Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Ricardo Santos Ortiz
2017 TSPR 107
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Ricardo Santos Ortiz
AB-2016-209
Conducta profesional – Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y notaría por incumplir con las órdenes del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2017 TSPR 107
Ricardo Santos Ortiz
(TS-14,021)
198 DPR ____
Número del Caso: AB-2016-209
Fecha:
12 de junio de 2017
Abogado del promovido:
Por derecho propio
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Joseph Feldstein Del Valle
Subprocurador General
Lcda. Minnie H. Rodríguez López
Procuradora General Auxiliar
Materia:
La suspensión será efectiva el 20 de junio de 2017, fecha en
que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que
está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y
publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Ricardo Santos Ortiz
(TS,14,021)
AB-2016-209
Queja
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2017.
Hoy
nos
corresponde
ejercer
nuevamente
nuestro poder disciplinario y ordenar la suspensión
inmediata
e
indefinida
de
un
miembro
profesión jurídica por no acatar
de
la
las órdenes de
este Tribunal.
A
hechos
tales
que
fines,
nos
procedemos
mueven
a
a
imponer
delimitar
las
los
medidas
disciplinarias correspondientes.
I
El Lcdo. Ricardo Santos Ortiz fue admitido al
ejercicio de la abogacía el 30 de enero de 2002 y
prestó
juramento
como
notario
el
19
de
junio
de 2002. El 8 de julio de 2016 la Sra. Ilsa M.
Torres
Canales
presentó
la
queja
de
epígrafe
AB-2016-209
2
en contra del licenciado Santos Ortiz.1 En síntesis, la
señora Torres Canales indicó que para el 2010 solicitó los
servicios
de
representación
legal
que
la
Unión
de
Organizadores y Personal de Oficina (Unión) les provee a
sus miembros para el trámite de una querella sobre despido
ante
el
Negociado
de
Conciliación
y
Arbitraje
del
Departamento del Trabajo (Negociado). A esos fines, se le
asignó al licenciado Santos Ortiz como su representante
legal.
La
señora
Torres
Canales
señaló
que,
luego
de
celebrarse varias vistas, el árbitro del Negociado a cargo
de su caso le informó al licenciado Santos Ortiz que era
necesario
presentar
un
alegato
para
la
resolución
del
pleito. Sin embargo, el abogado nunca presentó el escrito.
Además,
adujo
que
el
licenciado
Santos
Ortiz
no
planificaba reuniones con suficiente tiempo antes de las
vistas
para
discutir
el
seguimiento
del
caso,
no
se
comunicaba con ella para informarle sobre el estado del
caso y tampoco le había entregado el expediente de su
caso,
a
pesar
de
ésta
habérselo
pedido
en
varias
ocasiones.
Luego de la presentación de la queja, el licenciado
Santos Ortiz renunció al caso ante el Negociado y solicitó
que
le
concediéramos
un
término
para
entregar
el
expediente original a la Unión y una copia del expediente
1
Cabe destacar que el Lcdo. Ricardo Santos Ortiz tiene 2 quejas
activas adicionales a la de epígrafe ante este Tribunal; éstas son la
queja AB-2015-126 y la queja AB-2017-45.
AB-2016-209
3
a la señora Torres Canales. En respuesta, este Tribunal
emitió una Resolución el 20 de septiembre de 2016 mediante
la cual le concedió un término de 5 días laborables para
que el abogado entregara los expedientes y nos acreditara
el cumplimiento con lo ordenado.2
El 4 de octubre de 2016 la señora Torres Canales
presentó una Moción urgente informativa en la cual indicó
que el licenciado Santos Ortiz aun no le había devuelto el
expediente,
a
pesar
de
la
orden
de
este
Tribunal.
Consecuentemente, emitimos una Resolución el 14 de octubre
de
2016
mediante
la
cual
le
concedimos
al
licenciado
Santos Ortiz hasta el 20 de octubre de 2016 para que
entregara el expediente original a la Unión y la copia del
mismo a la señora Torres Canales.3 Además, le advertimos
que el término concedido era final e improrrogable y que
su
incumplimiento
ejercicio
de
la
podría
conllevar
abogacía,
la
suspensión
independientemente
de
del
los
méritos de la queja. Asimismo, le ordenamos al abogado que
presentara su contestación a la queja y especificara las
razones por las cuales
disciplinarias.
Sin
no debíamos imponerle sanciones
embargo,
el
abogado
incumplió
nuevamente con nuestras órdenes.
Así las cosas, el 14 de diciembre de 2016 emitimos
otra
Resolución
mediante
la
cual
le
concedimos
al
2
Archivada en autos la copia de la notificación de la Resolución el
21 de septiembre de 2016.
3
Archivada en autos la copia de la notificación de la Resolución el
17 de octubre de 2016.
AB-2016-209
4
licenciado Santos Ortiz hasta el 21 de diciembre de 2016
para que entregara los expedientes.4 Además, dentro del
mismo
término,
el
abogado
debía
acreditar
ante
este
Tribunal el cumplimiento con dicha orden. De igual modo,
reiteramos que el licenciado Santos Ortiz debía contestar
los méritos de la queja AB-2016-209 y que tendría hasta el
21
de
diciembre
advertimos
al
de
2016
abogado
para
que,
ello.
Finalmente,
independientemente
le
de
los
méritos de la queja, el incumplimiento con las órdenes de
este
Tribunal
constituye
una
violación
al
Canon
9
del
Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, lo que podría
acarrear la suspensión del ejercicio de la abogacía y la
notaría.
Una vez vencido el término concedido al abogado, el
3 de febrero de 2017 el Procurador General presentó una
Moción
urgente
sobre
Resolución
de
14
de
diciembre
de
2016. En el referido escrito, informó que el licenciado
Santos
Ortiz
no
ha
cumplido
con
ninguna
de
nuestras
órdenes. Particularmente, señaló que se comunicó con la
señora Torres Canales y ésta le indicó que el abogado aun
no
le
ha
entregado
confrontando
problemas
Procurador
General
licenciado
Santos
4
el
expediente
con
su
entiende
Ortiz
a
que
está
pues,
el
desatención
del
caso.
que
este
por
la
lo
Así
proceso
constituye
una
Archivada en autos la copia de la notificación de la Resolución el
19 de diciembre de 2016.
AB-2016-209
5
violación a los Cánones 9 y 12 de Ética Profesional. Al
día de hoy, el abogado no ha comparecido ante nosotros.
II
Como parte de nuestra facultad inherente de regular
la
profesión
jurídica
en
Puerto
Rico
nos
corresponde
asegurar que los miembros admitidos a la práctica de la
abogacía
y
la
responsable,
notaría
competente
ejerzan
sus
funciones
diligente.5
y
A
de
esos
manera
fines,
el
Código de Ética Profesional establece las normas mínimas
de conducta que deben seguir los abogados y las abogadas
que ejercen esta profesión.6
Una de
las disposiciones de mayor
importancia
en
nuestro ordenamiento jurídico es el Canon 9 del Código de
Ética
Profesional,
abogados
y
las
supra,
abogadas
el
deben
cual
establece
“observar
para
que
los
con
los
tribunales una conducta que se caracterice por el mayor
respeto”.7
Por
ello,
éstos
tienen
que
emplear
estricta
atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal o de
cualquier foro al que se encuentre obligado a comparecer.8
Así pues, todo abogado o abogada tiene la obligación de
responder diligente y oportunamente a los requerimientos y
5
In re Marín Serrano, 2017 TSPR 34, 197 DPR ___ (2017); In re
Montalvo Delgado, 2016 TSPR 223, 196 DPR ____ (2016); In re Sepúlveda
Torres, 2016 TSPR 164, 196 DPR ____ (2016); In re Oyola Torres, 195
DPR 437,440 (2016); In re Vera Vélez, 192 DPR 216, 226 (2015).
6
In re Marín Serrano, supra; In re Sepúlveda Torres, supra. Véase,
además: In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 617–618 (2014); In re
Falcón López, 189 DPR 689, 695 (2013).
7
8
4 LPRA Ap. IX.
In re Marín Serrano, supra; In re Rodríguez Quesada, 2016 TSPR 159,
195 DPR ____ (2016); In re Stacholy Ramos, 2016 TSPR 153, 195 DPR ____
(2016).
AB-2016-209
6
las órdenes de este Tribunal, especialmente en aquellos
asuntos
relacionados
con
procedimientos
disciplinarios
sobre su conducta profesional.9
Cabe destacar que el incumplimiento con este deber,
demuestra
un
claro
menosprecio
a
la
autoridad
de
este
Tribunal.10 Además, en reiteradas ocasiones hemos señalado
que la actitud de indiferencia a nuestros apercibimientos
sobre sanciones disciplinarias constituye causa suficiente
para
una
suspensión
profesión.11
De
requerimientos
es
inmediata
ese
de
modo,
incompatible
la
práctica
desatender
con
la
de
la
nuestros
práctica
de
la
profesión y constituye una violación al Canon 9 del Código
de Ética Profesional, supra.12
III
A
pesar
apercibimientos
de
de
las
este
múltiples
Tribunal,
el
oportunidades
licenciado
y
Santos
Ortiz ha desplegado una conducta temeraria en desatención
a nuestra autoridad como foro regulador de la profesión
legal. Ello pues, el abogado ha incumplido con todas las
órdenes
que
hemos
emitido
y
tampoco
ha
comparecido
a
contestar los señalamientos imputados en su contra. Esa
9
In re Marín Serrano, supra; In re Vera Vélez, supra, pág. 226.
10
In re Marín Serrano, supra; In re Rodríguez Quesada, supra. Véase,
además: In re De León Rodríguez, 190 DPR 378, 390–391 (2014); In re
Irizarry Irizarry, 190 DPR 368, 374 (2014).
11
In re Marín Serrano, supra; In re Vera Vélez, supra, págs. 226–227;
In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660 (2011); In re Martínez Sotomayor I,
181 DPR 1, 3 (2011).
12
In re Marín Serrano, supra; In re Figueroa Cortés, 2016 TSPR 202,
196 DPR ____ (2016).
AB-2016-209
7
conducta, en sí misma, constituye un craso incumplimiento
con el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra. Con
su
comportamiento,
el
licenciado
Santos
Ortiz
nos
ha
demostrado que no tiene interés en practicar la profesión
jurídica en esta jurisdicción.
IV
Por
los
fundamentos
expuestos,
decretamos
la
suspensión inmediata e indefinida del licenciado Santos
Ortiz del ejercicio de la abogacía y la notaría.
El licenciado Santos Ortiz deberá notificar de forma
inmediata a sus clientes que, por motivo de su suspensión,
no
podrá
continuar
representación
legal,
proveyéndoles
y
debe
consultoría
devolver
a
éstos
ni
los
expedientes de cualquier caso ya atendido o pendiente de
resolución, incluyendo el expediente de la Unión y de la
señora Torres Canales, y los honorarios que haya percibido
por
cualquier
trabajo
no
realizado.
De
igual
manera,
tendrá la responsabilidad de informar inmediatamente de su
suspensión a todos los foros judiciales y administrativos
en los que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y
certificar ante este Tribunal el cumplimiento con todo lo
anterior, dentro del término de treinta (30) días, contado
a partir de la notificación de la presente Opinión Per
Curiam y Sentencia.
Se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar
inmediatamente la obra y el sello notarial del licenciado
Santos Ortiz y entregarlos al Director de la Oficina de
AB-2016-209
Inspección
8
de
Notarías
e
informe.
investigación
notarial
queda
para
la
correspondiente
Consecuentemente,
automáticamente
cancelada.
La
la
fianza
fianza
se
considerará buena y válida por tres años después de su
terminación
en
cuanto
a
los
actos
realizados
por
el
licenciado Santos Ortiz durante el periodo en que la misma
estuvo vigente.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia.
Se dictará sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Ricardo Santos Ortiz
(TS-14,021)
AB-2016-209
Queja
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2017.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte íntegra de la presente Sentencia, decretamos
la
suspensión
inmediata
e
indefinida
del
Lcdo. Ricardo Santos Ortiz del ejercicio de la
abogacía y la notaría.
El licenciado Santos Ortiz deberá notificar
de forma inmediata a sus clientes que, por motivo
de su suspensión, no podrá continuar proveyéndoles
consultoría
ni
representación
legal,
y
debe
devolver a éstos los expedientes de cualquier caso
ya atendido o pendiente de resolución, incluyendo
el expediente de la Unión de Organizadores y
Personal de Oficina y de la Sra. Ilsa M. Torres
Canales, y los honorarios que haya percibido por
cualquier trabajo no realizado. De igual manera,
tendrá
la
responsabilidad
de
informar
inmediatamente de su suspensión a todos los foros
judiciales y administrativos en los que tenga algún
caso pendiente. Deberá acreditar y certificar ante
este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior,
dentro del término de treinta (30) días, contado a
partir de la notificación de la presente Opinión
Per Curiam y Sentencia.
AB-2016-209
2
Se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar
inmediatamente la obra y el sello notarial del licenciado
Santos Ortiz y entregarlos al Director de la Oficina de
Inspección
de
Notarías
para
la
correspondiente
investigación e informe. Consecuentemente, la fianza
notarial queda automáticamente cancelada. La fianza se
considerará buena y válida por tres años después de su
terminación en cuanto a los actos realizados por el
licenciado Santos Ortiz durante el periodo en que la misma
estuvo vigente.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo