Tribunal Supremo de Puerto Rico
Menéndez González v. Universidad de Puerto Rico
2017 TSPR 84
Poder Judicial de Puerto Rico
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Menéndez González v. Universidad de Puerto Rico
CC-2017-419
Sentencia con Opinión Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Anamar Menéndez González,
Rosaima E. Rivera Serrano,
Carlos Vicente Villegas Del
Valle, Edwin Francisco Rivera
Otero, Gabriela Firpi Morales
y Astrid Burgos Nieves
Recurridos
v.
Certiorari
Universidad de Puerto Rico y
su Presidenta
Dra. Nivia
Fernández Hernández, Dra.
Carmen Haydeé Rivera Vega, en
su Capacidad como Rectora
Interina del Recinto de Río
Piedras y Dr. Carlos Pérez
Díaz, en su Capacidad como
Presidente de la Junta de
Gobierno de la Universidad de
Puerto Rico
2017 TSPR 84
198 DPR ____
Peticionarios
Número del Caso: CC-2017-419
Fecha: 19 de mayo de 2017
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan y Cagua, Panel II
Abogado de la parte Peticionaria:
Lcdo. Enrique Figueroa Llinás
Abogado de la parte Recurrida:
Lcdo. Pedro R. Vázquez Pesquera
Materia: Sentencia con Opiniones Disidentes.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Anamar Menéndez
González,
Rosaima
E.
Rivera
Serrano, Carlos Vicente
Villegas Del Valle, Edwin
Francisco Rivera Otero,
Gabriela Firpi Morales y
Astrid Burgos Nieves
Recurridos
v.
CC-2017-419
Certiorari
Universidad
de
Puerto
Rico
y
su
Presidenta
Dra.
Nivia
Fernández
Hernández,
Dra.
Carmen
Haydeé Rivera Vega, en su
Capacidad
como
Rectora
Interina del Recinto de
Río Piedras y Dr. Carlos
Pérez
Díaz,
en
su
Capacidad como Presidente
de la Junta de Gobierno
de
la
Universidad
de
Puerto Rico
Peticionarios
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico a 19 de mayo de 2017.
Por estar igualmente dividido el Tribunal,
expedimos el Recurso de Certiorari solicitado y se
confirma la Sentencia emitida por el Tribunal de
Apelaciones, Región Judicial de San Juan, el 5 de mayo
de 2017.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario
del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz
Rodríguez proveería ha lugar a la Moción en Auxilio de
Jurisdicción y expediría la Petición de Certiorari. La
Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez proveería ha
lugar a la Moción en Auxilio de Jurisdicción,
expediría la Petición de Certiorari, y emite una
Opinión Disidente. El Juez Asociado señor Colón Pérez
proveería ha lugar a la Moción en Auxilio de
CC-2017-0419
2
Jurisdicción, expediría la Petición de Certiorari, y
emite una Opinión Disidente. El Juez Asociado señor
Rivera García no intervino. Los Jueces Asociados
señores Martínez Torres y Estrella Martínez están
inhibidos.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Anamar
Menéndez
González,
Rosaima E. Rivera Serrano,
Carlos Vicente Villegas del
Valle, Edwin Francisco Rivera
Otero, Gabriela Firpi Morales
y Astrid Burgos Nieves
Recurridos
v.
Universidad de Puerto Rico y
su Presidenta Interina, Dra.
Nivia
Fernández
Hernández,
Dra.
Carmen
Haydeé
Rivera
Vega, en su capacidad como
Rectora Interina del Recinto
de Río Piedras y Dr. Carlos
Pérez Díaz en su capacidad
como Presidente de la Junta
de Gobierno de la Universidad
de Puerto Rico
CC-2017-0419
Peticionarios
Opinión Disidente emitida
Rodríguez Rodríguez
por
la
Juez
Asociada
señora
San Juan, Puerto Rico a 19 de mayo de 2017
I
En el año 2010, una mayoría de este Tribunal pautó,
en UPR v. Laborde Torres, un derrotero nefasto el cual
denominé como “un golpe mortal a la Universidad de Puerto
Rico y a nuestro sistema democrático”. UPR v. Laborde
Torres,
180
DPR
253,330
(2010).
Ello,
pues
la
catalogación de la Universidad de Puerto Rico como un
foro público por designación se sustentó en un análisis
privado de historia; desligado totalmente de la finalidad
CC-2017-0419
social
que
2
cumplen
las
instituciones
de
educación
superior.
El carácter sui generis que reviste a la Universidad
surge del vínculo existente entre esta institución y la
sociedad ya que ésta es fruto de la traducción de la
democracia a un espacio físico que pretende servir a la
libertad de asociación y de expresión. Así lo reconoce la
propia Ley Orgánica de la Universidad de Puerto Rico y la
jurisprudencia federal. Asimismo, cabe señalar que, el
carácter particular de la Universidad la ha convertido,
históricamente,
también
en
un
flanco
de
ataque,
particularmente, por quienes poco toleran la diversidad
que conlleva la democracia.
II
Ante nuestra consideración pende un dictamen emitido
por el foro apelativo intermedio, que complica aún más el
panorama antes señalado. El 5 de mayo de 2017, este foro
emitió
una
Universidad
Sentencia
de
Puerto
mediante
Rico,
la
y
cual
demás
ordenó
a
la
demandados,
a
restablecer el acceso al Recinto de Río Piedras. Ello, en
desatención de normas elementales del derecho procesal.
En particular, considero necesario enfocarme en una, a
saber, la falta de parte indispensable.
La
Regla
16.1
de
Procedimiento
Civil
regula
lo
concerniente a la acumulación de partes indispensables. A
esos efectos, ésta dispone que:
CC-2017-0419
3
“[l]as personas que tuvieren un interés común
sin cuya presencia no pueda adjudicarse la
controversia, serán partes y se cumularán como
demandantes o demandadas según corresponda.
Cuando una persona que deba unirse como
demandante rehusare hacerlo, podrá unirse como
demandada”. 32 LPRA Ap. V, R. 16.1.
En esencia, una parte indispensable es una que tiene
un interés de tal grado sobre la controversia “„que no
puede dictarse un decreto final entre las partes en la
acción sin lesionar y afectar radicalmente su interés, o
sin permitir que la controversia quede en tal estado que
su determinación final haya de ser inconsistente con la
equidad
y
una
conciencia
limpia‟”.
Cirino
González
v.
Adm. Corrección, 190 DPR 14, 46 (2014) (citas omitidas);
Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216 (2007). Según
hemos comentado, la importancia de identificar la parte
indispensable
axiomas,
irremediablemente
se
relaciona
con
dos
“primero, en la protección constitucional que
impide que las personas sean privadas de su libertad o
propiedad sin un debido proceso de ley, y segundo, en la
necesidad de que se emita un decreto judicial completo”.
Colón Negrón v. Mun. Bayamón, 192 DPR 499, 510 (2015);
Cepeda
Torres
v.
García
Ortiz,
132
DPR
698,
704
(1993). Por ello, en reiteradas ocasiones hemos expresado
“que la omisión de incluir una parte indispensable incide
sobre el debido proceso de ley que cobija al ausente”.
Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 678 (2012);
CC-2017-0419
Romero
v.
4
S.L.G.
Reyes,
164
DPR
721
(2005);
Carrero
Suárez v. Sánchez López, 103 DPR 77, 81–82 (1974).1
Ciertamente, la determinación sobre la necesidad de
acumular una parte, por ésta ser indispensable, es una
tarea que le corresponde a los Tribunales. Véase Unisys
v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991). Claro está, una
determinación a esos efectos tiene que fundamentarse en
los
hechos
específicos
del
caso.
Véase
Sánchez
v.
Sánchez, 154 DPR 645, 678 (2001); Granados v. Rodríguez
Estrada II, 124 DPR 593 (1989). Por ello, no podemos
realizar un examen simplista del asunto, sino que tenemos
el
deber
de
realizar
“un
ejercicio
de
consideración
pragmática de los intereses implicados”. Cirino González
v. Adm. Corrección, 190 DPR 14, 46 (2014).
En
Instancia
el
presente
tuvo
el
caso,
el
beneficio
Tribunal
de
de
Primera
examinar,
con
detenimiento, las alegaciones de las partes demandantes y
la prueba testifical y documental que se presentó durante
la vista de Injunction preliminar y Mandamus, celebrada
1
De otra parte, al identificar aquello denominado como
„interés común‟ hemos precisado que “no se trata de
cualquier interés en el pleito. Tiene que ser „de tal
orden que impida la confección de un decreto sin
afectarlo‟”. Cirino González v. Adm. Corrección, 190 DPR
14, 46 (2014) (citas omitidas). Véase, además, Hernández
Agosto v. López Nieves, 114 DPR 601, 607 (1983). A saber,
un interés de tal orden que impida la confección de un
derecho adecuado sin afectarle o destruirle radicalmente
sus derechos. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216
(2007). Éste, además, tiene que ser real e inmediato y no
puede ser especulativo o futuro. Véase García Colón v.
Sucn. González, 178 DPR 527, 549 (2010).
CC-2017-0419
5
el 4 de abril de 2017. A raíz de esa evaluación, el foro
primario correctamente concluyó que
[s]egún la prueba desfilada y el propio
testimonio de la parte demandante, quienes
están en el Recinto de Río Piedras y ejercen
control e impiden el acceso al mismo son
estudiantes y „personas relacionadas con el
paro‟, que no son la parte demandada en este
caso,
ni
sus
oficiales,
agentes,
sirvientes(as),
empleados(as),
abogados(as),
como tampoco, son personas que actúan de
acuerdo o participen activamente con éstos.
Sencillamente,
estas
personas
que
están
impidiendo el acceso a la UPR no figuran como
parte en este caso y ello responde, únicamente,
a la contención de la parte demandante de que
estas personas no son parte indispensable por
el
hecho
de
que
no
están
obligadas
contractualmente con los demandantes. Ello,
choca expresamente con la Regla 16.1 de
Procedimiento Civil. Anamar Menéndez González y
otros v. Universidad de Puerto Rico y otros,
SJ2017CV00111, en la pág. 16 (énfasis suplido).2
2
Es preciso recalcar que surge claramente de la relación
de hechos que se consignó en la Demanda enmendada
presentada por los recurridos, que -en todo momentoéstos hacían alusión a que “los estudiantes” eran los que
estaban impidiendo la entrada al Recinto de Río Piedras.
Véase Apéndice, págs. 16-18. Asimismo, es esencial
destacar algunas de las determinaciones de hecho que
fueron consignadas en la Sentencia como fundamento para
la
determinación
del
foro
primario.
A
saber,
la
demandante, Srta. Astrid Burgos, “testificó que „la
Administración de la Universidad no es la que está
impidiendo el paso‟. Esta admitió además que „las
personas
impidiendo
el
acceso
son
las
personas
relacionados con el paro‟”. Anamar Menéndez González y
otros
v.
Universidad
de
Puerto
Rico
y
otros,
SJ2017CV00111, en la pág. 5. Por otro lado, otra de las
demandantes, la Srta. Rosaima Rivera Serrano, testificó
que “‟no sé quién cerró los portones, me enteré por la
prensa”. No obstante, la Srta. Rivera Serrano testificó
además „no he intentado ir a coger clases por que temo
por mi seguridad. Quienes estaban en los portones eran
estudiantes. No eran guardias‟”. Id. en la pág. 6.
Además, las partes, como parte de los hechos estipulados,
indicaron que “ningún funcionario de la UPR ni ninguno de
sus agentes ha impedido el acceso de persona alguna ni ha
puesto barrera de clase alguna en las entradas del
Recinto de Río Piedras”. Id. en la pág. 7.
CC-2017-0419
En
6
su
correctamente
Sentencia,
el
Tribunal
reconoció
que,
como
de
regla
Apelaciones
general,
los
foros apelativos no tienen la facultad de sustituir las
determinaciones
de
hechos
que
realiza
el
Tribunal
de
Primera Instancia. Véase Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo,
171 DPR 717, 741 (2007). Claro está, también atinó al
identificar que este principio cede cuando se demuestra
un craso abuso de discreción, o que el foro recurrido
actuó
con
pasión,
prejuicio
y
parcialidad
o
error
manifiesto. Véase, por ejemplo, Trans-Oceanic Life Ins.
v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012).
A pesar de lo anterior, el foro apelativo intermedio
ignoró
las
determinaciones
de
hecho
que
fueron
consignadas en la Sentencia Parcial del foro primario con
relación a la falta de parta indispensable. Incluso, tras
admitir
que
no
contaba
con
una
reproducción
o
transcripción de la prueba oral vertida ante el tribunal
de Instancia. Véase Anamar Menéndez González y otros v.
Universidad de Puerto Rico y otros, KLCE201700730, en la
pág.
40.
En
vez,
razonó
obligaciones
entre
las
“terceros
que
se
que
en
consideración
a
las
partes,
la
acumulación
de
los
acceso
al
encuentran
impidiendo
el
Recinto no son parte indispensable”. Id. en la pág. 43.
Discrepamos. En reiteradas ocasiones este Tribunal
ha
expresado
que
indispensable, el
“[a]nte
la
ausencia
tribunal
carece
de
de
una
jurisdicción
parte
para
resolver la controversia. Es por ello que, al incidir tal
CC-2017-0419
ausencia
7
en
la
jurisdicción
del
tribunal,
debe
desestimarse la acción”. Bonilla Ramos, 185 DPR en la
pág. 678; Pérez v. Morales Rosado, 172 DPR 216 (2007).
Tal resultado no se condicionó al tipo de recurso que
fuera presentado.
De
otra
parte,
al
evaluar
el
presente
que
el
derecho
no
sea
imprescindible
abstracción
a
controversia.
las
Desde
realidades
que
el
abril
6
de
caso,
es
aplicado
en
circundan
de
esta
2017,
el
estudiantado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Río Piedras, emitió un voto de huelga indefinida que aún
sigue en efecto. Por tanto, es un hecho -según surge del
expediente del caso- que son „los estudiantes‟ quienes
ostentan
el
control
físico
de
las
vías
de
acceso
al
contractuales
entre
las
recinto universitario.
Sin
duda,
las
relaciones
partes no alteran esa realidad. Es por ello que, el 11 de
mayo de 2017, día en que las partes recurrentes habían
sido
ordenadas
fracasaron
en
a
restablecer
el
acceso
al
recinto,
su
encomienda.
Evidentemente,
resulta
absurdo, en este caso, sólo exigir de quienes no son
partícipes de los actos que impiden el acceso al recinto
remediar la situación. No tiene sentido alguno encontrar
incurso
en
desacato
a
una
parte
por
desobedecer
un
dictamen que le resulta imposible cumplir por su cuenta.
Asimismo, es inverosímil pretender que la imposición
de sanciones
-que sólo resulta en un malgasto de los
CC-2017-0419
escasos
fondos
gobiernoesta
8
públicos
remedie
situación
la
que
figuran
realidad
insensata
en
las
inalterada.
evidencia
los
arcas
del
Ciertamente,
peligros
de
conceder un remedio incompleto y no ponderar por el foro
apelativo las consecuencias ulteriores de su dictamen. En
consideración a lo anterior, estimo que en este caso hace
falta
una
parte
indispensable
y,
por
ende,
erró
el
Tribunal de Apelaciones al revocar la Sentencia Parcial
emitida por el foro primario.
III
Según comentamos, lamentablemente, hoy día continúan
latente los efectos de U.P.R. v. Laborde, pero bajo un
panorama aún más desalentador, pues al parecer las líneas
de
nuestro
sistema
republicano
de
gobierno
se
han
desdibujado lo cual ha puesto en jaque el principio de
separación de poderes. Por ende, ante los eventos que
hemos vivido como puertorriqueños en días recientes, no
puedo concluir sin expresar mi más profunda indignación y
consternación con los viles ataques que ha sufrido la
Juez
del
Tribunal
de
Primera
Instancia,
encargada
del
caso de autos.3
3
En repetidas ocasiones hemos pautado que como jueces,
debemos abstenernos de hacer comentarios de índole
política, salvo cuando éstos se hagan precisamente en
defensa de la independencia judicial. In re Mercado
Santaella, 2017 TSPR 64, en la pág. 32, 197 DPR ___
(2017); In re Hernández Torres, 167 DPR 823, 846 (2006).
A mi entender, ante un ataque a la función judicial para
adelantar juegos políticos, expresarse no es meramente
permisible, sino también apremiante para cumplir a
cabalidad con nuestra función como custodios de la
CC-2017-0419
En
9
consideración
emitió
declarando
a
no
la
Sentencia
Parcial
ha
lugar
la
a
que
ésta
solicitud
de
Interdicto Preliminar y Mandamus, afloraron los ataques
injustificados contra su persona. A manera de ejemplo, se
tildó de “activista”, “de estar prejuiciada”, “de causar
desasosiego” y aún de “agitar la violencia”. Para estas
serias alegaciones, no se ofreció un ápice de evidencia
que las sustentaran. Incluso, no se ofreció prueba alguna
para
apoyar
la
conclusión
de
que
la
Juez
emitió
su
dictamen por motivaciones impropias, lo cual ciertamente
sería
sancionable
bajo
nuestros
Cánones
de
Ética
Judicial. Véase 4 LPRA Ap. IV-B, C. 2, C. 8.
Como todos sabemos, Puerto Rico vive días aciagos
que requieren de todos, particularmente de sus líderes,
respeto,
tolerancia
y
adhesión
principio
republicano
que
representa
poderes.
Debemos
todos
procurar
inquebrantable
la
que
al
separación
con
de
nuestras
actuaciones no deslegitimemos la función judicial en este
País. Quizás en otros países las noticias se suprimen,
las verdades se declaran falsas y a los jueces se les
insulta y amedrenta. Pero aquí no. Ante una determinación
adversa en un tribunal de justicia, uno puede estar en
desacuerdo
hicieron
con
las
su
dictamen.
partes
en
esta
De
ocurrir,
ocasión,
como
bien
existen
los
institución donde los ciudadanos depositan su confianza
en la Justicia. En el caso de autos, mi deber como Juez
Asociada, y más que nada mi conciencia, me exigen
expresarme en defensa de la independencia judicial.
CC-2017-0419
10
mecanismos procesales para atender las insatisfacciones
ante los foros apelativos.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Anamar Menéndez González,
Rosaima
E.
Rivera
Serrano, Carlos Vicente
Villegas Del Valle, Edwin
Francisco Rivera Otero,
Gabriela Firpi Morales y
Astrid Burgos Nieves
Recurridos
CC-2017-419
Certiorari
v.
Universidad
de
Puerto
Rico
y
su
Presidenta
Dra.
Nivia
Fernández
Hernández,
Dra.
Carmen
Haydeé Rivera Vega, en su
Capacidad
como
Rectora
Interina del Recinto de
Río Piedras y Dr. Carlos
Pérez
Díaz,
en
su
Capacidad como Presidente
de la Junta de Gobierno
de
la
Universidad
de
Puerto Rico
Peticionarios
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Colón
Pérez
En San Juan, Puerto Rico a 19 de mayo de 2017.
A través de esta breve Opinión Disidente hacemos
constar
que,
en
esta
etapa
de
los
procedimientos,
hubiésemos provisto ha lugar a la “Moción en Auxilio de
Jurisdicción”,
así
como
a
la
Petición
de
Certiorari
presentada en el caso de referencia, y, en consecuencia,
hubiésemos
revocado la determinación del Tribunal de
Apelaciones.
Ello,
por
entender
que,
--
como
CC-2017-0419
2
correctamente decidió el Tribunal de Primera Instancia -, bajo las circunstancias del presente caso, no era
posible autorizar el Injuction y Mandamus solicitados.
Particularmente, además de no cumplir con varios de los
requisitos procesales de los remedios de Injuction y
Mandamus, el grupo de estudiantes demandantes no acumuló
a una parte indispensable para la correcta disposición
del caso ante nos; entiéndase, a quienes alegadamente
obstaculizan e impiden la entrada al Recinto de Rio
Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
Como
hemos
visto,
indispensable
sobre
jurisdicción,
es
la
la
la
ausencia
cual
que,
el
en
de
esa
parte
no
tiene
Tribunal
esencia,
ha
tornado
ineficaz, además de difícil de ejecutar, el dictamen del
foro apelativo intermedio.
Ahora bien, lo anterior no es óbice para hacer una
exhortación
a
las
partes
en
controversia
-–
la
Universidad de Puerto Rico y los Estudiantes -- a
dar
inicio, o a continuar, si ya lo han hecho, a un diálogo
franco y sincero que permita ponerle fin a la huelga que
mantiene
Lejos
de
cerrado
buscar
el
primer
centro
alternativas
docente
que
del
inviten
país.
a
la
confrontación, en el escenario tan tenso que enfrenta la
Universidad, vemos en la comunicación la herramienta más
eficaz para poner fin a las controversias que allí se
viven. Es tiempo de que nuestros estudiantes, futuro de
nuestro país, regresen a su casa de estudios. Recordemos
CC-2017-0419
3
que “sin estudiantes no hay Universidad, sin Universidad
no hay país”. A esa reflexión, se les invita.
Ángel Colón Pérez
Juez Asociado