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Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo de Puerto Rico v. Lory Frey

2017 TSPR 97

Poder Judicial de Puerto Rico

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El Pueblo de Puerto Rico v. Lory Frey

CC-2017-455

Resolución del Tribunal con Votos Particulares Disidentes

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

2017 TSPR 97

Lory Frey

198 DPR ____

Peticionaria

Número del Caso: CC-2017-455

Fecha: 7 de junio de 2017

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Arecibo-Aguadilla, Panel X

Abogado de la parte Peticionaria:

Lcdo. Arturo Guzmán Guzmán

Materia: Resolución del Tribunal con Votos Particulares Disidentes.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2017-455

Certiorari

Lory Frey

Peticionaria

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 7 de junio de 2017.

Examinadas la Solicitud de Paralización de

los Procedimientos ante el Honorable Tribunal de

Primera Instancia y la Petición de Certiorari

presentadas en el caso de epígrafe, se provee no

ha lugar a ambas.

Notifíquese inmediatamente por teléfono, fax

o correo electrónico y, posteriormente, por la

vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica

el

Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez proveería no ha lugar

en esta etapa. Los Jueces Asociados señores

Estrella Martínez y Colón Pérez emitieron Votos

Particulares

Disidentes,

respectivamente.

La

Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no intervino.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2017-455

Certiorari

Lory Frey

Peticionaria

Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA

San Juan, Puerto Rico, a 7 de junio de 2017.

Ante la evidente realidad de que en este caso

se lesionan derechos constitucionales fundamentales

y se atenta contra el derecho de la imputada de

delito a que se le garantice el debido proceso de

ley, disiento de la determinación que hoy toma una

Mayoría

de

dictaminado,

nuestra

este

Tribunal.

considero

consideración

que

la

Contrario

a

lo

controversia

ante

ameritaba

la

oportuna

intervención de este Tribunal, toda vez que nos

enfrenta a una lamentable situación en la cual se

expuso a una persona a los rigores de un proceso

penal

sin

considerar

las

barreras

CC-2017-455

2

lingüísticas

que

le

impidieron

entender

y

comprender

el

proceso criminal. De esta forma, es indudable que en los

procedimientos

celebrados

en

contra

de

la

imputada

de

epígrafe hubo una ausencia crasa de las garantías mínimas

del debido proceso de ley, a tal grado que no se cumplió con

el requisito elemental de una notificación adecuada que le

permitiera comprender los cargos presentados en su contra.

Examinemos el contexto fáctico y procesal en que se

desató la controversia de epígrafe.

I

A la Sra. Lory Frey (señora Frey o peticionaria) se le

imputó

la

comisión

graves

por

de

violación

tres

a

delitos

la

Ley

graves

Núm.

y

dos

menos

22-2000,

según

enmendada, Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, por

hechos alegadamente ocurridos el 16 de marzo de 2017. Así

las cosas, el 17 de marzo de 2017 se celebró la vista de

determinación de causa probable para arresto (Regla 6). Al

comienzo de la vista de Regla 6, se le informó al Juez que

presidía la vista que la señora Frey no tenía la capacidad

para entender y comprender el idioma español. Ante ello, se

determinó

Policía

cualificar

de

Puerto

como

intérprete

Rico

que

a

mantuvo

la

agente

de

la

custodiada

a

la

peticionaria hasta que fue llevada a Regla 6. Cabe señalar

que la referida agente estaba ejerciendo sus funciones como

miembro de la uniformada al mismo tiempo en que fungió como

intérprete de la imputada. Además, según alegó la señora

Frey, la agente pertenecía a la misma unidad policiaca que

CC-2017-455

3

los agentes investigadores que testificaron en contra de la

imputada.

Celebrada la vista de Regla 6, el Juez determinó causa

para arrestar a la peticionaria y pautó la celebración de

la

vista

preliminar

al

amparo

de

la

Regla

23

de

Procedimiento Criminal. En consecuencia, el 6 de abril de

2017, la señora Frey presentó ante el Tribunal de Primera

Instancia una moción de desestimación al amparo de la Regla

64(p)

de

las

de

Procedimiento

Criminal.

Esencialmente,

solicitó que los cargos en su contra fueran desestimados,

conforme a lo dispuesto en Pueblo v. Branch, 154 DPR 575

(2001). Ello, toda vez que no se le garantizó el debido

proceso de ley al asignarle como intérprete una agente de

la

Policía

ejercer

que

tal

no

estaba

función;

que

debidamente

custodió

a

cualificada

la

imputada

para

en

su

carácter de oficial del orden público; que laboraba en la

misma

división

que

los

agentes

investigadores

que

presentaron los cargos en contra de la imputada, y que no

fue juramentada en la función de intérprete, lo cual minó

la confiabilidad del proceso.

Por

su

parte,

el

Ministerio

Público

se

opuso

que

la

moción

desestimación

fundamentándose

en

desestimación

al

Regla

amparo

de

la

64(p)

sólo

a

la

de

procede

luego de celebrada la vista preliminar, por lo cual no se

extiende

a

la

vista

de

Regla

6.

Además,

arguyó

que

la

agente que fungió como intérprete fue cualificada por el

Juez a cargo de la Regla 6 y que los procedimientos se

CC-2017-455

4

celebraron

pausadamente

Atendidos

los

para

planteamientos

asegurar

de

las

la

traducción.

partes,

el

foro

primario declaró sin lugar la desestimación, por entender

que

el

tribunal

tomó

las

medidas

para

garantizar

la

participación de un intérprete en Regla 6.

Inconforme,

la

señora

Frey

recurrió

al

Tribunal

de

Apelaciones y sostuvo que se le violentaron sus derechos

constitucionales al asignarle como intérprete a una agente

que le custodió en su carácter de oficial del orden público

y

cuyas

cualificaciones

para

ejercer

la

función

de

interpretación eran cuestionables. Asimismo, presentó una

solicitud para paralizar los procedimientos ante el foro

primario,

particularmente

preliminar,

foro

hasta

apelativo

que

se

la

celebración

resolviera

intermedio

confirmó

la

la

de

la

vista

controversia.

El

determinación

del

Tribunal de Primera Instancia. Entendió que la solicitud de

desestimación

fue

prematura

por

presentarse

antes

de

la

celebración de la vista preliminar. Por su parte, el Hon.

Nery E. Adames Soto emitió un voto disidente, en el cual

expresó que:

[A]un reconociendo que la vista bajo la Regla 6

no es un minijuicio, ni tampoco una VP . . ., lo

cierto es que una vez esté presente el imputado

de delito en dicha etapa, se activan unos

derechos que no pueden ser soslayados. En

presencia de la imputada, el mínimo que se puede

exigir bajo el debido proceso procesal es que

entienda

lo

que

allí

sucedió,

y

que

el

intérprete que se designe ofrezca unas garantías

básicas de confiabilidad.

….

[H]aber designado como intérprete a la Agente de

la Policía, que trabaja en la misma División de

CC-2017-455

5

los Agentes que testificaron en contra de la

peticionaria en la Regla 6, lesiona el sentido

de juego limpio que debe acompañar al proceso.

Voto disidente del Juez Adames Soto, Apéndice

del certiorari, págs. 56 y 57.

En

desacuerdo

con

el

dictamen

del

Tribunal

de

Apelaciones, el 5 de junio de 2017, compareció ante nos la

señora Frey mediante una Solicitud de Paralización de los

Procedimientos

Instancia

ante

el

Honorable

y una petición de

Tribunal

de

Primera

certiorari. Particularmente,

señala como error lo siguiente:

Erró el Honorable Tribunal Apelativo, al

sostener

la

determinación

del

Tribunal

de

Primera Instancia mediante la cual se declaró no

ha lugar de [sic] la solicitud de desestimación

al amparo de la Regla 64 P de Procedimiento

Criminal, bajo el fundamento errado de que “el

Tribunal tomó las medidas para garantizar la

participación de un intérprete en el proceso

criminal”,

cuando

el

cumulo

[sic]

de

circunstancias procesales minaron y soslayaron

la asignación de interprete [sic] y por ende

viciaron

irreparablemente

las

garantías

constitucionales mínimas del debido proceso de

ley privando a la imputada de sus derechos a un

debido proceso de ley en su modalidad procesal y

sustantivo

por

razón

de

su

impedimento

lingüístico para entender y comprender el idioma

español, acción inconsistente e incongruente con

la normativa establecida en Pueblo v. Branch,

154 DPR 575 (2001).

Así las cosas, una Mayoría de este Tribunal determinó

proveer no ha lugar tanto a la solicitud de paralización

como a la petición de certiorari presentadas por la señora

Frey. En consecuencia, por los fundamentos que expondré a

continuación, no me queda más que disentir del curso de

acción seguido.

CC-2017-455

6

II

Sin lugar a dudas, este caso nos presentaba una gran

oportunidad

para

evitar

que

continúen

perpetuándose

injusticias de esta índole, en las cuales se les priva a los

ciudadanos

de

sus

derechos

constitucionales

por

diversas

barreras producto del origen social, impedimentos físicos o

de naturaleza lingüística, como el caso que nos ocupa. No

solamente

se

han

obviado

derechos

consagrados

en

la

Constitución de Puerto Rico como en la Constitución Federal,

sino que se han vulnerado garantías fundamentales contenidas

en

normas

internacionales

aplicables

en

toda

la

esfera

penal. Ello, en un llamado “balance de intereses” en el que

prevalece el interés del Estado de encauzar sus casos sobre

el derecho constitucional que le asiste a un imputado de

delito de que se le garantice el debido proceso de ley.

Como es sabido, la garantía constitucional del debido

proceso de ley está consagrada en el Artículo 2, Sección 7

de la Constitución de Puerto Rico y en la Enmienda XIV de la

Constitución Federal. Asimismo, es preciso señalar que si

bien

nuestra

Constitución

y

la

Constitución

Federal

no

reconocen expresamente un derecho constitucional a que el

tribunal le asigne un intérprete al imputado de delito, se

ha

interpretado

que

ese

derecho

emana

de

la

garantía

constitucional a un debido proceso de ley. Pueblo v. Branch,

154 DPR 575 (2001); Pueblo v. Tribunal Superior, 92 DPR 596

(1965); Marino v. Ragen, 332 US 561 (1947). Véase también

Michael

Gardner

&

Lynn

W.

Davis,

Justicia

para

todos:

CC-2017-455

Ensuring

7

Equal

Minorities,

9

Access

Utah

to

B.J.

the

21

Courts

(2006).

for

Linguistic

Resulta

importante

destacar que en Pueblo v. Branch, supra, reconocimos que

existe

una

intérprete

a

obligación

constitucional

de

proveer

un

un

de

no

comprende

el

imputado

delito

que

idioma español, al amparo de la cláusula constitucional que

garantiza el debido proceso de ley. Aun cuando en aquel

entonces la controversia estaba enmarcada en las incidencias

ocurridas en la vista preliminar, opino que igual trato debe

aplicarse para la vista de Regla 6.

Nociones

fundamentales

de

justicia,

según

han

sido

atendidas en el Derecho Constitucional e Internacional, me

mueven a salvaguardar el derecho de los ciudadanos a un

debido

proceso

de

ley,

mediante

el

reconocimiento

de

su

derecho de contar con un intérprete debidamente calificado

durante todo el procedimiento criminal llevado en su contra,

cuando

ha

demostrado

su

incapacidad

lingüística

para

comprender tales procesos. Primeramente, cabe mencionar que,

en previsión de la discriminación idiomática, la Declaración

Universal de Derechos Humanos dispone que toda persona tiene

todos

los

derechos

y

libertades

allí

proclamadas,

sin

distinción alguna de idioma, origen nacional o cualquier

otra

condición.

Declaración

Universal

de

Derechos

del

Hombre, A.G. Res. 217 (III) A, N.U. Doc. A/RES/217 (III) (10

de

diciembre

de

1948),

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/217

Similar

disposición

se

incluyó

en

el

Artículo

(III).

1

de

la

CC-2017-455

8

Convención

Americana

Americana

sobre

1969),

de

Derechos

Derechos

Humanos

Humanos.

4

(22

de

Convención

noviembre

de

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Conven

cion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf.

Asimismo,

en

el

Artículo 8 de la citada Convención Americana se establece el

derecho de toda persona inculpada de delito a ser asistido

gratuitamente por un traductor o intérprete, si no comprende

o no habla el idioma del juzgado o tribunal. Id. De igual

modo,

en

el

Artículo

14(f)

del

Pacto

Internacional

de

Derechos Civiles y Políticos se reconoce que todo imputado

de delito tiene el derecho a ser informado sin demora, en un

idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza

y

causas

de

la

acusación

formulada

en

su

contra.

Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Pacto

A.G. Res.

2200 (XXI), N.U. Doc. A/RES/2200 (XXI) (16 de diciembre de

1966),

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2200

(XXI)&Lang=S&Area=RESOLUTION.

interpretado

que

derechos

tienen

que

ese

Cabe

derecho

las

destacar

emana,

minorías

a

su

étnicas,

que

se

ha

vez,

de

los

religiosas

o

lingüísticas a tener su propia vida cultural y emplear su

propio idioma. FRANCISCO ALBERTO GÓMEZ SÁNCHEZ TORREALVA, EL ACCESO A

UN

INTÉRPRETE

COMO

MANIFESTACIÓN

DEL

EJERCICIO

DEL

DERECHO

DE

DEFENSA:

APUNTES SOBRE LA IDENTIDAD CULTURAL Y LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS 9 (2009).

Por

otra

parte,

con

relación

a

la

función

del

intérprete, se ha reconocido la necesidad de asignar una

persona que no sólo cuente con conocimientos sobre el idioma

extranjero en cuestión, sino que pueda transmitir las ideas

CC-2017-455

9

dentro del contexto en el que se enuncian. Id., pág. 11. En

ese sentido, es importante designar profesionales que posean

pleno

conocimiento

utilizada

en

de

Derecho,

los

de

idiomas

manera

y

de

la

terminología

que

el

sujeto

auxiliado

comprenda a sus interlocutores y estos últimos, a su vez,

entiendan los argumentos expresados por el imputado en su

idioma nativo. Id., págs. 11-12. También se ha expresado

que, en aras de que la participación del intérprete sea

eficaz y garantice los derechos del imputado, se debe evitar

incurrir en el error de creer que un individuo puede ejercer

la función de intérprete por el mero hecho de ser bilingüe,

pues más allá de eso, el intérprete tiene que ser bicultural

y estar capacitado técnicamente para interpretar. Id., pág.

12

(citando

a

THE

CONNECTICUT

JUDICIAL

BRANCH,

Servicios

de

interpretación y traducción, en http://www.jud.ct.gov/Publi

cations/Spanish/es212s.pdf).

No

menos

importante,

el

elemento de neutralidad y ausencia de conflicto de intereses

en la función interpretativa es vital para garantizar el

cumplimiento de esta normativa y del debido proceso de ley.

Por

otro

lado,

en

lo

atinente

a

las

etapas

del

procedimiento criminal en que participa el intérprete, en la

Unión Europea se ha contemplado que éste participe desde la

etapa

investigativa,

desconoce

el

idioma

pues

en

permite

que

la

el

es

procesada

que

persona

que

tenga

conocimiento de los hechos que se le imputan y pueda ejercer

de manera adecuada su derechos de defensa. Id. Igualmente,

se ha reconocido que el acceso a un intérprete constituye

CC-2017-455

una

10

manifestación

del

ejercicio

del

imputado

para

defenderse, toda vez que protege su derecho a no quedar en

estado

de

indefensión

en

cualquier

etapa

del

proceso

judicial. Id., pág. 13.

III

Indiscutiblemente, en este caso hubo una ausencia crasa

de las garantías mínimas del debido proceso de ley, a tal

grado que la señora Frey no logró entender y comprender los

cargos que se le imputan ni el proceso llevado en su contra.

Particularmente, el Juez a cargo de la vista de Regla 6 tuvo

conocimiento de la falta de capacidad de la peticionaria

para entender y comprender el idioma español, por ser el

inglés su idioma nativo. De igual forma, debía conocer que

como garantía mínima del debido proceso de ley le asistía el

derecho a un intérprete neutral debidamente cualificado, de

manera

que

la

señora

Frey

pudiera

ser

notificada

adecuadamente de los cargos que se le imputan, entendiera el

proceso criminal llevado en su contra, pudiera defenderse y

fuera encausada en un procedimiento justo.

No

obstante,

optó

por

asignar

como

intérprete

a

un

componente del órgano investigativo estatal, a saber: una

agente de la Policía. Como situación agravante, su dominio

del

idioma

inglés

no

quedó

debidamente

acreditado,

y

se

trata de la misma agente que custodió a la peticionaria en

su carácter de oficial del orden público y que laboraba con

los

agentes

investigadores

que

presentaron

cargos

en

su

CC-2017-455

contra.

11

Ante

tales

circunstancias,

queda

meridianamente

claro que la intérprete designada no reúne los requisitos de

un intérprete neutral y libre de conflictos de intereses

para

ejercer

esa

función.

Resulta

evidente

que

la

confiabilidad del proceso quedó viciada. Considero que este

asunto no puede tomarse livianamente, como lo hizo el Juez

que presidió la Regla 6, los foros recurridos y como hoy lo

hace una Mayoría de este Tribunal.

El

argumento

principal

para

abdicar

a

su

deber

de

garantizarle a la señora Frey su derecho a un debido proceso

de ley tiene su base en que el mecanismo procesal que provee

la Regla 64(p) sólo está disponible luego de la celebración

de la vista preliminar en el caso de los delitos graves. No

comparto ese criterio. Considero que predomina nuestro deber

de

hacer

cumplir

las

garantías

constitucionales

e

internacionales aquí discutidas, dirigidas a salvaguardar el

debido

proceso

de

ley

de

la

ciudadana

peticionaria.

Recordemos que se expuso a una imputada de delito a los

rigores

de

un

proceso

penal,

aun

cuando

quedó

clara

su

incapacidad lingüística que le impedía comprender los cargos

que se le imputaron y el proceso llevado en su contra.

CC-2017-455

12

IV

En virtud de lo enunciado, disiento del dictamen emitido

por una Mayoría de este Tribunal. En su lugar, revocaría la

determinación del Tribunal de Apelaciones.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2017-0455

Lory Frey

Peticionaria

Voto Particular Disidente emitido por el Juez Asociado señor Colón Pérez

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de junio de 2017.

Muy respetuosamente, disentimos del curso de

acción seguido por una mayoría de este Tribunal en

el día de hoy. Ello, por entender que ante las

circunstancias particulares de este caso -- donde

a la señora Lory Frey, quien alegaba no conocer el

idioma español, se le imputó la comisión de tres

delitos graves y dos delitos menos grave a tenor

con la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico,

Ley Núm. 22-2000, 9 LPRA sec. 5201 et seq. -- las

garantías mínimas del debido proceso de ley que le

asisten

a

toda

persona

al

enfrentarse

ante

procedimiento criminal no fueron salvaguardadas.

un

CC-2017-455

2

Como bien es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico

cualquier acción penal comienza con la determinación de

causa probable para arrestar, al amparo de la Regla 6 de

las

de

Procedimiento

Criminal,

34

LPRA

Ap.

II.

Véase

además Pueblo v. Irizarry, 160 DPR 544, 555 (2003). Es,

precisamente,

imputada

de

desde

la

ese

momento

comisión

de

que

delito

cualquier

queda

persona

sujeta

a

la

jurisdicción del tribunal y, además, a responder por la

comisión

de

los

delitos

imputados

en

un

juicio

adversativo. Íd., citando a D. Nevares-Muñiz, Sumario de

Derecho Procesal Puertorriqueño, 5ta ed. rev., San Juan,

Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1998, pág. 43.

Asimismo, nuestro ordenamiento jurídico reconoce que,

en la celebración de vista para determinar causa probable

para

arresto,

la

persona

imputada

allí

presente

tendrá

derecho a “estar asistido de abogado, a contrainterrogar a

los testigos en su contra y a ofrecer prueba en su favor”.

Regla 6 de las de Procedimiento Criminal, supra. Es decir,

de esta forma, una vez se encuentra causa probable para

arresto, el Estado ostenta la facultad de poder presentar

la denuncia o acusación contra la persona imputada, según

sea el caso. Pueblo v. Miró González, 133 DPR 813, 821

(1993).

De otra parte, como sabemos, una vez una persona es

imputada

de

delito

menos

grave

y

se

encuentra

causa

probable para arresto, la misma queda sujeta a la acción

CC-2017-455

3

penal, dado a que el Ministerio Público queda facultado

para presentar la correspondiente denuncia por tal delito

y, así, comenzar el proceso de juicio en contra de dicha

persona. Sin embargo, de encontrarse causa probable para

arresto por la comisión de delitos graves, previo a la

celebración

del

juicio,

nuestro

esquema

ordena

la

celebración de una vista preliminar.

Ahora bien, una determinación de causa probable para

acusar, tras la correspondiente celebración de una vista

preliminar, tiene el efecto de subsanar cualquier error

que

se

hubiese

suscitado

en

la

determinación

de

causa

probable para arresto. Pueblo v. Padilla Flores, 127 DPR

698 (1991); Pueblo v. González Pagán, 120 DPR 684 (1988).

Sin embargo, tal no es el proceder en lo que respecta a

los delitos menos graves. Ello puesto que, bien es sabido

que la vista preliminar no se celebra ante la imputación

de la comisión de este tipo de delitos. Por lo tanto, no

existe la posibilidad de que un error en la determinación

de causa probable para arrestar sea subsanado, previo a la

etapa de juicio. Por el contrario, dicha determinación es

la que activa la acción criminal y la celebración de un

juicio.

Es a raíz de lo anterior, y por entender que toda

persona sujeta a un procedimiento criminal en su contra

debe tener a su favor las salvaguardas mínimas del debido

proceso de ley, que me veo en la necesidad de disentir en

el presente caso. Aquí, si bien es cierto que a la señora

CC-2017-455

4

Frey se le encontró causa probable para arrestar por la

comisión de tres delitos graves, por los que se habrá de

celebrar una vista preliminar, también se encontró causa

probable para arrestar por dos delitos menos graves. Por

estos

últimos,

como

vimos,

no

se

celebrará

una

vista

preliminar, sino que se dará inicio a la etapa de juicio

en su fondo. De este modo, me parece que la presentación

de

una

moción

al

amparo

de

la

Regla

64(p)

de

las

de

Procedimiento Criminal, supra, es idónea en esta etapa de

los procedimientos.

La alegación de una violación al debido proceso de

ley

--

garantía

fundamental

en

nuestro

ordenamiento

jurídico, reconocida tanto por la Constitución del Estado

Libre Asociado como por la Constitución de los Estados

Unidos, -- por no contar la señora Frey con un intérprete

imparcial a su disposición durante la celebración de la

vista

de

causa

domina

el

idioma

dicha

vista

juramento

probable

se

ante

para

español,

utilizó

el

foro

arresto,

merece

como

ya

nuestra

intérprete,

primario,

a

una

que

ésta

no

atención.

En

sin

prestar

agente

de

la

Policía de Puerto Rico (lo que podría considerarse a todas

luces

como

criminal).

una

Ello

parte

nos

adversa

resulta,

en

como

el

procedimiento

poco,

altamente

cuestionable y un atentado contra los pilares básicos del

debido proceso de ley que ostenta a su favor toda persona

sujeta a un proceso criminal. Es por ello que, disentimos

y,

en

su

consecuencia,

hubiésemos

paralizado

los

CC-2017-455

procedimientos

5

ante

el

foro

primario

y

expedido

el

certiorari.

Recordemos que la garantía de un intérprete en los

procesos criminales debe entenderse como un componente más

de un verdadero acceso a la justicia.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado