Tribunal Supremo de Puerto Rico
Zeda Batista v. Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción
2017 TSPR 94
Poder Judicial de Puerto Rico
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Zeda Batista v. Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción
CC-2017-167
Resolución de Sala de Despacho con Voto particular disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Josefina Zeda Batista
Peticionario
Certiorari
v.
2017 TSPR 94
Administración de Servicios de
Salud Mental y Contra la Adicción
198 DPR ____
Recurrida
Número del Caso: CC-2017-167
Fecha: 5 de junio de 2017
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Arecibo-Guayama
Abogado de la parte Peticionaria:
Lcdo. Héctor Torres Babilonia
Abogados de la parte Recurrida:
Lcda. Ayleen James Reyes
Lcdo. Carlos Padín Pérez
Materia: Resolución de Sala de Despacho con Voto particular
disidente.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sala I
Josefina Zeda Batista
Peticionaria
Certiorari
v.
CC-2017-0167
Administración de Servicios
de Salud Mental y Contra la
Adicción
Recurrida
Sala de Despacho integrada por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez,
la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor
Feliberti Cintrón
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de junio de 2017.
Atendida la Petición de certiorari presentada
por la parte peticionaria, se provee no ha lugar.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario
del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz
Rodríguez expediría y emite un Voto particular
disidente.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Josefina Zeda Batista
Peticionaria
v.
Certiorari
CC-2017-0167
Administración de Servicios
de Salud Mental y Contra la
Adicción
Recurrida
Voto particular
Rodríguez
disidente
emitido
por
la
Jueza
Presidenta
Oronoz
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de junio de
2017.
¿Qué
protección
otorgan
la
Constitución
de
Puerto Rico y la Constitución de Estados Unidos a
los contratistas independientes cuyos contratos no
son
renovados
por
discrimen
político?
¿Qué
constituye una decisión adversa y a quién se puede
responsabilizar por ella en este contexto? Estas son
algunas de las controversias que el Tribunal tiene
ante su consideración en este caso. Porque estoy
convencida
de
que
una
Sala
de
este
Tribunal
desaprovechó la oportunidad de expresarnos sobre un
asunto
de
alto
interés
público
al
denegar
el
recurso, disiento. En su lugar, recomiendo expedir
el
auto
de
certiorari
y
estudiaría
procede revocar el dictamen recurrido.
a
fondo
si
CC-2017-0167
La
2
Sra.
Josefina
Zeda
Batista
(peticionaria)
es
psicóloga clínica. Adicional a su oficina privada, trabajó
para la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra
la
Adicción
(ASSMCA)
desde
el
2006,
a
través
de
varios
contratos de servicios profesionales. En ese trabajo prestaba
servicios a los clientes del Centro de Servicios Ambulatorios
de Arecibo del Programa de “Drug Court”. El último contrato
otorgado a la peticionaria venció en diciembre de 2010, pues
el mismo no fue renovado a pesar de su desempeño excelente.
Lo anterior provocó que la peticionaria presentara una
demanda sobre discrimen político y represalias en contra de
la ASSMCA. En esencia, alegó que no se renovó su contrato por
ser miembro del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la demanda.
Razonó
que
discrimen
la
peticionaria
político,
ya
probó
que
su
un
caso
prima
afiliación
facie
política
de
era
conocida y fue reemplazada por un psicólogo que compartía la
ideología política de la autoridad nominadora. Señaló que los
testigos
presentados
por
la
ASSMCA
no
le
merecieron
credibilidad ni pudieron explicar la razón por la cual no se
renovó el contrato de la peticionaria.
En cambio, el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen
recurrido.
adversa
de
Entre
otras
cosas,
entendió
no
renovar
la
el
tomó
que
la
Secretario
decisión
de
la
Gobernación, quien no es parte en el pleito. Destacó que la
ASSMCA solicitó la renovación del contrato, de modo que no
actuó
de
forma
discriminatoria.
Por
otro
lado,
también
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3
cuestionó algunos de los remedios concedidos por el foro
primario.
La peticionaria acude ante nosotros y destaca, entre
otras cosas, que la teoría de que fue el Secretario de la
Gobernación
quien
decidió
no
renovar
su
contrato
no
fue
creída por el foro primario. Debido a los hechos particulares
de este caso, me parece persuasiva su postura de que la no
renovación
ASSMCA.
de
De
su
contrato
entrada,
era
imputable
considero
que
únicamente
debemos
a
la
examinar
el
contexto en que se emitieron las expresiones que el foro
apelativo
utilizó
Gobernación la
para
atribuirle
no renovación.
al
Secretario
de
la
Por lo tanto, expediría el
certiorari para determinar si la peticionaria probó su caso
de
discrimen
político
y
aclarar
qué
constituye
una
aprovechar
esta
ocasión
para
determinación adversa.
Además,
podíamos
profundizar sobre lo resuelto en este tema por el Tribunal
Supremo
Federal
en
Board
of
Comm'rs,
Wabaunsee
Cty.
v.
Umbehr, 518 U.S. 668 (1996), y O'Hare Truck Service, Inc. v.
City of Northlake, 518 U.S. 712 (1996), así como su progenie
en
los
Burgos
Tribunales
Federales
v.
Silva,
Aponte
prohibición
del
de
154
discrimen
Apelaciones.
DPR
político
117,
en
127
Véase
(2001)
relación
al
Aponte
(“la
empleo
público de la Constitución federal es tan abarcadora que el
Tribunal Supremo de Estados Unidos la ha extendido incluso a
contratistas
empleados
independientes,
públicos”.).
que
Además,
no
no
son
podemos
técnicamente
negar
que,
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4
lamentablemente,
en
Puerto
Rico
abundan
los
casos
de
discrimen político. Véase Alexandra Sabater Baerga & Jean R.
Santiago
Cruz,
A
Spoiled
Spoils
System:
Puerto
Rico’s
Epidemic of Political Discrimination and the Federal Courts,
85 Rev. Jur. UPR 1327, 1351 (2016) (donde se destaca que
“50.8%
of
all
cases
regarding
political
discrimination
reviewed by the circuit courts have come from the District
Court of Puerto Rico”.). Le corresponde a este Tribunal velar
por el cumplimiento de nuestras garantías constitucionales en
una situación que tanto perturba a nuestro país.
Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Presidenta