Tribunal Supremo de Puerto Rico
Scotiabank de Puerto Rico v. TCG (The Cornerstone Group), Inc. y otros
2017 TSPR 88
Poder Judicial de Puerto Rico
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Scotiabank de Puerto Rico v. TCG (The Cornerstone Group), Inc. y otros
CC-2016-457
Contrato de Mandato: Forma en que un mandante puede autorizar a un mandatario para realizar actos de enajenaciones en su representación sobre los bienes inmuebles de la sociedad legal de bienes gananciales a la que pertenece.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Scotiabank de Puerto Rico
Recurrida
v.
TCG (The Cornerstone Group),
Inc.; Manuel Pedro Martínez
González, Lillian Marie Connor
Cerezo y la Sociedad Legal de
Gananciales compuesta por
ambos; Nicholás John Connor
Fitzsimons, Irma Cerezo Muñoz
y la Sociedad Legal de Bienes
Gananciales compuesta por
ambos
Certiorari
2017 TSPR 88
198 DPR ____
Peticionarios
Número del Caso: CC-2016-457
Fecha: 24 de mayo de 2017
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Mayagüez-Aguadilla
Abogada de la parte Peticionaria:
Lcda. Carla Ferrari Lugo
Abogados de la parte Recurrida:
Lcdo. Eliezer Rivera Lugo
Lcdo. Antonio Hernández Almodóvar
Lcdo. Jean Paul Julia Díaz
Materia: Contrato de Mandato: Forma en que un mandante puede autorizar
a un mandatario para realizar actos de enajenaciones en su
representación sobre los bienes inmuebles de la sociedad legal de
bienes gananciales a la que pertenece.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Scotiabank de Puerto Rico
Recurrida
v.
TCG (The Cornerstone
Group), Inc.; Manuel Pedro
Martínez González, Lillian
Marie Connor Cerezo y la
Sociedad Legal de
Gananciales compuesta por
ambos; Nicholás John Connor
Fitzsimons, Irma Cerezo
Muñoz y la Sociedad Legal
de Bienes Gananciales
compuesta por ambos
CC-2016-457
Certiorari
Peticionarios
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor
Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2017.
Nos
corresponde
determinar
la
forma
en
que
un
mandante puede autorizar a un mandatario para realizar
actos
de
enajenación
en
su
representación
sobre
los
bienes inmuebles de la sociedad legal de gananciales a la
que pertenece.
Resolvemos
que
un
mandato
para
enajenar
un
bien
inmueble de la sociedad legal de gananciales debe constar
por
escrito
“expreso”,
mediante
lo
que
escritura
implica
pública,
disponer
y
debe
ser
en
términos
específicos que se delega al mandatario la facultad de
CC-2016-457
2
realizar algún acto de enajenación concretamente sobre el
bien inmueble ganancial. De esta forma, reiteramos que la
concesión
de
un
poder
cuyo
lenguaje
autoriza
la
enajenación de “bienes inmuebles del mandante” no incluye
autorización
para
enajenar
los
bienes
inmuebles
de
la
sociedad legal de gananciales a la que éste pertenece.
I
El
17
de
mayo
de
1961
Don
Nicholás
John
Connor
Fitzsimons (Don Nicholás) y Doña Irma Judith Cerezo Muñoz
(Doña
Irma)
sociedad
contrajeron
legal
de
matrimonio
gananciales.
bajo
el
régimen
de
Durante
su
matrimonio
adquirieron una residencia localizada en la Calle 1 de la
Urbanización Marbella en Aguadilla.
El
11
de
junio
de
1998,
Don
Nicholás
otorgó
la
Escritura de “Poder General” número ochenta y cuatro (84),
firmada en Aguadilla, Puerto Rico, en la cual instituyó a
su hija, la Sra. Lillian Marie Connor Cerezo (Lillian),
como
su
“mandataria
o
Apoderada
General”.
En
pertinente, el poder disponía lo siguiente:
Que el compareciente, o sea, don Nicholás John
Connor Fitzsimons, por la presente designa e
instituye como su mandataria o Apoderada General
a su hija dona Lillian Marie Connor Cerezo […] y
le confiere poder general para que en su nombre y
representación, en relación a todos sus bienes
muebles
o
inmuebles,
y
derechos
reales
o
personales cuando fuere aplicable, realice las
siguientes facultades:
A) Vender, ceder, segregar, agrupar, traspasar,
hipotecar […]
los bienes o derechos antes
indicados.
.
.
.
.
.
.
.
.
lo
CC-2016-457
3
D) […] dar garantías de cualquier clase mediante
prenda,
hipoteca,
fianza
o
personales
de
conformidad con las facultades antes indicadas.
E) […] otorgar escrituras de cualquier clase,
expedir recibos, tomar dinero a préstamo, dar
dinero a préstamo, con o sin garantía de
cualquier clase.
.
.
.
.
.
.
.
.
G) Otorgar y suscribir toda clase de documentos,
públicos o privados necesarios o convenientes en
relación con el ejercicio de todas las facultades
aquí conferidas. […] (Énfasis suplido).1
Posteriormente, el 19 de junio de 2000, Doña Irma y
Lillian (en representación de Don Nicholás) otorgaron una
Escritura de Constitución de Hipoteca sobre la residencia
ganancial localizada en la Calle 1 de la Urbanización
Marbella en Aguadilla. La hipoteca se constituyó a favor
de Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank) en garantía de
una obligación contraída por TCG The Cornerstone Group,
Inc. (TCG), cuya presidenta era Lillian. En la escritura
de hipoteca se hizo constar que en esa misma fecha Doña
Irma
y
Lillian
(en
representación
de
Don
Nicholás)
firmaron un pagaré hipotecario a favor de Scotiabank por
la cantidad de $89,000. De la escritura de hipoteca surge
que a dicho acto comparecieron:
DE
LA
PRIMERA
PARTE:
DON
NICHOLÁS
[…]
representado en este acto por DOÑA LILLIAN […],
según PODER GENERAL número ochenta y cuatro (84),
otorgado en Aguadilla, Puerto Rico el once (11)
de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998)
y DOÑA IRMA CEREZO MUÑOZ […] casada con el
compareciente, Don Nicholás John Fitzsimons,
propietaria y vecina de Aguadilla […]
Comparece
de esta misma parte TCG The Co[r]nerstone Group,
Inc.
[…]
La
comparecencia
de
TCG
The
1
Poder General, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 96-100.
CC-2016-457
4
Co[r]nerstone Group, Inc. es a los efectos de
establecer que el dinero de esta hipoteca será
utilizado para propósitos de dicha corporación.
.
.
.
.
.
.
.
.
DE LA SEGUNDA PARTE: SCOTIABANK DE PUERTO RICO
[…].(Énfasis suplido).2
Posterior
Manuel
a
Martínez
dicho
otorgamiento,
González
(esposo
Lillian,
de
Lillian)
el
Sr.
y
la
corporación TCG realizaron otros acuerdos de préstamo y
líneas de crédito con Scotiabank y dejaron como garantía
el pagaré hipotecario en controversia. En el último de los
acuerdos, Scotiabank realizó una reestructuración de la
deuda.
Debido a un alegado incumplimiento contractual, el 8
de julio de 2014 Scotiabank presentó una Demanda en cobro
de
dinero
y
ejecución
de
hipoteca
en
contra
de
la
corporación TCG, Lillian, el esposo de Lillian, Doña Irma,
Don
Nicholás
y
las
sociedades
legales
de
gananciales
compuestas por éstos.3 La reclamación en contra de Don
Nicholás, Doña Irma y la sociedad legal de gananciales
compuesta por ambos fue por éstos ser dueños del inmueble
dado en garantía.
Cabe señalar que Don Nicholás había fallecido antes
de la demanda, por lo que sus herederos le sustituyeron.
Luego de contestar la demanda, el 15 de junio de 2015, los
otros
hijos
de
Don
Nicholás:
Nicholás,
María,
James,
Robert, Irma y Cristina Connor Cerezo, y su viuda Doña
2
Escritura de Constitución de Hipoteca, Apéndice, págs. 103-122.
3
Demanda, Apéndice, págs. 53-60.
CC-2016-457
5
Irma (en conjunto peticionarios) presentaron una solicitud
de
sentencia
documentos,
sumaria.
entre
A
la
petición
estos:
el
poder
anejaron
otorgado
varios
por
Don
Nicholás a Lillian, la escritura de hipoteca sobre el
inmueble ganancial, el pagaré hipotecario y los acuerdos
firmados
por
Scotiabank,
Lillian,
su
esposo
y
la
los
peticionarios
corporación TCG.4
En
síntesis,
los
argumentos
de
fueron los siguientes: (1) Del poder otorgado por Nicholás
se desprende que éste solo confirió a Lillian la facultad
para representarlo en cuanto a sus bienes privativos, por
tal razón, Lillian no estaba autorizada para hipotecar el
inmueble perteneciente a la sociedad legal de gananciales
compuesta por Don Nicholás y Doña Irma; consecuentemente,
ante la falta de capacidad representativa de Lillian, la
hipoteca
sobre
el
inmueble
ganancial
es
nula
y
no
exigible; (2) Aun suponiendo que Lillian tenía facultad
para hipotecar ese inmueble ganancial, ella se extralimitó
en sus facultades al garantizar con el inmueble ganancial
una
obligación
de
la
corporación
de
la
cual
era
presidenta, a pesar de que dicha gestión no beneficiaría a
Don
Nicholás
ni
(3)
En
alternativa,
la
fue
autorizada
la
expresamente
garantía
por
éste;
hipotecaria
se
extinguió como consecuencia de una novación extintiva de
la
4
obligación
principal
ocurrida
al
reestructurar
la
Contestación a demanda, Apéndice, págs. 69-71; Moción de Sentencia
Sumaria, Apéndice, págs. 72-173.
CC-2016-457
6
deuda; y (4) los peticionarios señalaron que la única
reclamación que Scotiabank tenía en su contra era por
ellos
ser
dueños
consideración
a
del
lo
inmueble
anterior,
y
dado
en
a
adujeron
que
garantía.
En
que
la
hipoteca sobre el inmueble ganancial es nula o que ésta se
había
extinguido,
los
peticionarios
solicitaron
que
se
desestimara la demanda presentada en su contra.
Posteriormente, Scotiabank presentó su oposición a
la moción de sentencia sumaria.5 Alegó que la garantía
hipotecaria era válida debido a que el poder disponía
claramente que Don Nicholás le confirió a Lillian varias
facultades sobre “todos sus bienes muebles o inmuebles”.
Además,
Scotiabank
anejó
una
declaración
jurada
que
disponía que los nuevos acuerdos no tuvieron el efecto de
extinguir la garantía hipotecaria.
Luego de evaluar los argumentos de las partes, el
Tribunal
de
Primera
Instancia
denegó
la
moción
de
sentencia sumaria.6 En específico, concluyó lo siguiente:
(1) que el inmueble hipotecado pertenecía a la sociedad
legal
de
gananciales
compuesta
por
Doña
Irma
y
Don
Nicholás y ahora pertenece a Doña Irma y a los herederos
de Don Nicholás (en conjunto, los peticionarios); (2) que
Lillian
tenía
poder
suficiente
para
hipotecar
el
bien
inmueble ganancial en cuestión, por lo que la hipoteca se
5
Oposición de Scotiabank a moción de sentencia sumaria, Apéndice,
págs. 174-191.
6
Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, págs. 192207.
CC-2016-457
7
constituyó
válidamente;
y
disposición
sumaria
pleito
del
(3)
que
no
porque,
procedía
según
la
consignó,
“existe controversia de hecho en cuanto a la intención de
las partes al momento del pacto de re[e]structuración”.7
En
desacuerdo,
Tribunal
de
los
Apelaciones
peticionarios
acudieron
al
mediante
Petición
de
una
certiorari.8 Posteriormente, dicho foro expidió el recurso
y
confirmó
Instancia
la
por
determinación
los
mismos
del
Tribunal
fundamentos
de
Primera
esbozados
en
el
dictamen recurrido.
Aún
inconformes,
el
17
de
mayo
de
2016
los
peticionarios presentaron una Petición de certiorari ante
este Tribunal. En síntesis, reiteraron que la hipoteca
sobre
el
inmueble
ganancial
era
nula
por
la
falta
de
capacidad de Lillian para representar a Don Nicholás en
dicho acto, y en la alternativa, señalaron que la hipoteca
se extinguió como resultado de la restructuración de la
deuda.
En consideración a lo alegado por los peticionarios,
el
22
de
septiembre
de
2016
emitimos
una
orden
a
Scotiabank para que en el término de 20 días expusiera las
razones por las que no procedía revocar la determinación
del
Tribunal
resuelto
en
de
Apelaciones,
Beauchamp
v.
Reg.
de
conformidad
con
lo
de
Aguada,
DPR
385
27
(1919), y en Pueblo v. Registrador de Humacao, 34 DPR 103
7
Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, pág. 206.
8
Resolución del Tribunal de Apelaciones, Apéndice, págs. 1-15.
CC-2016-457
8
(1925). El 18 de octubre de 2016 Scotiabank presentó su
“Escrito
de
Mostración
de
Causa”.
En
cuanto
a
las
instrucciones específicas que le conferimos, Scotiabank
mencionó que los casos Beauchamp v. Reg. de Aguada, supra,
y
Pueblo
v.
Registrador
de
Humacao,
supra,
son
distinguibles a la controversia que hoy atendemos porque
aquí
ambos
cónyuges
hipoteca:
Don
Lillian)
y
embargo,
Scotiabank
comparecieron
Nicholás
Doña
(mediante
Irma,
quien
omitió
a
la
el
poder
firmó
escritura
de
otorgado
personalmente.
mencionar
las
a
Sin
importantes
diferencias entre un bien privativo y uno ganancial, y no
discutió el por qué el lenguaje del poder otorgado por Don
Nicholás
en
relación
a
“todos
sus
bienes
muebles
o
inmuebles” es distinto al examinado en Beauchamp v. Reg.
de Aguada, supra, y en Pueblo v. Registrador de Humacao,
supra.
En
los
casos
mencionados
interpretamos
que
un
mandato sobre los “bienes de la señora compareciente” y
otro sobre los “bienes […] que tengan los poderdantes” se
refieren
a
los
bienes
privativos
y
no
incluye
los
gananciales.
Como expondremos a continuación, del poder examinado
se
desprende
representar
a
que
Lillian
Don
Nicholás
no
en
estaba
el
autorizada
otorgamiento
de
a
una
hipoteca sobre el bien inmueble ganancial. Por ello, ante
el requisito de consentimiento escrito de ambos cónyuges
para hipotecar los bienes inmuebles de la sociedad legal
de gananciales, resolvemos que la comparecencia de Doña
CC-2016-457
9
Irma al acto de hipoteca no tuvo el efecto de subsanar el
defecto en la comparecencia de su esposo, Don Nicholás.
Consecuentemente, resolvemos que la hipoteca que Lillian
firmó en representación de Don Nicholás es nula.
II
A. Los bienes gananciales y los bienes privativos
En nuestro ordenamiento jurídico, las personas que se
unirán
en
capitulaciones
regirá
matrimonio
matrimoniales,
durante
capitulaciones
pueden
el
escoger,
régimen
económico
que
En
ausencia
de
dispongan
un
matrimonio.9
su
matrimoniales
que
mediante
régimen
económico distinto, nuestro sistema legal decreta que la
pareja contraerá matrimonio bajo el régimen de sociedad
legal de gananciales.10
Es norma reconocida que la sociedad de gananciales es
una entidad jurídica separada y distinta de los cónyuges
la
componen.11
Asimismo,
bienes
adquiridos
durante
que
económico
es
el
de
la
un
hemos
interpretado
matrimonio,
sociedad
legal
de
cuyo
que
los
régimen
gananciales,
pertenecen a la sociedad conyugal y no a sus miembros.12 De
manera que al disolverse el matrimonio y al liquidarse la
9
Art. 1267 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3551.
10
Íd.
11
Int'l Charter Mortgage Corp. v. Registrador, 110 DPR 862, 863–64
(1981).
12
Véanse: Pujol v. Gordon, 160 DPR 505, 511 (2003); Art. 1295 del
Código Civil, 31 LPRA sec. 3621; Beauchamp v. Reg. de Aguada, 27 DPR
385 (1919); Art. 1322 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3697.
CC-2016-457
10
sociedad legal de gananciales es que cada cónyuge adquiere
la mitad de las ganancias y beneficios.13
Para mantener una distinción en la titularidad, se ha
reconocido,
como
principio
fundamental,
que
los
bienes
gananciales son bienes separados y distintos de aquellos
bienes que pertenecen a cada cónyuge (bienes privativos).14
Por tal razón, se han desarrollado normas y requisitos de
administración y disposición distintos para cada uno. En lo
concerniente, nuestro Código Civil establece una presunción
rebatible de ganancialidad y dispone que el cónyuge que
reclame
su
naturaleza
privativa
deberá
derrotar
tal
presunción.15
Primeramente, un bien privativo es aquel que pertenece
exclusivamente a un cónyuge.16 En ese contexto, el Art. 92
del Código Civil, 31 LPRA sec. 285, reconoce plena libertad
sobre los bienes privativos al disponer que “[e]l marido y
la
mujer
tendrán
el
derecho
de
administrar
y
disponer
libremente de sus respectivas propiedades particulares”.
Por
otro
lado,
un
bien
ganancial
es
aquel
que
pertenece a la sociedad legal de gananciales, por ejemplo,
son gananciales los bienes adquiridos por título oneroso
13
Íd.
14
Universal Funding Corp. v. Registrador, 133 DPR 549, 553 (1993).
15
Véase, Art. 1307 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3647.
16
Son bienes privativos los dispuestos en el Art. 1299 del Código
Civil, 31 LPRA sec. 3631, y aquellos que son privativos por su
naturaleza personalísima. Véase, Díaz v. Alcalá, 140 DPR 959, 968–69
(1996).
CC-2016-457
11
durante el matrimonio a costa del caudal común.17 Una de las
particularidades
de
los
bienes
gananciales
es
que
se
requiere el consentimiento escrito de ambos cónyuges para
donarlos, enajenarlos u obligarlos a título oneroso, salvo
ciertas
instancias.
Sobre
esto,
el
Art.
91
del
Código
Civil, 31 LPRA sec. 284, señala que:
Los bienes inmuebles de la sociedad conyugal no
podrán ser enajenados o gravados, bajo pena de
nulidad, sino mediante el consentimiento escrito
de ambos cónyuges. (Énfasis suplido).
Asimismo, el Art. 1313 del Código Civil, 31 LPRA sec.
3672, añade lo siguiente:
No obstante lo dispuesto en [el Art. 91] de este
título, ninguno de los dos podrá donar, enajenar,
ni obligar a título oneroso, los bienes muebles e
inmuebles de la sociedad de gananciales, sin el
consentimiento escrito del otro cónyuge, excepto
las cosas destinadas al uso de la familia o
personales de acuerdo con la posición social o
económica de ambos cónyuges.
B. El mandato o poder para bienes gananciales
En
nuestro
ordenamiento
jurídico
no
se
puede
contratar a nombre de otro sin estar por éste autorizado o
sin tener por la ley su representación legal.18 Es preciso
advertir que “[e]l contrato celebrado a nombre de otro por
quien no tenga su autorización o representación legal será
nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre
17
El Art. 1301 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3641, enumera los
bienes gananciales.
18
Véase Art. 1211 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3376.
CC-2016-457
se
12
otorgue
antes
de
ser
revocado
por
la
otra
parte
contratante”. (Énfasis suplido).19
El “mandato” es un contrato por el cual se obliga
una persona a prestar alg n servicio o a hacer alguna
cosa, por cuenta o encargo de otra.20 Por la extensión de
los
asuntos
general
o
negocios
comprendidos
especial.
del
en
el
poder,
éste
puede
ser
los
El
“general”
comprende
todos
mandante,
mientras
que
“especial”
el
comprende uno o varios negocios determinados.21 Por las
operaciones que el mandatario está facultado a realizar,
el mandato puede concebirse en términos generales o en
términos específicos. Respecto a ello, el Art. 1604 del
Código Civil, 31 LPRA sec. 4425, dispone que:
El mandato concebido en términos generales no
comprende más que los actos de administración.
Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar
cualquier otro acto de riguroso dominio se
necesita mandato expreso. (Énfasis suplido).
El
“mandato
expreso”
es
la
manifestación
clara,
concreta y determinada del mandante para autorizar un acto
de enajenación.22 Es de vital importancia señalar que el
mandato expreso “debe ser interpretado restrictivamente”
con el propósito de que no haya “margen para proposiciones
y reflexiones que puedan conducir a la extralimitación del
apoderado
y
adulteración
del
mandato”.
19
Íd.
20
Véase, Art. 1600 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4421.
21
Véase, Art. 1603 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4424.
22
Zarelli v. Registrador, 124 DPR 543, 554 (1989).
(Énfasis
CC-2016-457
13
suplido).23 De esta forma, “[e]n casos de disposición de
inmuebles,
el
mandato
debe
ser
lo
suficientemente
específico para que no haya lugar a dudas sobre el alcance
de los actos permitidos”. (Énfasis suplido).24 Ahora bien,
“la especificación requerida se refiere a la mención de
los actos o negocios jurídicos permitidos y no a [los]
requisitos en torno a la descripción de los bienes objeto
del contrato o a la localización de éstos”.25
En lo concerniente, en Zarelli v. Registrador, 124
DPR 543, 555 (1989), discutimos la normativa antes citada
y
dispusimos
que
las
disposiciones
del
Código
Civil
referentes a los mandatos debe interpretarse en unión a
las
normas
sobre
gananciales.
De
bienes
esta
de
forma,
la
sociedad
concluimos
legal
que
el
de
mandato
expreso para enajenar bienes inmuebles gananciales debe
constar por escrito, en una escritura pública.26
La controversia que ahora se nos presenta sobre la
suficiencia de un mandato para enajenar bienes inmuebles
gananciales ha sido objeto de examen en varios casos ante
este
Tribunal
inicios
del
Supremo,
Siglo
XX.
prácticamente
En
estos
todos
casos
se
resueltos
ha
23
Íd.
24
Íd.
25
Gorbea Valles v. Registrador, 133 DPR 308, 319 (1993).
26
a
decidido,
Véase Zarelli v. Registrador, supra, pág. 555. Sobre el requisito
de escritura pública, el Art. 1232(5), 31 LPRA sec. 3453(5),
especifica que debe constar en documento p blico: “(5) […] el poder
para administrar bienes, y cualquier otro que tenga por objeto un
acto redactado o que deba redactarse en escritura pública, o haya de
perjudicar a tercero”.
CC-2016-457
14
mediante opiniones breves, que la facultad del mandatario
cuando
se
le
concede
un
mandato
sobre
“bienes
del
mandante” se limita a sus bienes privativos y no contempla
los bienes de la sociedad legal de gananciales a la que
pertenece.
Ello
está
fundamentado
en
que
los
bienes
gananciales son distintos a los privativos y que a estos
les
aplican
Juncos
distintas
Central
Company
normas.
v.
Particularmente,
Registrador,
29
DPR
en
The
89,
90
(1921), expresamos que:
De acuerdo con la jurisprudencia constante de
este Tribunal Supremo un poder en que se faculta
al
apoderado
para
„comprar,
vender,
etc.,
cualquiera clase de bienes de la poderdante,‟ no
confiere facultad al mismo para vender aquellos
bienes
que
pertenezcan
a
la
sociedad
de
gananciales de la poderdante con su esposo.
(Énfasis suplido).
Asimismo, en el caso de Vidal v. Registrador, 12 DPR
167 (1907), la Sra. Ana Valenciano (mandante) autorizó a
su madre, la Sra. Isabel Curbelo y Machín (mandataria), a
vender los bienes que le pertenecían o los que pudiera
adquirir
en
lo
sucesivo.
Utilizando
el
mandato,
la
mandataria compareció en representación de la mandante en
la venta de un solar y unas casas de la sociedad legal de
gananciales. Al acto de la venta también compareció el
esposo de la mandante, el Sr. Eduardo Puertas y Martínez.
Posteriormente,
las
partes
presentaron
la
escritura
de
compraventa en el Registro de la Propiedad, sin embargo el
Registrador
se
denegatoria
de
negó
a
inscribirla.
inscripción,
Al
interpretamos
revisar
que
el
la
poder
CC-2016-457
15
otorgado
por
mandataria
a
la
mandante
únicamente
representarla
en
facultaba
cuanto
a
sus
a
la
bienes
privativos, pues no incluía disposición alguna sobre los
bienes
de
la
sociedad
legal
Consecuentemente,
resolvimos
que
de
la
gananciales.
compraventa
del
inmueble ganancial era nula por falta de consentimiento de
la mandante y confirmamos la denegatoria de inscripción.
En López Landrón v. Reg. de la Propiedad, 15 DPR 722
(1909),
Doña
Ana
María
Gutiérrez
Igaravídez
(mandante)
otorgó un poder en el que ésta facultó a su esposo, Don
Rafael
López
Landrón
(mandatario),
a
“hipotecar
cualesquiera bienes inmuebles de la otorgante”. (Énfasis
suplido).
Al
examinar
dicho
poder,
resolvimos
que
Don
Rafael no podía representar a su esposa en el acto de
hipoteca
del
interpretamos,
inmueble
“los
términos
ganancial
en
que
porque,
está
según
redactado
el
poder limitan la facultad del mandatario [a] los bienes
que pertenecen a la otorgante”. Nuestra conclusión estuvo
fundamentada
en
las
diferencias
entre
los
bienes
privativos y los gananciales. Sobre esto, expusimos lo
siguiente:
Es un principio fundamental de la ley civil […]
que solamente al disolverse el matrimonio es
cuando la esposa adquiere la completa posesión de
los bienes que le pertenecen y que han sido
adquiridos durante el matrimonio; y que durante
el matrimonio los bienes adquiridos constante el
mismo […] son los conocidos con el nombre de
gananciales
que
pertenecen
[a]
la
sociedad
conyugal y n[o] [a] ninguno de sus miembros.
CC-2016-457
16
Es también un principio fundamental […] que para
que un mandatario pueda legalmente hipotecar los
bienes de su mandante debe recibir del mismo un
poder expreso; y se dispone además, […] que el
consentimiento de la esposa para gravar los
bienes adquiridos durante el matrimonio debe
también ser uno expreso y n[o] tácito. (Énfasis
suplido).27
En G. Llinás & Co. v. Registrador, 23 DPR 759 (1916),
Doña María de los Ángeles Mariani y Mariani confirió a su
esposo un poder que lo autorizaba, en lo pertinente, para
que
“venda,
arriende,
permute,
hipoteque
cualesquiera
fincas
rústicas
o
servidumbres,
créditos
hipotecarios
y
ceda
urbanas,
censos,
y
derechos
otros
reales y personales que correspondan a la mandante y que
adquiera
en
lo
sucesivo”.
(Énfasis
suplido).
Luego
de
estudiar el lenguaje del poder, concluimos que el esposo
no estaba autorizado a hipotecar el inmueble ganancial en
representación de su esposa.
En Beauchamp v. Reg. de Aguada, 27 DPR 385 (1919),
Don Víctor P. Martínez, por sí y como apoderado de su
esposa, vendió varias fincas pertenecientes a la sociedad
legal de gananciales compuesta por ambos. En la segunda
cláusula del poder, la esposa le confirió a Don Víctor las
siguientes facultades: “Para que compren, vendan, permuten
o
hipotequen
cualquiera
clase
de
bienes
de
la
señora
compareciente, ya sean muebles, inmuebles, etc.”. (Énfasis
suplido). Al revisar ese poder, este Tribunal determinó
que Don Víctor estaba facultado únicamente para vender los
27
López Landrón v. Reg. de la Propiedad, 15 DPR 722 (1909).
CC-2016-457
bienes
17
inmuebles
que
pertenecían
privativamente
a
su
esposa, pero que no lo estaba para enajenar los de la
sociedad conyugal en representación de su esposa.
Asimismo, en Nin v. Registrador, 27 DPR 412 (1919),
concluimos que un poder que confería facultades sobre “sus
actuales bienes o a los que adquiera en lo sucesivo” no
facultaba al mandatario a gravar los bienes de la sociedad
legal de gananciales a la que pertenecía la mandante.
(Énfasis
suplido).
Registrador,
supra,
En
The
Juncos
interpretamos
Central
que
un
Company
v.
mandatario
no
tenía facultad para vender un inmueble ganancial en virtud
del
poder
que
disponía
lo
siguiente:
“Para
que
venda
absolutamente o con pacto de retracto, cualesquiera fincas
rústicas o urbanas que posea en la actualidad o adquiera
en lo sucesivo”. (Énfasis suplido).
En
Pueblo
v.
Registrador
de
Humacao,
34
DPR
103
(1925), unos esposos otorgaron un poder a un tercero que
disponía
lo
siguiente:
se
confiere
facultades
al
mandatario para que venda todos los bienes semovientes e
inmuebles que tengan los poderdantes o puedan adquirir en
lo
sucesivo
por
cualquier
título
o
concepto.
examinarlo,
resolvimos
que
dicho
poder
facultad
mandatario
para
vender
un
al
no
Al
confirió
inmueble
de
la
sociedad conyugal a la que pertenecían los mandantes.
En contraste, en Loubriel v. El Registrador de San
Juan, 126 DPR 728 (1918), interpretamos que la esposa
otorgó poder suficiente a su esposo para representarla en
CC-2016-457
la
18
enajenación
gananciales.
Saborit
a
de
bienes
El
poder
favor
de
inmuebles
otorgado
su
esposo
por
de
la
sociedad
Encarnación
Gonzalo
Torres
de
Ortega
Sirera
contenía la siguiente cláusula:
Asimismo da autorización tan amplia y eficaz como
en derecho se requiera a su referido esposo para
que a nombre de ambos y teniendo desde ahora por
prestado el consentimiento de la que dice, pueda
en cualquier tiempo vender, enajenar, gravar e
hipotecar y de cualquier otro modo obligar a
título oneroso los
bienes inmuebles
de la
sociedad de gananciales. (Énfasis suplido).
En Torres Santana v. El Registrador de Caguas, 26 DPR
791,
792
(1918),
también
concluimos
que
el
mandatario
podía actuar en representación del mandante en cuanto a
los bienes gananciales de la sociedad a la que pertenecía,
en virtud de un poder que disponía lo siguiente:
Que confiere poder […] a favor de su legítimo
esposo, don Juan Ramírez Muñoz […], para que, con
relación a los bienes propios de la compareciente
y a los gananciales de ambos, lo ejercite en
estos
términos:
Sexto.
--Para
que
venda,
libremente o con condiciones, las fincas rústicas
y urbanas que pertenezcan actualmente a la que
suscribe, así como las que adquiera en lo
sucesivo, estipulando el precio que creyere más
ventajoso. (Énfasis suplido).
Luego de examinar la doctrina aplicable, entendemos
que el poder examinado en Torres Santana v. El Registrador
de
Caguas,
supra,
no
cumplía
con
los
requisitos
del
mandato expreso para la enajenación de bienes inmuebles
gananciales.
mencionaba
Según
los
se
bienes
desprende,
gananciales,
aunque
las
el
poder
facultades
de
disposición se confirieron expresamente sobre los bienes
CC-2016-457
“que
19
pertenezcan
actualmente
a
la
que
suscribe”,
entiéndase sobre sus bienes privativos y no sobre los
gananciales.
Posteriormente,
en
Zarelli
v.
Registrador,
supra,
pág. 555, la controversia que se nos presentó fue si un
poder general otorgado en Estados Unidos por un cónyuge a
favor del otro constituyó el mandato expreso requerido en
Puerto
Rico
para
la
enajenación
de
bienes
inmuebles
gananciales. Allí resolvimos que el mandato estudiado era
uno
general,
mandatario
por
lo
que
facultades
de
éste
únicamente
confería
administración
y
no
al
de
disposición. A pesar de que en Zarelli v. Registrador,
supra,
revisitamos
la
doctrina
de
mandato,
en
dicha
ocasión no reiteramos la importancia de distinguir entre
los
bienes
gananciales
y
los
privativos,
por
no
ser
necesario, pues el poder examinado era un mandato general
en términos generales que no identificaba algún bien ni
confería
facultades
específicas
de
enajenación
al
mandatario.
Por otro lado, en esta ocasión analizamos un poder
especial redactado en términos específicos sobre bienes
privativos. Ante el desconocimiento por parte de los foros
recurridos de la doctrina aplicable, y en atención a que
ésta no ha sido visitada desde inicios del siglo pasado,
nos vemos en la necesidad de unificar la jurisprudencia
discutida. De esta forma, señalamos que para enajenar un
bien
inmueble
de
la
sociedad
legal
de
gananciales
se
CC-2016-457
20
requiere el consentimiento escrito de ambos cónyuges. Si
lo desean, ambos cónyuges, o uno de éstos, podrán otorgar
un poder para que un mandatario actúe en su representación
sobre los bienes gananciales. El mandato para enajenar un
bien
inmueble
ganancial
debe
constar
por
escrito
en
escritura pública y debe ser “expreso”, lo que conlleva
disponer
en
mandatario
términos
a
específicos
realizar
concretamente
sobre
algún
se
autoriza
acto
de
enajenación
inmueble
mandato
expreso
es
un
requisito
de
bienes
inmuebles
en
el
esencial
la
enajenación
los
ganancial.
al
el
especificidad
para
que
La
gananciales y está fundamentada en los principios básicos
de contratación en el régimen económico matrimonial de
sociedad
legal
de
gananciales
y
en
las
destacadas
diferencias entre los bienes privativos y los gananciales.
En virtud de lo expuesto, resolvemos que la concesión de
un poder en cuyo lenguaje el mandante autoriza actos de
enajenación sobre “todos sus bienes”, “los bienes que le
pertenecen”, “los bienes de la otorgante”, “los bienes que
correspondan
a
la
compareciente”,
“sus
mandante”,
actuales
“los
bienes”,
bienes
“los
de
la
bienes
que
posea”, “todos los bienes que tengan los poderdantes” o
algún lenguaje similar, se refiere a los bienes privativos
del mandante y no incluye autorización para enajenar los
bienes inmuebles de la sociedad legal de gananciales a la
que pertenece.
CC-2016-457
21
III
¿Podía
la
Sra.
Lillian
Marie
Connor
Cerezo
representar a Don Nicholás en la firma del pagaré y la
escritura de hipoteca sobre el inmueble perteneciente a la
sociedad legal de gananciales compuesta por Don Nicholás y
Doña Irma? Respondemos en la negativa. Nos explicamos.
Primeramente, de los documentos anejados a la moción
de
sentencia
inmueble
sumaria
dado
en
se
desprende:
garantía
(1)
hipotecaria
que
a
el
bien
Scotiabank
pertenecía a la sociedad legal de gananciales compuesta
por Don Nicholás y Doña Irma, y ahora pertenece a Doña
Irma y a los herederos de Don Nicholás (en conjunto, los
peticionarios), y (2) que a la firma del pagaré y de la
escritura
de
hipoteca
comparecieron
Lillian,
en
representación de Don Nicholás, y Doña Irma.
Como
mencionamos,
para
enajenar
un
bien
inmueble
ganancial se requiere el consentimiento escrito de ambos
cónyuges. Asimismo, hemos explicado que el mandato para
enajenar
un
bien
inmueble
de
la
sociedad
legal
de
gananciales debe constar por escrito en escritura pública
y debe ser “expreso”, lo que conlleva disponer en términos
específicos que se autoriza al mandatario a realizar algún
acto
de
enajenación
concretamente
sobre
el
inmueble
ganancial.
En
lo
pertinente,
la
Escritura
de
Poder
número
ochenta y cuatro (84) otorgada por Don Nicholás a Lillian
disponía lo siguiente:
CC-2016-457
22
[…] poder general para que en su nombre y
representación, en relación a todos sus bienes
muebles
o
inmuebles,
y
derechos
reales
o
personales cuando fuere aplicable, realice las
siguientes facultades: […] hipotecar […] los
bienes o derechos antes indicados [y] dar
garantías de cualquier clase mediante prenda,
hipoteca, fianza o personales de conformidad con
las facultades antes indicadas […]. (Énfasis
suplido).
De
moción
los
de
hechos
materiales
sentencia
sumaria
no
y
controvertidos
tomando
como
de
la
guía
la
jurisprudencia citada que requiere interpretar el mandato
expreso restrictivamente, colegimos que, del lenguaje del
poder examinado, se desprende que Don Nicholás le confirió
expresamente a Lillian la facultad para representarlo en
ciertos
actos
sobre
“todos
sus
bienes
muebles
o
inmuebles”, entiéndase sobre aquellos que le pertenecían
privativamente. No obstante, en dicho poder Don Nicholás
no le otorgó a Lillian la capacidad de representarlo en
algún acto de enajenación sobre los bienes de la sociedad
legal
de
gananciales
a
la
que
pertenecía.
Por
consiguiente, Lillian no tenía un mandato expreso que le
autorizara a realizar el negocio jurídico bajo análisis:
la
constitución
de
una
hipoteca
sobre
el
inmueble
ganancial.
Como mencionamos, nuestro Código Civil dispone que
“[e]l contrato celebrado a nombre de otro por quien no
tenga su autorización o representación legal será nulo, a
no
ser
otorgue
que
lo
antes
ratifique
la
de
revocado
ser
persona
por
a
cuyo
la
nombre
otra
se
parte
CC-2016-457
23
contratante”.28 Ante la falta de capacidad representativa
de Lillian, y considerando la ausencia de ratificación del
negocio
jurídico
por
parte
de
Don
Nicholás
o
sus
herederos, resolvemos que la hipoteca que Lillian firmó en
representación de Don Nicholás sobre el inmueble ganancial
es nula por falta del consentimiento de Don Nicholás y,
por tanto, no inscribible en el Registro de la Propiedad.
Aclaramos que la comparecencia de Doña Irma al acto de
hipoteca no tuvo el efecto de subsanar el defecto en la
comparecencia
de
su
esposo
Don
Nicholás
pues,
como
mencionamos, para enajenar bienes de la sociedad legal de
gananciales se requiere el consentimiento escrito de ambos
cónyuges.
Debido
a
que
de
los
hechos
materiales
no
controvertidos surge que Scotiabank no tiene alguna otra
reclamación en contra de los peticionarios que no sea como
dueños
del
inmueble
que
se
intentó
dar
en
garantía
hipotecaria, concluimos que no existía justificación para
que se permitiera la continuación de los procedimientos en
su contra. Erraron el Tribunal de Primera Instancia y el
Tribunal
sentencia
de
Apelaciones
sumaria
al
no
presentada
declarar
“ha
por
peticionarios.
los
lugar”
la
Consecuentemente, revocamos las sentencias dictadas por
los foros recurridos y ordenamos la desestimación sumaria
de la demanda presentada en contra de los peticionarios.
28
Véase, Art. 1211 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3376.
CC-2016-457
24
IV
Por los fundamentos expuestos, se expide el recurso
de certiorari, se revocan las sentencias dictadas por el
Tribunal
de
Apelaciones
y
el
Tribunal
de
Primera
Instancia, y se ordena que se declare “ha lugar” la moción
de
sentencia
sumaria
y
se
desestime
sumariamente
la
demanda en cuanto a los hermanos Nicholás, María, James,
Robert, Irma y Cristina, de apellidos Connor Cerezo, y
Doña Irma Judith Cerezo Muñoz. De esta forma, el Tribunal
de Primera Instancia podrá continuar los procedimientos en
contra de los otros demandados.
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Scotiabank de Puerto Rico
Recurrida
v.
TCG (The Cornerstone
Group), Inc.; Manuel Pedro
Martínez González, Lillian
Marie Connor Cerezo y la
Sociedad Legal de
Gananciales compuesta por
ambos; Nicholás John Connor
Fitzsimons, Irma Cerezo
Muñoz y la Sociedad Legal
de Bienes Gananciales
compuesta por ambos
CC-2016-457
Certiorari
Peticionarios
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2017.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede la cual se hace formar parte íntegra de la
presente, se expide el recurso de certiorari, se revocan
las sentencias dictadas por el Tribunal de Apelaciones y
el Tribunal de Primera Instancia, y se ordena que se
declare “ha lugar” la moción de sentencia sumaria y se
desestime sumariamente la demanda en cuanto a los hermanos
Nicholás, María, James, Robert, Irma y Cristina, de
apellidos Connor Cerezo, y Doña Irma Judith Cerezo Muñoz.
De esta forma, el Tribunal de Primera Instancia podrá
continuar los procedimientos en contra de los otros
demandados.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta
Oronoz Rodríguez y la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez no intervinieron. La Jueza Asociada señora Pabón
Charneco está inhibida.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo