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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Ricardo Santos Ortiz

2017 TSPR 107

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Ricardo Santos Ortiz

AB-2016-209

Conducta profesional – Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y notaría por incumplir con las órdenes del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2017 TSPR 107

Ricardo Santos Ortiz

(TS-14,021)

198 DPR ____

Número del Caso: AB-2016-209

Fecha:

12 de junio de 2017

Abogado del promovido:

Por derecho propio

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Joseph Feldstein Del Valle

Subprocurador General

Lcda. Minnie H. Rodríguez López

Procuradora General Auxiliar

Materia:

La suspensión será efectiva el 20 de junio de 2017, fecha en

que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que

está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y

publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Ricardo Santos Ortiz

(TS,14,021)

AB-2016-209

Queja

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2017.

Hoy

nos

corresponde

ejercer

nuevamente

nuestro poder disciplinario y ordenar la suspensión

inmediata

e

indefinida

de

un

miembro

profesión jurídica por no acatar

de

la

las órdenes de

este Tribunal.

A

hechos

tales

que

fines,

nos

procedemos

mueven

a

a

imponer

delimitar

las

los

medidas

disciplinarias correspondientes.

I

El Lcdo. Ricardo Santos Ortiz fue admitido al

ejercicio de la abogacía el 30 de enero de 2002 y

prestó

juramento

como

notario

el

19

de

junio

de 2002. El 8 de julio de 2016 la Sra. Ilsa M.

Torres

Canales

presentó

la

queja

de

epígrafe

AB-2016-209

2

en contra del licenciado Santos Ortiz.1 En síntesis, la

señora Torres Canales indicó que para el 2010 solicitó los

servicios

de

representación

legal

que

la

Unión

de

Organizadores y Personal de Oficina (Unión) les provee a

sus miembros para el trámite de una querella sobre despido

ante

el

Negociado

de

Conciliación

y

Arbitraje

del

Departamento del Trabajo (Negociado). A esos fines, se le

asignó al licenciado Santos Ortiz como su representante

legal.

La

señora

Torres

Canales

señaló

que,

luego

de

celebrarse varias vistas, el árbitro del Negociado a cargo

de su caso le informó al licenciado Santos Ortiz que era

necesario

presentar

un

alegato

para

la

resolución

del

pleito. Sin embargo, el abogado nunca presentó el escrito.

Además,

adujo

que

el

licenciado

Santos

Ortiz

no

planificaba reuniones con suficiente tiempo antes de las

vistas

para

discutir

el

seguimiento

del

caso,

no

se

comunicaba con ella para informarle sobre el estado del

caso y tampoco le había entregado el expediente de su

caso,

a

pesar

de

ésta

habérselo

pedido

en

varias

ocasiones.

Luego de la presentación de la queja, el licenciado

Santos Ortiz renunció al caso ante el Negociado y solicitó

que

le

concediéramos

un

término

para

entregar

el

expediente original a la Unión y una copia del expediente

1

Cabe destacar que el Lcdo. Ricardo Santos Ortiz tiene 2 quejas

activas adicionales a la de epígrafe ante este Tribunal; éstas son la

queja AB-2015-126 y la queja AB-2017-45.

AB-2016-209

3

a la señora Torres Canales. En respuesta, este Tribunal

emitió una Resolución el 20 de septiembre de 2016 mediante

la cual le concedió un término de 5 días laborables para

que el abogado entregara los expedientes y nos acreditara

el cumplimiento con lo ordenado.2

El 4 de octubre de 2016 la señora Torres Canales

presentó una Moción urgente informativa en la cual indicó

que el licenciado Santos Ortiz aun no le había devuelto el

expediente,

a

pesar

de

la

orden

de

este

Tribunal.

Consecuentemente, emitimos una Resolución el 14 de octubre

de

2016

mediante

la

cual

le

concedimos

al

licenciado

Santos Ortiz hasta el 20 de octubre de 2016 para que

entregara el expediente original a la Unión y la copia del

mismo a la señora Torres Canales.3 Además, le advertimos

que el término concedido era final e improrrogable y que

su

incumplimiento

ejercicio

de

la

podría

conllevar

abogacía,

la

suspensión

independientemente

de

del

los

méritos de la queja. Asimismo, le ordenamos al abogado que

presentara su contestación a la queja y especificara las

razones por las cuales

disciplinarias.

Sin

no debíamos imponerle sanciones

embargo,

el

abogado

incumplió

nuevamente con nuestras órdenes.

Así las cosas, el 14 de diciembre de 2016 emitimos

otra

Resolución

mediante

la

cual

le

concedimos

al

2

Archivada en autos la copia de la notificación de la Resolución el

21 de septiembre de 2016.

3

Archivada en autos la copia de la notificación de la Resolución el

17 de octubre de 2016.

AB-2016-209

4

licenciado Santos Ortiz hasta el 21 de diciembre de 2016

para que entregara los expedientes.4 Además, dentro del

mismo

término,

el

abogado

debía

acreditar

ante

este

Tribunal el cumplimiento con dicha orden. De igual modo,

reiteramos que el licenciado Santos Ortiz debía contestar

los méritos de la queja AB-2016-209 y que tendría hasta el

21

de

diciembre

advertimos

al

de

2016

abogado

para

que,

ello.

Finalmente,

independientemente

le

de

los

méritos de la queja, el incumplimiento con las órdenes de

este

Tribunal

constituye

una

violación

al

Canon

9

del

Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, lo que podría

acarrear la suspensión del ejercicio de la abogacía y la

notaría.

Una vez vencido el término concedido al abogado, el

3 de febrero de 2017 el Procurador General presentó una

Moción

urgente

sobre

Resolución

de

14

de

diciembre

de

2016. En el referido escrito, informó que el licenciado

Santos

Ortiz

no

ha

cumplido

con

ninguna

de

nuestras

órdenes. Particularmente, señaló que se comunicó con la

señora Torres Canales y ésta le indicó que el abogado aun

no

le

ha

entregado

confrontando

problemas

Procurador

General

licenciado

Santos

4

el

expediente

con

su

entiende

Ortiz

a

que

está

pues,

el

desatención

del

caso.

que

este

por

la

lo

Así

proceso

constituye

una

Archivada en autos la copia de la notificación de la Resolución el

19 de diciembre de 2016.

AB-2016-209

5

violación a los Cánones 9 y 12 de Ética Profesional. Al

día de hoy, el abogado no ha comparecido ante nosotros.

II

Como parte de nuestra facultad inherente de regular

la

profesión

jurídica

en

Puerto

Rico

nos

corresponde

asegurar que los miembros admitidos a la práctica de la

abogacía

y

la

responsable,

notaría

competente

ejerzan

sus

funciones

diligente.5

y

A

de

esos

manera

fines,

el

Código de Ética Profesional establece las normas mínimas

de conducta que deben seguir los abogados y las abogadas

que ejercen esta profesión.6

Una de

las disposiciones de mayor

importancia

en

nuestro ordenamiento jurídico es el Canon 9 del Código de

Ética

Profesional,

abogados

y

las

supra,

abogadas

el

deben

cual

establece

“observar

para

que

los

con

los

tribunales una conducta que se caracterice por el mayor

respeto”.7

Por

ello,

éstos

tienen

que

emplear

estricta

atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal o de

cualquier foro al que se encuentre obligado a comparecer.8

Así pues, todo abogado o abogada tiene la obligación de

responder diligente y oportunamente a los requerimientos y

5

In re Marín Serrano, 2017 TSPR 34, 197 DPR ___ (2017); In re

Montalvo Delgado, 2016 TSPR 223, 196 DPR ____ (2016); In re Sepúlveda

Torres, 2016 TSPR 164, 196 DPR ____ (2016); In re Oyola Torres, 195

DPR 437,440 (2016); In re Vera Vélez, 192 DPR 216, 226 (2015).

6

In re Marín Serrano, supra; In re Sepúlveda Torres, supra. Véase,

además: In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 617–618 (2014); In re

Falcón López, 189 DPR 689, 695 (2013).

7

8

4 LPRA Ap. IX.

In re Marín Serrano, supra; In re Rodríguez Quesada, 2016 TSPR 159,

195 DPR ____ (2016); In re Stacholy Ramos, 2016 TSPR 153, 195 DPR ____

(2016).

AB-2016-209

6

las órdenes de este Tribunal, especialmente en aquellos

asuntos

relacionados

con

procedimientos

disciplinarios

sobre su conducta profesional.9

Cabe destacar que el incumplimiento con este deber,

demuestra

un

claro

menosprecio

a

la

autoridad

de

este

Tribunal.10 Además, en reiteradas ocasiones hemos señalado

que la actitud de indiferencia a nuestros apercibimientos

sobre sanciones disciplinarias constituye causa suficiente

para

una

suspensión

profesión.11

De

requerimientos

es

inmediata

ese

de

modo,

incompatible

la

práctica

desatender

con

la

de

la

nuestros

práctica

de

la

profesión y constituye una violación al Canon 9 del Código

de Ética Profesional, supra.12

III

A

pesar

apercibimientos

de

de

las

este

múltiples

Tribunal,

el

oportunidades

licenciado

y

Santos

Ortiz ha desplegado una conducta temeraria en desatención

a nuestra autoridad como foro regulador de la profesión

legal. Ello pues, el abogado ha incumplido con todas las

órdenes

que

hemos

emitido

y

tampoco

ha

comparecido

a

contestar los señalamientos imputados en su contra. Esa

9

In re Marín Serrano, supra; In re Vera Vélez, supra, pág. 226.

10

In re Marín Serrano, supra; In re Rodríguez Quesada, supra. Véase,

además: In re De León Rodríguez, 190 DPR 378, 390–391 (2014); In re

Irizarry Irizarry, 190 DPR 368, 374 (2014).

11

In re Marín Serrano, supra; In re Vera Vélez, supra, págs. 226–227;

In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660 (2011); In re Martínez Sotomayor I,

181 DPR 1, 3 (2011).

12

In re Marín Serrano, supra; In re Figueroa Cortés, 2016 TSPR 202,

196 DPR ____ (2016).

AB-2016-209

7

conducta, en sí misma, constituye un craso incumplimiento

con el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra. Con

su

comportamiento,

el

licenciado

Santos

Ortiz

nos

ha

demostrado que no tiene interés en practicar la profesión

jurídica en esta jurisdicción.

IV

Por

los

fundamentos

expuestos,

decretamos

la

suspensión inmediata e indefinida del licenciado Santos

Ortiz del ejercicio de la abogacía y la notaría.

El licenciado Santos Ortiz deberá notificar de forma

inmediata a sus clientes que, por motivo de su suspensión,

no

podrá

continuar

representación

legal,

proveyéndoles

y

debe

consultoría

devolver

a

éstos

ni

los

expedientes de cualquier caso ya atendido o pendiente de

resolución, incluyendo el expediente de la Unión y de la

señora Torres Canales, y los honorarios que haya percibido

por

cualquier

trabajo

no

realizado.

De

igual

manera,

tendrá la responsabilidad de informar inmediatamente de su

suspensión a todos los foros judiciales y administrativos

en los que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y

certificar ante este Tribunal el cumplimiento con todo lo

anterior, dentro del término de treinta (30) días, contado

a partir de la notificación de la presente Opinión Per

Curiam y Sentencia.

Se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar

inmediatamente la obra y el sello notarial del licenciado

Santos Ortiz y entregarlos al Director de la Oficina de

AB-2016-209

Inspección

8

de

Notarías

e

informe.

investigación

notarial

queda

para

la

correspondiente

Consecuentemente,

automáticamente

cancelada.

La

la

fianza

fianza

se

considerará buena y válida por tres años después de su

terminación

en

cuanto

a

los

actos

realizados

por

el

licenciado Santos Ortiz durante el periodo en que la misma

estuvo vigente.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Ricardo Santos Ortiz

(TS-14,021)

AB-2016-209

Queja

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2017.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte íntegra de la presente Sentencia, decretamos

la

suspensión

inmediata

e

indefinida

del

Lcdo. Ricardo Santos Ortiz del ejercicio de la

abogacía y la notaría.

El licenciado Santos Ortiz deberá notificar

de forma inmediata a sus clientes que, por motivo

de su suspensión, no podrá continuar proveyéndoles

consultoría

ni

representación

legal,

y

debe

devolver a éstos los expedientes de cualquier caso

ya atendido o pendiente de resolución, incluyendo

el expediente de la Unión de Organizadores y

Personal de Oficina y de la Sra. Ilsa M. Torres

Canales, y los honorarios que haya percibido por

cualquier trabajo no realizado. De igual manera,

tendrá

la

responsabilidad

de

informar

inmediatamente de su suspensión a todos los foros

judiciales y administrativos en los que tenga algún

caso pendiente. Deberá acreditar y certificar ante

este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior,

dentro del término de treinta (30) días, contado a

partir de la notificación de la presente Opinión

Per Curiam y Sentencia.

AB-2016-209

2

Se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar

inmediatamente la obra y el sello notarial del licenciado

Santos Ortiz y entregarlos al Director de la Oficina de

Inspección

de

Notarías

para

la

correspondiente

investigación e informe. Consecuentemente, la fianza

notarial queda automáticamente cancelada. La fianza se

considerará buena y válida por tres años después de su

terminación en cuanto a los actos realizados por el

licenciado Santos Ortiz durante el periodo en que la misma

estuvo vigente.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo