Tribunal Supremo de Puerto Rico
El Pueblo de Puerto Rico v. Lory Frey
2017 TSPR 97
Poder Judicial de Puerto Rico
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El Pueblo de Puerto Rico v. Lory Frey
CC-2017-455
Resolución del Tribunal con Votos Particulares Disidentes
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
v.
2017 TSPR 97
Lory Frey
198 DPR ____
Peticionaria
Número del Caso: CC-2017-455
Fecha: 7 de junio de 2017
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Arecibo-Aguadilla, Panel X
Abogado de la parte Peticionaria:
Lcdo. Arturo Guzmán Guzmán
Materia: Resolución del Tribunal con Votos Particulares Disidentes.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2017-455
Certiorari
Lory Frey
Peticionaria
RESOLUCIÓN
San Juan, Puerto Rico, a 7 de junio de 2017.
Examinadas la Solicitud de Paralización de
los Procedimientos ante el Honorable Tribunal de
Primera Instancia y la Petición de Certiorari
presentadas en el caso de epígrafe, se provee no
ha lugar a ambas.
Notifíquese inmediatamente por teléfono, fax
o correo electrónico y, posteriormente, por la
vía ordinaria.
Lo acordó el Tribunal y certifica
el
Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada
señora Rodríguez Rodríguez proveería no ha lugar
en esta etapa. Los Jueces Asociados señores
Estrella Martínez y Colón Pérez emitieron Votos
Particulares
Disidentes,
respectivamente.
La
Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no intervino.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2017-455
Certiorari
Lory Frey
Peticionaria
Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA
San Juan, Puerto Rico, a 7 de junio de 2017.
Ante la evidente realidad de que en este caso
se lesionan derechos constitucionales fundamentales
y se atenta contra el derecho de la imputada de
delito a que se le garantice el debido proceso de
ley, disiento de la determinación que hoy toma una
Mayoría
de
dictaminado,
nuestra
este
Tribunal.
considero
consideración
que
la
Contrario
a
lo
controversia
ante
ameritaba
la
oportuna
intervención de este Tribunal, toda vez que nos
enfrenta a una lamentable situación en la cual se
expuso a una persona a los rigores de un proceso
penal
sin
considerar
las
barreras
CC-2017-455
2
lingüísticas
que
le
impidieron
entender
y
comprender
el
proceso criminal. De esta forma, es indudable que en los
procedimientos
celebrados
en
contra
de
la
imputada
de
epígrafe hubo una ausencia crasa de las garantías mínimas
del debido proceso de ley, a tal grado que no se cumplió con
el requisito elemental de una notificación adecuada que le
permitiera comprender los cargos presentados en su contra.
Examinemos el contexto fáctico y procesal en que se
desató la controversia de epígrafe.
I
A la Sra. Lory Frey (señora Frey o peticionaria) se le
imputó
la
comisión
graves
por
de
violación
tres
a
delitos
la
Ley
graves
Núm.
y
dos
menos
22-2000,
según
enmendada, Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, por
hechos alegadamente ocurridos el 16 de marzo de 2017. Así
las cosas, el 17 de marzo de 2017 se celebró la vista de
determinación de causa probable para arresto (Regla 6). Al
comienzo de la vista de Regla 6, se le informó al Juez que
presidía la vista que la señora Frey no tenía la capacidad
para entender y comprender el idioma español. Ante ello, se
determinó
Policía
cualificar
de
Puerto
como
intérprete
Rico
que
a
mantuvo
la
agente
de
la
custodiada
a
la
peticionaria hasta que fue llevada a Regla 6. Cabe señalar
que la referida agente estaba ejerciendo sus funciones como
miembro de la uniformada al mismo tiempo en que fungió como
intérprete de la imputada. Además, según alegó la señora
Frey, la agente pertenecía a la misma unidad policiaca que
CC-2017-455
3
los agentes investigadores que testificaron en contra de la
imputada.
Celebrada la vista de Regla 6, el Juez determinó causa
para arrestar a la peticionaria y pautó la celebración de
la
vista
preliminar
al
amparo
de
la
Regla
23
de
Procedimiento Criminal. En consecuencia, el 6 de abril de
2017, la señora Frey presentó ante el Tribunal de Primera
Instancia una moción de desestimación al amparo de la Regla
64(p)
de
las
de
Procedimiento
Criminal.
Esencialmente,
solicitó que los cargos en su contra fueran desestimados,
conforme a lo dispuesto en Pueblo v. Branch, 154 DPR 575
(2001). Ello, toda vez que no se le garantizó el debido
proceso de ley al asignarle como intérprete una agente de
la
Policía
ejercer
que
tal
no
estaba
función;
que
debidamente
custodió
a
cualificada
la
imputada
para
en
su
carácter de oficial del orden público; que laboraba en la
misma
división
que
los
agentes
investigadores
que
presentaron los cargos en contra de la imputada, y que no
fue juramentada en la función de intérprete, lo cual minó
la confiabilidad del proceso.
Por
su
parte,
el
Ministerio
Público
se
opuso
que
la
moción
desestimación
fundamentándose
en
desestimación
al
Regla
amparo
de
la
64(p)
sólo
a
la
de
procede
luego de celebrada la vista preliminar, por lo cual no se
extiende
a
la
vista
de
Regla
6.
Además,
arguyó
que
la
agente que fungió como intérprete fue cualificada por el
Juez a cargo de la Regla 6 y que los procedimientos se
CC-2017-455
4
celebraron
pausadamente
Atendidos
los
para
planteamientos
asegurar
de
las
la
traducción.
partes,
el
foro
primario declaró sin lugar la desestimación, por entender
que
el
tribunal
tomó
las
medidas
para
garantizar
la
participación de un intérprete en Regla 6.
Inconforme,
la
señora
Frey
recurrió
al
Tribunal
de
Apelaciones y sostuvo que se le violentaron sus derechos
constitucionales al asignarle como intérprete a una agente
que le custodió en su carácter de oficial del orden público
y
cuyas
cualificaciones
para
ejercer
la
función
de
interpretación eran cuestionables. Asimismo, presentó una
solicitud para paralizar los procedimientos ante el foro
primario,
particularmente
preliminar,
foro
hasta
apelativo
que
se
la
celebración
resolviera
intermedio
confirmó
la
la
de
la
vista
controversia.
El
determinación
del
Tribunal de Primera Instancia. Entendió que la solicitud de
desestimación
fue
prematura
por
presentarse
antes
de
la
celebración de la vista preliminar. Por su parte, el Hon.
Nery E. Adames Soto emitió un voto disidente, en el cual
expresó que:
[A]un reconociendo que la vista bajo la Regla 6
no es un minijuicio, ni tampoco una VP . . ., lo
cierto es que una vez esté presente el imputado
de delito en dicha etapa, se activan unos
derechos que no pueden ser soslayados. En
presencia de la imputada, el mínimo que se puede
exigir bajo el debido proceso procesal es que
entienda
lo
que
allí
sucedió,
y
que
el
intérprete que se designe ofrezca unas garantías
básicas de confiabilidad.
….
[H]aber designado como intérprete a la Agente de
la Policía, que trabaja en la misma División de
CC-2017-455
5
los Agentes que testificaron en contra de la
peticionaria en la Regla 6, lesiona el sentido
de juego limpio que debe acompañar al proceso.
Voto disidente del Juez Adames Soto, Apéndice
del certiorari, págs. 56 y 57.
En
desacuerdo
con
el
dictamen
del
Tribunal
de
Apelaciones, el 5 de junio de 2017, compareció ante nos la
señora Frey mediante una Solicitud de Paralización de los
Procedimientos
Instancia
ante
el
Honorable
y una petición de
Tribunal
de
Primera
certiorari. Particularmente,
señala como error lo siguiente:
Erró el Honorable Tribunal Apelativo, al
sostener
la
determinación
del
Tribunal
de
Primera Instancia mediante la cual se declaró no
ha lugar de [sic] la solicitud de desestimación
al amparo de la Regla 64 P de Procedimiento
Criminal, bajo el fundamento errado de que “el
Tribunal tomó las medidas para garantizar la
participación de un intérprete en el proceso
criminal”,
cuando
el
cumulo
[sic]
de
circunstancias procesales minaron y soslayaron
la asignación de interprete [sic] y por ende
viciaron
irreparablemente
las
garantías
constitucionales mínimas del debido proceso de
ley privando a la imputada de sus derechos a un
debido proceso de ley en su modalidad procesal y
sustantivo
por
razón
de
su
impedimento
lingüístico para entender y comprender el idioma
español, acción inconsistente e incongruente con
la normativa establecida en Pueblo v. Branch,
154 DPR 575 (2001).
Así las cosas, una Mayoría de este Tribunal determinó
proveer no ha lugar tanto a la solicitud de paralización
como a la petición de certiorari presentadas por la señora
Frey. En consecuencia, por los fundamentos que expondré a
continuación, no me queda más que disentir del curso de
acción seguido.
CC-2017-455
6
II
Sin lugar a dudas, este caso nos presentaba una gran
oportunidad
para
evitar
que
continúen
perpetuándose
injusticias de esta índole, en las cuales se les priva a los
ciudadanos
de
sus
derechos
constitucionales
por
diversas
barreras producto del origen social, impedimentos físicos o
de naturaleza lingüística, como el caso que nos ocupa. No
solamente
se
han
obviado
derechos
consagrados
en
la
Constitución de Puerto Rico como en la Constitución Federal,
sino que se han vulnerado garantías fundamentales contenidas
en
normas
internacionales
aplicables
en
toda
la
esfera
penal. Ello, en un llamado “balance de intereses” en el que
prevalece el interés del Estado de encauzar sus casos sobre
el derecho constitucional que le asiste a un imputado de
delito de que se le garantice el debido proceso de ley.
Como es sabido, la garantía constitucional del debido
proceso de ley está consagrada en el Artículo 2, Sección 7
de la Constitución de Puerto Rico y en la Enmienda XIV de la
Constitución Federal. Asimismo, es preciso señalar que si
bien
nuestra
Constitución
y
la
Constitución
Federal
no
reconocen expresamente un derecho constitucional a que el
tribunal le asigne un intérprete al imputado de delito, se
ha
interpretado
que
ese
derecho
emana
de
la
garantía
constitucional a un debido proceso de ley. Pueblo v. Branch,
154 DPR 575 (2001); Pueblo v. Tribunal Superior, 92 DPR 596
(1965); Marino v. Ragen, 332 US 561 (1947). Véase también
Michael
Gardner
&
Lynn
W.
Davis,
Justicia
para
todos:
CC-2017-455
Ensuring
7
Equal
Minorities,
9
Access
Utah
to
B.J.
the
21
Courts
(2006).
for
Linguistic
Resulta
importante
destacar que en Pueblo v. Branch, supra, reconocimos que
existe
una
intérprete
a
obligación
constitucional
de
proveer
un
un
de
no
comprende
el
imputado
delito
que
idioma español, al amparo de la cláusula constitucional que
garantiza el debido proceso de ley. Aun cuando en aquel
entonces la controversia estaba enmarcada en las incidencias
ocurridas en la vista preliminar, opino que igual trato debe
aplicarse para la vista de Regla 6.
Nociones
fundamentales
de
justicia,
según
han
sido
atendidas en el Derecho Constitucional e Internacional, me
mueven a salvaguardar el derecho de los ciudadanos a un
debido
proceso
de
ley,
mediante
el
reconocimiento
de
su
derecho de contar con un intérprete debidamente calificado
durante todo el procedimiento criminal llevado en su contra,
cuando
ha
demostrado
su
incapacidad
lingüística
para
comprender tales procesos. Primeramente, cabe mencionar que,
en previsión de la discriminación idiomática, la Declaración
Universal de Derechos Humanos dispone que toda persona tiene
todos
los
derechos
y
libertades
allí
proclamadas,
sin
distinción alguna de idioma, origen nacional o cualquier
otra
condición.
Declaración
Universal
de
Derechos
del
Hombre, A.G. Res. 217 (III) A, N.U. Doc. A/RES/217 (III) (10
de
diciembre
de
1948),
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/217
Similar
disposición
se
incluyó
en
el
Artículo
(III).
1
de
la
CC-2017-455
8
Convención
Americana
Americana
sobre
1969),
de
Derechos
Derechos
Humanos
Humanos.
4
(22
de
Convención
noviembre
de
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Conven
cion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf.
Asimismo,
en
el
Artículo 8 de la citada Convención Americana se establece el
derecho de toda persona inculpada de delito a ser asistido
gratuitamente por un traductor o intérprete, si no comprende
o no habla el idioma del juzgado o tribunal. Id. De igual
modo,
en
el
Artículo
14(f)
del
Pacto
Internacional
de
Derechos Civiles y Políticos se reconoce que todo imputado
de delito tiene el derecho a ser informado sin demora, en un
idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza
y
causas
de
la
acusación
formulada
en
su
contra.
Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
Pacto
A.G. Res.
2200 (XXI), N.U. Doc. A/RES/2200 (XXI) (16 de diciembre de
1966),
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2200
(XXI)&Lang=S&Area=RESOLUTION.
interpretado
que
derechos
tienen
que
ese
Cabe
derecho
las
destacar
emana,
minorías
a
su
étnicas,
que
se
ha
vez,
de
los
religiosas
o
lingüísticas a tener su propia vida cultural y emplear su
propio idioma. FRANCISCO ALBERTO GÓMEZ SÁNCHEZ TORREALVA, EL ACCESO A
UN
INTÉRPRETE
COMO
MANIFESTACIÓN
DEL
EJERCICIO
DEL
DERECHO
DE
DEFENSA:
APUNTES SOBRE LA IDENTIDAD CULTURAL Y LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS 9 (2009).
Por
otra
parte,
con
relación
a
la
función
del
intérprete, se ha reconocido la necesidad de asignar una
persona que no sólo cuente con conocimientos sobre el idioma
extranjero en cuestión, sino que pueda transmitir las ideas
CC-2017-455
9
dentro del contexto en el que se enuncian. Id., pág. 11. En
ese sentido, es importante designar profesionales que posean
pleno
conocimiento
utilizada
en
de
Derecho,
los
de
idiomas
manera
y
de
la
terminología
que
el
sujeto
auxiliado
comprenda a sus interlocutores y estos últimos, a su vez,
entiendan los argumentos expresados por el imputado en su
idioma nativo. Id., págs. 11-12. También se ha expresado
que, en aras de que la participación del intérprete sea
eficaz y garantice los derechos del imputado, se debe evitar
incurrir en el error de creer que un individuo puede ejercer
la función de intérprete por el mero hecho de ser bilingüe,
pues más allá de eso, el intérprete tiene que ser bicultural
y estar capacitado técnicamente para interpretar. Id., pág.
12
(citando
a
THE
CONNECTICUT
JUDICIAL
BRANCH,
Servicios
de
interpretación y traducción, en http://www.jud.ct.gov/Publi
cations/Spanish/es212s.pdf).
No
menos
importante,
el
elemento de neutralidad y ausencia de conflicto de intereses
en la función interpretativa es vital para garantizar el
cumplimiento de esta normativa y del debido proceso de ley.
Por
otro
lado,
en
lo
atinente
a
las
etapas
del
procedimiento criminal en que participa el intérprete, en la
Unión Europea se ha contemplado que éste participe desde la
etapa
investigativa,
desconoce
el
idioma
pues
en
permite
que
la
el
es
procesada
que
persona
que
tenga
conocimiento de los hechos que se le imputan y pueda ejercer
de manera adecuada su derechos de defensa. Id. Igualmente,
se ha reconocido que el acceso a un intérprete constituye
CC-2017-455
una
10
manifestación
del
ejercicio
del
imputado
para
defenderse, toda vez que protege su derecho a no quedar en
estado
de
indefensión
en
cualquier
etapa
del
proceso
judicial. Id., pág. 13.
III
Indiscutiblemente, en este caso hubo una ausencia crasa
de las garantías mínimas del debido proceso de ley, a tal
grado que la señora Frey no logró entender y comprender los
cargos que se le imputan ni el proceso llevado en su contra.
Particularmente, el Juez a cargo de la vista de Regla 6 tuvo
conocimiento de la falta de capacidad de la peticionaria
para entender y comprender el idioma español, por ser el
inglés su idioma nativo. De igual forma, debía conocer que
como garantía mínima del debido proceso de ley le asistía el
derecho a un intérprete neutral debidamente cualificado, de
manera
que
la
señora
Frey
pudiera
ser
notificada
adecuadamente de los cargos que se le imputan, entendiera el
proceso criminal llevado en su contra, pudiera defenderse y
fuera encausada en un procedimiento justo.
No
obstante,
optó
por
asignar
como
intérprete
a
un
componente del órgano investigativo estatal, a saber: una
agente de la Policía. Como situación agravante, su dominio
del
idioma
inglés
no
quedó
debidamente
acreditado,
y
se
trata de la misma agente que custodió a la peticionaria en
su carácter de oficial del orden público y que laboraba con
los
agentes
investigadores
que
presentaron
cargos
en
su
CC-2017-455
contra.
11
Ante
tales
circunstancias,
queda
meridianamente
claro que la intérprete designada no reúne los requisitos de
un intérprete neutral y libre de conflictos de intereses
para
ejercer
esa
función.
Resulta
evidente
que
la
confiabilidad del proceso quedó viciada. Considero que este
asunto no puede tomarse livianamente, como lo hizo el Juez
que presidió la Regla 6, los foros recurridos y como hoy lo
hace una Mayoría de este Tribunal.
El
argumento
principal
para
abdicar
a
su
deber
de
garantizarle a la señora Frey su derecho a un debido proceso
de ley tiene su base en que el mecanismo procesal que provee
la Regla 64(p) sólo está disponible luego de la celebración
de la vista preliminar en el caso de los delitos graves. No
comparto ese criterio. Considero que predomina nuestro deber
de
hacer
cumplir
las
garantías
constitucionales
e
internacionales aquí discutidas, dirigidas a salvaguardar el
debido
proceso
de
ley
de
la
ciudadana
peticionaria.
Recordemos que se expuso a una imputada de delito a los
rigores
de
un
proceso
penal,
aun
cuando
quedó
clara
su
incapacidad lingüística que le impedía comprender los cargos
que se le imputaron y el proceso llevado en su contra.
CC-2017-455
12
IV
En virtud de lo enunciado, disiento del dictamen emitido
por una Mayoría de este Tribunal. En su lugar, revocaría la
determinación del Tribunal de Apelaciones.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2017-0455
Lory Frey
Peticionaria
Voto Particular Disidente emitido por el Juez Asociado señor Colón Pérez
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de junio de 2017.
Muy respetuosamente, disentimos del curso de
acción seguido por una mayoría de este Tribunal en
el día de hoy. Ello, por entender que ante las
circunstancias particulares de este caso -- donde
a la señora Lory Frey, quien alegaba no conocer el
idioma español, se le imputó la comisión de tres
delitos graves y dos delitos menos grave a tenor
con la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico,
Ley Núm. 22-2000, 9 LPRA sec. 5201 et seq. -- las
garantías mínimas del debido proceso de ley que le
asisten
a
toda
persona
al
enfrentarse
ante
procedimiento criminal no fueron salvaguardadas.
un
CC-2017-455
2
Como bien es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico
cualquier acción penal comienza con la determinación de
causa probable para arrestar, al amparo de la Regla 6 de
las
de
Procedimiento
Criminal,
34
LPRA
Ap.
II.
Véase
además Pueblo v. Irizarry, 160 DPR 544, 555 (2003). Es,
precisamente,
imputada
de
desde
la
ese
momento
comisión
de
que
delito
cualquier
queda
persona
sujeta
a
la
jurisdicción del tribunal y, además, a responder por la
comisión
de
los
delitos
imputados
en
un
juicio
adversativo. Íd., citando a D. Nevares-Muñiz, Sumario de
Derecho Procesal Puertorriqueño, 5ta ed. rev., San Juan,
Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1998, pág. 43.
Asimismo, nuestro ordenamiento jurídico reconoce que,
en la celebración de vista para determinar causa probable
para
arresto,
la
persona
imputada
allí
presente
tendrá
derecho a “estar asistido de abogado, a contrainterrogar a
los testigos en su contra y a ofrecer prueba en su favor”.
Regla 6 de las de Procedimiento Criminal, supra. Es decir,
de esta forma, una vez se encuentra causa probable para
arresto, el Estado ostenta la facultad de poder presentar
la denuncia o acusación contra la persona imputada, según
sea el caso. Pueblo v. Miró González, 133 DPR 813, 821
(1993).
De otra parte, como sabemos, una vez una persona es
imputada
de
delito
menos
grave
y
se
encuentra
causa
probable para arresto, la misma queda sujeta a la acción
CC-2017-455
3
penal, dado a que el Ministerio Público queda facultado
para presentar la correspondiente denuncia por tal delito
y, así, comenzar el proceso de juicio en contra de dicha
persona. Sin embargo, de encontrarse causa probable para
arresto por la comisión de delitos graves, previo a la
celebración
del
juicio,
nuestro
esquema
ordena
la
celebración de una vista preliminar.
Ahora bien, una determinación de causa probable para
acusar, tras la correspondiente celebración de una vista
preliminar, tiene el efecto de subsanar cualquier error
que
se
hubiese
suscitado
en
la
determinación
de
causa
probable para arresto. Pueblo v. Padilla Flores, 127 DPR
698 (1991); Pueblo v. González Pagán, 120 DPR 684 (1988).
Sin embargo, tal no es el proceder en lo que respecta a
los delitos menos graves. Ello puesto que, bien es sabido
que la vista preliminar no se celebra ante la imputación
de la comisión de este tipo de delitos. Por lo tanto, no
existe la posibilidad de que un error en la determinación
de causa probable para arrestar sea subsanado, previo a la
etapa de juicio. Por el contrario, dicha determinación es
la que activa la acción criminal y la celebración de un
juicio.
Es a raíz de lo anterior, y por entender que toda
persona sujeta a un procedimiento criminal en su contra
debe tener a su favor las salvaguardas mínimas del debido
proceso de ley, que me veo en la necesidad de disentir en
el presente caso. Aquí, si bien es cierto que a la señora
CC-2017-455
4
Frey se le encontró causa probable para arrestar por la
comisión de tres delitos graves, por los que se habrá de
celebrar una vista preliminar, también se encontró causa
probable para arrestar por dos delitos menos graves. Por
estos
últimos,
como
vimos,
no
se
celebrará
una
vista
preliminar, sino que se dará inicio a la etapa de juicio
en su fondo. De este modo, me parece que la presentación
de
una
moción
al
amparo
de
la
Regla
64(p)
de
las
de
Procedimiento Criminal, supra, es idónea en esta etapa de
los procedimientos.
La alegación de una violación al debido proceso de
ley
--
garantía
fundamental
en
nuestro
ordenamiento
jurídico, reconocida tanto por la Constitución del Estado
Libre Asociado como por la Constitución de los Estados
Unidos, -- por no contar la señora Frey con un intérprete
imparcial a su disposición durante la celebración de la
vista
de
causa
domina
el
idioma
dicha
vista
juramento
probable
se
ante
para
español,
utilizó
el
foro
arresto,
merece
como
ya
nuestra
intérprete,
primario,
a
una
que
ésta
no
atención.
En
sin
prestar
agente
de
la
Policía de Puerto Rico (lo que podría considerarse a todas
luces
como
criminal).
una
Ello
parte
nos
adversa
resulta,
en
como
el
procedimiento
poco,
altamente
cuestionable y un atentado contra los pilares básicos del
debido proceso de ley que ostenta a su favor toda persona
sujeta a un proceso criminal. Es por ello que, disentimos
y,
en
su
consecuencia,
hubiésemos
paralizado
los
CC-2017-455
procedimientos
5
ante
el
foro
primario
y
expedido
el
certiorari.
Recordemos que la garantía de un intérprete en los
procesos criminales debe entenderse como un componente más
de un verdadero acceso a la justicia.
Ángel Colón Pérez
Juez Asociado