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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Lorenzo Cabán Arocho

2017 TSPR 104

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Lorenzo Cabán Arocho

TS-3,098

Conducta profesional – Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por incumplir con requisitos de educación jurídica continua

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2017 TSPR 104

Lorenzo Cabán Arocho

198 DPR ____

Número del Caso: TS-3098

Fecha:

6 de junio de 2017

Abogado del promovido:

Por derecho propio

Programa de Educación Jurídica Continua:

Lcdo. José Ignacio Campos Pérez

Director

Materia:

La suspensión será efectiva el 13 de junio de 2017, fecha en

que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que

está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Lorenzo Cabán Arocho

Núm. TS-3098

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de junio de 2017.

Una vez más, nos vemos obligados a suspender del

ejercicio de la abogacía a un miembro de la profesión

legal que, en reiteradas ocasiones, ha incumplido con

los

requisitos

del

Programa

de

Educación

O.

Cabán

Jurídica

Continua. Veamos.

I.

El

licenciado

Lorenzo

Arocho

fue

admitido al ejercicio de la abogacía el 26 de mayo de

1968 y prestó juramento como notario el 26 de junio

de 1968.

Posteriormente, y por ser nombrado a un puesto

incompatible con la función notarial, el licenciado

Cabán

Arocho

solicitó

cesar

del

ejercicio

de

la

TS-3098

2

notaría, lo cual le concedimos mediante Resolución de 16

de marzo de 1972. El 13 de abril de 1972, a petición suya,

fue reinstalado al ejercicio de la notaría.

Más adelante, y tras su nombramiento como Juez, el 12

de febrero de 1996, para ser exactos, el referido letrado

cesó nuevamente del ejercicio de la notaría. El 29 de mayo

de 1998, tras su solicitud, el licenciado Cabán Arocho fue

reinstalado al notariado.

Años más tarde, mediante carta fechada el 5 de mayo

de 2011, y “por motivo de retiro”, el licenciado Cabán

Arocho nos solicitó, una vez más, autorización para cesar

del ejercicio de la notaría. Mediante Resolución de 7 de

junio

de

2011,

autorizamos

la

solicitud

del

referido

letrado y, en consecuencia, ordenamos la cancelación de su

fianza notarial.

Ahora

bien,

en

vista

de

que

el

licenciado

Cabán

Arocho continuó desempeñándose como abogado, allá para el

20 de enero de 2010, el Programa de Educación Jurídica

Continua (“PEJC”) le envió al licenciado Cabán Arocho un

Aviso de Incumplimiento con los requisitos establecidos en

el Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua,

según

enmendado,

“Reglamento

del

4

LPRA

Ap.

XVII–E

Programa”),

para

el

(en

término

adelante

del

1

de

diciembre de 2007 al 30 de noviembre de 2009. En dicha

comunicación,

se

le

concedió

al

letrado

un

término

de

sesenta (60) días para tomar los cursos y pagar la multa

TS-3098

por

3

incumplimiento

tardío.

Sin

embargo,

el

licenciado

Cabán Arocho no compareció.

Así pues, el 24 de mayo de 2012, el PEJC le envió al

letrado una citación para una vista informal, a celebrarse

el 20 de junio de 2012. El letrado compareció por escrito

a la mencionada vista y argumentó, en apretada síntesis,

que “objetaba por conciencia” los requisitos del PEJC; que

el

programa

violaba

su

derecho

constitucional

a

la

dignidad del ser humano; que no necesitaba de educación

continua;

que

no

estaba

dispuesto

a

enriquecer

a

sus

compañeros abogados; que se le debía considerar exento de

los requisitos del PEJC por haber ejercido la profesión

por

sobre

cuarenta

y

cuatro

“retirado”;

y,

finalmente,

renunciar

la

profesión

a

(44)

años

no

estaba

que

ni

a

obtener

y

ya

estar

dispuesto

a

estatus

de

un

abogado inactivo.

Evaluada la comunicación del licenciado Cabán Arocho,

el

PEJC

término

determinó

de

concederle

sesenta

(60)

a

este,

días

una

para

vez

más,

subsanar

un

la

insuficiencia de créditos en el periodo de 2007 a 2009 y

para que pagara la multa por incumplimiento tardío. Se

estableció,

además,

ordenado,

se

que

del

referiría

letrado

el

incumplir

asunto

ante

con

lo

nuestra

consideración.

Posteriormente, el 31 de enero de 2012 y el 17 de

enero

de

2014

el

PEJC

le

envió

al

letrado

Avisos

de

TS-3098

4

Incumplimiento para el periodo del 1 de diciembre de 2009

al 30 de noviembre de 2011 y para el periodo del 1 de

diciembre

de

2011

al

30

de

noviembre

de

2013,

respectivamente. A este último aviso, el de 17 de enero de

2014,

el

mencionado

letrado

reaccionó

y

presentó

una

comunicación, recibida por el PEJC el 30 de enero de 2014,

en la que esbozó, esencialmente, los mismos planteamientos

expuestos en su comparecencia previa.

Ante

la

inacción

por

parte

del

licenciado

Cabán

Arocho, el 5 de febrero de 2014 el PEJC le cursó una

comunicación al letrado en la cual le reiteraba todos los

periodos

que

había

incumplido.

En

dicha

comunicación,

además, se anejó el Informe del Oficial Examinador y la

determinación tomada por la entonces Directora Ejecutiva

del

PEJC,

Hon.

Geisa

M.

Marrero

Martínez

(en

adelante

“Directora Ejecutiva”) de concederle al letrado un término

de sesenta (60) días para que cumpliera con los requisitos

del periodo 2007-2009 y que, además, pagara la multa por

cumplimiento tardío.

El 4 de junio de 2014, el licenciado Cabán Arocho

envió una comunicación al PEJC, mediante la que respondió

al Informe y a la determinación que se tomó en la vista

informal

celebrada.

En

dicha

comunicación

reiteró

los

fundamentos antes esbozados en su comunicación anterior y

nuevamente sostuvo que, luego de practicar la profesión

por sobre cuarenta y seis (46) años, no necesitaba tomar

TS-3098

5

educación jurídica continua y que, aunque no continuaría

ejerciendo la profesión, siempre seguiría siendo abogado.

En vista del incumplimiento por parte del licenciado

Cabán Arocho, la Directora del PEJC refirió el asunto ante

la atención de la Junta de Educación Continua (en adelante

“Junta”).

En

reunión

celebrada

el

22

de

septiembre

de

2016, la Junta decidió referir el informe correspondiente

ante nuestra consideración.

De conformidad con lo anterior, el 9 de marzo de

2017,

compareció

Campos

Pérez,

ante

Director

nos

el

licenciado

Ejecutivo

del

PEJC

José

Ignacio

(en

adelante

“Director Ejecutivo”), en representación de la Junta, y

nos

informó

incumplido

que

con

el

licenciado

Cabán

Arocho

los

requisitos

establecidos

había

en

el

Reglamento del Programa, supra, para el periodo del 1 de

diciembre de 2007 al 30 de noviembre de 2009, y no había

pagado

la

multa

por

incumplimiento

tardío,

según

lo

dispuesto en la Regla 30(C) del Reglamento del Programa,

supra. Además, el Director Ejecutivo nos informó que el

licenciado

Cabán

Arocho

tampoco

ha

cumplido

con

los

requisitos del PEJC para los periodos del 1 de diciembre

de 2009 al 30 de noviembre de 2011, del 1 de diciembre de

2011 al 30 de noviembre de 2013 y del 1 de diciembre de

2013 al 30 de noviembre de 2016. Sobre estos periodos, el

letrado

tardío.

tampoco

ha

pagado

las

multas

por

cumplimiento

TS-3098

6

Reaccionando

Cabán

Arocho

al

Informe

compareció

presentado,

ante

nos

el

licenciado

reiterando

los

planteamientos expuestos ante el PEJC sobre por qué no

debe cumplir con los requerimientos antes señalados.

Es,

precisamente,

procesal

antes

a

expuesto

la

luz

del

cuadro

que

procedemos

a

fáctico

disponer

y

del

asunto ante nos.

II.

Como es sabido, el Código de Ética Profesional, 4

LPRA Ap. IX, establece las normas mínimas de conducta que

deben regir a los miembros de la ilustre profesión de la

abogacía en el desempeño de sus funciones. In re López

Santos, 2016 TSPR 37, 194 DPR __ (2016); In re De Jesús

Román, 192 DPR 799, 802 (2015); In re Vera Vélez, 192 DPR

216 (2015). En particular, el Canon 2 del Código de Ética

Profesional dispone que los miembros de la profesión deben

“realizar esfuerzos para lograr y mantener un alto grado

de excelencia y competencia en su profesión a través del

estudio

y

la

participación

en

programas

educativos

de

mejoramiento profesional”. 4 LPRA ap. IX, C.2.

A

tenor

Reglamento

con

lo

anterior,

este

de

Educación

Jurídica

XVII–D,

según

enmendado,

y

supra.

A

través

del

el

Tribunal

Continua,

Reglamento

Reglamento

de

4

adoptó

el

LPRA

Ap.

del

Programa,

Educación

Jurídica

Continua, supra, se les requiere a los miembros de la

profesión

legal

cumplir

con

ciertas

horas

créditos

en

TS-3098

7

educación jurídica continua. Actualmente, se requiere que,

en

un

abogado

(24)

periodo

de

tres

activo

en

la

horas

Asimismo,

créditos

se

(3)

años,

profesión

en

toda

cumpla

educación

establecieron

las

abogada

con

y

todo

veinticuatro

jurídica

excepciones

continua.

a

dicho

requerimiento. Véase Reglamento del Programa, supra, Regla

4 (C).

Como se sabe, los abogados o las abogadas que cumplen

con dicho requisito de manera tardía, deben presentar un

informe con las razones que justifiquen el cumplimiento

tardío, así como pagar una cuota de $50.00. Reglamento del

Programa, supra, Regla 30. Ahora bien, cuando los abogados

o

abogadas

no

cumplen

con

el

requisito

del

PEJC,

es

necesario que se celebre una vista informal en la que

tengan

la

oportunidad

de

explicar

las

razones

por

las

cuales incumplieron. Íd., Regla 32. En caso en que el

abogado o la abogada no comparezca a la vista, la Junta

tiene el deber de remitir el asunto ante la consideración

de este Tribunal. Íd. Véanse además, In re Gómez Riefkohl,

2017 TSPR 41, 197 DPR __ (2017); In re López González,

2015 TSPR 107 (2015).

Al evaluar los asuntos que ante nuestra consideración

ha remitido la Junta de Educación Continua, en múltiples

ocasiones hemos expresado que “[l]a desidia y dejadez ante

los requerimientos del PEJC, no solo representan un gasto

de

recursos

administrativos

por

parte

de

ese

programa,

TS-3098

8

sino que, además, reflejan una patente falta de compromiso

con el deber de excelencia y competencia que encarna el

Canon 2 del Código de Ética Profesional”. In re López

Santos, supra, en la pág. 4; In re Nieves Vázquez, 2016

TSPR 22, en la pág. 5; In re Cepero Rivera, 2015 TSPR 119,

en la

pág. 9.

Cónsono con lo anterior, nos hemos “visto obligado[s]

a suspender indefinidamente a abogados que desatienden los

requerimientos del PEJC e incumplen con las horas crédito

de educación continua requeridas”. In re Rodríguez Gerena,

2017 TSPR 40, 197 DPR ___ (2017); In re Ortiz Soto, 2016

TSPR 226, en la pág. 10, 196 DPR ___ (2016); In re Arroyo

Acosta, 192 DPR 848, 852 (2015). Tal es el caso de autos.

III.

En

el

presente

caso,

a

pesar

de

las

múltiples

oportunidades que ha tenido para ello, el licenciado Cabán

Arocho no ha cumplido con los requisitos del PEJC para el

periodo del 1 de diciembre de 2007 al 30 de noviembre de

2009. Entre las razones que ha dado el licenciado Cabán

Arocho para su reiterado incumplimiento, se encuentran:

que “objetaba por conciencia” los requisitos del PEJC; que

el

programa

violaba

su

derecho

constitucional

a

la

dignidad del ser humano; que no necesitaba de educación

continua;

que

no

estaba

dispuesto

a

enriquecer

a

sus

compañeros abogados; que se le debía considerar exento de

los requisitos del PEJC por haber ejercido la profesión

TS-3098

por

9

sobre

cuarenta

y

cuatro

“retirado”;

y,

finalmente,

renunciar

la

profesión

a

(44)

años

no

estaba

que

ni

a

obtener

y

ya

estar

dispuesto

a

estatus

de

un

abogado inactivo. Ninguna de esas razones nos convence.

Ninguna exime a un abogado de su deber de cumplir con los

requerimientos del PEJC.

Por otro lado, aunque el PEJC aún no ha celebrado la

vista

informal

requerida,

es

menester

señalar

que

el

letrado en cuestión, no conforme con haber incumplido con

los

requisitos

del

PEJC

para

el

periodo

de

2007-2009,

según nos informa el Director del Programa, tampoco ha

cumplido con los requisitos de dicho Programa para los

periodos del 1 de diciembre de 2009 al 30 de noviembre de

2011, del 1 de diciembre de 2011 al 30 de noviembre de

2013 y del 1 de diciembre de 2013 al 30 de noviembre de

2016.

Sobre

estos

periodos,

el

PEJC

ha

enviado

los

respectivos avisos de incumplimiento.1

Como

mencionamos

anteriormente,

el

letrado

solo

compareció en relación al Aviso de Incumplimiento para el

periodo del 2011 al 2013, y bajo fundamentos similares a

los antes señalados, objetó los requisitos del PEJC. Sobre

los

demás

periodos,

el

licenciado

Cabán

Arocho

no

ha

comparecido.

Vemos, pues, que el licenciado Cabán Arocho, a través

de su conducta, ha demostrado desidia y total desinterés

1

El Aviso de Incumplimiento para el

notificado el 27 de febrero de 2017.

periodo de 2013 al

2016 fue

TS-3098

10

en cumplir con los requisitos al PEJC, violentando así lo

dispuesto en el Canon 2 de Ética Profesional, supra. Ante

su reiterado incumplimiento con los requisitos del PEJC,

procede,

pues,

sancionar

al

letrado

con

su

suspensión

indefinida del ejercicio de la abogacía.

IV.

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

suspendemos

inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía

al licenciado Lorenzo O. Cabán Arocho. Se le ordena al

señor Cabán Arocho notificar a todos sus clientes de su

inhabilidad

para

continuar

representándolos,

devolver

cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados

e

informar

inmediatamente

de

su

suspensión

a

los

foros

judiciales y administrativos donde tenga casos pendientes.

Además, tiene la obligación de acreditar y certificar ante

este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del

término de treinta (30) días a partir de la notificación de

esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y

Sentencia

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Lorenzo O. Cabán Arocho

TS-3098

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de junio de 2017.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte de la

presente

Sentencia,

se

suspende

inmediata

e

indefinidamente al licenciado Lorenzo O. Cabán

Arocho del ejercicio de la abogacía. Además, se le

impone al licenciado Cabán Arocho el deber de

notificar a todos sus clientes de su inhabilidad

para

continuar

representándolos,

devolver

cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no

realizados

e

informar

inmediatamente

de

su

suspensión a los foros judiciales y administrativos

en los que tenga algún caso pendiente. Además,

tiene la obligación de acreditar y certificar ante

este Tribunal el cumplimiento con lo anterior,

dentro del término de treinta (30) días a partir de

la notificación de esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Notifíquese personalmente

Curiam y Sentencia.

esta

Opinión

Per

Lo

acordó

el

Tribunal

y

certifica

el

Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez y la Jueza Asociada

Pabón Charneco no intervinieron.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo