Tribunal Supremo de Puerto Rico
Derecho Procesal Civil: Carácter jurisdiccional del término para notificar un memorando de costas a las partes, conforme las Reglas 44.1 y 68.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.
2017 TSPR 90
Poder Judicial de Puerto Rico
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Derecho Procesal Civil: Carácter jurisdiccional del término para notificar un memorando de costas a las partes, conforme las Reglas 44.1 y 68.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.
AC-2014-74
Rosario Domínguez v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Tania L. Rosario Domínguez,
et als.
Certiorari
Recurridos
2017 TSPR 90
v.
198 DPR ____
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico et al.
Peticionarios
Número del Caso: AC-2014-74
Fecha: 31 de mayo de 2017
Tribunal de Apelaciones:
Judicial de San Juan y Guayama
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray
Procuradora General
Lcda. Jannelle M. Laforet Matos
Procuradora General Auxiliar
Abogados de la parte Recurrida:
Lcdo. Héctor Collazo Maldonado
Lcdo. José Velázquez Ortiz
Lcda. Maribel Sánchez Muñoz
Lcdo. Javier Aponte Reyes
Materia: Derecho Procesal Civil- Carácter jurisdiccional del término
para notificar un memorando de costas a las partes, conforme las Reglas
44.1 y 68.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Tania L. Rosario Domínguez
et als.
Recurridos
v.
AC-2014-0074
Estado Libre Asociado
Puerto Rico et al.
Certiorari
de
Peticionarios
Opinión del Tribunal
FELIBERTI CINTRÓN
emitida
por
el
Juez
Asociado
SEÑOR
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017.
Anteriormente hemos sostenido que, conforme a las Reglas
44.1 y 68.2 de Procedimiento Civil, infra, el plazo de diez
(10) días que tiene una parte prevaleciente en un pleito para
presentar
un
memorando
jurisdiccional.1
de
costas
es
de
naturaleza
Ahora bien, el caso de epígrafe nos permite
aclarar el estado de derecho en cuanto a la naturaleza del
término
de
diez
(10)
días
costas a las demás partes.
para
notificar
un
memorando
de
En particular, debemos determinar
si dicho plazo es de carácter jurisdiccional o si, en cambio,
es
de
cumplimiento
estricto
y
prorrogable.
Tras
evaluar
integralmente la letra clara de las Reglas 44.1 y 68.2 de
Procedimiento
1
Civil,
infra,
precisamos
que
el
término
para
Véanse: Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170 (2008); Comisionado
v. Presidenta, 166 DPR 513 (2005); Medio Mundo, Inc. v. Rivera, 154 DPR 315 (2001);
Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 DPR 1 (1990); Piñero v. Martínez Santiago, 104
DPR 587 (1976), y Pereira v. I.B.E.C., 95 DPR 28 (1967).
AC-2014-0074
2
notificar
un
memorando
igualmente
jurisdiccional
fatal e insubsanable.
de
costas
y,
por
a
las
demás
lo
tanto,
partes
es
improrrogable,
Veamos.
I
El
11
de
octubre
de
2010,
la
Sra.
Tania
L.
Rosario
Domínguez, por sí y en representación de su hijo menor de
edad, A.A.R. (señora Rosario o Recurrida), inició el caso de
autos
mediante
perjuicios.
la
presentación
de
una
demanda
de
daños
y
El 27 de enero de 2014, el Tribunal de Primera
Instancia dictó una Sentencia en la que declaró Ha Lugar dicha
causa de acción y condenó a las partes codemandadas2 al pago de
honorarios
de
Recurrida.
Ésta se notificó el 4 de febrero de 2014.
El
5
de
abogado,
febrero
costas
de
2014,
e
la
intereses
señora
a
favor
Rosario
de
la
envió
un
Memorando de Costas por correo certificado dirigido al foro
primario
y
reclamó
$24,347.19
tramitación del litigio.
en
gastos
incurridos
en
la
En el documento, su representante
legal certificó que, ese mismo día, notificó el escrito a las
demás partes en el caso.
Oportunamente, el 10
de
febrero
de 2014, el Tribunal de Primera Instancia recibió el escrito.
El 24 de febrero de 2014, el foro primario le ordenó a
las otras partes que fijaran su posición en torno al Memorando
de Costas.3
Profesionales
El 7 de marzo de 2014, el codemandado, Servicios
Integrados
a
la
Salud,
Inc.
(SPIS,
2
Entre las partes codemandadas figuran: Servicios Profesionales Integrados a
la Salud, Inc. y el Gobierno de Puerto Rico (Gobierno).
3
El 13 de marzo de 2014, el Gobierno solicitó una prórroga para cumplir con
tal orden.
AC-2014-0074
3
Inc.) presentó su Moción en Objeción a Memorando de Costas y
arguyó que éstas se debían limitar a $7,536.33.
Con el beneficio del escrito de SPIS, Inc., el 12 de
marzo de 2014, el foro primario emitió una Resolución en la
que declaró Ha Lugar ciertas partidas del Memorando de Costas.
Ésta se notificó el 17 de marzo de 2014.
Posteriormente, el 19 de marzo de 2014, el Gobierno de
Puerto Rico (Gobierno o Peticionario) sometió su Oposición a
Memorando de Costas en la cual objetó algunas de las sumas
reclamadas.
Además,
señaló
que
la
señora
Rosario
no
le
notificó oportunamente el Memorando de Costas, según requiere
la
Regla
44.1
de
Procedimiento
Civil,
solicitó que se denegara el mismo.4
Tribunal
de
Primera
Instancia
infra,
por
lo
que
El 28 de marzo de 2014, el
determinó
que
la
referida
oposición fue presentada fuera de término y que no había nada
que proveer.
Inconforme,
el
31
de
marzo
de
2014,
el
Peticionario
sometió una Moción de Reconsideración en la que reiteró que la
Recurrida no le notificó el Memorando de Costas dentro del
término jurisdiccional de diez (10) días provisto para ello.
Sostuvo
que
considerar
4
el
el
foro
primario
mencionado
carecía
escrito
y
de
autoridad
conceder
las
para
costas
De los autos surge que la Oposición a Memorando de Costas estaba acompañada
de unos documentos dirigidos a acreditar que la notificación del Memorando de
Costas se efectuó el 25 de febrero de 2014.
AC-2014-0074
4
solicitadas.5
No
obstante,
dicho
foro
no
atendió
el
planteamiento jurisdiccional del Gobierno.6
Así las cosas, el 9 de mayo de 2014, el Peticionario
presentó
una
Apelaciones.
el
Petición
de
de
ante
el
Tribunal
de
Entre otras cosas, sostuvo que, al notificarse
Memorando de Costas
carecía
Certiorari
autoridad
fuera de término, el foro primario
para
conceder
las
costas
reclamadas.
Consecuentemente, solicitó la revocación de la determinación
del Tribunal de Primera Instancia aprobando el Memorando de
Costas.7
El 10 de junio de 2014, la Recurrida se opuso al recurso
ante el foro apelativo intermedio.
En apoyo a su posición,
planteó que:
Por razones que atribuimos a una inadvertencia
motivada por el cúmulo de asuntos que atender a
última hora, antes de salir de viaje fuera de
Puerto Rico, dicho Memorando de Costas no fue
notificado coetáneamente a la parte demandada.
Ello se hizo el 25 de febrero de 2014.
Fue
entonces que, aun fuera de la Isla y ante un correo
de
su
distinguida
representación
profesional,
instruimos a nuestra asistente a remitírselo a las
partes adversas por correo electrónico.
(Énfasis
nuestro y subrayado en el original).
Oposición a
Solicitud de Certiorari de la señora Rosario de 10
de junio de 2014, págs. 2-3.
El 30 de junio de 2014, el Tribunal de Apelaciones dictó
Sentencia.
Procedimiento
Explicó que el inciso (c) de la Regla 44.1 de
Civil,
infra,
establece
taxativamente
que
el
5
En la alternativa, alegó que ciertas partidas concedidas como costas eran
excesivas e improcedentes, por lo que solicitó que se reconsiderara la aprobación
de las mismas.
6
El Tribunal de Primera Instancia se limitó a modificar, mediante Resolución
de 8 de abril de 2014, la concesión de algunas partidas del Memorando de Costas.
7
En la alternativa, arguyó que ciertas partidas del Memorando de Costas eran
improcedentes.
AC-2014-0074
término
de
5
diez
(10)
días
para
presentar
un
memorando
de
costas y notificarlo a las demás partes en la etapa apelativa
es jurisdiccional.
Sin embargo, determinó que, cuando una
parte resulta victoriosa en el foro primario, el plazo de diez
(10) días para presentar y notificar un memorando de costas no
es jurisdiccional.
Fundamentó su decisión en el hecho de que,
a diferencia del inciso (c), el inciso (b) de la referida
Regla 44.1 no contiene la palabra ―jurisdiccional‖.
Añadió
que el Gobierno no resultó perjudicado por la notificación
tardía del Memorando de Costas debido a que pudo oponerse al
mismo.
Finalmente, dispuso que tampoco se violó el debido
proceso de ley ya que el Peticionario tuvo la oportunidad de
impugnar
las
costas
mediante
su
Moción
de
Reconsideración
una
Moción
presentada ante el foro primario.8
El
Gobierno
sometió
entonces
de
Reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones y reiteró sus
argumentos.
La misma fue declarada No Ha Lugar.
Inconforme,
epígrafe.
el
Peticionario
presentó
el
recurso
de
Señaló que la Regla 68.2 de Procedimiento Civil,
infra, dispone que no se pueden prorrogar los plazos provistos
en
la
Regla
44.1
de
Procedimiento
Civil,
Consecuentemente,
arguyó
que
dicho
es
jurisdiccional.
Reiteró que la señora Rosario notificó el
término
de
infra.
carácter
Memorando de Costas luego de vencido el término improrrogable
de diez (10) días establecido en las citadas reglas.
8
Por lo
Por otra parte, el foro apelativo intermedio modificó la Resolución del
Tribunal de Primera Instancia para establecer que la partida #9 del Memorando de
Costas debía ser satisfecha, únicamente, por la parte codemandada, Servicios
Profesionales Integrados a la Salud, Inc.
AC-2014-0074
6
cual, planteó que erraron los foros inferiores al considerar
un Memorando de Costas que fue notificado fuera de término.9
El 12 de diciembre de 2014, emitimos Resolución acogiendo
el recurso de epígrafe como certiorari y expidiendo el auto
solicitado.
El 27 de mayo de 2015, la Recurrida sometió entonces su
alegato
en
el
que
indicó
que
el
Memorando
notificó al Gobierno el 25 de febrero de 2014.
de
Costas
se
Manifestó que
el Peticionario se demoró veintidós (22) días en presentar su
Oposición a Memorando de Costas, a pesar de que el plazo para
impugnar era de diez (10) días, según dispuesto en la Regla
44.1(b) de Procedimiento Civil, infra.
Además, alegó que el
Gobierno no planteó, adecuada y suficientemente, ante el foro
primario, que el Memorando de Costas fue notificado fuera de
término, por lo que no podía presentar esta nueva teoría en la
etapa apelativa.
También reiteró los argumentos expuestos en
la Sentencia del Tribunal de Apelaciones en cuanto a que: el
foro primario tuvo la oportunidad de considerar las objeciones
del
Gobierno;
no
hubo
perjuicio
por
el
retraso
en
la
notificación, y se cumplió con el debido proceso de ley.
En relación a la naturaleza del término para notificar un
memorando de costas, la señora Rosario también coincidió con
la determinación del Tribunal de Apelaciones en cuanto a que,
a diferencia del inciso (c) de la Regla 44.1 de Procedimiento
Civil,
infra,
el
inciso
(b)
de
la
referida
disposición
procesal no lo califica expresamente como uno jurisdiccional.
9
En la alternativa, propuso que, de considerar que el término para notificar
un memorando de costas es de cumplimiento estricto, la señora Rosario tenía que
establecer justa causa para que el foro primario pudiera prorrogar el plazo.
AC-2014-0074
7
En esa línea, destacó que tampoco existía un precedente de
este foro que lo estableciera como de carácter jurisdiccional.
Así
pues,
propuso
que,
cumplimiento estricto.
a
lo
sumo,
dicho
plazo
es
de
De ser así, solicitó que apliquemos
prospectivamente nuestra determinación al respecto.
Con
el
beneficio
de
la
comparecencia
de
las
partes,
resolvemos.
II
A. Interpretación Judicial de las Leyes
El Art. 14 del Código Civil, 31 LPRA sec. 14 (2015),
establece que, ―[c]uando la ley es clara [y] libre de toda
ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el
pretexto de cumplir su espíritu‖.
texto
constituye
legislativa.
la
mejor
En ese caso, su propio
expresión
de
la
intención
COSVI v. CRIM, 193 DPR 281 (2015); Shell v.
Srio. Hacienda, 187 DPR 109 (2012); Cruz Parrilla v. Depto.
Vivienda, 184 DPR 393 (2012).
No
obstante,
debemos
si
interpretar
el
la
lenguaje
ley
con
es
el
verdadera intención del legislador.
ambiguo
o
impreciso,
objetivo
de
acatar
la
Ríos Martínez v. Comisión
Local de Elecciones de Villalba, 2016 TSPR 188, 196 DPR ___
(2016); COSVI v. CRIM, supra.
Así pues, como parte de nuestra
labor interpretativa, estamos llamados a llenar las lagunas en
la
ley
y
armonizar
los
estatutos
aplicables
que
estén
en
conflicto, con el propósito de ―obtener un resultado sensato,
lógico
y
razonable‖.
Ríos
Martínez
v.
Comisión
Elecciones de Villalba, supra.
B. Jurisdicción Sobre la Materia
Local
de
AC-2014-0074
La
8
jurisdicción
sobre
la
materia
es
la
autoridad
que
tiene un foro adjudicativo para atender y resolver determinada
controversia o asunto sobre un aspecto legal.
Ríos Martínez
v. Comisión Local de Elecciones de Villalba, supra; Rivera
Marcucci et al. v. Suiza Dairy Inc. et als., 2016 TSPR 172,
196 DPR ___ (2016); Shell v. Srio. Hacienda, supra.
Las
cuestiones
relativas
a
la
jurisdicción
sobre
la
materia pueden considerarse, a solicitud de parte o por el
tribunal
motu
proprio,
en
cualquier
etapa
de
los
procedimientos, incluso en la apelativa.
Ríos Martínez v.
Comisión
supra;
Srio.
Local
de
Hacienda,
(2005).10
Éstas
cualesquiera
Elecciones
supra;
ser
Ríos
tiene
jurisdicción
Martínez
consideración,
no
podrá
para
A.A.A.,
v.
con
164
Shell
v.
DPR
663
preferencia
Comisión
Local
a
de
Si un tribunal concluye que
adjudicar
atenderlo
determinación será nula.
v.
resueltas
Elecciones de Villalba, supra.11
no
Villalba,
Souffront
deberán
otras.
de
ya
el
que,
asunto
de
ante
su
hacerlo,
su
Ríos Martínez v. Comisión Local de
Elecciones de Villalba, supra; COSVI v. CRIM, supra.
C. Cumplimiento con los Términos Prescritos en Nuestro
Ordenamiento Procesal
Como
norma
general,
las
reglas
procesales
no
son
renunciables, por lo que las partes tienen que ejecutar los
procedimientos prescritos para poder obtener una determinación
de un órgano jurisdiccional adjudicativo.
10
R. Hernández Colón,
Véase, además, J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da
ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. I, pág. 182.
11
Íd.
AC-2014-0074
9
Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 5ta
ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, Sec. 308, pág. 24.12
Así
pues, debemos tener presente que:
La ley adjetiva y las Reglas de Procedimiento
Civil, cuando son aplicables, tienen fuerza de ley
y los que acuden a las cortes de justicia en
solicitud de remedios están obligados a seguirlas
mientras se hallan vigentes.
Los Tribunales no
pueden enmendar libremente estas reglas sin seguir
el trámite dispuesto para ello. (Citas internas
omitidas). J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho
procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011,
T. V, pág. 1897.
Nuestro
ordenamiento
procesal
establece,
además,
que
determinados actos deben realizarse dentro del correspondiente
término dispuesto para ello.13
1801,
pág.
197.
Véase,
Vivienda, supra.
Hernández Colón, op. cit., Sec.
además,
Cruz
Parrilla
v.
Depto.
A esos efectos, existen distintos tipos de
términos, a saber: discrecionales; directivos; de cumplimiento
estricto, y jurisdiccionales.
B.B.V. v. E.L.A., 180 DPR 681
(2011), citando a Hernández Colón, op. cit., Sec. 1801, pág.
197.
Dependiendo de la naturaleza del plazo, su inobservancia
conllevará alguna sanción que podrá ―fluctuar desde que un
juez
resuelva
un
incidente
sin
contar
con
determinado
argumento, hasta la pérdida de algún derecho‖.
B.B.V. v.
E.L.A., supra, pág. 688, citando a Hernández Colón, op. cit.,
Sec. 1801, pág. 197.
12
A esos fines, hemos expresado que, al ejercer nuestro deber de administrar la
justicia, no podemos dejar ―al arbitrio de los abogados decidir qué disposiciones
reglamentarias deben acatarse y cuándo‖. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84,
91 (2013), citando a Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 125 (1975).
Véase, además, Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 130 (1998).
13
Un término es un ―plazo concedido por ley para realizar determinado acto
procesal‖. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal
civil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, Sec. 1801, pág. 197.
Véase,
además, Rivera Marcucci et al. v. Suiza Dairy Inc. et als., 2016 TSPR 172, 196 DPR
___ (2016).
AC-2014-0074
10
Primeramente,
naturaleza
los
términos
improrrogable,
por
lo
jurisdiccionales
que
no
están
son
de
sujetos
a
interrupción o cumplimiento fuera de término, ―[…] no importa
las
consecuencias
procesales
que
su
expiración
provoque‖.
Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, supra, pág. 403, citando a
Hernández Colón, op. cit., Sec. 1804, pág. 201.14
Debido a que
son improrrogables, fatales e insubsanables, estos plazos no
se pueden acortar ni extender.15
Co.,
174
DPR
793
(2008);
Insular Highway v. A.I.I.
Martínez,
Inc.
v.
Abijoe
Realty
Corp., 151 DPR 1 (2000). Véase, además, Cuevas Segarra, op.
Cit, T. V, págs. 1899-1900.
En
esa
línea,
los
requisitos
jurisdiccionales
establecidos por ley tienen que ejecutarse previo a que el
tribunal
pueda
considerar
los
méritos
de
una
controversia.
COSVI v. CRIM, supra; Shell v. Srio. Hacienda, supra.
Esto se
debe a que el incumplimiento con este tipo de exigencia, priva
al tribunal de autoridad sobre el asunto que se intenta traer
ante
su
consideración.
Así
pues,
hacer
caso
omiso
a
directrices de naturaleza jurisdiccional impide que se pueda
atender
un
escrito
presentado
fuera
de
término.
Rivera
Marcucci et al. v. Suiza Dairy Inc. et als., supra; Shell v.
Srio.
Hacienda,
supra;
Cruz
Parrilla
v.
Depto.
Vivienda,
supra; Hernández Colón, op. cit., Sec. 1804, pág. 201.
De
14
Dicho de otro modo, un plazo improrrogable ―significa que es jurisdiccional‖.
De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499, 507 (2007).
15
Existen, sin embargo, circunstancias particulares en las que, por disposición
expresa de ley o reglamento, los términos jurisdiccionales pueden estar sujetos a
interrupción.
Véase, por ejemplo, la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA
Ap. V (Supl. 2015), sobre interrupción de términos para acudir a un foro apelativo.
Además, hay disposiciones que alteran el cómputo del término. Véanse los Artículos
387-389 del Código Político, 1 LPRA secs. 71-73 (2016).
Véase, además, Ríos
Martínez v. Comisión Local de Elecciones de Villalba, 2016 TSPR 188, 196 DPR ___
(2016).
AC-2014-0074
manera
que,
11
al
auscultar
su
jurisdicción,
los
tribunales
estamos ―llamados a ser árbitros y celosos guardianes de los
términos reglamentarios‖.
Soto Pino v. Uno Radio Group, 189
DPR 84, 93 (2013).
Para poder determinar que un plazo es jurisdiccional, el
legislador
debe
establecer
imponerle esa naturaleza.
claramente
que
su
intención
fue
Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda,
supra; J. Directores v. Ramos, 157 DPR 818 (2002); Lagares v.
E.L.A., 144 DPR 601 (1997); Méndez v. Corp. Quintas San Luis,
127 DPR 635 (1991).
A esos efectos, también hemos sostenido
que, aunque no lo establezca expresamente, un estatuto puede
fijar
una
exigencia
jurisdiccional
cuando
éste
refleja
indubitadamente que esa fue la intención legislativa.
COSVI
v. CRIM, supra; Lugo Rodríguez v. J.P., 150 DPR 29 (2000);
Martínez v. Depto. del Trabajo, 145 DPR 588 (1998).
Cuando la
ley no contenga una instrucción clara a esos fines, es decir,
un lenguaje que le otorgue un carácter fatal, el término se
considerará como uno prorrogable.
Cuevas Segarra, op. cit.,
T. V, pág. 1900, citando a In re Godinez Morales, 161 DPR 219
(2004).
Para ello, los tribunales debemos llevar a cabo el
proceso de interpretación estatutaria antes descrito.
Cruz
Parrilla v. Depto. Vivienda, supra.
Por otro lado, los términos de cumplimiento estricto se
sitúan
entre
los
plazos
prorrogables
y
los
improrrogables.
Rivera Marcucci et al. v. Suiza Dairy Inc. et als., supra;
Hernández Colón, op. cit., Sec. 1804a, pág. 202.
Al igual que
los términos jurisdiccionales, la inobservancia de una norma
de cumplimiento estricto priva al tribunal de autoridad para
AC-2014-0074
12
atender el asunto.
S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169
DPR 873 (2007).
No obstante, a diferencia de los plazos de naturaleza
jurisdiccional,
se
permite
aplazar
el
requisitos de cumplimiento estricto.
acatamiento
con
los
Toro Rivera et als. v.
ELA et al., 194 DPR 393 (2015); Soto Pino v. Uno Radio Group,
supra.
Ahora bien, esto no significa que se libera a las
partes
de
cumplir
injustificadamente
ni
con
que
los
los
términos
foros
reglamentarios
adjudicativos
discreción para prorrogarlos automáticamente.
tengan
Rivera Marcucci
et al. v. Suiza Dairy Inc. et als., supra; Toro Rivera et als.
v. ELA et al., supra.
El tribunal solamente tiene discreción para prorrogar los
términos de cumplimiento estricto cuando se demuestra que la
dilación se debió a justa causa.
Rivera Marcucci et al. v.
Suiza Dairy Inc. et als., supra; Toro Rivera et als. v. ELA et
al., supra.16
fuera
del
Es decir, quien solicita la prórroga o actúa
plazo
tiene
la
obligación
de
consignar
detalladamente la ―justa causa por la cual no puede o [no]
pudo cumplir con el término establecido‖.
Rivera Marcucci et
al. v. Suiza Dairy Inc. et als., supra. Véase, además, Lugo v.
Suárez, 165 DPR 729 (2005).
Esta justificación tendrá que
hacerse
concretas,
con
explicaciones
particulares
y
debidamente evidenciadas con el fin de colocar al tribunal en
16
En contraste con los plazos jurisdiccionales, ―[c]uando se trata de un
término de cumplimiento estricto, el tribunal no está atado al automatismo que
conlleva un requisito jurisdiccional, por lo que puede ‗proveer justicia según lo
ameritan las circunstancias‘ y extender el término‖. Lugo v. Suárez, 165 DPR 729,
738 (2005), citando a Arriaga v. F.S.E., supra, pág. 131.
AC-2014-0074
13
posición de evaluarla.
Rivera Marcucci et al. v. Suiza Dairy
Inc. et als., supra; Toro Rivera et als. v. ELA et al., supra.
Así pues, para establecer justa causa, no se permiten
vaguedades, excusas o planteamientos estereotipados.
Marcucci
et
al.
v.
Suiza
Dairy
Inc.
et
als.,
Rivera
supra;
Toro
Rivera et als. v. ELA et al., supra; Arriaga v. F.S.E., 145
DPR
122
(1998).
De
lo
contrario,
ordenamiento
jurídico
y
los
convertirían
en
amorfas
postergar‖.
Rivera Marcucci et al. v. Suiza Dairy Inc. et
―metas
se
términos
que
trastocaría
nuestro
reglamentarios
cualquier
parte
se
podría
als., supra; Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 93.
De
permitirse
se
la
modificación
abusiva
de
estos
términos,
perturbaría el orden lógico y armonioso de las etapas de un
litigio
y
desestabilizaría
nuestro
ensamblaje
procesal.
Cuevas Segarra, op. cit., T. V, pág. 1910.
Al considerar si medió justa causa, no será determinante
el hecho de que el acto tardío no causó perjuicio indebido a
las otras partes.
Rivera Marcucci et al. v. Suiza Dairy Inc.
et als., supra; Soto Pino v. Uno Radio Group, supra.
De ser
así, los términos de cumplimiento estricto se reducirían a
meros formalismos que pueden derrotarse fácilmente.
Íd.
D. Memorando de Costas – En General
El inciso (a) de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil
(Regla
44.1),
32
LPRA
Ap.
V
(2010),
costas en nuestro ordenamiento.17
17
rige
la
concesión
de
Esta disposición tiene una
La Regla 44.1(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2010), establece: ―Su
concesión.—Las costas le serán concedidas a la parte a cuyo favor se resuelva el
pleito o se dicte sentencia en apelación o revisión, excepto en aquellos casos en
que se disponga lo contrario por ley o por estas reglas.
Las costas que podrá
AC-2014-0074
14
función reparadora ya que permite el reembolso de los gastos
necesarios
y
razonables
que
tuvo
que
incurrir
la
prevaleciente del pleito en la tramitación del mismo.
parte
Maderas
Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880 (2012); Auto
Servi, Inc. v. E.L.A., 142 DPR 321 (1997); J.T.P. Dev. Corp.
v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 456 (1992).
De esta forma,
su derecho no queda ―menguado por los gastos que tuvo que
incurrir sin su culpa y por culpa del adversario‖.
Maderas
Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 934; J.T.P. Dev.
Corp. v. Majestic Realty Corp., supra, pág. 460; Garriga, Jr.
v. Tribunal Superior, 88 DPR 245, 253 (1963).
Así pues, esta
norma procesal tiene dos (2) propósitos, a saber: restituir lo
que
una
obligada
parte
a
perdió
litigar
y
por
hacer
―penalizar
temeraria, o viciosa […]‖.
valer
la
su
derecho
litigación
al
ser
inmeritoria,
Auto Servi, Inc. v. E.L.A., supra,
pág. 327; Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, supra, pág. 253.
Una vez reclamadas, la imposición de costas a favor de la
parte
victoriosa
es
mandatoria.
Maderas
Tratadas
v.
Sun
Alliance et al., supra; Auto Servi, Inc. v. E.L.A., supra.
No
obstante, su concesión no opera de forma automática, ya que
tiene que presentarse oportunamente un memorando de costas en
el que se precisen los gastos incurridos.
Colón Santos v.
Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170 (2008); J.T.P. Dev. Corp.
v.
Majestic
Realty
Corp.,
supra.
Véase,
además,
J.A.
Echevarría Vargas, Procedimiento civil puertorriqueño, 1ra ed.
rev., Colombia, [s. Ed.], 2012, págs. 275-278.
Además, el
conceder el tribunal son los gastos incurridos necesariamente en la tramitación de
un pleito o procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en su discreción,
estima que una parte litigante debe reembolsar a otra‖.
AC-2014-0074
15
tribunal tiene amplia discreción para evaluar la razonabilidad
y determinar la necesidad de los gastos detallados.
Maderas
Tratadas v. Sun Alliance et al., supra; Auto Servi, Inc. v.
E.L.A., supra.
E. Presentación y Notificación de un Memorando de Costas
La Regla 44.1, en sus incisos (b) y (c), establece el
trámite requerido para solicitar la concesión de las costas, a
saber:
(b) Cómo se concederán.—La parte que reclame el
pago de costas presentará al tribunal y notificará
a la parte contraria, dentro del término de diez
(10) días contados a partir del archivo en autos de
copia de la notificación de la sentencia, una
relación o memorándum de todas las partidas de
gastos y desembolsos necesarios incurridos durante
la tramitación del pleito o procedimiento. […]
Cualquier parte que no esté conforme con las costas
reclamadas podrá impugnarlas en todo o en parte,
dentro del término de diez (10) días contados a
partir de aquel en que se le notifique el
memorándum de costas. […]
(c) En etapa apelativa.[]—La parte a cuyo favor
un tribunal apelativo dicte sentencia presentará en
la sala del Tribunal de Primera Instancia que
decidió el caso inicialmente y notificará a la
parte contraria, dentro del término jurisdiccional
de diez (10) días contados a partir de la
devolución del mandato y conforme a los criterios
establecidos en el inciso (b) anterior, una
relación o memorándum de todas las partidas de
gastos y desembolsos necesarios incurridos para la
tramitación
del
recurso
en
el
Tribunal
de
Apelaciones y en el Tribunal Supremo, según
corresponda.[…] (Énfasis y subrayado nuestro).18
En reiteradas ocasiones, hemos reconocido que la parte
prevaleciente en el pleito tiene un término jurisdiccional de
18
La derogada Regla 44.1(c) de Procedimiento de 1979, 32 LPRA Ap. III (1983),
originalmente no mencionaba la palabra ―jurisdiccional‖ que actualmente aparece en
la vigente Regla 44.1(c) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V (2010).
Este cambio se incorporó mediante la Ley Núm. 249-1995, 32 LPRA Ap. III (2001),
promulgada con el propósito de atemperar las reglas procesales a una reformada
estructura judicial en Puerto Rico que incorporó un nuevo tribunal apelativo
intermedio. Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 249-1995, supra.
AC-2014-0074
16
diez (10) días para presentar un memorando de costas ante el
foro primario.
Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., supra;
Comisionado v. Presidenta, 166 DPR 513 (2005); Medio Mundo,
Inc. v. Rivera, 154 DPR 315 (2001);
Granados v. Rodríguez
Estrada V, 127 DPR 1 (1990); Piñero v. Martínez Santiago, 104
DPR 587 (1976), y Pereira v. I.B.E.C., 95 DPR 28 (1967).
Por
lo cual, este plazo es improrrogable y su cumplimiento tardío
priva al tribunal de autoridad para considerar y aprobar las
costas
reclamadas.19
Pereira
v.
I.B.E.C.,
supra.
Véase,
además, Cuevas Segarra, op. cit., T. IV, págs. 1270 y 1297.
Como
adelantáramos,
la
naturaleza
jurisdiccional
del
término para presentar un memorando de costas surge en virtud
de la Regla 68.2 de Procedimiento Civil (Regla 68.2), 32 LPRA
Ap.
V
(2010),
y
sus
predecesoras.
Piñero
Santiago, supra; Pereira v. I.B.E.C., supra.20
v.
Martínez
La referida
Regla dispone que:
Cuando por estas reglas o por una notificación
dada en virtud de sus disposiciones, o por una
orden del tribunal se requiera o permita la
realización de un acto en o dentro de un plazo
especificado, el tribunal podrá, por justa causa,
en cualquier momento y en el ejercicio de su
discreción: (1) previa moción o notificación, o sin
ellas, ordenar que se prorrogue o acorte el término
si así se solicita antes de expirar el término
originalmente prescrito o según prorrogado por
orden
anterior,
o
(2)
en
virtud
de
moción
presentada después de haber expirado el plazo
19
El tratadista Cuevas Segarra expone que, conforme a la Regla 68.2 de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2010), el término de diez (10) días para
oponerse a un memorando de costas también es improrrogable.
Cuevas Segarra, op.
cit., T. IV y V, págs. 1299, 1907-1908.
20
Nótese que los precedentes citados fueron resueltos durante la vigencia de
las derogadas Reglas de Procedimiento Civil de 1958, 32 LPRA Ap. II (1969).
No
obstante, las sucesivas enmiendas a estas reglas no afectan sustancialmente lo
resuelto por esta Curia en dicha jurisprudencia.
El lenguaje contenido en las
vigentes Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V (2010), en lo
pertinente, tampoco tiene el efecto de variar lo establecido mediante los referidos
precedentes.
AC-2014-0074
17
especificado, permitir que el acto se realice si la
omisión se debió a justa causa, pero no podrá
prorrogar o reducir el plazo para actuar bajo las
disposiciones de las Reglas 43.1, 44.1, 47, 48.2,
48.4, 49.2 y 52.2 todas de este apéndice, salvo lo
dispuesto en las mismas bajo las condiciones en
ellas prescritas. (Énfasis y subrayado nuestro).
Conforme
determinadas
a
lo
reglas
anterior,
son
los
plazos
improrrogables,
establecidos
entre
ellos,
en
los
provistos en la Regla 44.1 concernientes a la tramitación del
memorando de costas.
Hernández Colón, op. cit., Sec. 1804,
pág. 201.
Debemos
aclarar
que
la
presentación
de
un
escrito
constituye un requisito distinto al de la notificación, ya que
el primero se realiza en el tribunal, mientras que el segundo
se dirige a las partes.
pág. 191.
cabo
Hernández Colón, op. cit., Sec. 1609,
Cuando las reglas procesales ordenan que se lleve a
determinado
igualmente
acto
dentro
―presupone
una
de
un
término
simultánea,
jurisdiccional,
correcta
y
adecuada
notificación a la dirección del abogado o de la parte que se
autorepresenta‖.
A
esos
Cuevas Segarra, op. cit., T. V, pág. 1899.
efectos,
la
Regla
67.1
de
Procedimiento
Civil
(Regla 67.1), 32 LPRA Ap. V (2010), requiere que, como norma
general,
todo
escrito
presentado
ante
el
tribunal
sea
notificado a todas las demás partes del pleito. Véanse Lagares
v. E.L.A., supra, y Cuevas Segarra, op. cit., T. V, pág. 1883.
Esta exigencia es un corolario del debido proceso de ley y es
indispensable para mantener un sistema de justicia ordenado.
Cuevas Segarra, op. cit., T. V, pág. 1899; Hernández Colón,
op. cit., Sec. 1701, pág. 193.
La obligación de notificar
bajo la referida Regla 67.1 ―es de estricto cumplimiento y su
AC-2014-0074
omisión
18
debe
acarrear
sanciones
económicas,
además
de
constituir una violación a la Regla 9 de Procedimiento Civil,
si se certificó el hecho de la notificación‖.
Cuevas Segarra,
op. cit., T. V, pág. 1884.
El propósito de la notificación es promover ―que todas
las partes del pleito estén plenamente enteradas de todo lo
que allí acontece y [así] puedan expresarse sobre todos los
desarrollos en éste‖.
Lagares v. E.L.A., supra, pág. 618.
También le permite a la parte contraria ―anticipar sus propios
pasos
con
caso‖.
respecto
Íd.
a
los
próximos
eventos
procesales
del
Finalmente, la notificación permite agilizar el
trámite judicial.
Íd.
Por último, debemos resaltar que la Regla 67.1 también
dispone que la notificación a las partes se efectuará el mismo
día en que se presente un escrito ante el tribunal.
Véase el
Informe de Reglas de Procedimiento Civil de diciembre de 2007,
pág. 764.
Así pues, la simultaneidad de las notificaciones
inter partes constituye un requisito adicional de los trámites
de
notificación.
Martínez,
Inc.
v.
Abijoe
Realty
Corp.,
supra.
Actualmente, existen diversas alternativas que facilitan
la notificación dentro los términos dispuestos, por ejemplo,
correo certificado, correo electrónico o telefax.
Véanse la
Regla 67.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2010); Soto
Pino v. Uno Radio Group, supra, y Hernández Colón, op. cit.,
Sec. 1705, pág. 195.
partes
una
electrónico,
También es posible adelantarle a las
copia
del
previo
a
escrito
la
por
correo
presentación
del
certificado
mismo
y
o
luego
AC-2014-0074
19
enviarle la carátula ponchada.
Soto Pino v. Uno Radio Group,
supra.21
F. Aplicación Retroactiva o Prospectiva de Nuestras
Determinaciones
Como
norma
general,
nuestras
decisiones
tienen
efecto
retroactivo.
Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10 (2004);
Rexach
Co.,
Const.
(1996).
Inc.
v.
Mun.
de
Aguadilla,
142
DPR
85
No obstante, en el ejercicio de nuestra discreción
judicial, hemos emitido opiniones con efecto prospectivo en
consideración
a
justicia,
equidad,
evitar
la
las
dislocaciones
circunstancias
la
mejor
severas
fácticas
del
convivencia
en
nuestro
caso,
social
sistema
o
la
para
económico.
López v. Porrata Doria, 169 DPR 135 (2006); Isla Verde Rental
v. García, 165 DPR 499 (2005); Rexach Const. Co., Inc. v. Mun.
de Aguadilla, supra.
pública
y
orden
También, por consideraciones de política
social,
podemos
limitar
la
aplicación
de
nuestras determinaciones para que, por ejemplo, no se afecten
aquellas
sentencias
que
hayan
advenido
finales
y
firmes.
Banco Santander de Puerto Rico v. Correa García, 2016 TSPR
201, 196 DPR ___ (2016).
En esa línea, hemos enumerado los criterios a considerar
al
momento
aplicación
21
de
disponer
retroactiva
o
si
un
nuevo
prospectiva,
precedente
a
saber:
tendrá
(1)
la
Ahora bien, debemos advertir que, conforme a lo resuelto en In re Hernández
Vargas, 116 DPR 689 (1985), ―[l]a notificación a la otra parte de un escrito que no
se presente al tribunal puede implicar una sanción disciplinaria contra el
abogado‖. Hernández Colón, op. cit., Sec. 1609, pág. 191.
AC-2014-0074
20
confianza depositada en la antigua norma o precedente; (2) el
propósito que persigue la nueva regla para determinar si su
retroactividad lo adelanta, y (3) el efecto de la nueva medida
en
la
administración
de
la
justicia.
Banco
Santander
de
Puerto Rico v. Correa García, supra; Fraguada Bonilla v. Hosp.
Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012); Isla Verde Rental v. García,
supra; Datiz v. Hospital Episcopal, supra; Rexach Const. Co.,
Inc. v. Mun. de Aguadilla, supra.
Así, por ejemplo, en Febles v. Romar, 159 DPR 714 (2003);
Sucn. Salvador Jiménez v. Pérez, 153 DPR 527 (2001), y Lagares
v. E.L.A., supra, establecimos que una nueva norma puede tener
efecto prospectivo cuando impone un requisito de cumplimiento
estricto.
Sin
embargo,
cuando
se
trata
de
una
exigencia
jurisdiccional, que nace de una disposición clara y libre de
ambigüedad,
la
determinación
aplicación prospectiva.
no
puede
limitarse
a
una
COSVI v. CRIM, supra; Shell v. Srio.
Hacienda, supra.
III
A. Término para Notificar un Memorando de Costas
Con
el
fin
de
auscultar
la
naturaleza
del
término
dispuesto para notificar un memorando de costas, en primer
lugar, debemos evaluar si la letra de la ley es clara y, a su
vez, es cónsona con otras disposiciones pertinentes para, de
este
modo,
prudente.
obtener
un
resultado
coherente,
armonioso
y
De contestar en la afirmativa, nuestra encomienda
interpretativa
concluye,
ya
que
no
podemos
añadirle
a
un
AC-2014-0074
21
estatuto significados adicionales o alternos que no surgen de
éste.
La
Regla
44.1(b)
establece
claramente
conceder
las
costas,
la
prevaleciente
parte
que,
para
poder
presentará
y
notificará un memorando dentro del término de diez (10) días
de archivada la sentencia.
Es decir, para que este trámite
quede perfeccionado, se tiene que cumplir oportunamente con
ambos requisitos, a saber: presentar el memorando de costas
ante el tribunal y notificarlo a las demás partes.
Se trata
de dos (2) actos separados que tienen que realizarse dentro de
un mismo plazo.
Lo anterior debe analizarse en conjunto con la Regla 68.2
en tanto y en cuanto dispone expresamente que no se pueden
prorrogar los plazos para actuar bajo la Regla 44.1.
pues,
una
lectura
integral
de
ambas
reglas
nos
Así
lleva
a
concluir que el término de diez (10) días para presentar y
notificar un memorando de costas es igualmente jurisdiccional
y, consecuentemente, improrrogable, fatal e insubsanable.
No
existe
(2)
excepción
alguna
en
ninguna
de
estas
dos
disposiciones que exima a las partes de su fiel cumplimiento.
De ninguna manera puede interpretarse que estas reglas son
sugestivas,
directivas
o
prorrogables,
por
lo
que
su
acatamiento no queda a discreción de los litigantes ni del
tribunal.22
22
Nótese que las Reglas 44.1 y 68.2 operan en armonía con lo dispuesto en la
Regla 67.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2010). Así pues, un memorando de
costas se tiene que notificar oportuna y simultáneamente a las partes el mismo día
en que se sometió al tribunal.
AC-2014-0074
Ante
la
22
expresión
disposiciones
clara
del
legislador,
reglamentarias
no
permiten
interpretación.
las
citadas
otra
posible
En estas circunstancias, se torna innecesario
realizar un ejercicio de análisis comparativo con otras reglas
procesales análogas.
Ahora
Recurrida,
bien,
tanto
el
destacaron que
Tribunal
de
Apelaciones
en
que
el
la
existía una distinción pertinente
entre los incisos (b) y (c) de la Regla 44.1.
estriba
como
inciso
(c)
Esta diferencia
contiene
la
palabra
―jurisdiccional‖, mientras que el inciso (b) no la menciona.
Coligieron que, bajo el inciso (c), el legislador dispuso que
el
término
para
notificar
un
memorando
de
las
costas
incurridas a nivel apelativo es jurisdiccional, mientras que,
bajo el inciso (b), el plazo para notificar un memorando de
los
gastos
prorrogable.
Debemos
incurridos
en
el
foro
primario
debe
ser
Sus argumentos no nos convencen.
aclarar
específicamente
la
que
palabra
no
es
menester
que
―jurisdiccional‖
se
para
consigne
establecer
que un término es improrrogable, fatal e insubsanable.
Como
adelantáramos, la naturaleza jurisdiccional de un requisito
procesal puede desprenderse de la letra clara de la ley o por
implicación necesaria e inequívoca de la misma.
En este caso,
ésta surge expresamente de la Regla 68.2.
En ausencia de
alguna
bajo
disposición
en
contrario,
los
plazos
la
Regla
AC-2014-0074
44.1(b)
23
jurisdiccionales.23
son
Erró
el
Tribunal
de
Apelaciones al determinar lo contrario.24
Por
otro
lado,
la
señora
Rosario
argumentó
que
la
oposición del Gobierno fue inoportuna por haberse presentado
luego de expirado el plazo de diez (10) días para impugnar las
costas, según establecido en la Regla 44.1(b).25
No obstante,
como veremos, el propio Memorando de Costas fue notificado
fuera de término y, por lo tanto, no quedó perfeccionado.
Consecuentemente, cualquier objeción que tuviera el Gobierno
en
cuando
a
las
partidas
de
gastos
Sin
embargo,
le
Instancia
atender,
inicialmente
académica
e
innecesaria.
Tribunal
de
Primera
reclamadas
se
tornó
correspondía
y
al
con
prioridad, el planteamiento jurisdiccional levantado por el
Peticionario.
En
esa
línea,
la
Recurrida
arguyó
que
el
Gobierno
renunció a su objeción sobre la notificación fuera de término
del Memorando de Costas al no discutirlo suficientemente ante
el foro primario.
Por lo cual, entendió que el Peticionario
no podía levantar ese asunto jurisdiccional en alzada.
Como norma general, un tribunal revisor no debe atender
cuestiones que no fueron planteadas ante el foro primario.
23
Nótese que la Regla 68.2 establece que son improrrogables los términos
dispuestos en las Reglas 43.1, 44.1, 47, 48.2, 48.4, 49.2 y 52.2 de ese mismo
cuerpo de reglas.
No obstante, algunas de éstas contienen excepciones a la
naturaleza perentoria del precepto.
Por ejemplo, la Regla 47 de Procedimiento
Civil, 32 LPRA Ap. V (2010), dispone expresamente que el plazo para notificar una
moción de reconsideración es de cumplimiento estricto. Por su parte, la Regla 44.1
no contiene ese tipo de excepción.
24
Aclaramos que la ausencia de perjuicio para la otra parte no tiene el efecto
de subsanar el incumplimiento con un requisito jurisdiccional. Éstos son fatales e
irremediables, por lo que las partes deben cumplir con ellos indistintamente del
efecto, si alguno, que pueda tener su inobservancia.
25
Coincidimos con la señora Rosario en cuanto a que la Oposición a Memorando de
Costas no fue presentada oportunamente.
AC-2014-0074
24
E.L.A. v. Northwestern Selecta, 185 DPR 40 (2012).
Ahora
bien,
primeramente
presentó
este
Instancia.
aclaramos
señalamiento
que
el
Gobierno,
en
efecto,
ante
el
Tribunal
de
Primera
Además, y más importante aún, al tratarse de un
asunto jurisdiccional, podía levantarse en cualquier etapa de
los procedimientos, incluso en la apelativa y por el tribunal
motu proprio.
como
foro
Por lo tanto, no hay obstáculo que nos impida,
revisor,
atender
en
esta
etapa
el
asunto
jurisdiccional planteado por el Peticionario.
En el caso de marras, el foro primario dictó Sentencia el
27 de enero de 2014, la cual se notificó el 4 de febrero de
2014.
Por lo tanto, el término jurisdiccional de diez (10)
días para presentar y notificar el Memorando de Costas venció
el 14 de febrero de 2014.
A pesar de que el Memorando de
Costas de la señora Rosario arribó oportunamente por correo al
foro primario el 10 de febrero de 2014, no se le notificó al
Gobierno hasta el 25 de febrero de 2014.
Consecuentemente, se
incumplió con el requisito jurisdiccional de notificación de
diez
(10)
días,
según
establecido
en
nuestro
ordenamiento
procesal, para poder conceder las costas.
Debido a que los tribunales carecemos de discreción para
prorrogar los términos bajo la Regla 44.1, el foro primario no
tenía autoridad para atender el Memorando de Costas por éste
haber
sido
notificado
por
la
Recurrida
fuera
del
término
jurisdiccional para ello.
B. Aplicación Retroactiva o Prospectiva
Por
debe
último,
tener
debemos
efecto
resolver
retroactivo
o
si
nuestra
prospectivo.
determinación
La
señora
AC-2014-0074
Rosario
25
alegó
que
la ausencia de un precedente sobre este
asunto creó una incertidumbre en cuanto a la naturaleza del
plazo en cuestión.
Propuso que, del Tribunal determinar que
el término es de cumplimiento estricto, el presente dictamen
judicial sea aplicado prospectivamente.26
Anteriormente,
nuevas
normas
que,
hemos
aplicado
a
vez,
cumplimiento estricto.
E.L.A., supra.
su
de
manera
constituyen
prospectiva
requisitos
de
Febles v. Romar, supra; Lagares v.
No obstante, cuando estamos ante una exigencia
jurisdiccional que nace de una disposición clara y libre de
ambigüedad, no procede aplicarla prospectivamente.
CRIM, supra; Shell v. Srio. Hacienda, supra.
COSVI v.
Ante la letra
clara de las Reglas 44.1 y 68.2 en cuanto a la naturaleza
jurisdiccional
del
término
para
notificar
un
memorando
de
costas, no hay cabida para la aplicación prospectiva de esta
determinación.27
Además,
debemos
aclarar
que
la
presente
Opinión no tiene el propósito de desplazar una antigua norma
de derecho ni establecer una nueva.
explicar
el
estado
de
derecho
Meramente nos limitamos a
vigente.
En
consecuencia,
resolvemos que lo aquí expuesto tiene efecto retroactivo.28
IV
26
Nótese que, para extender los términos de cumplimiento estricto y los
prorrogables, la parte promovente tiene que satisfacer a cabalidad lo dispuesto en
la Regla 68.2. Véase a Hernández Colón, op. cit., Secs. 1803-1804a, págs. 199-202.
Es decir, tiene que solicitar una prórroga y acreditar la existencia de justa
causa.
En el presente caso, la señora Rosario no cumplió con ninguna de estas
exigencias.
27
El hecho de que no existiera un precedente específico sobre este asunto
previo a esta Opinión, no tiene el efecto de desvanecer un requisito jurisdiccional
establecido en nuestras reglas procesales.
28
Excluidos, claro está, aquellos asuntos que hayan advenido ya finales y
firmes.
AC-2014-0074
De
la
26
discusión
que
antecede,
se
desprende
que
el
Tribunal de Apelaciones erró al determinar que el término de
diez (10) días para notificar un memorando de costas a las
demás
partes
no
era
jurisdiccional.
plazo
es
de
naturaleza
privó
al
foro
primario
Concluimos
jurisdiccional
y
de
para
autoridad
su
que
dicho
incumplimiento
atender
dicho
escrito.
V
A
base
de
lo
anterior,
se
revoca
la
Tribunal de Apelaciones de 30 de junio de 2014.
Sentencia
del
Por lo tanto,
no proceden las partidas reclamadas por la Recurrida en el
Memorando de Costas por éste haber sido notificado fuera de
término.
Se dictará Sentencia de conformidad.
ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Tania L. Rosario Domínguez
et als.
Recurridos
v.
AC-2014-0074
Estado Libre Asociado
Puerto Rico et al.
Certiorari
de
Peticionarios
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede,
la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia,
se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 30 de
junio de 2014.
Por lo tanto, no proceden las partidas
reclamadas por la parte recurrida en el Memorando de Costas
por éste haber sido notificado fuera de término.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió
una Opinión Concurrente a la que se unieron la Juez Asociada
señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón
Pérez.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Tania L. Rosario Domínguez
y otros
Recurridos
v.
AC-2014-0074
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y otros
Peticionarios
Opinión concurrente emitida por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez
a la cual se unen la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y el
Juez Asociado señor Colón Pérez
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017.
La
Opinión
mayoritaria
resuelve
que
la
notificación del memorando de costas a las demás
partes, dentro de un término de diez días, es un
requisito jurisdiccional. Reconozco que esa es una
lectura razonable de la Regla 68.2 de Procedimiento
Civil,
32
LPRA
consideraciones
mueven
a
Ap.
V,
R.
históricas
concluir
que
68.2.
y
la
de
No
obstante,
hermenéutica
Regla
no
tiene
me
tal
alcance. Así, sostengo que la notificación debe ser
un
requisito
de
cumplimiento
estricto,
sin
el
automatismo atado a los términos jurisdiccionales.
I
La controversia de este caso es una de intención y
claridad.
La
Opinión
mayoritaria
cita
correctamente
AC-2014-0074
nuestra
2
jurisprudencia
sobre
los
términos
jurisdiccionales,
particularmente aquella ocasión que expresamos que ―[d]ebido a las
graves consecuencias que acarrea el determinar que un término es de
naturaleza
jurisdiccional,
hemos
claramente
la
del
intención
expresado
legislador
que
de
debe
surgir
imponerle
esa
característica al término‖. Cruz Parilla v. Depto. Vivienda, 184
DPR 393, 403-404 (2012) (énfasis suplido). Establecido lo anterior,
el
problema
no
es
cuál
doctrina
o
jurisprudencia
rige
esta
controversia, sino dónde podemos encontrar esa intención clara del
legislador.
Los jueces que componen la mayoría encuentran esa intención en
el texto. Argumentan que cuando la Regla 68.2 de Procedimiento
Civil establece que los plazos para actuar bajo las disposiciones
de
las
Reglas
adicionales),
43.1
44.1
(enmiendas
(memorando
o
de
determinaciones
costas),
47
iniciales
o
(reconsideración),
48.2 (nuevo juicio), 48.4 (nuevo juicio a iniciativa del tribunal),
49.2
(relevo
certificación)
de
sentencia)
y
52.2
son
improrrogables,
esto
(apelación,
certiorari
incluye
fines
–para
y
del
memorando de costas- tanto la presentación como la notificación.
Por consiguiente, como el requisito de notificación del memorando
de costas está incluido en la Regla 44.1, ese requisito también es
jurisdiccional.
Considero
que
metodológicamente
esta
en
el
lectura
Artículo
textualista,
14
del
Código
apoyada
Civil,
31 LPRA sec. 14, le atribuye al ―legislador‖ la intención
AC-2014-0074
3
expresa, clara y libre de ambigüedades de que la notificación del
memorando de costas también sea improrrogable.29 Estimo que otras
metodologías hermenéuticas ponen en duda que la ―clara intención
del legislador‖ era que el término de notificar el memorando de
costas
también
fuese
jurisdiccional.30
A
continuación,
discutiré
brevemente cada una de estas perspectivas.
A. Perspectiva histórica
De un trasfondo histórico de la Regla 68.2 se desprende que no
está claro que la intención era que la notificación del memorando
de
costas
fuese
jurisdiccional.
Al
aprobarse
las
Reglas
de
Procedimiento Civil en 1958 se utilizaron como referente las Reglas
de Procedimiento Civil federal vigentes en ese momento. Así, la
Regla 68.2 de 1958, virtualmente idéntica a la actual Regla 68.2,
siguió como modelo la Regla 6(b) federal. La Regla 68.2 disponía:
Cuando por estas reglas o por una notificación
dada en virtud de sus disposiciones, o por una
orden
del
tribunal
se
requiera
o
permita
la
realización de un acto en o dentro de un plazo
especificado, el tribunal po drá, por justa causa,
en cualquier momento y en el ejercicio de su
discreción, (1) previa moción o notificación o sin
ellas, ordenar que se prorrogue el término si así
se
solicitare
antes
de
expirar
el
término
originalmente prescrito o según prorrogado por
orden
anterior,
o
(2)
a
virtud
de
moción
presentada después de haber expirado el plazo
especificado, permitir que el acto se realice si
la omisión se debió a negligencia excusable, pero
no podrá prorrogar o reducir el plazo para actuar
bajo las disposicio nes de las Reglas 43.2
29
Como veremos más adelante, fue este Tribunal quien incorporó la Regla de
memorando de costas a la Regla 68.2. Que el legislador haya aprobado esta
enmienda no quita que resulte problemático atribuirle la intención a la Asamblea
Legislativa.
30
Para un resumen breve de estas metodologías véase José Trías Monge, Teoría de
Adjudicación, San Juan, Ed. de la Universidad de Puerto Rico, 2008, págs. 413419.
AC-2014-0074
4
[enmiendas a
las
determinaciones
del
tribunal],
47 [reconsideración], 48.2 [nuevo juicio], 48.4 [nuevo
juicio a iniciativa del tribunal], 49.2 [relevo de
sentencia], 53.1 [presentación de apelación, recurso de
revisión
y
certificación]
y
53.3
[requisitos
y
notificación del recurso de revisión], excepto al extremo
y bajo las condiciones en éstas prescritos. Regla 68.2 de
Procedimiento Civil de 1958.
Ésta
reconocía,
como
norma
general,
que
el
tribunal
tenía
discreción para prorrogar un término si existía justa causa. Como
excepción
a
improrrogable,
lo
anterior,
ciertas
de
modo
su
que
reglas
inclusión
al
tendrían
carácter
final
la
de
Regla
implicaba que eran excluidas de la norma general.
Ahora bien, conviene resaltar que las Reglas 43.2, 47, 48.2,
49.2 y 53.1 solo requerían la presentación de los recursos dentro
de un determinado plazo, no su notificación a las demás partes. El
requisito de notificación surgía, más bien, de la Regla 67.1 de
Procedimiento Civil de 1958 (―toda moción escrita que no pueda ser
oída ex parte, se notificará[] a cada una de las partes afectadas
por
las
mismas‖).
Por
otro
lado,
la
única
Regla
que
requería
expresamente la notificación disponía: ―El recurrente notificará la
presentación
de
la
solicitud
de
revisión
a
todas
las
partes
contrarias, dentro del término para solicitar dicha revisión, en la
forma prescrita en la Regla 67‖. Regla 53.3 de Procedimiento Civil
de 1958. Por consiguiente, el efecto de la Regla 68.2 era que la
presentación
de
ciertas
solicitudes,
no
la
notificación,
tuvieran carácter jurisdiccional. La única excepción a lo
AC-2014-0074
anterior
era
5
la
Regla
53.3,
la
cual
regulaba
la
solicitud
de
revisión ante un foro apelativo.
Por otro lado, llama la atención que en sus inicios la Regla
68.2 no incluía la presentación del memorando de costas, mucho
menos
su
notificación.
Esto,
a
procedimiento
estaban
recogidos
Procedimiento
Civil
1958
de
pesar
de
en
entonces
(―La
la
parte
que
que
su
concesión
Regla
reclame
el
y
44.4
de
pago
de
costas presentará al tribunal y notificará a la parte contraria,
dentro del término de 10 días contados a partir del archivo en
autos copia de la notificación de la sentencia, una relación o
memorándum de todas las partidas de gastos y desembolsos necesarios
incurridos durante la tramitación del pleito o procedimiento‖).
Posteriormente, en 1958 y 1960, se celebraron la Primera y la
Segunda Conferencia Judicial de Puerto Rico. En éstas el Comité de
Procedimiento
Civil
discutió
varias
enmiendas
a
las
Reglas
de
Procedimiento Civil recién constituidas. No obstante, en el Segundo
Informe del Comité de Procedimiento Civil al Hon. Tribunal Supremo,
con fecha de 8 de octubre de 1960, la enmienda propuesta a
la Regla 68.2 no sugería incluir la Regla 44.4, es decir,
la
Regla sobre
el
memor ando
de
costas.
Fue
este
Tribunal
quien, mediante Resolución del 24 de enero de 1961, decidió
incluir
el
memorando
de
costas
(44.4)
a
las
excepciones
establecidas en la Regla 68.2. No obstante, este Tribunal no se expresó
AC-2014-0074
sobre
si
6
la
notificación
requerida
por
la
Regla
44.4
también
tendría carácter improrrogable.
Mediante la Resolución de este Tribunal, se añadió la Regla de
memorando de costas a la lista de actos ante el foro primario que
no pueden ser prorrogados. Esta lista incluía las solicitudes de
enmiendas
a
las
determinaciones
del
tribunal,
reconsideración,
nuevo juicio y relevo de sentencia. Según vimos, la Regla 68.2 solo
tenía el efecto de hacer improrrogable los términos para presentar
esas mociones ante el foro primario, pues las notificaciones no
eran requeridas. En cambio, las Reglas sobre recursos ante los
tribunales apelativos tenían oraciones que establecían con mayor
claridad el requisito de notificación.
Con lo anterior pretendo resaltar que no está claro si, al
incluir la Regla 44.4 a la Regla 68.2 en el 1961, pretendíamos
establecer
de
notificación
forma
del
expresa
memorando
de
y
libre
de
costas
era
ambigüedades
también
un
que
la
requisito
jurisdiccional. En ausencia de tal claridad, me parece problemático
recurrir al Artículo 14 del Código Civil, supra, para concluir –
mediante
una
lectura
textualista-
que
la
legislador
era
tuvieran
carácter
memorando
de
tanto
requería
la
clara
presentación
jurisdiccional.
costas
que
Si
tanto
como
bien
la
la
intención
la
del
notificación
disposición
presentación
como
de
la
notificación, lo cierto es que el alcance principal de la Regla
68.2
era
que
la
presentación
–no
la
notificación-
solicitudes al tribunal fueran improrrogables.
de
ciertas
AC-2014-0074
7
B. Perspectiva analógica y sistemática
Un análisis histórico de la Regla 68.2 no ofrece una respuesta
evidente sobre cuál fue la intención de este Tribunal al incluir la
Regla
de
memorando
de
costas,
específicamente
en
cuanto
a
su
notificación a las demás partes. Sin embargo, resulta interesante
que –al momento de adoptarse la Regla 68.2- solo era improrrogable
la
presentación
de
las
mociones
al
foro
primario,
no
la
notificación. Dicha distinción se mantiene actualmente, salvo por
lo resuelto hoy por este Tribunal. Así ocurre con las solicitudes
de
enmiendas
43.1),
o
determinaciones
reconsideración
(Regla
iniciales
47),
nuevo
o
adicionales
juicio
(Regla
(Regla
48.2)
y
relevo de sentencia (Regla 49.2). Reglas 43.1, 47, 48.2 & 49.2 de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 43.1, 47, 48.2 y 49.2.
Cónsono
con
lo
anterior,
lo
más
coherente
sería
que
la
notificación del memorando de costas también sea un requisito de
cumplimiento estricto. Reconozco que hay diferencias entre estas
Reglas,31
pero
mediante
cuestionar
nuevamente
notificación
del
jurisdiccional.
De
una
que
la
interpretación
intención
memorando
de
hecho,
lectura
una
costas
analógica
podemos
clara
fuese
sea
un
requisito
o
integrista
sistemática
que
la
sugiere que lo más armonizable con nuestro ordenamiento procesal es
que la notificación del memorando de costas sea meramente un
31
Por ejemplo, las Reglas 43.1 y 47 disponen expresamente que la presentación es
un requisito jurisdiccional, mientras que la notificación es un requisito de
cumplimiento escrito. Por otro lado, las Reglas 48.2 y 49.2 solo establecen un
término para presentar las solicitudes. Estos términos son jurisdiccionales por
virtud de la Regla 68.2. A su vez, no exigen su notificación, la cual es
requerida por virtud de la Regla 67, 32 LPRA Ap. V, R. 67. De tal modo, la Regla
44.1 de memorando de costas es la única que incluye expresamente su presentación
y notificación.
AC-2014-0074
requisito
8
de
cumplimiento
estricto.
Esto,
pues,
no
hay
justificación alguna para distinguir el memorando de costas de las
demás solicitudes que se presentan ante el Tribunal de Primera
Instancia y cuya notificación es de cumplimiento estricto.
C. Perspectiva teleológica
Por otro lado, conviene analizar cuál propósito –si algunojustifica
otorgar
carácter
jurisdiccional
a
la
notificación
del
memorando de costas. Hemos expresado que la concesión de costas
tiene un carácter reparador para la parte prevaleciente, pues su
derecho
―no
debe
quedar
menguado
por
los
gastos
que
tuvo
que
incurrir sin su culpa y por culpa del adversario‖. J.T.P. Dev.
Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 456, 460 (1992). De ahí que
la
imposición
de
costas
a
favor
de
la
parte
victoriosa
sea
mandatoria, siempre y cuando cumpla con los requisitos procesales.
Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 880, 926 (2012).
A
mi
juicio,
establecer
como
requisito
jurisdiccional
la
notificación del memorando de costas no adelanta los propósitos
antes
mencionados.
Al
contrario,
su
consecuencia
es
eliminar la facultad del tribunal de otorgar las costas
cuya
función
es
reparadora -
si
no
se
notificó
término. De modo que la interpretación del Tribunal
en
–
ese
AC-2014-0074
dificulta
9
innecesariamente
la
concesión
de
costas
en
nuestro
ordenamiento.
En síntesis, la postura mayoritaria se ampara del
requisito
dual de la Regla 44.1 y de la Regla 68.2 para establecer que la
notificación también es jurisdiccional. A mí, en cambio, me resulta
problemático
histórica,
aceptar
integral
tal
y
conclusión.
funcional
de
Considero
las
Reglas
que
una
lectura
de
Procedimiento
Civil y nuestra flexibilidad con respecto a las notificaciones, nos
invitaban a apartarnos del automatismo asociado a los requisitos
jurisdiccionales.
Por
consiguiente,
resolvería
que
solo
la
presentación del memorando de costas tiene carácter jurisdiccional.
II
Por otra parte, me preocupa que el Tribunal otorgue carácter
retroactivo a la norma adoptada. No me convence la postura de que
la ―disposición es clara y libre de ambigüedad‖ y que el análisis
se limita a ―explicar el estado de derecho vigente‖.32 Todo lo
contrario.
La
Opinión
mayoritaria
establece
un
requisito
jurisdiccional nuevo en nuestro ordenamiento, a pesar de que las
normas reglamentarias aplicables han permanecido prácticamente
inalteradas por cincuenta y seis años. Es decir, desde 1961 podíamos
resolver que la notificación del memorando de costas a la otra
parte era un requisito jurisdiccional. Sin embargo, no lo hicimos.
Además, ninguno de los académicos consultados ha caracterizado la
32
Opinión mayoritaria, pág. 26.
AC-2014-0074
notificación
10
del
memorando
de
costas
como
un
requisito
jurisdiccional.33
Otro factor que contribuye a la falta de claridad en la norma
es que la Regla 44.1(c) dispone expresamente que es jurisdiccional
tanto la presentación como la notificación del memorando de costas
cuando la parte prevalece por orden del tribunal apelativo. Regla
44.1(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1(c) (―La
parte a cuyo favor un tribunal apelativo dicte sentencia presentará
en la sala del Tribunal de Primera Instancia que decidió el caso
inicialmente y notificará a la parte contraria, dentro del término
jurisdiccional de diez (10) días contados a partir de la devolución
del
mandato
.
.
.‖.)
44.1(b),
supra,
requiere
―presentar[]
(énfasis
pertinente
al
a
suplido).34
esta
tribunal
En
cambio,
controversia,
y
notificar[]
la
Regla
simplemente
a
la
parte
contraria, dentro del término de diez (10) días contados a partir
del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia‖.
Dicho de otro modo, según la Regla 44.1, la notificación solo deberá ser
33
Véanse J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs.
J.T.S., 2011, T. V, pág. 1908 (reconociendo como jurisdiccional la presentación
del memorando de costas); R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico:
Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, sec. 1804, pág.
201 (donde se presenta una lista de términos improrrogables y se incluye la
presentación del memorando de costas, mas no la notificación); J. Echevarría
Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, Colombia, [s. Ed.], 2010, pág. 333
(incluyendo solo la presentación del memorando de costas, no la notificación,
dentro de la lista de términos improrrogables); C.R. Urrutia de Basora & L.M.
Negrón Portillo, Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico: Preguntas y
Respuestas, Ed. Situm, 2005, pág. 340 (―¿en cuáles reglas específicas el tribunal
no podrá prorrogar o reducir el plazo para actuar? . . . regla 44.1 (presentación
u oposición del memorando de costas)‖).
34
Véase Ley Núm. 249-1995 (donde se enmendó la Regla de memorando de costas para
atemperarla a la creación del tribunal apelativo intermedio y se aclaró que la
presentación y notificación del memorando de costas, luego de la revocación del
foro apelativo, sería jurisdiccional).
AC-2014-0074
11
un requisito jurisdiccional en casos donde la parte prevalezca por
virtud de una sentencia del tribunal apelativo.
Por todo lo anterior, me parece erróneo otorgarle carácter
retroactivo
bajo
el
pretexto
de
que
el
Tribunal
se
limita
a
explicar una norma clara y libre de ambigüedades.
III
Ahora bien, como bien señala la Opinión mayoritaria,
aun si
fuéramos a resolver que el término es uno de cumplimiento estricto,
la parte recurrida no presentó justa causa para notificar fuera del
término. Presentó el memorando el 5 de febrero de 2014, pero no fue
hasta el 25 de febrero de 2014 que notificó el mismo a la parte
contraria. Como justificación se limitó a expresar que fue una
inadvertencia, producto de su carga de trabajo antes de salir de
viaje fuera de Puerto Rico. Esto no constituye justa causa. Por lo
tanto, la recurrida no cumplió con el requisito de notificación de
cumplimiento estricto. En consideración a lo anterior, concurro con
el resultado alcanzado por este Tribunal.
IV
Al
igual
que
la
Opinión
mayoritaria
revocaría
el
dictamen
recurrido, pero por los fundamentos anteriormente expuestos.
Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Presidenta