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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: José A. Feliciano Rodríguez

2017 TSPR 109

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: José A. Feliciano Rodríguez

CP-2015-15

Conducta profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y notaría por quebrantar los Cánones 9, 12, 15, 18, 20, 29, 35 y 38 de Ética Profesional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2017 TSPR 109

José A. Feliciano Rodríguez

(TS-3,317)

198 DPR ____

Número del Caso: CP-2015-15

Fecha:

12 de junio de 2017

Abogada del querellado:

Lcda. Migdalia Torres Díaz

Oficina del Procurador General:

Lcda. Karla Pacheco Álvarez

Subprocuradora General

Lcda. Minnie H. Rodríguez López

Procuradora General Auxiliar

Comisionada Especial:

Hon. Crisanta González Seda

Materia:

La suspensión será efectiva el 19 de junio de 2017, fecha

en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Conducta

Profesional

José A. Feliciano Rodríguez

CP-2015-15

(TS-3,317)

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, 12 de junio de 2017.

Una

vez

más

nos

vemos

en

la

obligación

de

suspender inmediata e indefinidamente al Lcdo. José

Feliciano Rodríguez del ejercicio de la abogacía y la

notaría por incumplir con los postulados éticos que,

como

mínimo,

profesión.

debe

cumplir

En

esta

todo

miembro

ocasión

de

la

intervenimos

disciplinariamente con éste por infringir los Cánones

9, 12, 15, 18, 20, 29, 35 y 38 del Código de Ética

Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Veamos.

I

El

Lcdo.

José

Feliciano

Rodríguez

(licenciado

Feliciano Rodríguez o el querellado) fue admitido al

ejercicio de la abogacía el 9 de enero de 1970 y a la

CP-2015-15

2

práctica de la notaría el 11 de febrero del mismo año. El 17

de

agosto

de

(querellante)

2012,

la

presentó

una

Sra.

Allison

queja

Cuevas

contra

el

Peguero

licenciado

Feliciano Rodríguez. La queja surgió como consecuencia de un

proceso

judicial

querellado

se

de

relaciones

desempeñaba

como

de

familia

en

representante

que

el

legal

del

Sr. Ostris Anthony Pared Espinal (señor Pared Espinal), quien

había instado el referido pleito contra la querellante.1 En

síntesis, esta última cuestionó la forma en que el querellado

se condujo a través del proceso judicial.

En

vista

de

ello,

es

importante

exponer

varios

incidentes procesales ocurridos en aquel momento.

Surge del expediente que, mientras se llevaba a cabo el

proceso

judicial

de

relaciones

de

familia,

el

querellado

presentó una moción en la cual solicitó la descalificación de

la Lcda. Wendy Lind Casado (licenciada Lind), representante

legal de la querellante. En ella adujo que la licenciada Lind

y

la

querellante

conspiraron

para

secuestrar

a

la

menor

habida entre ambas partes y, con ello, extorsionar al señor

Pared Espinal.2 Además, alegó que éstas desarrollaron un plan

para producirle el Síndrome de Estocolmo a la menor; que

habían cometido graves faltas y delitos; que manipularon el

caso

con

funcionarios

de

los

tribunales;

que

estaban

utilizando el proceso judicial para presionar al señor Pared

Espinal; además de realizar otras imputaciones personales en

contra

1

de

la

querellante

y

su

abogada.

Ante

estos

Véase Osiris Anthony Pared Espinal v. Allison M. Cuevas Peguero, Civil

Núm. FAL2012-0171.

2

Moción Reiterando Solicitud Ordenar Inhibición de Abogada, Suplementado

sobre Desacatos y Otros, Anejo I, pág. 13. Esta moción se acompañó con

una declaración jurada emitida por el señor Pared Espinal en la que

indicó haberla leído y estar de acuerdo con la misma por constarle de

propio conocimiento las alegaciones, así como una expresión relevando al

licenciado Feliciano Rodríguez de cualquier responsabilidad por los

hechos allí expuestos. Véase Juramento, Anejo II, pág. 18.

CP-2015-15

3

señalamientos, la licenciada Lind solicitó la descalificación

del licenciado Feliciano Rodríguez por haberla atacado al

levantar falsas alegaciones en su contra.3

Luego de sometidas ambas solicitudes de descalificación,

el querellado citó a la licenciada Lind para realizarle una

deposición. Ésta se opuso y solicitó una orden protectora al

tribunal

en

licenciado

Tribunal

que

la

impidiera.

Subsiguientemente,

Feliciano

Rodríguez

presentó

Primera

Instancia

en

de

la

otra

cual

el

moción

al

peticionó

la

descalificación de la licenciada Lind. Se fundamentó en que

el Canon 22 del Código de Ética Profesional prohibía que un

abogado en un caso actuara como testigo de una de las partes.

Consecuentemente, el foro primario señaló una vista para

discutir

las

suspendida

la

solicitudes

vista

en

de

descalificación.

varias

ocasiones

a

Tras

ser

petición

del

licenciado Feliciano Rodríguez, éste solicitó ser relevado de

la

representación

“diferencias

legal

del

irreconciliables

señor

e

Pared

Espinal

insalvables”.4

De

por

hecho,

llegado el día en que debía celebrarse la vista para atender

las solicitudes de descalificación, el querellado se ausentó

sin que el tribunal hubiera atendido la moción de renuncia a

la representación legal. Ante este hecho, el Tribunal de

Primera

Instancia

declaró

no

ha

lugar

a

la

solicitud

de

renuncia de representación legal, pautó la vista para otra

fecha

y

ordenó

la

comparecencia

del

querellado

al

nuevo

señalamiento. Este último volvió a ausentarse. Así las cosas,

el

3

foro

primario

declaró

no

ha

lugar

la

moción

de

Véase Solicitud de Descalificación de Abogado de la Parte Demandante

Lcdo. José Feliciano Rodríguez RUA #3317, Anejo I, pág. 31.

4

Véase Informe de la Procuradora General, Anejo I, pág. 4. Según el

Informe de la Procuradora General, en el pasado el querellado había

solicitado la renuncia en otro proceso “tras alegar que „por razones

personales, su cliente no había podido cooperar de manera adecuada con el

abogado”. Íd.

CP-2015-15

4

descalificación que presentó el querellado y ha lugar la

solicitud de descalificación que presentó la licencia Lind.5

A pesar de lo anterior, posteriormente el querellado

acudió al Tribunal de Apelaciones en representación del señor

Pared Espinal.6 Ello, con el objetivo de que se revocaran

varias determinaciones que realizó el foro primario en varias

fechas. Empero, recurrió fuera del término correspondiente y

sin incluir el apéndice del recurso, por lo que el foro

apelativo lo desestimó.

Una vez sometida la queja ante nuestra consideración, el

21

de

octubre

de

2012

el

querellado

solicitó

su

desestimación.7 Arguyó que la queja era ilegible, estaba en

manuscrito y se trataba de una represalia de parte de la

querellante

y

su

abogada

por

haber

solicitado

la

descalificación de esta última. Atribuyó la presentación de

la queja en su contra, de igual manera, a que poco tiempo

antes el señor Pared Espinal había presentado una queja en

contra de la licenciada Lind ante este Tribunal. Asimismo,

aunque no presentó prueba sobre ello, cuestionó la salud

mental de la querellante.

El

25

de

enero

desestimación

y

contestar

queja.

la

de

2013

concedimos

En

denegamos

diez

su

días

la

al

solicitud

querellado

contestación,

el

de

para

licenciado

Feliciano Rodríguez, en síntesis, alegó que no realizó las

expresiones

5

que

le

imputó

la

querellante

y

negó

las

Entre sus conclusiones, el Tribunal de Primera Instancia señaló que la

conducta del querellado estaba en contravención con varios postulados del

Código de Ética Profesional. Véase Resolución en el Informe de la

Procuradora General, págs. 38-51.

6

Véase Osiris Anthony Pared v. Allison Cuevas Peguero, Caso Núm.

KLAN20122076.

7

Véase Solicitando desestimación de la querella por no cumplir con las

reglas y descalificación de la querella por motivos de salud, Anejo VI,

pág. 52.

CP-2015-15

5

alegaciones en

su contra.8 Además, reiteró los argumentos

esbozados en su moción de desestimación y adujo haber actuado

diligentemente.

Así, pues, procedimos a remitir el asunto a la Oficina

de la Procuradora General para que sometiera un informe sobre

los

hallazgos

de

su

investigación.

En

su

informe

la

Procuradora General describió las alegaciones del querellado

como “reprochables, impropias e imprudentes”.9 Sostuvo que

incumplir con las órdenes del tribunal al no comparecer a las

vistas y abandonar el caso sin estar autorizado a renunciar a

la representación legal era contrario a las normas éticas que

debe cumplir un abogado. Como consecuencia, concluyó que el

querellado infringió los Cánones 9, 12, 15, 18, 20, 29, 35 y

38 del Código de Ética Profesional, supra.

El

7

de

mayo

de

2014

el

querellado

presentó

su

contestación al informe. Arguyó que no existía prueba clara,

robusta y convincente de que incurrió en violaciones éticas y

que

[e]n los casos de relaciones de familia suele

generarse un inmenso antagonismo entre las partes.

Y que según queda demostrado, el Sr. Pared y la

Sra. Cuevas han recurrido a una forma indecorosa

de hacer alegaciones. [sic] Utilizando lenguaje

inapropiado y ofensivo.

Es

menester

señalar,

que

las

expresiones

difundidas

en

los

escritos

que

señala

la

Procuradora, fueron manifiestos de coraje y

animosidad producida por estas circunstancias en

las mociones presentadas por el Sr. Pared, luego

de que estas fueran firmadas por el suscribiente.

Es decir, el suscribiente [n]o fue quien hizo esas

expresiones. Ni en contra de la Sra. Cuevas, ni la

Lcda. Lind.10

8

Véase Contestación a la Querella, Anejo VIII, pág. 58.

Véase Informe de la Procuradora General, Anejo I, pág. 9.

10

Escrito complementario al escrito en oposición a la queja presentad[a]

de 7 de mayo de 2014, págs. 2-4. (Énfasis suplido y original).

9

CP-2015-15

Luego

6

de

los

trámites

de

rigor,

que

incluyeron

la

presentación de la querella correspondiente por la Oficina de

la

General,11

Procuradora

así

como

la

contestación

del

licenciado Feliciano Rodríguez, nombramos a la Hon. Crisanta

González Seda, Ex Jueza del Tribunal de Primera Instancia,

para que en calidad de Comisionada Especial recibiera la

prueba y nos rindiera un informe con las determinaciones de

hechos

y

las

recomendaciones

que

estimara

pertinentes.

Celebradas varias vistas por la Comisionada Especial, el 24

de noviembre de 2016 rindió su informe. En éste coincidió con

las determinaciones y conclusiones de la Procuradora General.

Particularmente, expuso que era el cliente quien redactaba

los

escritos;

y

que

correcciones,

ni

incorporaban

antes

alegaciones

hechas

solicitar

su

el

querellado

verificaba

de

en

no

si

siempre

las

firmarlos.

les

hacía

correcciones

se

Determinó

que

las

licenciada

Lind

al

apoyadas

por

contra

de

la

descalificación

no

estuvieron

prueba alguna. Sostuvo, también, que el querellado no mostró

arrepentimiento por su conducta.

Así las cosas, el caso quedó sometido en sus méritos

para

la

fáctico

adjudicación

que

por

antecede,

esta

Curia.

procedemos

a

Examinado

exponer

el

el

marco

derecho

aplicable.

II

Sabido es que el Código de Ética Profesional, supra,

establece las normas de conducta éticas que como mínimo debe

cumplir todo miembro de la clase togada. Por ello, la meta de

cada abogado deber ser conducirse a un nivel superior al

11

La Oficina de la Procuradora General presentó ocho cargos en contra del

licenciado Feliciano Rodríguez en los que señaló violaciones a los

preceptos éticos que había imputado inicialmente en su informe, a saber,

el Canon 9, 12, 15, 18, 20, 29, 35 y 38 del Código de Ética Profesional,

supra. Véase Querella, págs. 2-4.

CP-2015-15

7

estándar mínimo que establecen los referidos cánones.12 Sus

actuaciones deben ser cónsonas con la realidad de que “son

funcionarios

del

Tribunal

y

ministros

justicia

y,

como

tales,

[…]

mantener

un

orden

jurídico

deben

ordenados

estar

íntegro

y

de

la

encaminadas

a

eficaz,

orientado

esencialmente por los principios de vida democrática y de

respeto

a

la

inviolable

dignidad

del

ser

humano”.13

Es

indispensable que los abogados estén conscientes de que “[e]l

ejercicio diligente, responsable y competente de la profesión

de la abogacía figura como un supuesto fundamental en el

quehacer de los profesionales del Derecho”.14

A. Deberes del abogado hacia los tribunales

El

Canon

9

del

Código

de

Ética

Profesional,

supra,

establece que

[e]l abogado debe observar para con los tribunales

una conducta que se caracterice por el mayor

respeto. Ello incluye la obligación de desalentar

y evitar ataques injustificados o atentados

ilícitos contra los jueces o contra el buen orden

en la administración de la justicia en los

tribunales. En casos donde ocurrieren tales

ataques o atentados, el abogado debe intervenir

para tratar de restablecer el orden y la buena

marcha de los procedimientos judiciales.

El

deber

impuesto

por

este

canon,

el

cual

está

directamente relacionado con la obligación de todo abogado de

propiciar la buena administración de la justicia, exige el

cumplimiento diligente de las obligaciones asumidas y las

órdenes

de

los

foros

judiciales.15

Precisamente,

hemos

reconocido que “el menosprecio que demuestra un abogado que

desatiende las órdenes o requerimientos oficiales trastoca y

afecta nuestra función reguladora de la profesión legal en

12

In re Lucas Irisarri Castro, 172 DPR 193, 209-210 (2007).

Íd., pág. 210.

14

In re Montalvo Delgado, 2016 TSPR 223, pág. 8, 196 DPR ___ (2016).

15

In re Rodríguez García, 2017 TSPR 33, pág. 9, 197 DPR ___ (2017).

13

CP-2015-15

8

Puerto Rico”, por lo que quebranta el canon precitado.16 En

In re Rodríguez García, supra, hicimos ciertas expresiones

sobre la norma ética contenida en el Canon 9 las cuales

resulta oportuno exponer in extenso a continuación:

En

las

innumerables

ocasiones

que

hemos

interpretado esta parte del Canon 9 del Código de

Ética Profesional, supra, hemos reconocido que la

falta de respeto que allí se sanciona es la que

menosprecia la autoridad de los tribunales, ya sea

porque un abogado se dirigió de forma soez,

indecorosa o vulgar, desacató las

[ó]rdenes

emitidas

por

los

foros

judiciales

o

sus

dependencias, no notificó cambios en su dirección

postal o física, realizó imputaciones o ataques

infundados a un juez, cuestionó maliciosamente la

dignidad, honestidad y ecuanimidad de los miembros

de

la

judicatura,

propició

un

trato

discriminatorio e incurrió en incomparecencias

injustificadas, entre otras. Véase In re Crespo

Enríquez, supra; In re Irizarry Irizarry, 190 DPR

368 (2014); In re Betancourt Medina, 183 DPR 821

(2011); In re Nieves Nieves, 181 DPR 25 (2011); In

re Valcárcel Mulero I, 142 DPR 41 (1997). En un

sentido más específico, el deber de respeto que

surge del Canon 9 del Código de Ética Profesional,

supra[,]

se

manifiesta

en

dos

vertientes

específicas: el mandato de respetar las órdenes y

directrices emitidas por los tribunales (respeto a

la autoridad judicial) y la obligación de respetar

a los jueces, empleados y funcionarios del

tribunal en sus comparecencias e interacciones con

estos (respeto de carácter cívico). S. Steidel

Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria

del abogado, San Juan, Pubs JTS, 2010, pág. 312.17

Incumplir con la obligación impuesta por el Canon 9 del

Código

de

Ética

Profesional,

supra,

amerita

sanciones

disciplinarias que podrían incluir la suspensión indefinida

del ejercicio de la profesión de la abogacía.18

Cónsono con lo anterior, el Canon 12 del Código de Ética

Profesional, supra, impone a los miembros de la profesión el

deber de “ser puntual[es] en su asistencia y conciso[s] y

exacto[s] en el trámite y presentación de las causas”. Esto

conlleva “el desplegar todas las diligencias necesarias para

16

In re Colón Collazo, 2016 TSPR 184, pág. 5, 196 DPR ___ (2016).

(Énfasis suplido).

18

In re Montalvo Delgado, supra, pág. 10.

17

CP-2015-15

asegurar

9

que

no

se

causen

indebidas

dilaciones

en

su

tramitación y solución”.19 El incumplimiento continuo con lo

antes

mencionado

demuestra

el

desconocimiento

de

los

principios éticos más básicos que exigen el mayor respeto

hacia los juzgadores.20

Cabe destacar que reiteradamente hemos reconocido que

"[l]a obligación establecida por el Canon 12 ha de cumplirla

el abogado en todas las etapas de un litigio, y comprende el

acatar fielmente las órdenes del Tribunal”.21 Por ello, “la

incomparecencia injustificada a las vistas señaladas por el

tribunal, así como las actuaciones y omisiones que coloquen

en

riesgo

la

infracciones

causa

de

acción

patentes”

al

Canon

de

los

clientes,

son

12

del

Código

de

Ética

15

del

Código

de

Ética

Profesional, supra.22

Por

otro

lado,

el

Canon

Profesional, supra, establece la conducta que debe observar

la clase togada respecto a los testigos y los litigantes. En

lo pertinente, el canon precitado dispone lo siguiente:

Un abogado debe tratar a los testigos y

litigantes

adversarios

con

respeto

y

consideración. No debe actuar inspirado por la

animosidad ni por los prejuicios de su cliente ni

debe permitir que éste dirija el caso ni que se

convierta en el dueño de la conciencia del

abogado.

Será impropio utilizar los procedimientos

legales en forma irrazonable o con el fin de

hostigar la parte contraria.23

En

In

re

Lucas

Irisarri

Castro,

supra,

pág.

210,

manifestamos que si bien es cierto que el abogado tiene la

obligación

19

de

defender

la

causa

del

cliente

que

le

fue

Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra.

In re Montalvo Delgado, supra.

21

In re Pagán Torres, 194 DPR 925, 929 (2016).

22

In re Nazario Díaz, 195 DPR 623, 635 (2016), haciendo referencia a In

re Valentín Custodio, 187 DPR 529, 543 (2012).

23

Canon 15 del Código de Ética Profesional, supra.

20

CP-2015-15

10

encomendada con gran vigor, energía y vehemencia, ello no

implica que éste pueda ser poco respetuoso o prudente. Es

decir,

los

abogados

como

“actores

principales

en

la

litigación, deben ejercer, al máximo de sus facultades, el

deber de cortesía, respeto y consideración que les impone el

Canon”.24

mencionado

Para

que

pueda

darse

un

ambiente

de

respeto y consideración como exige el Canon 15, supra, “[e]l

abogado debe evitar, en todo momento, que sus expresiones

puedan ser interpretadas, por los demás participantes del

proceso judicial, como que está poniendo en tela de juicio su

honradez, moral y honestidad”.25 “Éstos tienen que evitar el

uso

del

lenguaje

imputaciones

falsas

en

y

forma

grosera

desprovistas

o

para

reflejar

de

una

razonable

presunción de corrección”.26

B. Deberes del abogado hacia los clientes

El Código de Ética Profesional, supra, establece que la

relación entre el abogado y su cliente

debe fundamentarse en la absoluta confianza. Sujeto

a las exigencias que surgen de las obligaciones del

abogado para con la sociedad, las leyes y los

tribunales, todo miembro del foro legal le debe a

sus clientes un trato profesional caracterizado por

la mayor capacidad, la más devota lealtad y la más

completa honradez. El abogado debe poner todo su

empeño en llevar a cabo en esa forma su gestión

profesional, y no debe dejar de cumplir con su

deber por temor a perder el favor judicial o por

miedo a perder la estimación popular.27

A la luz de estos principios, el Canon 18 impone al

abogado

la

obligación

de

rendir

una

labor

idónea

de

competencia y diligencia; labor incompatible con la desidia,

la despreocupación y la displicencia de los asuntos que se le

24

In re Lucas Irisarri Castro, supra, pág. 210.

Íd.

26

In re Vélez Lugo, 175 DPR 854, 857 (2009), citando In re Vélez Cardona,

148 D.P.R. 505, 507 (1999).

27

Véase, Parte III

del Código de Ética Profesional, supra (Criterio

general). (Énfasis suplido).

25

CP-2015-15

han

11

encomendado.28

Al

así

hacerlo,

el

Canon

18,

supra,

establece lo siguiente:

Será impropio de un abogado asumir una

representación profesional cuando está consciente

de que no puede rendir una labor idónea competente

y que no puede prepararse adecuadamente sin que

ello apareje gastos o demoras irrazonables a su

cliente o a la administración de la justicia.

Es deber del abogado defender los intereses

del cliente diligentemente, desplegando en cada

caso su más profundo saber y habilidad y actuando

en aquella forma que la profesión jurídica en

general estima adecuada y responsable.

Este deber de desempeñarse en forma capaz y

diligente no significa que el abogado puede

realizar cualquier acto que sea conveniente con el

propósito de salir triunfante en las causas del

cliente. La misión del abogado no le permite que

en defensa de un cliente viole las leyes del país

o cometa algún engaño. Por consiguiente, al

sostener las causas del cliente, debe actuar

dentro de los límites de la ley, teniendo en

cuenta no sólo la letra de ésta, sino el espíritu

y los propósitos que la informan. No debe tampoco

ceder en el cumplimiento de su deber por temor a

perder el favor judicial ni la estimación popular.

No obstante, un abogado puede asumir cualquier

representación

profesional

si

se

prepara

adecuadamente para ello y no impone gastos ni

demoras irrazonables a su cliente y a la

administración de la justicia.

El deber de diligencia que impone este canon “implica

que

el

[abogado]

realice

las

gestiones

que

le

fueron

encomendadas en momento oportuno, en forma adecuada y sin

dilaciones

que

controversia”.29

abogado

puedan

A

presente

afectar

tenor

la

con

acción

la

pronta

esto,

es

solución

impropio

correspondiente

de

la

que

“el

para

luego

desligarse del trámite del pleito”.30 Ello pondría en peligro

los derechos de su cliente y entorpecería la administración

de la justicia.31

28

In re Maldonado Maldonado, 2017 TSPR 55, pág. 10, 197 DPR ___ (2017);

In re Nazario Díaz, supra, pág. 636; In re Plaud González, 181 DPR 874,

886 (2011).

29

In re Morell Bergantiños, 195 DPR 759, 763 (2016).

30

In re Nazario Díaz, supra, pág. 637.

31

Íd.

CP-2015-15

12

Asimismo, como parte de los deberes del abogado hacia su

cliente, el Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra,

es

diáfano

al

consagrar

que

“cuando

el

abogado

haya

comparecido ante un tribunal en representación de un cliente

no puede ni debe renunciar la representación profesional de

su cliente sin obtener primero el permiso del tribunal y debe

solicitarlo solamente cuando exista una razón justificada e

imprevista

para

ello”.32

Es

decir,

este

precepto

ético

establece que “[l]a renuncia del abogado está sujeta a que

ésta sea autorizada por el foro pertinente y que tome las

medidas razonables para evitar ocasionarle un perjuicio a los

derechos sustantivos de su representado”.33 No hay duda que

un abogado “no queda relevado de su responsabilidad con un

cliente hasta que el tribunal así lo disponga”.34

C. Deberes del abogado hacia los compañeros y la profesión

El Código de Ética Profesional contiene disposiciones

específicas en cuanto a la relación de un abogado con sus

compañeros y la profesión. Conforme establece el Canon 29 del

Código de Ética Profesional, supra,

[l]os clientes, no los abogados, son los

litigantes. Cualquier rencor que exista entre los

clientes no debe afectar la conducta de los

abogados entre sí ni las relaciones hacia el

litigante

contrario.

Debe

evitarse

escrupulosamente toda cuestión personal entre los

abogados. En el trascurso de un juicio es impropio

aludir a la historia personal o peculiaridades

individuales

o

idiosincrasias

del

abogado

adversario. Los coloquios entre abogados que

causan dilaciones y provocan disputas deben

también evitarse.

Será altamente impropio de un abogado hacer

imputaciones falsas que afecten la reputación y el

buen nombre de un compañero. Cuando existan

fundados motivos de quejas graves contra colegas,

32

Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra. (Énfasis suplido).

Íd.; In re Montalvo Delgado, supra, pág. 14.

34

In re Polanco Ortiz, 2016 TSPR 173, pág. 8, 196 DPR ___ (2016), citando

a In re Ortiz Guevara, 2016 TSPR 55.

33

CP-2015-15

13

es el deber del abogado someter sus cargos a las

autoridades competentes, debiendo utilizar para

ello los medios propios que dispone la ley.

Nótese

que

existe

una

“estatura

moral

e

intelectual

inherente al ejercicio de la abogacía [que] impone un debate

jurídico libre de personalismos y posiciones subjetivas que

lo degraden a vulgar diatriba”.35 En vista de ello, en In re

Lucas Irisarri Castro, supra, expresamos que

[s]i en el ardor de las defensas, en determinadas

circunstancias, acaloran los ánimos y provocan

distanciamientos,

ello

no

debe

perdurar;

sobrevenida la calma reflexiva, debe reanudarse sin

demora ese estilo, para mantener la dignidad y

jerarquía

de

la

profesión.

Asimismo,

hemos

manifestado que la defensa del cliente no puede ser

excusa para el irrespeto y menos para lastimar la

dignidad

personal

del

abogado

de

la

parte

contraria. La práctica de la abogacía exige hacia

los tribunales constante respeto. Para reclamar

derechos y solventar controversias no es menester

lastimar la dignidad personal ni institucional de

los miembros de la judicatura, como de ninguna otra

persona.36

Por

su

parte,

el

Canon

35

del

Código

de

Ética

Profesional, supra, resalta los principios de sinceridad y

honradez que deben permear la profesión de la abogacía. Al

así hacerlo dispone que “[l]a conducta de cualquier miembro

de

la

profesión

legal

ante

los

tribunales,

para

con

sus

representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser

sincera y honrada”.37 Seguidamente –como es lógico pensarestablece que “[n]o es sincero ni honrado el utilizar medios

que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al

juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación

de

los

hechos

o

del

derecho”.38

Este

precepto

ético

se

fundamenta en que, como hemos expresado antes, “la verdad es

35

In re Lucas Irisarri Castro, supra, pág. 211.

Íd.

37

Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra.

38

Íd.

36

CP-2015-15

una

14

cualidad

ínsita

e

inseparable

del

ejercicio

de

la

“[n]o

es

abogacía”.39

Al

aplicar

defensa,

por

este

canon,

hemos

consiguiente,

afirmado

no

que

haber

procedido

deliberadamente, de mala fe, con la intención de engañar o

defraudar, como tampoco que no se le haya causado perjuicio a

un tercero”.40 “Todo el entramado de nuestro sistema judicial

se erige sobre la premisa de que los abogados, sobre quienes

recae principalmente la misión de administrar la justicia,

han

de

conducirse

siempre

con

integridad

ante

los

foros

judiciales”.41

Finalmente, el Canon 38 del Código de Ética Profesional,

supra,

establece

la

obligación

de

la

clase

togada

de

“esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del

honor y dignidad de su profesión”. La norma contenida en el

referido

canon

impone

a

apariencia

de

conducta

los

abogados

“evitar

impropia”.42

profesional

hasta

la

La

mera

apariencia de conducta impropia “tiene un efecto dañino sobre

la imagen, la confianza y el respeto de la ciudadanía a la

profesión,

así

como

lo

tiene

la

verdadera

„impropiedad

ética‟”.43 De este modo, junto al compromiso ético y moral

que rige la profesión legal, el Canon 38, supra, exige que la

clase

togada

examine

continuamente

su

proceder.44

Los

miembros de la clase togada deben velar que su conducta sea

39

In re Ramírez Salcedo, 2016 TSPR 174, pág. 22, 196 DPR ___ (2016).

Íd., pág. 24; In re Rodríguez García, supra, pág. 5.

41

In re Irizarry Vega, 176 DPR 241, 245-246 (2009); In re Montañez

Miranda, 157 DPR 275, 284 (2002); In re Currás Ortiz, 141 DPR 399, 402

(1996).

42

Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra.

43

In re Fingerhut Mandry, 2016 TSPR 193, pág. 7, 196 DPR ___ (2016),

citando a In re Toro Iturrino, 190 D.P.R. 582, 591-592 (2014).

44

In re Prado Galarza, 195 DPR 894, 906 (2016), citando a In re Cuyar

Fernández, 163 D.P.R. 113, 117 (2004).

40

CP-2015-15

15

acorde con el puntual sentido de responsabilidad que impone

la función social que ejercen.45

En vista de lo anterior, “los deberes éticos contenidos

en este Canon, además de ser razón suficiente para sancionar

a un abogado, atraviesan la totalidad de nuestro ordenamiento

ético disciplinario”.46 Así, pues, el Canon 38 del Código de

Ética

Profesional,

éticamente

supra,

reprochable,

permite

aun

cuando

“sancionar

conducta

ésta

pudiera

bien

subsumirse en otros cánones”.47

Establecido

determinar

si

el

el

marco

doctrinal

querellado

aplicable,

incurrió

en

las

pasamos

a

violaciones

imputadas.

III

En este caso, la Comisionada Especial concluyó que el

licenciado Feliciano Rodríguez aceptó la representación legal

del señor Pared Espinal cuando tenía conocimiento de que no

podía cumplir cabal y diligentemente con la responsabilidad

profesional asumida. Señaló que ello fue lo que llevó al

querellado a permitir que el cliente preparara los escritos y

suscribirlos sin revisarlos y corregirlos.

El querellado permitió que su cliente dirigiera el caso

y

le

cedió

la

facultad

de

decidir

el

contenido

de

los

escritos que se presentaban al foro judicial. Ello, sin que

el abogado realizara un ejercicio idóneo y responsable de

competencia y diligencia como exige el adecuado desempeño de

la profesión. Como es sabido esto le está prohibido a toda la

clase togada.

45

In re Prado Galarza, supra, pág. 906.

In re Fingerhut Mandry, supra, pág. 7.

47

Íd.

46

CP-2015-15

Un

16

abogado

no

puede

desatender

sus

deberes

bajo

el

pretexto de que su cliente asumió toda la responsabilidad del

contenido de los escritos que se presentan en el tribunal. La

firma de un abogado no es un mero complemento que embellece

el documento. Cuando un abogado lo suscribe garantiza que ha

realizado una evaluación cuidadosa de su contenido y de cada

expresión que se plasmó en él. Ello conlleva un ejercicio

deliberativo indelegable de los abogados.

Por su incumplimiento y descuido el licenciado Feliciano

Rodríguez

incluyó

contra

la

de

expresiones

otra

parte

y

impropias

de

su

e

inadecuadas

abogada.

Esto

tuvo

en

la

consecuencia, a su vez, de que faltara a su deber ineludible

de preservar el honor y la dignidad de la profesión y la

buena

relación

entre

compañeros

mediante

una

actitud

respetuosa, sincera, honrada y de completa cordialidad.

No

podemos

querellado

pasar

admitió

identificarse

con

comparecencias

ante

por

desapercibido

haberse

su

apasionado

cliente.

esta

Curia

Además,

que

las

que

con

el

el

propio

caso

e

reconoció

en

sus

mociones

que

se

presentaron en el Tribunal de Primera Instancia –que habían

sido suscritas por él– contenían alegaciones con “lenguaje

inapropiado y ofensivo” en contra de la querellante y su

representante

legal.48

Aunque

consistía

de

imputaciones

serias que podían afectar la reputación y buen nombre de una

compañera

de

la

profesión,

el

escrito

que

el

querellado

presentó ante el tribunal estuvo ausente de prueba que lo

sustentara.

Como profesional del derecho, el licenciado Feliciano

Rodríguez tenía la obligación de mantenerse dentro de los

48

Véanse: Contestación a querella, pág. 7; Escrito complementario al

escrito en oposición a la queja presentad[a], págs. 2-4.

CP-2015-15

17

parámetros éticos de respeto y mesura que establece el Código

de Ética Profesional, supra. Los rencores existentes entre su

cliente y la querellante no podían afectar la relación que

debía existir entre compañeros abogados. Su obligación era

velar que los asuntos en los que estuviera interviniendo se

llevaran a cabo con el respeto, decoro y solemnidad que exige

la buena administración de la justicia. Así, quedaba impedido

de permitir que su cliente dirigiera el caso y se convirtiera

en dueño de su consciencia.

Tal proceder no está a la altura en que debe conducirse

y

desempeñar

sus

funciones

la

clase

togada.

Mediante

la

conducta antes mencionada el licenciado Feliciano Rodríguez

violó

los

Cánones

15,

18

y

Canon

9

29

del

Código

de

Ética

Código

de

Ética

Profesional, supra.

Con

respecto

Profesional,

al

supra,

contravención a

el

y

12

del

querellado

también

actuó

en

estos postulados. En el proceso civil de

relaciones de familia, el tribunal señaló una vista para el

16 de agosto de 2012 con el fin de atender el asunto de la

descalificación

de

los

abogados.

Esta

fue

trasferida

a

petición del licenciado Feliciano Rodríguez para el 17 de

septiembre de 2012. Ese día el letrado solicitó un término

para consultar un posible acuerdo de transacción, por lo que

se pautó un señalamiento para el 1 de octubre de 2012. Cabe

mencionar que este nuevo señalamiento tuvo la anuencia de

todas

las

partes.

Rodríguez

solicitó

Posteriormente,

su

suspensión

el

licenciado

alegando

Feliciano

conflicto

de

calendario. Días después el licenciado Feliciano Rodríguez

solicitó

autorización

para

renunciar

a

la

representación

legal de su cliente. Ahora bien, sin que tal autorización se

CP-2015-15

18

concediera,

se

ausentó

a

la

vista

que

había

señalado

el

Tribunal de Primera Instancia. En ese momento el tribunal

estableció un nuevo señalamiento para la vista, denegó la

solicitud de renuncia a la representación legal que presentó

el

querellado

y

ordenó

su

comparecencia

al

nuevo

señalamiento. A pesar de lo anterior, el licenciado Feliciano

Rodríguez volvió a ausentarse.

Debemos resaltar que la Comisionada Especial concluyó

que, aunque la defensa del querellado era que presentaba

mociones

para

transferir

evidencia

de

los

las

alegados

vistas,

éste

conflictos

en

nunca

su

proveyó

calendario.

Igualmente, puntualizó que el licenciado Feliciano Rodríguez

se

ausentaba

autorizado

a

las

su

transferirlas.

vistas

sin

que

el

o

hubiera

incomparecencia

tribunal

hubiera

determinado

Violó, pues, los Cánones 9 y 12 del Código de

Ética Profesional, supra.

De

igual

manera,

infringió

los

Cánones

18

y

20

del

Código de Ética Profesional, supra, cuando abandonó a su

cliente

en

las

referidas

vistas

sin

haber

obtenido

autorización del tribunal. Por

su experiencia, y como se

desprende

del

del

lenguaje

claro

referido

precepto,

el

querellado debía conocer que la mera presentación de una

solicitud de relevo de representación legal no lo exoneraba

de

su

obligación

de

comparecer

en

representación

de

su

cliente; debía esperar hasta tanto el tribunal autorizara su

renuncia.

Por

otro

descalificación

lado,

sin

la

presentación

presentar

de

una

prueba

solicitud

alguna

que

de

la

sostuviera, la citación a una toma de deposición a la abogada

de

la

parte

contraria

con

el

objetivo

de

obtener

su

CP-2015-15

19

descalificación del caso a la luz del Canon 22 de Ética

Profesional y con el fin de que se convirtiera en académica

la

vista

en

que

se

iba

a

atender

su

solicitud

de

descalificación, constituye una violación al Canon 35 del

Código

de

querellado

Ética

no

Profesional,

actuó

de

supra.

manera

Con

sincera

su

y

proceder,

honrada

en

el

toda

exposición ante el tribunal, las partes y sus clientes.

Al mismo tiempo, la conducta del querellado se apartó de

aquella que exalta el honor y la dignidad de la profesión.

Según quedó probado, inter alia, éste procedió con desidia en

el desempeño de su deber, realizó imputaciones serias en

contra de una compañera de la profesión que no probó, dejó

desprovisto a su cliente de un abogado en varias ocasiones a

pesar de no haber sido autorizado para ello y, a su vez,

faltó con su deber de respeto y consideración al tribunal. De

hecho,

parece

cuestionable

que

el

licenciado

Feliciano

Rodríguez solicitara la renuncia a la representación legal de

su

cliente

y,

luego

de

haber

sido

descalificado

por

el

tribunal por abandonar el caso y ausentarse a las vistas,

acudiera sin notificar sobre ese particular al Tribunal de

Apelaciones. De esta manera el licenciado Feliciano Rodríguez

también

infringió

el

Canon

38

del

Código

los

hechos

y

derecho

de

Ética

Profesional, supra.

A

la

luz

de

el

aplicable,

es

forzoso concluir que las actuaciones del licenciado Feliciano

Rodríguez fueron contrarias a los Cánones 9, 12, 15, 18, 20,

29, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.

IV

Luego

queda

por

de

reconocer

determinar

el

la

incumplimiento

sanción

a

del

imponer.

querellado,

Sobre

ese

CP-2015-15

20

particular es importante ponderar los factores siguientes: 1)

la reputación del abogado en la comunidad; 2) su historial;

3)

si

es

su

primera

falta;

4)

si

ninguna

parte

resultó

perjudicada con su proceder; 5) la aceptación de la falta y

su arrepentimiento; 6) si es un comportamiento aislado; y 7)

cualquier otra consideración, ya sea atenuante o agravante,

que surja de los hechos particulares del caso.49

Esta no es la primera vez que nos vemos en la obligación

de intervenir por conducta antiética de este abogado. En In

re José A. Feliciano Rodríguez, 147

DPR 275 (1998), lo

suspendimos del ejercicio de la notaría por un término de

tres meses y, posteriormente, en In re José A. Feliciano

Rodríguez,

150

DPR

859

(2000),

ordenamos

su

suspensión

indefinida de la práctica de la abogacía por infringir los

Cánones 18, 23 y 38 del Código de Ética Profesional, supra,

habiéndolo reinstalado posteriormente.

V

Por los fundamentos expuestos, ordenamos la suspensión

indefinida e inmediata del ejercicio de la abogacía y de la

notaría del Lcdo. José A. Feliciano Rodríguez. Se le notifica

que su fianza notarial queda automáticamente cancelada.

El señor

Feliciano Rodríguez deberá notificar a todos

sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos,

devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no

realizados, devolverles los expedientes de casos pendientes e

informar

inmediatamente

de

su

suspensión

a

los

foros

judiciales y administrativos en los que tenga algún caso

pendiente.

49

Además,

tiene

la

obligación

In re Irizarry Rodríguez, 193 DPR 633, 668 (2015).

de

acreditar

y

CP-2015-15

21

certificar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior,

en un término de treinta (30) días contados a partir de la

notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia. Por su

parte, se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar

inmediatamente la obra protocolar y el sello notarial del

señor Feliciano Rodríguez y entregarlos al Director de la

Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente

investigación e informe.

Notifíquese

personalmente

esta

Opinión

Per

Curiam

y

Sentencia al Sr. José A. Feliciano Rodríguez a través de la

oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

Conducta

Profesional

José A. Feliciano Rodríguez

CP-2015-15

(TS-3,317)

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2017.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam

que antecede, los cuales se hacen formar parte de la presente

Sentencia, ordenamos la suspensión indefinida e inmediata del

ejercicio de la abogacía y de la notaría del Lcdo. José A.

Feliciano Rodríguez. Como consecuencia, su fianza notarial

queda automáticamente cancelada.

El señor

Feliciano Rodríguez deberá notificar a todos

sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos,

devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no

realizados, devolverles los expedientes de casos pendientes e

informar inmediatamente de su suspensión a los foros

judiciales y administrativos en los que tenga algún caso

pendiente. Además, tiene la obligación de acreditar y

certificar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior,

en un término de treinta (30) días contados a partir de la

notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia. Por su

parte, se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar

inmediatamente la obra protocolar y el sello notarial del

señor Feliciano Rodríguez y entregarlos al Director de la

Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente

investigación e informe.

CP-2015-2

2

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y

Sentencia al Sr. José A. Feliciano Rodríguez a través de la

oficina del Alguacil de este Tribunal.

Lo pronunció y manda el

Secretario del Tribunal Supremo.

Tribunal

y

certifica

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

el