LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Elí Saúl Rodríguez Ruiz

2017 TSPR 102

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Elí Saúl Rodríguez Ruiz

AB-2016-337 AB-2016-122

Conducta profesional – suspensión indefinida e inmediata de la profesión legal por desobedecer los requerimientos de la Oficina del Procurador General y del Tribunal Supremo de Puerto Rico

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2017 TSPR 102

198 DPR ____

Elí Saúl Rodríguez Ruiz

(TS-6602)

Número del Caso: AB-2016-337

AB-2016-122

Fecha:

17 de mayo de 2017

Abogado de la parte promovida:

Por derecho propio

Oficina del Procurador General

Lcdo. Luis Román Negrón

Procurador General

Materia:

La suspensión será efectiva el 8 de junio de 2017, fecha

en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Elí Saúl Rodríguez Ruiz

TS-6602

AB-2016-0337

AB-2016-0122

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a de 17 mayo de 2017.

En el día de hoy nos atañe ejercer nuestro

poder

disciplinario

y

decretar

inmediata e indefinida

la

suspensión

del licenciado Elí Saúl

Rodríguez Ruiz por desobedecer tanto las órdenes

de este Tribunal, como los requerimientos cursados

por la Oficina del Procurador General. Por los

fundamentos

que

a

continuación

suspendemos

inmediata

e

enunciamos,

indefinidamente

de

lo

la

práctica de la abogacía y la notaría.

I

El

licenciado

(licenciado

Rodríguez

Elí

Saúl

Ruiz

o

Rodríguez

Ruiz

querellado)

fue

TS-6602

2

admitido a la práctica de la abogacía el 7 de noviembre de

1979 y a la práctica de la notaría el 20 de enero de 1989.

El 31 de octubre de 2016 la señora Jine Marie Maldonado

Pérez

(señora

Maldonado

o

quejosa)

presentó

una

queja

contra el licenciado Rodríguez Ruiz.1 En dicha queja, la

señora Maldonado

Román)

se

expresó que

el Sr.

Edgar Román (señor

de

apropió

de

un

vehículo

razón

por

la

cual

pertenencia,

acudió

motor

al

de

su

Centro

de

Servicios al Conductor. Indicó que fue allí donde advino en

conocimiento que, mediante un documento, se traspasó la

titularidad de su vehículo a nombre del señor Román. Adujo

que,

posteriormente,

descubrió

que

dicho

documento

fue

juramentado por el licenciado Rodríguez Ruiz.

El 17 de noviembre de 2016 la Subsecretaria de este

Tribunal le cursó una notificación al licenciado Rodríguez

Ruiz.

En

dicho

aviso,

se

adjuntó

copia

de

la

queja

presentada por la señora Maldonado. Asimismo, mediante el

referido apercibimiento se le confirió al querellado un

término

de

diez

días,

a

partir

del

recibo

de

la

notificación, para contestar la queja. Finalmente, se le

indicó que, de no comparecer en el término señalado, se

referiría

la

queja

al

Procurador

General

sin

su

comparecencia.

1

La queja presentada por la señora Maldonado es la AB-2016-0337.

Además, aclaramos que al presente contra el licenciado Rodríguez Ruiz

pesan varias quejas. En ese sentido, está pendiente la queja AB-2016124 presentada el 18 de abril de 2016. Así, también, la queja AB-201720 presentada el 25 de enero de 2017. En cuanto a esta última, el

querellado no ha comparecido.

TS-6602

3

El 30 de enero de 2017 –transcurridos setenta y cuatro

días

desde

el

primer

apercibimiento–

se

le

remitió

al

querellado una segunda notificación. En dicho aviso, se le

concedió a éste un “término final” de diez días, desde la

notificación

de

dicha

comunicación,

para

presentar

su

contestación. Asimismo, nuevamente se le apercibió que, de

no comparecer en el referido plazo, la queja se sometería a

la Oficina del Procurador General sin su comparecencia.

El 9 de marzo de 2017, sin contar con la comparecencia

del querellado, referimos la mencionada queja a la Oficina

del

Procurador

General.

Esto,

con

la

encomienda

de

investigar las infracciones imputadas. Consecuentemente, el

17 de abril de

2017

el

Procurador General presentó su

Informe. Indicó que el 20 de marzo de 2017 se le cursó al

querellado, mediante carta certificada con acuse de recibo,

un Requerimiento de Información.2 Ello, con el propósito de

que éste replicara la

mencionada queja dentro de un plazo

de diez días. Puntualizó que el 3 de abril de 2017 se le

envió el aludido requerimiento de información vía correo

electrónico.

Sin

embargo,

informó

que

el

licenciado

Rodríguez tampoco contestó el requerimiento cursado. Por

otro

lado,

requerimientos

también

de

adujo

que

información

a

se

la

le

cursaron

quejosa

y

que

dos

ésta

tampoco los cumplió.

2

En el Informe del Procurador General se consignó que el requerimiento

fue enviado a una dirección en el Municipio de Hatillo. Empero que,

como parte de la investigación, surgió que el querellado tiene otra

oficina en el Municipio de Arecibo.

Además, se desprende del Informe que el 5 de abril de 2017 la Oficina

del Procurador General recibió el acuse de recibo que evidencia que el

querellado recibió el requerimiento de información.

TS-6602

4

A la luz de este cuadro fáctico, el Procurador General

concluyó que el proceder del querellado, al no contestar

las órdenes de este Tribunal y los requerimientos de la

Oficina del Procurador General, vulneró los Cánones 9 y 12

del

Código

de

Ética

Profesional,

independiente de la conducta

4

LPRA

Ap.

IX,

que se le atribuyó en la

queja.

A la luz de estos hechos, a continuación, enunciamos

el marco legal aplicable a los mismos.

II

Como parte de nuestro poder inherente para regular la

profesión

asegurarnos

de

la

que

abogacía

los

en

miembros

Puerto

Rico

admitidos

a

nos

la

compete

profesión

ejerzan sus funciones de manera responsable, competente y

diligente.3 A tono con ello, el Código de Ética Profesional

establece

las

normas

mínimas

de

conducta

que

deben

desplegar los abogados y abogadas que ejercen esta ilustre

profesión.4

A. Canon 12 puntualidad y tramitación de los causas.

El Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra, le

impone a todo letrado el deber de tramitar las causas de

forma responsable, puntual y diligente.5 Específicamente,

el aludido canon establece lo siguiente:

3

In re Oyola Torres, 194 DPR 437 (2016); In re Vera Vélez, 192 DPR

216, 226 (2015).

4

In re Rodríguez Gerena, 2017 TSPR 40, 197 DPR ___ (2017); In re

Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 617-618 (2014); In re Falcón López,

189 DPR 689 (2013).

5

In re Montalvo Delgado, 2016 TSPR 223, 196 DPR ___ (2016).

TS-6602

5

Es deber del abogado hacia el

tribunal, sus compañeros, las partes y

testigos el ser puntual en su asistencia

y conciso y exacto en el trámite y

presentación de las causas. Ello implica

el

desplegar

todas

las

diligencias

necesarias para asegurar que no se

causen

indebidas

dilaciones

en

su

tramitación y solución.

En otros términos, el citado precepto “requiere que

los abogados presten atención minuciosa, sean diligentes y

cumplan con las órdenes del tribunal, en particular cuando

se

trata

de

profesional

procedimientos

relacionados

éstos”. 6

también,

de

Así,

a

la

exige

conducta

que

los

letrados respondan con premura los requerimientos sobre las

quejas por conducta profesional.7 Por tal razón, infringe

el Canon 12,

supra, todo abogado que “no responde las

resoluciones del Tribunal Supremo, ni comparece a responder

una queja que se ha presentado en su contra”.8

Además,

hemos

sido

enfáticos

al

disponer

que

los

togados deben la más estricta observancia a las órdenes

judiciales.9 Es por ello que “la continua desobediencia de

las órdenes del tribunal configura una infracción al Canon

12 y expone al letrado a una acción disciplinaria”. 10 Esto

pues, la conducta de todo abogado debe descansar en el fiel

6

In re Torres Román, 2016 TSPR 154, 195 DPR ___ (2016). (Énfasis

suplido).

7

In re Villalba Ojeda, 193 DPR 966, 974 (2015); In re Hernández

Vázquez, 180 DPR 527, 540 (2010).

8

In re Massanet Rodríguez, 188 DPR. 116, 125-126 (2013). (Énfasis

suplido).

9

In re Miranda Daleccio, 193 DPR 753, 761 (2015).

10

In re Prado Galarza, 2016 TSPR 158, 196 DPR ___ (2016); In re Pagán

Torres, 194 DPR 925, 929 (2016).

TS-6602

6

cumplimiento

con

la

ley

y

en

el

respeto

al

Poder

Judicial.11

Es

hemos

menester

aclarar

puntualizado

que,

que,

al

en

ocasiones

igual

que

el

anteriores,

Canon

9,

la

aplicabilidad del Canon 12 no se encuentra restringida a

las órdenes expedidas por esta Curia.12 En otros términos,

esta norma también rige el comportamiento que la clase

togada debe observar sobre los requerimientos efectuados

por

las

entidades

que

auxilian

a

este

Tribunal

en

el

descargo de sus responsabilidades.13

B. Canon 9 conducta del abogado ante los tribunales.

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra,

pauta la conducta que los abogados deben desplegar ante los

tribunales

de

justicia

del

país.

En

lo

que

aquí

nos

concierne, dicho precepto dispone que todo “abogado debe

observar

para

con

los

tribunales

una

conducta

que

se

caracterice por el mayor respeto”.14

Previamente, hemos expresado que la naturaleza de la

función

del

abogado

conlleva

que

éste

emplee

estricta

atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal o de

cualquier foro al que se encuentre obligado a comparecer. 15

Dicho

de

otro

modo,

la

clase

togada

tiene

un

deber

ineludible

de

respetar,

acatar

y

responder

de

forma

diligente nuestras órdenes. Especialmente, hemos destacado

11

In re Irizarry Rodríguez, 193 DPR 633, 663 (2015).

In re Torres Román, 2016 TSPR 154, 195 DPR ___ (2016).

13

Id.

14

4 LPRA Ap. IX. C. 9.

15

In re García Ortiz, 187 DPR 507, 524 (2012).

12

TS-6602

7

que este deber conlleva mayor observancia cuando se trata

de asuntos relacionados a la conducta profesional de los

abogados.16 Esto, pues, una queja es una alegación la cual

imputa que, cierta conducta del abogado, es contraria a los

postulados éticos que imperan en la profesión legal. 17 Lo

antes

dicho

aplica

indistintamente

los

méritos

de

la

queja.18

Así, pues, el incumplimiento con las órdenes de este

Tribunal

evidencia

un

claro

menosprecio

hacia

nuestra

autoridad.19 Por tal razón, la desatención de las órdenes

judiciales no puede ser tomada de forma liviana, ya que

constituye

un

tribunales.20

manifestado

serio

Es

que

apercibimientos

agravio

por

la

a

la

ello

que,

actitud

de

sobre

sanciones

autoridad

de

reiteradamente,

indiferencia

a

disciplinarias

los

hemos

nuestros

es

causa

suficiente para la suspensión inmediata e indefinida de la

práctica de la abogacía.21

Por

otro

lado,

como

bien

señalamos,

este

canon

contiene las normas que rigen el comportamiento de la clase

togada ante los foros judiciales. No obstante, lo hemos

hecho

extensivo

a

aquellas

entidades

a

las

cuales

le

delegamos la tarea de velar por el cumplimiento de los

16

In re Rivera Sepúlveda, 192 DPR 985, 988 (2015); In re Irizarry

Irizarry, 190 DPR 368, 375 (2014).

17

In re Echevarría, 192 DPR 526, 530 (2015).

18

Id.; In re Marrero García, 187 DPR 578, 581 (2012).

19

In re Irizarry Irizarry, supra, pág. 374; In re De León Rodríguez,

190 DPR 378, 390-391 (2014).

20

In re Planas Merced, 2016 TSPR 168, 195 DPR ___ (2016).

21

In re Figueroa Cortés, 2016 TSPR 202, 196 DPR ___ (2016); In re

López González, et al., 193 DPR 1021 (2015); In re Irizarry Irizarry,

supra; In re Vera Vélez, supra, pág. 227; In re Toro Soto, 181 DPR

654, 660 (2011); In re Martínez Sotomayor I, 181 DPR 1, 3 (2011).

TS-6602

8

deberes del ejercicio de la abogacía. Es decir, lo antes

discutido,

aplica

de

igual

modo

a

los

requerimientos

llevados a cabo por el Procurador General.22 De manera que,

el incumplimiento con los requerimientos del Procurador

General, acarrea las mismas sanciones disciplinarias que

conlleva el ignorar las órdenes de esta Curia.23

Esbozado

el

marco

jurídico

aplicable

a

esta

controversia, procedemos a resolver.

III

Tras examinar el expediente del presente caso, resulta

forzoso

concluir

que

la

conducta

desplegada

por

el

licenciado Rodríguez Ruiz trasgrede los postulados éticos

mediante los cuales se debe conducir todo miembro de la

clase togada.

Como anteriormente enunciamos, contra el licenciado

Rodríguez Ruiz se presentó una queja mediante la cual se le

imputó haber obrado en contravención a las normas éticas.

En vista de esto, remitimos a éste una notificación con

diversos

propósitos,

a

conducta

imputada;

(2)

defenderse

y

exponer

su

saber:

(1)

advertirle

sobre

la

brindarle

la

oportunidad

de

versión

los

hechos;

(3)

de

y

advertirle que, de no contestar en el término provisto, la

queja

sería

remitida

al

Procurador

General

sin

su

comparecencia.

22

In re Pestaña Segovia, 192 DPR 485, 493 (2015); In re García Ortiz,

187 DPR 507, 524 (2012).

23

In re Pestaña Segovia, supra.

TS-6602

9

Sin embargo, pasados más de dos meses desde que se

envió la primera comunicación, el querellado no compareció

ni presentó su réplica a la queja. Así las cosas, y a pesar

de

habérsele

apercibido

que

la

queja

se

remitiría

al

Procurador General sin su comparecencia, se le cursó un

segundo

aviso.

adicional

Así,

para

también,

contestar

se

la

le

queja.

concedió

No

un

plazo

obstante,

el

licenciado Rodríguez Ruiz tampoco compareció.

Ulteriormente, remitimos la queja a la Oficina del

Procurador General para que se efectuara la correspondiente

investigación.

A

tales

fines,

la

mencionada

oficina

le

cursó al licenciado Rodríguez Ruiz – en dos ocasiones – un

requerimiento para que éste replicara la queja. Empero, a

pesar

de

que

hay

prueba

que

el

querellado

recibió

el

aludido requerimiento, éste no cumplió con el mismo. En

vista

de

ello,

el

Procurador

General

recomendó

que

sancionáramos al licenciado Rodríguez Ruiz por infringir

los Cánones 9 y 12 del Código de Ética Profesional, supra.

Coincidimos con el Procurador General que la conducta

de

desidia

e

indiferencia

desplegada

trasgrede los postulados éticos

por

que deben

el

querellado

regir a

todo

miembro de la profesión.

De

primeras,

Rodríguez

Ruiz

diligente

en

la

los

el

Canon

12

obligación

procesos

de

ante

imponía

al

conducirse

los

licenciado

de

tribunales.

manera

Como

mencionamos, dicho precepto cobra especial rigor a la hora

de acatar las órdenes de esta Curia. Asimismo, el Canon 12

TS-6602

10

requería

que

el

querellado

contestara

prontamente

los

requerimientos relacionados a las quejas fundadas en su

conducta

profesional.

Por

Rodríguez

Ruiz,

comparecer

al

no

consiguiente,

ante

el

licenciado

este

Tribunal

a

replicar la queja presentada en su contra, infringió el

Canon 12.

En segundo lugar, el querellado, como funcionario del

tribunal, venía obligado a conducirse ante nosotros con el

mayor

de

los

respetos.

Debido

a

ello,

Rodríguez

Ruiz

estaba

obligado

a

prestar

obedecer

las

órdenes

de

este

el

Tribunal.

licenciado

atención

y

Especialmente,

cuando el procedimiento llevado a cabo en su contra está

motivado por su conducta profesional. De igual forma, el

querellado estaba obligado a guardar el mismo respeto a los

requerimientos

hechos

por

la

Oficina

del

Procurador

General, por ser un ente encargado de auxiliarnos en la

función reguladora de la profesión.

De

manera

que,

la

desidia

e

inobservancia

del

licenciado Rodríguez Ruiz, respecto a las comunicaciones

cursadas por esta Curia y los requerimientos enviados por

el Procurador General demuestran menosprecio hacia nuestra

autoridad.

Asimismo,

su

comportamiento

constituye

un

agravio a nuestro poder como ente regulador de la profesión

de

la

abogacía.

suficiente

para

Este

proceder,

ordenar

indefinida de la abogacía.

su

de

por

suspensión

sí,

es

razón

inmediata

e

TS-6602

11

IV

En lo concerniente a la queja AB-2016-0122 presentada

el 21 de abril de 2016, la misma tuvo lugar a causa de un

defecto

que

contenía

una

escritura

licenciado Rodríguez Ruiz. Por

que

autorizó

el

tal razón,

el asunto

se

refirió a la Oficina de Inspección de Notaría (ODIN).

Una

vez

completados

los

trámites

de

rigor,

el

Director de la ODIN nos presentó su Informe. En síntesis,

éste indicó que el defecto de la escritura consistía en que

el bien objeto de la compraventa pertenecía a una sucesión

y que el querellado no consignó en la misma las cuotas

viudales usufructuarias. Además, expresó que el 8 y 26 de

agosto de 2016 se le cursó al licenciado Rodríguez Ruiz una

comunicación.

Mediante

este

aviso,

se

le

solicitó

al

querellado que expusiera su posición en torno la queja y

que presentara cierta documentación. Igualmente, adujo que

el 6 de septiembre de 2016 el querellado envió una misiva

donde, sin incluir los documentos solicitados, arguyó lo

que sigue:

Hágole saber que actualmente no tengo

nada que responder al querellante pues

él me hizo saber personalmente y en mi

oficina que no tiene nada en mi contra y

que así se lo haría saber a ustedes. Se

cerró el caso, por lo que yo cerré todo

también.24

24

Respecto a esta misiva resulta adecuado destacar que el 9 de agosto

de 2016 la Asesora Legal de la ODIN, sostuvo una comunicación con el

querellado. El licenciado Rodríguez Ruiz manifestó que el quejoso

acudió a su oficina a indicarle que desistía de su reclamación. Ante

ello, la Asesora Legal le expresó que la ODIN no había recibido

comunicación alguna del quejoso que indicara su intención de desistir.

Así también le manifestó que “[h]asta tanto el Tribunal Supremo ordene

lo contrario, nuestra investigación tiene que seguir su curso de

conformidad con la Regla 14(d) del Reglamento del Tribunal Supremo”.

TS-6602

12

Por último, el Director de la ODIN puntualizó que el 6

de septiembre de 2016, como el querellado no había cumplido

con lo solicitado, se le cursó un tercer aviso reiterando

el

pedido.

Sin

embargo,

éste

tampoco

presentó

los

documentos requeridos ni su posición sobre la queja.

Basado

en

estos

eventos,

el

Director

de

la

ODIN

concluyó que el querellado vulneró el Canon 9, supra, al

desatender los requerimientos de la ODIN. En vista de ello,

recomendó su suspensión del ejercicio de la notaría por un

plazo de noventa días. Sin embargo, a la luz de lo resuelto

en la queja AB-2016-0337, este plazo queda subsumido en la

suspensión inmediata e indefinida del licenciado Rodríguez

Ruiz de la práctica de la abogacía y la notaria.

V

Por

los

fundamentos

que

anteceden,

suspendemos

de

forma inmediata e indefinida al licenciado Rodríguez Ruiz

de la práctica de la abogacía y la notaría. Así, también,

le imponemos el deber de poner en aviso inmediatamente a

todos

sus

clientes

representándolos

y

sobre

su

inhabilidad

restituir

de

cualesquiera

continuar

honorarios

recibidos por trabajos no realizados.

Igualmente,

sobre

su

tendrá

suspensión

que

comunicar,

inmediatamente,

a

los

judiciales

foros

y

administrativos de Puerto Rico en los cuales tenga algún

caso pendiente. Asimismo, tiene la obligación de acreditar

y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo

TS-6602

13

anterior, dentro del término de 30 días contados a partir

de la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Por

último,

el

Alguacil

de

este

Tribunal

deberá

incautar inmediatamente la obra protocolar y sello notarial

del señor Rodríguez Ruiz y entregarlos al Director de la

ODIN.

Se

dictará

Sentencia

de

conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Elí Saúl Rodríguez Ruiz

TS-6602

AB-2016-0337

AB-2016-0122

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2017.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecende, la cual se hace formar

parte de la presente Sentencia, concluímos que el

señor Elí Saúl Rodríguez Ruiz infringió los Canones

9 y 12 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.

IX. En consecuencia, suspendemos de forma inmediata

e indefinida al licenciado Rodríguez Ruiz de la

práctica de la abogacía y la notaría. En vista de

lo anterior, le imponemos el deber de poner en

aviso inmediatamente a todos sus clientes sobre su

inhabilidad

de

continuar

representándolos

y

restituir cualesquiera honorarios recibidos por

trabajos no realizados.

Igualmente,

tendrá

que

comunicar,

inmediatamente, sobre su suspensión a los foros

judiciales y administrativos de Puerto Rico en los

cuales tenga algún caso pendiente. Asimismo, tiene

la obligación de acreditar y certificar ante este

Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro

del término de 30 días contados a partir de la

notificación

de

esta

Opinión

Per

Curiam

y

Sentencia. Por último, el Alguacil de este Tribunal

deberá incautar inmediatamente la obra protocolar y

AB-2016-0337 / AB-2016-0122

2

sello notarial del señor Rodríguez Ruiz y entregarlos al

Director de la ODIN.

Notifíquese personalmente.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo