Tribunal Supremo de Puerto Rico
Vargas Serrano v. Institución Correccional
2017 TSPR 93
Poder Judicial de Puerto Rico
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Vargas Serrano v. Institución Correccional
CC-2015-102
Jurisdicción de la División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación para conceder rebajas al término de la sentencia de los miembros de la población correccional por buena conducta y asiduidad
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Juan Vargas Serrano
Recurrido
Certiorari
v.
2017 TSPR 93
Institución Correccional
198 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2015-102
Fecha: 2 de junio de 2017
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Arecibo
Oficina del Procurador General:
Lcda. Karla Pacheco Álvarez
Subprocuradora General
Lcda. Sylvia Roger Stefani
Procuradora General Auxiliar
Abogado de la parte recurrida:
Por derecho propio
Materia: Jurisdicción de la División de Remedios Administrativos
del Departamento de Corrección y Rehabilitación para conceder
rebajas al término de la sentencia de los miembros de la población
correccional por buena conducta y asiduidad.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Juan Vargas Serrano
Certiorari
Recurrido
CC-2015-0102
v.
Institución Correccional
Peticionario
EL JUEZ ASOCIADO
Tribunal.
SEÑOR
RIVERA
GARCÍA
emitió
la
opinión
del
En San Juan, Puerto Rico, 2 de junio de 2017.
Este
caso
determinar
nos
cuál
Departamento
es
de
brinda
la
oportunidad
de
la
entidad
adscrita
al
Corrección
y
Rehabilitación
(Departamento de Corrección) que tiene autoridad para
conceder rebajas al término de la sentencia de los
miembros
de
la
población
correccional
por
buena
conducta y asiduidad. En particular, debemos resolver
si la División de Remedios Administrativos (División
de
Remedios
o
División)
tiene
jurisdicción
para
atender estas solicitudes de bonificaciones o si, por
el
contrario,
esto
le
compete
Clasificación
y
Tratamiento
Clasificación).
Ello
requiere
al
Comité
(Comité
que
de
de
interpretemos
CC-2015-0102
varias
2
disposiciones
reglamentarias
aprobadas
por
el
a
la
Departamento de Corrección.
Luego
de
ponderar
el
derecho
aplicable
controversia, resolvemos que la División de Remedios es el
organismo con jurisdicción para atender los reclamos sobre
bonificaciones por buena conducta y asiduidad. Aclaramos que
de ninguna manera estamos pasando juicio sobre la certeza de
la determinación de la División de Remedios de denegar la
bonificación
solicitada.
Nuestro
resolver
planteamiento
jurisdiccional
el
análisis
se
que
limita
se
a
presentó
ante esta Curia.
A continuación exponemos los antecedentes fácticos que
dieron origen a la controversia del presente caso.
I
El
(señor
3 de marzo de 2014,
Vargas
Serrano
el
o
Sr. Juan Vargas Serrano
recurrido),
miembro
de
la
Institución Correccional Ponce Principal, presentó ante la
División de Remedios una petición de rebaja al término de su
sentencia.1 En ésta alegó ser acreedor de abonos por buena
conducta
y
asiduidad.2
El
13
de
marzo
de
2014,
la
Sra.
Annette Sáez Vargas, técnica de récord penal adscrita a la
División de Remedios de la institución, denegó la Solicitud
de
Remedio
noventa
1
y
por
entender
nueve
años
que
del
la
señor
condena
Vargas
de
reclusión
Serrano
de
estaba
Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, Solicitud de Remedio
Administrativo, págs. 34-35.
2
Íd.
CC-2015-0102
3
excluida de dichas bonificaciones.3 De esta determinación el
recurrido presentó una solicitud de reconsideración, la cual
fue denegada por la División de Remedios mediante resolución
el 27 de agosto de 2014.4
Inconforme, el 17 de septiembre de 2014 el señor Vargas
Serrano
acudió
al
Tribunal
de
Apelaciones
mediante
un
recurso de revisión judicial.5 Allí planteó, en síntesis,
dos cosas: (1) que el Departamento de Corrección le aplicó
una ley ex post facto al excluirlo de los abonos por buena
conducta; y (2) que el foro administrativo había errado al
no acreditarle las bonificaciones que había solicitado al
cómputo máximo y mínimo de su sentencia.6 En su lugar, el
foro apelativo determinó que la División de Remedios carecía
de jurisdicción para atender los reclamos de bonificaciones
por
buena
Reglamento
conducta
para
y
asiduidad.
Razonó
que
como
Atender
las
el
Solicitudes
de
Remedios
Administrativos Radicados por los Miembros de la Población
Correccional, Reglamento Núm. 8522 de 26 de septiembre de
2014,
establece
que
la
División
de
Remedios
no
tiene
jurisdicción para atender situaciones en que “no se haya
agotado
el
trámite
administrativo
concedido
por
otros
3
Véase íd., Respuesta del Área Concernida/Superintendente, pág. 38.
Debido a que el señor Vargas Serrano fue sentenciado en el 1990, la
técnica de récord concluyó que éste no cualificaba para los beneficios
de bonificación por buena conducta.
4
Apéndice de la Petición de Certiorari, Solicitud de Reconsideración,
pág. 40. Véase, además, íd., Resolución, págs. 41-42.
5
Íd., Revisión Judicial, pág. 22.
6
Íd., pág. 30.
CC-2015-0102
reglamentos”,
4
esta
última
carecía
atender
las
solicitudes
de
debían
“ser
atendid[as]
y
de
jurisdicción
bonificaciones
resuelt[as]”
y
por
el
las
para
mismas
Comité
de
Clasificación.7 Para sostener su determinación, expuso que
el artículo XV del Reglamento de Bonificación establece las
responsabilidades
del
cuales
concesión
está
sentencia.
la
Como
Comité
de
de
consecuencia,
Clasificación,
abonos
dejó
al
entre
término
sin
las
de
la
efecto
la
determinación de la División de Remedios.8 Oportunamente, el
Departamento de Corrección solicitó reconsideración de este
dictamen, la cual fue declarada “[n]o ha lugar” el 18 de
diciembre de 2014, mediante Resolución notificada el 30 de
diciembre de 2014.9
7
Íd., Sentencia, págs. 6-8. Cabe aclarar que al momento de presentarse
la Solicitud de Remedio por el recurrido y emitirse la determinación de
la División, estaba vigente el Reglamento Núm. 8145 de 23 de enero de
2012. Sin embargo, la citada Regla VI(2)(a) dispone de igual manera en
ambos reglamentos.
8
Apéndice de la Petición de Certiorari, Sentencia, pág. 8. La Jueza Aida
Nieves Figueroa disintió por entender que el recurso de revisión
judicial se presentó fuera de término.
No obstante, surge de la Respuesta al miembro de la población
correccional que en la primera ocasión la División de Remedios solo le
notificó
al
señor
Vargas
Serrano
el
término
para
presentar
reconsideración y no el término para acudir en revisión judicial. Íd.,
pág. 39. Por consiguiente, la primera notificación debe considerarse
inadecuada para propósitos de computar los referidos términos. Véanse:
Colón Torres v. A.A.A., 143 DPR 119, 124 (1997); Maldonado v. Junta
Planificación, 171 DPR 46, 57-58 (2007); IM Winner, Inc. v. Junta de
Subastas del Gobierno Municipal de Guayanilla, 151 DPR 30, 35-36 (2000);
véase, además, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988,
según enmendada, 3 LPRA sec. 2164. Fue en la resolución del 27 de agosto
de 2014 que la Institución Correccional le notificó al recurrido de su
derecho a solicitar revisión judicial y el término correspondiente.
Habiendo acudido el recurrido en revisión judicial el 17 de septiembre
de 2014, el recurso se presentó oportunamente.
9
Apéndice de la Petición de Certiorari, Notificación de Resolución en
Reconsideración, págs. 18-20.
CC-2015-0102
5
No conteste con dicha determinación, el Departamento de
Corrección –por conducto de la Oficina de la Procuradora
General–
acudió
ante
esta
Curia
mediante
Petición
de
Certiorari y solicitó que revocáramos la determinación del
Tribunal de Apelaciones. En esencia, arguyó que los reclamos
de
bonificaciones
por
buena
conducta
y
asiduidad
le
corresponde atenderlos a la División de Remedios y que no
existe
disposición
reglamentaria
que
requiera
agotar
un
trámite administrativo ante el Comité de Clasificación.
Luego
de
que
se
nos
Reconsideración,
acordamos
cuadro
y
fáctico
la
presentara
expedir
el
comparecencia
una
Moción
de
recurso.
Con
este
del
Departamento
de
Corrección, en primer lugar, procedemos a exteriorizar de
manera
sucinta
principios de
las
normas
hermenéutica
de
legal
revisión
que
judicial
deben
y
los
guiar nuestro
análisis.
II
El
general,
alcance
de
es
limitado
uno
nuestro
en
papel
el
revisor,
derecho
como
regla
administrativo.10
Reiteradamente hemos sostenido que la revisión judicial que
se
haga
de
las
interpretaciones
que
realiza
una
agencia
sobre los reglamentos y las leyes que administran merecen
gran
peso,
deferencia
y
respeto
por
parte
de
los
tribunales.11 Esta deferencia tiene origen en el axioma que
10
D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme, 3ra ed., Ed. Forum, 2013, pág. 670.
11
Ayala Hernández v. Consejo de Titulares, 190 DPR 547, 569 (2014);
Acarón Montalvo v. D.R.N.A., 186 DPR 564, 585 (2012); López Leyro v.
CC-2015-0102
6
nos impide soslayar que son las agencias las que poseen la
experiencia y el conocimiento especializado acerca de los
asuntos que se le han encomendado.12 Por ello, hemos resuelto
que al revisar las decisiones de las agencias el criterio
rector que debe guiar a los tribunales es la razonabilidad
de la actuación, aunque ésta no tiene que ser la única o la
más razonable.13 Como agencia administrativa sujeta a los
postulados
de
la
Ley
de
Procedimiento
Administrativo
Uniforme, supra, en el pasado hemos indicado que en nuestra
encomienda
no
debemos
descartar
libremente
las
interpretaciones o conclusiones de derecho del Departamento
de
Corrección,
sino
que
debemos
darle
deferencia
en
la
medida en que sean razonables.14
No obstante, en el descargo de nuestra función revisora
debemos
distinguir
entre
“cuestiones
de
interpretación
estatutaria, en la que los tribunales son especialistas, y
cuestiones
propias
de
la
discreción
o
pericia
ELA, 173 DPR 15, 26 (2008); Cruz v. Administración de Corrección, 164
DPR 341, 357-358 (2005).
12
González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013); Hernández,
Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006). Véanse, además: Cruz
v. Administración de Corrección, 164 DPR 341, 357 (2005); Otero v.
Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005); Rivera Concepción v. ARPe, 152 DPR 116,
124 (2000); Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425,
436 (1997).
13
Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra, pág. 614; Puerto Rico
Telephone Co. v. Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto
Rico, 151 DPR 269, 283 (2000); De Jesús v. Depto. Servicios Sociales,
123 DPR 407, 418 (1989).
14
Ibarra González v. Dpto. de Corrección, 194 DPR 29, 30, 33 (2015)
(Opinión de Conformidad del Juez Asociado Señor Rivera García); López
Borges v. Adm. de Corrección, 185 DPR 603, 627 (2012) (Opinión de
Conformidad de la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez). Véanse,
además: González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013); Rivera
Concepción v. ARPe, supra, pág. 123; López Leyro v. ELA, supra, pág. 26;
Cruz v. Administración de Corrección, supra, pág. 357.
CC-2015-0102
7
administrativa”.15 En López Leyro v. ELA, 173 DPR 15 (2008),
hicimos
ciertas
resolución
de
expresiones
la
sumamente
controversia
de
pertinentes
autos.
en
Así,
la
pues,
expresamos lo siguiente:
Cuando se impugna la intervención de un
organismo administrativo por supuestamente carecer
de autoridad en determinado caso, sin duda se
plantea una cuestión de derecho. Una alegación en
tal dirección reta las bases jurisdiccionales del
organismo: bien por exceder límites estatutarios,
bien por ignorar excepciones a la intervención
establecidas por el propio reglamento. En tales
casos, los tribunales pueden revisar en todos sus
extremos las conclusiones legales que justifican
tal actuación.
Ahora bien, las agencias cuentan con un
peritaje vasto en relación con la materia objeto de
su gestión rutinaria. “La interpretación que del
estatuto ést[a]s hagan y los fundamentos que aducen
en apoyo de la misma, resultan de gran ayuda para
los tribunales de justicia” al pasar juicio sobre
la corrección de las decisiones administrativas.16
Por otro lado, es imprescindible que tengamos presente
que cuando la ley es clara su letra es la mejor expresión de
lo que se quiso lograr con su aprobación.17 Ahora bien, hay
ocasiones en que el texto de un estatuto puede resultar
obscuro o generar lagunas sobre algún punto en particular.
Para
cumplir
con
nuestro
deber,
es
indispensable
que
examinemos los estatutos que se refieren a un mismo asunto,
de modo que sean interpretados los unos con los otros y un
15
Asoc. FCIAS v. Caribe Specialty II, 179 DPR 923, 941 (2010).
16
López Leyro v. ELA, supra, págs. 25-26. (Énfasis suplido y referencias
omitidas).
17
Asoc. FCIAS v. Caribe Specialty II, supra, pág. 938; Matos v. Junta
Examinadora, 165 DPR 741, 749 (2005).
CC-2015-0102
8
precepto pueda arrojar claridad sobre lo dudoso del otro.18
Al así proceder cumplimos con el mandato que nos prohíbe
interpretar
aislada.19
las
En
el
interpretarlas
tomando
en
disposiciones
fiel
de
desempeño
conjuntamente,
consideración
no
las
leyes
de
manera
debemos
de
nuestro
rol
de
manera
fraccionada,
íntegramente
todo
contexto.20
su
Esta práctica la hemos extendido a la interpretación de los
reglamentos.21
Hoy
nuestro
dictamen
de
hermenéutica.
principios
continuación
exponemos
el
debe
ser
Con
marco
cónsono
ello
legal
con
en
estos
mente,
aplicable
a
a
la
controversia que nos ocupa.
III
A
La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución de
Puerto Rico establece como política pública “reglamentar las
instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en
forma
efectiva
disponibles,
18
al
y
propender,
tratamiento
dentro
adecuado
de
de
los
los
recursos
delincuentes
Pueblo v. Pizarro Solís, 129 DPR 911, 918 (1992).
19
Bomberos Unidos v. Cuerpo Bomberos, 180 DPR 723, 750 (2011). Véanse,
además: Depto. Educ. v. Díaz Maldonado, 183 DPR 315, 332 (2011); Asoc.
FCIAS v. Caribe Speciality II, supra, págs. 939-940; Torres Santiago v.
Mun. De Coamo, 170 DPR 541, 559-560 (2007); Romero Barceló v. ELA, 169
DPR 460, 479 (2006); Mun. de San Juan v. Banco Gub. de Fomento, 140 DPR
873, 884 (1996).
20
Bomberos Unidos v. Cuerpo Bomberos, supra; Asoc. FCIAS v. Caribe
Speciality II, supra; Torres Santiago v. Mun. de Coamo, supra, pág. 560;
Romero Barceló v. ELA, supra.
21
López Leyro v. ELA, supra, pág. 24.
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9
para hacer posible su rehabilitación moral y social”.22 En
reconocimiento a este mandato constitucional, se aprobó la
Ley Orgánica de la Administración de Corrección, Ley Núm.
116 de 22 de julio de 1974 (Ley de la Administración de
Corrección),
4
LPRA
Administración
de
secs.
1101
Corrección
et
seq.,
otorgándole
que
creó
poderes
y
la
la
flexibilidad necesaria para facilitar la rehabilitación y
reintegración
de
la
persona
confinada
como
ciudadano
productivo y respetuoso de la ley.23
Más
adelante,
Reorganización
con
del
la
promulgación
Departamento
de
del
Plan
de
Corrección
y
Rehabilitación de 2011, Plan de Reorganización Núm. 2-2011
(Plan
de
Reorganización),
expresamente
la
Ley
de
3
la
LPRA
Ap.
XVIII,
Administración
de
se
derogó
Corrección,
supra, pero se mantuvo el objetivo principal de establecer
procesos de rehabilitación moral y social de los confinados
para fomentar su reincorporación a la sociedad.24 Este plan,
además,
tuvo
el
fin
de
reorganizar
el
Departamento
de
Corrección, reduciendo su burocracia, a la vez que delegaba
“aquellos
poderes
necesarios
para
facilitar
la
toma
de
decisiones”.25
22
23
Art. VI, Sec. 19., Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 455.
Véase Exposición
Corrección, supra.
de
Motivos
de
la
Ley
de
la
Administración
24
de
Art. 2 del Plan de Reorganización, supra; Ibarra González v. Dpto. de
Corrección, supra, pág. 42 (Opinión disidente del Juez Asociado Señor
Estrella Martínez).
25
Art. 2 del Plan de Reorganización, supra. (Énfasis suplido).
CC-2015-0102
Con
la
10
aprobación
del
Plan
de
Reorganización
se
le
otorgó al Secretario del Departamento de Corrección el poder
de
[a]doptar,
establecer,
desarrollar,
enmendar,
derogar e implementar reglas, reglamentos, órdenes,
manuales,
normas
y
procedimientos
para
el
funcionamiento efectivo del Departamento y de los
organismos bajo su jurisdicción, a los fines de
regir la seguridad, la disciplina interna y la
conducta de funcionarios, empleados y de la
clientela, así como los programas y servicios.26
De
igual
“[a]signar,
modo,
se
le
concedió
delegar
y
conferir
la
facultad
de
responsabilidades
y
facultades al personal del Departamento a base de criterios
que permitan el uso más eficaz de los recursos, excepto las
facultades de nombramiento, adoptar reglamentos y formular
la política normativa del Departamento”.27
En vista de estas facultades y poderes delegados al
Secretario
Manual
del
para
Departamento
Crear
Clasificación
y
y
de
Definir
Tratamiento
Corrección,
Funciones
en
las
se
aprobó
el
del
Comité
de
Instituciones
Correccionales, Reglamento Núm. 7334 de 10 de abril de 2007
(Manual
del
Comité
de
Clasificación).
Mediante
este
reglamento se creó el Comité de Clasificación para que, a
nivel de la institución correccional, tomara las decisiones
fundamentales sobre el tratamiento del confinado.28 Además,
26
Íd., art. 7(aa).
27
Íd., inciso (nn).
28
Véase López Leyro v. ELA, supra, págs. 29-30. Dicho Comité “está
integrado por el técnico de servicios sociopenales a cargo del caso, por
el supervisor de la unidad sociopenal o encargado y un oficial
correccional como representante de la seguridad”. Reglamento de
Bonificación
por
Buena
Conducta,
Trabajo,
Estudio
y
Servicios
CC-2015-0102
11
con la aprobación de este reglamento se definieron, en gran
medida, los poderes y responsabilidades de dicho organismo.
Se dispuso, particularmente, que el Comité de Clasificación
sería el organismo administrativo responsable de evaluar la
situación del miembro de la institución correccional, el
progreso alcanzado y determinar el plan de acción a tomar en
cada caso.29 A tales fines, se le concedió la facultad de
evaluar y estructurar el plan de tratamiento institucional a
los confinados.30 Es decir, entre otras cosas, al Comité de
Clasificación
se
necesidades,
capacidades,
funcionamiento
le
confirió
social
la
función
“de
intereses,
y
evaluar
las
limitaciones
y
estructurarle
un
plan
de
tratamiento” a los miembros de la población correccional.31
Por
su
parte,
el
Reglamento
para
Atender
las
Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los
Miembros de la Población Correccional, Reglamento Núm. 8145
de
23
de
enero
Administrativos),
de
creó
2012
la
(Reglamento
División
de
para
Remedios
Remedios
con
el
Excepcionalmente Meritorios (aprobado el 10 de diciembre de 2013)
(Reglamento de Bonificación), art. IV(7); Manual para la clasificación
de confinados, Reglamento Núm. 8281 de 30 de noviembre de 2012.
En el momento en que la División de Remedios Administrativos
emitió su Resolución de 27 de agosto de 2014 estaba vigente el
Reglamento Núm. 7334. No obstante, aproximadamente dos meses más tarde,
éste fue derogado por el Manual para Crear y Definir Funciones del
Comité
de
Clasificación
y
Tratamiento
en
las
Instituciones
Correccionales, Reglamento Núm. 8523 de 26 de septiembre de 2014, al
entrar en vigencia.
29
Manual del Comité de Clasificación, supra, págs. 1-2 (Introducción).
30
Véase íd., Regla 4; Reglamento de Bonificación, supra, art. IV(7).
31
Regla 1 y 4(1) del Manual del Comité de Clasificación, supra. (Énfasis
suplido). Véanse, además: Reglamento de Bonificación, supra, art. IV(7);
Manual para la clasificación de confinados, supra, pág. 19.
CC-2015-0102
12
objetivo
de
que
solicitud
de
remedio
origen
y,
de
los
este
confinados
en
pudieran
presentar
una
su
institución
correccional
de
modo,
“facilitar
el
de
proceso
rehabilitación del confinado”.32 Para ello, se le concedió la
facultad de recopilar información relacionada a los reclamos
de los confinados que le permitiera evaluar los programas
disponibles y “velar por el cumplimiento de los deberes y
obligaciones creadas por leyes y reglamentos que aplican al
Departamento de Corrección y Rehabilitación”.33
El
Reglamento
para
Remedios
Administrativos,
supra,
rige y establece el ámbito de jurisdicción de la División de
Remedios.
En
particular,
la
Regla
VI(1)
del
reglamento
establece que
[l]a División tendrá jurisdicción para atender toda
Solicitud de Remedios radicada por los miembros de
la población correccional en cualquier institución
o
facilidad
correccional
donde
se
encuentre
extinguiendo sentencia y que esté, relacionada
directa o indirectamente con:
a.
Actos
o
incidentes
que
afecten
personalmente al miembro de la población
correccional en su bienestar físico, mental,
en su seguridad personal o en su plan
institucional.
32
Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos
Radicadas por los Miembros de la Población Correccional, Reglamento Núm.
8145 de 23 de enero de 2012 (Reglamento para Remedios Administrativos),
pág. 3 (Introducción). Este reglamento era el vigente a la fecha en que
se emitieron las determinaciones por la División de Remedios.
Nótese que el Reglamento Núm. 8145 fue derogado posteriormente por
el Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos
Radicadas por los Miembros de la Población Correccional, Reglamento Núm.
8522 de 26 de septiembre de 2014, que a su vez fue derogado por el hoy
Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos
Radicados por los Miembros de la Población Correccional, Reglamento Núm.
8583 de 4 de mayo de 2015.
33
Reglamento para Remedios Administrativos, supra, págs. 1 y 3.
CC-2015-0102
13
b.
Cualquier
incidente
o
reclamación
comprendida bajo las disposiciones de este
Reglamento.
c.
Cuando
el
superintendente
impone
la
suspensión de privilegios sin celebración de
vista alguna, conforme a la reglamentación
vigente sobre la “Suspensión de Privilegios
por Razones de Seguridad”.34
De la citada regla se desprende que el Reglamento para
Remedios
Administrativos
jurisdicción
a
la
le
División
concedió
de
Remedios
expresamente
para
atender
solicitudes presentadas por los miembros de la población
correccional que tuvieran cualquier relación con incidentes
que
afectaran
su
indirectamente.
plan
En
institucional,
otras
palabras,
ya
fuera
directa
se
dispuso
que
o
la
División tiene jurisdicción para atender toda solicitud de
remedios relacionada a incidentes que afecten “la asignación
de
confinados
necesidades,
a
programas
capacidades,
y
servicios
intereses,
conforme
a
las
limitaciones
y
funcionamiento institucional”.35
Asimismo, la Regla VI(2) del Reglamento para Remedios
Administrativos instituye las instancias en que la División
de Remedios está privada de jurisdicción, a saber:
a. Cuando no haya agotado el trámite administrativo
concedido por otros reglamentos, excepto que la
solicitud se refiera al incumplimiento del trámite
correspondiente ante aquel organismo.
b. Solicitudes de Remedios suscritas por un miembro
de la población correccional en representación de
otros miembros de la población correccional en la
misma solicitud.
34
Íd., Regla VI(1). (Énfasis suplido).
35
Véase Reglamento de Bonificación, supra, art. IV(11).
CC-2015-0102
14
c. Cuando se trate de impugnar una orden o decisión
de cualquier organismo administrativo del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico o de un Tribunal de
Justicia.
d. Controversias relacionadas con las decisiones
emitidas por la Junta de Libertad Bajo Palabra,
excepto que la Solicitud de Remedios se refiera al
incumplimiento del área concernida de rendir los
informes o llevar a cabo unas acciones o incurrir
en omisiones de obligaciones impuestas por el
ordenamiento jurídico vigente.
e. Cuando se impugne una decisión emitida por algún
comité conforme a los reglamentos aprobados, según
dispone la Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme, excepto que la Solicitud de Remedio se
refiera
al
incumplimiento
del
trámite
correspondiente impuesto por un tribunal.
f. Cuando se trate de reclamaciones por accidentes
del trabajo o de vehículos de motor, las cuales
serán manejadas según la Ley de la Corporación del
Fondo
del
Seguro
del
Estado
y
la
Ley
de
Administración de Compensaciones por Accidentes de
Automóviles, excepto que la solicitud se refiera al
incumplimiento
por
parte
del
Departamento
de
Corrección y Rehabilitación de llevar a los
miembros de la población correccional a recibir los
servicios iniciales o de seguimiento,
g. Cualquier otra situación que no cumpla con las
disposiciones del presente Reglamento para la
radicación de Solicitudes de Remedios.36
Fue precisamente el inciso 2(a) de la Regla VI del
Reglamento para Remedios Administrativos, supra, que el foro
intermedio utilizó para sostener que la División no tenía
jurisdicción
para
atender
la
solicitud
de
bonificaciones
presentada por el recurrido. Empero, no surge expresamente
de la disposición reglamentaria antes citada que la División
de
36
Remedios
esté
privada
de
jurisdicción
para
atender
Reglamento para Remedios Administrativos, supra, art. VI(2). (Énfasis
suplido).
CC-2015-0102
15
solicitudes
de
bonificaciones
por
buena
conducta
y
asiduidad. Tampoco surge referencia a un trámite específico
que deba agotarse ante el Comité de Clasificación.
Por lo tanto, nuestro análisis no puede detenerse en
una lectura ligera de las disposiciones antes mencionadas.
Debemos adentrarnos en la normativa que rige específicamente
la concesión de bonificaciones para poder observar si las
mismas arrojan luz sobre la controversia que hoy atendemos.
B
Como
señalamos,
concesión
de
inicialmente
bonificaciones
los
eran
parámetros
para
la
reglamentados
por
la
Administración de Corrección, según le había sido delegado
por la Ley de la Administración de Corrección, supra.37 En la
actualidad el Plan de Reorganización dispone la rebaja de la
sentencia por buena conducta y asiduidad observada por los
miembros de la población correccional durante su reclusión,
así como las bonificaciones por estudio, trabajo y servicios
excepcionalmente meritorios.38
En el caso específico de las bonificaciones, el Manual
del
Comité
de
Clasificación
le
concedió
al
Comité
la
facultad y el deber de “[e]valuar los casos sometidos a su
consideración
conforme
se
establece
en
el
Reglamento
de
37
El artículo 20 de la Ley de la Administración de Corrección, supra,
autorizaba “al Administrador a adoptar reglamentos referentes a la
concesión, cancelación y restitución de abonos por buena conducta,
trabajo y estudios o servicio excepcionalmente meritorio o de suma
importancia”. 4 LPRA sec. 1165 (derogada).
38
Arts. 11-12 del Plan de Reorganización, supra. Inclusive, con la
aprobación del Plan de Reorganización, los poderes delegados a la
Administración de Corrección fueron transferidos al Departamento de
Corrección. Véase íd., arts. 14 y 88.
CC-2015-0102
16
Bonificación por Buena Conducta y Asiduidad”.39 De hecho,
surge
del
referido
aclaración-
que
la
Manual
-lo
facultad
que
otorgada
aparenta
se
refiere
ser
una
a:
(1)
“aprobar la bonificación adicional que se haya ganado el
confinado”; y (2) “solicitar al Secretario la autorización
para
[b]onificación
[a]dicional
por
servicios
excepcionalmente meritorios o deberes de suma importancia
con relación a las funciones de la institución”.40
A pesar de lo anterior, al establecer las funciones y
deberes otorgados al Comité de Clasificación, la Regla 4 del
Manual del Comité de Clasificación, supra, dispuso que éste
atendería
“[t]oda
situación
de
un
confinado
sentenciado
relacionada a su plan de tratamiento”. Ciertamente, si vemos
esta
disposición
reglamentaria
de
manera
aislada
concluiríamos que la autoridad para conceder bonificaciones
por
buena
conducta
es
del
Comité
de
Clasificación.
Ello
porque, como veremos, para que el miembro de la institución
correccional demuestre buena conducta debe haber cumplido
con el plan institucional trazado. Pese a lo anterior, un
análisis
integral
de
las
disposiciones
reglamentarias
aplicables nos lleva a una conclusión distinta.
En vista de ello, y como parte de nuestra obligación de
emitir dictámenes completos y bien fundamentados, debemos
tomar
el
camino
Clasificación,
que
supra.
manda
En
ese
el
Manual
del
Comité
de
sentido,
con
el
de
39
Regla 4(A)(4) del Manual del Comité de Clasificación, supra.
40
Íd. (Énfasis suplido).
fin
CC-2015-0102
17
determinar cómo internamente el Departamento de Corrección
ha
distribuido
las
funciones
que
le
fueron
delegadas,
debemos dirigirnos al precitado Reglamento de Bonificación
por
Buena
Conducta,
Trabajo,
Excepcionalmente
Meritorios
(Reglamento
Bonificación),
de
del
Estudio
10
y
Servicios
de
diciembre
vigente
al
de
2013
momento
de
atenderse la solicitud del señor Vargas Serrano. Ello nos
debe permitir comprobar si esas fueron las únicas facultades
y deberes que se encomendaron al Comité de Clasificación o
si alguna otra disposición le confiere autoridad sobre la
asignación de bonificaciones por buena conducta y asiduidad.
Nótese
que,
desde
su
título,
el
Reglamento
de
Bonificación, supra, hace mención a distintas razones por
las
cuales
sentencia
estudio
se
de
y
un
puede
otorgar
confinado:
servicios.
Por
rebajas
por
buena
ello,
como
al
término
de
la
conducta,
trabajo,
parte
nuestro
de
análisis, es preciso que examinemos cautelosamente si estas
bonificaciones son tratadas de igual manera en el mencionado
Reglamento de Bonificación. Veamos.
El Reglamento de Bonificación establece que para que se
considere que un confinado satisfizo el requisito de buena
conducta,
éste
debe
haber
“cumpl[ido]
con
el
plan
institucional trazado, así como los reglamentos y leyes que
establecen
una
correccional
o
sana
bajo
convivencia
dentro
supervisión
del
de
la
facilidad
Departamento
de
Corrección y Rehabilitación”.41 Siendo así, podemos afirmar
41
Reglamento de Bonificación, supra, art. IV(5).
CC-2015-0102
18
que la bonificación por buena conducta consiste en la rebaja
del término de la sentencia que se concede al miembro de la
población
correccional
si
cumple
con
los
programas
y
servicios que se le hayan estructurado y con las normas de
sana convivencia en la institución correccional.42
La
bonificación
por
buena
conducta
está
regulada
principalmente por los artículos V y VI del Reglamento de
Bonificación, supra. El artículo V rige la forma de computar
esta
bonificación
e
instituye
que
se
computará
desde
la
admisión del confinado a la institución correccional.43 Luego
de una lectura cuidadosa no vemos en este artículo señal
alguna que sugiera que las bonificaciones por buena conducta
son computadas y concedidas por el Comité de Clasificación.
Por el contrario, surge inmediatamente después del artículo
V que las rebajas por buena conducta son de encargo del
técnico de récords y se hacen ofreciendo el beneficio máximo
de la bonificación.44
Ciertamente
el
Reglamento
de
Bonificación,
supra,
contiene varios artículos que hacen referencia al Comité de
42
El Reglamento de Bonificación definió bonificación por buena conducta
como “la rebaja del término de la sentencia de un miembro de la
población correccional conforme el Plan de Reorganización Núm. 2-2011”.
Art. IV(4) del Reglamento de Bonificación, supra. Para la definición de
plan institucional, véase, íd., art. IV(11).
43
44
Íd., art. V.
Véase íd., art. VI. La única definición que encontramos sobre el
técnico de récords está contenida en el Manual para la clasificación de
confinados, supra: “Empleado correccional responsable de la preparación
y mantenimiento del expediente criminal de cada confinado. También es
responsable del cómputo matemático de las sentencias de cada confinado
dictadas por los tribunales, a tenor con las leyes vigentes”. (Énfasis
suplido). Íd., pág. 15.
CC-2015-0102
19
Clasificación. En el caso de los abonos a la sentencia, por
ejemplo, podemos notar que el Secretario del Departamento de
Corrección le delegó al Comité la facultad de: (1) conceder
los abonos adicionales;45 (2) evaluar periódicamente el caso
del
miembro
de
la
población
correccional
para
conceder
bonificación por estudio, trabajo y servicio;46 (3) evaluar
las
necesidades,
funcionamiento
capacidades,
social
del
intereses,
confinado;47
(4)
limitaciones
y
oficializar
la
asignación de trabajo a los confinados sentenciados para que
se pueda conceder la bonificación adicional;48 (5) en el caso
de bonificación por servicios excepcionalmente meritorios,
recibir el informe del superintendente de la institución o
director del área en la que está prestando servicios el
confinado, el cual evalúa para someter recomendaciones al
Secretario del Departamento de Corrección;49 (6) someter a la
División de Documentos y Récords Penales los resultados de
la bonificación adicional que el Comité concede para que
procedan
con
los
ajustes
pertinentes;50
(7)
rebajar
y
cancelar la bonificación porque el confinado incurra en mala
conducta;51 y (8) recomendar al Secretario la restitución
45
Íd., art. IV(2).
46
Íd., inciso 6.
47
Íd., inciso 7.
48
Íd., art. IX(10).
49
Íd., art. XI.
50
Íd., art. XVI.
51
Íd., art. XVII(2).
CC-2015-0102
20
parcial o total de todos los abonos que por mala conducta el
confinado hubiera perdido.52 Asimismo, el artículo IV del
Reglamento de Bonificación, supra, define la bonificación
adicional
como
aquella
otorgada
por
el
Comité
de
Clasificación por trabajo y estudios llevados a cabo por el
miembro de la población correccional.53 De hecho, así también
se hace constar en el artículo XV al disponerse la facultad
del
Comité
de
Clasificación
de
conceder
la
bonificación
adicional.54
Ninguna
de
las
disposiciones
aludidas
le
concede
expresamente alguna facultad al Comité de Clasificación para
conceder los abonos por buena conducta y asiduidad, ni se
impone
la
obligación
de
agotar
algún
trámite
ante
el
referido organismo.55 En cambio, lo que se establece es que
esta bonificación sería “computada únicamente por el técnico
de
récords”.56
Esta
delegación
se
reitera
cuando
el
reglamento define el método para hacer las rebajas por buena
52
Íd., inciso 3.
53
Íd., art. IV(2). La bonificación adicional, la cual reiteradamente se
establece que se refiere los abonos por trabajo, estudio y servicios,
está regulada principalmente por los artículos VIII y IX del Reglamento
de Bonificación, supra.
54
Véase íd., art. XV.
55
Para conocer otros artículos del Reglamento de Bonificación, supra,
que sólo conceden trámites ante el Comité de Clasificación por
bonificación adicional o servicios excepcionalmente meritorios, véanse,
arts. XIII y XV.
56
Íd., art. IV(4). (Énfasis suplido).
CC-2015-0102
21
conducta. Al así hacerlo enfatiza que “[e]sta función será
responsabilidad del técnico de récords”.57
IV
El Departamento de Corrección sostiene que no existe
trámite administrativo que exija otro reglamento y que deba
ser
agotado.
Arguye
que
las
bonificaciones
por
buena
conducta y asiduidad se conocen como “automáticas” y son
computadas por el técnico de récords, por lo que “se otorgan
y se computan tan pronto el confinado es ingresado a la
institución
correccional”.
bonificaciones
que
poseen
Aduce,
también,
que
las
trámite
ante
Comité
de
un
el
Clasificación son las bonificaciones adicionales, es decir,
por
estudio
y
trabajo.
Como
resultado,
concluye
que
el
Comité de Clasificación no concede bonificaciones por buena
conducta y eso le compete a la División de Remedios. Tiene
razón.
Un análisis integral del Plan de Reorganización, supra,
y los reglamentos aplicables del Departamento de Corrección,
nos
convence
de
que
erró
el
Tribunal
de
Apelaciones
al
resolver como lo hizo. Éste no reconoció las diferencias que
presentan
las
disposiciones
reglamentarias
sobre
los
distintos
tipos
de
su
análisis
se
abonos.
En
lugar,
su
limitó a tratar de igual manera a cada bonificación sin
analizar con sumo cuidado si los reglamentos aprobados por
el
Departamento
de
Corrección
establecían
procesos en la concesión de las mismas.
57
Íd., art. VI. (Énfasis suplido).
diferentes
CC-2015-0102
22
Como señalamos, la bonificación adicional consiste en
rebajas
al
término
de
la
sentencia
que
se
conceden
por
estudio y trabajo rendido por el miembro de la población
correccional.58
Los
llamados
abonos
por
buena
conducta
y
asiduidad se conceden si el confinado cumple, entre otras
cosas, con el plan institucional trazado.59 Esa es la primera
y más básica diferencia que debemos reconocer. En segundo
lugar, de los reglamentos a los que hemos hecho referencia
durante
nuestra
exposición,
podemos
colegir
que
el
Departamento de Corrección no quiso que los abonos por buena
conducta y asiduidad se atendieran de igual manera que la
bonificación adicional.60
Nótese que no se trata de evaluar y estructurar el plan
institucional de los confinados, porque eso ciertamente fue
delegado
y
está
bajo
Se
trata,
Clasificación.
la
autoridad
entre
otras
del
cosas,
Comité
de
de
la
que
División de Remedios es quien tiene la jurisdicción para
atender las solicitudes de remedio sobre todo lo relacionado
a actos que afecten, ya sea directa o indirectamente, el
plan
institucional
del
confinado.
Esto
último
es
lo
que
sucede con la concesión de bonificación por buena conducta a
los miembros de la institución correccional.
58
Véase íd., arts. IV(2) y VII.
59
Íd., art. IV(5).
60
Incluso, de una lectura del Reglamento de Bonificación, supra,
observamos que los abonos por servicios excepcionalmente meritorios se
conceden por trámites distintos a la bonificación adicional regular por
estudio y trabajo. Véase íd., art. XI.
CC-2015-0102
23
A ello se suma el hecho de que los abonos por buena
conducta
y
asiduidad
bonificación.61
Según
están
el
excluidos
Reglamento
de
del
ciclo
de
Bonificación,
el
Comité de Clasificación únicamente evalúa cada período de
tiempo –según establecido el ciclo- las bonificaciones por
estudio, trabajo y servicios.62 En otros términos, en cada
ciclo la responsabilidad del Comité se limita exclusivamente
a justipreciar la concesión de la bonificación adicional. Es
diáfano que
conducta
no se hace mención de los abonos por buena
y asiduidad.
Ello
demuestra que
la
bonificación
adicional es tratada de forma distinta y separada a los
abonos
que
pudiera
obtener
un
confinado
por
su
buena
conducta y asiduidad.
No hay duda que deben cumplirse ciertos trámites ante
el Comité para algunos tipos de bonificaciones. Ello es lo
que
sucede
con
la
bonificación
adicional,
que
debe
ser
concedida por el Comité de Clasificación; también ocurre con
la bonificación por servicios excepcionalmente meritorios,
que el Comité de Clasificación debe solicitarle aprobación
al Secretario del Departamento de Corrección para que éste
la conceda.63 Lo anterior no pasa en el caso de abonos por
buena conducta. En este último caso el mandato es expreso:
61
El ciclo de bonificación es la “frecuencia con la cual se evaluará el
caso ante el Comité de Clasificación y Tratamiento para conceder
bonificación por estudio, trabajo y servicio”. Íd., art. IV(6).
62
63
Véase íd., art. IV(6).
Véase íd., art.
Clasificación, supra.
XI;
Regla
4(A)(4)
del
Manual
del
Comité
de
CC-2015-0102
24
el cómputo de los abonos por buena conducta y asiduidad es
responsabilidad del técnico de récords.
La
intención
especificar
que
de
el
las
Comité
bonificación
adicional,
bonificación
por
precisamente
disposiciones
de
y
establecer
Clasificación
el
buena
la
reglamentarias
técnico
de
al
concedía
la
récords
la
conducta
y
asiduidad,
separación
de
autoridad
era
y
de
funciones de dos organismos del Departamento de Corrección
respecto al tipo de bonificación que podía conceder cada
uno.
Su
fin
evidente
era
establecer
que
la
directa
del
Comité
Clasificación
era
respecto
de
injerencia
a
la
concesión de bonificación adicional, no así con los abonos
por buena conducta y asiduidad.
Si la intención hubiera sido la que sostuvo el foro
apelativo,
¿de
qué
sirve
que
los
reglamentos
hagan
referencia, aclaren y establezcan, de manera específica y
expresa,
que
otorgar
los
el
Comité
abonos
disposiciones?
En
es
quien
tiene
adicionales
ese
caso,
la
en
tal
autoridad
varias
de
aclaración
de
sus
sería
innecesaria. Bastaría con referirse a las bonificaciones de
manera general. Después de todo, con esa interpretación no
existiría diferencia en cuanto al ente administrativo con
autoridad
para
conceder
la
bonificación
adicional
y
los
abonos otorgados por buena conducta y asiduidad, ya que en
ambos
supuestos
Clasificación.
Departamento
la
Si
de
autoridad
la
la
intención
Corrección
hubiera
tendría
el
Comité
del
Secretario
sido
que
el
de
del
Comité
CC-2015-0102
tuviera
la
25
facultad
de
conceder
los
abonos
por
buena
conducta, así lo hubiera establecido expresamente, tal
como
lo
hizo
con
la
bonificación
adicional.
No
y
podemos
partir de la premisa de que una agencia consignó en su
reglamento expresiones inútiles.
Esta
no
es
la
primera
razonamiento
como
éste.
Maldonado,
supra,
al
En
vez
Depto.
resolver
si
que
de
utilizamos
Educación
los años
de
v.
un
Díaz
servicio
prestados por un maestro mediante un contrato transitorio en
el Departamento de Educación debían honrarse como años de
experiencia para un aumento de salario una vez se obtenía un
nombramiento de carrera, reconocimos que si el legislador
hubiera querido hacer una distinción entre el tiempo servido
como
maestro
dispuesto
transitorio
notoriamente.
o
de
Entendimos
carrera
que
el
así
lo
habría
legislador
lo
había hecho con otros supuestos, pero no en el caso de los
maestros transitorios.64
A la luz de lo anterior, y luego de analizar en detalle
las
funciones
y
responsabilidades
de
cada
entidad
administrativa, no podemos colegir alguna disposición que
requiera a los miembros de la institución correccional que
agoten algún trámite ante el Comité de Clasificación antes
de que la División pueda conceder la bonificación por buena
conducta y asiduidad. Por el contrario, se desprende que el
64
Para conocer otros casos en que se utilizó un razonamiento similar,
véanse: Rodríguez Quintana v. Rivera Estrada, 192 DPR 832, 846-847
(2015) (Opinión de conformidad del Juez Asociado Señor Martínez Torres);
Yiyi Motors, Inc. v. ELA, 177 DPR 230, 270 (2009); Roque González & Co.
Inc. v. Srio. de Hacienda, 127 DPR 842, 864 (1991) (nota 6) (Opinión
disidente del Juez Asociado Señor Hernández Denton); Negrón Soto v.
Gobernador, 110 DPR 664, 676 (1981).
CC-2015-0102
Secretario
26
del
Departamento
de
Corrección
le
delegó
únicamente la facultad para computar la bonificación
por
buena
tanto,
la
administrativo
con
conducta
División
de
al
técnico
Remedios
es
de
el
récords.
organismo
Por
lo
jurisdicción para revisar la concesión de la bonificación
por buena conducta y asiduidad.
Con
cónsona
ello
llegamos
con
los
a
la
interpretación
parámetros
de
más
hermenéutica
lógica
que
y
antes
reseñamos. Una interpretación contraria sería quitarle valor
a
los
propios
términos
contenidos
en
los
referidos
estatutos, lo cual resultaría en un absurdo. No vemos razón
para
alejarnos
de
la
interpretación
realizada
por
la
agencia.
Dicho
lo
anterior,
pasamos
a
aplicar
la
normativa
expuesta a los hechos del caso de autos.
V
El
señor
Vargas
Serrano
presentó
una
solicitud
de
remedio a la División de Remedios en la que peticionó que le
concedieran
abonos
por
buena
conducta
y
asiduidad.
La
determinación que denegaba la bonificación fue emitida por
la técnica de récords del referido organismo al entender que
la sentencia del recurrido estaba excluida de los abonos por
buena conducta y asiduidad. No se trataba en esta ocasión de
las
llamadas
bonificaciones
adicionales
por
estudio
y
trabajo, ni de bonificación extraordinaria que, ciertamente,
tienen trámites ante el Comité de Clasificación. Así pues,
debemos
concluir
que
la
División
de
Remedios
tenía
la
CC-2015-0102
27
autoridad
para
atender
la
presentada
por
el
Vargas
Serrano.
La
solicitud
de
atendió
según
el
trámite
que
Secretario
del
Departamento
de
estableció
señor
remedio
el
se
propio
solicitud
de
bonificación
antedicha
Corrección: por la técnica de récords. Por esa razón, nos es
forzoso
concluir
que
erró
el
Tribunal
de
Apelaciones
al
resolver como lo hizo.
VI
Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos que la
División
de
Remedios
Administrativos
del
Departamento
de
Corrección y Rehabilitación es el organismo con jurisdicción
para
atender
los
bonificaciones
por
reclamos
buena
sobre
conducta
y
concesiones
de
asiduidad.
En
consecuencia, se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal
de Apelaciones y se le devuelve el caso para que atienda las
controversias
que
fueron
planteadas
originalmente
por
el
recurrido.
Se dictará sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Juan Vargas Serrano
CC-2015-0102
Certiorari
Recurrido
v.
Institución Correccional
Peticionario
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 2 de junio de 2017.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión, los
cuales se hacen formar parte de la presente Sentencia,
resolvemos que la División de Remedios Administrativos
del Departamento de Corrección y Rehabilitación es el
organismo con jurisdicción para atender los reclamos
sobre concesiones de bonificaciones por buena conducta
y asiduidad. En consecuencia, se revoca la Sentencia
emitida por el Tribunal de Apelaciones y se le
devuelve el caso para que atienda las controversias
que fueron planteadas originalmente por el recurrido.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo