LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Desarrolladora Cariba, S.E. v. Ven-Lour Enterprises, Inc., et als

2017 TSPR 96

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Desarrolladora Cariba, S.E. v. Ven-Lour Enterprises, Inc., et als

CC-2015-428

Derecho Cambiario y Derecho Hipotecario: Consentimiento de un hipotecante que no suscribió un pagaré hipotecario para otorgar el pagaré como garantía mobiliaria de una transacción posterior

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Desarrolladora Caribe, S.E.

Peticionaria

v.

Ven-Lour Enterprises, Inc., et

als.

Certiorari

2017 TSPR 96

Recurridos

198 DPR ____

Antonio San Miguel Santos, Omayda

Othet Hernández Santiago y la

Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos

Recurridos

Número del Caso: CC-2015-428

Fecha: 5 de junio de 2017

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Ponce

Abogado de la parte peticionaria:

Lcda. Sonia Sierra Sepúlveda

Abogados de la parte recurrida:

Lcdo. Francisco López Romo

Lcdo. Félix Arnaldo Villanueva Cruz

Materia: Derecho Cambiario y Derecho Hipotecario: Consentimiento de

un hipotecante que no suscribió un pagaré hipotecario para otorgar

el pagaré como garantía mobiliaria de una transacción posterior.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Desarrolladora Caribe, S.E.

Peticionaria

v.

Ven-Lour Enterprises, Inc.,

et als.

CC-2015-0428

Recurridos

Antonio San Miguel Santos,

Omayda

Othet

Hernández

Santiago

y

la

Sociedad

Legal

de

Gananciales

compuesta por ambos

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 5 de junio de 2017

En

esta

necesario

el

ocasión

nos

corresponde

consentimiento

de

un

determinar

hipotecante

si

es

que

no

suscribió un pagaré hipotecario para otorgar el pagaré como

garantía mobiliaria de una transacción posterior.

I

A.

Los

hechos

del

presente

caso,

que

no

están

en

controversia, se remontan al 1998, cuando los esposos José

Miguel

Ventura

adelante,

“matrimonio

Abreu”),

en

Miguel

Omayda

y

Asilis

conjunto

Othet

y

Josefina

Abreu

Ventura-Abreu”

con

los

esposos

Hernández

o

Cisneros

“los

Juan

Santiago

Ventura-

Antonio

(en

(en

San

adelante,

CC-2015-0428

“matrimonio

2

San

Miguel-Hernández”

o

“los

San

Miguel-

Hernández”), otorgaron la escritura de hipoteca número 33

el día 1 de diciembre de 1998 ante el Notario Carmelo

Campos Cruz. La hipoteca se constituyó sobre una finca que

radica en los municipios de Ciales y Morovis, poseída en

común pro indiviso por los dos matrimonios. El matrimonio

Ventura-Abreu era propietario en 2/3 partes, mientras que

el matrimonio San Miguel-Hernández era propietario de la

restante tercera parte de la propiedad.

De

la

escritura

otorgada

por

los

dos

matrimonios,

surge que ésta se constituyó en garantía de un pagaré,

pagadero a la presentación, a Doral Bank o a su orden, por

la suma de $1,088,750, bajo el Affidávit Núm. 498, otorgado

ante

el

notario

Carmelo

Campos

Cruz

(en

adelante,

“el

pagaré”). El pagaré en controversia fue emitido y suscrito

por el matrimonio Ventura-Abreu; el matrimonio San MiguelHernández no formó parte de éste. El 21 de julio de 2004,

Doral endosó el pagaré de vuelta al matrimonio VenturaAbreu.

Así las cosas, el 16 de marzo de 2005, el matrimonio

Ventura-Abreu,

mediante

el

Sr.

Alfredo

Cintrón

Cintrón,

mandatario debidamente apoderado del matrimonio, suscribió

un

acuerdo

(en

adelante,

“Acuerdo”)

con

Desarrolladora

Caribe, S.E. (en adelante, “Desarrolladora Caribe”) para

suplementar otro acuerdo pactado el 28 de enero de 2005

entre Ven-Lour Enterprises, Inc. (en adelante, “Ven-Lour”)

y

Desarrolladora

Caribe.

En

el

Acuerdo,

Desarrolladora

CC-2015-0428

3

Caribe acordó efectuar ciertos préstamos y adelantos a VenLour, para que este último pudiera desarrollar un proyecto

de urbanización. Por su parte, los esposos del matrimonio

Ventura-Abreu se obligaron solidariamente en su carácter

personal al pago de las cantidades adeudadas por Ven-Lour a

Desarrolladora Caribe, hasta la suma de $650,000.

Para garantizar la obligación del matrimonio VenturaAbreu en el Acuerdo, el señor Cintrón Cintrón suscribió un

contrato de garantía y prenda titulado Mortgage Note Pledge

and Security Agreement. Como parte del contrato de garantía

y

prenda,

el

señor

Cintrón

Desarrolladora

Caribe

del

Cintrón

pagaré

que

hizo

Doral

entrega

Bank

a

había

endosado a favor de los esposos del matrimonio VenturaAbreu el 21 de julio de 2004 y cedió a Desarrolladora

Caribe el derecho de ejecutar los bienes que gravaba el

pagaré para satisfacer su acreencia de surgir un evento de

impago.

Pasados

ciertas

los

sumas

relacionados

años,

de

a

Desarrolladora

dinero

las

e

incurrió

obligaciones

de

Caribe

en

adelantó

varios

Ven-Lour

gastos

bajo

los

referidos acuerdos. Luego de un proceso de negociación,

Ven-Lour

y

Desarrolladora

Caribe

acordaron

fijar

la

cantidad adeudada en $300,000, devengando intereses desde

el 9 de junio de 2008 hasta el saldo de la deuda.

B.

Posteriormente,

el

6

de

noviembre

de

2008,

Desarrolladora Caribe presentó una demanda en el Tribunal

CC-2015-0428

4

de Primera Instancia sobre cobro de dinero y ejecución de

prenda e hipoteca por la vía ordinaria contra Ven-Lour y el

matrimonio Ventura-Abreu. El 24 de abril de 2012, el foro

de instancia notificó una sentencia en la cual condenó a

las

partes

demandadas

a

pagar

solidariamente

a

Desarrolladora Caribe la cantidad de $286,357.90, tomando

en cuenta un abono hecho al principal de la deuda por VenLour e intereses devengados. Asimismo, el tribunal ordenó

la ejecución de la prenda y la hipoteca dada en garantía.

Unos

meses

después,

el

4

de

octubre

de

2012,

Desarrolladora Caribe presentó una demanda enmendada para

incluir al matrimonio San Miguel-Hernández. Ello, puesto

que, como dueños registrales de la finca hipotecada, era

necesario

demandar

acorde

procedimiento

el

al

matrimonio

de

San

Miguel-Hernández

ejecución

de

hipoteca

en

cumplimiento con el Artículo 181.1 del Reglamento general

para la ejecución de la Ley hipotecaria y del Registro de

la Propiedad, Reglamento Núm. 2674 de 9 de julio de 1980,

según enmendado. En atención a ello, el 18 de octubre de

2012, el foro de instancia notificó una sentencia parcial

en la cual permitió la enmienda de la demanda y, como ya

había

resuelto

anteriormente,

condenó

a

Ven-Lour

y

al

matrimonio Ventura-Abreu al pago de la suma de $286,357.90.

Además,

autorizó

notificar al

Reglamento

a

Desarrolladora

Caribe

a

emplazar

y

matrimonio San Miguel-Hernández acorde el

Hipotecario,

quedando

pendiente

ejecución de la prenda y la hipoteca.

entonces

la

CC-2015-0428

Ya

5

notificados

inmueble

objeto

todos

de

los

demanda,

titulares

registrales

el

mayo

2

de

de

del

2013,

Desarrolladora Caribe presentó una solicitud de sentencia

sumaria para que el tribunal ordenara la ejecución de la

prenda y la hipoteca. A ésta, se opuso el matrimonio San

Miguel-Hernández.

Dada

la

naturaleza

accesoria

de

la

hipoteca constituida en garantía del pagaré, el matrimonio

San Miguel-Hernández adujo que ésta se extinguió el momento

en el cual el matrimonio Ventura-Abreu saldó el préstamo

con Doral, a saber, el 21 de julio de 2004. En atención a

ello

y

a

que

el

matrimonio

San

Miguel-Hernández

no

consintió los posteriores negocios del matrimonio VenturaAbreu, Ven-Lour y Desarrolladora Caribe, éste alegó que el

contrato de prenda no era válido pues era necesario el

consentimiento de todos los condueños para dar en garantía

la propiedad.

Recibidos los argumentos de las partes, el Tribunal de

Primera Instancia notificó una sentencia el 20 de junio de

2014 en la cual declaró ha lugar la solicitud de sentencia

sumaria presentada por Desarrolladora Caribe. Ordenó, entre

otras cosas, que se vendiera en pública subasta la finca

cuya

hipoteca

garantizó

el

pagaré

pignorado

de

no

efectuarse el pago de la suma adeudada.

Inconforme, el matrimonio San Miguel-Hernández acudió

en

revisión

al

Tribunal

de

Apelaciones.

Mediante

una

resolución notificada el 13 de noviembre de 2014, el foro

apelativo

intermedio

revocó

al

Tribunal

de

Primera

CC-2015-0428

6

Instancia. Éste razonó que, dado que el pagaré hipotecario

pignorado

se

garantizó

con

un

bien

inmueble

que

no

le

pertenecía exclusivamente a sus deudores pignoraticios, el

contrato de prenda era nulo. Adicionalmente, indicó que si

fuera a sostener la validez del contrato de prenda, éste no

podría surtir efecto en relación al matrimonio San MiguelHernández puesto que el contrato de prenda en cuestión fue

suscrito

en

un

documento

privado

no

autenticado

por

notario. Por su parte, una de las jueces que conformaba el

panel, la jueza Domínguez Irizarry, disintió del criterio

de la mayoría. Ésta sostuvo que Desarrolladora Caribe era

tenedora

de

obligación

un

instrumento

hipotecaria

negociable

válida

y,

que

cobijaba

lo

tanto,

por

una

tenía

facultad para exigir la ejecución de la hipoteca.

Oportunamente, Desarrolladora Caribe acudió ante este

foro mediante una solicitud de certiorari y presentó varios

señalamientos de error. Arguyó que: 1) erró el Tribunal de

Apelaciones al interpretar el derecho sobre instrumentos

negociables

y

el

derecho

hipotecario;

2)

al

aplicar

erróneamente las disposiciones del Código Civil sobre la

prenda,

y

3)

al

ignorar

Hernández

no

se

opuso

que

el

matrimonio

adecuadamente

a

la

San

Miguel-

solicitud

de

sentencia sumaria presentada por Desarrolladora Caribe. El

30 de octubre de 2015, examinada la petición de certiorari,

expedimos el auto. Con el beneficio de la comparecencia de

las partes, procedemos a resolver.

CC-2015-0428

7

II

A.

i.

Los instrumentos negociables son documentos de crédito

que incorporan el derecho a cobrar una suma de dinero, a

los cuales el Derecho Cambiario les confiere una especial

facilidad de circulación. Cruz Consulting v. El Legado et

al., 191 DPR 499, 509-10 (2014), citando a Miguel Garay

Auban, Derecho Cambiario 1 (1999). Éstos se caracterizan

por su idoneidad para el tráfico comercial. Desde el origen

de la letra de cambio hasta el pagaré moderno, el valor de

los instrumentos negociables yace en su liquidez. Ésta se

debe

a

que

el

comprador

de

un

instrumento

negociable

solamente necesita verificar el contenido del instrumento

mismo

para

cerciorar

la

autoridad

del

vendedor

para

transferirlo, sin tener que preocuparse por restricciones u

obligaciones exógenas. Consecuentemente, de ordinario un

comprador

de

un

instrumento

negociable

no

enfrentaría

problema alguno si quisiera intercambiarlo por dinero en

efectivo.

Elizabeth

Renuart,

Uneasy

Intersections:

The

Right to Foreclose and the U.C.C., 48 Wake Forest L. Rev.

1205,

1215

negociabilidad

(2013).

es

la

En

vista

de

característica

lo

anterior,

medular

de

la

los

instrumentos negociables y la fuente de su importancia para

nuestras relaciones económicas.

Nuestra Ley de Transacciones Comerciales (en adelante,

“LTC”) define a un instrumento negociable como una promesa

CC-2015-0428

8

u orden incondicional de pago de una cantidad específica de

dinero si el mismo: 1) es pagadero al portador o la orden

al momento de su emisión; 2) es pagadero a la presentación

o

en

una

compromiso

fecha

o

específica,

instrucción

y

por

3)

no

especifica

otro

parte

de

la

que

persona

promete u ordena el pago que no sea el pago del dinero.

Art. 2 de la Ley de Transacciones Comerciales, Ley Núm. 208

de 17 de agosto de 1995, según enmendada, codificada en 19

LPRA sec. 504; véase COSSEC v. González López, 179 DPR 793,

803 (2010). Acorde el tercer requisito, para considerarse

negociable,

un

incondicional

de

bagaje”.

Overton

pagaré

pago

v.

evidenciando

debe

ser

Tyler,

3

como

Pa.

una

un

346,

promesa

“mensajero

sin

347

No

(1846).

obstante, la promesa de pago puede contener un compromiso

adicional de dar colateral para garantizar el pago sin que

esto afecte la negociabilidad del instrumento. 19 LPRA sec.

504 (a) (3) (A). Por lo tanto, un pagaré garantizado por

una hipoteca puede ser un instrumento negociable porque el

compromiso

de

ofrecer

como

colateral

la

hipoteca

para

garantizar el pago no afecta su negociabilidad.1

Un

tenedor

1

instrumento

puede

sucesivamente.2

ser

negociado

Inclusive,

la

de

tenedor

negociación

a

del

Véase Miguel Garay Aubán, Derecho Cambiario 85-86 (1999),

donde el tratadista usa el pagaré hipotecario como ejemplo

de un instrumento negociable con un compromiso adicional

de dar colateral en garantía de la promesa de pago.

2

Para negociar un instrumento pagadero a la orden de una

persona identificada, se requerirá la cesión de la

posesión del instrumento y el endoso por el tenedor

presente a favor del cesionario. 19 LPRA sec. 551. La

cesión de la posesión y el endoso son los únicos

CC-2015-0428

9

instrumento puede resultar en una readquisición por parte

de un tenedor anterior o por el emisor, quien luego podría

proceder a negociarlo. 19 LPRA sec. 557. Dada la naturaleza

del instrumento negociable, “[e]l hecho de que el deudor .

. .

y el acreedor sean momentáneamente la misma persona,

no activa automáticamente la institución de la confusión

como causa de extinción de la obligación”. Miguel Garay

Aubán,

Derecho

resuelto

bajo

Cambiario

179

(1999).

la

de

Instrumentos

Ley

Como

ya

habíamos

Negociables,

reiteramos que “el pagaré no pierde su negociabilidad por

un episodio temporero de confusión de derechos. Puesto en

circulación nuevamente por el deudor. . . con su reingreso

al cauce de corriente crediticia, el pagaré recuper[a] toda

su

validez

y

su

valor

de

garantía

de

la

obligación

asegurada”. Calo Rivera v. Reyes, 115 DPR 123, 127 (1984).

Asimismo, la hipoteca que garantiza el pagaré no se

extingue con la readquisición de este último si el pagaré

no se cancela. Al contrario, en ausencia de la cancelación

del pagaré que garantiza, la extinción de la hipoteca está

sujeta a los términos de prescripción para ejercitar la

acción hipotecaria. La acción hipotecaria prescribe a los

veinte años desde que vence el crédito garantizado si el

pagaré tiene fecha cierta de vencimiento o a los veinte

requisitos que impone la ley para la negociación de un

instrumento negociable pagadero a la orden. Debido a que

el único requisito para la negociación de un instrumento

pagadero a la orden es la cesión de la posesión y su

endoso por el tenedor, el pagaré hipotecario que cumpla

con los requisitos de ser instrumento negociable se podrá

negociar sin el consentimiento de los hipotecantes.

CC-2015-0428

10

años desde que se inscribe la hipoteca en el Registro si el

pagaré

es

pagadero

a

Registradora, 174 DPR

la

presentación.

Westernbank

v.

779, 787-89 (2008).

ii.

Cuando el tenedor de un pagaré hipotecario negocia el

instrumento válidamente, la hipoteca queda automáticamente

transferida al nuevo tenedor. Esto responde al principio en

el

Derecho

Cambiario,

vigente

desde

el

Siglo

XIX,

que

establece que la hipoteca persigue al pagaré. Carpenter v.

Longan, 83 US 271, 275-76 (1872) (“The transfer of the note

carries with it the security, without any formal assignment

or

delivery,

or

even

mention

of

the

latter.

.

.

.

Accessorium non ducit, sequitur principale”.). Lo accesorio

no conduce, sino que persigue al principal. Esta lógica

encuentra arraigo en nuestra jurisdicción.

La

hipoteca

es

“un

derecho

real

.

.

.

sobre

los

inmuebles del deudor o de un tercero, en virtud de cuyo

derecho

.

.

.

el

perseguir[los] . . .

acreedor

adquiere

la

facultad

de

a fin de ser pagado con el precio de

[los] mism[os]. . .” Liechty v. Descartés Saurí, 109 DPR

496, 501 (1980), citando a Federico Puig Peña, Compendio de

Derecho Civil Vol. II, pág. 623 (ed. 1972). Ésta es una

obligación

inherentemente

accesoria,

puesto

que

se

constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación

principal, ya sea del hipotecante o de un tercero. Art.

1756, CÓD. CIV. PR, 31 LPRA sec. 5001.

CC-2015-0428

11

La hipoteca persigue al pagaré precisamente porque no

es concebible una hipoteca sin una obligación principal que

ésta garantice. Liechty, 109 DPR en la pág. 502. Nuestro

Derecho

Registral

Inmobiliario

recoge

este

principio

concisamente al establecer en el Art. 91 de la Ley del

Registro

de

la

hipoteca

se

hubiere

transferibles

Propiedad

por

Inmobiliaria

constituido

endoso

o

para

al

que

“[c]uando

garantizar

portador,

el

la

títulos

derecho

hipotecario se entenderá transferido, sin necesidad de dar

de ello conocimiento al deudor, ni de hacerse constar la

transferencia

en

el

Registro”.

Art.

195

de

la

Ley

Hipotecaria de 1979, Ley Núm. 143 del 14 de junio de 1980,

según enmendada, codificada en 30 LPRA sec. 2614 (énfasis

suplido).3

B.

i.

Un tenedor de un instrumento negociable —acreedor en

una relación crediticia— podría, a su vez, ofrecer ese

instrumento como una garantía de otra transacción en la

cual

él

funge

como

deudor.

Esto

se

conoce

como

una

transacción garantizada donde el instrumento funge como la

garantía mobiliaria.

3

Al momento de los hechos en el caso de autos era de

aplicación la Ley Hipotecaria de 1979. No obstante, el

artículo es idéntico bajo la nueva Ley del Registro de la

Propiedad Inmobiliaria. Art. 91 de la Ley del Registro de

la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, Ley Núm. 210 del 8 de diciembre de 2015,

según enmendada.

CC-2015-0428

El

12

marco

jurídico

de

las

garantías

mobiliarias

en

Puerto Rico cambió drásticamente tras la implementación del

Artículo 9 del Uniform Commercial Code como el Capítulo 9

de la LTC en el año 1996. Ley de Transacciones Comerciales,

Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995, adicionada por la Ley

Núm. 241 de 19 de septiembre de 1996, según enmendada.4 La

ley que implementó este régimen uniforme para atender las

garantías

sobre

propiedad

mueble

derogó

múltiples

leyes

anteriores que atendían, cada una dentro de su temática

particular,

antiguos

el

modos

mismo

de

asunto.5

constituir

Singularmente,

una

garantía

de

los

mobiliaria

sobrevivió la prenda instituida en el Código Civil. 31 LPRA

secs. 5001-5031.

Una

garantía

mobiliaria,

acorde

la

Sec.

9-203

del

Artículo 9, requiere tres elementos para su constitución:

1) que se haya dado valor a cambio; 2) que el deudor tenga

4

Aunque el Artículo 9 ha sido reemplazado por el Artículo

9 Revisado del Uniform Commercial Code, legislado en

nuestra jurisdicción a través de la Ley Núm. 21 de 17 de

enero de 2012, codificado en 19 LPRA secs. 2211-2409, y

efectivo un año después de su aprobación, el derecho de

transacciones garantizadas en el presente caso se rige por

el

antiguo

Artículo

9,

puesto

que

la

transacción

concernida tuvo lugar previo a la vigencia del Artículo 9

Revisado en Puerto Rico.

5

A modo de ejemplo, entre las leyes derogadas por la Ley

Núm. 241 que adoptó el Artículo 9 se encuentran: la Ley

Hipotecaria de Propiedad Mueble, Ley Núm. 19 de 3 de junio

de

1927,

según

enmendada;

la

Ley

sobre

ventas

condicionales, Ley Núm. 61 de 13 de abril de 1916, según

enmendada; la Ley de Contratos de Refacción Industrial y

Comercial, Ley Núm. 86 de 24 de junio de 1954, según

enmendada, y la Ley de Cesión de Cuentas por Cobrar, Ley

Núm. 8 de 8 de octubre de 1954, según enmendada, entre

otras.

CC-2015-0428

13

derechos sobre la propiedad gravada,6 y 3) que se cumpla

con una de tres posibles condiciones:

a) Que la propiedad gravada esté en posesión del

acreedor garantizado de conformidad con un

acuerdo;

b) Que la propiedad gravada sea inversiones y el

acreedor garantizado tenga el control a tenor

con un acuerdo, o

c) Que el deudor haya firmado un acuerdo de

constitución

de

gravamen

mobiliario

que

contenga una descripción de la propiedad

gravada. Sec. 9-203, Ley 208-1995, adicionada

por la Ley 241-1996.

El Artículo 9, a su vez, provee para que la posesión en

ciertos casos también perfeccione el gravamen mobiliario y

así surta efectos frente a terceros. Específicamente, un

gravamen

mobiliario

sobre

un

instrumento

negociable

se

perfeccionará mediante la toma de posesión de la propiedad

gravada por el acreedor garantizado. Sec. 9-305, Ley 2081995, adicionado por la Ley 241-1996. Por lo tanto, un

instrumento

acreedor

constituye

negociable

garantizado

una

cuya

de

garantía

posesión

conformidad

mobiliaria

se

otorga

a

con

un

acuerdo

exigible

que

un

surte

efectos contra terceros.

6

Si bien la Sección parece implicar que es necesario que

el deudor de la obligación principal sea quien tenga

derechos sobre la propiedad gravada, el Artículo 9 no

impide que terceros ofrezcan en garantía mobiliaria su

propiedad para garantizar la obligación principal de otra

persona. La definición de “deudor” en el Artículo 9

establece que “[c]uando el deudor y el dueño de la

propiedad gravada no sean la misma persona, el término

“deudor” significa el dueño de la propiedad gravada bajo

toda disposición de este Capítulo relacionada con la

propiedad gravada, el obligado bajo toda disposición

relacionada con la obligación y podrá incluir a ambos

cuando el contexto así lo requiera”. Sec. 9-105, Ley 2081995, adicionada por la Ley 241-1996.

CC-2015-0428

14

La posesión de la propiedad gravada como una de las

posibilidades para la constitución del gravamen mobiliario

no es más que la codificación en el Artículo 9 de la

antigua figura de la prenda. Por ende, ya que la figura de

la prenda civilista no fue derogada, se torna necesario,

para fines de resolver el presente caso, determinar su

alcance

dentro

del

marco

jurídico

puertorriqueño

en

relación con las garantías mobiliarias sobre instrumentos

que se constituyen mediante posesión.

ii.

De ordinario, el Código Civil es supletorio en las

materias que se rigen por leyes especiales. Art. 12, CÓD.

CIV. PR, 31 LPRA sec. 12; Berrocales v. Tribunal Superior,

102 DPR 224, 226 (1974). Sin embargo, la Sección 9-102 de

la LTC establece claramente que “[l]as disposiciones del

Código Civil de Puerto Rico respecto a la prenda. . . no

aplicarán

a

las

transacciones

regidas

por

esta

Ley”.

Sección 9-102 de la Ley Núm. 241 de 19 de septiembre de

1996, según enmendada.7 A tenor con esta disposición, para

determinar el campo de aplicación de la prenda civilista es

menester entonces auscultar qué transacciones garantizadas

se

rigen

referida

7

por

el

Sección

Artículo

9-102

nos

9.

Sobre

indica

el

que

particular,

la

el

9

Artículo

Idéntica disposición contiene el Artículo 9 Revisado del

Uniform Commercial Code, que entró en vigor en nuestra

jurisdicción como el nuevo Capítulo 9 de la Ley de

Transacciones Comerciales el 17 de enero de 2013. Sec. 9109, Ley Núm. 208-1995, adicionada por la Ley Núm. 21 de

17 de enero de 2012, efectivo un año después de su

aprobación, codificado en 19 LPRA sec. 2219 (e).

CC-2015-0428

15

aplicará

a

“toda

transacción

forma)

que

tenga

el

mobiliario

sobre

(independientemente

propósito

propiedad

de

mueble

crear

o

un

de

su

gravamen

inmuebles

por

su

destino incluyendo bienes, documentos, instrumentos, bienes

incorporales, papel financiero o cuentas”.

Sección 9-102

de la Ley 208-1995, adicionada por la Ley 241-1996 (énfasis

suplido).8 Inclusive, la sección indica específicamente que

“[e]ste Capítulo aplicará a gravámenes mobiliarios creados

por contrato incluyendo los de prenda. . .” Id.

Claro está, si bien la aplicación del Capítulo 9 y la

subsiguiente exclusión de las disposiciones de la prenda

civilista

operan

automáticamente,

no

por

ello

operan

obligatoriamente. Máxime entre las cualidades de la Ley de

Transacciones

razón,

la

Comerciales

sección

es

1-102

su

de

flexibilidad.

la

LTC

Por

permite

dicha

a

los

contratantes variar el efecto de las disposiciones de la

LTC mediante acuerdo. 19 LPRA sec. 401. Consecuentemente,

las

partes

disposiciones

podrían

de

la

pactar

prenda

del

la

aplicación

Código

Civil

de

de

las

manera

supletoria, o inclusive de manera exclusiva del Capítulo 9

de la LTC. Ahora bien, ausente un acuerdo entre las partes

sobre el particular, cuando aplique el Capítulo 9 sobre

8

Instrumento, en el Artículo 9, se define como “un

instrumento negociable (según definido en la Sección 2104), o cualquier otro escrito que evidencie un derecho al

pago de dinero, pero no sea de por sí un acuerdo de

gravamen mobiliario o de arrendamiento y que sea de la

clase que en el curso ordinario de los negocios se

transfiere por la entrega y su endoso o cesión necesario.

No incluye inversiones”. Sec. 9-105 (k) de la Ley 2081995, adicionada por la Ley 241-1996.

CC-2015-0428

16

garantías mobiliarias, éste excluirá la aplicación de las

disposiciones

sobre

la

prenda

estatuidas

la

prenda

civilista

en

el

Código

Civil.

La

figura

de

es

en

diversas

maneras más exigente para su constitución y efectividad

contra terceros que la figura de la garantía mobiliaria

constituida mediante posesión acorde el Artículo 9. Como

cuestión de hecho, no es posible cumplir con los requisitos

de la prenda civilista sin cumplir con los requisitos de la

garantía mobiliaria del Artículo 9.9 Consecuentemente, toda

9

Ésta solamente permite la constitución de la prenda sobre

bienes muebles susceptibles de posesión. Art. 1763, Cód.

Civ. PR, 31 LPRA sec. 5022. Por otro lado, el Capítulo 9

de la LTC permite constituir garantías sobre cuentas y

otros intangibles. Asimismo, en el contrato de prenda “es

esencial la pre-existencia de una obligación para que sea

válida la garantía” mientras que la LTC “reconoce la

efectividad de las garantías fundadas en obligaciones no

prestadas”. Ana Cristina Gómez Pérez, El conflicto entre

tradiciones jurídicas en el derecho privado comercial

puertorriqueño, 3 UPR Bus. L. J. 29, 37-38 (2012). El

contrato de prenda requiere que la cosa pignorada

pertenezca en propiedad al que la empeña y que éste tenga

libre disposición de la cosa; por su parte, el Capítulo 9

de la LTC solamente requiere que el deudor tenga derechos

sobre la propiedad gravada. Art. 1758, Cód. Civ. PR, 31

LPRA sec. 5001; Sec. 9-203, Ley 208-1995, adicionada por

la Ley 241-1996. Para constituir el contrato de prenda

civilista es esencial que se ponga en posesión de la cosa

dada en prenda al acreedor o a un tercero de común

acuerdo. Art. 1762, Cód. Civ. PR, 31 LPRA sec. 5021. Por

el contrario, en la LTC, la posesión es solamente una de

las

múltiples

maneras

para

constituir

el

gravamen

mobiliario. Sec. 9-203 de la Ley 208-1995, adicionada por

la Ley 241-1996. Por último, para que la prenda civilista

surta efecto contra terceros debe constar la certeza de la

fecha mediante documento auténtico, mientras que en la LTC

la posesión es suficiente para que el gravamen mobiliario

surta efectos contra terceros mediante su perfección. Art.

1764, Cód. Civ. PR, 31 LPRA sec. 5023; Sec. 9-304 de la

Ley 208-1995, adicionada por la Ley 241-1996. Todas las

disposiciones aquí mencionadas del Artículo 9 de la LTC

tienen disposiciones análogas idénticas o casi idénticas

CC-2015-0428

17

garantía mobiliaria sobre un instrumento que cumpla con los

requisitos de la prenda civilista cumplirá también con los

requisitos para la constitución y exigibilidad del gravamen

mobiliario acorde el Artículo 9. En vista de que la LTC

desplaza la figura de la prenda civilista si la transacción

se rige por sus disposiciones, el desenlace lógico de esta

situación es que —bajo la normativa vigente de la LTC— las

disposiciones del Código Civil respecto a la prenda no

pueden ser aplicadas a garantías mobiliarias constituidas

sobre

instrumentos,

a

menos

que

las

partes

hayan

expresamente acordado su aplicación.10

Resuelto que —salvo pacto en contrario— el derecho

aplicable a una garantía mobiliaria sobre un instrumento en

el caso de autos es el Artículo 9 del Uniform Commercial

Code, legislado en nuestra jurisdicción como el antiguo

Capítulo 9 de la LTC, codificado en 19 LPRA secs. 20012207, con exclusión de las disposiciones sobre la prenda

en el Artículo 9 Revisado, ahora vigente. Véase Ley Núm.

21 de 17 de enero de 2012, codificada en 19 LPRA secs.

2211-2409.

10

Análoga situación ocurrió en Luisiana ―estado con una

tradición civilista similar a la nuestra, de estirpe

francesa― tras la aprobación del Artículo 9 del Uniform

Commercial Code en esa jurisdicción. Véase Michael H.

Rubin, Ruminations on the Louisiana Law of Pledge, 75 La.

L. Rev. 697, 700 (2015). En específico, el comentario

oficial a una de las disposiciones sobre la prenda

civilista de Luisiana indica que “[a]unque este artículo

requiere entrega de la cosa en el caso de la prenda de un

bien mueble corporal, puede que no existan bienes muebles

corporales a los cuales aplique esta regla, puesto que el

Artículo 9 del Uniform Commercial Code puede que cubra

todo bien mueble corporal sin excepción”. LA. CIV. CODE ANN.

art. 3149 cmt. c (2015) (traducción suplida) (cabe señalar

que, contrario a nuestra prenda civilista, la figura de la

prenda del Código Civil de Luisiana permite dar en prenda

bienes muebles incorporales no susceptibles de posesión).

CC-2015-0428

18

incluidas en el Código Civil, es menester evaluar el efecto

de suscribir una garantía sobre un instrumento que a su vez

está garantizado por una hipoteca.

iii.

La

Sección

9-104

del

Artículo

9

dispone

para

que

ciertas transacciones de garantía queden excluidas de la

aplicación

del

Capítulo.

Sec.

9-104,

Ley

208-1995,

adicionada por la Ley 241-1996. Entre éstas, se encuentra

“la creación o transmisión de un derecho real o gravamen

sobre

bienes

inmuebles,

incluyendo

un

arrendamiento

de

bienes inmuebles o las rentas producidas por el mismo”. Id.

Empero, si bien esto excluye las transacciones sobre bienes

inmuebles de la aplicación del Artículo 9, el mero hecho de

estar garantizado por una hipoteca no derrota el carácter

mueble

de

un

pagaré

hipotecario.

Recordemos

que

“[u]na

obligación para el cobro de dinero, como lo es un pagaré

transmisible

por

endoso

o

por

la

mera

entrega

del

documento, es por disposición de la ley un bien mueble aun

cuando

esté

garantizada

con

hipoteca

sobre

bienes

inmuebles”. Dávila v. Registrador, 59 DPR 130, 134 (1941);

Art. 268, CÓD. CIV. PR, 31 LPRA sec. 1064.

Puntualmente,

la

Sección

9-102

(3)

del

Artículo

9

establece que “[l]a aplicabilidad de este Capítulo a un

gravamen mobiliario no quedará afectada por el hecho de que

la obligación principal esté a su vez garantizada por una

transacción o un gravamen no sujeto a este Capítulo”. Sec.

9-104, Ley 208-1995, adicionada por la Ley 241-1996. Por

CC-2015-0428

ello,

el

19

Artículo

garantizada

por

9

un

será

pagaré

aplicable

aunque

a

éste

una

a

transacción

su

vez

esté

garantizado por una hipoteca cuya constitución se rige por

la Ley Hipotecaria.11

iv.

Establecido

que

un

contrato

de

garantía

sobre

un

pagaré hipotecario se rige por la normativa relativa a las

garantías mobiliarias, y específicamente por el Capítulo 9

de

la

Ley

de

Transacciones

Comerciales,

la

pregunta

restante es si la garantía constituida sobre el pagaré

hipotecario también se extiende a los derechos sobre la

hipoteca. Consideramos que sí.

Como ya discutimos con relación a la negociación de

los pagarés hipotecarios que cumplan con los requisitos de

instrumento

negociable

bajo

la

Ley

de

Transacciones

Comerciales, la hipoteca persigue al pagaré. Ello, pues

como establece la ley y la jurisprudencia, la hipoteca es

accesoria a la obligación principal que garantiza. Véase

Art. 1756, Cód. Civ. PR, 31 LPRA sec. 5001; Liechty, 109

11

El Artículo 9 Revisado contiene una disposición análoga

en su Sección 9-109 (b). 19 LPRA sec. 2219. Véase además

HAWKLAND‟S UNIFORM COMMERCIAL CODE SERIES § 9-104:11 (2001) (“A

security interest in a secured obligation such as the

pledge of a note that is itself secured by a real estate

mortgage, is also a security interest in personal

property”.); S.E.C. v. Elliot, 953 F.3d 1560, 1580 (11th

Cir. 1992) (“It is apparent that the drafters of the

U.C.C. intended for Article 9 to apply to the creation of

a security interest in a note secured by real estate.”);

O’Neil v. Carlson, 608 A.2d 858, 860 (N.H. 1992) (Although

the mortgage is itself secured by a transaction or

interest to which this Article does not apply. . . the

security interest in the mortgage is well within the ambit

of

the

article”.

(citas

omitidas)

(énfasis

en

el

original)).

CC-2015-0428

DPR

en

la

20

pág.

502;

véase

además

Douglas

J.

Whaley,

Mortgage Foreclosures, Promissory Notes, and the Uniform

Commercial Code, 3 W. St. U. L. Rev. 313, 326 (2012) (“The

common law was clear that the mortgage contract and the

mortgage deed are mere „security„ for the payment of the

promissory note (the „debt„). It is a common law maxim that

„security follows the debt‟. . . The courts are more or

less

unanimous

on

this.”

Consecuentemente,

un

accesoria

hipoteca

de

pignoración

hipoteca

la

del

corolario

pagaré

también

lógico

es

que

afectará

(citas

que

esté

el

omitidas)).

de

la

la

naturaleza

transferencia

garantizado

derecho

por

subyacente

o

la

a

la

hipoteca. Gregory Shaw, Security Interests in Notes and

Mortgages: Determining the Applicable Law, 79 COLUM. L. REV.

1414,

1428-29

(1979)

Code's

intent

to

(“[G]iven

make

the

[A]rticle

[Uniform

9

Commercial]

applicable to

the

security interest in the note, it follows that [A]rticle 9

must

also

apply

to

the

security

interest

in

the

mortgage.”). Incluso, como adelantamos en la primera parte

de

la

opinión,

la

propia

Ley

Hipotecaria

reconoce

la

transferencia automática del derecho de hipoteca cuando se

transfiere el instrumento que ésta garantiza. Art. 195 de

la Ley Hipotecaria de 1979, Ley Núm. 143 del 14 de junio de

1980, según enmendada, codificada en 30 LPRA sec. 2614. Por

lo tanto, es forzoso concluir que la constitución de una

garantía

mobiliaria

garantizado

por

un

sobre

un

pagaré

que

a

su

gravamen

sobre

propiedad

vez

está

inmueble,

CC-2015-0428

21

también incluye los derechos a ese gravamen sobre propiedad

inmueble.12

III.

En el caso de autos, tanto el matrimonio San MiguelHernández como el matrimonio Ventura-Abreu otorgaron una

escritura para constituir una hipoteca sobre la totalidad

de una finca, que les pertenecía en común pro indiviso, en

garantía

de

un

pagaré

hipotecario

que

únicamente

fue

suscrito por el matrimonio Ventura-Abreu. Por lo tanto, los

esposos

San

garantía

de

Miguel-Hernández

hipotecaron

su

inmueble

en

una

principal

perteneciente

a

obligación

terceros, a saber, los Ventura-Abreu.

El

pagaré

hipotecario

suscrito

por

el

matrimonio

Ventura-Abreu era pagadero a la presentación y a Doral Bank

o a su orden. Además, era una promesa incondicional de pago

ya que no contenía ninguna otra promesa o compromiso salvo

la

12

garantía

hipotecaria.

Por

lo

tanto,

el

pagaré

Posteriormente, con la adopción en nuestra jurisdicción

del Artículo 9 Revisado, se dispuso expresamente que “[l]a

constitución de una garantía mobiliaria sobre el derecho

al pago o el cumplimiento de una obligación garantizada

por la garantía mobiliaria u otro gravamen sobre propiedad

mueble o inmueble también incluirá los derechos a la

garantía mobiliaria, la hipoteca u otro gravamen”. 19 LPRA

sec. 2233. En lo pertinente, el comentario oficial a esta

sección del Artículo 9 Revisado del Uniform Commercial

Code informa que lo que hace esta disposición nueva es

meramente codificar “the common-law rule that a transfer

of an obligation secured by a security interest or other

lien on personal or real property also transfers the

security interest or lien”. U.C.C. § 9-203, cmt. 9 (2014).

Asimismo, la nueva ley extiende automáticamente la

perfección de la garantía mobiliaria a los derechos sobre

una hipoteca que subyace un pagaré, para que surta efecto

en cuanto a terceros, como otros acreedores hipotecarios e

hipotecantes no deudores. 19 LPRA sec. 2258.

CC-2015-0428

22

hipotecario era un instrumento negociable. Éste fue emitido

por el matrimonio Ventura-Abreu a favor de Doral Bank. En

el 2004, al saldo de la deuda con el banco, Doral Bank

endosó el pagaré a favor de los Ventura-Abreu y les cedió

la posesión del instrumento negociable. Esto constituyó una

negociación válida del instrumento y a la vez causó una

readquisición del instrumento negociable por parte de los

emisores, a saber, los Ventura-Abreu.

Los Ventura-Abreu, entonces tenedores del instrumento

negociable, decidieron no cancelarlo. En vista de ello, y

pese a la confusión momentánea de derechos, no se extinguió

la obligación de pago ni la garantía hipotecaria accesoria.

Al contrario, los Ventura-Abreu decidieron poner el pagaré

nuevamente

en

constitución

circulación

de

garantía

mediante

mobiliaria

un

acuerdo

sobre

el

de

pagaré

hipotecario intitulado Mortgage Note Pledge and Security

Agreement. En éste, nada dispusieron para variar el derecho

aplicable al acuerdo. Este acuerdo, a su vez, fue pactado

como

garantía

de

una

obligación

principal

de

Ven-Lour

Enterprises, Inc. con Desarrolladora Caribe, S.E.

En la transacción garantizada concurrieron los tres

elementos para la constitución de una garantía mobiliaria

mediante

posesión

Comerciales,

a

acorde

saber:

1)

la

se

Ley

dio

de

valor

Transacciones

por

parte

de

Desarrolladora Caribe mediante los adelantos y préstamos

que

convino

efectuar

en

el

Acuerdo;

2)

el

matrimonio

Ventura-Abreu tenía derechos sobre la propiedad gravada, y

CC-2015-0428

23

3) a través de su apoderado, el matrimonio Ventura-Abreu

puso

a

Desarrolladora

Caribe

en

posesión

del

pagaré

hipotecario a tenor con un acuerdo. La constitución de la

garantía

mobiliaria

sobre

el

instrumento

negociable

mediante posesión también perfeccionó automáticamente la

garantía mobiliaria, ocasionando que ésta surtiera efecto

contra terceros desde el momento en el cual se cedió la

posesión del instrumento a Desarrolladora Caribe. Debido a

que las partes no pactaron disposición alguna sobre el

derecho

aplicable,

aplican

automáticamente

las

disposiciones de la Ley de Transacciones Comerciales sobre

garantías

mobiliarias.

Éstas

obran

en

exclusión

de

las

disposiciones del Código Civil sobre la figura de la prenda

y por lo tanto no era necesario suscribir un acuerdo con

fecha

autenticada

ante

notario

para

que

la

garantía

surtiera efecto contra terceros.

La

actuación

totalmente

válida,

de

los

puesto

esposos

que

Ventura-Abreu

éstos

eran

los

fue

únicos

tenedores del pagaré hipotecario y tenían completa facultad

para negociarlo u otorgarlo en garantía. Para llevar a cabo

cualquier acto de administración o enajenación sobre el

pagaré,

como

constituir

una

garantía

sobre

éste,

el

matrimonio Ventura-Abreu no necesitaba el consentimiento

del matrimonio San Miguel-Hernández. Aún si los esposos San

Miguel-Hernández constituyeron la hipoteca que garantiza el

pagaré concernido, cualquier transacción posterior sobre el

pagaré versará enteramente sobre éste. La hipoteca, en su

CC-2015-0428

función

24

accesoria,

perseguirá

al

pagaré

si

éste

es

transferido o se extinguirá si éste es cancelado.

Puesto que ni la obligación principal representada en

el pagaré ni la hipoteca que servía de garantía a ésta

estaban extintas, la constitución de garantía mobiliaria

sobre

el

derechos

pagaré

hipotecario

también

a

hipoteca

subyacente

la

se

extendió

sobre

la

a

los

finca

perteneciente en común pro indiviso al matrimonio VenturaAbreu

y

el

matrimonio

San

Miguel-Hernández.

Consecuentemente, Desarrolladora Caribe estaba en su pleno

derecho de ejecutar la garantía mobiliaria y la hipoteca

subyacente en ocasión de un impago por parte de Ven-Lour.

Erró

contrario

el

Tribunal

debido

a

que

de

Apelaciones

el

inmueble

al

razonar

hipotecado

no

lo

le

pertenecía exclusivamente a los esposos Ventura-Abreu. Como

bien

razonó

la

jueza

Domínguez

Irizarry

en

su

opinión

disidente, Desarrolladora Caribe tiene una garantía válida

sobre un instrumento negociable que la faculta a ejecutar

la garantía principal sobre el pagaré hipotecario, así como

la garantía hipotecaria accesoria a ésta, en ocasión de un

impago. Procede devolver el caso al foro primario para que

se

venda

en

pública

subasta

la

finca

efectuarse el pago de la suma adeudada.

concernida

de

no

CC-2015-0428

25

IV.

De conformidad con lo anterior, se dictará sentencia

que revoque la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y

confirme la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera

Instancia.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Desarrolladora Caribe, S.E.

Peticionaria

v.

Ven-Lour Enterprises, Inc.,

et als.

Recurridos

CC-2015-0428

Antonio San Miguel Santos,

Omayda

Othet

Hernández

Santiago

y

la

Sociedad

Legal

de

Gananciales

compuesta por ambos

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 5 de junio de 2017

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la

Sentencia del Tribunal de Apelaciones y se confirma la

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco y

el Juez Asociado señor Rivera García concurren sin opinión

escrita.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo