Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: José A. Feliciano Rodríguez
2017 TSPR 109
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: José A. Feliciano Rodríguez
CP-2015-15
Conducta profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y notaría por quebrantar los Cánones 9, 12, 15, 18, 20, 29, 35 y 38 de Ética Profesional
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2017 TSPR 109
José A. Feliciano Rodríguez
(TS-3,317)
198 DPR ____
Número del Caso: CP-2015-15
Fecha:
12 de junio de 2017
Abogada del querellado:
Lcda. Migdalia Torres Díaz
Oficina del Procurador General:
Lcda. Karla Pacheco Álvarez
Subprocuradora General
Lcda. Minnie H. Rodríguez López
Procuradora General Auxiliar
Comisionada Especial:
Hon. Crisanta González Seda
Materia:
La suspensión será efectiva el 19 de junio de 2017, fecha
en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Conducta
Profesional
José A. Feliciano Rodríguez
CP-2015-15
(TS-3,317)
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, 12 de junio de 2017.
Una
vez
más
nos
vemos
en
la
obligación
de
suspender inmediata e indefinidamente al Lcdo. José
Feliciano Rodríguez del ejercicio de la abogacía y la
notaría por incumplir con los postulados éticos que,
como
mínimo,
profesión.
debe
cumplir
En
esta
todo
miembro
ocasión
de
la
intervenimos
disciplinariamente con éste por infringir los Cánones
9, 12, 15, 18, 20, 29, 35 y 38 del Código de Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Veamos.
I
El
Lcdo.
José
Feliciano
Rodríguez
(licenciado
Feliciano Rodríguez o el querellado) fue admitido al
ejercicio de la abogacía el 9 de enero de 1970 y a la
CP-2015-15
2
práctica de la notaría el 11 de febrero del mismo año. El 17
de
agosto
de
(querellante)
2012,
la
presentó
una
Sra.
Allison
queja
Cuevas
contra
el
Peguero
licenciado
Feliciano Rodríguez. La queja surgió como consecuencia de un
proceso
judicial
querellado
se
de
relaciones
desempeñaba
como
de
familia
en
representante
que
el
legal
del
Sr. Ostris Anthony Pared Espinal (señor Pared Espinal), quien
había instado el referido pleito contra la querellante.1 En
síntesis, esta última cuestionó la forma en que el querellado
se condujo a través del proceso judicial.
En
vista
de
ello,
es
importante
exponer
varios
incidentes procesales ocurridos en aquel momento.
Surge del expediente que, mientras se llevaba a cabo el
proceso
judicial
de
relaciones
de
familia,
el
querellado
presentó una moción en la cual solicitó la descalificación de
la Lcda. Wendy Lind Casado (licenciada Lind), representante
legal de la querellante. En ella adujo que la licenciada Lind
y
la
querellante
conspiraron
para
secuestrar
a
la
menor
habida entre ambas partes y, con ello, extorsionar al señor
Pared Espinal.2 Además, alegó que éstas desarrollaron un plan
para producirle el Síndrome de Estocolmo a la menor; que
habían cometido graves faltas y delitos; que manipularon el
caso
con
funcionarios
de
los
tribunales;
que
estaban
utilizando el proceso judicial para presionar al señor Pared
Espinal; además de realizar otras imputaciones personales en
contra
1
de
la
querellante
y
su
abogada.
Ante
estos
Véase Osiris Anthony Pared Espinal v. Allison M. Cuevas Peguero, Civil
Núm. FAL2012-0171.
2
Moción Reiterando Solicitud Ordenar Inhibición de Abogada, Suplementado
sobre Desacatos y Otros, Anejo I, pág. 13. Esta moción se acompañó con
una declaración jurada emitida por el señor Pared Espinal en la que
indicó haberla leído y estar de acuerdo con la misma por constarle de
propio conocimiento las alegaciones, así como una expresión relevando al
licenciado Feliciano Rodríguez de cualquier responsabilidad por los
hechos allí expuestos. Véase Juramento, Anejo II, pág. 18.
CP-2015-15
3
señalamientos, la licenciada Lind solicitó la descalificación
del licenciado Feliciano Rodríguez por haberla atacado al
levantar falsas alegaciones en su contra.3
Luego de sometidas ambas solicitudes de descalificación,
el querellado citó a la licenciada Lind para realizarle una
deposición. Ésta se opuso y solicitó una orden protectora al
tribunal
en
licenciado
Tribunal
que
la
impidiera.
Subsiguientemente,
Feliciano
Rodríguez
presentó
Primera
Instancia
en
de
la
otra
cual
el
moción
al
peticionó
la
descalificación de la licenciada Lind. Se fundamentó en que
el Canon 22 del Código de Ética Profesional prohibía que un
abogado en un caso actuara como testigo de una de las partes.
Consecuentemente, el foro primario señaló una vista para
discutir
las
suspendida
la
solicitudes
vista
en
de
descalificación.
varias
ocasiones
a
Tras
ser
petición
del
licenciado Feliciano Rodríguez, éste solicitó ser relevado de
la
representación
“diferencias
legal
del
irreconciliables
señor
e
Pared
Espinal
insalvables”.4
De
por
hecho,
llegado el día en que debía celebrarse la vista para atender
las solicitudes de descalificación, el querellado se ausentó
sin que el tribunal hubiera atendido la moción de renuncia a
la representación legal. Ante este hecho, el Tribunal de
Primera
Instancia
declaró
no
ha
lugar
a
la
solicitud
de
renuncia de representación legal, pautó la vista para otra
fecha
y
ordenó
la
comparecencia
del
querellado
al
nuevo
señalamiento. Este último volvió a ausentarse. Así las cosas,
el
3
foro
primario
declaró
no
ha
lugar
la
moción
de
Véase Solicitud de Descalificación de Abogado de la Parte Demandante
Lcdo. José Feliciano Rodríguez RUA #3317, Anejo I, pág. 31.
4
Véase Informe de la Procuradora General, Anejo I, pág. 4. Según el
Informe de la Procuradora General, en el pasado el querellado había
solicitado la renuncia en otro proceso “tras alegar que „por razones
personales, su cliente no había podido cooperar de manera adecuada con el
abogado”. Íd.
CP-2015-15
4
descalificación que presentó el querellado y ha lugar la
solicitud de descalificación que presentó la licencia Lind.5
A pesar de lo anterior, posteriormente el querellado
acudió al Tribunal de Apelaciones en representación del señor
Pared Espinal.6 Ello, con el objetivo de que se revocaran
varias determinaciones que realizó el foro primario en varias
fechas. Empero, recurrió fuera del término correspondiente y
sin incluir el apéndice del recurso, por lo que el foro
apelativo lo desestimó.
Una vez sometida la queja ante nuestra consideración, el
21
de
octubre
de
2012
el
querellado
solicitó
su
desestimación.7 Arguyó que la queja era ilegible, estaba en
manuscrito y se trataba de una represalia de parte de la
querellante
y
su
abogada
por
haber
solicitado
la
descalificación de esta última. Atribuyó la presentación de
la queja en su contra, de igual manera, a que poco tiempo
antes el señor Pared Espinal había presentado una queja en
contra de la licenciada Lind ante este Tribunal. Asimismo,
aunque no presentó prueba sobre ello, cuestionó la salud
mental de la querellante.
El
25
de
enero
desestimación
y
contestar
queja.
la
de
2013
concedimos
En
denegamos
diez
su
días
la
al
solicitud
querellado
contestación,
el
de
para
licenciado
Feliciano Rodríguez, en síntesis, alegó que no realizó las
expresiones
5
que
le
imputó
la
querellante
y
negó
las
Entre sus conclusiones, el Tribunal de Primera Instancia señaló que la
conducta del querellado estaba en contravención con varios postulados del
Código de Ética Profesional. Véase Resolución en el Informe de la
Procuradora General, págs. 38-51.
6
Véase Osiris Anthony Pared v. Allison Cuevas Peguero, Caso Núm.
KLAN20122076.
7
Véase Solicitando desestimación de la querella por no cumplir con las
reglas y descalificación de la querella por motivos de salud, Anejo VI,
pág. 52.
CP-2015-15
5
alegaciones en
su contra.8 Además, reiteró los argumentos
esbozados en su moción de desestimación y adujo haber actuado
diligentemente.
Así, pues, procedimos a remitir el asunto a la Oficina
de la Procuradora General para que sometiera un informe sobre
los
hallazgos
de
su
investigación.
En
su
informe
la
Procuradora General describió las alegaciones del querellado
como “reprochables, impropias e imprudentes”.9 Sostuvo que
incumplir con las órdenes del tribunal al no comparecer a las
vistas y abandonar el caso sin estar autorizado a renunciar a
la representación legal era contrario a las normas éticas que
debe cumplir un abogado. Como consecuencia, concluyó que el
querellado infringió los Cánones 9, 12, 15, 18, 20, 29, 35 y
38 del Código de Ética Profesional, supra.
El
7
de
mayo
de
2014
el
querellado
presentó
su
contestación al informe. Arguyó que no existía prueba clara,
robusta y convincente de que incurrió en violaciones éticas y
que
[e]n los casos de relaciones de familia suele
generarse un inmenso antagonismo entre las partes.
Y que según queda demostrado, el Sr. Pared y la
Sra. Cuevas han recurrido a una forma indecorosa
de hacer alegaciones. [sic] Utilizando lenguaje
inapropiado y ofensivo.
Es
menester
señalar,
que
las
expresiones
difundidas
en
los
escritos
que
señala
la
Procuradora, fueron manifiestos de coraje y
animosidad producida por estas circunstancias en
las mociones presentadas por el Sr. Pared, luego
de que estas fueran firmadas por el suscribiente.
Es decir, el suscribiente [n]o fue quien hizo esas
expresiones. Ni en contra de la Sra. Cuevas, ni la
Lcda. Lind.10
8
Véase Contestación a la Querella, Anejo VIII, pág. 58.
Véase Informe de la Procuradora General, Anejo I, pág. 9.
10
Escrito complementario al escrito en oposición a la queja presentad[a]
de 7 de mayo de 2014, págs. 2-4. (Énfasis suplido y original).
9
CP-2015-15
Luego
6
de
los
trámites
de
rigor,
que
incluyeron
la
presentación de la querella correspondiente por la Oficina de
la
General,11
Procuradora
así
como
la
contestación
del
licenciado Feliciano Rodríguez, nombramos a la Hon. Crisanta
González Seda, Ex Jueza del Tribunal de Primera Instancia,
para que en calidad de Comisionada Especial recibiera la
prueba y nos rindiera un informe con las determinaciones de
hechos
y
las
recomendaciones
que
estimara
pertinentes.
Celebradas varias vistas por la Comisionada Especial, el 24
de noviembre de 2016 rindió su informe. En éste coincidió con
las determinaciones y conclusiones de la Procuradora General.
Particularmente, expuso que era el cliente quien redactaba
los
escritos;
y
que
correcciones,
ni
incorporaban
antes
alegaciones
hechas
solicitar
su
el
querellado
verificaba
de
en
no
si
siempre
las
firmarlos.
les
hacía
correcciones
se
Determinó
que
las
licenciada
Lind
al
apoyadas
por
contra
de
la
descalificación
no
estuvieron
prueba alguna. Sostuvo, también, que el querellado no mostró
arrepentimiento por su conducta.
Así las cosas, el caso quedó sometido en sus méritos
para
la
fáctico
adjudicación
que
por
antecede,
esta
Curia.
procedemos
a
Examinado
exponer
el
el
marco
derecho
aplicable.
II
Sabido es que el Código de Ética Profesional, supra,
establece las normas de conducta éticas que como mínimo debe
cumplir todo miembro de la clase togada. Por ello, la meta de
cada abogado deber ser conducirse a un nivel superior al
11
La Oficina de la Procuradora General presentó ocho cargos en contra del
licenciado Feliciano Rodríguez en los que señaló violaciones a los
preceptos éticos que había imputado inicialmente en su informe, a saber,
el Canon 9, 12, 15, 18, 20, 29, 35 y 38 del Código de Ética Profesional,
supra. Véase Querella, págs. 2-4.
CP-2015-15
7
estándar mínimo que establecen los referidos cánones.12 Sus
actuaciones deben ser cónsonas con la realidad de que “son
funcionarios
del
Tribunal
y
ministros
justicia
y,
como
tales,
[…]
mantener
un
orden
jurídico
deben
ordenados
estar
íntegro
y
de
la
encaminadas
a
eficaz,
orientado
esencialmente por los principios de vida democrática y de
respeto
a
la
inviolable
dignidad
del
ser
humano”.13
Es
indispensable que los abogados estén conscientes de que “[e]l
ejercicio diligente, responsable y competente de la profesión
de la abogacía figura como un supuesto fundamental en el
quehacer de los profesionales del Derecho”.14
A. Deberes del abogado hacia los tribunales
El
Canon
9
del
Código
de
Ética
Profesional,
supra,
establece que
[e]l abogado debe observar para con los tribunales
una conducta que se caracterice por el mayor
respeto. Ello incluye la obligación de desalentar
y evitar ataques injustificados o atentados
ilícitos contra los jueces o contra el buen orden
en la administración de la justicia en los
tribunales. En casos donde ocurrieren tales
ataques o atentados, el abogado debe intervenir
para tratar de restablecer el orden y la buena
marcha de los procedimientos judiciales.
El
deber
impuesto
por
este
canon,
el
cual
está
directamente relacionado con la obligación de todo abogado de
propiciar la buena administración de la justicia, exige el
cumplimiento diligente de las obligaciones asumidas y las
órdenes
de
los
foros
judiciales.15
Precisamente,
hemos
reconocido que “el menosprecio que demuestra un abogado que
desatiende las órdenes o requerimientos oficiales trastoca y
afecta nuestra función reguladora de la profesión legal en
12
In re Lucas Irisarri Castro, 172 DPR 193, 209-210 (2007).
Íd., pág. 210.
14
In re Montalvo Delgado, 2016 TSPR 223, pág. 8, 196 DPR ___ (2016).
15
In re Rodríguez García, 2017 TSPR 33, pág. 9, 197 DPR ___ (2017).
13
CP-2015-15
8
Puerto Rico”, por lo que quebranta el canon precitado.16 En
In re Rodríguez García, supra, hicimos ciertas expresiones
sobre la norma ética contenida en el Canon 9 las cuales
resulta oportuno exponer in extenso a continuación:
En
las
innumerables
ocasiones
que
hemos
interpretado esta parte del Canon 9 del Código de
Ética Profesional, supra, hemos reconocido que la
falta de respeto que allí se sanciona es la que
menosprecia la autoridad de los tribunales, ya sea
porque un abogado se dirigió de forma soez,
indecorosa o vulgar, desacató las
[ó]rdenes
emitidas
por
los
foros
judiciales
o
sus
dependencias, no notificó cambios en su dirección
postal o física, realizó imputaciones o ataques
infundados a un juez, cuestionó maliciosamente la
dignidad, honestidad y ecuanimidad de los miembros
de
la
judicatura,
propició
un
trato
discriminatorio e incurrió en incomparecencias
injustificadas, entre otras. Véase In re Crespo
Enríquez, supra; In re Irizarry Irizarry, 190 DPR
368 (2014); In re Betancourt Medina, 183 DPR 821
(2011); In re Nieves Nieves, 181 DPR 25 (2011); In
re Valcárcel Mulero I, 142 DPR 41 (1997). En un
sentido más específico, el deber de respeto que
surge del Canon 9 del Código de Ética Profesional,
supra[,]
se
manifiesta
en
dos
vertientes
específicas: el mandato de respetar las órdenes y
directrices emitidas por los tribunales (respeto a
la autoridad judicial) y la obligación de respetar
a los jueces, empleados y funcionarios del
tribunal en sus comparecencias e interacciones con
estos (respeto de carácter cívico). S. Steidel
Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria
del abogado, San Juan, Pubs JTS, 2010, pág. 312.17
Incumplir con la obligación impuesta por el Canon 9 del
Código
de
Ética
Profesional,
supra,
amerita
sanciones
disciplinarias que podrían incluir la suspensión indefinida
del ejercicio de la profesión de la abogacía.18
Cónsono con lo anterior, el Canon 12 del Código de Ética
Profesional, supra, impone a los miembros de la profesión el
deber de “ser puntual[es] en su asistencia y conciso[s] y
exacto[s] en el trámite y presentación de las causas”. Esto
conlleva “el desplegar todas las diligencias necesarias para
16
In re Colón Collazo, 2016 TSPR 184, pág. 5, 196 DPR ___ (2016).
(Énfasis suplido).
18
In re Montalvo Delgado, supra, pág. 10.
17
CP-2015-15
asegurar
9
que
no
se
causen
indebidas
dilaciones
en
su
tramitación y solución”.19 El incumplimiento continuo con lo
antes
mencionado
demuestra
el
desconocimiento
de
los
principios éticos más básicos que exigen el mayor respeto
hacia los juzgadores.20
Cabe destacar que reiteradamente hemos reconocido que
"[l]a obligación establecida por el Canon 12 ha de cumplirla
el abogado en todas las etapas de un litigio, y comprende el
acatar fielmente las órdenes del Tribunal”.21 Por ello, “la
incomparecencia injustificada a las vistas señaladas por el
tribunal, así como las actuaciones y omisiones que coloquen
en
riesgo
la
infracciones
causa
de
acción
patentes”
al
Canon
de
los
clientes,
son
12
del
Código
de
Ética
15
del
Código
de
Ética
Profesional, supra.22
Por
otro
lado,
el
Canon
Profesional, supra, establece la conducta que debe observar
la clase togada respecto a los testigos y los litigantes. En
lo pertinente, el canon precitado dispone lo siguiente:
Un abogado debe tratar a los testigos y
litigantes
adversarios
con
respeto
y
consideración. No debe actuar inspirado por la
animosidad ni por los prejuicios de su cliente ni
debe permitir que éste dirija el caso ni que se
convierta en el dueño de la conciencia del
abogado.
Será impropio utilizar los procedimientos
legales en forma irrazonable o con el fin de
hostigar la parte contraria.23
En
In
re
Lucas
Irisarri
Castro,
supra,
pág.
210,
manifestamos que si bien es cierto que el abogado tiene la
obligación
19
de
defender
la
causa
del
cliente
que
le
fue
Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra.
In re Montalvo Delgado, supra.
21
In re Pagán Torres, 194 DPR 925, 929 (2016).
22
In re Nazario Díaz, 195 DPR 623, 635 (2016), haciendo referencia a In
re Valentín Custodio, 187 DPR 529, 543 (2012).
23
Canon 15 del Código de Ética Profesional, supra.
20
CP-2015-15
10
encomendada con gran vigor, energía y vehemencia, ello no
implica que éste pueda ser poco respetuoso o prudente. Es
decir,
los
abogados
como
“actores
principales
en
la
litigación, deben ejercer, al máximo de sus facultades, el
deber de cortesía, respeto y consideración que les impone el
Canon”.24
mencionado
Para
que
pueda
darse
un
ambiente
de
respeto y consideración como exige el Canon 15, supra, “[e]l
abogado debe evitar, en todo momento, que sus expresiones
puedan ser interpretadas, por los demás participantes del
proceso judicial, como que está poniendo en tela de juicio su
honradez, moral y honestidad”.25 “Éstos tienen que evitar el
uso
del
lenguaje
imputaciones
falsas
en
y
forma
grosera
desprovistas
o
para
reflejar
de
una
razonable
presunción de corrección”.26
B. Deberes del abogado hacia los clientes
El Código de Ética Profesional, supra, establece que la
relación entre el abogado y su cliente
debe fundamentarse en la absoluta confianza. Sujeto
a las exigencias que surgen de las obligaciones del
abogado para con la sociedad, las leyes y los
tribunales, todo miembro del foro legal le debe a
sus clientes un trato profesional caracterizado por
la mayor capacidad, la más devota lealtad y la más
completa honradez. El abogado debe poner todo su
empeño en llevar a cabo en esa forma su gestión
profesional, y no debe dejar de cumplir con su
deber por temor a perder el favor judicial o por
miedo a perder la estimación popular.27
A la luz de estos principios, el Canon 18 impone al
abogado
la
obligación
de
rendir
una
labor
idónea
de
competencia y diligencia; labor incompatible con la desidia,
la despreocupación y la displicencia de los asuntos que se le
24
In re Lucas Irisarri Castro, supra, pág. 210.
Íd.
26
In re Vélez Lugo, 175 DPR 854, 857 (2009), citando In re Vélez Cardona,
148 D.P.R. 505, 507 (1999).
27
Véase, Parte III
del Código de Ética Profesional, supra (Criterio
general). (Énfasis suplido).
25
CP-2015-15
han
11
encomendado.28
Al
así
hacerlo,
el
Canon
18,
supra,
establece lo siguiente:
Será impropio de un abogado asumir una
representación profesional cuando está consciente
de que no puede rendir una labor idónea competente
y que no puede prepararse adecuadamente sin que
ello apareje gastos o demoras irrazonables a su
cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses
del cliente diligentemente, desplegando en cada
caso su más profundo saber y habilidad y actuando
en aquella forma que la profesión jurídica en
general estima adecuada y responsable.
Este deber de desempeñarse en forma capaz y
diligente no significa que el abogado puede
realizar cualquier acto que sea conveniente con el
propósito de salir triunfante en las causas del
cliente. La misión del abogado no le permite que
en defensa de un cliente viole las leyes del país
o cometa algún engaño. Por consiguiente, al
sostener las causas del cliente, debe actuar
dentro de los límites de la ley, teniendo en
cuenta no sólo la letra de ésta, sino el espíritu
y los propósitos que la informan. No debe tampoco
ceder en el cumplimiento de su deber por temor a
perder el favor judicial ni la estimación popular.
No obstante, un abogado puede asumir cualquier
representación
profesional
si
se
prepara
adecuadamente para ello y no impone gastos ni
demoras irrazonables a su cliente y a la
administración de la justicia.
El deber de diligencia que impone este canon “implica
que
el
[abogado]
realice
las
gestiones
que
le
fueron
encomendadas en momento oportuno, en forma adecuada y sin
dilaciones
que
controversia”.29
abogado
puedan
A
presente
afectar
tenor
la
con
acción
la
pronta
esto,
es
solución
impropio
correspondiente
de
la
que
“el
para
luego
desligarse del trámite del pleito”.30 Ello pondría en peligro
los derechos de su cliente y entorpecería la administración
de la justicia.31
28
In re Maldonado Maldonado, 2017 TSPR 55, pág. 10, 197 DPR ___ (2017);
In re Nazario Díaz, supra, pág. 636; In re Plaud González, 181 DPR 874,
886 (2011).
29
In re Morell Bergantiños, 195 DPR 759, 763 (2016).
30
In re Nazario Díaz, supra, pág. 637.
31
Íd.
CP-2015-15
12
Asimismo, como parte de los deberes del abogado hacia su
cliente, el Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra,
es
diáfano
al
consagrar
que
“cuando
el
abogado
haya
comparecido ante un tribunal en representación de un cliente
no puede ni debe renunciar la representación profesional de
su cliente sin obtener primero el permiso del tribunal y debe
solicitarlo solamente cuando exista una razón justificada e
imprevista
para
ello”.32
Es
decir,
este
precepto
ético
establece que “[l]a renuncia del abogado está sujeta a que
ésta sea autorizada por el foro pertinente y que tome las
medidas razonables para evitar ocasionarle un perjuicio a los
derechos sustantivos de su representado”.33 No hay duda que
un abogado “no queda relevado de su responsabilidad con un
cliente hasta que el tribunal así lo disponga”.34
C. Deberes del abogado hacia los compañeros y la profesión
El Código de Ética Profesional contiene disposiciones
específicas en cuanto a la relación de un abogado con sus
compañeros y la profesión. Conforme establece el Canon 29 del
Código de Ética Profesional, supra,
[l]os clientes, no los abogados, son los
litigantes. Cualquier rencor que exista entre los
clientes no debe afectar la conducta de los
abogados entre sí ni las relaciones hacia el
litigante
contrario.
Debe
evitarse
escrupulosamente toda cuestión personal entre los
abogados. En el trascurso de un juicio es impropio
aludir a la historia personal o peculiaridades
individuales
o
idiosincrasias
del
abogado
adversario. Los coloquios entre abogados que
causan dilaciones y provocan disputas deben
también evitarse.
Será altamente impropio de un abogado hacer
imputaciones falsas que afecten la reputación y el
buen nombre de un compañero. Cuando existan
fundados motivos de quejas graves contra colegas,
32
Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra. (Énfasis suplido).
Íd.; In re Montalvo Delgado, supra, pág. 14.
34
In re Polanco Ortiz, 2016 TSPR 173, pág. 8, 196 DPR ___ (2016), citando
a In re Ortiz Guevara, 2016 TSPR 55.
33
CP-2015-15
13
es el deber del abogado someter sus cargos a las
autoridades competentes, debiendo utilizar para
ello los medios propios que dispone la ley.
Nótese
que
existe
una
“estatura
moral
e
intelectual
inherente al ejercicio de la abogacía [que] impone un debate
jurídico libre de personalismos y posiciones subjetivas que
lo degraden a vulgar diatriba”.35 En vista de ello, en In re
Lucas Irisarri Castro, supra, expresamos que
[s]i en el ardor de las defensas, en determinadas
circunstancias, acaloran los ánimos y provocan
distanciamientos,
ello
no
debe
perdurar;
sobrevenida la calma reflexiva, debe reanudarse sin
demora ese estilo, para mantener la dignidad y
jerarquía
de
la
profesión.
Asimismo,
hemos
manifestado que la defensa del cliente no puede ser
excusa para el irrespeto y menos para lastimar la
dignidad
personal
del
abogado
de
la
parte
contraria. La práctica de la abogacía exige hacia
los tribunales constante respeto. Para reclamar
derechos y solventar controversias no es menester
lastimar la dignidad personal ni institucional de
los miembros de la judicatura, como de ninguna otra
persona.36
Por
su
parte,
el
Canon
35
del
Código
de
Ética
Profesional, supra, resalta los principios de sinceridad y
honradez que deben permear la profesión de la abogacía. Al
así hacerlo dispone que “[l]a conducta de cualquier miembro
de
la
profesión
legal
ante
los
tribunales,
para
con
sus
representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser
sincera y honrada”.37 Seguidamente –como es lógico pensarestablece que “[n]o es sincero ni honrado el utilizar medios
que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al
juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación
de
los
hechos
o
del
derecho”.38
Este
precepto
ético
se
fundamenta en que, como hemos expresado antes, “la verdad es
35
In re Lucas Irisarri Castro, supra, pág. 211.
Íd.
37
Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra.
38
Íd.
36
CP-2015-15
una
14
cualidad
ínsita
e
inseparable
del
ejercicio
de
la
“[n]o
es
abogacía”.39
Al
aplicar
defensa,
por
este
canon,
hemos
consiguiente,
afirmado
no
que
haber
procedido
deliberadamente, de mala fe, con la intención de engañar o
defraudar, como tampoco que no se le haya causado perjuicio a
un tercero”.40 “Todo el entramado de nuestro sistema judicial
se erige sobre la premisa de que los abogados, sobre quienes
recae principalmente la misión de administrar la justicia,
han
de
conducirse
siempre
con
integridad
ante
los
foros
judiciales”.41
Finalmente, el Canon 38 del Código de Ética Profesional,
supra,
establece
la
obligación
de
la
clase
togada
de
“esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del
honor y dignidad de su profesión”. La norma contenida en el
referido
canon
impone
a
apariencia
de
conducta
los
abogados
“evitar
impropia”.42
profesional
hasta
la
La
mera
apariencia de conducta impropia “tiene un efecto dañino sobre
la imagen, la confianza y el respeto de la ciudadanía a la
profesión,
así
como
lo
tiene
la
verdadera
„impropiedad
ética‟”.43 De este modo, junto al compromiso ético y moral
que rige la profesión legal, el Canon 38, supra, exige que la
clase
togada
examine
continuamente
su
proceder.44
Los
miembros de la clase togada deben velar que su conducta sea
39
In re Ramírez Salcedo, 2016 TSPR 174, pág. 22, 196 DPR ___ (2016).
Íd., pág. 24; In re Rodríguez García, supra, pág. 5.
41
In re Irizarry Vega, 176 DPR 241, 245-246 (2009); In re Montañez
Miranda, 157 DPR 275, 284 (2002); In re Currás Ortiz, 141 DPR 399, 402
(1996).
42
Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra.
43
In re Fingerhut Mandry, 2016 TSPR 193, pág. 7, 196 DPR ___ (2016),
citando a In re Toro Iturrino, 190 D.P.R. 582, 591-592 (2014).
44
In re Prado Galarza, 195 DPR 894, 906 (2016), citando a In re Cuyar
Fernández, 163 D.P.R. 113, 117 (2004).
40
CP-2015-15
15
acorde con el puntual sentido de responsabilidad que impone
la función social que ejercen.45
En vista de lo anterior, “los deberes éticos contenidos
en este Canon, además de ser razón suficiente para sancionar
a un abogado, atraviesan la totalidad de nuestro ordenamiento
ético disciplinario”.46 Así, pues, el Canon 38 del Código de
Ética
Profesional,
éticamente
supra,
reprochable,
permite
aun
cuando
“sancionar
conducta
ésta
pudiera
bien
subsumirse en otros cánones”.47
Establecido
determinar
si
el
el
marco
doctrinal
querellado
aplicable,
incurrió
en
las
pasamos
a
violaciones
imputadas.
III
En este caso, la Comisionada Especial concluyó que el
licenciado Feliciano Rodríguez aceptó la representación legal
del señor Pared Espinal cuando tenía conocimiento de que no
podía cumplir cabal y diligentemente con la responsabilidad
profesional asumida. Señaló que ello fue lo que llevó al
querellado a permitir que el cliente preparara los escritos y
suscribirlos sin revisarlos y corregirlos.
El querellado permitió que su cliente dirigiera el caso
y
le
cedió
la
facultad
de
decidir
el
contenido
de
los
escritos que se presentaban al foro judicial. Ello, sin que
el abogado realizara un ejercicio idóneo y responsable de
competencia y diligencia como exige el adecuado desempeño de
la profesión. Como es sabido esto le está prohibido a toda la
clase togada.
45
In re Prado Galarza, supra, pág. 906.
In re Fingerhut Mandry, supra, pág. 7.
47
Íd.
46
CP-2015-15
Un
16
abogado
no
puede
desatender
sus
deberes
bajo
el
pretexto de que su cliente asumió toda la responsabilidad del
contenido de los escritos que se presentan en el tribunal. La
firma de un abogado no es un mero complemento que embellece
el documento. Cuando un abogado lo suscribe garantiza que ha
realizado una evaluación cuidadosa de su contenido y de cada
expresión que se plasmó en él. Ello conlleva un ejercicio
deliberativo indelegable de los abogados.
Por su incumplimiento y descuido el licenciado Feliciano
Rodríguez
incluyó
contra
la
de
expresiones
otra
parte
y
impropias
de
su
e
inadecuadas
abogada.
Esto
tuvo
en
la
consecuencia, a su vez, de que faltara a su deber ineludible
de preservar el honor y la dignidad de la profesión y la
buena
relación
entre
compañeros
mediante
una
actitud
respetuosa, sincera, honrada y de completa cordialidad.
No
podemos
querellado
pasar
admitió
identificarse
con
comparecencias
ante
por
desapercibido
haberse
su
apasionado
cliente.
esta
Curia
Además,
que
las
que
con
el
el
propio
caso
e
reconoció
en
sus
mociones
que
se
presentaron en el Tribunal de Primera Instancia –que habían
sido suscritas por él– contenían alegaciones con “lenguaje
inapropiado y ofensivo” en contra de la querellante y su
representante
legal.48
Aunque
consistía
de
imputaciones
serias que podían afectar la reputación y buen nombre de una
compañera
de
la
profesión,
el
escrito
que
el
querellado
presentó ante el tribunal estuvo ausente de prueba que lo
sustentara.
Como profesional del derecho, el licenciado Feliciano
Rodríguez tenía la obligación de mantenerse dentro de los
48
Véanse: Contestación a querella, pág. 7; Escrito complementario al
escrito en oposición a la queja presentad[a], págs. 2-4.
CP-2015-15
17
parámetros éticos de respeto y mesura que establece el Código
de Ética Profesional, supra. Los rencores existentes entre su
cliente y la querellante no podían afectar la relación que
debía existir entre compañeros abogados. Su obligación era
velar que los asuntos en los que estuviera interviniendo se
llevaran a cabo con el respeto, decoro y solemnidad que exige
la buena administración de la justicia. Así, quedaba impedido
de permitir que su cliente dirigiera el caso y se convirtiera
en dueño de su consciencia.
Tal proceder no está a la altura en que debe conducirse
y
desempeñar
sus
funciones
la
clase
togada.
Mediante
la
conducta antes mencionada el licenciado Feliciano Rodríguez
violó
los
Cánones
15,
18
y
Canon
9
29
del
Código
de
Ética
Código
de
Ética
Profesional, supra.
Con
respecto
Profesional,
al
supra,
contravención a
el
y
12
del
querellado
también
actuó
en
estos postulados. En el proceso civil de
relaciones de familia, el tribunal señaló una vista para el
16 de agosto de 2012 con el fin de atender el asunto de la
descalificación
de
los
abogados.
Esta
fue
trasferida
a
petición del licenciado Feliciano Rodríguez para el 17 de
septiembre de 2012. Ese día el letrado solicitó un término
para consultar un posible acuerdo de transacción, por lo que
se pautó un señalamiento para el 1 de octubre de 2012. Cabe
mencionar que este nuevo señalamiento tuvo la anuencia de
todas
las
partes.
Rodríguez
solicitó
Posteriormente,
su
suspensión
el
licenciado
alegando
Feliciano
conflicto
de
calendario. Días después el licenciado Feliciano Rodríguez
solicitó
autorización
para
renunciar
a
la
representación
legal de su cliente. Ahora bien, sin que tal autorización se
CP-2015-15
18
concediera,
se
ausentó
a
la
vista
que
había
señalado
el
Tribunal de Primera Instancia. En ese momento el tribunal
estableció un nuevo señalamiento para la vista, denegó la
solicitud de renuncia a la representación legal que presentó
el
querellado
y
ordenó
su
comparecencia
al
nuevo
señalamiento. A pesar de lo anterior, el licenciado Feliciano
Rodríguez volvió a ausentarse.
Debemos resaltar que la Comisionada Especial concluyó
que, aunque la defensa del querellado era que presentaba
mociones
para
transferir
evidencia
de
los
las
alegados
vistas,
éste
conflictos
en
nunca
su
proveyó
calendario.
Igualmente, puntualizó que el licenciado Feliciano Rodríguez
se
ausentaba
autorizado
a
las
su
transferirlas.
vistas
sin
que
el
o
hubiera
incomparecencia
tribunal
hubiera
determinado
Violó, pues, los Cánones 9 y 12 del Código de
Ética Profesional, supra.
De
igual
manera,
infringió
los
Cánones
18
y
20
del
Código de Ética Profesional, supra, cuando abandonó a su
cliente
en
las
referidas
vistas
sin
haber
obtenido
autorización del tribunal. Por
su experiencia, y como se
desprende
del
del
lenguaje
claro
referido
precepto,
el
querellado debía conocer que la mera presentación de una
solicitud de relevo de representación legal no lo exoneraba
de
su
obligación
de
comparecer
en
representación
de
su
cliente; debía esperar hasta tanto el tribunal autorizara su
renuncia.
Por
otro
descalificación
lado,
sin
la
presentación
presentar
de
una
prueba
solicitud
alguna
que
de
la
sostuviera, la citación a una toma de deposición a la abogada
de
la
parte
contraria
con
el
objetivo
de
obtener
su
CP-2015-15
19
descalificación del caso a la luz del Canon 22 de Ética
Profesional y con el fin de que se convirtiera en académica
la
vista
en
que
se
iba
a
atender
su
solicitud
de
descalificación, constituye una violación al Canon 35 del
Código
de
querellado
Ética
no
Profesional,
actuó
de
supra.
manera
Con
sincera
su
y
proceder,
honrada
en
el
toda
exposición ante el tribunal, las partes y sus clientes.
Al mismo tiempo, la conducta del querellado se apartó de
aquella que exalta el honor y la dignidad de la profesión.
Según quedó probado, inter alia, éste procedió con desidia en
el desempeño de su deber, realizó imputaciones serias en
contra de una compañera de la profesión que no probó, dejó
desprovisto a su cliente de un abogado en varias ocasiones a
pesar de no haber sido autorizado para ello y, a su vez,
faltó con su deber de respeto y consideración al tribunal. De
hecho,
parece
cuestionable
que
el
licenciado
Feliciano
Rodríguez solicitara la renuncia a la representación legal de
su
cliente
y,
luego
de
haber
sido
descalificado
por
el
tribunal por abandonar el caso y ausentarse a las vistas,
acudiera sin notificar sobre ese particular al Tribunal de
Apelaciones. De esta manera el licenciado Feliciano Rodríguez
también
infringió
el
Canon
38
del
Código
los
hechos
y
derecho
de
Ética
Profesional, supra.
A
la
luz
de
el
aplicable,
es
forzoso concluir que las actuaciones del licenciado Feliciano
Rodríguez fueron contrarias a los Cánones 9, 12, 15, 18, 20,
29, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.
IV
Luego
queda
por
de
reconocer
determinar
el
la
incumplimiento
sanción
a
del
imponer.
querellado,
Sobre
ese
CP-2015-15
20
particular es importante ponderar los factores siguientes: 1)
la reputación del abogado en la comunidad; 2) su historial;
3)
si
es
su
primera
falta;
4)
si
ninguna
parte
resultó
perjudicada con su proceder; 5) la aceptación de la falta y
su arrepentimiento; 6) si es un comportamiento aislado; y 7)
cualquier otra consideración, ya sea atenuante o agravante,
que surja de los hechos particulares del caso.49
Esta no es la primera vez que nos vemos en la obligación
de intervenir por conducta antiética de este abogado. En In
re José A. Feliciano Rodríguez, 147
DPR 275 (1998), lo
suspendimos del ejercicio de la notaría por un término de
tres meses y, posteriormente, en In re José A. Feliciano
Rodríguez,
150
DPR
859
(2000),
ordenamos
su
suspensión
indefinida de la práctica de la abogacía por infringir los
Cánones 18, 23 y 38 del Código de Ética Profesional, supra,
habiéndolo reinstalado posteriormente.
V
Por los fundamentos expuestos, ordenamos la suspensión
indefinida e inmediata del ejercicio de la abogacía y de la
notaría del Lcdo. José A. Feliciano Rodríguez. Se le notifica
que su fianza notarial queda automáticamente cancelada.
El señor
Feliciano Rodríguez deberá notificar a todos
sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos,
devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no
realizados, devolverles los expedientes de casos pendientes e
informar
inmediatamente
de
su
suspensión
a
los
foros
judiciales y administrativos en los que tenga algún caso
pendiente.
49
Además,
tiene
la
obligación
In re Irizarry Rodríguez, 193 DPR 633, 668 (2015).
de
acreditar
y
CP-2015-15
21
certificar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior,
en un término de treinta (30) días contados a partir de la
notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia. Por su
parte, se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar
inmediatamente la obra protocolar y el sello notarial del
señor Feliciano Rodríguez y entregarlos al Director de la
Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente
investigación e informe.
Notifíquese
personalmente
esta
Opinión
Per
Curiam
y
Sentencia al Sr. José A. Feliciano Rodríguez a través de la
oficina del Alguacil de este Tribunal.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
Conducta
Profesional
José A. Feliciano Rodríguez
CP-2015-15
(TS-3,317)
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2017.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam
que antecede, los cuales se hacen formar parte de la presente
Sentencia, ordenamos la suspensión indefinida e inmediata del
ejercicio de la abogacía y de la notaría del Lcdo. José A.
Feliciano Rodríguez. Como consecuencia, su fianza notarial
queda automáticamente cancelada.
El señor
Feliciano Rodríguez deberá notificar a todos
sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos,
devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no
realizados, devolverles los expedientes de casos pendientes e
informar inmediatamente de su suspensión a los foros
judiciales y administrativos en los que tenga algún caso
pendiente. Además, tiene la obligación de acreditar y
certificar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior,
en un término de treinta (30) días contados a partir de la
notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia. Por su
parte, se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar
inmediatamente la obra protocolar y el sello notarial del
señor Feliciano Rodríguez y entregarlos al Director de la
Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente
investigación e informe.
CP-2015-2
2
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia al Sr. José A. Feliciano Rodríguez a través de la
oficina del Alguacil de este Tribunal.
Lo pronunció y manda el
Secretario del Tribunal Supremo.
Tribunal
y
certifica
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
el