LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Vargas Serrano v. Institución Correccional

2017 TSPR 93

Poder Judicial de Puerto Rico

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Vargas Serrano v. Institución Correccional

CC-2015-102

Jurisdicción de la División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación para conceder rebajas al término de la sentencia de los miembros de la población correccional por buena conducta y asiduidad

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Juan Vargas Serrano

Recurrido

Certiorari

v.

2017 TSPR 93

Institución Correccional

198 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC-2015-102

Fecha: 2 de junio de 2017

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Arecibo

Oficina del Procurador General:

Lcda. Karla Pacheco Álvarez

Subprocuradora General

Lcda. Sylvia Roger Stefani

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la parte recurrida:

Por derecho propio

Materia: Jurisdicción de la División de Remedios Administrativos

del Departamento de Corrección y Rehabilitación para conceder

rebajas al término de la sentencia de los miembros de la población

correccional por buena conducta y asiduidad.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Juan Vargas Serrano

Certiorari

Recurrido

CC-2015-0102

v.

Institución Correccional

Peticionario

EL JUEZ ASOCIADO

Tribunal.

SEÑOR

RIVERA

GARCÍA

emitió

la

opinión

del

En San Juan, Puerto Rico, 2 de junio de 2017.

Este

caso

determinar

nos

cuál

Departamento

es

de

brinda

la

oportunidad

de

la

entidad

adscrita

al

Corrección

y

Rehabilitación

(Departamento de Corrección) que tiene autoridad para

conceder rebajas al término de la sentencia de los

miembros

de

la

población

correccional

por

buena

conducta y asiduidad. En particular, debemos resolver

si la División de Remedios Administrativos (División

de

Remedios

o

División)

tiene

jurisdicción

para

atender estas solicitudes de bonificaciones o si, por

el

contrario,

esto

le

compete

Clasificación

y

Tratamiento

Clasificación).

Ello

requiere

al

Comité

(Comité

que

de

de

interpretemos

CC-2015-0102

varias

2

disposiciones

reglamentarias

aprobadas

por

el

a

la

Departamento de Corrección.

Luego

de

ponderar

el

derecho

aplicable

controversia, resolvemos que la División de Remedios es el

organismo con jurisdicción para atender los reclamos sobre

bonificaciones por buena conducta y asiduidad. Aclaramos que

de ninguna manera estamos pasando juicio sobre la certeza de

la determinación de la División de Remedios de denegar la

bonificación

solicitada.

Nuestro

resolver

planteamiento

jurisdiccional

el

análisis

se

que

limita

se

a

presentó

ante esta Curia.

A continuación exponemos los antecedentes fácticos que

dieron origen a la controversia del presente caso.

I

El

(señor

3 de marzo de 2014,

Vargas

Serrano

el

o

Sr. Juan Vargas Serrano

recurrido),

miembro

de

la

Institución Correccional Ponce Principal, presentó ante la

División de Remedios una petición de rebaja al término de su

sentencia.1 En ésta alegó ser acreedor de abonos por buena

conducta

y

asiduidad.2

El

13

de

marzo

de

2014,

la

Sra.

Annette Sáez Vargas, técnica de récord penal adscrita a la

División de Remedios de la institución, denegó la Solicitud

de

Remedio

noventa

1

y

por

entender

nueve

años

que

del

la

señor

condena

Vargas

de

reclusión

Serrano

de

estaba

Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, Solicitud de Remedio

Administrativo, págs. 34-35.

2

Íd.

CC-2015-0102

3

excluida de dichas bonificaciones.3 De esta determinación el

recurrido presentó una solicitud de reconsideración, la cual

fue denegada por la División de Remedios mediante resolución

el 27 de agosto de 2014.4

Inconforme, el 17 de septiembre de 2014 el señor Vargas

Serrano

acudió

al

Tribunal

de

Apelaciones

mediante

un

recurso de revisión judicial.5 Allí planteó, en síntesis,

dos cosas: (1) que el Departamento de Corrección le aplicó

una ley ex post facto al excluirlo de los abonos por buena

conducta; y (2) que el foro administrativo había errado al

no acreditarle las bonificaciones que había solicitado al

cómputo máximo y mínimo de su sentencia.6 En su lugar, el

foro apelativo determinó que la División de Remedios carecía

de jurisdicción para atender los reclamos de bonificaciones

por

buena

Reglamento

conducta

para

y

asiduidad.

Razonó

que

como

Atender

las

el

Solicitudes

de

Remedios

Administrativos Radicados por los Miembros de la Población

Correccional, Reglamento Núm. 8522 de 26 de septiembre de

2014,

establece

que

la

División

de

Remedios

no

tiene

jurisdicción para atender situaciones en que “no se haya

agotado

el

trámite

administrativo

concedido

por

otros

3

Véase íd., Respuesta del Área Concernida/Superintendente, pág. 38.

Debido a que el señor Vargas Serrano fue sentenciado en el 1990, la

técnica de récord concluyó que éste no cualificaba para los beneficios

de bonificación por buena conducta.

4

Apéndice de la Petición de Certiorari, Solicitud de Reconsideración,

pág. 40. Véase, además, íd., Resolución, págs. 41-42.

5

Íd., Revisión Judicial, pág. 22.

6

Íd., pág. 30.

CC-2015-0102

reglamentos”,

4

esta

última

carecía

atender

las

solicitudes

de

debían

“ser

atendid[as]

y

de

jurisdicción

bonificaciones

resuelt[as]”

y

por

el

las

para

mismas

Comité

de

Clasificación.7 Para sostener su determinación, expuso que

el artículo XV del Reglamento de Bonificación establece las

responsabilidades

del

cuales

concesión

está

sentencia.

la

Como

Comité

de

de

consecuencia,

Clasificación,

abonos

dejó

al

entre

término

sin

las

de

la

efecto

la

determinación de la División de Remedios.8 Oportunamente, el

Departamento de Corrección solicitó reconsideración de este

dictamen, la cual fue declarada “[n]o ha lugar” el 18 de

diciembre de 2014, mediante Resolución notificada el 30 de

diciembre de 2014.9

7

Íd., Sentencia, págs. 6-8. Cabe aclarar que al momento de presentarse

la Solicitud de Remedio por el recurrido y emitirse la determinación de

la División, estaba vigente el Reglamento Núm. 8145 de 23 de enero de

2012. Sin embargo, la citada Regla VI(2)(a) dispone de igual manera en

ambos reglamentos.

8

Apéndice de la Petición de Certiorari, Sentencia, pág. 8. La Jueza Aida

Nieves Figueroa disintió por entender que el recurso de revisión

judicial se presentó fuera de término.

No obstante, surge de la Respuesta al miembro de la población

correccional que en la primera ocasión la División de Remedios solo le

notificó

al

señor

Vargas

Serrano

el

término

para

presentar

reconsideración y no el término para acudir en revisión judicial. Íd.,

pág. 39. Por consiguiente, la primera notificación debe considerarse

inadecuada para propósitos de computar los referidos términos. Véanse:

Colón Torres v. A.A.A., 143 DPR 119, 124 (1997); Maldonado v. Junta

Planificación, 171 DPR 46, 57-58 (2007); IM Winner, Inc. v. Junta de

Subastas del Gobierno Municipal de Guayanilla, 151 DPR 30, 35-36 (2000);

véase, además, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988,

según enmendada, 3 LPRA sec. 2164. Fue en la resolución del 27 de agosto

de 2014 que la Institución Correccional le notificó al recurrido de su

derecho a solicitar revisión judicial y el término correspondiente.

Habiendo acudido el recurrido en revisión judicial el 17 de septiembre

de 2014, el recurso se presentó oportunamente.

9

Apéndice de la Petición de Certiorari, Notificación de Resolución en

Reconsideración, págs. 18-20.

CC-2015-0102

5

No conteste con dicha determinación, el Departamento de

Corrección –por conducto de la Oficina de la Procuradora

General–

acudió

ante

esta

Curia

mediante

Petición

de

Certiorari y solicitó que revocáramos la determinación del

Tribunal de Apelaciones. En esencia, arguyó que los reclamos

de

bonificaciones

por

buena

conducta

y

asiduidad

le

corresponde atenderlos a la División de Remedios y que no

existe

disposición

reglamentaria

que

requiera

agotar

un

trámite administrativo ante el Comité de Clasificación.

Luego

de

que

se

nos

Reconsideración,

acordamos

cuadro

y

fáctico

la

presentara

expedir

el

comparecencia

una

Moción

de

recurso.

Con

este

del

Departamento

de

Corrección, en primer lugar, procedemos a exteriorizar de

manera

sucinta

principios de

las

normas

hermenéutica

de

legal

revisión

que

judicial

deben

y

los

guiar nuestro

análisis.

II

El

general,

alcance

de

es

limitado

uno

nuestro

en

papel

el

revisor,

derecho

como

regla

administrativo.10

Reiteradamente hemos sostenido que la revisión judicial que

se

haga

de

las

interpretaciones

que

realiza

una

agencia

sobre los reglamentos y las leyes que administran merecen

gran

peso,

deferencia

y

respeto

por

parte

de

los

tribunales.11 Esta deferencia tiene origen en el axioma que

10

D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme, 3ra ed., Ed. Forum, 2013, pág. 670.

11

Ayala Hernández v. Consejo de Titulares, 190 DPR 547, 569 (2014);

Acarón Montalvo v. D.R.N.A., 186 DPR 564, 585 (2012); López Leyro v.

CC-2015-0102

6

nos impide soslayar que son las agencias las que poseen la

experiencia y el conocimiento especializado acerca de los

asuntos que se le han encomendado.12 Por ello, hemos resuelto

que al revisar las decisiones de las agencias el criterio

rector que debe guiar a los tribunales es la razonabilidad

de la actuación, aunque ésta no tiene que ser la única o la

más razonable.13 Como agencia administrativa sujeta a los

postulados

de

la

Ley

de

Procedimiento

Administrativo

Uniforme, supra, en el pasado hemos indicado que en nuestra

encomienda

no

debemos

descartar

libremente

las

interpretaciones o conclusiones de derecho del Departamento

de

Corrección,

sino

que

debemos

darle

deferencia

en

la

medida en que sean razonables.14

No obstante, en el descargo de nuestra función revisora

debemos

distinguir

entre

“cuestiones

de

interpretación

estatutaria, en la que los tribunales son especialistas, y

cuestiones

propias

de

la

discreción

o

pericia

ELA, 173 DPR 15, 26 (2008); Cruz v. Administración de Corrección, 164

DPR 341, 357-358 (2005).

12

González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013); Hernández,

Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006). Véanse, además: Cruz

v. Administración de Corrección, 164 DPR 341, 357 (2005); Otero v.

Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005); Rivera Concepción v. ARPe, 152 DPR 116,

124 (2000); Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425,

436 (1997).

13

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra, pág. 614; Puerto Rico

Telephone Co. v. Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto

Rico, 151 DPR 269, 283 (2000); De Jesús v. Depto. Servicios Sociales,

123 DPR 407, 418 (1989).

14

Ibarra González v. Dpto. de Corrección, 194 DPR 29, 30, 33 (2015)

(Opinión de Conformidad del Juez Asociado Señor Rivera García); López

Borges v. Adm. de Corrección, 185 DPR 603, 627 (2012) (Opinión de

Conformidad de la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez). Véanse,

además: González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013); Rivera

Concepción v. ARPe, supra, pág. 123; López Leyro v. ELA, supra, pág. 26;

Cruz v. Administración de Corrección, supra, pág. 357.

CC-2015-0102

7

administrativa”.15 En López Leyro v. ELA, 173 DPR 15 (2008),

hicimos

ciertas

resolución

de

expresiones

la

sumamente

controversia

de

pertinentes

autos.

en

Así,

la

pues,

expresamos lo siguiente:

Cuando se impugna la intervención de un

organismo administrativo por supuestamente carecer

de autoridad en determinado caso, sin duda se

plantea una cuestión de derecho. Una alegación en

tal dirección reta las bases jurisdiccionales del

organismo: bien por exceder límites estatutarios,

bien por ignorar excepciones a la intervención

establecidas por el propio reglamento. En tales

casos, los tribunales pueden revisar en todos sus

extremos las conclusiones legales que justifican

tal actuación.

Ahora bien, las agencias cuentan con un

peritaje vasto en relación con la materia objeto de

su gestión rutinaria. “La interpretación que del

estatuto ést[a]s hagan y los fundamentos que aducen

en apoyo de la misma, resultan de gran ayuda para

los tribunales de justicia” al pasar juicio sobre

la corrección de las decisiones administrativas.16

Por otro lado, es imprescindible que tengamos presente

que cuando la ley es clara su letra es la mejor expresión de

lo que se quiso lograr con su aprobación.17 Ahora bien, hay

ocasiones en que el texto de un estatuto puede resultar

obscuro o generar lagunas sobre algún punto en particular.

Para

cumplir

con

nuestro

deber,

es

indispensable

que

examinemos los estatutos que se refieren a un mismo asunto,

de modo que sean interpretados los unos con los otros y un

15

Asoc. FCIAS v. Caribe Specialty II, 179 DPR 923, 941 (2010).

16

López Leyro v. ELA, supra, págs. 25-26. (Énfasis suplido y referencias

omitidas).

17

Asoc. FCIAS v. Caribe Specialty II, supra, pág. 938; Matos v. Junta

Examinadora, 165 DPR 741, 749 (2005).

CC-2015-0102

8

precepto pueda arrojar claridad sobre lo dudoso del otro.18

Al así proceder cumplimos con el mandato que nos prohíbe

interpretar

aislada.19

las

En

el

interpretarlas

tomando

en

disposiciones

fiel

de

desempeño

conjuntamente,

consideración

no

las

leyes

de

manera

debemos

de

nuestro

rol

de

manera

fraccionada,

íntegramente

todo

contexto.20

su

Esta práctica la hemos extendido a la interpretación de los

reglamentos.21

Hoy

nuestro

dictamen

de

hermenéutica.

principios

continuación

exponemos

el

debe

ser

Con

marco

cónsono

ello

legal

con

en

estos

mente,

aplicable

a

a

la

controversia que nos ocupa.

III

A

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución de

Puerto Rico establece como política pública “reglamentar las

instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en

forma

efectiva

disponibles,

18

al

y

propender,

tratamiento

dentro

adecuado

de

de

los

los

recursos

delincuentes

Pueblo v. Pizarro Solís, 129 DPR 911, 918 (1992).

19

Bomberos Unidos v. Cuerpo Bomberos, 180 DPR 723, 750 (2011). Véanse,

además: Depto. Educ. v. Díaz Maldonado, 183 DPR 315, 332 (2011); Asoc.

FCIAS v. Caribe Speciality II, supra, págs. 939-940; Torres Santiago v.

Mun. De Coamo, 170 DPR 541, 559-560 (2007); Romero Barceló v. ELA, 169

DPR 460, 479 (2006); Mun. de San Juan v. Banco Gub. de Fomento, 140 DPR

873, 884 (1996).

20

Bomberos Unidos v. Cuerpo Bomberos, supra; Asoc. FCIAS v. Caribe

Speciality II, supra; Torres Santiago v. Mun. de Coamo, supra, pág. 560;

Romero Barceló v. ELA, supra.

21

López Leyro v. ELA, supra, pág. 24.

CC-2015-0102

9

para hacer posible su rehabilitación moral y social”.22 En

reconocimiento a este mandato constitucional, se aprobó la

Ley Orgánica de la Administración de Corrección, Ley Núm.

116 de 22 de julio de 1974 (Ley de la Administración de

Corrección),

4

LPRA

Administración

de

secs.

1101

Corrección

et

seq.,

otorgándole

que

creó

poderes

y

la

la

flexibilidad necesaria para facilitar la rehabilitación y

reintegración

de

la

persona

confinada

como

ciudadano

productivo y respetuoso de la ley.23

Más

adelante,

Reorganización

con

del

la

promulgación

Departamento

de

del

Plan

de

Corrección

y

Rehabilitación de 2011, Plan de Reorganización Núm. 2-2011

(Plan

de

Reorganización),

expresamente

la

Ley

de

3

la

LPRA

Ap.

XVIII,

Administración

de

se

derogó

Corrección,

supra, pero se mantuvo el objetivo principal de establecer

procesos de rehabilitación moral y social de los confinados

para fomentar su reincorporación a la sociedad.24 Este plan,

además,

tuvo

el

fin

de

reorganizar

el

Departamento

de

Corrección, reduciendo su burocracia, a la vez que delegaba

“aquellos

poderes

necesarios

para

facilitar

la

toma

de

decisiones”.25

22

23

Art. VI, Sec. 19., Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 455.

Véase Exposición

Corrección, supra.

de

Motivos

de

la

Ley

de

la

Administración

24

de

Art. 2 del Plan de Reorganización, supra; Ibarra González v. Dpto. de

Corrección, supra, pág. 42 (Opinión disidente del Juez Asociado Señor

Estrella Martínez).

25

Art. 2 del Plan de Reorganización, supra. (Énfasis suplido).

CC-2015-0102

Con

la

10

aprobación

del

Plan

de

Reorganización

se

le

otorgó al Secretario del Departamento de Corrección el poder

de

[a]doptar,

establecer,

desarrollar,

enmendar,

derogar e implementar reglas, reglamentos, órdenes,

manuales,

normas

y

procedimientos

para

el

funcionamiento efectivo del Departamento y de los

organismos bajo su jurisdicción, a los fines de

regir la seguridad, la disciplina interna y la

conducta de funcionarios, empleados y de la

clientela, así como los programas y servicios.26

De

igual

“[a]signar,

modo,

se

le

concedió

delegar

y

conferir

la

facultad

de

responsabilidades

y

facultades al personal del Departamento a base de criterios

que permitan el uso más eficaz de los recursos, excepto las

facultades de nombramiento, adoptar reglamentos y formular

la política normativa del Departamento”.27

En vista de estas facultades y poderes delegados al

Secretario

Manual

del

para

Departamento

Crear

Clasificación

y

y

de

Definir

Tratamiento

Corrección,

Funciones

en

las

se

aprobó

el

del

Comité

de

Instituciones

Correccionales, Reglamento Núm. 7334 de 10 de abril de 2007

(Manual

del

Comité

de

Clasificación).

Mediante

este

reglamento se creó el Comité de Clasificación para que, a

nivel de la institución correccional, tomara las decisiones

fundamentales sobre el tratamiento del confinado.28 Además,

26

Íd., art. 7(aa).

27

Íd., inciso (nn).

28

Véase López Leyro v. ELA, supra, págs. 29-30. Dicho Comité “está

integrado por el técnico de servicios sociopenales a cargo del caso, por

el supervisor de la unidad sociopenal o encargado y un oficial

correccional como representante de la seguridad”. Reglamento de

Bonificación

por

Buena

Conducta,

Trabajo,

Estudio

y

Servicios

CC-2015-0102

11

con la aprobación de este reglamento se definieron, en gran

medida, los poderes y responsabilidades de dicho organismo.

Se dispuso, particularmente, que el Comité de Clasificación

sería el organismo administrativo responsable de evaluar la

situación del miembro de la institución correccional, el

progreso alcanzado y determinar el plan de acción a tomar en

cada caso.29 A tales fines, se le concedió la facultad de

evaluar y estructurar el plan de tratamiento institucional a

los confinados.30 Es decir, entre otras cosas, al Comité de

Clasificación

se

necesidades,

capacidades,

funcionamiento

le

confirió

social

la

función

“de

intereses,

y

evaluar

las

limitaciones

y

estructurarle

un

plan

de

tratamiento” a los miembros de la población correccional.31

Por

su

parte,

el

Reglamento

para

Atender

las

Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los

Miembros de la Población Correccional, Reglamento Núm. 8145

de

23

de

enero

Administrativos),

de

creó

2012

la

(Reglamento

División

de

para

Remedios

Remedios

con

el

Excepcionalmente Meritorios (aprobado el 10 de diciembre de 2013)

(Reglamento de Bonificación), art. IV(7); Manual para la clasificación

de confinados, Reglamento Núm. 8281 de 30 de noviembre de 2012.

En el momento en que la División de Remedios Administrativos

emitió su Resolución de 27 de agosto de 2014 estaba vigente el

Reglamento Núm. 7334. No obstante, aproximadamente dos meses más tarde,

éste fue derogado por el Manual para Crear y Definir Funciones del

Comité

de

Clasificación

y

Tratamiento

en

las

Instituciones

Correccionales, Reglamento Núm. 8523 de 26 de septiembre de 2014, al

entrar en vigencia.

29

Manual del Comité de Clasificación, supra, págs. 1-2 (Introducción).

30

Véase íd., Regla 4; Reglamento de Bonificación, supra, art. IV(7).

31

Regla 1 y 4(1) del Manual del Comité de Clasificación, supra. (Énfasis

suplido). Véanse, además: Reglamento de Bonificación, supra, art. IV(7);

Manual para la clasificación de confinados, supra, pág. 19.

CC-2015-0102

12

objetivo

de

que

solicitud

de

remedio

origen

y,

de

los

este

confinados

en

pudieran

presentar

una

su

institución

correccional

de

modo,

“facilitar

el

de

proceso

rehabilitación del confinado”.32 Para ello, se le concedió la

facultad de recopilar información relacionada a los reclamos

de los confinados que le permitiera evaluar los programas

disponibles y “velar por el cumplimiento de los deberes y

obligaciones creadas por leyes y reglamentos que aplican al

Departamento de Corrección y Rehabilitación”.33

El

Reglamento

para

Remedios

Administrativos,

supra,

rige y establece el ámbito de jurisdicción de la División de

Remedios.

En

particular,

la

Regla

VI(1)

del

reglamento

establece que

[l]a División tendrá jurisdicción para atender toda

Solicitud de Remedios radicada por los miembros de

la población correccional en cualquier institución

o

facilidad

correccional

donde

se

encuentre

extinguiendo sentencia y que esté, relacionada

directa o indirectamente con:

a.

Actos

o

incidentes

que

afecten

personalmente al miembro de la población

correccional en su bienestar físico, mental,

en su seguridad personal o en su plan

institucional.

32

Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos

Radicadas por los Miembros de la Población Correccional, Reglamento Núm.

8145 de 23 de enero de 2012 (Reglamento para Remedios Administrativos),

pág. 3 (Introducción). Este reglamento era el vigente a la fecha en que

se emitieron las determinaciones por la División de Remedios.

Nótese que el Reglamento Núm. 8145 fue derogado posteriormente por

el Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos

Radicadas por los Miembros de la Población Correccional, Reglamento Núm.

8522 de 26 de septiembre de 2014, que a su vez fue derogado por el hoy

Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos

Radicados por los Miembros de la Población Correccional, Reglamento Núm.

8583 de 4 de mayo de 2015.

33

Reglamento para Remedios Administrativos, supra, págs. 1 y 3.

CC-2015-0102

13

b.

Cualquier

incidente

o

reclamación

comprendida bajo las disposiciones de este

Reglamento.

c.

Cuando

el

superintendente

impone

la

suspensión de privilegios sin celebración de

vista alguna, conforme a la reglamentación

vigente sobre la “Suspensión de Privilegios

por Razones de Seguridad”.34

De la citada regla se desprende que el Reglamento para

Remedios

Administrativos

jurisdicción

a

la

le

División

concedió

de

Remedios

expresamente

para

atender

solicitudes presentadas por los miembros de la población

correccional que tuvieran cualquier relación con incidentes

que

afectaran

su

indirectamente.

plan

En

institucional,

otras

palabras,

ya

fuera

directa

se

dispuso

que

o

la

División tiene jurisdicción para atender toda solicitud de

remedios relacionada a incidentes que afecten “la asignación

de

confinados

necesidades,

a

programas

capacidades,

y

servicios

intereses,

conforme

a

las

limitaciones

y

funcionamiento institucional”.35

Asimismo, la Regla VI(2) del Reglamento para Remedios

Administrativos instituye las instancias en que la División

de Remedios está privada de jurisdicción, a saber:

a. Cuando no haya agotado el trámite administrativo

concedido por otros reglamentos, excepto que la

solicitud se refiera al incumplimiento del trámite

correspondiente ante aquel organismo.

b. Solicitudes de Remedios suscritas por un miembro

de la población correccional en representación de

otros miembros de la población correccional en la

misma solicitud.

34

Íd., Regla VI(1). (Énfasis suplido).

35

Véase Reglamento de Bonificación, supra, art. IV(11).

CC-2015-0102

14

c. Cuando se trate de impugnar una orden o decisión

de cualquier organismo administrativo del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico o de un Tribunal de

Justicia.

d. Controversias relacionadas con las decisiones

emitidas por la Junta de Libertad Bajo Palabra,

excepto que la Solicitud de Remedios se refiera al

incumplimiento del área concernida de rendir los

informes o llevar a cabo unas acciones o incurrir

en omisiones de obligaciones impuestas por el

ordenamiento jurídico vigente.

e. Cuando se impugne una decisión emitida por algún

comité conforme a los reglamentos aprobados, según

dispone la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme, excepto que la Solicitud de Remedio se

refiera

al

incumplimiento

del

trámite

correspondiente impuesto por un tribunal.

f. Cuando se trate de reclamaciones por accidentes

del trabajo o de vehículos de motor, las cuales

serán manejadas según la Ley de la Corporación del

Fondo

del

Seguro

del

Estado

y

la

Ley

de

Administración de Compensaciones por Accidentes de

Automóviles, excepto que la solicitud se refiera al

incumplimiento

por

parte

del

Departamento

de

Corrección y Rehabilitación de llevar a los

miembros de la población correccional a recibir los

servicios iniciales o de seguimiento,

g. Cualquier otra situación que no cumpla con las

disposiciones del presente Reglamento para la

radicación de Solicitudes de Remedios.36

Fue precisamente el inciso 2(a) de la Regla VI del

Reglamento para Remedios Administrativos, supra, que el foro

intermedio utilizó para sostener que la División no tenía

jurisdicción

para

atender

la

solicitud

de

bonificaciones

presentada por el recurrido. Empero, no surge expresamente

de la disposición reglamentaria antes citada que la División

de

36

Remedios

esté

privada

de

jurisdicción

para

atender

Reglamento para Remedios Administrativos, supra, art. VI(2). (Énfasis

suplido).

CC-2015-0102

15

solicitudes

de

bonificaciones

por

buena

conducta

y

asiduidad. Tampoco surge referencia a un trámite específico

que deba agotarse ante el Comité de Clasificación.

Por lo tanto, nuestro análisis no puede detenerse en

una lectura ligera de las disposiciones antes mencionadas.

Debemos adentrarnos en la normativa que rige específicamente

la concesión de bonificaciones para poder observar si las

mismas arrojan luz sobre la controversia que hoy atendemos.

B

Como

señalamos,

concesión

de

inicialmente

bonificaciones

los

eran

parámetros

para

la

reglamentados

por

la

Administración de Corrección, según le había sido delegado

por la Ley de la Administración de Corrección, supra.37 En la

actualidad el Plan de Reorganización dispone la rebaja de la

sentencia por buena conducta y asiduidad observada por los

miembros de la población correccional durante su reclusión,

así como las bonificaciones por estudio, trabajo y servicios

excepcionalmente meritorios.38

En el caso específico de las bonificaciones, el Manual

del

Comité

de

Clasificación

le

concedió

al

Comité

la

facultad y el deber de “[e]valuar los casos sometidos a su

consideración

conforme

se

establece

en

el

Reglamento

de

37

El artículo 20 de la Ley de la Administración de Corrección, supra,

autorizaba “al Administrador a adoptar reglamentos referentes a la

concesión, cancelación y restitución de abonos por buena conducta,

trabajo y estudios o servicio excepcionalmente meritorio o de suma

importancia”. 4 LPRA sec. 1165 (derogada).

38

Arts. 11-12 del Plan de Reorganización, supra. Inclusive, con la

aprobación del Plan de Reorganización, los poderes delegados a la

Administración de Corrección fueron transferidos al Departamento de

Corrección. Véase íd., arts. 14 y 88.

CC-2015-0102

16

Bonificación por Buena Conducta y Asiduidad”.39 De hecho,

surge

del

referido

aclaración-

que

la

Manual

-lo

facultad

que

otorgada

aparenta

se

refiere

ser

una

a:

(1)

“aprobar la bonificación adicional que se haya ganado el

confinado”; y (2) “solicitar al Secretario la autorización

para

[b]onificación

[a]dicional

por

servicios

excepcionalmente meritorios o deberes de suma importancia

con relación a las funciones de la institución”.40

A pesar de lo anterior, al establecer las funciones y

deberes otorgados al Comité de Clasificación, la Regla 4 del

Manual del Comité de Clasificación, supra, dispuso que éste

atendería

“[t]oda

situación

de

un

confinado

sentenciado

relacionada a su plan de tratamiento”. Ciertamente, si vemos

esta

disposición

reglamentaria

de

manera

aislada

concluiríamos que la autoridad para conceder bonificaciones

por

buena

conducta

es

del

Comité

de

Clasificación.

Ello

porque, como veremos, para que el miembro de la institución

correccional demuestre buena conducta debe haber cumplido

con el plan institucional trazado. Pese a lo anterior, un

análisis

integral

de

las

disposiciones

reglamentarias

aplicables nos lleva a una conclusión distinta.

En vista de ello, y como parte de nuestra obligación de

emitir dictámenes completos y bien fundamentados, debemos

tomar

el

camino

Clasificación,

que

supra.

manda

En

ese

el

Manual

del

Comité

de

sentido,

con

el

de

39

Regla 4(A)(4) del Manual del Comité de Clasificación, supra.

40

Íd. (Énfasis suplido).

fin

CC-2015-0102

17

determinar cómo internamente el Departamento de Corrección

ha

distribuido

las

funciones

que

le

fueron

delegadas,

debemos dirigirnos al precitado Reglamento de Bonificación

por

Buena

Conducta,

Trabajo,

Excepcionalmente

Meritorios

(Reglamento

Bonificación),

de

del

Estudio

10

y

Servicios

de

diciembre

vigente

al

de

2013

momento

de

atenderse la solicitud del señor Vargas Serrano. Ello nos

debe permitir comprobar si esas fueron las únicas facultades

y deberes que se encomendaron al Comité de Clasificación o

si alguna otra disposición le confiere autoridad sobre la

asignación de bonificaciones por buena conducta y asiduidad.

Nótese

que,

desde

su

título,

el

Reglamento

de

Bonificación, supra, hace mención a distintas razones por

las

cuales

sentencia

estudio

se

de

y

un

puede

otorgar

confinado:

servicios.

Por

rebajas

por

buena

ello,

como

al

término

de

la

conducta,

trabajo,

parte

nuestro

de

análisis, es preciso que examinemos cautelosamente si estas

bonificaciones son tratadas de igual manera en el mencionado

Reglamento de Bonificación. Veamos.

El Reglamento de Bonificación establece que para que se

considere que un confinado satisfizo el requisito de buena

conducta,

éste

debe

haber

“cumpl[ido]

con

el

plan

institucional trazado, así como los reglamentos y leyes que

establecen

una

correccional

o

sana

bajo

convivencia

dentro

supervisión

del

de

la

facilidad

Departamento

de

Corrección y Rehabilitación”.41 Siendo así, podemos afirmar

41

Reglamento de Bonificación, supra, art. IV(5).

CC-2015-0102

18

que la bonificación por buena conducta consiste en la rebaja

del término de la sentencia que se concede al miembro de la

población

correccional

si

cumple

con

los

programas

y

servicios que se le hayan estructurado y con las normas de

sana convivencia en la institución correccional.42

La

bonificación

por

buena

conducta

está

regulada

principalmente por los artículos V y VI del Reglamento de

Bonificación, supra. El artículo V rige la forma de computar

esta

bonificación

e

instituye

que

se

computará

desde

la

admisión del confinado a la institución correccional.43 Luego

de una lectura cuidadosa no vemos en este artículo señal

alguna que sugiera que las bonificaciones por buena conducta

son computadas y concedidas por el Comité de Clasificación.

Por el contrario, surge inmediatamente después del artículo

V que las rebajas por buena conducta son de encargo del

técnico de récords y se hacen ofreciendo el beneficio máximo

de la bonificación.44

Ciertamente

el

Reglamento

de

Bonificación,

supra,

contiene varios artículos que hacen referencia al Comité de

42

El Reglamento de Bonificación definió bonificación por buena conducta

como “la rebaja del término de la sentencia de un miembro de la

población correccional conforme el Plan de Reorganización Núm. 2-2011”.

Art. IV(4) del Reglamento de Bonificación, supra. Para la definición de

plan institucional, véase, íd., art. IV(11).

43

44

Íd., art. V.

Véase íd., art. VI. La única definición que encontramos sobre el

técnico de récords está contenida en el Manual para la clasificación de

confinados, supra: “Empleado correccional responsable de la preparación

y mantenimiento del expediente criminal de cada confinado. También es

responsable del cómputo matemático de las sentencias de cada confinado

dictadas por los tribunales, a tenor con las leyes vigentes”. (Énfasis

suplido). Íd., pág. 15.

CC-2015-0102

19

Clasificación. En el caso de los abonos a la sentencia, por

ejemplo, podemos notar que el Secretario del Departamento de

Corrección le delegó al Comité la facultad de: (1) conceder

los abonos adicionales;45 (2) evaluar periódicamente el caso

del

miembro

de

la

población

correccional

para

conceder

bonificación por estudio, trabajo y servicio;46 (3) evaluar

las

necesidades,

funcionamiento

capacidades,

social

del

intereses,

confinado;47

(4)

limitaciones

y

oficializar

la

asignación de trabajo a los confinados sentenciados para que

se pueda conceder la bonificación adicional;48 (5) en el caso

de bonificación por servicios excepcionalmente meritorios,

recibir el informe del superintendente de la institución o

director del área en la que está prestando servicios el

confinado, el cual evalúa para someter recomendaciones al

Secretario del Departamento de Corrección;49 (6) someter a la

División de Documentos y Récords Penales los resultados de

la bonificación adicional que el Comité concede para que

procedan

con

los

ajustes

pertinentes;50

(7)

rebajar

y

cancelar la bonificación porque el confinado incurra en mala

conducta;51 y (8) recomendar al Secretario la restitución

45

Íd., art. IV(2).

46

Íd., inciso 6.

47

Íd., inciso 7.

48

Íd., art. IX(10).

49

Íd., art. XI.

50

Íd., art. XVI.

51

Íd., art. XVII(2).

CC-2015-0102

20

parcial o total de todos los abonos que por mala conducta el

confinado hubiera perdido.52 Asimismo, el artículo IV del

Reglamento de Bonificación, supra, define la bonificación

adicional

como

aquella

otorgada

por

el

Comité

de

Clasificación por trabajo y estudios llevados a cabo por el

miembro de la población correccional.53 De hecho, así también

se hace constar en el artículo XV al disponerse la facultad

del

Comité

de

Clasificación

de

conceder

la

bonificación

adicional.54

Ninguna

de

las

disposiciones

aludidas

le

concede

expresamente alguna facultad al Comité de Clasificación para

conceder los abonos por buena conducta y asiduidad, ni se

impone

la

obligación

de

agotar

algún

trámite

ante

el

referido organismo.55 En cambio, lo que se establece es que

esta bonificación sería “computada únicamente por el técnico

de

récords”.56

Esta

delegación

se

reitera

cuando

el

reglamento define el método para hacer las rebajas por buena

52

Íd., inciso 3.

53

Íd., art. IV(2). La bonificación adicional, la cual reiteradamente se

establece que se refiere los abonos por trabajo, estudio y servicios,

está regulada principalmente por los artículos VIII y IX del Reglamento

de Bonificación, supra.

54

Véase íd., art. XV.

55

Para conocer otros artículos del Reglamento de Bonificación, supra,

que sólo conceden trámites ante el Comité de Clasificación por

bonificación adicional o servicios excepcionalmente meritorios, véanse,

arts. XIII y XV.

56

Íd., art. IV(4). (Énfasis suplido).

CC-2015-0102

21

conducta. Al así hacerlo enfatiza que “[e]sta función será

responsabilidad del técnico de récords”.57

IV

El Departamento de Corrección sostiene que no existe

trámite administrativo que exija otro reglamento y que deba

ser

agotado.

Arguye

que

las

bonificaciones

por

buena

conducta y asiduidad se conocen como “automáticas” y son

computadas por el técnico de récords, por lo que “se otorgan

y se computan tan pronto el confinado es ingresado a la

institución

correccional”.

bonificaciones

que

poseen

Aduce,

también,

que

las

trámite

ante

Comité

de

un

el

Clasificación son las bonificaciones adicionales, es decir,

por

estudio

y

trabajo.

Como

resultado,

concluye

que

el

Comité de Clasificación no concede bonificaciones por buena

conducta y eso le compete a la División de Remedios. Tiene

razón.

Un análisis integral del Plan de Reorganización, supra,

y los reglamentos aplicables del Departamento de Corrección,

nos

convence

de

que

erró

el

Tribunal

de

Apelaciones

al

resolver como lo hizo. Éste no reconoció las diferencias que

presentan

las

disposiciones

reglamentarias

sobre

los

distintos

tipos

de

su

análisis

se

abonos.

En

lugar,

su

limitó a tratar de igual manera a cada bonificación sin

analizar con sumo cuidado si los reglamentos aprobados por

el

Departamento

de

Corrección

establecían

procesos en la concesión de las mismas.

57

Íd., art. VI. (Énfasis suplido).

diferentes

CC-2015-0102

22

Como señalamos, la bonificación adicional consiste en

rebajas

al

término

de

la

sentencia

que

se

conceden

por

estudio y trabajo rendido por el miembro de la población

correccional.58

Los

llamados

abonos

por

buena

conducta

y

asiduidad se conceden si el confinado cumple, entre otras

cosas, con el plan institucional trazado.59 Esa es la primera

y más básica diferencia que debemos reconocer. En segundo

lugar, de los reglamentos a los que hemos hecho referencia

durante

nuestra

exposición,

podemos

colegir

que

el

Departamento de Corrección no quiso que los abonos por buena

conducta y asiduidad se atendieran de igual manera que la

bonificación adicional.60

Nótese que no se trata de evaluar y estructurar el plan

institucional de los confinados, porque eso ciertamente fue

delegado

y

está

bajo

Se

trata,

Clasificación.

la

autoridad

entre

otras

del

cosas,

Comité

de

de

la

que

División de Remedios es quien tiene la jurisdicción para

atender las solicitudes de remedio sobre todo lo relacionado

a actos que afecten, ya sea directa o indirectamente, el

plan

institucional

del

confinado.

Esto

último

es

lo

que

sucede con la concesión de bonificación por buena conducta a

los miembros de la institución correccional.

58

Véase íd., arts. IV(2) y VII.

59

Íd., art. IV(5).

60

Incluso, de una lectura del Reglamento de Bonificación, supra,

observamos que los abonos por servicios excepcionalmente meritorios se

conceden por trámites distintos a la bonificación adicional regular por

estudio y trabajo. Véase íd., art. XI.

CC-2015-0102

23

A ello se suma el hecho de que los abonos por buena

conducta

y

asiduidad

bonificación.61

Según

están

el

excluidos

Reglamento

de

del

ciclo

de

Bonificación,

el

Comité de Clasificación únicamente evalúa cada período de

tiempo –según establecido el ciclo- las bonificaciones por

estudio, trabajo y servicios.62 En otros términos, en cada

ciclo la responsabilidad del Comité se limita exclusivamente

a justipreciar la concesión de la bonificación adicional. Es

diáfano que

conducta

no se hace mención de los abonos por buena

y asiduidad.

Ello

demuestra que

la

bonificación

adicional es tratada de forma distinta y separada a los

abonos

que

pudiera

obtener

un

confinado

por

su

buena

conducta y asiduidad.

No hay duda que deben cumplirse ciertos trámites ante

el Comité para algunos tipos de bonificaciones. Ello es lo

que

sucede

con

la

bonificación

adicional,

que

debe

ser

concedida por el Comité de Clasificación; también ocurre con

la bonificación por servicios excepcionalmente meritorios,

que el Comité de Clasificación debe solicitarle aprobación

al Secretario del Departamento de Corrección para que éste

la conceda.63 Lo anterior no pasa en el caso de abonos por

buena conducta. En este último caso el mandato es expreso:

61

El ciclo de bonificación es la “frecuencia con la cual se evaluará el

caso ante el Comité de Clasificación y Tratamiento para conceder

bonificación por estudio, trabajo y servicio”. Íd., art. IV(6).

62

63

Véase íd., art. IV(6).

Véase íd., art.

Clasificación, supra.

XI;

Regla

4(A)(4)

del

Manual

del

Comité

de

CC-2015-0102

24

el cómputo de los abonos por buena conducta y asiduidad es

responsabilidad del técnico de récords.

La

intención

especificar

que

de

el

las

Comité

bonificación

adicional,

bonificación

por

precisamente

disposiciones

de

y

establecer

Clasificación

el

buena

la

reglamentarias

técnico

de

al

concedía

la

récords

la

conducta

y

asiduidad,

separación

de

autoridad

era

y

de

funciones de dos organismos del Departamento de Corrección

respecto al tipo de bonificación que podía conceder cada

uno.

Su

fin

evidente

era

establecer

que

la

directa

del

Comité

Clasificación

era

respecto

de

injerencia

a

la

concesión de bonificación adicional, no así con los abonos

por buena conducta y asiduidad.

Si la intención hubiera sido la que sostuvo el foro

apelativo,

¿de

qué

sirve

que

los

reglamentos

hagan

referencia, aclaren y establezcan, de manera específica y

expresa,

que

otorgar

los

el

Comité

abonos

disposiciones?

En

es

quien

tiene

adicionales

ese

caso,

la

en

tal

autoridad

varias

de

aclaración

de

sus

sería

innecesaria. Bastaría con referirse a las bonificaciones de

manera general. Después de todo, con esa interpretación no

existiría diferencia en cuanto al ente administrativo con

autoridad

para

conceder

la

bonificación

adicional

y

los

abonos otorgados por buena conducta y asiduidad, ya que en

ambos

supuestos

Clasificación.

Departamento

la

Si

de

autoridad

la

la

intención

Corrección

hubiera

tendría

el

Comité

del

Secretario

sido

que

el

de

del

Comité

CC-2015-0102

tuviera

la

25

facultad

de

conceder

los

abonos

por

buena

conducta, así lo hubiera establecido expresamente, tal

como

lo

hizo

con

la

bonificación

adicional.

No

y

podemos

partir de la premisa de que una agencia consignó en su

reglamento expresiones inútiles.

Esta

no

es

la

primera

razonamiento

como

éste.

Maldonado,

supra,

al

En

vez

Depto.

resolver

si

que

de

utilizamos

Educación

los años

de

v.

un

Díaz

servicio

prestados por un maestro mediante un contrato transitorio en

el Departamento de Educación debían honrarse como años de

experiencia para un aumento de salario una vez se obtenía un

nombramiento de carrera, reconocimos que si el legislador

hubiera querido hacer una distinción entre el tiempo servido

como

maestro

dispuesto

transitorio

notoriamente.

o

de

Entendimos

carrera

que

el

así

lo

habría

legislador

lo

había hecho con otros supuestos, pero no en el caso de los

maestros transitorios.64

A la luz de lo anterior, y luego de analizar en detalle

las

funciones

y

responsabilidades

de

cada

entidad

administrativa, no podemos colegir alguna disposición que

requiera a los miembros de la institución correccional que

agoten algún trámite ante el Comité de Clasificación antes

de que la División pueda conceder la bonificación por buena

conducta y asiduidad. Por el contrario, se desprende que el

64

Para conocer otros casos en que se utilizó un razonamiento similar,

véanse: Rodríguez Quintana v. Rivera Estrada, 192 DPR 832, 846-847

(2015) (Opinión de conformidad del Juez Asociado Señor Martínez Torres);

Yiyi Motors, Inc. v. ELA, 177 DPR 230, 270 (2009); Roque González & Co.

Inc. v. Srio. de Hacienda, 127 DPR 842, 864 (1991) (nota 6) (Opinión

disidente del Juez Asociado Señor Hernández Denton); Negrón Soto v.

Gobernador, 110 DPR 664, 676 (1981).

CC-2015-0102

Secretario

26

del

Departamento

de

Corrección

le

delegó

únicamente la facultad para computar la bonificación

por

buena

tanto,

la

administrativo

con

conducta

División

de

al

técnico

Remedios

es

de

el

récords.

organismo

Por

lo

jurisdicción para revisar la concesión de la bonificación

por buena conducta y asiduidad.

Con

cónsona

ello

llegamos

con

los

a

la

interpretación

parámetros

de

más

hermenéutica

lógica

que

y

antes

reseñamos. Una interpretación contraria sería quitarle valor

a

los

propios

términos

contenidos

en

los

referidos

estatutos, lo cual resultaría en un absurdo. No vemos razón

para

alejarnos

de

la

interpretación

realizada

por

la

agencia.

Dicho

lo

anterior,

pasamos

a

aplicar

la

normativa

expuesta a los hechos del caso de autos.

V

El

señor

Vargas

Serrano

presentó

una

solicitud

de

remedio a la División de Remedios en la que peticionó que le

concedieran

abonos

por

buena

conducta

y

asiduidad.

La

determinación que denegaba la bonificación fue emitida por

la técnica de récords del referido organismo al entender que

la sentencia del recurrido estaba excluida de los abonos por

buena conducta y asiduidad. No se trataba en esta ocasión de

las

llamadas

bonificaciones

adicionales

por

estudio

y

trabajo, ni de bonificación extraordinaria que, ciertamente,

tienen trámites ante el Comité de Clasificación. Así pues,

debemos

concluir

que

la

División

de

Remedios

tenía

la

CC-2015-0102

27

autoridad

para

atender

la

presentada

por

el

Vargas

Serrano.

La

solicitud

de

atendió

según

el

trámite

que

Secretario

del

Departamento

de

estableció

señor

remedio

el

se

propio

solicitud

de

bonificación

antedicha

Corrección: por la técnica de récords. Por esa razón, nos es

forzoso

concluir

que

erró

el

Tribunal

de

Apelaciones

al

resolver como lo hizo.

VI

Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos que la

División

de

Remedios

Administrativos

del

Departamento

de

Corrección y Rehabilitación es el organismo con jurisdicción

para

atender

los

bonificaciones

por

reclamos

buena

sobre

conducta

y

concesiones

de

asiduidad.

En

consecuencia, se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal

de Apelaciones y se le devuelve el caso para que atienda las

controversias

que

fueron

planteadas

originalmente

por

el

recurrido.

Se dictará sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Juan Vargas Serrano

CC-2015-0102

Certiorari

Recurrido

v.

Institución Correccional

Peticionario

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de junio de 2017.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión, los

cuales se hacen formar parte de la presente Sentencia,

resolvemos que la División de Remedios Administrativos

del Departamento de Corrección y Rehabilitación es el

organismo con jurisdicción para atender los reclamos

sobre concesiones de bonificaciones por buena conducta

y asiduidad. En consecuencia, se revoca la Sentencia

emitida por el Tribunal de Apelaciones y se le

devuelve el caso para que atienda las controversias

que fueron planteadas originalmente por el recurrido.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo