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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Correa Márquez v. Juliá Rodríguez

2017 TSPR 98

Poder Judicial de Puerto Rico

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Correa Márquez v. Juliá Rodríguez

CC-2015-977

Derecho de Familia: Caudal disponible en una comunidad de bienes de una extinta sociedad de bienes gananciales al momento de establecer una pensión ex cónyuge. Potestad de una ex cónyuge, que es copropietaria de un bien de valor sustancial, de solicitar una pensión ex cónyuge al amparo del Art. 109 del Código Civil

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Manuel Correa Márquez

Recurrido

Certiorari

v.

2017 TSPR 98

Carmen Juliá Rodríguez

198 DPR ____

Peticionaria

Número del Caso: CC-2015-977

Fecha: 7 de junio de 2017

Región Judicial de San Juan

Abogados de la parte peticionaria:

Por derecho propio

Abogados de la parte recurrida:

Lcda. Rosalinda Pesquera De Dávila

Lcdo. Rubén Soto Rodríguez

Materia: Derecho de Familia: Caudal disponible en una comunidad de

bienes de una extinta sociedad de bienes gananciales al momento de

establecer una pensión ex cónyuge. Potestad de una ex cónyuge, que

es copropietaria de un bien de valor sustancial, de solicitar una

pensión ex cónyuge al amparo del Art. 109 del Código Civil.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

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distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Manuel Correa Márquez

Recurrido

Certiorari

CC-2015-0977

v.

Carmen Juliá Rodríguez

Peticionaria

Opinión del

RODRÍGUEZ

Tribunal

emitida

por

la

Jueza

Presidenta

ORONOZ

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de junio de 2017.

Nos corresponde determinar si una ex cónyuge que

es propietaria en común pro indiviso de un bien de

valor

sustancial

junto

a

su

ex

cónyuge

puede

solicitar y recibir una pensión por parte de este

último

al

amparo

del

Art.

109

del

Código

Civil,

infra. Por los fundamentos expuestos a continuación,

respondemos

en

la

afirmativa

y

establecemos

como

criterio aplicable el potencial del bien en cuestión

de proveer sumas líquidas a la parte en necesidad

económica al momento de reclamar la pensión.

I

La Sra. Carmen Juliá Rodríguez (peticionaria) y el

Sr. Manuel

Correa

Márquez

(recurrido) contrajeron

CC-2015-0977

2

matrimonio el 23 de marzo de 1984. Casi veinticinco años

después, esto es, el 19 de febrero de 2009, el recurrido

presentó

una

petición

de

divorcio.

Así

las

cosas,

el

matrimonio fue disuelto mediante sentencia del Tribunal de

Primera Instancia del 2 de octubre de 2009, lo que suscitó

una serie de reclamos de alimentos contra el recurrido, de

los cuales el único pertinente a la controversia ante nuestra

consideración

es

la

pensión

ex

cónyuge

que

solicitó

la

peticionaria.

En particular, mediante una Urgente Moción Solicitando

que se Fije Pensión Ex cónyuge, la peticionaria arguyó que

carecía de bienes para cubrir sus necesidades, por lo que

tenía derecho a una pensión ex cónyuge en virtud del Art. 109

del Código Civil, 31 LPRA sec. 385. Señaló que su necesidad

surgía porque

carece de experiencia profesional en vista de

que se dedicó a su familia durante el matrimonio y sufría una

serie de condiciones médicas que le aquejaban y le impedían

trabajar. Además, sostuvo que una vez disuelto su matrimonio,

quedó

sin

efecto

una

pensión

familiar

otorgada

a

la

peticionaria y sus hijos como remedio provisional, lo que la

dejó

desprovista

de

ingreso

alguno.

El

a

que

se

hallara

a

necesidad

económica

y,

en

la

cualquier

pensión

parte,

se

opuso

atribuida

a

recurrido,

la

por

su

peticionaria

en

alternativa,

ésta

debía

sostuvo

que

considerarse

un

anticipo de su participación en los bienes gananciales una

vez se liquidara la sociedad ganancial.

Tras

varios

incidentes

procesales,

la

peticionaria

presentó prueba documental y testifical. Evaluada la prueba,

CC-2015-0977

3

el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia y declaró

con

lugar

la

pensión

ex

cónyuge

solicitada.

Entre

las

determinaciones de hechos del foro primario se encuentran las

siguientes:

5. La [peticionaria] tiene 54 años de edad y es ama

de casa. Su preparación académica incluye un grado

asociado en comunicaciones; esta no terminó el

grado de bachillerato.

6. Al presente esta reside con sus hijos... en una

propiedad ganancial localizada en la Urb. Sierra

del Río, Calle 9 B-1, San Juan, Puerto Rico. Dicha

propiedad tiene 4 cuartos, piscina, gazebo y planta

eléctrica.

7. Durante el tiempo en que las partes convivieron

como esposos la [peticionaria] se dedicó al cuido

de los hijos y del hogar, ya que así lo habían

acordado las partes. Sobre este particular, el

[recurrido] negó que hubiera prohibido a su esposa

trabajar cuando estaban casados, y que el no

trabajar era razonable cuando los hijos eran

menores de edad, pero no después.

8. No obstante lo anterior, la [peticionaria]

realizó

trabajos

esporádicamente

y

a

tiempo

parcial. Entre 1995 y 1998 realizó trabajos a

tiempo parcial con la Sra. Tere Bravo, y en un

banco por un período de 2 años y para Universal

Insurance en o alrededor de 1992. Nunca ha

trabajado en el área de comunicaciones.

9. Cuando los hijos de las partes estaban en la

escuela, la [peticionaria] realizó trabajos con una

pareja de amigos “brokers”, pero el acuerdo entre

las partes fue que dicho trabajo no podría quitarle

tiempo para atender al [recurrido] y el hogar.

Posteriormente, la [peticionaria] dejó el trabajo a

tiempo parcial porque su padre se enfermó del

corazón

y

se

dedicó

a

cuidarlo

hasta

su

fallecimiento en el año 2000.

10. Aunque posteriormente la [peticionaria] realizó

trabajos de artesanía [...] para la venta de

accesorios y prendas, esta tuvo que dejar dicha

actividad debido a que desarrolló una condición de

artritis.

11. Al presente la [peticionaria] padece de varias

condiciones de salud que incluyen dolor en las

articulaciones compatibles con la condición de

CC-2015-0977

artritis reumatoide, fibromialgia u osteoartritis,

padece de asma bronquial crónica, presenta lesiones

en la piel y recibe tratamiento siquiátrico por

depresión mayor. Debido a dichas condiciones, la

[peticionaria] recibe tratamiento médico continuo e

ingiere

varios

medicamentos

preventivos

y

de

mantenimiento.

12. Conforme al testimonio del siquiatra[,] José E.

Villanueva

Arce,

desde

el

año

1982

la

[peticionaria] tiene un diagnóstico de depresión

mayor, por lo que necesita medicación y sicoterapia

y tratamiento siquiátrico de seguimiento. A partir

del año 2008, fecha en que el perito comenzó a

atender

mensualmente

a

la

[peticionaria],

su

condición

depresiva

se

agravó

debido

a

las

circunstancias

que

motivaron

la

ruptura

del

matrimonio de las partes.

13. El doctor Villanueva Arce opinó que la

[peticionaria] confronta problemas de concentración

y falta de tolerancia al “stress” y que dicha

condición le impide trabajar de forma constante,

por hora o con otras personas. No obstante, señaló

que esta podría realizar trabajos de artesanía,

conducir auto, o realizar compras.

14. No obstante lo anterior, el doctor Villanueva

Arce expresó que la demandada se encuentra en

condición

estable,

aunque

necesita

continuar

tratamiento por varios meses para mejorar su

condición emocional. Su prognosis es de mejoría una

vez se concluyan los procesos judiciales que le

ocasionan stress.

[...]

16.

Además

de

la

condición

emocional

antes

descrita, la [peticionaria] recibe tratamiento por

una condición de dolor en las articulaciones,

hombro

[,]

rodillas

y

caderas.

Conforme

al

testimonio de la reumatológa [sic] Grisselle Ríos

Solá, la [peticionaria] presenta síntomas similares

al de la artritis reumatoide, la fibromialgia o la

osteoartritis, aunque aún no tiene un diagnóstico

claro y definitivo. Dicha condición le ocasiona

dolor crónico y limitaciones de movimiento para

subir escaleras, caminar largas distancias, hacer

ejercicios y realizar actividades en el hogar;

tampoco debe levantar objetos de más de 15 libras.

17.

Para

aliviar

la

referida

condición,

la

[peticionaria]

tiene

que

ingerir

varios

medicamentos... y recibir tratamiento continuo en

4

CC-2015-0977

las

clínicas

de

dermatología....

5

fisiatría,

de

ortopedia

y

18. No obstante, en lo que respecta a las

actividades que la demandada puede realizar, la

doctora Ríos Solá opinó que esta puede conducir un

auto, escribir, usar la computadora y hacer

movimientos con las manos.

19. Debido a los problemas de salud que ha

confrontado la [peticionaria], esta no ha trabajado

durante los pasados 14 años.

20.

Para

atender

la

condición

de

la [peticionaria]

recibe

tratamiento

especial....

asma[,]

médico

21. Mientras la [peticionaria] estuvo casada con el

[recurrido], este era el que generaba los ingresos,

producto de su trabajo como abogado en el bufete de

su padre. De igual manera, el [recurrido] se

encargaba del pago de todos los gastos del hogar y

de los gastos personales de la [peticionaria]. Los

gastos personales incluían compra de ropa, y

maquillaje, salón de belleza, pago de servicios de

jardinero, gasolina, reparaciones de auto, ropa de

los niños, compras de navidad, reparaciones del

hogar, salidas al cine y a comer, mesada para

almuerzo, gastos médicos, seguro de vida y dinero

en efectivo para ella y sus hijos.

22. El único ingreso de la [peticionaria] es el que

recibe por concepto de pensión alimentaria vigente,

esto es, la suma de $4,017.00 mensuales. Esta no

tiene bienes, aparte de la casa donde reside y los

muebles y enseres del hogar.

[...]

24. La [peticionaria] no cualifica para los

beneficios del Seguro Social. Cuando cumplió 50

años la oficina del Seguro Social le certificó que

ella trabajó del 1977 al 1982 y que no acumuló

tiempo

de

trabajo

suficiente

para

recibir

beneficios.

25. Debido a la edad, la limitada preparación

académica

y

experiencia

laboral

de

la

[peticionaria], así como las múltiples y severas

condiciones médicas que le aquejan, esta no tiene

la capacidad para trabajar y generar ingresos para

su sostenimiento.

CC-2015-0977

6

26. Al presente, la [peticionaria] tiene que pagar

la hipoteca de la casa y el mantenimiento, además

de los gastos de estudios y necesidades de los

interventores, los cuales paga con la pensión

alimentaria vigente.1

A

base

de

estas

determinaciones,

el

foro

primario

consideró que la prueba traída por la señora Juliá Rodríguez

demostró

que

estaban

presentes

las

circunstancias

del

Art. 109 del Código Civil, supra, particularmente el criterio

de

necesidad

económica.

Así

también,

halló

probada

la

capacidad económica del recurrido, cuyo ingreso bruto mensual

fluctuaba en $11,000.00. Por esta razón, el tribunal concedió

la pensión y la fijó en unas sumas variadas según los gastos

atribuidos

a

la

peticionaria

y

los

remedios

provisionales

otorgados a ésta durante los procedimientos judiciales.

El

recurrido

acudió

al

Tribunal

de

Apelaciones

con

múltiples señalamientos de error. En cuanto a lo que aquí

concierne, planteó que el foro primario había errado al: (1)

determinar que el recurrido tenía capacidad económica para

pagar tanto la pensión de la peticionaria como la de sus

hijos,

(2)

peticionaria

no

especificar

sería

que

la

considerada

pensión

un

otorgada

adelanto

a

de

la

su

participación en la liquidación de bienes gananciales entre

las partes y (3) no tomar en consideración el valor del hogar

en el que residía la peticionaria al momento de fijar la

pensión ex cónyuge.

Tras

examinar

los

alegatos

de

ambas

partes,

el

foro

apelativo intermedio atendió en conjunto los reclamos sobre

la pensión ex cónyuge que se le otorgó a la peticionaria.

1

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, págs. 49-53.

CC-2015-0977

7

Según su interpretación de la jurisprudencia aplicable, el

Tribunal de Apelaciones consideró que el foro primario erró

al determinar que la peticionaria cumplía con el criterio de

necesidad económica a los efectos de ser acreedora de una

pensión ex cónyuge. A su juicio, los hechos demostraban que

ésta tenía una participación pro indivisa en una propiedad

ganancial

que

en

el

2008

mantenía

en

$648,000

tasó

$760,000

luego

de

y

cuyo

descontada

valor

la

se

carga

hipotecaria.2 Por esta razón, y por contar con “otros bienes

muebles”

no

especificados,

el

foro

intermedio

concluyó

mediante sentencia que era improcedente el reclamo de una

pensión a favor de la peticionaria en virtud del Art. 109 del

Código Civil, supra.

Inconforme,

la

peticionaria

presentó

certiorari

ante

este

Tribunal.

Señaló

Apelaciones

erró

al

determinar

que

probatoria

de

su

carga

necesidad

que

ella

un

recurso

de

el

Tribunal

de

incumplió

económica,

esto

con

la

es,

que

carecía de medios suficientes para vivir según lo requiere el

Art.

109

del

Código

Civil,

supra.

Tras

evaluar

la

controversia, decidimos expedir el recurso. Con el beneficio

de los alegatos de ambas partes, procedemos a resolver si, a

la luz del cuadro fáctico ante sí, actuó correctamente el

Tribunal

de

Apelaciones

al

eliminarle

la

pensión

a

la

peticionaria.3

2

La propiedad constituye la residencia de la señora Correa Márquez, la

cual en un litigio previo el foro apelativo intermedio rechazó que

continuara cobijada por el derecho a hogar seguro. Véase Correa Márquez v.

Juliá Rodríguez, KLAN201500278 (TA, 30 de abril de 2015).

3

Enfatizamos que nuestra adjudicación del caso se basa en el cuadro

fáctico que tuvo ante sí el foro apelativo intermedio, pues somos

conscientes de que la propiedad en cuestión fue vendida previo a que se

CC-2015-0977

8

II

A.

El caudal ganancial como fuente primaria de alimentos

Al

momento

de

disolverse

un

matrimonio,

el

régimen

ganancial conformado por los cónyuges se extingue. Art. 105

del Código Civil, 31 LPRA sec. 381. Al ocurrir esto, “surge

entonces

una

comunidad

de

bienes

compuesta

por

todos

los

bienes del haber antes ganancial, en la cual cada partícipe

posee

una

cuota

independiente

e

[sic]

alienable

con

el

correspondiente derecho a intervenir en la administración de

la comunidad y a pedir su división”. Montalván v. Rodríguez,

161 DPR 411, 421 (2004); Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez,

115 DPR 219, 228 (1984). La razón de ser de esta comunidad de

bienes

obedece

matrimonio,

la

a

que,

a

pesar

liquidación

de

de

los

que

se

bienes

ha

disuelto

entre

los

el

ex

cónyuges no siempre es contemporánea al divorcio. Montalván

v. Rodríguez, supra. Es por eso que, en ese ínterin, existe

una presunción controvertible de que cada ex cónyuge tiene

derecho a la mitad de los bienes que antes eran gananciales.

Torres Vélez v. Soto Hernández, 189 DPR 972, 992 (2013).

Esa

masa

común

de

bienes

que

surge

de

la

extinta

sociedad de gananciales constituye la fuente primaria para

atender el interés económico de cualquiera de los cónyuges.

Así lo dispone el Art. 1325 del Código Civil, cuyo lenguaje

solo alude a casos de viudez pero por jurisprudencia se ha

extendido también a casos de divorcio. Art. 1325 del Código

emitiera esta Opinión. No obstante, entendemos que dicha realidad no

dispone de la controversia ante nuestra consideración, entiéndase, si la

peticionaria tenía derecho a una pensión ex cónyuge mientras la propiedad

no se había vendido.

CC-2015-0977

Civil,

31

9

LPRA

3700;4

sec.

véase

Janer

Vilá

v.

Tribunal

Superior, 90 DPR 281, 301 (1964). Desde esa perspectiva, el

acceso de cada ex cónyuge a los bienes de dicha comunidad

ocurre por derecho propio y no como obligación independiente

del otro cónyuge. Soto López v. Colón Méndez, 143 DPR 282,

288 (1997).

Por

esta

razón,

antes

de

solicitar

una

pensión

ex cónyuge, el comunero que interesa acceso a bienes con los

cuales alimentarse debe recurrir a la comunidad de bienes.

Íd.,

pág.

292;

véase

S.

Torres

Peralta,

El

derecho

alimentario en Puerto Rico, Publicaciones STP, Inc., 2007,

págs.

6.50-6.51.5

El

acceso

a

esos

bienes

en

calidad

de

anticipos de la participación en una comunidad, dependerá en

principio de dos condiciones básicas: (1) que haya existido

una sociedad legal de gananciales entre las partes y (2) que

dicha sociedad aún no se haya liquidado. Véase Anselmo García

v.

Sucn.

Anselmo

435 (2001)(Sentencia)(Op.

García,

de

153

DPR

Conformidad,

J.

427,

Hernández

Denton).

Ahora bien, es preciso aclarar que, para que un comunero

pueda alimentarse de los bienes habidos en la comunidad que

compone

indivisa,

4

con

es

su

ex

cónyuge

condición

mientras

adicional

que

la

misma

tales

permanece

bienes

sean

“De la masa común de bienes se darán alimentos al cónyuge superviviente

y a sus hijos mientras se haga la liquidación del caudal inventariado y

hasta que se les entregue su haber; pero se les rebajarán de éste en la

parte en que excedan de lo que les hubiese correspondido por razón de

frutos o rentas”. Art. 1325 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3700.

5

“[M]ientras haya caudal proveniente de la extinta sociedad ganancial, ya

en comunidad, radicada o no la demanda de liquidación de bienes, la

excónyuge reclamante tiene derecho a anticipos contra su participación en

la comunidad”. S. Torres Peralta, El derecho alimentario en Puerto Rico,

Publicaciones STP, Inc., 2007, pág. 6.52.

CC-2015-0977

rentables

10

y

que

dicha

rentabilidad

sea

susceptible

de

liquidez económica inmediata. Dicha condición se desprende de

la jurisprudencia previa de este Tribunal, en particular de

lo resuelto en Soto López v. Colón Meléndez, supra. En ese

entonces, una señora le solicitaba una pensión alimentaria a

su

ex

esposo

puesto

que

éste

controlaba

con

exclusividad

bienes de la extinta sociedad conyugal, incluyendo un negocio

en funciones y un inmueble del cual se extraían rentas de

alquiler. Tomando eso en cuenta, sostuvimos que no procedía

una pensión, sino el “disfrute de los bienes comunes que

[hasta

entonces]

exclusivamente

estaban

por

el

siendo

controlados

copropietario”.

Íd.

y

utilizados

pág.

292.

No

obstante, advertimos que lo determinante en estas situaciones

era darle acceso a la persona reclamante a una “suma líquida

específica

periódica

de

la

comunidad

que

le

permit[iera]

alimentarse”. Íd. Dado que los bienes en cuestión producían

frutos y rentas, consideramos que la comunidad era la fuente

propicia de esa suma líquida.6

En ese sentido, entendemos que la norma de Soto López v.

Colón Meléndez, supra, está condicionada a la rentabilidad

inmediata de los bienes disponibles en la comunidad compuesta

por los ex cónyuges. Esto, pues, como expresa el tratadista

español

Zarraluqui

sobre

el

caudal

disponible

entre

ex

cónyuges, “parece lógico que la ponderación del capital tenga

en

6

cuenta

la

rentabilidad

de

los

bienes,

positiva

y

La opinión de este Tribunal en Soto López v. Colón Meléndez, supra,

reconoce que su norma estaba limitada al cuadro de hechos ante su

consideración, que incluía frutos y rentas provenientes de los bienes en

la comunidad que las partes conformaban. Soto López v. Colón Meléndez,

supra, pág. 292 esc. 8 (reconociendo que su determinación estaba “sujeta a

ser modificaba si la situación fáctica así lo amerita[ba]”).

CC-2015-0977

11

negativamente, los gastos que precise su mantenimiento y los

impuestos

otras

y

cargas

que

circunstancias

L. Zarraluqui

Persona,

los

graven,

su

disfrute

que

Sánchez-Eznarriaga,

T.VI,

Barcelona,

Ed.

así

como

pueda

Derecho

Bosch,

cualesquiera

proporcionar”.

de

2007,

Familia

pág.

y

la

710.

Esa

realidad innegable sobre la incertidumbre de un caudal común

ha sido a su vez reconocida por este Tribunal al expresar

que, una vez se pospone la liquidación de bienes tras un

divorcio, coexisten activos y pasivos sobre los cuales pueden

“producirse

obtenerse

frutos,

saldarse

ganancias

o

deudas,

incurrirse

en

sufrirse

gastos”.

pérdidas,

Montalván

v.

Rodríguez, supra, pág. 422.

Bajo

este

espectro,

determinamos

que

el

caudal

disponible en una comunidad de bienes de una extinta sociedad

ganancial será la fuente primaria de alimentos de ex cónyuges

siempre

y

extraerse

cuando

permita

una

al

comunidad

de

suma

los

líquida

reclamante

de

bienes

razonablemente

bienes

en

específica

alimentarse.

no

se

producirá,

dicha

y

comunidad

periódica

que

le

de

la

produce,

o

Si

del

análisis

desprende

que

esta

tal

rentabilidad

en

pueda

un

futuro

cercano, el ex cónyuge que reclama una partida líquida con la

cual alimentarse tendrá disponible el recurso de la pensión

ex cónyuge, una vez demuestre que cumple con los requisitos

aplicables a ese derecho.

B. La pensión ex cónyuge en nuestro ordenamiento

Cuando

un

divorcio

coloca

en

estado

de

necesidad

económica a uno de los ex cónyuges, quien primero responde

por esa necesidad, luego de la comunidad de bienes, es el

CC-2015-0977

otro

ex

12

cónyuge.

La

base

de

esta

pensión

la

provee

el

Art. 109 del Código Civil, supra, el cual establece que, una

vez decretado un divorcio, el Tribunal de Primera Instancia

podrá asignarle a cualquiera de los ex cónyuges que no cuente

con suficientes medios para vivir “alimentos discrecionales

de los ingresos, rentas, sueldos o bienes que sean de la

propiedad del otro cónyuge”. 31 LPRA sec. 385. El derecho a

solicitar alimentos al amparo de dicho artículo surge del

“derecho

fundamental

de

todo

ser

humano

a

existir

y

a

desarrollar plenamente su personalidad”. González v. Suárez

Milán, 131 DPR 296, 301 (1992). En ese sentido, las pensiones

alimentarias de ex cónyuges están revestidas del más alto

interés público. Cortés Pagán v. González Colón, 184 DPR 807,

814 (2012).

El criterio principal al momento de conceder una pensión

ex

cónyuge

es

el

binomio

constituido

entre

la

necesidad

económica por parte del alimentista y la capacidad económica

por parte del alimentante.

Toppel v. Toppel, 114 DPR 16,

19-20 (1983). Establecidos esos elementos, y el hecho de que

la

carencia

económica

haya

surgido

como

consecuencia

del

divorcio, procede el derecho a la pensión. Morales v. Jaime,

166 DPR 282, 302 (2005). De ahí que, si bien el Art. 109

establece otros criterios a considerar al otorgar la pensión

ex cónyuge, éstos solo se toman en cuenta para fijar el monto

de la obligación y no como una carga probatoria adicional que

deba suplir el reclamante. Íd., pág. 306.

Así, pues, al fijar el monto de la pensión ex cónyuge,

el Tribunal también considerará lo siguiente: (1) acuerdos a

CC-2015-0977

13

los que hubiesen llegado los ex cónyuges; (2) la edad y el

estado

de

salud;

(3)

la

cualificación

profesional

y

las

probabilidades de obtener un empleo; (4) la dedicación pasada

y futura a la familia; (5) la colaboración con las labores

profesionales

del

otro

cónyuge;

(6)

la

duración

de

la

relación conyugal; (7) el caudal y medios económicos y las

necesidades

de

uno

y

otro

cónyuge,

y

(8)

cualquier

otro

factor que considere apropiado dentro de las circunstancias

del caso. 31 LPRA sec. 385. Ahora bien, considerando que

estas y otras circunstancias pueden cambiar con el transcurso

del tiempo, también hemos dispuesto que los dictámenes sobre

pensiones ex cónyuges tienen un carácter dinámico, por lo que

están

sujetos

necesidad

a

del

modificación

alimentista

según

o

la

varíe

la

capacidad

situación

económica

de

del

alimentante. Cortés Pagán v. González Colón, 184 DPR 807,

814-815 (2012).

III

En el caso de autos, no cabe duda de que, a la luz de la

determinación de hechos del foro primario, la peticionaria se

encuentra

en

una

situación

de

precariedad

económica

y

el

recurrido tiene capacidad económica para apoyarle. Desde esa

perspectiva, la controversia ante nuestra consideración se

reduce a si la propiedad residencial que obra en el caudal de

las partes previo a la liquidación de los bienes es óbice

para hallar a la peticionaria en necesidad económica a la luz

de la normativa aplicable a alimentos de ex cónyuges.

En la sentencia recurrida, el Tribunal de Apelaciones

determinó que la propiedad indivisa entre las partes había

CC-2015-0977

14

tasado $760,000 en el 2008. Debido a que tenía una deuda

hipotecaria de $112,000, aproximadamente, el foro intermedio

concluyó que la peticionaria retenía un capital sustancial

sobre el bien en cuestión en la medida en que el valor de la

propiedad

todavía

rondaba

los

$648,000

al

descontarle

la

carga hipotecaria. Según el foro intermedio, la participación

en la propiedad derrotaba el reclamo de carencia de medios

suficientes para vivir, por lo que consideró improcedente una

pensión en virtud del Art. 109, supra, eliminándola así de la

sentencia emitida por el foro primario. Al igual que en Soto

López,

entendemos

que

“tal

acción

judicial

fue

conceptualmente correcta, pero... incompleta”. Soto López v.

Colón Meléndez, supra, pág. 291.

Según hemos expuesto, la fuente primaria de alimentos de

ex cónyuges en casos de divorcio es la comunidad de bienes

constituida por aquellos. El análisis del foro intermedio, si

bien no lo expone expresamente, hace bien en partir de esa

premisa.

No

obstante,

procedía

una

pensión

Rodríguez

contaba

con

bajo

esa

lógica

concluye

ex

cónyuge

porque

la

una

participación

que

señora

indivisa

de

no

Juliá

valor

sustancial.7 Entendemos que el Tribunal de Apelaciones, dadas

las

circunstancias

proveer

un

remedio

particulares

de

este

adecuado

base

de

a

caso,

la

falló

en

vulnerabilidad

económica de la señora Juliá Rodríguez, la única propiedad de

valor disponible en la comunidad de bienes y la capacidad

económica del señor Correa Márquez.

7

Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice, págs. 96-97.

CC-2015-0977

15

Es importante reiterar que en nuestra labor adjudicativa

no debemos aplicar mecánicamente los preceptos legales, sin

considerar

los

valores

normativos

y

los

casos

específicos

ante nuestra consideración. Candelario Vargas v. Muñiz Díaz,

171 DPR 530, 543-544 (2007). Esta noción debe aplicar con

mayor ímpetu en casos de pensiones alimentarias, los cuales

envuelven

un

fundamental

interés

de

todo

apremiante

del

ser

a

humano

Estado

existir

en

y

el

derecho

desarrollarse

plenamente. González v. Suárez Milán, supra, pág. 301. Por

eso

hemos

expresado

que,

cuando

de

la

institución

de

alimentos se trata, “no debemos ceñirnos a conceptos rígidos

que

impidan

o

dificulten

lograr

equitativamente

[sus]

propósitos”. Íd.

En este caso, el foro apelativo intermedio rechazó que

la peticionaria se encontrara en una situación de necesidad

económica por razón de la propiedad que obraba en el caudal

común del matrimonio disuelto, supuesto a ser liquidado. El

recurrido,

por

su

Apelaciones

y

plantea

económica

no

puede

parte,

coincide

con

el

que

la

determinación

hacerse

a

base

de

la

Tribunal

de

de

necesidad

liquidez

o

la

capacidad de contar con dinero en efectivo. Sin embargo, este

Tribunal

opina

precisamente

lo

contrario,

ya

que,

a

los

efectos de concluir que un bien económico suple adecuadamente

las

necesidades

alimentarias

de

una

persona,

debe

considerarse el potencial real de ese bien de proveerle una

suma líquida, inmediata y suficiente para alimentarse. Véase

Soto López v. Colón Meléndez, supra, pág. 292. Esto, pues,

como

es

sabido,

bienes

líquidos

son

“aquellas

cantidades

CC-2015-0977

16

dinerarias de las que se puede disponer en el momento por

tener

la

Montañez,

certeza

135

de

DPR

su

monto”.

1,

36

esc.

Kantara

26

Malty

v.

Castro

(1994)(Sentencia)(Op.

Concurrente, J. Naveira de Rodón) (énfasis suplido).

En Soto López v. Colón Meléndez, supra, la suma líquida

la suplían los frutos del negocio y los bienes que las partes

poseían, lo que ciertamente hacía improcedente una pensión ex

cónyuge.

En

este

caso,

por

el

contrario,

el

único

bien

disponible en el caudal es la propiedad residencial aludida,

a la cual no se le puede atribuir rentabilidad pues en estos

momentos más bien representa un gasto de vivienda para la

peticionaria. Incluso, de venderse, la tangencia económica

de

ese

bien

se

postergaría

y

estaría

sujeta

a

las

fluctuaciones del mercado que incidan sobre el valor real de

la propiedad, que en este caso se tasó previo a la caída del

mercado de bienes raíces.

Si bien reconocemos que una comunidad de bienes puede

contar

con

múltiples

activos

capaces

de

suplir

las

necesidades económicas de sus comuneros, la determinación de

si,

en

efecto,

así

las

suple,

no

debe

hacerse

en

el

abstracto. Como ya mencionamos, al tomar en cuenta la masa

común de bienes de la extinta sociedad ganancial como fuente

primaria de alimentos, debe considerarse la rentabilidad de

esos

bienes

futuro

al

cercano,

sustento

momento

con

del

tal

de

injustificadamente.

reclamo

no

de

dejar

Además,

si

alimentos

al

o

en

reclamante

una

un

sin

determinación

judicial sugiere o implica que una transacción particular en

torno a esos bienes sería capaz de suplir la necesidad del

CC-2015-0977

reclamante

17

de

razonabilidad

alimentos,

económica

debe

de

tomarse

esa

en

cuenta

la

transacción

desde

la

perspectiva de las partes. Esto, de manera que la misma no

resulte económicamente adversa a los intereses legítimos de

estas últimas.8

Es por esto que consideramos que erró el Tribunal de

Apelaciones al concluir que la participación de la señora

Juliá Rodríguez en la propiedad residencial de las partes

implicaba que la peticionaria contaba con medios suficientes

para vivir. Del expediente se desprende que la peticionaria

probó su precariedad económica, particularmente a raíz de su

falta de experiencia profesional y sus condiciones de salud.

Como hemos expuesto, el primer remedio que tenía disponible

la peticionaria eran los bienes del caudal ganancial, pero el

único

bien

con

capacidad

de

suplirle

alimentos

era

la

propiedad residencial que ya habitaba, la cual más que un

ingreso suponía un gasto para ella por razón de los pagos

hipotecarios y de mantenimiento.

Nuevamente,

en

un

caso

como

éste,

atribuirle

rentabilidad a ese bien implicaría forzar al reclamante a

vender

su

propiedad

residencial

y

posponer

su

provisión

alimentaria hasta el momento en que la venta ocurra. A su

vez,

ignora

las

contingencias

inherentes

a

una

venta

inmobiliaria, particularmente en momentos de crisis económica

8

Véase I. Ramos Buonomo, Derecho de Familia, 67 Rev. Jur. UPR 827, 831

(1998)(analizando el caso de Soto López v. Colón Meléndez, supra, y

mencionando que, por ejemplo, “la división de la comunidad podría resultar

en un suicidio económico, pues al recibir una cantidad específica de

dinero, en vez de continuar como condueñ[o] de un [bien] que continúe

produciendo ingresos[,] eventualmente [la parte] podría quedar desamparada

económicamente”).

CC-2015-0977

18

con efectos considerables en la industria de bienes raíces.9

En

circunstancias

como

estas,

no

podemos

avalar

dicho

proceder sobre un asunto tan sensible que vulnera la vida y

salud de una persona.

Por

esta

otorgarle

a

la

razón,

lo

justo

peticionaria

y

una

legalmente

pensión

que

correcto

le

es

garantice

liquidez económica para alimentarse, disponiendo a su vez que

dicha pensión se conceda a cargo de su participación en la

comunidad de bienes. De esta manera, se le restarán los pagos

recibidos por razón de su pensión ex cónyuge al remanente de

los bienes gananciales pertenecientes a la peticionaria una

vez se liquide la comunidad.10 Así las cosas, tras liquidarse

la comunidad de bienes, las partes tendrán que comparecer

ante el foro primario una vez más para dilucidar si su saldo

altera la situación económica de la alimentista de tal manera

que se justifique revisar su pensión o si, por el contrario,

la misma debe mantenerse.

Por los fundamentos esbozados, se revoca la sentencia

del Tribunal de Apelaciones en cuanto a la eliminación de la

pensión

9

ex

cónyuge

y

se

devuelve

el

caso

al

Tribunal

de

Nuestro análisis no descarta que en casos como estos el uso de una

vivienda constituya un valor susceptible de cuantificación económica al

momento de fijar la cuantía de una pensión, mas no necesariamente a los

efectos de negar en su totalidad la necesidad económica de la peticionaria

ya probada ante un foro primario. Véase Candelario Vargas, supra,

pág. 548.

10

A diferencia de la Opinión de Conformidad en Parte y Disidente en Parte,

consideramos que esta es la manera más adecuada de armonizar la normativa

pertinente a un caso como éste. Es decir, para no alterar el orden de

remedios aplicable, según el cual la fuente primaria de alimentos debe ser

la comunidad de bienes, en estos escenarios la pensión concedida se hará

con cargo a la comunidad. Esto, claro está, siempre que la liquidación de

la comunidad provea suficiente caudal para ello y sin descartar que,

dependiendo de ese saldo, la parte alimentista pueda seguir siendo

acreedora de una pensión ex cónyuge luego de la liquidación.

CC-2015-0977

Primera

Instancia

19

para

que

proceda

conforme

a

lo

aquí

resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Manuel Correa Márquez

Recurrido

v.

Carmen Juliá Rodríguez

Peticionaria

CC-2015-0977

Certiorari

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de junio de 2017.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente Sentencia, se

revoca la sentencia del

Tribunal de Apelaciones en cuanto a la eliminación de

la pensión ex cónyuge y se devuelve el caso al

Tribunal de Primera Instancia para que proceda

conforme a lo aquí resuelto.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor Colón

Pérez emitió una Opinión de conformidad en parte y

disidente en parte a la cual se unió el Juez Asociado

señor Estrella Martínez.

El Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo no intervino.

La Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez no interviene.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Manuel Correa Márquez

Recurrido

v.

CC-2015-0977

Certiorari

Carmen Juliá Rodríguez

Peticionaria

Opinión de Conformidad en parte y Disidente en parte emitida

por el Juez Asociado SEÑOR COLÓN PÉREZ, a la cual se une el

Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de junio de 2017.

Por

no

albergar

duda

alguna

de

que,

en

escenarios como el de autos, -- en el que una de

las partes, luego de un proceso de divorcio, es

titular de un bien común pro indiviso de valor

sustancial

--

puede

proceder

una

pensión

ex

cónyuge, siempre que tal bien no sea uno rentable

o que produzca cantidades líquidas que permitan el

sustento

del

ex

cónyuge

peticionario,

estamos

conformes con esa parte del resultado al que, en

el presente caso, se llega en el día de hoy.

Ahora

aquella

ordena

bien,

parte

que,

respetuosamente

del

cuando

disentimos

resultado

en

exista

mencionado

el

la

que

de

se

bien

CC-2015-0977

2

común pro indiviso y se asigne una pensión ex cónyuge, los

pagos realizados en concepto de dicha pensión se descuenten

-- es decir, que sean a cargo -- de la participación que,

al

momento

en

que

se

liquide

dicha

comunidad,

le

corresponda al alimentista. Veamos por qué.

II.

Los

hechos

ante

nos

no

están

en

controversia.

Como

correctamente se señala en la Opinión Mayoritaria, luego de

veinticinco (25) años de casados, en el año 2009, el señor

Manuel Correa Márquez y la señora Carmen Juliá Rodríguez se

divorciaron, creándose así entre ellos una comunidad de

bienes

post

ganancial.

Posteriormente,

la

señora

Juliá

Rodríguez solicitó una pensión ex cónyuge. Adujo que sufría

varias condiciones médicas y que carecía de experiencia

profesional

para

obtener

alguna

oportunidad

de

empleo,

puesto que durante la vigencia del matrimonio se dedicó al

cuido de su familia. Según alegó, tales son las razones por

las que carece de ingreso alguno para su sustento.

Así las cosas, luego de evaluar la petición presentada

por

la

señora

Juliá

Rodriguez,

así

como

la

situación

económica de ambas partes, el Tribunal de Primera Instancia

declaró con lugar la referida solicitud y le ordenó al

señor Correa Márquez el pago de una pensión ex cónyuge.

Inconforme con dicho proceder, el señor Correa Márquez

CC-2015-0977

3

presentó

un

recurso

de

apelación

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones. Adujo que el foro primario erró al determinar

que éste tenía capacidad económica; al no especificar que

la pensión ex cónyuge debía ser considerada un adelanto de

la participación en la liquidación de bienes gananciales; y

al

no

considerar

que

la

peticionaria

residía

en

una

propiedad en común pro indiviso. A dicha solicitud, la

señora Juliá Rodríguez se opuso.

Examinados los planteamientos de las partes, el foro

apelativo intermedio revocó la decisión del Tribunal de

Primera Instancia. Ello, pues concluyó que la señora Juliá

Rodríguez

era

propietaria

propiedad

donde

residía

en

con

común

sus

pro

hijos,

indiviso

en

ese

de

la

momento

valorada en $648,000. Así pues, dicho foro entendió que no

cumplía con el requisito de necesidad económica, pues ésta

tenía una participación pro indivisa en una propiedad con

valor sustancial, así como con otra serie bienes muebles

que

no

fueron

especificados,

suficientes

para

poder

mantenerse.

Insatisfecha, la señora Juliá Rodríguez acude ante nos

mediante un recurso de certiorari. En esencia, señala que

erró el foro apelativo intermedio al determinar que ésta no

probó

su

necesidad

económica

y

que

carecía

de

medios

suficientes para vivir. El señor Correa Márquez se opuso.

Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas

partes, este Tribunal expidió el recurso ante nos y, en

CC-2015-0977

4

esencia, al disponer del mismo resuelve que, si bien puede

proceder la pensión ex cónyuge en aquellos casos en que un

alimentista sea propietario en común pro indiviso de un

bien

que

no

genere

rentas

líquidas,

las

cantidades

otorgadas en concepto de dicha pensión -- de concederse la

misma -- deberán ser descontadas de la participación de

dicho

alimentista,

una

vez

se

liquide

la

comunidad

de

bienes.

Como mencionamos anteriormente, con la primera parte de

ese

resultado

estamos

conformes.

Disentimos

de

aquella

parte del resultado que establece que, en este tipo de

caso, las cantidades otorgadas en concepto de pensión ex

cónyuge

dicho

deberán

ser

alimentista,

descontadas

una

vez

se

de

la

liquide

participación

de

la

de

comunidad

bienes. Nos explicamos.

III.

Como se sabe, en materia de divorcio, es harto conocido

que

el

origen

obligación

de

de

la

pensión

los

cónyuges

de

ex

cónyuge

surge

alimentarse

y

de

la

brindarse

socorro mutuo. Véase Soto López v. Colón Meléndez, 143 DPR

282, 288 (1997). Así pues, para que proceda la concesión de

este tipo de pensión, es requisito indispensable que exista

una necesidad económica de una de las partes y, además, que

la misma sea a consecuencia del divorcio; cuando ambas

condiciones

se

encuentran,

procede

la

reclamación

de

alimentos al ex cónyuge al amparo del Artículo 109 del

CC-2015-0977

5

Código Civil, 31 LPRA sec. 385. Morales v. Jaime, 166 DPR

281 (2005).

Establecidas

ambas

condiciones,

el

Artículo

109

del

Código Civil, supra, establece aquellos criterios que deben

considerarse para establecer la cuantía de la pensión, mas

no para su concesión. Entre estos criterios, se encuentran

los siguientes:

(a)

Los acuerdos a que hubiesen llegado los ex

cónyuges.

(b) La edad y el estado de salud.

(c)

La

cualificación

profesional

probabilidades de acceso a un empleo.

y

las

(d) La dedicación pasada y futura a la familia.

(e) La colaboración con su trabajo en

actividades

mercantiles,

industriales

profesionales del otro cónyuge.

las

o

(f)

La

duración

del

convivencia conyugal.

matrimonio

y

de

la

(g) El caudal y medios económicos

necesidades de uno y otro cónyuge.

y

las

(h) Cualquier otro factor que considere apropiado

dentro de las circunstancias del caso. Art. 109

del Código Civil, supra.

Por último, en cuanto a la figura de la pensión ex

cónyuge, precisa señalar que, la determinación del monto en

alimentos a los cuales tendrá derecho el alimentista debe

realizarse en proporcionalidad al caudal o medios del ex

cónyuge alimentante y a las necesidades del ex cónyuge

alimentista. Cortes Pagán v. González Colón, 184 DPR 807

(2012); Cantellops v. Cautiño Bird, 146 DPR 791 (1998);

CC-2015-0977

6

González v. Suárez Milán, 131 DPR 296 (1992).

Como se puede apreciar, la normativa antes expuesta, a

todas luces, ata la concesión de una pensión ex cónyuge al

requisito de establecer la necesidad económica de una de

las partes como consecuencia de su divorcio. Es decir, si

tal necesidad económica como consecuencia del divorcio no

se

logra

demostrar,

no

hay

derecho

a

una

tenerlo

muy

pensión

ex

cónyuge.

Lo

anterior

es

necesario

presente,

particularmente en casos como el de marras donde la figura

jurídica de la pensión ex cónyuge comparte espacio con la

figura jurídica de la comunidad de bienes. Recordemos que

este Tribunal claramente ha establecido que el concepto de

alimentos entre ex cónyuges no es afín al régimen de la

comunidad de bienes. Soto López v. Colón Meléndez, 143 DPR

282, 288 (1997).

Al

respecto,

Tribunal,

que

y

según

las

ha

referidas

sido

sentenciado

figuras

jurídicas

por

este

no

sean

afines tiene su razón de ser en que los alimentos entre ex

cónyuges

tienen

su

fundamento

en

el

deber

jurídico

establecido en el Art. 109 del Código Civil, supra, de las

partes prestarse mutuo socorro cuando no cuenten con medios

suficientes para vivir. Dicha obligación supeditada, claro

está,

a

la

existencia

de

una

situación

de

necesidad

económica. Mientras que, por otro lado, la participación de

los comuneros en la administración y disfrute de los bienes

CC-2015-0977

7

de la comunidad es un derecho propio y para hacerlo valer

no hay que demostrar necesidad alguna. Soto López v. Colón

Meléndez,

supra,

a

la

pág.

288.

En

establecer

esta

diferencia es en lo que, a nuestro juicio, falla la Opinión

emitida por el Tribunal.

Y es que al resolver que, al momento de liquidar una

comunidad de bienes post ganancial, el dinero recibido en

concepto

de

pensión

ex

cónyuge

debe

tratarse

como

una

adelanto de la participación del ex cónyuge alimentista en

la

referida

liquidación

de

bienes,

lejos

seguir

los

lineamientos establecidos en Soto López v. Colón Meléndez,

supra, -- donde se le da un tratamiento distinto a las

figuras jurídicas de pensión ex cónyuge y comunidad de

bienes --, este Tribunal opta por, de manera errónea y

desacertada, entremezclar las mismas. Al así hacerlo, una

mayoría de los jueces y juezas que forman parte de este

Alto Foro, derrotan el propósito de lo que es, en sí misma,

una pensión ex cónyuge, pues al convertir las sumas de

dinero que se brindan por concepto de este tipo de pensión

en un mero adelanto de la participación en una comunidad de

bienes

post

jurídica,

que

gananciales,

como

vimos

se

desnaturaliza

esta

es

una

criterio

atada

al

figura

de

necesidad económica.

Si la pensión ex cónyuge, en casos como el de autos,

debe considerarse como un mero adelanto de la participación

en una comunidad de bienes post gananciales, ¿para qué la

exigencia jurisprudencial de demostrar necesidad económica,

CC-2015-0977

8

como consecuencia del divorcio, al momento de solicitar una

pensión ex cónyuge? ¿Para qué? Si, al final del día, según

resuelve este tribunal, la pensión ex cónyuge concedida

sería a cargo de la propia alimentista en la medida en que

los

pagos

en

tal

concepto

serán

descontados

de

su

participación en la comunidad post ganancial. Es decir, la

pensión ex cónyuge la terminaría pagando, con su propio

pecunio, la alimentista que alegadamente la necesitaba. Lo

anterior

resulta

en

un

contrasentido.

Para

ello

no

es

necesario demostrar necesidad económica.

En fin, la interpretación que hoy hace una mayoría de

este Tribunal sobre el alcance de las figuras jurídicas en

controversia no nos convence. La misma no responde a los

intereses que pretende proteger la normativa que gobierna

los asuntos en el campo del derecho de familia.

Así pues, si bien estamos conformes con reconocer el

derecho a una pensión ex cónyuge en aquellos escenarios en

que existan bienes en común pro indiviso pero que no son

rentables o brindan cantidades líquidas que permitan el

sustento del ex cónyuge, en lugar de determinar que el

dinero recibido en concepto de pensión ex cónyuge se trate

como

una

adelanto

de

la

participación

del

ex

cónyuge

alimentista en la comunidad de bienes post gananciales, le

hubiéramos

dado

un

trato

por

separado

a

jurídicas en controversia y, en consecuencia,

las

figuras

hubiésemos

resuelto que al momento en que se liquida una comunidad de

bienes no puede tomarse en consideración lo recibido por un

CC-2015-0977

9

alimentista en concepto de una pensión ex cónyuge. Eso es

lo más correcto. Eso es lo más justo.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado