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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Zeda Batista v. Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

2017 TSPR 94

Poder Judicial de Puerto Rico

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Zeda Batista v. Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

CC-2017-167

Resolución de Sala de Despacho con Voto particular disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Josefina Zeda Batista

Peticionario

Certiorari

v.

2017 TSPR 94

Administración de Servicios de

Salud Mental y Contra la Adicción

198 DPR ____

Recurrida

Número del Caso: CC-2017-167

Fecha: 5 de junio de 2017

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Arecibo-Guayama

Abogado de la parte Peticionaria:

Lcdo. Héctor Torres Babilonia

Abogados de la parte Recurrida:

Lcda. Ayleen James Reyes

Lcdo. Carlos Padín Pérez

Materia: Resolución de Sala de Despacho con Voto particular

disidente.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Sala I

Josefina Zeda Batista

Peticionaria

Certiorari

v.

CC-2017-0167

Administración de Servicios

de Salud Mental y Contra la

Adicción

Recurrida

Sala de Despacho integrada por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez,

la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor

Feliberti Cintrón

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de junio de 2017.

Atendida la Petición de certiorari presentada

por la parte peticionaria, se provee no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz

Rodríguez expediría y emite un Voto particular

disidente.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Josefina Zeda Batista

Peticionaria

v.

Certiorari

CC-2017-0167

Administración de Servicios

de Salud Mental y Contra la

Adicción

Recurrida

Voto particular

Rodríguez

disidente

emitido

por

la

Jueza

Presidenta

Oronoz

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de junio de

2017.

¿Qué

protección

otorgan

la

Constitución

de

Puerto Rico y la Constitución de Estados Unidos a

los contratistas independientes cuyos contratos no

son

renovados

por

discrimen

político?

¿Qué

constituye una decisión adversa y a quién se puede

responsabilizar por ella en este contexto? Estas son

algunas de las controversias que el Tribunal tiene

ante su consideración en este caso. Porque estoy

convencida

de

que

una

Sala

de

este

Tribunal

desaprovechó la oportunidad de expresarnos sobre un

asunto

de

alto

interés

público

al

denegar

el

recurso, disiento. En su lugar, recomiendo expedir

el

auto

de

certiorari

y

estudiaría

procede revocar el dictamen recurrido.

a

fondo

si

CC-2017-0167

La

2

Sra.

Josefina

Zeda

Batista

(peticionaria)

es

psicóloga clínica. Adicional a su oficina privada, trabajó

para la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra

la

Adicción

(ASSMCA)

desde

el

2006,

a

través

de

varios

contratos de servicios profesionales. En ese trabajo prestaba

servicios a los clientes del Centro de Servicios Ambulatorios

de Arecibo del Programa de “Drug Court”. El último contrato

otorgado a la peticionaria venció en diciembre de 2010, pues

el mismo no fue renovado a pesar de su desempeño excelente.

Lo anterior provocó que la peticionaria presentara una

demanda sobre discrimen político y represalias en contra de

la ASSMCA. En esencia, alegó que no se renovó su contrato por

ser miembro del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la demanda.

Razonó

que

discrimen

la

peticionaria

político,

ya

probó

que

su

un

caso

prima

afiliación

facie

política

de

era

conocida y fue reemplazada por un psicólogo que compartía la

ideología política de la autoridad nominadora. Señaló que los

testigos

presentados

por

la

ASSMCA

no

le

merecieron

credibilidad ni pudieron explicar la razón por la cual no se

renovó el contrato de la peticionaria.

En cambio, el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen

recurrido.

adversa

de

Entre

otras

cosas,

entendió

no

renovar

la

el

tomó

que

la

Secretario

decisión

de

la

Gobernación, quien no es parte en el pleito. Destacó que la

ASSMCA solicitó la renovación del contrato, de modo que no

actuó

de

forma

discriminatoria.

Por

otro

lado,

también

CC-2017-0167

3

cuestionó algunos de los remedios concedidos por el foro

primario.

La peticionaria acude ante nosotros y destaca, entre

otras cosas, que la teoría de que fue el Secretario de la

Gobernación

quien

decidió

no

renovar

su

contrato

no

fue

creída por el foro primario. Debido a los hechos particulares

de este caso, me parece persuasiva su postura de que la no

renovación

ASSMCA.

de

De

su

contrato

entrada,

era

imputable

considero

que

únicamente

debemos

a

la

examinar

el

contexto en que se emitieron las expresiones que el foro

apelativo

utilizó

Gobernación la

para

atribuirle

no renovación.

al

Secretario

de

la

Por lo tanto, expediría el

certiorari para determinar si la peticionaria probó su caso

de

discrimen

político

y

aclarar

qué

constituye

una

aprovechar

esta

ocasión

para

determinación adversa.

Además,

podíamos

profundizar sobre lo resuelto en este tema por el Tribunal

Supremo

Federal

en

Board

of

Comm'rs,

Wabaunsee

Cty.

v.

Umbehr, 518 U.S. 668 (1996), y O'Hare Truck Service, Inc. v.

City of Northlake, 518 U.S. 712 (1996), así como su progenie

en

los

Burgos

Tribunales

Federales

v.

Silva,

Aponte

prohibición

del

de

154

discrimen

Apelaciones.

DPR

político

117,

en

127

Véase

(2001)

relación

al

Aponte

(“la

empleo

público de la Constitución federal es tan abarcadora que el

Tribunal Supremo de Estados Unidos la ha extendido incluso a

contratistas

empleados

independientes,

públicos”.).

que

Además,

no

no

son

podemos

técnicamente

negar

que,

CC-2017-0167

4

lamentablemente,

en

Puerto

Rico

abundan

los

casos

de

discrimen político. Véase Alexandra Sabater Baerga & Jean R.

Santiago

Cruz,

A

Spoiled

Spoils

System:

Puerto

Rico’s

Epidemic of Political Discrimination and the Federal Courts,

85 Rev. Jur. UPR 1327, 1351 (2016) (donde se destaca que

“50.8%

of

all

cases

regarding

political

discrimination

reviewed by the circuit courts have come from the District

Court of Puerto Rico”.). Le corresponde a este Tribunal velar

por el cumplimiento de nuestras garantías constitucionales en

una situación que tanto perturba a nuestro país.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta