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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Menéndez González v. Universidad de Puerto Rico

2017 TSPR 84

Poder Judicial de Puerto Rico

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Menéndez González v. Universidad de Puerto Rico

CC-2017-419

Sentencia con Opinión Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Anamar Menéndez González,

Rosaima E. Rivera Serrano,

Carlos Vicente Villegas Del

Valle, Edwin Francisco Rivera

Otero, Gabriela Firpi Morales

y Astrid Burgos Nieves

Recurridos

v.

Certiorari

Universidad de Puerto Rico y

su Presidenta

Dra. Nivia

Fernández Hernández, Dra.

Carmen Haydeé Rivera Vega, en

su Capacidad como Rectora

Interina del Recinto de Río

Piedras y Dr. Carlos Pérez

Díaz, en su Capacidad como

Presidente de la Junta de

Gobierno de la Universidad de

Puerto Rico

2017 TSPR 84

198 DPR ____

Peticionarios

Número del Caso: CC-2017-419

Fecha: 19 de mayo de 2017

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan y Cagua, Panel II

Abogado de la parte Peticionaria:

Lcdo. Enrique Figueroa Llinás

Abogado de la parte Recurrida:

Lcdo. Pedro R. Vázquez Pesquera

Materia: Sentencia con Opiniones Disidentes.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Anamar Menéndez

González,

Rosaima

E.

Rivera

Serrano, Carlos Vicente

Villegas Del Valle, Edwin

Francisco Rivera Otero,

Gabriela Firpi Morales y

Astrid Burgos Nieves

Recurridos

v.

CC-2017-419

Certiorari

Universidad

de

Puerto

Rico

y

su

Presidenta

Dra.

Nivia

Fernández

Hernández,

Dra.

Carmen

Haydeé Rivera Vega, en su

Capacidad

como

Rectora

Interina del Recinto de

Río Piedras y Dr. Carlos

Pérez

Díaz,

en

su

Capacidad como Presidente

de la Junta de Gobierno

de

la

Universidad

de

Puerto Rico

Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 19 de mayo de 2017.

Por estar igualmente dividido el Tribunal,

expedimos el Recurso de Certiorari solicitado y se

confirma la Sentencia emitida por el Tribunal de

Apelaciones, Región Judicial de San Juan, el 5 de mayo

de 2017.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz

Rodríguez proveería ha lugar a la Moción en Auxilio de

Jurisdicción y expediría la Petición de Certiorari. La

Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez proveería ha

lugar a la Moción en Auxilio de Jurisdicción,

expediría la Petición de Certiorari, y emite una

Opinión Disidente. El Juez Asociado señor Colón Pérez

proveería ha lugar a la Moción en Auxilio de

CC-2017-0419

2

Jurisdicción, expediría la Petición de Certiorari, y

emite una Opinión Disidente. El Juez Asociado señor

Rivera García no intervino. Los Jueces Asociados

señores Martínez Torres y Estrella Martínez están

inhibidos.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Anamar

Menéndez

González,

Rosaima E. Rivera Serrano,

Carlos Vicente Villegas del

Valle, Edwin Francisco Rivera

Otero, Gabriela Firpi Morales

y Astrid Burgos Nieves

Recurridos

v.

Universidad de Puerto Rico y

su Presidenta Interina, Dra.

Nivia

Fernández

Hernández,

Dra.

Carmen

Haydeé

Rivera

Vega, en su capacidad como

Rectora Interina del Recinto

de Río Piedras y Dr. Carlos

Pérez Díaz en su capacidad

como Presidente de la Junta

de Gobierno de la Universidad

de Puerto Rico

CC-2017-0419

Peticionarios

Opinión Disidente emitida

Rodríguez Rodríguez

por

la

Juez

Asociada

señora

San Juan, Puerto Rico a 19 de mayo de 2017

I

En el año 2010, una mayoría de este Tribunal pautó,

en UPR v. Laborde Torres, un derrotero nefasto el cual

denominé como “un golpe mortal a la Universidad de Puerto

Rico y a nuestro sistema democrático”. UPR v. Laborde

Torres,

180

DPR

253,330

(2010).

Ello,

pues

la

catalogación de la Universidad de Puerto Rico como un

foro público por designación se sustentó en un análisis

privado de historia; desligado totalmente de la finalidad

CC-2017-0419

social

que

2

cumplen

las

instituciones

de

educación

superior.

El carácter sui generis que reviste a la Universidad

surge del vínculo existente entre esta institución y la

sociedad ya que ésta es fruto de la traducción de la

democracia a un espacio físico que pretende servir a la

libertad de asociación y de expresión. Así lo reconoce la

propia Ley Orgánica de la Universidad de Puerto Rico y la

jurisprudencia federal. Asimismo, cabe señalar que, el

carácter particular de la Universidad la ha convertido,

históricamente,

también

en

un

flanco

de

ataque,

particularmente, por quienes poco toleran la diversidad

que conlleva la democracia.

II

Ante nuestra consideración pende un dictamen emitido

por el foro apelativo intermedio, que complica aún más el

panorama antes señalado. El 5 de mayo de 2017, este foro

emitió

una

Universidad

Sentencia

de

Puerto

mediante

Rico,

la

y

cual

demás

ordenó

a

la

demandados,

a

restablecer el acceso al Recinto de Río Piedras. Ello, en

desatención de normas elementales del derecho procesal.

En particular, considero necesario enfocarme en una, a

saber, la falta de parte indispensable.

La

Regla

16.1

de

Procedimiento

Civil

regula

lo

concerniente a la acumulación de partes indispensables. A

esos efectos, ésta dispone que:

CC-2017-0419

3

“[l]as personas que tuvieren un interés común

sin cuya presencia no pueda adjudicarse la

controversia, serán partes y se cumularán como

demandantes o demandadas según corresponda.

Cuando una persona que deba unirse como

demandante rehusare hacerlo, podrá unirse como

demandada”. 32 LPRA Ap. V, R. 16.1.

En esencia, una parte indispensable es una que tiene

un interés de tal grado sobre la controversia “„que no

puede dictarse un decreto final entre las partes en la

acción sin lesionar y afectar radicalmente su interés, o

sin permitir que la controversia quede en tal estado que

su determinación final haya de ser inconsistente con la

equidad

y

una

conciencia

limpia‟”.

Cirino

González

v.

Adm. Corrección, 190 DPR 14, 46 (2014) (citas omitidas);

Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216 (2007). Según

hemos comentado, la importancia de identificar la parte

indispensable

axiomas,

irremediablemente

se

relaciona

con

dos

“primero, en la protección constitucional que

impide que las personas sean privadas de su libertad o

propiedad sin un debido proceso de ley, y segundo, en la

necesidad de que se emita un decreto judicial completo”.

Colón Negrón v. Mun. Bayamón, 192 DPR 499, 510 (2015);

Cepeda

Torres

v.

García

Ortiz,

132

DPR

698,

704

(1993). Por ello, en reiteradas ocasiones hemos expresado

“que la omisión de incluir una parte indispensable incide

sobre el debido proceso de ley que cobija al ausente”.

Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 678 (2012);

CC-2017-0419

Romero

v.

4

S.L.G.

Reyes,

164

DPR

721

(2005);

Carrero

Suárez v. Sánchez López, 103 DPR 77, 81–82 (1974).1

Ciertamente, la determinación sobre la necesidad de

acumular una parte, por ésta ser indispensable, es una

tarea que le corresponde a los Tribunales. Véase Unisys

v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991). Claro está, una

determinación a esos efectos tiene que fundamentarse en

los

hechos

específicos

del

caso.

Véase

Sánchez

v.

Sánchez, 154 DPR 645, 678 (2001); Granados v. Rodríguez

Estrada II, 124 DPR 593 (1989). Por ello, no podemos

realizar un examen simplista del asunto, sino que tenemos

el

deber

de

realizar

“un

ejercicio

de

consideración

pragmática de los intereses implicados”. Cirino González

v. Adm. Corrección, 190 DPR 14, 46 (2014).

En

Instancia

el

presente

tuvo

el

caso,

el

beneficio

Tribunal

de

de

Primera

examinar,

con

detenimiento, las alegaciones de las partes demandantes y

la prueba testifical y documental que se presentó durante

la vista de Injunction preliminar y Mandamus, celebrada

1

De otra parte, al identificar aquello denominado como

„interés común‟ hemos precisado que “no se trata de

cualquier interés en el pleito. Tiene que ser „de tal

orden que impida la confección de un decreto sin

afectarlo‟”. Cirino González v. Adm. Corrección, 190 DPR

14, 46 (2014) (citas omitidas). Véase, además, Hernández

Agosto v. López Nieves, 114 DPR 601, 607 (1983). A saber,

un interés de tal orden que impida la confección de un

derecho adecuado sin afectarle o destruirle radicalmente

sus derechos. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216

(2007). Éste, además, tiene que ser real e inmediato y no

puede ser especulativo o futuro. Véase García Colón v.

Sucn. González, 178 DPR 527, 549 (2010).

CC-2017-0419

5

el 4 de abril de 2017. A raíz de esa evaluación, el foro

primario correctamente concluyó que

[s]egún la prueba desfilada y el propio

testimonio de la parte demandante, quienes

están en el Recinto de Río Piedras y ejercen

control e impiden el acceso al mismo son

estudiantes y „personas relacionadas con el

paro‟, que no son la parte demandada en este

caso,

ni

sus

oficiales,

agentes,

sirvientes(as),

empleados(as),

abogados(as),

como tampoco, son personas que actúan de

acuerdo o participen activamente con éstos.

Sencillamente,

estas

personas

que

están

impidiendo el acceso a la UPR no figuran como

parte en este caso y ello responde, únicamente,

a la contención de la parte demandante de que

estas personas no son parte indispensable por

el

hecho

de

que

no

están

obligadas

contractualmente con los demandantes. Ello,

choca expresamente con la Regla 16.1 de

Procedimiento Civil. Anamar Menéndez González y

otros v. Universidad de Puerto Rico y otros,

SJ2017CV00111, en la pág. 16 (énfasis suplido).2

2

Es preciso recalcar que surge claramente de la relación

de hechos que se consignó en la Demanda enmendada

presentada por los recurridos, que -en todo momentoéstos hacían alusión a que “los estudiantes” eran los que

estaban impidiendo la entrada al Recinto de Río Piedras.

Véase Apéndice, págs. 16-18. Asimismo, es esencial

destacar algunas de las determinaciones de hecho que

fueron consignadas en la Sentencia como fundamento para

la

determinación

del

foro

primario.

A

saber,

la

demandante, Srta. Astrid Burgos, “testificó que „la

Administración de la Universidad no es la que está

impidiendo el paso‟. Esta admitió además que „las

personas

impidiendo

el

acceso

son

las

personas

relacionados con el paro‟”. Anamar Menéndez González y

otros

v.

Universidad

de

Puerto

Rico

y

otros,

SJ2017CV00111, en la pág. 5. Por otro lado, otra de las

demandantes, la Srta. Rosaima Rivera Serrano, testificó

que “‟no sé quién cerró los portones, me enteré por la

prensa”. No obstante, la Srta. Rivera Serrano testificó

además „no he intentado ir a coger clases por que temo

por mi seguridad. Quienes estaban en los portones eran

estudiantes. No eran guardias‟”. Id. en la pág. 6.

Además, las partes, como parte de los hechos estipulados,

indicaron que “ningún funcionario de la UPR ni ninguno de

sus agentes ha impedido el acceso de persona alguna ni ha

puesto barrera de clase alguna en las entradas del

Recinto de Río Piedras”. Id. en la pág. 7.

CC-2017-0419

En

6

su

correctamente

Sentencia,

el

Tribunal

reconoció

que,

como

de

regla

Apelaciones

general,

los

foros apelativos no tienen la facultad de sustituir las

determinaciones

de

hechos

que

realiza

el

Tribunal

de

Primera Instancia. Véase Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo,

171 DPR 717, 741 (2007). Claro está, también atinó al

identificar que este principio cede cuando se demuestra

un craso abuso de discreción, o que el foro recurrido

actuó

con

pasión,

prejuicio

y

parcialidad

o

error

manifiesto. Véase, por ejemplo, Trans-Oceanic Life Ins.

v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012).

A pesar de lo anterior, el foro apelativo intermedio

ignoró

las

determinaciones

de

hecho

que

fueron

consignadas en la Sentencia Parcial del foro primario con

relación a la falta de parta indispensable. Incluso, tras

admitir

que

no

contaba

con

una

reproducción

o

transcripción de la prueba oral vertida ante el tribunal

de Instancia. Véase Anamar Menéndez González y otros v.

Universidad de Puerto Rico y otros, KLCE201700730, en la

pág.

40.

En

vez,

razonó

obligaciones

entre

las

“terceros

que

se

que

en

consideración

a

las

partes,

la

acumulación

de

los

acceso

al

encuentran

impidiendo

el

Recinto no son parte indispensable”. Id. en la pág. 43.

Discrepamos. En reiteradas ocasiones este Tribunal

ha

expresado

que

indispensable, el

“[a]nte

la

ausencia

tribunal

carece

de

de

una

jurisdicción

parte

para

resolver la controversia. Es por ello que, al incidir tal

CC-2017-0419

ausencia

7

en

la

jurisdicción

del

tribunal,

debe

desestimarse la acción”. Bonilla Ramos, 185 DPR en la

pág. 678; Pérez v. Morales Rosado, 172 DPR 216 (2007).

Tal resultado no se condicionó al tipo de recurso que

fuera presentado.

De

otra

parte,

al

evaluar

el

presente

que

el

derecho

no

sea

imprescindible

abstracción

a

controversia.

las

Desde

realidades

que

el

abril

6

de

caso,

es

aplicado

en

circundan

de

esta

2017,

el

estudiantado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de

Río Piedras, emitió un voto de huelga indefinida que aún

sigue en efecto. Por tanto, es un hecho -según surge del

expediente del caso- que son „los estudiantes‟ quienes

ostentan

el

control

físico

de

las

vías

de

acceso

al

contractuales

entre

las

recinto universitario.

Sin

duda,

las

relaciones

partes no alteran esa realidad. Es por ello que, el 11 de

mayo de 2017, día en que las partes recurrentes habían

sido

ordenadas

fracasaron

en

a

restablecer

el

acceso

al

recinto,

su

encomienda.

Evidentemente,

resulta

absurdo, en este caso, sólo exigir de quienes no son

partícipes de los actos que impiden el acceso al recinto

remediar la situación. No tiene sentido alguno encontrar

incurso

en

desacato

a

una

parte

por

desobedecer

un

dictamen que le resulta imposible cumplir por su cuenta.

Asimismo, es inverosímil pretender que la imposición

de sanciones

-que sólo resulta en un malgasto de los

CC-2017-0419

escasos

fondos

gobiernoesta

8

públicos

remedie

situación

la

que

figuran

realidad

insensata

en

las

inalterada.

evidencia

los

arcas

del

Ciertamente,

peligros

de

conceder un remedio incompleto y no ponderar por el foro

apelativo las consecuencias ulteriores de su dictamen. En

consideración a lo anterior, estimo que en este caso hace

falta

una

parte

indispensable

y,

por

ende,

erró

el

Tribunal de Apelaciones al revocar la Sentencia Parcial

emitida por el foro primario.

III

Según comentamos, lamentablemente, hoy día continúan

latente los efectos de U.P.R. v. Laborde, pero bajo un

panorama aún más desalentador, pues al parecer las líneas

de

nuestro

sistema

republicano

de

gobierno

se

han

desdibujado lo cual ha puesto en jaque el principio de

separación de poderes. Por ende, ante los eventos que

hemos vivido como puertorriqueños en días recientes, no

puedo concluir sin expresar mi más profunda indignación y

consternación con los viles ataques que ha sufrido la

Juez

del

Tribunal

de

Primera

Instancia,

encargada

del

caso de autos.3

3

En repetidas ocasiones hemos pautado que como jueces,

debemos abstenernos de hacer comentarios de índole

política, salvo cuando éstos se hagan precisamente en

defensa de la independencia judicial. In re Mercado

Santaella, 2017 TSPR 64, en la pág. 32, 197 DPR ___

(2017); In re Hernández Torres, 167 DPR 823, 846 (2006).

A mi entender, ante un ataque a la función judicial para

adelantar juegos políticos, expresarse no es meramente

permisible, sino también apremiante para cumplir a

cabalidad con nuestra función como custodios de la

CC-2017-0419

En

9

consideración

emitió

declarando

a

no

la

Sentencia

Parcial

ha

lugar

la

a

que

ésta

solicitud

de

Interdicto Preliminar y Mandamus, afloraron los ataques

injustificados contra su persona. A manera de ejemplo, se

tildó de “activista”, “de estar prejuiciada”, “de causar

desasosiego” y aún de “agitar la violencia”. Para estas

serias alegaciones, no se ofreció un ápice de evidencia

que las sustentaran. Incluso, no se ofreció prueba alguna

para

apoyar

la

conclusión

de

que

la

Juez

emitió

su

dictamen por motivaciones impropias, lo cual ciertamente

sería

sancionable

bajo

nuestros

Cánones

de

Ética

Judicial. Véase 4 LPRA Ap. IV-B, C. 2, C. 8.

Como todos sabemos, Puerto Rico vive días aciagos

que requieren de todos, particularmente de sus líderes,

respeto,

tolerancia

y

adhesión

principio

republicano

que

representa

poderes.

Debemos

todos

procurar

inquebrantable

la

que

al

separación

con

de

nuestras

actuaciones no deslegitimemos la función judicial en este

País. Quizás en otros países las noticias se suprimen,

las verdades se declaran falsas y a los jueces se les

insulta y amedrenta. Pero aquí no. Ante una determinación

adversa en un tribunal de justicia, uno puede estar en

desacuerdo

hicieron

con

las

su

dictamen.

partes

en

esta

De

ocurrir,

ocasión,

como

bien

existen

los

institución donde los ciudadanos depositan su confianza

en la Justicia. En el caso de autos, mi deber como Juez

Asociada, y más que nada mi conciencia, me exigen

expresarme en defensa de la independencia judicial.

CC-2017-0419

10

mecanismos procesales para atender las insatisfacciones

ante los foros apelativos.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Anamar Menéndez González,

Rosaima

E.

Rivera

Serrano, Carlos Vicente

Villegas Del Valle, Edwin

Francisco Rivera Otero,

Gabriela Firpi Morales y

Astrid Burgos Nieves

Recurridos

CC-2017-419

Certiorari

v.

Universidad

de

Puerto

Rico

y

su

Presidenta

Dra.

Nivia

Fernández

Hernández,

Dra.

Carmen

Haydeé Rivera Vega, en su

Capacidad

como

Rectora

Interina del Recinto de

Río Piedras y Dr. Carlos

Pérez

Díaz,

en

su

Capacidad como Presidente

de la Junta de Gobierno

de

la

Universidad

de

Puerto Rico

Peticionarios

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Colón

Pérez

En San Juan, Puerto Rico a 19 de mayo de 2017.

A través de esta breve Opinión Disidente hacemos

constar

que,

en

esta

etapa

de

los

procedimientos,

hubiésemos provisto ha lugar a la “Moción en Auxilio de

Jurisdicción”,

así

como

a

la

Petición

de

Certiorari

presentada en el caso de referencia, y, en consecuencia,

hubiésemos

revocado la determinación del Tribunal de

Apelaciones.

Ello,

por

entender

que,

--

como

CC-2017-0419

2

correctamente decidió el Tribunal de Primera Instancia -, bajo las circunstancias del presente caso, no era

posible autorizar el Injuction y Mandamus solicitados.

Particularmente, además de no cumplir con varios de los

requisitos procesales de los remedios de Injuction y

Mandamus, el grupo de estudiantes demandantes no acumuló

a una parte indispensable para la correcta disposición

del caso ante nos; entiéndase, a quienes alegadamente

obstaculizan e impiden la entrada al Recinto de Rio

Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

Como

hemos

visto,

indispensable

sobre

jurisdicción,

es

la

la

la

ausencia

cual

que,

el

en

de

esa

parte

no

tiene

Tribunal

esencia,

ha

tornado

ineficaz, además de difícil de ejecutar, el dictamen del

foro apelativo intermedio.

Ahora bien, lo anterior no es óbice para hacer una

exhortación

a

las

partes

en

controversia

-–

la

Universidad de Puerto Rico y los Estudiantes -- a

dar

inicio, o a continuar, si ya lo han hecho, a un diálogo

franco y sincero que permita ponerle fin a la huelga que

mantiene

Lejos

de

cerrado

buscar

el

primer

centro

alternativas

docente

que

del

inviten

país.

a

la

confrontación, en el escenario tan tenso que enfrenta la

Universidad, vemos en la comunicación la herramienta más

eficaz para poner fin a las controversias que allí se

viven. Es tiempo de que nuestros estudiantes, futuro de

nuestro país, regresen a su casa de estudios. Recordemos

CC-2017-0419

3

que “sin estudiantes no hay Universidad, sin Universidad

no hay país”. A esa reflexión, se les invita.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado