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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Derecho Procesal Civil: Carácter jurisdiccional del término para notificar un memorando de costas a las partes, conforme las Reglas 44.1 y 68.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

2017 TSPR 90

Poder Judicial de Puerto Rico

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Derecho Procesal Civil: Carácter jurisdiccional del término para notificar un memorando de costas a las partes, conforme las Reglas 44.1 y 68.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

AC-2014-74

Rosario Domínguez v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Tania L. Rosario Domínguez,

et als.

Certiorari

Recurridos

2017 TSPR 90

v.

198 DPR ____

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico et al.

Peticionarios

Número del Caso: AC-2014-74

Fecha: 31 de mayo de 2017

Tribunal de Apelaciones:

Judicial de San Juan y Guayama

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray

Procuradora General

Lcda. Jannelle M. Laforet Matos

Procuradora General Auxiliar

Abogados de la parte Recurrida:

Lcdo. Héctor Collazo Maldonado

Lcdo. José Velázquez Ortiz

Lcda. Maribel Sánchez Muñoz

Lcdo. Javier Aponte Reyes

Materia: Derecho Procesal Civil- Carácter jurisdiccional del término

para notificar un memorando de costas a las partes, conforme las Reglas

44.1 y 68.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que

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electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Tania L. Rosario Domínguez

et als.

Recurridos

v.

AC-2014-0074

Estado Libre Asociado

Puerto Rico et al.

Certiorari

de

Peticionarios

Opinión del Tribunal

FELIBERTI CINTRÓN

emitida

por

el

Juez

Asociado

SEÑOR

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017.

Anteriormente hemos sostenido que, conforme a las Reglas

44.1 y 68.2 de Procedimiento Civil, infra, el plazo de diez

(10) días que tiene una parte prevaleciente en un pleito para

presentar

un

memorando

jurisdiccional.1

de

costas

es

de

naturaleza

Ahora bien, el caso de epígrafe nos permite

aclarar el estado de derecho en cuanto a la naturaleza del

término

de

diez

(10)

días

costas a las demás partes.

para

notificar

un

memorando

de

En particular, debemos determinar

si dicho plazo es de carácter jurisdiccional o si, en cambio,

es

de

cumplimiento

estricto

y

prorrogable.

Tras

evaluar

integralmente la letra clara de las Reglas 44.1 y 68.2 de

Procedimiento

1

Civil,

infra,

precisamos

que

el

término

para

Véanse: Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170 (2008); Comisionado

v. Presidenta, 166 DPR 513 (2005); Medio Mundo, Inc. v. Rivera, 154 DPR 315 (2001);

Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 DPR 1 (1990); Piñero v. Martínez Santiago, 104

DPR 587 (1976), y Pereira v. I.B.E.C., 95 DPR 28 (1967).

AC-2014-0074

2

notificar

un

memorando

igualmente

jurisdiccional

fatal e insubsanable.

de

costas

y,

por

a

las

demás

lo

tanto,

partes

es

improrrogable,

Veamos.

I

El

11

de

octubre

de

2010,

la

Sra.

Tania

L.

Rosario

Domínguez, por sí y en representación de su hijo menor de

edad, A.A.R. (señora Rosario o Recurrida), inició el caso de

autos

mediante

perjuicios.

la

presentación

de

una

demanda

de

daños

y

El 27 de enero de 2014, el Tribunal de Primera

Instancia dictó una Sentencia en la que declaró Ha Lugar dicha

causa de acción y condenó a las partes codemandadas2 al pago de

honorarios

de

Recurrida.

Ésta se notificó el 4 de febrero de 2014.

El

5

de

abogado,

febrero

costas

de

2014,

e

la

intereses

señora

a

favor

Rosario

de

la

envió

un

Memorando de Costas por correo certificado dirigido al foro

primario

y

reclamó

$24,347.19

tramitación del litigio.

en

gastos

incurridos

en

la

En el documento, su representante

legal certificó que, ese mismo día, notificó el escrito a las

demás partes en el caso.

Oportunamente, el 10

de

febrero

de 2014, el Tribunal de Primera Instancia recibió el escrito.

El 24 de febrero de 2014, el foro primario le ordenó a

las otras partes que fijaran su posición en torno al Memorando

de Costas.3

Profesionales

El 7 de marzo de 2014, el codemandado, Servicios

Integrados

a

la

Salud,

Inc.

(SPIS,

2

Entre las partes codemandadas figuran: Servicios Profesionales Integrados a

la Salud, Inc. y el Gobierno de Puerto Rico (Gobierno).

3

El 13 de marzo de 2014, el Gobierno solicitó una prórroga para cumplir con

tal orden.

AC-2014-0074

3

Inc.) presentó su Moción en Objeción a Memorando de Costas y

arguyó que éstas se debían limitar a $7,536.33.

Con el beneficio del escrito de SPIS, Inc., el 12 de

marzo de 2014, el foro primario emitió una Resolución en la

que declaró Ha Lugar ciertas partidas del Memorando de Costas.

Ésta se notificó el 17 de marzo de 2014.

Posteriormente, el 19 de marzo de 2014, el Gobierno de

Puerto Rico (Gobierno o Peticionario) sometió su Oposición a

Memorando de Costas en la cual objetó algunas de las sumas

reclamadas.

Además,

señaló

que

la

señora

Rosario

no

le

notificó oportunamente el Memorando de Costas, según requiere

la

Regla

44.1

de

Procedimiento

Civil,

solicitó que se denegara el mismo.4

Tribunal

de

Primera

Instancia

infra,

por

lo

que

El 28 de marzo de 2014, el

determinó

que

la

referida

oposición fue presentada fuera de término y que no había nada

que proveer.

Inconforme,

el

31

de

marzo

de

2014,

el

Peticionario

sometió una Moción de Reconsideración en la que reiteró que la

Recurrida no le notificó el Memorando de Costas dentro del

término jurisdiccional de diez (10) días provisto para ello.

Sostuvo

que

considerar

4

el

el

foro

primario

mencionado

carecía

escrito

y

de

autoridad

conceder

las

para

costas

De los autos surge que la Oposición a Memorando de Costas estaba acompañada

de unos documentos dirigidos a acreditar que la notificación del Memorando de

Costas se efectuó el 25 de febrero de 2014.

AC-2014-0074

4

solicitadas.5

No

obstante,

dicho

foro

no

atendió

el

planteamiento jurisdiccional del Gobierno.6

Así las cosas, el 9 de mayo de 2014, el Peticionario

presentó

una

Apelaciones.

el

Petición

de

de

ante

el

Tribunal

de

Entre otras cosas, sostuvo que, al notificarse

Memorando de Costas

carecía

Certiorari

autoridad

fuera de término, el foro primario

para

conceder

las

costas

reclamadas.

Consecuentemente, solicitó la revocación de la determinación

del Tribunal de Primera Instancia aprobando el Memorando de

Costas.7

El 10 de junio de 2014, la Recurrida se opuso al recurso

ante el foro apelativo intermedio.

En apoyo a su posición,

planteó que:

Por razones que atribuimos a una inadvertencia

motivada por el cúmulo de asuntos que atender a

última hora, antes de salir de viaje fuera de

Puerto Rico, dicho Memorando de Costas no fue

notificado coetáneamente a la parte demandada.

Ello se hizo el 25 de febrero de 2014.

Fue

entonces que, aun fuera de la Isla y ante un correo

de

su

distinguida

representación

profesional,

instruimos a nuestra asistente a remitírselo a las

partes adversas por correo electrónico.

(Énfasis

nuestro y subrayado en el original).

Oposición a

Solicitud de Certiorari de la señora Rosario de 10

de junio de 2014, págs. 2-3.

El 30 de junio de 2014, el Tribunal de Apelaciones dictó

Sentencia.

Procedimiento

Explicó que el inciso (c) de la Regla 44.1 de

Civil,

infra,

establece

taxativamente

que

el

5

En la alternativa, alegó que ciertas partidas concedidas como costas eran

excesivas e improcedentes, por lo que solicitó que se reconsiderara la aprobación

de las mismas.

6

El Tribunal de Primera Instancia se limitó a modificar, mediante Resolución

de 8 de abril de 2014, la concesión de algunas partidas del Memorando de Costas.

7

En la alternativa, arguyó que ciertas partidas del Memorando de Costas eran

improcedentes.

AC-2014-0074

término

de

5

diez

(10)

días

para

presentar

un

memorando

de

costas y notificarlo a las demás partes en la etapa apelativa

es jurisdiccional.

Sin embargo, determinó que, cuando una

parte resulta victoriosa en el foro primario, el plazo de diez

(10) días para presentar y notificar un memorando de costas no

es jurisdiccional.

Fundamentó su decisión en el hecho de que,

a diferencia del inciso (c), el inciso (b) de la referida

Regla 44.1 no contiene la palabra ―jurisdiccional‖.

Añadió

que el Gobierno no resultó perjudicado por la notificación

tardía del Memorando de Costas debido a que pudo oponerse al

mismo.

Finalmente, dispuso que tampoco se violó el debido

proceso de ley ya que el Peticionario tuvo la oportunidad de

impugnar

las

costas

mediante

su

Moción

de

Reconsideración

una

Moción

presentada ante el foro primario.8

El

Gobierno

sometió

entonces

de

Reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones y reiteró sus

argumentos.

La misma fue declarada No Ha Lugar.

Inconforme,

epígrafe.

el

Peticionario

presentó

el

recurso

de

Señaló que la Regla 68.2 de Procedimiento Civil,

infra, dispone que no se pueden prorrogar los plazos provistos

en

la

Regla

44.1

de

Procedimiento

Civil,

Consecuentemente,

arguyó

que

dicho

es

jurisdiccional.

Reiteró que la señora Rosario notificó el

término

de

infra.

carácter

Memorando de Costas luego de vencido el término improrrogable

de diez (10) días establecido en las citadas reglas.

8

Por lo

Por otra parte, el foro apelativo intermedio modificó la Resolución del

Tribunal de Primera Instancia para establecer que la partida #9 del Memorando de

Costas debía ser satisfecha, únicamente, por la parte codemandada, Servicios

Profesionales Integrados a la Salud, Inc.

AC-2014-0074

6

cual, planteó que erraron los foros inferiores al considerar

un Memorando de Costas que fue notificado fuera de término.9

El 12 de diciembre de 2014, emitimos Resolución acogiendo

el recurso de epígrafe como certiorari y expidiendo el auto

solicitado.

El 27 de mayo de 2015, la Recurrida sometió entonces su

alegato

en

el

que

indicó

que

el

Memorando

notificó al Gobierno el 25 de febrero de 2014.

de

Costas

se

Manifestó que

el Peticionario se demoró veintidós (22) días en presentar su

Oposición a Memorando de Costas, a pesar de que el plazo para

impugnar era de diez (10) días, según dispuesto en la Regla

44.1(b) de Procedimiento Civil, infra.

Además, alegó que el

Gobierno no planteó, adecuada y suficientemente, ante el foro

primario, que el Memorando de Costas fue notificado fuera de

término, por lo que no podía presentar esta nueva teoría en la

etapa apelativa.

También reiteró los argumentos expuestos en

la Sentencia del Tribunal de Apelaciones en cuanto a que: el

foro primario tuvo la oportunidad de considerar las objeciones

del

Gobierno;

no

hubo

perjuicio

por

el

retraso

en

la

notificación, y se cumplió con el debido proceso de ley.

En relación a la naturaleza del término para notificar un

memorando de costas, la señora Rosario también coincidió con

la determinación del Tribunal de Apelaciones en cuanto a que,

a diferencia del inciso (c) de la Regla 44.1 de Procedimiento

Civil,

infra,

el

inciso

(b)

de

la

referida

disposición

procesal no lo califica expresamente como uno jurisdiccional.

9

En la alternativa, propuso que, de considerar que el término para notificar

un memorando de costas es de cumplimiento estricto, la señora Rosario tenía que

establecer justa causa para que el foro primario pudiera prorrogar el plazo.

AC-2014-0074

7

En esa línea, destacó que tampoco existía un precedente de

este foro que lo estableciera como de carácter jurisdiccional.

Así

pues,

propuso

que,

cumplimiento estricto.

a

lo

sumo,

dicho

plazo

es

de

De ser así, solicitó que apliquemos

prospectivamente nuestra determinación al respecto.

Con

el

beneficio

de

la

comparecencia

de

las

partes,

resolvemos.

II

A. Interpretación Judicial de las Leyes

El Art. 14 del Código Civil, 31 LPRA sec. 14 (2015),

establece que, ―[c]uando la ley es clara [y] libre de toda

ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el

pretexto de cumplir su espíritu‖.

texto

constituye

legislativa.

la

mejor

En ese caso, su propio

expresión

de

la

intención

COSVI v. CRIM, 193 DPR 281 (2015); Shell v.

Srio. Hacienda, 187 DPR 109 (2012); Cruz Parrilla v. Depto.

Vivienda, 184 DPR 393 (2012).

No

obstante,

debemos

si

interpretar

el

la

lenguaje

ley

con

es

el

verdadera intención del legislador.

ambiguo

o

impreciso,

objetivo

de

acatar

la

Ríos Martínez v. Comisión

Local de Elecciones de Villalba, 2016 TSPR 188, 196 DPR ___

(2016); COSVI v. CRIM, supra.

Así pues, como parte de nuestra

labor interpretativa, estamos llamados a llenar las lagunas en

la

ley

y

armonizar

los

estatutos

aplicables

que

estén

en

conflicto, con el propósito de ―obtener un resultado sensato,

lógico

y

razonable‖.

Ríos

Martínez

v.

Comisión

Elecciones de Villalba, supra.

B. Jurisdicción Sobre la Materia

Local

de

AC-2014-0074

La

8

jurisdicción

sobre

la

materia

es

la

autoridad

que

tiene un foro adjudicativo para atender y resolver determinada

controversia o asunto sobre un aspecto legal.

Ríos Martínez

v. Comisión Local de Elecciones de Villalba, supra; Rivera

Marcucci et al. v. Suiza Dairy Inc. et als., 2016 TSPR 172,

196 DPR ___ (2016); Shell v. Srio. Hacienda, supra.

Las

cuestiones

relativas

a

la

jurisdicción

sobre

la

materia pueden considerarse, a solicitud de parte o por el

tribunal

motu

proprio,

en

cualquier

etapa

de

los

procedimientos, incluso en la apelativa.

Ríos Martínez v.

Comisión

supra;

Srio.

Local

de

Hacienda,

(2005).10

Éstas

cualesquiera

Elecciones

supra;

ser

Ríos

tiene

jurisdicción

Martínez

consideración,

no

podrá

para

A.A.A.,

v.

con

164

Shell

v.

DPR

663

preferencia

Comisión

Local

a

de

Si un tribunal concluye que

adjudicar

atenderlo

determinación será nula.

v.

resueltas

Elecciones de Villalba, supra.11

no

Villalba,

Souffront

deberán

otras.

de

ya

el

que,

asunto

de

ante

su

hacerlo,

su

Ríos Martínez v. Comisión Local de

Elecciones de Villalba, supra; COSVI v. CRIM, supra.

C. Cumplimiento con los Términos Prescritos en Nuestro

Ordenamiento Procesal

Como

norma

general,

las

reglas

procesales

no

son

renunciables, por lo que las partes tienen que ejecutar los

procedimientos prescritos para poder obtener una determinación

de un órgano jurisdiccional adjudicativo.

10

R. Hernández Colón,

Véase, además, J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da

ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. I, pág. 182.

11

Íd.

AC-2014-0074

9

Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 5ta

ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, Sec. 308, pág. 24.12

Así

pues, debemos tener presente que:

La ley adjetiva y las Reglas de Procedimiento

Civil, cuando son aplicables, tienen fuerza de ley

y los que acuden a las cortes de justicia en

solicitud de remedios están obligados a seguirlas

mientras se hallan vigentes.

Los Tribunales no

pueden enmendar libremente estas reglas sin seguir

el trámite dispuesto para ello. (Citas internas

omitidas). J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho

procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011,

T. V, pág. 1897.

Nuestro

ordenamiento

procesal

establece,

además,

que

determinados actos deben realizarse dentro del correspondiente

término dispuesto para ello.13

1801,

pág.

197.

Véase,

Vivienda, supra.

Hernández Colón, op. cit., Sec.

además,

Cruz

Parrilla

v.

Depto.

A esos efectos, existen distintos tipos de

términos, a saber: discrecionales; directivos; de cumplimiento

estricto, y jurisdiccionales.

B.B.V. v. E.L.A., 180 DPR 681

(2011), citando a Hernández Colón, op. cit., Sec. 1801, pág.

197.

Dependiendo de la naturaleza del plazo, su inobservancia

conllevará alguna sanción que podrá ―fluctuar desde que un

juez

resuelva

un

incidente

sin

contar

con

determinado

argumento, hasta la pérdida de algún derecho‖.

B.B.V. v.

E.L.A., supra, pág. 688, citando a Hernández Colón, op. cit.,

Sec. 1801, pág. 197.

12

A esos fines, hemos expresado que, al ejercer nuestro deber de administrar la

justicia, no podemos dejar ―al arbitrio de los abogados decidir qué disposiciones

reglamentarias deben acatarse y cuándo‖. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84,

91 (2013), citando a Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 125 (1975).

Véase, además, Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 130 (1998).

13

Un término es un ―plazo concedido por ley para realizar determinado acto

procesal‖. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal

civil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, Sec. 1801, pág. 197.

Véase,

además, Rivera Marcucci et al. v. Suiza Dairy Inc. et als., 2016 TSPR 172, 196 DPR

___ (2016).

AC-2014-0074

10

Primeramente,

naturaleza

los

términos

improrrogable,

por

lo

jurisdiccionales

que

no

están

son

de

sujetos

a

interrupción o cumplimiento fuera de término, ―[…] no importa

las

consecuencias

procesales

que

su

expiración

provoque‖.

Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, supra, pág. 403, citando a

Hernández Colón, op. cit., Sec. 1804, pág. 201.14

Debido a que

son improrrogables, fatales e insubsanables, estos plazos no

se pueden acortar ni extender.15

Co.,

174

DPR

793

(2008);

Insular Highway v. A.I.I.

Martínez,

Inc.

v.

Abijoe

Realty

Corp., 151 DPR 1 (2000). Véase, además, Cuevas Segarra, op.

Cit, T. V, págs. 1899-1900.

En

esa

línea,

los

requisitos

jurisdiccionales

establecidos por ley tienen que ejecutarse previo a que el

tribunal

pueda

considerar

los

méritos

de

una

controversia.

COSVI v. CRIM, supra; Shell v. Srio. Hacienda, supra.

Esto se

debe a que el incumplimiento con este tipo de exigencia, priva

al tribunal de autoridad sobre el asunto que se intenta traer

ante

su

consideración.

Así

pues,

hacer

caso

omiso

a

directrices de naturaleza jurisdiccional impide que se pueda

atender

un

escrito

presentado

fuera

de

término.

Rivera

Marcucci et al. v. Suiza Dairy Inc. et als., supra; Shell v.

Srio.

Hacienda,

supra;

Cruz

Parrilla

v.

Depto.

Vivienda,

supra; Hernández Colón, op. cit., Sec. 1804, pág. 201.

De

14

Dicho de otro modo, un plazo improrrogable ―significa que es jurisdiccional‖.

De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499, 507 (2007).

15

Existen, sin embargo, circunstancias particulares en las que, por disposición

expresa de ley o reglamento, los términos jurisdiccionales pueden estar sujetos a

interrupción.

Véase, por ejemplo, la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V (Supl. 2015), sobre interrupción de términos para acudir a un foro apelativo.

Además, hay disposiciones que alteran el cómputo del término. Véanse los Artículos

387-389 del Código Político, 1 LPRA secs. 71-73 (2016).

Véase, además, Ríos

Martínez v. Comisión Local de Elecciones de Villalba, 2016 TSPR 188, 196 DPR ___

(2016).

AC-2014-0074

manera

que,

11

al

auscultar

su

jurisdicción,

los

tribunales

estamos ―llamados a ser árbitros y celosos guardianes de los

términos reglamentarios‖.

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189

DPR 84, 93 (2013).

Para poder determinar que un plazo es jurisdiccional, el

legislador

debe

establecer

imponerle esa naturaleza.

claramente

que

su

intención

fue

Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda,

supra; J. Directores v. Ramos, 157 DPR 818 (2002); Lagares v.

E.L.A., 144 DPR 601 (1997); Méndez v. Corp. Quintas San Luis,

127 DPR 635 (1991).

A esos efectos, también hemos sostenido

que, aunque no lo establezca expresamente, un estatuto puede

fijar

una

exigencia

jurisdiccional

cuando

éste

refleja

indubitadamente que esa fue la intención legislativa.

COSVI

v. CRIM, supra; Lugo Rodríguez v. J.P., 150 DPR 29 (2000);

Martínez v. Depto. del Trabajo, 145 DPR 588 (1998).

Cuando la

ley no contenga una instrucción clara a esos fines, es decir,

un lenguaje que le otorgue un carácter fatal, el término se

considerará como uno prorrogable.

Cuevas Segarra, op. cit.,

T. V, pág. 1900, citando a In re Godinez Morales, 161 DPR 219

(2004).

Para ello, los tribunales debemos llevar a cabo el

proceso de interpretación estatutaria antes descrito.

Cruz

Parrilla v. Depto. Vivienda, supra.

Por otro lado, los términos de cumplimiento estricto se

sitúan

entre

los

plazos

prorrogables

y

los

improrrogables.

Rivera Marcucci et al. v. Suiza Dairy Inc. et als., supra;

Hernández Colón, op. cit., Sec. 1804a, pág. 202.

Al igual que

los términos jurisdiccionales, la inobservancia de una norma

de cumplimiento estricto priva al tribunal de autoridad para

AC-2014-0074

12

atender el asunto.

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169

DPR 873 (2007).

No obstante, a diferencia de los plazos de naturaleza

jurisdiccional,

se

permite

aplazar

el

requisitos de cumplimiento estricto.

acatamiento

con

los

Toro Rivera et als. v.

ELA et al., 194 DPR 393 (2015); Soto Pino v. Uno Radio Group,

supra.

Ahora bien, esto no significa que se libera a las

partes

de

cumplir

injustificadamente

ni

con

que

los

los

términos

foros

reglamentarios

adjudicativos

discreción para prorrogarlos automáticamente.

tengan

Rivera Marcucci

et al. v. Suiza Dairy Inc. et als., supra; Toro Rivera et als.

v. ELA et al., supra.

El tribunal solamente tiene discreción para prorrogar los

términos de cumplimiento estricto cuando se demuestra que la

dilación se debió a justa causa.

Rivera Marcucci et al. v.

Suiza Dairy Inc. et als., supra; Toro Rivera et als. v. ELA et

al., supra.16

fuera

del

Es decir, quien solicita la prórroga o actúa

plazo

tiene

la

obligación

de

consignar

detalladamente la ―justa causa por la cual no puede o [no]

pudo cumplir con el término establecido‖.

Rivera Marcucci et

al. v. Suiza Dairy Inc. et als., supra. Véase, además, Lugo v.

Suárez, 165 DPR 729 (2005).

Esta justificación tendrá que

hacerse

concretas,

con

explicaciones

particulares

y

debidamente evidenciadas con el fin de colocar al tribunal en

16

En contraste con los plazos jurisdiccionales, ―[c]uando se trata de un

término de cumplimiento estricto, el tribunal no está atado al automatismo que

conlleva un requisito jurisdiccional, por lo que puede ‗proveer justicia según lo

ameritan las circunstancias‘ y extender el término‖. Lugo v. Suárez, 165 DPR 729,

738 (2005), citando a Arriaga v. F.S.E., supra, pág. 131.

AC-2014-0074

13

posición de evaluarla.

Rivera Marcucci et al. v. Suiza Dairy

Inc. et als., supra; Toro Rivera et als. v. ELA et al., supra.

Así pues, para establecer justa causa, no se permiten

vaguedades, excusas o planteamientos estereotipados.

Marcucci

et

al.

v.

Suiza

Dairy

Inc.

et

als.,

Rivera

supra;

Toro

Rivera et als. v. ELA et al., supra; Arriaga v. F.S.E., 145

DPR

122

(1998).

De

lo

contrario,

ordenamiento

jurídico

y

los

convertirían

en

amorfas

postergar‖.

Rivera Marcucci et al. v. Suiza Dairy Inc. et

―metas

se

términos

que

trastocaría

nuestro

reglamentarios

cualquier

parte

se

podría

als., supra; Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 93.

De

permitirse

se

la

modificación

abusiva

de

estos

términos,

perturbaría el orden lógico y armonioso de las etapas de un

litigio

y

desestabilizaría

nuestro

ensamblaje

procesal.

Cuevas Segarra, op. cit., T. V, pág. 1910.

Al considerar si medió justa causa, no será determinante

el hecho de que el acto tardío no causó perjuicio indebido a

las otras partes.

Rivera Marcucci et al. v. Suiza Dairy Inc.

et als., supra; Soto Pino v. Uno Radio Group, supra.

De ser

así, los términos de cumplimiento estricto se reducirían a

meros formalismos que pueden derrotarse fácilmente.

Íd.

D. Memorando de Costas – En General

El inciso (a) de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil

(Regla

44.1),

32

LPRA

Ap.

V

(2010),

costas en nuestro ordenamiento.17

17

rige

la

concesión

de

Esta disposición tiene una

La Regla 44.1(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2010), establece: ―Su

concesión.—Las costas le serán concedidas a la parte a cuyo favor se resuelva el

pleito o se dicte sentencia en apelación o revisión, excepto en aquellos casos en

que se disponga lo contrario por ley o por estas reglas.

Las costas que podrá

AC-2014-0074

14

función reparadora ya que permite el reembolso de los gastos

necesarios

y

razonables

que

tuvo

que

incurrir

la

prevaleciente del pleito en la tramitación del mismo.

parte

Maderas

Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880 (2012); Auto

Servi, Inc. v. E.L.A., 142 DPR 321 (1997); J.T.P. Dev. Corp.

v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 456 (1992).

De esta forma,

su derecho no queda ―menguado por los gastos que tuvo que

incurrir sin su culpa y por culpa del adversario‖.

Maderas

Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 934; J.T.P. Dev.

Corp. v. Majestic Realty Corp., supra, pág. 460; Garriga, Jr.

v. Tribunal Superior, 88 DPR 245, 253 (1963).

Así pues, esta

norma procesal tiene dos (2) propósitos, a saber: restituir lo

que

una

obligada

parte

a

perdió

litigar

y

por

hacer

―penalizar

temeraria, o viciosa […]‖.

valer

la

su

derecho

litigación

al

ser

inmeritoria,

Auto Servi, Inc. v. E.L.A., supra,

pág. 327; Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, supra, pág. 253.

Una vez reclamadas, la imposición de costas a favor de la

parte

victoriosa

es

mandatoria.

Maderas

Tratadas

v.

Sun

Alliance et al., supra; Auto Servi, Inc. v. E.L.A., supra.

No

obstante, su concesión no opera de forma automática, ya que

tiene que presentarse oportunamente un memorando de costas en

el que se precisen los gastos incurridos.

Colón Santos v.

Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170 (2008); J.T.P. Dev. Corp.

v.

Majestic

Realty

Corp.,

supra.

Véase,

además,

J.A.

Echevarría Vargas, Procedimiento civil puertorriqueño, 1ra ed.

rev., Colombia, [s. Ed.], 2012, págs. 275-278.

Además, el

conceder el tribunal son los gastos incurridos necesariamente en la tramitación de

un pleito o procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en su discreción,

estima que una parte litigante debe reembolsar a otra‖.

AC-2014-0074

15

tribunal tiene amplia discreción para evaluar la razonabilidad

y determinar la necesidad de los gastos detallados.

Maderas

Tratadas v. Sun Alliance et al., supra; Auto Servi, Inc. v.

E.L.A., supra.

E. Presentación y Notificación de un Memorando de Costas

La Regla 44.1, en sus incisos (b) y (c), establece el

trámite requerido para solicitar la concesión de las costas, a

saber:

(b) Cómo se concederán.—La parte que reclame el

pago de costas presentará al tribunal y notificará

a la parte contraria, dentro del término de diez

(10) días contados a partir del archivo en autos de

copia de la notificación de la sentencia, una

relación o memorándum de todas las partidas de

gastos y desembolsos necesarios incurridos durante

la tramitación del pleito o procedimiento. […]

Cualquier parte que no esté conforme con las costas

reclamadas podrá impugnarlas en todo o en parte,

dentro del término de diez (10) días contados a

partir de aquel en que se le notifique el

memorándum de costas. […]

(c) En etapa apelativa.[]—La parte a cuyo favor

un tribunal apelativo dicte sentencia presentará en

la sala del Tribunal de Primera Instancia que

decidió el caso inicialmente y notificará a la

parte contraria, dentro del término jurisdiccional

de diez (10) días contados a partir de la

devolución del mandato y conforme a los criterios

establecidos en el inciso (b) anterior, una

relación o memorándum de todas las partidas de

gastos y desembolsos necesarios incurridos para la

tramitación

del

recurso

en

el

Tribunal

de

Apelaciones y en el Tribunal Supremo, según

corresponda.[…] (Énfasis y subrayado nuestro).18

En reiteradas ocasiones, hemos reconocido que la parte

prevaleciente en el pleito tiene un término jurisdiccional de

18

La derogada Regla 44.1(c) de Procedimiento de 1979, 32 LPRA Ap. III (1983),

originalmente no mencionaba la palabra ―jurisdiccional‖ que actualmente aparece en

la vigente Regla 44.1(c) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V (2010).

Este cambio se incorporó mediante la Ley Núm. 249-1995, 32 LPRA Ap. III (2001),

promulgada con el propósito de atemperar las reglas procesales a una reformada

estructura judicial en Puerto Rico que incorporó un nuevo tribunal apelativo

intermedio. Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 249-1995, supra.

AC-2014-0074

16

diez (10) días para presentar un memorando de costas ante el

foro primario.

Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., supra;

Comisionado v. Presidenta, 166 DPR 513 (2005); Medio Mundo,

Inc. v. Rivera, 154 DPR 315 (2001);

Granados v. Rodríguez

Estrada V, 127 DPR 1 (1990); Piñero v. Martínez Santiago, 104

DPR 587 (1976), y Pereira v. I.B.E.C., 95 DPR 28 (1967).

Por

lo cual, este plazo es improrrogable y su cumplimiento tardío

priva al tribunal de autoridad para considerar y aprobar las

costas

reclamadas.19

Pereira

v.

I.B.E.C.,

supra.

Véase,

además, Cuevas Segarra, op. cit., T. IV, págs. 1270 y 1297.

Como

adelantáramos,

la

naturaleza

jurisdiccional

del

término para presentar un memorando de costas surge en virtud

de la Regla 68.2 de Procedimiento Civil (Regla 68.2), 32 LPRA

Ap.

V

(2010),

y

sus

predecesoras.

Piñero

Santiago, supra; Pereira v. I.B.E.C., supra.20

v.

Martínez

La referida

Regla dispone que:

Cuando por estas reglas o por una notificación

dada en virtud de sus disposiciones, o por una

orden del tribunal se requiera o permita la

realización de un acto en o dentro de un plazo

especificado, el tribunal podrá, por justa causa,

en cualquier momento y en el ejercicio de su

discreción: (1) previa moción o notificación, o sin

ellas, ordenar que se prorrogue o acorte el término

si así se solicita antes de expirar el término

originalmente prescrito o según prorrogado por

orden

anterior,

o

(2)

en

virtud

de

moción

presentada después de haber expirado el plazo

19

El tratadista Cuevas Segarra expone que, conforme a la Regla 68.2 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2010), el término de diez (10) días para

oponerse a un memorando de costas también es improrrogable.

Cuevas Segarra, op.

cit., T. IV y V, págs. 1299, 1907-1908.

20

Nótese que los precedentes citados fueron resueltos durante la vigencia de

las derogadas Reglas de Procedimiento Civil de 1958, 32 LPRA Ap. II (1969).

No

obstante, las sucesivas enmiendas a estas reglas no afectan sustancialmente lo

resuelto por esta Curia en dicha jurisprudencia.

El lenguaje contenido en las

vigentes Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V (2010), en lo

pertinente, tampoco tiene el efecto de variar lo establecido mediante los referidos

precedentes.

AC-2014-0074

17

especificado, permitir que el acto se realice si la

omisión se debió a justa causa, pero no podrá

prorrogar o reducir el plazo para actuar bajo las

disposiciones de las Reglas 43.1, 44.1, 47, 48.2,

48.4, 49.2 y 52.2 todas de este apéndice, salvo lo

dispuesto en las mismas bajo las condiciones en

ellas prescritas. (Énfasis y subrayado nuestro).

Conforme

determinadas

a

lo

reglas

anterior,

son

los

plazos

improrrogables,

establecidos

entre

ellos,

en

los

provistos en la Regla 44.1 concernientes a la tramitación del

memorando de costas.

Hernández Colón, op. cit., Sec. 1804,

pág. 201.

Debemos

aclarar

que

la

presentación

de

un

escrito

constituye un requisito distinto al de la notificación, ya que

el primero se realiza en el tribunal, mientras que el segundo

se dirige a las partes.

pág. 191.

cabo

Hernández Colón, op. cit., Sec. 1609,

Cuando las reglas procesales ordenan que se lleve a

determinado

igualmente

acto

dentro

―presupone

una

de

un

término

simultánea,

jurisdiccional,

correcta

y

adecuada

notificación a la dirección del abogado o de la parte que se

autorepresenta‖.

A

esos

Cuevas Segarra, op. cit., T. V, pág. 1899.

efectos,

la

Regla

67.1

de

Procedimiento

Civil

(Regla 67.1), 32 LPRA Ap. V (2010), requiere que, como norma

general,

todo

escrito

presentado

ante

el

tribunal

sea

notificado a todas las demás partes del pleito. Véanse Lagares

v. E.L.A., supra, y Cuevas Segarra, op. cit., T. V, pág. 1883.

Esta exigencia es un corolario del debido proceso de ley y es

indispensable para mantener un sistema de justicia ordenado.

Cuevas Segarra, op. cit., T. V, pág. 1899; Hernández Colón,

op. cit., Sec. 1701, pág. 193.

La obligación de notificar

bajo la referida Regla 67.1 ―es de estricto cumplimiento y su

AC-2014-0074

omisión

18

debe

acarrear

sanciones

económicas,

además

de

constituir una violación a la Regla 9 de Procedimiento Civil,

si se certificó el hecho de la notificación‖.

Cuevas Segarra,

op. cit., T. V, pág. 1884.

El propósito de la notificación es promover ―que todas

las partes del pleito estén plenamente enteradas de todo lo

que allí acontece y [así] puedan expresarse sobre todos los

desarrollos en éste‖.

Lagares v. E.L.A., supra, pág. 618.

También le permite a la parte contraria ―anticipar sus propios

pasos

con

caso‖.

respecto

Íd.

a

los

próximos

eventos

procesales

del

Finalmente, la notificación permite agilizar el

trámite judicial.

Íd.

Por último, debemos resaltar que la Regla 67.1 también

dispone que la notificación a las partes se efectuará el mismo

día en que se presente un escrito ante el tribunal.

Véase el

Informe de Reglas de Procedimiento Civil de diciembre de 2007,

pág. 764.

Así pues, la simultaneidad de las notificaciones

inter partes constituye un requisito adicional de los trámites

de

notificación.

Martínez,

Inc.

v.

Abijoe

Realty

Corp.,

supra.

Actualmente, existen diversas alternativas que facilitan

la notificación dentro los términos dispuestos, por ejemplo,

correo certificado, correo electrónico o telefax.

Véanse la

Regla 67.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2010); Soto

Pino v. Uno Radio Group, supra, y Hernández Colón, op. cit.,

Sec. 1705, pág. 195.

partes

una

electrónico,

También es posible adelantarle a las

copia

del

previo

a

escrito

la

por

correo

presentación

del

certificado

mismo

y

o

luego

AC-2014-0074

19

enviarle la carátula ponchada.

Soto Pino v. Uno Radio Group,

supra.21

F. Aplicación Retroactiva o Prospectiva de Nuestras

Determinaciones

Como

norma

general,

nuestras

decisiones

tienen

efecto

retroactivo.

Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10 (2004);

Rexach

Co.,

Const.

(1996).

Inc.

v.

Mun.

de

Aguadilla,

142

DPR

85

No obstante, en el ejercicio de nuestra discreción

judicial, hemos emitido opiniones con efecto prospectivo en

consideración

a

justicia,

equidad,

evitar

la

las

dislocaciones

circunstancias

la

mejor

severas

fácticas

del

convivencia

en

nuestro

caso,

social

sistema

o

la

para

económico.

López v. Porrata Doria, 169 DPR 135 (2006); Isla Verde Rental

v. García, 165 DPR 499 (2005); Rexach Const. Co., Inc. v. Mun.

de Aguadilla, supra.

pública

y

orden

También, por consideraciones de política

social,

podemos

limitar

la

aplicación

de

nuestras determinaciones para que, por ejemplo, no se afecten

aquellas

sentencias

que

hayan

advenido

finales

y

firmes.

Banco Santander de Puerto Rico v. Correa García, 2016 TSPR

201, 196 DPR ___ (2016).

En esa línea, hemos enumerado los criterios a considerar

al

momento

aplicación

21

de

disponer

retroactiva

o

si

un

nuevo

prospectiva,

precedente

a

saber:

tendrá

(1)

la

Ahora bien, debemos advertir que, conforme a lo resuelto en In re Hernández

Vargas, 116 DPR 689 (1985), ―[l]a notificación a la otra parte de un escrito que no

se presente al tribunal puede implicar una sanción disciplinaria contra el

abogado‖. Hernández Colón, op. cit., Sec. 1609, pág. 191.

AC-2014-0074

20

confianza depositada en la antigua norma o precedente; (2) el

propósito que persigue la nueva regla para determinar si su

retroactividad lo adelanta, y (3) el efecto de la nueva medida

en

la

administración

de

la

justicia.

Banco

Santander

de

Puerto Rico v. Correa García, supra; Fraguada Bonilla v. Hosp.

Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012); Isla Verde Rental v. García,

supra; Datiz v. Hospital Episcopal, supra; Rexach Const. Co.,

Inc. v. Mun. de Aguadilla, supra.

Así, por ejemplo, en Febles v. Romar, 159 DPR 714 (2003);

Sucn. Salvador Jiménez v. Pérez, 153 DPR 527 (2001), y Lagares

v. E.L.A., supra, establecimos que una nueva norma puede tener

efecto prospectivo cuando impone un requisito de cumplimiento

estricto.

Sin

embargo,

cuando

se

trata

de

una

exigencia

jurisdiccional, que nace de una disposición clara y libre de

ambigüedad,

la

determinación

aplicación prospectiva.

no

puede

limitarse

a

una

COSVI v. CRIM, supra; Shell v. Srio.

Hacienda, supra.

III

A. Término para Notificar un Memorando de Costas

Con

el

fin

de

auscultar

la

naturaleza

del

término

dispuesto para notificar un memorando de costas, en primer

lugar, debemos evaluar si la letra de la ley es clara y, a su

vez, es cónsona con otras disposiciones pertinentes para, de

este

modo,

prudente.

obtener

un

resultado

coherente,

armonioso

y

De contestar en la afirmativa, nuestra encomienda

interpretativa

concluye,

ya

que

no

podemos

añadirle

a

un

AC-2014-0074

21

estatuto significados adicionales o alternos que no surgen de

éste.

La

Regla

44.1(b)

establece

claramente

conceder

las

costas,

la

prevaleciente

parte

que,

para

poder

presentará

y

notificará un memorando dentro del término de diez (10) días

de archivada la sentencia.

Es decir, para que este trámite

quede perfeccionado, se tiene que cumplir oportunamente con

ambos requisitos, a saber: presentar el memorando de costas

ante el tribunal y notificarlo a las demás partes.

Se trata

de dos (2) actos separados que tienen que realizarse dentro de

un mismo plazo.

Lo anterior debe analizarse en conjunto con la Regla 68.2

en tanto y en cuanto dispone expresamente que no se pueden

prorrogar los plazos para actuar bajo la Regla 44.1.

pues,

una

lectura

integral

de

ambas

reglas

nos

Así

lleva

a

concluir que el término de diez (10) días para presentar y

notificar un memorando de costas es igualmente jurisdiccional

y, consecuentemente, improrrogable, fatal e insubsanable.

No

existe

(2)

excepción

alguna

en

ninguna

de

estas

dos

disposiciones que exima a las partes de su fiel cumplimiento.

De ninguna manera puede interpretarse que estas reglas son

sugestivas,

directivas

o

prorrogables,

por

lo

que

su

acatamiento no queda a discreción de los litigantes ni del

tribunal.22

22

Nótese que las Reglas 44.1 y 68.2 operan en armonía con lo dispuesto en la

Regla 67.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2010). Así pues, un memorando de

costas se tiene que notificar oportuna y simultáneamente a las partes el mismo día

en que se sometió al tribunal.

AC-2014-0074

Ante

la

22

expresión

disposiciones

clara

del

legislador,

reglamentarias

no

permiten

interpretación.

las

citadas

otra

posible

En estas circunstancias, se torna innecesario

realizar un ejercicio de análisis comparativo con otras reglas

procesales análogas.

Ahora

Recurrida,

bien,

tanto

el

destacaron que

Tribunal

de

Apelaciones

en

que

el

la

existía una distinción pertinente

entre los incisos (b) y (c) de la Regla 44.1.

estriba

como

inciso

(c)

Esta diferencia

contiene

la

palabra

―jurisdiccional‖, mientras que el inciso (b) no la menciona.

Coligieron que, bajo el inciso (c), el legislador dispuso que

el

término

para

notificar

un

memorando

de

las

costas

incurridas a nivel apelativo es jurisdiccional, mientras que,

bajo el inciso (b), el plazo para notificar un memorando de

los

gastos

prorrogable.

Debemos

incurridos

en

el

foro

primario

debe

ser

Sus argumentos no nos convencen.

aclarar

específicamente

la

que

palabra

no

es

menester

que

―jurisdiccional‖

se

para

consigne

establecer

que un término es improrrogable, fatal e insubsanable.

Como

adelantáramos, la naturaleza jurisdiccional de un requisito

procesal puede desprenderse de la letra clara de la ley o por

implicación necesaria e inequívoca de la misma.

En este caso,

ésta surge expresamente de la Regla 68.2.

En ausencia de

alguna

bajo

disposición

en

contrario,

los

plazos

la

Regla

AC-2014-0074

44.1(b)

23

jurisdiccionales.23

son

Erró

el

Tribunal

de

Apelaciones al determinar lo contrario.24

Por

otro

lado,

la

señora

Rosario

argumentó

que

la

oposición del Gobierno fue inoportuna por haberse presentado

luego de expirado el plazo de diez (10) días para impugnar las

costas, según establecido en la Regla 44.1(b).25

No obstante,

como veremos, el propio Memorando de Costas fue notificado

fuera de término y, por lo tanto, no quedó perfeccionado.

Consecuentemente, cualquier objeción que tuviera el Gobierno

en

cuando

a

las

partidas

de

gastos

Sin

embargo,

le

Instancia

atender,

inicialmente

académica

e

innecesaria.

Tribunal

de

Primera

reclamadas

se

tornó

correspondía

y

al

con

prioridad, el planteamiento jurisdiccional levantado por el

Peticionario.

En

esa

línea,

la

Recurrida

arguyó

que

el

Gobierno

renunció a su objeción sobre la notificación fuera de término

del Memorando de Costas al no discutirlo suficientemente ante

el foro primario.

Por lo cual, entendió que el Peticionario

no podía levantar ese asunto jurisdiccional en alzada.

Como norma general, un tribunal revisor no debe atender

cuestiones que no fueron planteadas ante el foro primario.

23

Nótese que la Regla 68.2 establece que son improrrogables los términos

dispuestos en las Reglas 43.1, 44.1, 47, 48.2, 48.4, 49.2 y 52.2 de ese mismo

cuerpo de reglas.

No obstante, algunas de éstas contienen excepciones a la

naturaleza perentoria del precepto.

Por ejemplo, la Regla 47 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V (2010), dispone expresamente que el plazo para notificar una

moción de reconsideración es de cumplimiento estricto. Por su parte, la Regla 44.1

no contiene ese tipo de excepción.

24

Aclaramos que la ausencia de perjuicio para la otra parte no tiene el efecto

de subsanar el incumplimiento con un requisito jurisdiccional. Éstos son fatales e

irremediables, por lo que las partes deben cumplir con ellos indistintamente del

efecto, si alguno, que pueda tener su inobservancia.

25

Coincidimos con la señora Rosario en cuanto a que la Oposición a Memorando de

Costas no fue presentada oportunamente.

AC-2014-0074

24

E.L.A. v. Northwestern Selecta, 185 DPR 40 (2012).

Ahora

bien,

primeramente

presentó

este

Instancia.

aclaramos

señalamiento

que

el

Gobierno,

en

efecto,

ante

el

Tribunal

de

Primera

Además, y más importante aún, al tratarse de un

asunto jurisdiccional, podía levantarse en cualquier etapa de

los procedimientos, incluso en la apelativa y por el tribunal

motu proprio.

como

foro

Por lo tanto, no hay obstáculo que nos impida,

revisor,

atender

en

esta

etapa

el

asunto

jurisdiccional planteado por el Peticionario.

En el caso de marras, el foro primario dictó Sentencia el

27 de enero de 2014, la cual se notificó el 4 de febrero de

2014.

Por lo tanto, el término jurisdiccional de diez (10)

días para presentar y notificar el Memorando de Costas venció

el 14 de febrero de 2014.

A pesar de que el Memorando de

Costas de la señora Rosario arribó oportunamente por correo al

foro primario el 10 de febrero de 2014, no se le notificó al

Gobierno hasta el 25 de febrero de 2014.

Consecuentemente, se

incumplió con el requisito jurisdiccional de notificación de

diez

(10)

días,

según

establecido

en

nuestro

ordenamiento

procesal, para poder conceder las costas.

Debido a que los tribunales carecemos de discreción para

prorrogar los términos bajo la Regla 44.1, el foro primario no

tenía autoridad para atender el Memorando de Costas por éste

haber

sido

notificado

por

la

Recurrida

fuera

del

término

jurisdiccional para ello.

B. Aplicación Retroactiva o Prospectiva

Por

debe

último,

tener

debemos

efecto

resolver

retroactivo

o

si

nuestra

prospectivo.

determinación

La

señora

AC-2014-0074

Rosario

25

alegó

que

la ausencia de un precedente sobre este

asunto creó una incertidumbre en cuanto a la naturaleza del

plazo en cuestión.

Propuso que, del Tribunal determinar que

el término es de cumplimiento estricto, el presente dictamen

judicial sea aplicado prospectivamente.26

Anteriormente,

nuevas

normas

que,

hemos

aplicado

a

vez,

cumplimiento estricto.

E.L.A., supra.

su

de

manera

constituyen

prospectiva

requisitos

de

Febles v. Romar, supra; Lagares v.

No obstante, cuando estamos ante una exigencia

jurisdiccional que nace de una disposición clara y libre de

ambigüedad, no procede aplicarla prospectivamente.

CRIM, supra; Shell v. Srio. Hacienda, supra.

COSVI v.

Ante la letra

clara de las Reglas 44.1 y 68.2 en cuanto a la naturaleza

jurisdiccional

del

término

para

notificar

un

memorando

de

costas, no hay cabida para la aplicación prospectiva de esta

determinación.27

Además,

debemos

aclarar

que

la

presente

Opinión no tiene el propósito de desplazar una antigua norma

de derecho ni establecer una nueva.

explicar

el

estado

de

derecho

Meramente nos limitamos a

vigente.

En

consecuencia,

resolvemos que lo aquí expuesto tiene efecto retroactivo.28

IV

26

Nótese que, para extender los términos de cumplimiento estricto y los

prorrogables, la parte promovente tiene que satisfacer a cabalidad lo dispuesto en

la Regla 68.2. Véase a Hernández Colón, op. cit., Secs. 1803-1804a, págs. 199-202.

Es decir, tiene que solicitar una prórroga y acreditar la existencia de justa

causa.

En el presente caso, la señora Rosario no cumplió con ninguna de estas

exigencias.

27

El hecho de que no existiera un precedente específico sobre este asunto

previo a esta Opinión, no tiene el efecto de desvanecer un requisito jurisdiccional

establecido en nuestras reglas procesales.

28

Excluidos, claro está, aquellos asuntos que hayan advenido ya finales y

firmes.

AC-2014-0074

De

la

26

discusión

que

antecede,

se

desprende

que

el

Tribunal de Apelaciones erró al determinar que el término de

diez (10) días para notificar un memorando de costas a las

demás

partes

no

era

jurisdiccional.

plazo

es

de

naturaleza

privó

al

foro

primario

Concluimos

jurisdiccional

y

de

para

autoridad

su

que

dicho

incumplimiento

atender

dicho

escrito.

V

A

base

de

lo

anterior,

se

revoca

la

Tribunal de Apelaciones de 30 de junio de 2014.

Sentencia

del

Por lo tanto,

no proceden las partidas reclamadas por la Recurrida en el

Memorando de Costas por éste haber sido notificado fuera de

término.

Se dictará Sentencia de conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Tania L. Rosario Domínguez

et als.

Recurridos

v.

AC-2014-0074

Estado Libre Asociado

Puerto Rico et al.

Certiorari

de

Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede,

la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia,

se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 30 de

junio de 2014.

Por lo tanto, no proceden las partidas

reclamadas por la parte recurrida en el Memorando de Costas

por éste haber sido notificado fuera de término.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió

una Opinión Concurrente a la que se unieron la Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón

Pérez.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Tania L. Rosario Domínguez

y otros

Recurridos

v.

AC-2014-0074

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico y otros

Peticionarios

Opinión concurrente emitida por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

a la cual se unen la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y el

Juez Asociado señor Colón Pérez

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017.

La

Opinión

mayoritaria

resuelve

que

la

notificación del memorando de costas a las demás

partes, dentro de un término de diez días, es un

requisito jurisdiccional. Reconozco que esa es una

lectura razonable de la Regla 68.2 de Procedimiento

Civil,

32

LPRA

consideraciones

mueven

a

Ap.

V,

R.

históricas

concluir

que

68.2.

y

la

de

No

obstante,

hermenéutica

Regla

no

tiene

me

tal

alcance. Así, sostengo que la notificación debe ser

un

requisito

de

cumplimiento

estricto,

sin

el

automatismo atado a los términos jurisdiccionales.

I

La controversia de este caso es una de intención y

claridad.

La

Opinión

mayoritaria

cita

correctamente

AC-2014-0074

nuestra

2

jurisprudencia

sobre

los

términos

jurisdiccionales,

particularmente aquella ocasión que expresamos que ―[d]ebido a las

graves consecuencias que acarrea el determinar que un término es de

naturaleza

jurisdiccional,

hemos

claramente

la

del

intención

expresado

legislador

que

de

debe

surgir

imponerle

esa

característica al término‖. Cruz Parilla v. Depto. Vivienda, 184

DPR 393, 403-404 (2012) (énfasis suplido). Establecido lo anterior,

el

problema

no

es

cuál

doctrina

o

jurisprudencia

rige

esta

controversia, sino dónde podemos encontrar esa intención clara del

legislador.

Los jueces que componen la mayoría encuentran esa intención en

el texto. Argumentan que cuando la Regla 68.2 de Procedimiento

Civil establece que los plazos para actuar bajo las disposiciones

de

las

Reglas

adicionales),

43.1

44.1

(enmiendas

(memorando

o

de

determinaciones

costas),

47

iniciales

o

(reconsideración),

48.2 (nuevo juicio), 48.4 (nuevo juicio a iniciativa del tribunal),

49.2

(relevo

certificación)

de

sentencia)

y

52.2

son

improrrogables,

esto

(apelación,

certiorari

incluye

fines

–para

y

del

memorando de costas- tanto la presentación como la notificación.

Por consiguiente, como el requisito de notificación del memorando

de costas está incluido en la Regla 44.1, ese requisito también es

jurisdiccional.

Considero

que

metodológicamente

esta

en

el

lectura

Artículo

textualista,

14

del

Código

apoyada

Civil,

31 LPRA sec. 14, le atribuye al ―legislador‖ la intención

AC-2014-0074

3

expresa, clara y libre de ambigüedades de que la notificación del

memorando de costas también sea improrrogable.29 Estimo que otras

metodologías hermenéuticas ponen en duda que la ―clara intención

del legislador‖ era que el término de notificar el memorando de

costas

también

fuese

jurisdiccional.30

A

continuación,

discutiré

brevemente cada una de estas perspectivas.

A. Perspectiva histórica

De un trasfondo histórico de la Regla 68.2 se desprende que no

está claro que la intención era que la notificación del memorando

de

costas

fuese

jurisdiccional.

Al

aprobarse

las

Reglas

de

Procedimiento Civil en 1958 se utilizaron como referente las Reglas

de Procedimiento Civil federal vigentes en ese momento. Así, la

Regla 68.2 de 1958, virtualmente idéntica a la actual Regla 68.2,

siguió como modelo la Regla 6(b) federal. La Regla 68.2 disponía:

Cuando por estas reglas o por una notificación

dada en virtud de sus disposiciones, o por una

orden

del

tribunal

se

requiera

o

permita

la

realización de un acto en o dentro de un plazo

especificado, el tribunal po drá, por justa causa,

en cualquier momento y en el ejercicio de su

discreción, (1) previa moción o notificación o sin

ellas, ordenar que se prorrogue el término si así

se

solicitare

antes

de

expirar

el

término

originalmente prescrito o según prorrogado por

orden

anterior,

o

(2)

a

virtud

de

moción

presentada después de haber expirado el plazo

especificado, permitir que el acto se realice si

la omisión se debió a negligencia excusable, pero

no podrá prorrogar o reducir el plazo para actuar

bajo las disposicio nes de las Reglas 43.2

29

Como veremos más adelante, fue este Tribunal quien incorporó la Regla de

memorando de costas a la Regla 68.2. Que el legislador haya aprobado esta

enmienda no quita que resulte problemático atribuirle la intención a la Asamblea

Legislativa.

30

Para un resumen breve de estas metodologías véase José Trías Monge, Teoría de

Adjudicación, San Juan, Ed. de la Universidad de Puerto Rico, 2008, págs. 413419.

AC-2014-0074

4

[enmiendas a

las

determinaciones

del

tribunal],

47 [reconsideración], 48.2 [nuevo juicio], 48.4 [nuevo

juicio a iniciativa del tribunal], 49.2 [relevo de

sentencia], 53.1 [presentación de apelación, recurso de

revisión

y

certificación]

y

53.3

[requisitos

y

notificación del recurso de revisión], excepto al extremo

y bajo las condiciones en éstas prescritos. Regla 68.2 de

Procedimiento Civil de 1958.

Ésta

reconocía,

como

norma

general,

que

el

tribunal

tenía

discreción para prorrogar un término si existía justa causa. Como

excepción

a

improrrogable,

lo

anterior,

ciertas

de

modo

su

que

reglas

inclusión

al

tendrían

carácter

final

la

de

Regla

implicaba que eran excluidas de la norma general.

Ahora bien, conviene resaltar que las Reglas 43.2, 47, 48.2,

49.2 y 53.1 solo requerían la presentación de los recursos dentro

de un determinado plazo, no su notificación a las demás partes. El

requisito de notificación surgía, más bien, de la Regla 67.1 de

Procedimiento Civil de 1958 (―toda moción escrita que no pueda ser

oída ex parte, se notificará[] a cada una de las partes afectadas

por

las

mismas‖).

Por

otro

lado,

la

única

Regla

que

requería

expresamente la notificación disponía: ―El recurrente notificará la

presentación

de

la

solicitud

de

revisión

a

todas

las

partes

contrarias, dentro del término para solicitar dicha revisión, en la

forma prescrita en la Regla 67‖. Regla 53.3 de Procedimiento Civil

de 1958. Por consiguiente, el efecto de la Regla 68.2 era que la

presentación

de

ciertas

solicitudes,

no

la

notificación,

tuvieran carácter jurisdiccional. La única excepción a lo

AC-2014-0074

anterior

era

5

la

Regla

53.3,

la

cual

regulaba

la

solicitud

de

revisión ante un foro apelativo.

Por otro lado, llama la atención que en sus inicios la Regla

68.2 no incluía la presentación del memorando de costas, mucho

menos

su

notificación.

Esto,

a

procedimiento

estaban

recogidos

Procedimiento

Civil

1958

de

pesar

de

en

entonces

(―La

la

parte

que

que

su

concesión

Regla

reclame

el

y

44.4

de

pago

de

costas presentará al tribunal y notificará a la parte contraria,

dentro del término de 10 días contados a partir del archivo en

autos copia de la notificación de la sentencia, una relación o

memorándum de todas las partidas de gastos y desembolsos necesarios

incurridos durante la tramitación del pleito o procedimiento‖).

Posteriormente, en 1958 y 1960, se celebraron la Primera y la

Segunda Conferencia Judicial de Puerto Rico. En éstas el Comité de

Procedimiento

Civil

discutió

varias

enmiendas

a

las

Reglas

de

Procedimiento Civil recién constituidas. No obstante, en el Segundo

Informe del Comité de Procedimiento Civil al Hon. Tribunal Supremo,

con fecha de 8 de octubre de 1960, la enmienda propuesta a

la Regla 68.2 no sugería incluir la Regla 44.4, es decir,

la

Regla sobre

el

memor ando

de

costas.

Fue

este

Tribunal

quien, mediante Resolución del 24 de enero de 1961, decidió

incluir

el

memorando

de

costas

(44.4)

a

las

excepciones

establecidas en la Regla 68.2. No obstante, este Tribunal no se expresó

AC-2014-0074

sobre

si

6

la

notificación

requerida

por

la

Regla

44.4

también

tendría carácter improrrogable.

Mediante la Resolución de este Tribunal, se añadió la Regla de

memorando de costas a la lista de actos ante el foro primario que

no pueden ser prorrogados. Esta lista incluía las solicitudes de

enmiendas

a

las

determinaciones

del

tribunal,

reconsideración,

nuevo juicio y relevo de sentencia. Según vimos, la Regla 68.2 solo

tenía el efecto de hacer improrrogable los términos para presentar

esas mociones ante el foro primario, pues las notificaciones no

eran requeridas. En cambio, las Reglas sobre recursos ante los

tribunales apelativos tenían oraciones que establecían con mayor

claridad el requisito de notificación.

Con lo anterior pretendo resaltar que no está claro si, al

incluir la Regla 44.4 a la Regla 68.2 en el 1961, pretendíamos

establecer

de

notificación

forma

del

expresa

memorando

de

y

libre

de

costas

era

ambigüedades

también

un

que

la

requisito

jurisdiccional. En ausencia de tal claridad, me parece problemático

recurrir al Artículo 14 del Código Civil, supra, para concluir –

mediante

una

lectura

textualista-

que

la

legislador

era

tuvieran

carácter

memorando

de

tanto

requería

la

clara

presentación

jurisdiccional.

costas

que

Si

tanto

como

bien

la

la

intención

la

del

notificación

disposición

presentación

como

de

la

notificación, lo cierto es que el alcance principal de la Regla

68.2

era

que

la

presentación

–no

la

notificación-

solicitudes al tribunal fueran improrrogables.

de

ciertas

AC-2014-0074

7

B. Perspectiva analógica y sistemática

Un análisis histórico de la Regla 68.2 no ofrece una respuesta

evidente sobre cuál fue la intención de este Tribunal al incluir la

Regla

de

memorando

de

costas,

específicamente

en

cuanto

a

su

notificación a las demás partes. Sin embargo, resulta interesante

que –al momento de adoptarse la Regla 68.2- solo era improrrogable

la

presentación

de

las

mociones

al

foro

primario,

no

la

notificación. Dicha distinción se mantiene actualmente, salvo por

lo resuelto hoy por este Tribunal. Así ocurre con las solicitudes

de

enmiendas

43.1),

o

determinaciones

reconsideración

(Regla

iniciales

47),

nuevo

o

adicionales

juicio

(Regla

(Regla

48.2)

y

relevo de sentencia (Regla 49.2). Reglas 43.1, 47, 48.2 & 49.2 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 43.1, 47, 48.2 y 49.2.

Cónsono

con

lo

anterior,

lo

más

coherente

sería

que

la

notificación del memorando de costas también sea un requisito de

cumplimiento estricto. Reconozco que hay diferencias entre estas

Reglas,31

pero

mediante

cuestionar

nuevamente

notificación

del

jurisdiccional.

De

una

que

la

interpretación

intención

memorando

de

hecho,

lectura

una

costas

analógica

podemos

clara

fuese

sea

un

requisito

o

integrista

sistemática

que

la

sugiere que lo más armonizable con nuestro ordenamiento procesal es

que la notificación del memorando de costas sea meramente un

31

Por ejemplo, las Reglas 43.1 y 47 disponen expresamente que la presentación es

un requisito jurisdiccional, mientras que la notificación es un requisito de

cumplimiento escrito. Por otro lado, las Reglas 48.2 y 49.2 solo establecen un

término para presentar las solicitudes. Estos términos son jurisdiccionales por

virtud de la Regla 68.2. A su vez, no exigen su notificación, la cual es

requerida por virtud de la Regla 67, 32 LPRA Ap. V, R. 67. De tal modo, la Regla

44.1 de memorando de costas es la única que incluye expresamente su presentación

y notificación.

AC-2014-0074

requisito

8

de

cumplimiento

estricto.

Esto,

pues,

no

hay

justificación alguna para distinguir el memorando de costas de las

demás solicitudes que se presentan ante el Tribunal de Primera

Instancia y cuya notificación es de cumplimiento estricto.

C. Perspectiva teleológica

Por otro lado, conviene analizar cuál propósito –si algunojustifica

otorgar

carácter

jurisdiccional

a

la

notificación

del

memorando de costas. Hemos expresado que la concesión de costas

tiene un carácter reparador para la parte prevaleciente, pues su

derecho

―no

debe

quedar

menguado

por

los

gastos

que

tuvo

que

incurrir sin su culpa y por culpa del adversario‖. J.T.P. Dev.

Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 456, 460 (1992). De ahí que

la

imposición

de

costas

a

favor

de

la

parte

victoriosa

sea

mandatoria, siempre y cuando cumpla con los requisitos procesales.

Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 880, 926 (2012).

A

mi

juicio,

establecer

como

requisito

jurisdiccional

la

notificación del memorando de costas no adelanta los propósitos

antes

mencionados.

Al

contrario,

su

consecuencia

es

eliminar la facultad del tribunal de otorgar las costas

cuya

función

es

reparadora -

si

no

se

notificó

término. De modo que la interpretación del Tribunal

en

–

ese

AC-2014-0074

dificulta

9

innecesariamente

la

concesión

de

costas

en

nuestro

ordenamiento.

En síntesis, la postura mayoritaria se ampara del

requisito

dual de la Regla 44.1 y de la Regla 68.2 para establecer que la

notificación también es jurisdiccional. A mí, en cambio, me resulta

problemático

histórica,

aceptar

integral

tal

y

conclusión.

funcional

de

Considero

las

Reglas

que

una

lectura

de

Procedimiento

Civil y nuestra flexibilidad con respecto a las notificaciones, nos

invitaban a apartarnos del automatismo asociado a los requisitos

jurisdiccionales.

Por

consiguiente,

resolvería

que

solo

la

presentación del memorando de costas tiene carácter jurisdiccional.

II

Por otra parte, me preocupa que el Tribunal otorgue carácter

retroactivo a la norma adoptada. No me convence la postura de que

la ―disposición es clara y libre de ambigüedad‖ y que el análisis

se limita a ―explicar el estado de derecho vigente‖.32 Todo lo

contrario.

La

Opinión

mayoritaria

establece

un

requisito

jurisdiccional nuevo en nuestro ordenamiento, a pesar de que las

normas reglamentarias aplicables han permanecido prácticamente

inalteradas por cincuenta y seis años. Es decir, desde 1961 podíamos

resolver que la notificación del memorando de costas a la otra

parte era un requisito jurisdiccional. Sin embargo, no lo hicimos.

Además, ninguno de los académicos consultados ha caracterizado la

32

Opinión mayoritaria, pág. 26.

AC-2014-0074

notificación

10

del

memorando

de

costas

como

un

requisito

jurisdiccional.33

Otro factor que contribuye a la falta de claridad en la norma

es que la Regla 44.1(c) dispone expresamente que es jurisdiccional

tanto la presentación como la notificación del memorando de costas

cuando la parte prevalece por orden del tribunal apelativo. Regla

44.1(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1(c) (―La

parte a cuyo favor un tribunal apelativo dicte sentencia presentará

en la sala del Tribunal de Primera Instancia que decidió el caso

inicialmente y notificará a la parte contraria, dentro del término

jurisdiccional de diez (10) días contados a partir de la devolución

del

mandato

.

.

.‖.)

44.1(b),

supra,

requiere

―presentar[]

(énfasis

pertinente

al

a

suplido).34

esta

tribunal

En

cambio,

controversia,

y

notificar[]

la

Regla

simplemente

a

la

parte

contraria, dentro del término de diez (10) días contados a partir

del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia‖.

Dicho de otro modo, según la Regla 44.1, la notificación solo deberá ser

33

Véanse J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs.

J.T.S., 2011, T. V, pág. 1908 (reconociendo como jurisdiccional la presentación

del memorando de costas); R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico:

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, sec. 1804, pág.

201 (donde se presenta una lista de términos improrrogables y se incluye la

presentación del memorando de costas, mas no la notificación); J. Echevarría

Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, Colombia, [s. Ed.], 2010, pág. 333

(incluyendo solo la presentación del memorando de costas, no la notificación,

dentro de la lista de términos improrrogables); C.R. Urrutia de Basora & L.M.

Negrón Portillo, Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico: Preguntas y

Respuestas, Ed. Situm, 2005, pág. 340 (―¿en cuáles reglas específicas el tribunal

no podrá prorrogar o reducir el plazo para actuar? . . . regla 44.1 (presentación

u oposición del memorando de costas)‖).

34

Véase Ley Núm. 249-1995 (donde se enmendó la Regla de memorando de costas para

atemperarla a la creación del tribunal apelativo intermedio y se aclaró que la

presentación y notificación del memorando de costas, luego de la revocación del

foro apelativo, sería jurisdiccional).

AC-2014-0074

11

un requisito jurisdiccional en casos donde la parte prevalezca por

virtud de una sentencia del tribunal apelativo.

Por todo lo anterior, me parece erróneo otorgarle carácter

retroactivo

bajo

el

pretexto

de

que

el

Tribunal

se

limita

a

explicar una norma clara y libre de ambigüedades.

III

Ahora bien, como bien señala la Opinión mayoritaria,

aun si

fuéramos a resolver que el término es uno de cumplimiento estricto,

la parte recurrida no presentó justa causa para notificar fuera del

término. Presentó el memorando el 5 de febrero de 2014, pero no fue

hasta el 25 de febrero de 2014 que notificó el mismo a la parte

contraria. Como justificación se limitó a expresar que fue una

inadvertencia, producto de su carga de trabajo antes de salir de

viaje fuera de Puerto Rico. Esto no constituye justa causa. Por lo

tanto, la recurrida no cumplió con el requisito de notificación de

cumplimiento estricto. En consideración a lo anterior, concurro con

el resultado alcanzado por este Tribunal.

IV

Al

igual

que

la

Opinión

mayoritaria

revocaría

el

dictamen

recurrido, pero por los fundamentos anteriormente expuestos.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta