Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Bernadette Arocho Cruz
2017 TSPR 106
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Bernadette Arocho Cruz
AB-2014-252
Conducta profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la notaria por quebrantar los Artículos 2, 12 y 56 de la Ley Notarial, las Reglas 65, 66 y 67 del Reglamento Notarial y los Cánones 18, 35 y 38 de Ética Profesional
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Dora López Díaz
(TS-2422)
Carmen Cardona Rodríguez
(TS-6202)
Raúl Guemárez Nieves
(TS-4101)
Luis Flores Martínez
(TS-9225)
Bernadette Arocho Cruz
(TS-13384)
2017 TSPR 106
198 DPR ____
Número del Caso: AB-2014-252
Fecha:
8 de junio de 2017
Materia:
La suspensión de la notaría de la Lcda. Bernadette Arocho
Cruz será efectiva el 16 de junio de 2017, fecha en que se le
notificó de su suspensión inmediata de la notaría.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Dora López Díaz
(TS-2422)
Carmen Cardona Rodríguez
(TS-6202)
Raúl Guemárez Nieves
(TS-4101)
Luis Flores Martínez
(TS-9225)
Bernadette Arocho Cruz
(TS-13,384)
Queja
AB-2014-252
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de junio de 2017.
I
La Lcda. Bernadette Arocho Cruz fue admitida
al ejercicio de la abogacía el 30 de enero de 2001
y a la notaría el 24 de mayo de 2001. El 10 de
julio
de
2014,
el
entonces
Secretario
del
Departamento de Justicia, Lcdo. César R. Miranda,
presentó una queja ante este Tribunal en contra de
varios miembros de la profesión legal, entre ellos
la licenciada Arocho Cruz. 1 Explicó que la División
de
1
Crimen
Organizado
detectó
ciertas
Esta Opinión Per Curiam se limita a evaluar la conducta de
la Lcda. Bernadette Arocho Cruz. En cuanto a las licenciadas
Dora López Díaz y Carmen Cardona Rodríguez y los licenciados
Raúl Guemárez Nieves y Luis Flores Martínez, el procedimiento
disciplinario aún no ha culminado.
2
AB-2014-0252
irregularidades en la toma de varios testimonios mientras
investigaba
un
esquema
de
apropiación
ilegal
y
fraude.2
Mediante este, la persona dejaba su vehículo de motor en un
concesionario de autos para darlo
como “trade in” en la
compra de uno nuevo. Sin embargo, el Sr. Prudo Pagán Méndez,
entonces
gerente
de
la
compañía
Bella
International,
no
completaba el proceso de “trade in”, pues se apropiaba de
las unidades y las vendía a terceros que desconocían de la
ilegalidad del acto. En lo pertinente, el licenciado Miranda
señaló que algunos de los traspasos de los títulos que se
estaban investigando fueron juramentados por la licenciada
Arocho Cruz.3
En
particular,
las
alegaciones
en
contra
de
la
licenciada Arocho Cruz giran en torno a la autenticación de
las firmas de la Sra. Constancia Díaz López y el Sr. Carlos
Delgado
Ortiz
vehículo
al
Honda
dorso
Element
del
certificado
2003.
Se
de
título
desprende
del
de
un
índice
notarial de la licenciada Arocho Cruz que el 4 de agosto de
2011, esta autenticó las firmas del señor Delgado Ortiz y la
señora
Díaz
López
mediante
el
testimonio
de
autenticidad
número 264.4 Asimismo, surge de una certificación que emitió
el
2
Departamento
de
Transportación
y
Obras
Públicas
con
El 11 de julio de 2014, el Director de la Oficina de Inspección de
Notarías (ODIN), Lcdo. Manuel E. Ávila De Jesús, solicitó mediante moción
que, como medida cautelar, ordenáramos la incautación del sello y la obra
notarial de la licenciada Arocho Cruz ante el referido del Departamento
de Justicia. El 17 de julio de 2014, accedimos a esa petición y emitimos
la Resolución correspondiente.
3
El Fiscal Sergio Rubio Paredes, entonces Director de la División de
Crimen Organizado, prestó una Declaración Jurada donde hizo constar las
situaciones detectadas y dio fe de las gestiones realizadas para
corroborar la información obtenida de los testigos y documentos públicos.
4
Informe Preliminar de la Oficina de la Procuradora General, Anejo XIII,
pág. 73.
3
AB-2014-0252
relación al vehículo Honda Element 2003 con tablilla FLL897, que el traspaso del mismo se llevó a cabo el 18 de
agosto de 2011, cuando la señora Díaz López lo cedió al
señor Delgado Ortiz.5
No obstante lo anterior, la señora Díaz López declaró
que para el año 2011 era dueña de un Honda Element color
negro, el cual su hija, Connielyn García, dio en “trade-in”
en Honda de Bayamón. Señaló que en ningún momento compareció
ante la licenciada Arocho Cruz a juramentar o a firmar el
título
del
falsificó
vehículo,
su
firma.
por
lo
Además,
que
entiende
indicó
que
que
no
alguien
conoce
al
comprador del vehículo, que no le vendió el mismo y que éste
no firmó ningún documento en su presencia.6
Por
otro
lado,
el
señor
Delgado
Ortiz
declaró
que
adquirió dicho vehículo y que todo documento relacionado a
la compra lo firmó con el gerente del “dealer”. A preguntas
del
fiscal,
indicó
que
no
compareció
ante
la
licenciada
Arocho Cruz a juramentar o firmar al dorso del traspaso; no
conoce a la licenciada; no autorizó a alguien a firmar a su
nombre frente a esta última; y en ningún momento estuvo en
su presencia la señora Díaz López.7
En su contestación a la queja, la licenciada Arocho
Cruz explicó que el 27 de julio de 2011 comenzó a trabajar
en la gestoría “D&C Vehicle Registration” propiedad de la
Sra. Cherllotte Duran Couvertier. Expuso que:
[e]l 4 de agosto de 2011, en mi primera semana de
trabajo, la Sra. Duran Couvertier me solicita que
5
Íd., Anejo XIV, pág. 85.
Íd., Anejo X, págs. 50-53.
7
Íd., Anejo XI, págs. 54-60.
6
4
AB-2014-0252
le ayude urgentemente con un caso. Me present[ó]
un expediente del concesionario de vehículos Vega
Alta Motors. El referido vehículo era un Honda
Element, tablilla FLL-897. Como dueña registral
aparecía la Sra. Constancia Díaz López. En el
expediente constaban los documentos de venta del
vehículo al Sr. Carlos J. Delgado Ortiz, as[í]
como copia fotostática [de] las identificaciones
de ambas partes y la autorización firmada por el
Sr. Delgado para que D&C realizara el traspaso del
vehículo a su nombre ante el Departamento de
Transportación y Obras Públicas. La Sra. Duran
Couvertier me pidió que, por excepción, notarizara
el traspaso, ya que por error las partes lo habían
firmado en Vega Alta Motors y que el cliente
ten[í]a urgencia en que se realizara el traspaso.
Me mostr[ó] los documentos y pude corroborar que
ambas firmas eran iguales a las que aparecían en
las correspondientes licencias de conducir. El
gerente de Vega Alta Motors se comunicó vía
telefónica conmigo para solicitarme que hiciera
una excepción en este caso, ya que el cliente
tenía prisa por realizar el traspaso. Le advertí
al gerente, as[í] como a la Sra. Duran que no
podía [notarizar el] documento si no tenía las
personas presentes, pero ellos insistieron y me
recalcaron que era la práctica común en estos
casos.
De
manera
equivocada
y
sintiéndome
presionada, procedí a notarizar el documento según
se me solicit[ó].8
Señaló que en ningún momento sospechó que el vehículo
era parte de un esquema de fraude. Además, reconoció que
cometió un error al juramentar el traspaso sin tener a las
personas presentes, y alegó que no obtuvo enriquecimiento
alguno
de
la
juramentación)
transacción
y
que
los
(cobró
$6.00
ciudadanos
dólares
por
la
involucrados
no
resultaron perjudicados. Explicó que la señora Díaz López
“entreg[ó] su vehículo en “trade in” y obtuvo el valor del
mismo al hacer su compra de un nuevo carro, lo cual era su
propósito. De igual forma, el Sr. Delgado Ortiz compr[ó] el
8
Contestación a la queja de la Lcda. Bernadette Arocho Cruz, pág. 2.
5
AB-2014-0252
vehículo, entreg[ó] sus documentos y autorizó por escrito
que se realizara el traspaso del título”.9
Posteriormente,
Informe
Preliminar.
la
Con
Procuradora
relación
a
General
la
rindió
licenciada
un
Arocho
Cruz, indicó que no existe controversia en cuanto a que esta
dio fe falsamente de que el 4 de agosto de 2011 el señor
Delgado
Ortiz
y
la
señora
Díaz
López
firmaron
en
su
presencia el dorso del certificado de título autorizando el
traspaso
del
auto
en
cuestión.
Concluyó
que
lo
anterior
puede constituir una infracción a los Artículos 2, 12 y 56
de la Ley Notarial, 4 LPRA secs. 2002, 2023 y 2091, las
Reglas 65, 66 y 67 del Reglamento Notarial, 4 LPRA Ap. XXIV,
y los Cánones 18, 35 y 38 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.
IX. Sin embargo, resaltó que la letrada
aceptó sus actuaciones en etapa temprana de este
procedimiento, reconoció haber cometido un error,
indicó que no hubo ánimo de lucro en sus
actuaciones, pidió excusas y manifestó que ante la
queja presentada se le incautó su sello desde
julio de 2014 viéndose afectada en el ejercicio de
la notaría y su capacidad para generar ingresos.10
Examinados los documentos pertinentes a la licenciada
Arocho Cruz, y en vista de que no existe una controversia
esencial de hechos, resolvemos sin trámite ulterior. 11
II
Es
sabido
que
en
nuestro
ordenamiento
jurídico
notario es el custodio de la fe pública notarial
el
y debe
ejercer su labor con sumo esmero y celo profesional. Véase
Art. 2 de la Ley Notarial, supra; In re Maldonado Giuliani,
9
Íd., pág. 3
Informe Preliminar de la Oficina de la Procuradora General, pág. 39.
11
Véase In re Sánchez Ramos, 174 DPR 453 (2008); In re Davison Lampón,
159 DPR 448 (2003).
10
6
AB-2014-0252
195 DPR 670, 675 (2016); In re Vázquez González, 194 DPR
688, 694 (2016);
In re
Toro Imbernon,
194 DPR 499,
504
(2016).
está
obligado
cumplir
las
Además,
a
con
disposiciones de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, su
Reglamento,
supra,
y
los
Cánones
del
Código
de
Ética
Profesional, supra. In re Palmer Ramos, 195 DPR 245, 254-255
(2016); In re Vázquez González, supra.
Un documento notarial avalado por la dación de fe de un
notario se presume que cumple con todas las formalidades de
ley y es legal, verdadero y legítimo. In re Rivera Aponte,
169 DPR 738, 741 (2006). Véase In re González Hernández, 190
DPR 164, 176-177 (2014). Asimismo, “la dación de fe brinda
la
confianza
de
que
los
hechos
jurídicos
y
las
circunstancias que acredita el notario fueron percibidos y
comprobados con sus sentidos o ejecutados por él”. In re
Rivera
Aponte,
supra,
págs.
741-742.
Véase
In
re
Toro
Imbernon, supra, pág. 505.
En lo pertinente, mediante un testimonio o declaración
de
autenticidad
un
notario
puede
dar
fe
de
que,
en
determinada fecha, se firmó un documento en su presencia y
que
esa
persona
es
quien
dice
ser.
Art.
56
de
la
Ley
Notarial, supra; Regla 65, 66 y 67 del Reglamento Notarial,
supra.
Véase
In
re
Vargas
Velázquez,
193
DPR
681,
689
(2015); In re Llanis Menéndez, 175 DPR 22, 25 (2008). “La
legitimación de la firma podrá o no comprender el juramento
o
afirmación”.
Regla
67
del
Reglamento
Notarial,
supra.
“[E]l notario hará constar tanto en el testimonio, como en
el Registro, su conocimiento personal del firmante o en su
7
AB-2014-0252
defecto la utilización de los medios supletorios que provee
[el Art. 17 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2035]”. Íd.
En
vista
de
que
las
declaraciones
juradas
son
testimonios de legitimación de firma, hemos reiterado que
los notarios “[d]eben ser exigentes y abstenerse de dar fe
notarial de [una] declaración jurada si la persona que va a
otorgar
el
documento
o
la
comparecido personalmente”.
declaración
In re Llanis
jurada
no
Menéndez,
ha
supra,
págs. 25-26. Véase In re Vargas Velázquez, supra, pág. 690;
In re Rivera Aponte, supra, pág. 744. Si el notario autoriza
el
documento
en
ausencia
del
firmante,
transgrede
la
fe
pública notarial y perjudica la confianza depositada en el
sistema de autenticidad documental. In re Vargas Velázquez,
supra, pág. 690; In re Llanis Menéndez, supra, pág. 26; In
re Rivera Aponte, supra, pág. 744.
Además,
hecho
falso
mediante
y
no
dicho
solo
acto
viola
la
el
notario
Ley
certifica
Notarial,
sino
un
que
también contraviene los Cánones 18, 35 y 38 del Código de
Ética Profesional, supra. Íd. El Canon 18 le exige a los
miembros
de
la
profesión
legal
que
realicen
una
labor
competente, cuidadosa y diligente. Por lo tanto, cuando un
notario
contraviene
las
disposiciones
de
la
Ley
Notarial
infringe el deber que impone dicho canon al no ejercer la
profesión con el cuidado y la prudencia que esta requiere.
In re Toro González II, 193 DPR 877, 890 (2015); In re Muñoz
Fernós, 184 DPR 679, 685 (2012).
Por otro lado, el Canon 35 le impone a los abogados y
abogadas el deber de conducirse de forma sincera y honrada
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AB-2014-0252
y, en particular, “ajustarse a la sinceridad de los hechos
al
examinar
testigos,
al
redactar
afidávits
u
otros
documentos (...)”. Canon 35 del Código de Ética Profesional,
supra. Asimismo, el Canon 38 de Ética Profesional, supra,
dispone que estos deben ejercer la profesión de forma digna
y
honorable.
Hemos
señalado
que
una
conducta
contraviene
este canon si afecta las condiciones morales del abogado, de
tal forma que lo hace indigno de pertenecer a este foro. In
re Rodríguez López, 2016 TSPR 177, pág. 11, 196 DPR ___
(2016); In re Suárez Jiménez, 192 DPR 152, 164 (2014).
Por último, el Art. 12 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec.
2023, le impone al notario el deber de rendir un índice
mensual de actividad notarial,
no más tarde del décimo día calendario del mes
siguiente al mes informado, en el que harán
constar respecto a las escrituras matrices y los
testimonios por ellos autorizados en el mes
precedente, los números de orden de éstos, los
nombres de los comparecientes, la fecha, el objeto
del instrumento o del testimonio, la cuantía de
cada instrumento y el nombre de los testigos, de
haber comparecido alguno.
Apliquemos este marco legal a los hechos ante nuestra
consideración.
III
Según mencionado, la licenciada Arocho Cruz aceptó que
juramentó
los
traspasos
sin
tener
a
las
personas
que
firmaron presentes. Al certificar un hecho falso en estas
circunstancias la licenciada violó los Artículos 2, 12 y 56
de
la
Ley
Notarial,
supra,
las
Reglas
65,
66
y
67
del
Reglamento Notarial, supra, y los Cánones 18, 35 y 38 de
Ética Profesional, supra. Esa ausencia de cautela y celo
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AB-2014-0252
profesional
no
solo
quebrantó
notariado,
sino
que
contribuyó
la
a
función
un
pública
esquema
de
del
fraude,
aunque esa no haya sido la intención de la licenciada. Cabe
señalar que la fe que se le otorgaba al documento perseguía
evitar lo ocurrido en este caso, la suplantación de las
partes
al
autorizar
el
documento
notarial.
In
re
Rivera
a
Aponte, supra, pág. 743.
En
consecuencia,
licenciada
Arocho
procede
Cruz.
imponerle
una
sanción
realizar
esa
determinación
Para
la
consideraremos lo siguiente: “el historial previo [...]; su
reputación en la comunidad; si la conducta se realizó con
ánimo
de
lucro;
arrepentimiento;
si
y
aceptó
los
cargos
imputados;
cualquier
otra
consideración
que
su
se
estime pertinente.” In re Toro González II, supra, pág. 25.
A pesar de que la licenciada Arocho Cruz aceptó que
cometió
la
falta,
violación
grave
estimamos
procedente
el
acto
que
realizó
constituye
de su deber como notaria.
ordenar
la
una
Por lo tanto,
suspensión
inmediata
e
indefinida de la licenciada Arocho Cruz del ejercicio de la
notaría.12
En
consecuencia,
automáticamente cancelada.13
Inspección
de
Notarías,
mantendrá
incautada
la
la
fianza
notarial
El Director de la
Lcdo.
obra
Manuel
y
el
E.
sello
Ávila
queda
Oficina de
De
notarial
Jesús,
de
la
licenciada Arocho Cruz hasta que este Tribunal ordene lo
contrario.
12
Véase In re Vargas Velázquez, 193 DPR 681 (2015); In re Surillo Ascar,
160 DPR 742 (2003).
13
La fianza se considerará buena y válida por tres años después de su
terminación dados los actos realizados por la licenciada Arocho Cruz
durante el periodo en que la misma estuvo vigente.
10
AB-2014-0252
Notifíquese
personalmente
la
licenciada
esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Se dictará sentencia de conformidad.
Arocho
Cruz
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Dora López Díaz
(TS-2422)
Carmen Cardona Rodríguez
(TS-6202)
Raúl Guemárez Nieves
(TS-4101)
Luis Flores Martínez
(TS-9225)
Bernadette Arocho Cruz
(TS-13,384)
Queja
AB-2014-252
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de junio de 2017.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la
presente
Sentencia,
se
suspende
inmediatamente
e
indefinidamente a la Lcda. Bernadette Arocho Cruz del
ejercicio de la notaría. En consecuencia, la fianza
notarial queda automáticamente cancelada.
El Director de la Oficina de Inspección de Notarías,
Lcdo. Manuel E. Ávila De Jesús, mantendrá incautada la
obra y el sello notarial de la licenciada Arocho Cruz
hasta que este Tribunal ordene lo contrario.
Notifíquese personalmente.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo