz infringen los Arts.

2 y 15 de la Ley Notarial de Puerto Rico y los Cánones 18

y 38 del Código de Ética Profesional.

Por

otra

especificó

que

parte,

la

en

señora

la

escritura

número

58

se

Webb

había

comparecido

a

la

misma en representación del señor Rosario Sánchez y su

esposa,

en

virtud

del

poder

protocolizado

mediante

la

escritura número 57. Sin embargo, del contenido de la

escritura número 57 no surge que dentro de las facultades

conferidas a la señora Webb se encontrara el enajenar o

consentir a la enajenación de la propiedad mencionada.

Debido a que el notario acreditó falsa o incorrectamente

en

la

escritura

número

58

que

la

señora

Webb

estaba

facultada mediante la escritura número 57 a representar

al señor Rosario Sánchez y a su esposa en la compraventa,

éste infringió el Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto

Rico, así como los Cánones 18, 35 y 38 del Código de

Ética Profesional.

Finalmente,

escritura

número

destacamos

58

el

el

hecho

licenciado

de

Pagán

que

Díaz

en

la

hizo

referencia a un estudio de título que nunca presentó en

este procedimiento disciplinario, a pesar de habérsele

requerido por la ODIN. El abogado tampoco justificó su

incumplimiento ante la ODIN y no fue hasta que presentó

AB-2016-0166

16

su contestación ante la Procuradora General que indicó

que su incumplimiento se debió a que no contaba con dicho

estudio de título en su expediente. Esa conducta, en sí

misma, constituye un incumplimiento con el Canon 9 del

Código de Ética Profesional.

IV

Por

los

suspensión

fundamentos

inmediata

del

expuestos,

ejercicio

de

decretamos

la

la

del

notaría

licenciado Pagán Díaz por el término de 3 meses.

Se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar

inmediatamente la obra y el sello notarial del licenciado

Pagán Díaz y entregarlos al Director de la Oficina de

Inspección

de

Notarías

e

informe.

investigación

para

la

correspondiente

Consecuentemente,

la

fianza

notarial queda automáticamente cancelada. La fianza se

considerará

buena

terminación

en

licenciado

Santos

y

válida

cuanto

Ortiz

a

por

los

3

actos

durante

el

años

después

de

su

realizados

por

el

periodo

que

la

en

misma estuvo vigente.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

AB-2016-0166

Eric M. Pagán Díaz

(TS-11,471)

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2017.

Por los fundamentos expuestos, decretamos la

suspensión inmediata del ejercicio de la notaría del

licenciado Pagán Díaz por el término de 3 meses.

Se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar

inmediatamente la obra y el sello notarial del

licenciado Pagán Díaz y entregarlos al Director de la

Oficina

de

Inspección

de

Notarías

para

la

correspondiente

investigación

e

informe.

Consecuentemente,

la

fianza

notarial

queda

automáticamente cancelada. La fianza se considerará

buena y válida por 3 años después de su terminación en

cuanto a los actos realizados por el licenciado Santos

Ortiz durante el periodo en que la misma estuvo

vigente.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam

y Sentencia.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado

señor Estrella Martínez, no intervino.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo