Tribunal Supremo de Puerto Rico
Mapfre Preferred Risk Insurance Company & Reliable Financial Service, Inc., Francisco Sales Castellanos v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico
2017 TSPR 80
Poder Judicial de Puerto Rico
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Mapfre Preferred Risk Insurance Company & Reliable Financial Service, Inc., Francisco Sales Castellanos v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico
CC-2016-86
Sentencia con Opiniones de Conformidad y Opinión Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Mapfre Preferred Risk
Insurance Company & Reliable
Financial Services, INc.,
Francisco Salas Castellanos
Peticionarios
Certiorari
v.
2017 TSPR 80
198 DPR ____
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico
Recurrido
Número del Caso: CC-2016-86
Fecha: 17 de mayo de 2017
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Luis Rivera Martínez
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez
Subprocuradora General
Lcda. María Astrid Hernández Martínez
Procuradora General Auxiliar
Materia: Sentencia con Opiniones de Conformidad y Opinión Disidente.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Mapfre Preferred Risk
Insurance Company & Reliable
Financial Services, Inc.,
Francisco Salas Castellanos
Peticionarios
Certiorari
CC-2016-0086
v.
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico
Recurrido
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2017.
Debido a que una mayoría de este Tribunal entiende que
el resultado del proceso civil de confiscación está ligado
al desenlace de la causa criminal, que surge a raíz de los
mismos hechos, se revoca el dictamen emitido por el
Tribunal de Apelaciones.
En consecuencia, se remite el caso al Tribunal de
Primera Instancia para que, tomando el resultado de la
causa de acción criminal en contra del señor Jorge Salas
Ríos como un hecho material, reevalúe los méritos de la
Moción
de
Sentencia
Sumaria
presentada
por
los
peticionarios y determine su procedencia.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo.
La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez emitió una Opinión de Conformidad a la
que se unió el Juez Asociado señor Colón Pérez. La Jueza
Asociada señora Pabón Charneco emitió una Opinión de
Conformidad.
El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió la
siguiente expresión de conformidad:
“Estoy conforme con el dictamen contenido en la
Sentencia por los fundamentos expuestos en mi Voto
particular disidente emitido en Bco. Bilbao Vizcaya et al.
v. ELA et al., 194 DPR 116, 149-175 (2015).”
CC-2016-0086
2
El Juez Asociado señor Rivera García emitió una
Opinión Disidente a la que se unieron el Juez Asociado
señor Martínez Torres, el Juez Asociado señor Kolthoff
Caraballo y el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón.
El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo emitió la
siguiente expresión a la cual se unió el Juez Asociado
señor Feliberti Cintrón:
“Es tiempo ya que este Tribunal abandone como
fundamento jurídico en este tipo de caso la doctrina de
impedimento colateral por sentencia. Mucho antes que Ford
Motor v. E.L.A., 174 DPR 735 (2008), el Tribunal Supremo
federal resolvió que esta doctrina estatutaria no aplica en
circunstancias como las del caso de autos, pues el quantum
de prueba en la causa criminal y el requerido en la acción
civil que establece la ley en una demanda de impugnación de
confiscación son distintas. U.S. v. One Assortment of 89
Firearms, 465 U.S. 354 (1984); One Lot Emerald Cut Stones
v. United States, 409 U.S. 232 (1972); Helvering v.
Mitchell, 303 U.S. 391 (1938).
De hecho, este mismo es el racional que nos ha servido
de
fundamento
principal
al
resolver
en
el
ámbito
administrativo que el hecho de que una causa criminal no
prevalezca no implica que surja un impedimento para que se
inicie o se continúe con una acción administrativa. Cruz v.
Garrido Morales, 58 DPR 653 (1941).
Sin embargo, recientemente, en Coop. Seg. Múlt v.
E.L.A., 180 DPR 655 (2011), este Tribunal volvió a utilizar
como fundamento la doctrina de impedimento colateral por
sentencia, aunque, de forma contradictoria introdujo
elementos de análisis que se precisan solo ante la realidad
de que dicha doctrina no aplica.
La controversia jurídica en este tipo de caso no gira
en torno a la doctrina de impedimento colateral por
sentencia, sino de la cláusula de doble exposición
establecida en la Constitución de Estados Unidos como en la
Constitución de Puerto Rico. Emda. V, Const. EE.UU., LPRA,
Tomo 1, ed. 2016, págs. 190-191; Art. II, Sec. 11, Const.
ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, págs. 354-355. Esto es, en la
medida que la confiscación que establece el Estado pueda
entenderse principalmente como una sanción a la que el
ciudadano ya estuvo expuesto y por la que fue absuelto (o
la causa desestimada), la acción de retener el bien licito
confiscado chocaría con la cláusula constitucional que
prohíbe la doble exposición. U.S. v. One Assortment of 89
Firearms, supra.
Es en este contexto, y solo en ese contexto, que se
hace necesario el análisis conducente a si la Ley Uniforme
CC-2016-0086
3
de Confiscaciones de 2011, Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA secs.
1724-1724w, es una de naturaleza criminal-punitiva o civilremedial.
Como correctamente esbozó el Juez Asociado señor
Rivera García en su Opinión Disidente en Bco. Bilbao
Vizcaya v. ELA, 195 DPR 39 (2016), el análisis en este tipo
de circunstancias lo estableció el Tribunal Supremo federal
en U.S. v. Ward, 448 U.S. 242 (1980). Ese debe ser el test
a seguir y, al aplicarlo a la Ley Núm. 119-2011, supra,
concluyó que la misma tiene un fin civil-remedial.
Por todo lo anterior, respetuosamente disiento.”
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Mapfre
Preferred
Risk
Insurance Company & Reliable
Financial
Services,
Inc.,
Francisco Salas Castellanos
Peticionarios
Núm.CC-2016-0086
v.
Estado
Libre
Puerto Rico
Asociado
de
Recurrido
Opinión de conformidad emitida por la Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez a la que se une el Juez Asociado señor
Colón Pérez
En San Juan, Puerto Rico a 17 de mayo de 2017.
Estoy conforme con el resultado del dictamen en el
caso de epígrafe por la razón que expresé en mi Opinión de
Conformidad en Banco Bilbao Vizcaya v. Universal Insurance
Co., 195 D.P.R. 39 (2016). Es decir, por considerar que el
resultado a que hoy se llega debe fundamentarse en nuestro
precedente,
Cooperativa
de
Seguros
Múltiples
v.
Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, 180 D.P.R. 655, 680 (2011).
Allí
indicamos
interpretaciones
que
“[a]l
constitucionales
amparo
y
de
cónsono
nuestras
con
la
normativa federal vigente, hemos vinculado el resultado del
proceso civil de confiscación al desenlace de la causa
criminal contra la persona imputada de delito a base el
cual se justifica la confiscación.” (Énfasis nuestro.)
CC-2016-0086
2
La importancia y recurrencia de la controversia que
hoy atendemos, nos exigía abundar sobre las consideraciones
constitucionales que intimamos en
Seguros Múltiples, de
suerte que logremos finiquitar esta controversia. En ese
tenor,
considero
que
el
razonamiento
en
Cooperativa
de
Seguros Múltiples, marcaba la ruta a seguir en esta ocasión
y lamento que no haya sido así.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Mapfre Preferred Risk
Insurance Company &
Reliable Financial
Services, Inc., Francisco
Salas Castellanos
Certiorari
Peticionarios
CC-2016-0086
v.
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico
Recurrido
Opinión de Conformidad emitida por la Jueza Asociada señora
Pabón Charneco.
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2017.
Estoy
conforme
con
el
resultado
anunciado
en
la
sentencia que antecede. Debido a que con la aprobación de
la Ley Núm. 119-2011, infra, no se incluyó disposición
estatutaria
alguna
que
prohíba
la
aplicación
de
la
doctrina de impedimento colateral por sentencia en los
procedimientos de confiscaciones, y que no
nos
compete
como parte de nuestra labor judicial suplir al estatuto
esa
prohibición
ante
un
silencio
estatutario,
procede
revocar el dictamen emitido por el foro a quo.
Con ello en mente, pasemos a delinear los hechos que
dieron génesis a la controversia de autos.
CC-2016-0086
2
I
Como cuestión de umbral y en aras de contextualizar la
controversia de autos, es necesario hacer un recuento breve
de
la
legislación
que
se
ha
aprobado
en
nuestra
jurisdicción para regular las confiscaciones civiles.
El Estado promulgó la Ley Núm. 93-1998, supra, como
parte del esfuerzo que llevó a cabo por varias décadas para
uniformar los procedimientos de confiscación previamente
esparcidos en distintas leyes especiales. Véase, Coop. Seg.
Mult. v. ELA, 180 DPR 655, 663 (2011). Con su aprobación se
derogó
la
Ley
Núm.
39
de
4
de
julio
de
1960,
según
enmendada, conocida como Ley Uniforme de Confiscación de
Vehículos, Bestias y Embarcaciones, 34 LPRA ant. secs. 1721
y
1722,
la
cual
reguló
las
confiscaciones
civiles
en
nuestra jurisdicción por aproximadamente tres (3) décadas.
Bajo
uniformes
posteriores
las
disposiciones
de
las
derogadas
de
confiscaciones
de
1960
y
enmiendas,
hubo
un
“decidido
1988,
leyes
y
desarrollo
sus
de
nuestra jurisprudencia hacia condicionar el proceso civil
de confiscación al resultado de la causa criminal contra el
alegado autor del delito”. Coop. Seg. Mult. v. ELA, supra,
pág.
676.
Así
repetidamente
pues,
ha
y
aunque
adoptado
la
la
Asamblea
modalidad
de
Legislativa
confiscación
civil o in rem vis-à-vis la confiscación criminal o in
personam,1 desde Carlo v. Srio. de Justicia, 107 DPR 356
1
Véanse, Ley Núm. 119-2011, conocida como Ley Uniforme de
Confiscaciones de 2011, 34 LPRA sec. 1724 et seq.; Ley Núm. 93 de 13
CC-2016-0086
3
(1978), nuestro desarrollo jurisprudencial constantemente
ha
utilizado
la
doctrina
de
impedimento
colateral
por
sentencia al momento de adjudicar controversias suscitadas
bajo los estatutos de confiscación anteriores. Amparados en
esa doctrina, se trazó una marcada tendencia de condicionar
la acción civil de confiscación al resultado de la acción
penal. Por consiguiente, un dictamen de culpabilidad en la
acción penal era condición sine qua non para continuar con
el
proceso
civil
de
confiscación.
Véanse,
por
ejemplo,
Coop. Seg. Mult. v. ELA, supra; Díaz Morales v. Depto. de
Justicia, 174 DPR 956 (2008) (Per Curiam); Ford Motor v.
ELA, supra; Suárez v. ELA, 162 DPR 43 (2004) (Per Curiam);
Del Toro Lugo v. ELA, 136 DPR 973 (1994).
Un
análisis
de
los
referidos
pronunciamientos
jurisprudenciales demuestra que de la misma manera que este
Tribunal
reiteradamente
independiente
entre
personam,
hemos
resultado
de
una
sido
la
ha
reconocido
el
in
la
acción
consistentes
acción
penal
rem
al
que
y
carácter
acción
enfatizar
dio
lugar
in
que
el
a
la
confiscación es determinante y está necesariamente atado al
proceso de confiscación civil. A esos efectos, tan reciente
como en el 2011, expresamos que “no se trata únicamente de
la aplicación de la doctrina de impedimento colateral por
sentencia,
sino
de
excepciones
a
la
independencia
del
de julio de 1988, según enmendada, conocida como Ley Uniforme de
Confiscaciones de 1988, 34 LPRA ant. sec. 1723 et seq; la Ley Núm. 39
de 4 de julio de 1960, según enmendada, conocida como Ley Uniforme de
Confiscación de Vehículos, Bestias y Embarcaciones, 34 LPRA ant. secs.
1721 y 1722.
CC-2016-0086
4
proceso in rem fundadas en la extinción de la acción penal
contra la persona presuntamente responsable del delito”.
Coop. Seg. Mult. v. ELA, supra, pág. 676.
Es
menester
apuntar
que
mientras
se
desarrolló
la
referida progenie jurisprudencial, la Asamblea Legislativa
promulgó la Ley Núm. 32-2000, supra, con el propósito de
enmendar la Ley Núm. 93-1988, supra. La Ley Núm. 32-2000,
supra, enmendó el Art. 2 de la Ley Núm. 93-1988 para, inter
alia, añadir el inciso (c) que expresamente excluyó la
aplicación
de
la
doctrina
de
impedimento
colateral
por
sentencia en casos de confiscación. A esos efectos, la
mencionada enmienda establecía lo siguiente:
[e]l resultado favorable al acusado o imputado en
cualquiera de las etapas de la acción criminal no
será impedimento para, ni tendrá efecto de cosa
juzgada sobre, la acción civil de confiscación,
aunque ésta se base en los hechos imputados en la
acción penal. Art. 2(c) de la Ley Núm. 93-1988,
según enmendado por la Ley Núm. 32-2000 (2000
(Parte 1) Leyes de Puerto Rico 376). (Énfasis
suplido).
Apenas tres (3) años después de aprobar la Ley Núm.
32-2000, supra, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley
Núm. 18-2003 (2003 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 64-66),
con el único propósito de derogar expresamente la precitada
enmienda. Ello, para atemperar el estatuto confiscatorio a
los pronunciamientos jurisprudenciales emitidos hasta el
momento
con
relación
a
este
tema.
Específicamente,
la
Asamblea Legislativa reconoció que el inciso (c) que añadió
la Ley Núm. 32-2000, supra, para excluir la aplicación de
la doctrina de impedimento colateral por sentencia en un
CC-2016-0086
5
procedimiento
incompatible
Srio.
de
supra.2
de
con
confiscación,
nuestros
su
tajantemente
pronunciamientos
en
Carlo
supra,
y
Lugo
v.
ELA,
proceder,
la
Legislativa
fue
Justicia,
Con
era
en
Del
Toro
Asamblea
v.
diáfana en su intención de regresar a la normativa adoptada
por este Foro al interpretar los postulados de la Ley Núm.
93-1988, supra, a saber: condicionar la acción civil de
confiscación al resultado de la acción penal.3
La Asamblea Legislativa procuró evitar que la enmienda
introducida
con
la
Ley
resultados
inconsistentes
Núm.
con
32-2000,
lo
supra,
pronunciado
produjera
hasta
ese
momento por este Tribunal. Su desacierto con la prohibición
de
la
aplicación
de
la
doctrina
de
cosa
juzgada
que
introdujo la Ley Núm. 32-2000, supra, era evidente. Tanto
es así que promulgó la Ley Núm. 43-2004 (2004 (Parte 1)
Leyes
de
Puerto
Rico
224-26)
para
enmendar
la
recién
2
La Asamblea Legislativa explicó que: “[l]a [Ley Núm. 32-2000] enmendó
la [Ley Núm. 93-1988]. Esta Ley enmendó los Artículos 2,... de la Ley
Núm. 93. El propósito principal de esos cambios era establecer
mediante legislación que „…el resultado favorable al acusado o
imputado en cualquiera de las etapas de la acción criminal no será
impedimento para, ni tendrá efecto de cosa juzgada, sobre la acción
civil de confiscación, aunque esta se base en los hechos imputados en
la acción penal.‟ Todo ello sin tomar en consideración lo resuelto por
el Tribunal Supremo en Carlo vs. Secretario de Justicia, 10 DPR 356
(1978) y Carlos del Toro Lugo vs. ELA, 94 JTS 119. . . La enmienda del
Artículo 2 creó controversia en cuanto a la forma y manera en que los
tribunales deben disponer de los casos sobre impugnación de
confiscación donde el acusado es absuelto en los méritos, no se
determina causa en la vista preliminar o se suprime la evidencia en el
caso criminal. Este hecho ha dilatado y complicado más todas las
confiscaciones en que el caso criminal se resuelve de manera favorable
para el acusado. El propósito de la presente Ley es corregir esa
situación eliminando el inciso (c) del Artículo 2 de la Ley de
Confiscaciones, para que se ajuste al ordenamiento jurídico vigente y
sobre todo al mandato constitucional”. Véase, Exposición de Motivos de
la Ley Núm. 18-2003 (2003 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 64-65).
3
Véase, Informe sobre el P. de la C. 1972 de la Comisión de lo
Jurídico del Senado de Puerto Rico, 14ta Asamblea Legislativa, 5ta
Sesión Ordinaria, págs. 1-3.
CC-2016-0086
6
aprobada Ley Núm. 18-2003, supra, a los únicos efectos de
especificar su fecha de vigencia. A posteriori, quedó claro
que
la
Ley
Núm.
18-2003,
supra,
regiría
inmediatamente
después de su aprobación y sería retroactiva al 14 de enero
de 2000, fecha en la que se aprobó la Ley Núm. 32-2000,
supra, para prohibir el uso del impedimento colateral por
sentencia. Para efectos prácticos, luego de la aprobación
de
la
Ley
Núm.
43-2004,
supra,
la
prohibición
expresa
introducida por la Ley Núm. 32-2000, supra, nunca existió
de jure. 4
Como
discutiré
más
adelante,
nada
en
el
texto
estatutario aprobado en el 2011 nos permite concluir que la
Asamblea Legislativa prohibió el uso de la doctrina de
impedimento
colateral
por
sentencia
en
casos
de
confiscaciones. Como veremos a continuación, cuando sea
necesario hacer un ejercicio de hermenéutica legal como
parte del proceso de adjudicación, el texto estatutario es
nuestra primera parada.
En numerosas ocasiones nos hemos visto precisados a
reiterar las normas de interpretación estatutaria que rigen
en nuestro ordenamiento. Romero v. Cabrer Roig, 191 DPR 643
(2014);
4
Cruz
Parilla
v.
Depto.
Vivienda,
184
DPR
393
La Asamblea Legislativa explicitó que “la intención de [la] Asamblea
Legislativa, al aprobar la Ley Núm. [18-2003], supra, fue derogar
cualquier efecto detractor que tuviera la Ley Núm. [32-2000], supra,
en los derechos constitucionales de las personas. Esto es, que para
todos los fines jurídicos dicha enmienda nunca existió. Por lo que,
obviamente,
será
de
aplicación
a
todo
proceso,
judicial
o
administrativo, que no haya advenido final y firme al momento de la
aprobación de esta Ley”. Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm.
43-2004 (20004 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 225) (Énfasis suplido).
Véase, además, Suarez v. ELA, supra, a las págs. 57-59.
CC-2016-0086
7
(2012). En este ejercicio de hermenéutica debemos acudir en
primer lugar al texto de la ley. Cruz Parilla v. Depto.
Vivienda, supra, pág. 404. Si este es claro y libre de toda
ambigüedad, “la letra de ella no debe ser menospreciada
bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. Art. 14 del
Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 14. De modo que,
“si el lenguaje de la ley no crea dudas y es claro en
cuanto
a
su
propósito,
su
propio
texto
es
la
mejor
expresión de la intención legislativa”. Soc. Asist. Leg. v.
Ciencias Forenses, 179 DPR 849, 862 (2010). Los tribunales
solo
deben
asegurarse
de
cumplir
con
los
propósitos
legislativos ante una ambigüedad en el texto de la ley.
Cruz Parilla v. Depto. Vivienda, supra, pág. 404.
Con ello en mente, pasemos a analizar el caso de autos
a la luz de las disposiciones de la Ley Núm. 119-2011.
II.
A.
La
Ley
Núm.
119-2011,
supra,
es
el
estatuto
que
actualmente rige el procedimiento de confiscación en Puerto
Rico. Su aprobación derogó la Ley Núm. 93-1988, supra, e
instituyó
un
trámite
expedito
y
uniforme
para
la
confiscación de bienes por parte del Estado. Asimismo, y
particularmente pertinente a la controversia ante nos, la
Ley Núm. 119-2011, supra, mantuvo inalterada la naturaleza
in
rem
de
las
confiscaciones
en
nuestra
jurisdicción,
modalidad que ha regido en nuestro ordenamiento por varias
décadas.
CC-2016-0086
8
En cuanto a este particular, en el Artículo 2 de la
Ley Núm. 119-2011, supra, el Legislador dispuso que: “[…]
se
sostiene
y
reafirma
la
naturaleza
in
rem
de
las
confiscaciones, independientemente de cualquier otra acción
de naturaleza penal, administrativa o de cualquier otra
naturaleza”.5 Del texto estatutario podemos colegir que la
Asamblea Legislativa mantuvo intacta la política pública
que
ha
regido
naturaleza
in
en
nuestra
rem
de
jurisdicción
las
en
cuanto
confiscaciones.
En
a
la
varios
artículos de la Ley Núm. 119-2011, supra, el legislador
ratificó que la confiscación es un procedimiento civil que
va dirigido contra la cosa misma y por consiguiente, es
independiente de cualquier otro proceso que se pueda llevar
contra el dueño o el poseedor de los bienes ocupados.6 En
otras palabras, la Ley Núm. 119-2011, supra, no añadió o
alteró nada en nuestro ordenamiento con respecto a las
confiscaciones civiles.
Nótese
que
“reafirmar”. Ello
el
legislador
utilizó
el
vocablo
significa que la Asamblea Legislativa
afirmó nuevamente lo que ya existía en nuestro ordenamiento
jurídico.
Particularmente,
ratificó
que
la
acción
de
confiscación es independiente de cualquier otra acción, ya
sea penal, administrativa o de otra índole. No obstante,
ello ha sido así en nuestro ordenamiento por décadas. Como
vimos,
esta
independencia
es
precisamente
lo
5
Art. 2 de la Ley Núm. 119-2011, supra. (Énfasis suplido).
6
Véanse, Arts. 2, 8 y 15 de la Ley Núm. 119-2011, supra.
que
este
CC-2016-0086
Tribunal
9
consistentemente
señaló
en
las
ocasiones
que
interpretó las disposiciones de la derogada Ley Núm. 931988, supra, y aplicó la doctrina de impedimento colateral
por sentencia.
B.
Un análisis del texto de la Ley Núm. 119-2011, supra,
nos demuestra que la Asamblea Legislativa no fue diáfana en
su
intención
de
desligar
totalmente
el
desenlace
del
proceso penal de la acción civil de confiscación como lo
hizo en el año 2000 mediante la aprobación de Ley Núm. 322000, supra.
A diferencia de la Ley Núm. 32-2000, supra,
es
enfatizar
importante
que
la
Asamblea
Legislativa
no
incluyó prohibición expresa alguna en la Ley Núm. 119-2011,
supra,
para
impedimento
vedar
la
colateral
aplicación
por
de
la
doctrina
de
sentencia
en
pleitos
de
impugnación de confiscación. Este factor es clave, ya que,
como
vimos,
la
Asamblea
Legislativa
conocía
la
línea
jurisprudencial que habíamos construido por décadas, y en
vez
de
incluir
–como
había
hecho
anteriormente-
una
disposición estatutaria en la que se prohibiera el uso del
impedimento colateral por sentencia, no lo hizo. Por lo
tanto,
no
podemos
concluir
que
los
tribunales
están
impedidos de utilizar la determinación favorable obtenida
en el proceso penal para disponer de la acción civil de
confiscación.7
7
Cabe mencionar que el 10 de febrero de 2017 se presentó ante la
Cámara de Representantes el P. de la C. 776 de 10 de febrero de 2017,
1ra Sesión Ordinaria, 18va Asamblea Legislativa. Este propone
CC-2016-0086
10
La aprobación de la Ley Núm. 119-2011, supra, no fue
más que un ejercicio legislativo en el que la Asamblea
Legislativa
confeccionó
una
Ley
nueva,
pero
acabó
repitiendo lo que ha sido el estado de derecho por décadas,
a saber: que la confiscación era un procedimiento civil in
rem independiente de la acción criminal in personam. Este
Foro
ha
enfatizado
a
través
de
los
años
que
“la
confiscación civil constituye una acción independiente del
resultado de la acción penal”. Del Toro Lugo v. E.L.A.,
supra, pág. 983 (Énfasis suplido) y que, “la confiscación
civil es una acción independiente de la acción penal”.
Coop.
Seg.
Mult.
V.
E.L.A.,
supra,
pág.
668,
(Énfasis
suplido). Véase, además, Ford Motor v. E.L.A, supra, pág.
741.
enmiendas a los Artículos 2, 8 y 15 de la Ley Núm. 119-2011, supra,
con el propósito de aclarar que:
[N]o obstante la naturaleza in rem de la confiscación, por
excepción se aplicará la doctrina de cosa juzgada e
impedimento colateral por sentencia de forma automática
los casos de naturaleza penal en que, luego de una
adjudicación de los hechos en sus méritos, la acción no
prospere, resulte en una absolución, el imputado de delito
obtenga un resultado favorable, y final, por cualquier
fundamento, o la posibilidad que tiene el Estado para
encausar a la persona imputándole la comisión del delito
se extinga. P. de la C. 776, supra, pág. 1
De la Exposición de Motivos de este proyecto resulta evidente que la
Asamblea Legislativa conoce la línea jurisprudencial que este Tribunal
ha trazado a través de los años. Específicamente, está consciente de
la constante inclinación de este Tribunal hacia supeditar el proceso
civil de confiscación al resultado de la causa criminal contra el
alegado
autor
del
delito
que
dio
base
a
la
confiscación,
independientemente de que la absolución en el caso criminal no hubiera
sido en los méritos. P. de la C. 776, supra, págs. 3-5.
En fin, la Asamblea Legislativa actualmente está considerando un
proyecto de ley que expresamente reconoce la aplicabilidad de la
doctrina de cosa juzgada e impedimento colateral por sentencia en los
procesos de confiscación. Ello, en aras de “establecer meridianamente
claro lo que debe proceder en tales circunstancias” y aliviar la
congestión de los tribunales que provoca a su vez pérdidas económicas
para las partes. P. de la C. 776, supra, pág. 5.
CC-2016-0086
Sería
11
erróneo
y
contrario
a
nuestro
desarrollo
jurisprudencial concluir que como la Asamblea Legislativa
reiteró e incluyó en el texto de la ley que el proceso de
confiscación civil es uno independiente del proceso penal,
lo que verdaderamente quiso decir es que estaba vedado
utilizar la doctrina de impedimento colateral por sentencia
en un procedimiento de impugnación de confiscación civil.
Ese razonamiento tendría el efecto de suplir esa intención
al
texto
de
la
Ley
Núm.
119-2011,
supra,
cuando
esa
prohibición simple y sencillamente no existe en el texto
estatutario.
Como vimos, al aprobar la Ley Núm. 32-2000, supra, se
prohibió expresamente el uso de la doctrina de impedimento
colateral por sentencia; no obstante, en esta ocasión la
Asamblea Legislativa no lo hizo. No existe ninguna sección
en el texto de la Ley Núm. 119-2011, supra, que prohíba el
uso de la doctrina de impedimento colateral por sentencia
en estos casos. Aún si buscáramos esa prohibición fuera del
texto, ni de la Exposición de Motivos ni del historial
legislativo surge una intención de eliminar la aplicación
de la figura de impedimento colateral por sentencia en
estos procesos. La Asamblea Legislativa lo que en efecto
hizo fue repetir una norma vigente en nuestro ordenamiento;
por lo tanto, no vemos razón para que nos desviemos de
nuestra línea jurisprudencial en este tema.8
8
En Carlo v. Srio. de Justicia, 107 DPR 356 (1978), resolvimos que la
absolución en los méritos adjudica con finalidad irrevisable el hecho
central, tanto del caso criminal como el de confiscación, de que el
CC-2016-0086
Al
12
ejercer
nuestra
función
judicial,
no
podemos
alejarnos de las disposiciones expresas incluidas en la Ley
Núm. 119-2011, supra, para suplir una prohibición que el
legislador
no
incluyó
en
el
texto
del
estatuto.
Ese
proceder socavaría las normas de interpretación estatutaria
y
constituiría
un
ejercicio
de
legislación
judicial
rechazado por nuestro ordenamiento constitucional. Según
vehículo no se utilizó para transportar mercancía ilícita. Como
corolario, una absolución en los méritos en el caso criminal
constituye impedimento colateral por sentencia en el pleito de
impugnación de confiscación que surge a raíz de los mismos hechos.
En Del Toro Lugo v. E.L.A, 136 DPR 973 (1994), resolvimos que una
sentencia final y firme de un tribunal respecto a una determinación de
no causa en vista preliminar constituye cosa juzgada en su modalidad
de impedimento colateral por sentencia en el pleito de impugnación de
confiscación. Asimismo, resolvimos que una determinación final y firme
con relación a la supresión de evidencia ilegalmente obtenida,
realizada en el procedimiento penal que da base a la confiscación,
también tendrá efecto de cosa juzgada en su modalidad de impedimento
colateral por sentencia en la acción in rem.
En Suárez v. E.L.A, 162 DPR 43 (2004) (Per Curiam), resolvimos que una
sentencia final y firme desestimando los cargos imputados por
violación a los términos de juicio rápido según dispuestos en la Regla
64(n)(5) de Procedimiento Criminal, supra, constituye cosa juzgada en
su modalidad de impedimento colateral por sentencia en el proceso
civil de confiscación. Máxime cuando habían transcurrido cerca de dos
años y medio desde la desestimación de los cargos sin que se hubieran
presentado nuevas denuncias.
En Ford Motor Credit v. E.L.A, 174 DPR 735 (2008), resolvimos que el
archivo y sobreseimiento de una causa penal, al amparo de los
procedimientos de desvío regulados por la Regla 247.1 de Procedimiento
Criminal, supra, y el Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de
Puerto Rico, supra, constituye impedimento colateral por sentencia
respecto a la acción de impugnación de una confiscación.
En Díaz Morales v. Depto. de Justicia, 174 DPR 956 (2008) (Per
Curiam), resolvimos que la confiscación de un vehículo incautado a
raíz de alegadas violaciones al Art. 404 de la Ley de Sustancias
Controladas de Puerto Rico de 1971, no puede subsistir tras el archivo
definitivo de la querella presentada en contra de un menor como
consecuencia de haber cumplido cabalmente con las condiciones de un
programa de desvío bajo la Ley Núm. Ley de Menores de Puerto Rico, Ley
Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, 34 LPRA sec. 2201 et
seq.
En Coop. Seg. Mult. v. E.L.A., 180 DPR 655 (2011), resolvimos que la
muerte de una persona convicta de delito, antes de que la sentencia
condenatoria haya advenido final y firme, tiene el efecto de extinguir
la acción confiscatoria.
CC-2016-0086
13
hemos discutido, lo determinante es el texto que aprobó el
legislador, no lo que quería aprobar y no aprobó. Solo
cuando existe ambigüedad en el texto estatutario podemos
recurrir a la intención legislativa. Nada en la Ley Núm.
119-2011, supra, es ambiguo: meramente se repite el derecho
vigente
y
por
consiguiente
se
convalida
el
desarrollo
jurisprudencial que este Tribunal ha pautado con respecto
al
tema.
Ante
ese
escenario,
no
podemos
acudir
a
una
alegada intención legislativa para resolver la controversia
de autos.9
III.
A.
La
Moción
de
Sentencia
Sumaria
es
un
mecanismo
procesal que provee nuestro ordenamiento para propiciar la
solución justa, rápida y económica de controversias en las
cuales resulta innecesario celebrar un juicio plenario.
Procede en los casos que no existe controversia real y
sustancial en cuanto a los hechos materiales, por lo que lo
único que queda por parte del poder judicial es aplicar el
Derecho. Oriental Bank
Trust v. Perapi S.E., 192 DPR 7
(2014), SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414,
430 (2013); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820,
847 (2010).
9
Debido
a
que
esta
controversia
puede
resolverse
mediante
interpretación estatutaria, no hay razón para atender los asuntos
constitucionales en cuanto a la aplicación de la figura de impedimento
colateral por sentencia a estos casos. Debemos recordar que “los
tribunales no debemos entrar a considerar la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de una ley o de una actuación a menos que ello
sea imprescindible y que la controversia bajo consideración no pueda
ser adjudicada por otros fundamentos”. Pueblo v. Yip Berrios, 142 DPR
386, 421 (1997) (Citas omitidas).
CC-2016-0086
En
14
nuestro
ordenamiento
el
mecanismo
de
Sentencia
Sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil
de 2009, 32 LPRA Ap. V. En esencia, esta regla dispone que
para emitir una adjudicación de forma sumaria es necesario
que
de
las
alegaciones,
interrogatorios
declaraciones
evidencia
y
admisiones
juradas,
surja
deposiciones,
que
contestaciones
ofrecidas,
si
las
hubiere,
no
existe
en
unión
y
alguna
controversia
a
a
las
otra
real
y
sustancial en cuanto a ningún hecho esencial y pertinente y
que, como cuestión de derecho, se debe dictar Sentencia
Sumaria a favor de la parte promovente. Regla 36.3(e) de
Procedimiento Civil de 2009, supra. Véanse, además, SLG
Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 430; Const.
José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012).
Por lo tanto, procede dictar Sentencia Sumaria cuando,
evaluados
los
hechos
materiales
no
controvertidos,
el
promovido no puede prevalecer ante el Derecho aplicable y
el
Tribunal
cuenta
con
la
verdad
de
todos
los
hechos
necesarios para poder resolver la controversia. Const. José
Carro v. Mun. Dorado,
supra,
pág. 129;
Nieves Díaz v.
González Massas, supra, pág. 848. Hemos establecido que un
hecho material es aquel que puede afectar el resultado de
la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable.
Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 2000, 213 (2010) citando
a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil,
San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. I, pág. 609. La Regla 36.1
CC-2016-0086
15
de Procedimiento Civil de 2009 se refiere a estos como
hechos “esenciales y pertinentes…”. 32 LPRA Ap. V.
B.
Como discutí anteriormente, desde Carlo v. Srio. de
Justicia, supra, este Tribunal ha condicionado la acción
civil de confiscación al resultado de la acción penal.
Hemos enfatizado que el resultado de la acción penal que
motivó la confiscación es determinante y está ligado al
proceso de confiscación civil. Véanse, Coop. Seg. Mult. v.
ELA, supra; Díaz Morales v. Depto. de Justicia, 174 DPR 956
(2008) (Per Curiam); Ford Motor v. ELA, supra; Suárez v.
ELA, 162 DPR 43 (2004) (Per Curiam); Del Toro Lugo v. ELA,
136 DPR 973 (1994). Como corolario, dicho resultado es
indudablemente un hecho material –esencial y pertinenteque debe ser considerado a la hora de determinar si procede
o no dictar sentencia sumariamente.
No
surge
instancia
de
los
decretando
autos
el
el
archivo
dictamen
y
del
foro
sobreseimiento
de
de
la
causa criminal contra el señor Salas Ríos, ni prueba alguna
que
lo
acredite.
Ahora
bien,
de
los
autos
surgen
alegaciones que apuntan a que el señor Salas Ríos en efecto
se sometió a un programa de desvío bajo la Regla 247.1 de
Procedimiento Criminal, supra. También hay prueba de que el
foro de instancia requirió al Estado que informara sobre el
progreso
de
instancia
emitiera
solicitaron
dicho
que
programa.
su
Luego
de
que
foro
de
Resolución,
los
peticionarios
le
hiciera
una
determinación
el
adicional
de
CC-2016-0086
hecho
a
16
los
presentados
efectos
contra
el
de
que
señor
los
Salas
cargos
Ríos
criminales
habían
sido
archivados en virtud de la Regla 247.1 de Procedimiento
Criminal, supra. Surge de los autos que el Estado, en lugar
de negar que los cargos contra el señor Salas Ríos se
hubieran archivado, se limitó a indicar que el resultado de
dicho proceso criminal era irrelevante. Así las cosas, el
foro
de
instancia
denegó
la
solicitud
de
determinación
adicional de hechos. Por otro lado, tras evaluar el recurso
de certiorari presentado por los peticionarios, el foro a
quo concluyó en su Resolución que “[e]n el presente caso,
el imputado del delito obtuvo una determinación judicial
favorable en la causa criminal”. Empero, sostuvo que el
foro de instancia no erró al determinar que un resultado
favorable en la causa criminal per se no era suficiente
para declarar con lugar la impugnación de confiscación.
IV.
Por todo lo antes expuesto, estoy conforme con el
resultado anunciado en la Sentencia que antecede. Debido a
que la Ley Núm. 119-2011, supra, no alteró nada en nuestro
ordenamiento con respecto a las confiscaciones civiles, el
resultado del proceso civil de confiscación sigue estando
atado al desenlace del proceso criminal que surge a raíz de
los mismos hechos que motivaron la confiscación. De modo
que
erró
expedición
el
del
Tribunal
auto
de
Apelaciones
solicitado
por
al
denegar
entender
que
la
el
resultado favorable de la causa criminal en contra del
CC-2016-0086
17
señor Salas Ríos, sin más, era insuficiente para declarar
con
lugar
la
demanda
de
impugnación
de
confiscación
ordenar la devolución ulterior del vehículo confiscado.
Mildred G. Pabón Charneco
Jueza Asociada
y
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Mapfre Preferred Risk Insurance
Company & Reliable Financial
Services, Inc., Francisco Salas
Castellanos
Certiorari
Peticionarios
CC-
CC-2016-0086
v.
Estado Libre Asociado de Puerto
Rico
Peticionario
Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor Rivera García a la que
se unen el Juez Asociado señor Martínez Torres, el Juez Asociado señor
Kolthoff Caraballo y el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón.
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de mayo de 2017.
Una vez más nos vemos en la obligación de disentir
de una mayoría de este Tribunal que insiste en atar y
condicionar inexorablemente el proceso criminal que se
lleva
contra
una
persona,
con
el
proceso
civil
de
impugnación de una confiscación in rem. Ello, en clara
contravención a la nueva normativa establecida en la Ley
Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley Núm. 119-2011,
según enmendada, 34 LPRA secs. 1724 et seq.
En
esta
resuelven
impugnación
culminación
ocasión,
varios
miembros
que
se
puede
de
la
confiscación,
de
un
disponer
proceso
a
de
esta
Curia
del
proceso
de
la
luz
la
criminal
de
por
el
CC-2016-0086
2
sobreseimiento
del
imputado
en
virtud
la
Regla
247.1
de
Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II.
Ahora bien, dicha determinación tiene el efecto de anular
toda confiscación, automáticamente y sin mayor consideración,
fundamentándose
obtenida
a
exclusivamente
nivel
planteamientos
penal,
ajenos
a
en
aun
la
la
determinación
cuando
legalidad
ésta
y
se
favorable
debió
corrección
de
a
la
confiscación que no conllevan la no utilización de la propiedad
confiscada en una actividad ilegal. En ese sentido, se invalida
la clara y expresa independencia del proceso penal y el proceso
civil
de
confiscación
establecida
explícitamente
por
la
Asamblea Legislativa en la Ley Uniforme de Confiscaciones de
2011,
supra.
Con
este
proceder
se
crea
una
relación
de
dependencia entre ambos procesos, en la cual se condiciona la
validez de la confiscación a la subsistencia y existencia del
proceso criminal. Luego de la promulgación de la Ley Uniforme
de Confiscaciones de 2011, supra, dicha determinación no tiene
cabida en nuestro ordenamiento jurídico.
En circunstancias como las del presente caso, no procedía
reconocer
que
se
puede
anular
una
confiscación
basados
exclusivamente en el resultado favorable obtenido en la esfera
penal. Como hemos expresado anteriormente, en derecho no se
sostiene tal conclusión. Especialmente cuando no se trata de
acciones en que estén envueltas las mismas partes, el quantum
de prueba en el ámbito criminal es mucho mayor al requerido en
el ámbito civil, el peso de la prueba en casos en que se
impugna la confiscación lo tiene el demandante y debe partirse
de la premisa de que existe una fuerte presunción de corrección
y legalidad de las confiscaciones que realiza el Estado. En
CC-2016-0086
3
vista de ello, este Tribunal estaba llamado a resolver que no
se
puede
disponer
de
una
acción
civil
de
impugnación
de
confiscación a favor de la parte demandante cuando el único
fundamento expuesto es el resultado favorable obtenido en la
esfera
penal.
Así,
planteamiento
que
pues,
en
ameritara
ausencia
un
de
algún
dictamen
otro
sumario,
e
independiente del desenlace a favor del imputado de delito a
raíz de los mismos hechos que motivaron la confiscación, lo que
procedía
era
confirmar
-por
ser
correcto-
el
dictamen
recurrido. Como consecuencia, disiento.
En vista de la conclusión a la que llega una mayoría de
esta Curia, nos vemos en la obligación de reiterar nuestros
pronunciamientos en Banco Bilbao Vizcaya, et al. v. ELA, 195
DPR
39,
Insurance
56
(2016)
Company,
(Opinión
et
al.
disidente),
v.
ELA,
195
y
DPR
Mapfre
Praico
86,
(2016)
90
(Opinión de conformidad). Al igual que lo hicimos en aquellas
ocasiones,
del
primeramente,
proceso
de
expondremos
confiscación
una
perspectiva
dirigida,
general
particularmente,
a
resaltar las diferencias entre una confiscación civil y una
confiscación criminal. Esto, ya que, nuevamente, una mayoría de
este
Tribunal
instancia,
parece
haberlas
revisitaremos
pasado
los
por
alto.
En
pronunciamientos
segunda
emitidos
anteriormente por este Tribunal y en los cuales se aplicó la
doctrina
de
cosa
juzgada
en
En
colateral
por
sentencia.
brevemente
los
fundamentos
su
modalidad
tercer
que
de
impedimento
lugar,
expondremos
sustentaron
la
referida
jurisprudencia. Finalmente, expondremos las disposiciones de la
Ley
Uniforme
aplicación
de
de
la
Confiscaciones
doctrina
de
de
2011,
que
impedimento
excluyen
colateral
la
por
CC-2016-0086
4
sentencia a estos casos y no permiten que se condicione el
proceso civil de confiscación a las incidencias suscitadas en
la esfera penal como se hizo en el pasado. Veamos.
I
A.
Confiscación civil vis a vis la confiscación criminal
La confiscación es el acto mediante el cual el Estado,
representado en este caso por el Poder Ejecutivo, priva a una
persona
de
su
propiedad
sin
compensación
económica,
basado
únicamente en que dicha propiedad fue utilizada en la comisión
de ciertos delitos predeterminados por la Asamblea Legislativa o
porque
tal
prohibida
bien
es
producto
por
ley.10
En
exclusivamente
al
Poder
circunstancias,
condiciones
o
resultado
de
ese
esquema,
le
Legislativo
y
una
determinar
procedimientos
conducta
corresponde
bajo
particulares
qué
el
Estado está facultado para confiscar una propiedad involucrada
en
una
actividad
constitucionales
delictiva,
aplicables.11
En
dentro
este
de
los
parámetros
ejercicio,
la Asamblea
Legislativa podría instituir el proceso de confiscación bajo una
de dos modalidades: (1) mediante una confiscación de carácter
criminal, conocida como confiscación in personam; o (2) por vía
10
Ford Motor v. ELA, 174 DPR 735, 741 (2008); Suárez v. ELA, 162 DPR
43 (2004); Del Toro v. ELA, 136 DPR 973, 980-981 (1994).
11
En el caso de Puerto Rico, el poder de confiscación del Estado está
supeditado a las exigencias constitucionales incluidas en el Art. II,
Sec. 7 de la Constitución de Puerto Rico, Art. II, Sec. 7, Const. PR,
LPRA, Tomo I y la Enmienda Quinta y Catorceava de la Constitución de
Estados Unidos, USCA Enmd. V y XIV, las cuales garantizan que ninguna
persona será privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso
de ley.
CC-2016-0086
de
una
5
confiscación
de
índole
civil,
mejor
conocida
como
confiscación in rem.12
En el caso de que la Asamblea Legislativa opte por la
primera modalidad, instituiría entonces la confiscación como una
penalidad adicional contra una persona que ha sido convicta de
delito. Es por esto que la confiscación in personam forma parte
integral del procedimiento criminal, ya que se trata de una
acción directa contra el propietario o poseedor de la propiedad
a ser incautada y cuya procedencia va a depender ineludiblemente
de que la persona salga culpable del delito imputado. Únicamente
en esas circunstancias se le podría confiscar la propiedad como
una sanción adicional. Por lo tanto, bajo este procedimiento, el
involucramiento
eventual
de
la
convicción,
persona
es
el
en
la
actividad
fundamento
que
delictiva,
da
base
a
y
la
confiscación de la propiedad. En otros términos, en la medida
que el Estado no logré probar la culpabilidad de la persona más
allá de duda razonable, la confiscación no sería válida.
Por
otra
parte,
si
el
Poder
Legislativo
decidiera
instituir la segunda modalidad de confiscación, se establecería
entonces un procedimiento civil in rem que va dirigido contra la
cosa misma y no contra el dueño de la propiedad, su poseedor,
encargado o cualquier otra persona con algún interés legal sobre
ésta.13 Por ello, la pregunta a dilucidar bajo este procedimiento
es la siguiente: ¿la propiedad confiscada fue utilizada para la
comisión
de
una
modalidad
de
confiscación
12
actividad
delictiva?
in
rem
la
Siendo
así,
interrogante
bajo
de
la
quién
Mapfre PRAICO, et al. v. ELA, 188 DPR 517, 525 (2013); Coop. Seg.
Múlt. v. ELA, 180 DPR 655, 664 (2011).
13
López v. Secretaria, 162 DPR 345, 352 (2004); Negrón v. Srio. de
Justicia, 154 DPR 79,87 (2001).
CC-2016-0086
6
utilizó la propiedad es, como regla general, impertinente porque
el
objetivo
principal
de
esta
acción
es
demostrar
que
la
propiedad fue utilizada en una actividad prohibida por ley,
independientemente de quién lo hizo. En ese sentido, no se trata
de
adjudicarle
a
la
propiedad
la
autora
tratarla
como
mediante
preponderancia
de
de
la
un
la
capacidad
delito,
prueba
de
sino
que
la
delinquir
de
y
establecer
propiedad
fue
empleada en la comisión de una actividad ilegal. Conforme a
ello, en todos los casos de confiscación resueltos por esta
Curia se ha reiterado que los únicos elementos pertinentes a la
determinación
de
si
procede
una
confiscación
civil
son
los
siguientes: (1) si existe prueba suficiente y preponderante de
que se ha cometido un delito y (2) si existe un nexo entre la
comisión del delito y la propiedad confiscada.14
Nótese que contrario a la confiscación in personam, la
confiscación
in
rem
es
una
acción
completamente
separada
e
independiente del procedimiento criminal que se dilucide contra
el presunto autor del delito. Por ello, la confiscación civil
podría
prevalecer
resultado
aun
favorable
cuando
en
el
el
Estado
proceso
no
haya
obtenido
penal.
Esto,
pues,
un
como
mencionáramos, el enfoque en la confiscación civil no es si la
persona
incurrió
en
un
delito,
sino
si
la
propiedad
fue
utilizada en una actividad ilegal (e.g. si determinado vehículo
de
motor
fue
utilizado
para
transportar
droga,
independientemente de quién la transportó).15 En ese escenario,
14
Suárez v. ELA, 162 DPR 43, 52 (2004); Del Toro Lugo v. ELA, supra,
pág. 983; Pueblo v. González Cortés, 95 DPR 164, 171 (1967).
15
Esto sujeto a las correspondientes defensas reconocidas en nuestro
ordenamiento (e.g. tercero inocente).
CC-2016-0086
7
el derecho del Estado a tomar la propiedad surge, precisamente,
de ese uso indebido.
En
el
caso
particular
de
Puerto
Rico,
la
Asamblea
Legislativa históricamente ha optado por adoptar la confiscación
in rem.16 Así, cónsono con la doctrina discutida, reiteradamente
este Tribunal ha aludido a las distinciones típicas entre la
confiscación civil y la confiscación criminal. No obstante, esa
discusión
se
ha
limitado
a
una
referencia
automática,
casi
dogmática, como parte de un repaso doctrinal del proceso de
confiscación y la cual nunca ha tenido un impacto real en la
adjudicación de las controversias que hemos considerado hasta el
presente concerniente al tema de confiscación.17 Esto hasta tal
punto
de
crear
cierta
confusión
entre
ambos
tipos
de
confiscaciones.
Al momento de adjudicar las controversias suscitadas bajo
las leyes de confiscaciones anteriores, y a pesar de que estas
establecían
la
naturaleza
in
rem
del
procedimiento,
este
Tribunal siempre partió de la premisa fundamentada de que la
Asamblea Legislativa tenía la intención de condicionar la acción
civil de confiscación al resultado de la acción penal. Es por
ello que consistentemente este Tribunal utilizó la doctrina de
cosa
juzgada,
sentencia,
en
para
su
modalidad
anular
toda
de
impedimento
confiscación
colateral
que
por
estuviera
acompañada de un dictamen favorable al imputado en el proceso
16
Véanse, la derogada Ley Uniforme de Confiscación de Vehículos,
Bestias y Embarcaciones, Ley Núm. 39 de 4 de junio de 1960, 34 LPRA
ants. secs. 1721 y 1722, sustituida por la también derogada Ley
Uniforme de Confiscaciones de 1988, Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988
34 LPRA ants. secs. 1723 - 1723(p), y la actual Ley Uniforme de
Confiscaciones de 2011, Ley Núm. 119-2011, supra.
17
Véase, Coop. Seg. Mult. v. ELA, supra, págs. 664-665; Del Toro Lugo
v. ELA, supra, págs. 981-983.
CC-2016-0086
8
penal. Así, se avaló la disposición sumaria de las demandas de
impugnación de confiscación sin una adjudicación en sus méritos,
simplemente
basados
en
los
acontecimientos
suscitados
en
la
esfera penal. De esta forma, este Foro le ha brindado a la
confiscación civil un tratamiento paralelo y fundamentado en las
características esenciales de una confiscación criminal. Dicho
tratamiento,
a
su
vez,
tuvo
el
efecto
de
igualar
ambas
modalidades de confiscación, a pesar de que la confiscación
civil -o su respectiva impugnación- no se llevaba a cabo como
parte del proceso criminal en contra de una persona. Veamos.
B.
Doctrina de impedimento colateral por sentencia y su
aplicación al proceso de confiscación bajo la legislación
derogada según las decisiones previas del Tribunal Supremo
Sabido
es
que
la
doctrina
de
impedimento
colateral
por
sentencia opera cuando un hecho esencial para el pronunciamiento
de una sentencia se dilucida y determina mediante sentencia
válida y final, y la determinación es concluyente en un segundo
pleito entre las mismas partes.18 Es decir, la aplicación de esta
doctrina
depende
de
que
un
hecho
fundamental
en
un
proceso
actual haya sido expresamente dilucidado como un elemento clave
en un proceso anterior mediante una sentencia legítima y final
entre las mismas partes.19 De ese ser el caso, la doctrina de
impedimento colateral por sentencia evita que las partes tengan
18
Coop. Seg. Mult. v. ELA, 180 DPR 655, 672-673 (2011); Suárez v. ELA,
162 DPR 43, 59 (2004).
19
Por “hecho necesario” o “elemento clave” nos referimos a que ese
hecho que se pretende identificar en el segundo proceso como uno
previamente adjudicado, haya sido necesario y fundamental en el
razonamiento de la sentencia emitida por el Tribunal en el primer
proceso. Sólo así, se podría establecer en estricto rigor jurídico,
que ese hecho, en efecto, fue debidamente adjudicado mediante
sentencia final y firme. Véanse, Beníquez v. Vargas, 184 DPR 2010,
225-226 (2012); Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 276-277
(2012).
CC-2016-0086
9
la necesidad de litigar nuevamente un hecho ya adjudicado entre
ellas en un dictamen anterior.20
En
el
contexto
específico
de
las
confiscaciones,
este
Tribunal ha utilizado esta doctrina estatutaria para concluir
que
la
absolución
en
los
méritos
adjudica
con
finalidad
irreversible el hecho central, tanto para el caso criminal como
para el de confiscación, de que la propiedad no fue utilizada en
una
actividad
ilícita.
Por
ello,
desde
Carlo
v.
Srio.
de
Justicia, 107 DPR 356 (1978), este Foro determinó que “[l]a
doctrina
de
impedimento
colateral
por
sentencia
exige
la
desestimación del segundo proceso, aun cuando tenga por objeto
un
delito
distinto,
si
al
resolverse
el
caso
anterior
se
adjudicaron y determinaron hechos necesariamente decisivos para
el
segundo”.21
En
esa
ocasión,
este
Tribunal
específicamente
delimitó el alcance de esta normativa a aquellas circunstancias
en las que, efectivamente, se hubiese dado una absolución en los
méritos que inevitablemente comprendiera la adjudicación de la
cuestión central de que no se utilizó el objeto confiscado en
una actividad delictiva.22 Particularmente, el Tribunal expresó
lo siguiente:
La decisión que hoy tomamos está estrictamente
ceñida a la situación de derecho que se produce al
concurrir circunstancias determinantes, a saber: que
el acusado es dueño del vehículo confiscado; que su
absolución en los méritos inevitablemente comprende
la adjudicación de la cuestión central de que no
20
E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados
Unidos, Vol. II, San Juan, Ed. Forum, 1992, págs. 376-385.
21
Carlo v. Srio. de Justicia, supra, pág. 363.
22
Íd., págs. 364-365.
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utilizó
el
prohibido.23
10
vehículo
para
transportar
material
A pesar de esta delimitación, la realidad fue otra. Desde
entonces, esta Curia aplicó la doctrina de impedimento colateral
por sentencia a escenarios distintos al antes mencionado, y cuyo
efecto directo consistió en condicionar la continuación de la
acción civil de confiscación al resultado de la acción penal,
independientemente de si en el proceso criminal se adjudicó o no
en los méritos el hecho central de si la propiedad confiscada
fue utilizada o no en una actividad prohibida por ley. Por
ejemplo, en Del Toro v. ELA, 136 DPR 973 (1994), este Tribunal
sostuvo que no procedía continuar con el proceso de confiscación
de un vehículo de motor propiedad de un tercero cuando una
determinación de no causa probable para acusar advino final y
firme. Además, en esa ocasión, se determinó que no procedía
sostener la confiscación cuando el proceso penal concluía luego
del sobreseimiento del caso a raíz de la supresión de la única
evidencia delictiva ocupada mediante un registro ilegal. Bajo
ese escenario el Tribunal concluyó que
la determinación final y firme respecto a la
exclusión o supresión de una evidencia ilegalmente
obtenida hecha en el procedimiento penal por el
delito que da base a la confiscación, constituiría
cosa
juzgada
en
su
modalidad
de
impedimento
colateral por sentencia, en cuanto a la admisión de
dicha evidencia en la acción de impugnación de
confiscación,
siempre
que
dicha
determinación
judicial sea debidamente planteada e introducida en
evidencia.24
23
24
Íd. (Énfasis suplido).
Del Toro v. ELA, supra, pág. 997.
CC-2016-0086
Aunque
11
con
un
resultado
distinto,
pero
cónsono
con
la
tendencia de exigir un dictamen de culpabilidad en el proceso
penal como condición necesaria para continuar el proceso civil
de confiscación, en First Bank, Univ. Ins. Co. v. ELA, 156 DPR
77 (2002), este Tribunal determinó que la ausencia de causa
probable en cuanto al poseedor del vehículo de motor confiscado,
hijo
del
propiedad,
dueño
ya
registral,
que
uno
no
de
impedía
los
la
pasajeros
confiscación
se
había
de
la
declarado
culpable. De esta manera, esta Curia negó la aplicación de la
doctrina de impedimento colateral por sentencia y ordenó la
continuación del proceso de confiscación. No podemos pasar por
alto que este Foro reconoció, incluso, la improcedencia de la
anulación automática del proceso civil de confiscación basado en
un
resultado
favorable
en
el
proceso
penal.
Sobre
este
particular, este Foro expresó lo siguiente:
La aplicación de la doctrina de impedimento
colateral no afecta el hecho principal de que la
confiscación es un procedimiento de carácter in rem,
es decir, va dirigido contra la cosa misma y no
contra el dueño de la propiedad, su poseedor,
encargado o cualquier otra persona con algún interés
legal sobre ésta. Por esto, el impedimento colateral
no aplica de manera automática al impugnar la
confiscación del vehículo. Aunque el poseedor del
vehículo resulte absuelto de los cargos imputados,
esto no es en sí mismo suficiente para declarar
inválida la confiscación. Lo determinante es si
alguna actividad delictiva se ha cometido en el
vehículo o mediante el uso del vehículo, aunque la
misma no haya sido cometido por el poseedor o
conductor del mismo.25
Ahora bien, acorde con la tendencia de exigir un fallo o
veredicto de culpabilidad para validar toda confiscación, igual
25
First Bank,
suplido).
Univ.
Ins.
Co.
v.
ELA,
supra,
pág.
83.
(Énfasis
CC-2016-0086
12
conclusión alcanzó este Tribunal, posteriormente, en Suárez v.
ELA, 162 DPR 43 (2004). En ese momento, este Tribunal determinó
que la doctrina de impedimento colateral por sentencia impedía
la continuación del proceso civil de confiscación en todo aquel
caso en que los cargos criminales hubieran sido desestimados por
incumplimiento
con
los
términos
de
juicio
rápido.
En
esta
ocasión, los cargos criminales habían sido desestimados porque
el Ministerio Público no cumplió con el término estatutario para
la celebración de la vista preliminar. Transcurrido más de dos
años
sin
la
presentación
de
nuevos
cargos
criminales,
este
Tribunal entendió que procedía declarar con lugar la demanda de
impugnación de confiscación ante la presunta dejadez reflejada
por el Estado en el proceso penal.
Cuatro años más tarde, este Foro resolvió dos casos en los
que reconoció dos escenarios adicionales en los cuales aplicaría
automáticamente
la
sentencia
que,
y
doctrina
de
impedimento
consecuentemente,
colateral
por
imposibilitaban
la
continuación de la acción civil de confiscación basado en el
resultado del proceso penal, a saber: Ford Motor v. ELA, 174 DPR
735 (2008) y Díaz Morales v. Dpto. de Justicia, 174 DPR 956
(2008). En Ford Motor v. ELA, supra, la persona acusada se había
declarado culpable por cargos de posesión de drogas y cumplido
con todos los requisitos de un programa de desvío, por lo que el
foro primario había ordenado el archivo y sobreseimiento del
caso. Ante tales circunstancias, este Tribunal estableció que
“el archivo y sobreseimiento de una acusación criminal al amparo
de un programa de desvío y rehabilitación consti[tuía] cosa
CC-2016-0086
13
juzgada en su modalidad de impedimento colateral por sentencia
en una acción civil de impugnación de confiscación”.26
En Díaz Morales v. Dpto. de Justicia, supra, -caso que
involucraba
expuestas
a
en
un
el
menor
en
párrafo
circunstancias
anterior-
esta
análogas
Curia
a
las
resolvió
que
procedía declarar ha lugar una demanda civil de impugnación de
confiscación
una
vez
el
menor
cumpliera
con
el
contrato
de
desvío y obtuviera un archivo definitivo de la causa penal.
Según
razonaron
los
miembros
de
este
Alto
Foro
en
aquel
entonces, “una vez se archiva la denuncia, según los términos
del programa, se adjudica de forma favorable al acusado y se
dispone con finalidad del hecho central del cual depende la
confiscación: la comisión de un acto delictivo”.27
Finalmente,
en
Coop.
Seg.
Mult.
v.
ELA,
180
DPR
655
(2011), este Tribunal atendió la controversia sobre qué efecto
tiene sobre el procedimiento civil de confiscación la muerte de
una persona que presuntamente utilizó la propiedad confiscada en
un acto delictivo. Ante esta interrogante, y aún vigente la Ley
Uniforme
de
Confiscaciones
de
1988,
este
Foro
resolvió
que
procedía anular el proceso confiscatorio en la medida que la
muerte de la persona imputada de delito extinguía la acción
penal.
Una
vez
más,
este
Tribunal
le
impregnó
un
carácter
criminal a la confiscación de naturaleza civil al no avalar la
confiscación sin que alguien hubiese sido convicto de delito.28
26
Ford Motor v. ELA, supra, pág. 738.
27
Díaz Morales v. Dpto. de Justicia, supra, págs. 962-963.
28
No hay duda que en aquel momento ignoramos que la confiscación podía
justificarse en la medida que el vehículo hubiera sido utilizado en
una actividad delictiva, independientemente de que no hubiera podido
instarse un proceso criminal contra una persona producto de su muerte.
CC-2016-0086
14
En resumen, durante la vigencia de la Ley Uniforme de
Confiscaciones de 1960 y la Ley Uniforme de Confiscaciones de
1988
este
Tribunal
reconoció
varias
excepciones
que
automáticamente anulaban el proceso civil de confiscación basado
en las incidencias suscitadas en el proceso criminal. Esto, sin
que
hubiera
una
dilucidación
en
los
méritos
sobre
la
controversia específica concerniente al proceso civil sobre si
la
propiedad
confiscada
fue
utilizada
en
alguna
actividad
prohibida por ley. De esta manera, previo a la aprobación de la
nueva ley de confiscaciones había un “decidido desarrollo de
nuestra jurisprudencia hacia condicionar el proceso civil de
confiscación al resultado de la causa criminal contra el alegado
autor del delito”.29
C.
Fundamentos de la jurisprudencia anterior emitida por este
Tribunal
En este punto resulta meritorio destacar los fundamentos
que sustentaron los pronunciamientos anteriores aquí repasados
en los que, como vimos, este Tribunal constantemente condicionó
la
continuación
del
proceso
civil
de
confiscación
a
lo
acontecido a nivel penal.30 Como hemos señalado en ocasiones
pasadas, y como explicaremos a continuación, éstos estuvieron
basados
en
dos
premisas
no
articuladas
o
discutidas
a
profundidad en las opiniones de entonces que hoy, conforme a las
disposiciones de la
Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011,
supra, indudablemente cobran particular importancia: (1) en el
presunto carácter “punitivo” del proceso de confiscación según
Tal proceder equiparó la confiscación in rem a la confiscación in
personam.
29
30
Coop. Seg. Mult. v. ELA, supra, pág. 676. (Énfasis suplido).
Siendo éstos, también, en los que en el día de hoy se sustenta la
Opinión mayoritaria.
CC-2016-0086
estatuido
en
15
la
legislación
entonces
vigente;
y
(2)
en
la
voluntad legislativa del momento de vincular el proceso civil de
confiscación al proceso penal.
Primero, no hay duda que un repaso de la jurisprudencia
emitida
por
este
Tribunal
durante
la
vigencia
de
las
leyes
derogadas de confiscaciones de 1960 y 1988 nos lleva a constatar
que, en efecto, este Foro le adjudicó constantemente un carácter
“punitivo” al proceso de confiscación y lo caracterizó como un
“castigo
adicional”
Tribunal
alcanzó
alguno
y
basado
Legislativa
de
a
dicha
la
pena.
Sin
conclusión
exclusivamente
disuadir
la
embargo,
sin
en
surge
consignar
el
fin
de
este
razonamiento
la
criminal.31
actividad
que
Asamblea
Es
otros
términos, para entonces fue suficiente el que la legislación
mencionara que tenía un objetivo disuasivo para que –sin mayor
análisis y consideración– este Tribunal calificara el proceso de
confiscación como uno punitivo. Ante tal objetivo, y la expresa
intención legislativa de entonces de vincular la causa criminal
contra
el
presunto
autor
del
delito
y
la
acción
civil
de
confiscación, según discutiremos a continuación, este Tribunal
evitó adoptar la clara doctrina federal dirigida a establecer si
un proceso de confiscación puede calificarse como “punitivo” y
“criminal” en su fin, aun cuando el Poder Legislativo lo haya
estatuido como un proceso estrictamente civil. Por entender que
el
análisis
de
la
doctrina
federal
es
fundamental
para
31
la
Véase, e.g., Coop. Seg. Mult. v. ELA, supra, pág. 680, donde este
Tribunal se expresó en los siguientes términos:
El proceso de incautación de propiedades al amparo
de la Ley Uniforme de Confiscaciones es civil en su forma
pero punitivo en su naturaleza. Su objetivo, claramente
identificado por la Asamblea Legislativa, es castigar al
delincuente con la pérdida de su propiedad, además de la
posible pérdida de su libertad. A ello se refiere la
Legislatura cuando habla del propósito disuasivo de la
confiscación.
CC-2016-0086
16
resolución correcta de la controversia que presenta este caso,
no la pasaremos por alto.
Segundo,
Tribunal,
se
la
jurisprudencia
sustentó
en
la
pasada
clara
emitida
voluntad
por
este
legislativa
de
entonces de vincular el proceso civil de confiscación al proceso
penal, según evidenciado en dos instancias distintas durante la
vigencia de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988. En primer
lugar, hallamos que la Asamblea Legislativa tuvo la intención de
promulgar
una
legislación
pronunciamientos
que
este
que
no
Tribunal
fuera
había
contraria
formulado
a
los
previo
a
1988. Sobre este particular, nótese que la Asamblea Legislativa
de entonces específicamente consignó en el Informe Conjunto del
Proyecto del Senado 1529 de 20 de mayo de 1988 que nada de lo
contenido
en
lo
que
eventualmente
sería
la
Ley
Uniforme
de
Confiscaciones de 1988 alteraba la normativa adoptada hasta ese
momento por este Tribunal Supremo en materia de confiscación.32
Esto incluía, claro está, la norma establecida en Carlo v. Srio.
de Justicia, supra, respecto a la aplicación de la doctrina de
impedimento colateral por sentencia al procedimiento civil de
confiscación,
basado
en
el
resultado
favorable
en
la
causa
criminal.
En segundo lugar, es importante recordar que en el 2000 la
Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 32-2000, la cual enmendó
la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988, para disponer que el
32
Véase, Informe Conjunto del P. del S. 1529 de las Comisiones de lo
Jurídico, de Transportación y Obras Públicas y de Hacienda del Senado
de Puerto Rico de 20 de mayo de 1988, 10ma. Asamblea Legislativa, 4ta
Sesión Ordinaria, el cual en la página siete expresamente establece
que “[n]ada en el P. del S. 1529 modifica la interpretación
restrictiva a favor de la propiedad confiscada que el tribunal le ha
dado a las disposiciones legales y vigentes sobre confiscación.
Vázquez Fontánez v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 396 (1974); Carlo v.
Secretario de Justicia, 107 D.P.R. 356 (1978)”.
CC-2016-0086
17
resultado de la acción penal no sería impedimento, ni tendría
efecto de cosa juzgada sobre la acción civil de confiscación.33
Tres años más tarde, esta enmienda fue derogada mediante la Ley
Núm. 18-2003. Esto porque, según la intención y razonamiento de
la
entonces
Asamblea
Legislativa,
era
necesario
ajustar
el
derecho positivo conforme a lo resuelto por este Tribunal en
Carlo v. Srio. de Justicia, supra, y Del Toro Lugo v. ELA,
supra.34 De hecho, según surge del Informe sobre el Proyecto de
la Cámara 1972 de la Comisión de la Jurídico del Senado de
Puerto Rico –eventual Ley Núm. 18, supra– esta medida pretendía,
resolver la situación surgida con la Ley Núm. 32,
supra, a los fines de disponer que la absolución en
los méritos de una persona en una causa criminal
tendrá el efecto de hacer nula una confiscación de un
33
Véase, Art. 2, inciso (c) de la Ley Núm. 32-2000 (2000 Leyes de
Puerto Rico 376). El mencionado artículo establecía lo siguiente:
Naturaleza de la acción. – El resultado favorable al acusado
o imputado en cualquier de las etapas de la acción criminal
no será impedimento para, ni tendrá efecto de cosa juzgada
sobre, la acción civil de confiscación, aunque ésta se base
en los hechos imputados en la acción penal. Íd.
Sobre este particular, la parte expositiva de la Ley Núm. 32,
supra, mencionaba lo siguiente:
Aun cuando la doctrina jurisprudencial sobre la materia es
clara, en nuestra jurisdicción se ha creado una gran
confusión a raíz de las opiniones emitidas por el Tribunal
Supremo. La presente medida va encaminada a precisar la
naturaleza de la acción confiscatoria y a revisar otros
aspectos de conformidad a la experiencia habida en la
implantación de la Ley Núm. 93, antes citada.
Consideramos que el resultado de la acción penal no
debe ser impedimento, ni tener efecto de cosa juzgada, sobre
la acción civil de confiscación, y para así establecerlo, se
enmienda la Ley Núm. 93, antes citada, como se propone
adelante.
Véanse, además: Informe del P. de la C. 2621 de la Comisión de lo
Jurídico de la Cámara de Representantes de 5 de noviembre de 1999,
13era Asamblea Legislativa, 6ta Sesión Ordinaria, y la Ponencia del
Departamento de Justicia de 28 de septiembre de 1999 sobre el P. de la
C. 2621.
34
Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 18-2003 (2003 Leyes de
Puerto Rico 64).
CC-2016-0086
18
vehículo hecha por el Estado a raíz de los mismos
hechos que dieron lugar a su procesamiento criminal,
en consideración a la doctrina constitucional de cosa
juzgada en su modalidad de impedimento colateral por
sentencia.
Tras una absolución en el caso criminal o
determinación de no causa en la vista preliminar que
ha advenido final y firme no existen tales elementos
para sostener la confiscación en el caso civil por lo
cual es forzoso concluir la improcedencia de continuar
con el mismo.35
Como
puede
Legislativa
observarse,
plasmó
en
claramente
aquel
su
momento,
intención
de
la
Asamblea
reconocer
la
normativa adoptada por este Tribunal conforme a lo establecido
originalmente en el historial legislativo de la Ley Uniforme de
Confiscaciones de 1988. Es decir, afirmativamente avaló el que
la
acción
civil
de
confiscación
resultado
del
proceso
penal.
resueltos
bajo
la
Uniforme
Ley
estuviera
Conforme
de
a
condicionada
ello,
Confiscaciones
al
los
casos
de
1988,
particularmente los resueltos posterior al 2003, respondieron a
esa intención legislativa. Así lo reconoció este Tribunal en
Coop. Seg. Mult. v. ELA, supra, donde se expresó lo siguiente a
la luz de las disposiciones de la -en aquel momento vigente- Ley
Uniforme de Confiscaciones de 1988:
La Asamblea Legislativa ha reconocido el vínculo
entre la causa criminal contra el presunto autor
del delito base y la acción de confiscación. De igual
forma, la ley vigente [Ley Uniforme de Confiscaciones
de 1988] coincide con nuestros pronunciamientos en
cuanto a la aplicación de la doctrina de impedimento
35
Informe sobre el P. de la C. 1972 de la Comisión de lo Jurídico del
Senado de Puerto Rico, 14ta Asamblea Legislativa, 5ta Sesión
Ordinaria, págs. 1-3. Aclaramos que, contrario a lo expresado por la
Asamblea Legislativa en el citado extracto, la doctrina de impedimento
colateral por sentencia es de índole estatutario.
CC-2016-0086
19
colateral por sentencia que condiciona el proceso
civil a la causa criminal. La Ley Núm. 18 de 1 de
enero
de
2003
enmendó
la
Ley
Uniforme
de
Confiscaciones para eliminar el inciso que añadió la
Ley Número 32 de 14 de enero de 2000 que disponía que
el
resultado
favorable
al
acusado
no
sería
impedimento a la acción civil de confiscación. La
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 18 refleja con
gran claridad el cambio en el modo de pensar en la
Asamblea Legislativa y su decisión de vincular la
causa criminal contra el presunto autor del delito
con el proceso civil de confiscación.36
Cónsono
examinamos
con
estos
pronunciamientos,
minuciosamente
la
actual
Ley
a
continuación
Uniforme
de
Confiscaciones de 2011, de modo que lleguemos a la correcta
interpretación del estatuto y podamos resolver si subsiste la
intención legislativa reflejada en la derogada Ley Uniforme de
Confiscaciones de 1988 y sus posteriores enmiendas. Es decir, si
surge de las disposiciones de la Ley Uniforme de Confiscaciones
de 2011 y/o de su historial legislativo la intención de la
Asamblea
Legislativa
confiscación
al
de
condicionar
resultado
de
la
el
proceso
acción
penal.
civil
de
Además,
analizaremos si, a la luz de legislación vigente, persiste el
objetivo disuasivo y si ello, de por sí, amerita que continuemos
calificando como “punitivo” el proceso de confiscación.
D.
Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011
Actualmente, el proceso de confiscación en Puerto Rico se
rige por la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, la
cual establece un procedimiento uniforme para todos los casos de
confiscación en nuestra jurisdicción, independientemente de la
36
Coop. Seg. Mult. v. ELA, supra, pág. 677. (Énfasis suplido y citas
omitidas).
CC-2016-0086
20
agencia involucrada y el fundamento para la misma.37 De acuerdo a
esta
legislación,
propiedad
que
el
sea
Estado
puede
utilizada
ocupar
durante
la
y
hacer
comisión
suya
de
toda
delitos
graves y de aquellos delitos menos graves en los que por ley se
autorice la confiscación, cuando tales delitos se encuentren
tipificados en algún estatuto confiscatorio.38
Entre
las
nuevas
disposiciones
incluidas
en
la
Ley
Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, y pertinentes a este
caso,
encontramos
dispuso
el
que
carácter
la
Asamblea
Legislativa
independiente
del
expresamente
procedimiento
de
confiscación con relación a cualquier otro proceso. Al respecto,
el Art. 2 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra,
establece como política pública “la naturaleza in rem de las
confiscaciones,
naturaleza
independiente
penal,
naturaleza”.39
de
cualquier
administrativa
Cónsono
con
esta
o
de
política
otra
acción
cualquier
pública,
el
de
otra
Poder
37
Véase, Exposición de Motivos de la Ley Uniforme de Confiscaciones de
2011, supra. (2011 Leyes de Puerto Rico 1761).
38
Véase, Art. 9 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra,
34 LPRA sec. 1724f, el cual dispone íntegramente lo siguiente:
Estará sujeta a ser confiscada, a favor del Gobierno de
Puerto Rico, toda propiedad que resulte, sea producto o
se utilice, durante la comisión de delitos graves y de
aquellos delitos menos graves en los que por ley se
autorice la confiscación, cuando tales delitos graves y
menos graves se encuentren tipificados en el Código Penal
de Puerto Rico, en las leyes de sustancias controladas,
de armas y explosivos, en las leyes contra el crimen
organizado, en las leyes de juegos prohibidos, bebidas
alcohólicas, leyes fiscales, leyes contra la apropiación
ilegal de vehículos, leyes de vehículos y tránsito y de
embarcaciones; así como en otras leyes y en aquellos
estatutos confiscatorios en los que por ley se autorice
la confiscación.
Toda propiedad que esté sujeta a una sentencia de
confiscación que así lo autorice, será confiscada a favor
del Gobierno de Puerto Rico.
39
Art. 2 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra. (34 LPRA
sec. 1724). (Énfasis suplido).
CC-2016-0086
21
Legislativo reiteró que “[e]l proceso de confiscación será uno
civil dirigido contra los bienes e independiente de cualquier
otro proceso de naturaleza penal, civil o administrativa que se
pueda
llevar
contra
el
dueño
o
el
poseedor
de
los
bienes
ocupados bajo las disposiciones de cualquier ley que autorice la
confiscación de bienes por parte del Estado”.40
Así
las
cosas,
la
propia
establece
el
proceso
que
las
legislación
partes
y
los
específicamente
tribunales
deben
seguir durante la acción civil de impugnación de confiscación.
El Art. 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra,
establece -en su parte aquí pertinente- que “se presumirá la
legalidad y corrección de la confiscación independientemente de
cualquier
otro
procedimiento
contexto,
caso
penal,
relacionado
“[e]l
demandante
administrativo
a
los
tiene
mismos
el
peso
o
cualquier
hechos”.41
de
la
otro
En
ese
prueba
para
derrotar la legalidad de la confiscación”.42 Asimismo, dispone
que “[p]resentada la contestación a la demanda, el Tribunal
ordenará una vista sobre legitimación activa para establecer si
el demandante ejercía dominio y control sobre la propiedad en
cuestión antes de los hechos que motivaron la confiscación. De
no
cumplir
con
este
requisito,
el
Tribunal
ordenará
la
desestimación inmediata del pleito”.43
40
Art. 8 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra. (34 LPRA
sec. 1724e). (Énfasis suplido).
41
Art. 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra. (34
LPRA sec. 1724l). (Énfasis suplido).
42
Íd. (Énfasis suplido).
43
Íd. Véase, además, Mapfre PRAICO, et al. v. ELA, supra.
CC-2016-0086
22
En referencia a la derogada Ley Uniforme de Confiscaciones
de 1988 y las respectivas interpretaciones formuladas por esta
Curia, la Asamblea Legislativa expresó que “[d]icha Ley ha sido
objeto de múltiples enmiendas e interpretaciones judiciales que
han causado confusión en la implantación del estatuto”.44 Así que
para efectos de dispersar cualquier duda sobre su intención de
instituir un proceso de confiscación in rem y verdaderamente
independiente,
los
legisladores
incluyeron
en
la
parte
expositiva de la medida lo siguiente aclaración que, por su
importancia, citamos in extenso:
En nuestra jurisdicción, la confiscación es una
acción civil o in rem, distinta y separada de
cualquier acción in personam. La confiscación que
lleva a cabo el Estado se basa en la ficción legal de
que la cosa es la ofensora primaria. El procedimiento
in
rem
tiene
existencia
independiente
del
procedimiento penal de naturaleza in personam, y no
queda
afectado
en
modo
alguno
por
éste.
Los
procedimientos de confiscación civil puede llevarse a
cabo y culminarse antes de que acuse, se declare
culpable o se absuelva al acusado. Incluso, pueden
llevarse aun cuando no se haya presentado ningún
cargo. Esto debido a que la acción civil se dirige
contra la cosa en sí misma, en general, la
culpabilidad
o
inocencia
del
propietario
es
irrelevante en cuanto a la procedencia o no de la
confiscación civil. Goldmith-Grant Co. v. United
States, 254 U.S. 505 (1921). Calero-Toledo v. Pearson
Yatch Leasing Co., 416 U.S. 663 (1974). United States
v. One Assortment of 89 Firearms, 465 U.S. 354
(1984).45
Nótese
que
la
referida
exposición
de
motivos
consigna,
incluso, la jurisprudencia sobre la que fundamenta su intención
44
Exposición de Motivos de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011,
supra. (2011 Leyes de Puerto Rico 1761). (Énfasis suplido).
45
Exposición de Motivos de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011,
supra, pág. 1-2. (2011 Leyes de Puerto Rico 1762–1763).
CC-2016-0086
23
de instituir una confiscación estrictamente in rem. En ninguna
parte menciona alguna de las decisiones que este Tribunal emitió
durante
la
vigencia
de
De
manera,
confiscación.
esta
las
legislaciones
la
política
anteriores
pública
de
vigente
establecida por la Asamblea Legislativa sobre confiscación se
distancia
de
las
respectivas
interpretaciones
judiciales
formuladas en el pasado, particularmente en lo que respecta a
condicionar la acción civil de confiscación al resultado del
proceso penal.
De hecho, en la ponencia presentada por el Departamento de
Justicia sobre el Proyecto del Senado 897 -eventual Ley Uniforme
de
Confiscaciones
de
definir la naturaleza
2011-
éste
expresó
“preocupación
por
in rem o civil de la confiscación”.46
Índicó que “[a] efectos de evitar la más mínima confusión sobre
los aspectos indicados, es imprescindible introducir un lenguaje
claro
y
preciso
que
establezca
y
mantenga
distanciados
los
procesos criminales in personam y la confiscación a través de
todo el texto de la ley”.47 Precisamente, eso fue lo que hizo la
Asamblea Legislativa en los Arts. 2, 8 y 15 de la Ley Uniforme
de Confiscaciones de 2011, supra, según expusimos.48
46
Ponencia del Departamento de Justicia sobre el P. del S. 897 de 23
de julio de 2009, pág. 3.
47
48
Íd. (Énfasis suplido).
Consistentemente, ésta ha sido la posición del Poder Ejecutivo sobre
este particular. A modo ilustrativo, hallamos que en una medida
legislativa anterior dirigida a establecer la Ley Uniforme de
Confiscaciones de 2006, se incluyeron disposiciones idénticas a las
incluidas en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 en cuanto a la
independencia del proceso de confiscación de cualquier otro proceso
penal. Véase, e.g., Art. 8 del P. de la C. 2696, 15ta Asamblea
Legislativa, 3ra Sesión Ordinaria. A raíz de esta propuesta, el
entonces Secretario de Justicia comentó lo siguiente:
CC-2016-0086
24
No hay duda que en la legislación actual se estableció un
proceso civil in rem verdaderamente independiente al proceso
penal
in
personam,
legislativa
de
abandonando
vincular
ambos
así
la
procesos.
pasada
Ante
intención
ello,
resulta
pertinente analizar si, en efecto, el proceso de confiscación
confeccionado por el Poder Legislativo tiene un fin punitivo o
criminal
como
se
mencionaba
en
el
pasado.
De
concluir
que
estamos ante un proceso de confiscación de carácter punitivo
dirigido a castigar al presunto autor del delito, el marco de
acción de la Asamblea Legislativa para regular su aplicación y
procedencia podría verse limitado por aspectos constitucionales
aplicables bajo ciertas y limitadas circunstancias.
Los términos de esta medida reconocen las diferencias
existentes entre el proceso de confiscación in rem y
cualquier acción criminal, o de otra índole, que pueda
proceder de los mismos hechos. Se persigue que, por
ejemplo, el Estado pueda proseguir legítimamente con una
acción de confiscación contra una propiedad cuando existe
prueba suficiente de que la misma ha sido utilizada en
actividad delictiva, aun cuando el Estado instar una acción
criminal porque no se ha identificado con la certeza
suficiente al autor del delito. Nótese que el Estado debe
establecer la ocurrencia de una actividad delictiva y su
relación con la propiedad confiscada.
La propuesta legislativa permite atender el absurdo
jurídico que impide que el Estado pueda confiscar, por
ejemplo, un automóvil con cristales ahumados cuando existe
evidencia en su interior, tales como casquillos de bala,
que lo vinculan directamente a la comisión de un delito.
Nótese que, en este tipo de caso, el Estado conoce la
ocurrencia de una actividad delictiva y del uso del
vehículo en su consecución. No obstante, no necesariamente
se ha identificado al autor del delito, toda vez que los
cristales ahumados impiden su identificación.
Ponencia del Departamento de Justicia de 24 de enero de 2006 sobre el
P. de la C. 2696 ante la Comisión de lo Jurídico y Seguridad Pública
de la Cámara de Representantes, pág. 4.
CC-2016-0086
25
Sobre este particular, en United States v. Ward, 448 US
242 (1980), la Corte Suprema de los Estados Unidos elaboró un
estándar de dos partes dirigido, precisamente, a contestar si un
estatuto confiscatorio constituye en sí una medida punitiva de
índole criminal o no. Al respecto, la Corte Suprema Federal
expresó lo siguiente:
Esta Corte a menudo ha reiterado que la
interrogante sobre si una sanción es de índole civil
o
criminal
es
un
asunto
de
interpretación
estatutaria. Nuestra investigación en este respecto
se ha realizado tradicionalmente en dos esferas.
Primero, nos hemos dado a la tarea de determinar si
el Congreso al establecer la sanción particular
indicó expresa o implícitamente su preferencia por
una etiqueta o la otra. Segundo, si el Congreso ha
indicado la intención de establecer una sanción
civil, hemos investigado más a fondo si el esquema
estatutario era tan punitivo ya sea en su propósito o
en su efecto como negar dicha intención. Respecto a
esta última interrogante, hemos establecido que solo
“la más clara evidencia” podría ser suficiente para
establecer la inconstitucionalidad de una ley basado
en dicho argumento.49
49
United States v. Ward, supra, págs. 248-249. (Traducción nuestra y
citas omitidas). En los propios términos de la Corte Suprema Federal,
esta expresó específicamente lo siguiente:
This Court has often stated that the question
whether a particular statutorily defined penalty is civil
or criminal is a matter of statutory construction. Our
inquiry in this regard has traditionally proceeded on two
levels. First, we have set out to determine whether
Congress,
in
establishing
the
penalizing
mechanism,
indicated either expressly or impliedly a preference for
one label or the other. Second, where Congress has
indicated an intention to establish a civil penalty, we
have inquired further whether the statutory scheme was so
punitive either in purpose or effect as to negate that
intention. In regard to this latter inquiry, we have noted
that “only the clearest proof could suffice to establish
the unconstitutionality of a statute on such a ground.”
CC-2016-0086
En
26
otros
términos,
la
conclusión
sobre
si
determinada
sanción es verdaderamente de índole civil o penal debe estar
precedida, en primer orden, de un análisis sobre si el Poder
Legislativo
consignó
su
intención,
ya
sea
expresa
o
implícitamente, de caracterizar ésta como una civil o criminal.
Es
decir,
este
primer
punto
del
análisis
va
dirigido
específicamente a identificar la etiqueta “civil” o “criminal”
que le dio o pretendió dar el Poder Legislativo a la sanción
concerniente. Claro está, de concluir que el Poder Legislativo
expresó
su
preferencia
por
una
sanción
criminal,
resulta
académico cualquier análisis posterior.
Empero, si de ese análisis surge la intención del Poder
Legislativo
de
caracterizar
determinado
procedimiento
como
civil, procede entonces abordar el segundo punto del examen
dirigido a auscultar si ésta es tan punitiva en su propósito o
efecto
que
transforma
en
una
sanción
criminal
lo
que
se
pretendió imponer como una sanción civil.50 En esta segunda parte
del
análisis,
es
necesario
que
la
parte
que
formule
tal
alegación presente “la más clara evidencia” de que lo que el
Poder Legislativo denominó como civil en realidad constituye una
sanción de índole criminal.51 De no existir tal evidencia, lo
50
Íd., pág. 249. (“We turn then to consider whether Congress, despite
its manifest intention to establish a civil, remedial mechanism,
nevertheless provided for sanctions so punitive as to „transfor[m]
what was clearly intended as a civil remedy into a criminal
penalty.‟”).
51
Íd. (Traducción nuestra) (“In regard to this latter inquiry, we have
noted that „only the clearest proof could suffice to establish the
unconstitutionality of a statute on such a ground.‟”); págs. 250-251
(“Nor are we persuaded by any of respondent's other arguments that he
has offered the „clearest proof‟ that the penalty here in question is
punitive in either purpose or effect.”). Reiterado en United States v.
One Assortment of 89 Firearms, 465 US 354, 366 (1984) (“Mulcahey has
failed to establish by the “clearest proof” that Congress has provided
a sanction so punitive as to “transfor[m] what was clearly intended as
a civil remedy into a criminal penalty.”).
CC-2016-0086
27
único que procede es que el Tribunal confirme el carácter civil
que le brindó o pretendió brindar, en primera instancia, el
Poder Legislativo a la sanción concerniente.
Subsiguientemente,
la
Corte
Suprema
de
Estados
Unidos
reafirmó este análisis en United States v. Ursery, 518 US 267
(1996), caso en el cual confirmó su dictamen de United States v.
One Assortment of 89 Firearms, 465 US 354 (1984), a los efectos
de
que
un
estatuto
confiscatorio
civil
no
viola
la
Quinta
Enmienda de la Constitución Federal a aplicarse a un individuo
que ha sido absuelto o condenado mediante sentencia, siempre y
cuando éste no sea punitivo en su naturaleza.52 Para sostener tal
carácter civil de la confiscación, el Tribunal Supremo de los
Estados
Unidos
concernientes
examinó
mediante
el
los
estatutos
discutido
análisis
confiscatorios
de
dos
partes.
Respecto a la primera parte, la Corte sostuvo que era indudable
que
el
Congreso
meramente
tuvo
civil.53
la
Siendo
intención
de
establecer
un
así,
a
la
parte
pasó
segunda
proceso
del
análisis y concluyó que existía “poca evidencia, y mucho menos
la prueba más clara requerida” de que el proceso de confiscación
establecido por el Congreso era tan punitivo en su naturaleza o
efecto que lo convertía en una sanción criminal.54
Para alcanzar tal conclusión, en United States v. Ursery,
supra, la Corte Suprema de Estados Unidos destacó varios puntos
importantes y pertinentes a nuestra legislación local. Primero,
52
United States v. Ursery, supra, pág. 292. (“We hold that these in
rem civil forfeitures are neither “punishment” nor criminal for
purposes of the Double Jeopardy Clause.”).
53
Íd., págs. 288-290.
54
Íd., pág. 290. (Traducción nuestra).
CC-2016-0086
28
expresó el entendido de que las confiscaciones civiles in rem
históricamente no constituyen un “castigo”.55 Segundo, resaltó
que en los estatutos confiscatorios concernientes no se requería
demostrar intención criminal en el uso de la cosa y aclaró que
aun cuando éstos contienen una excepción de tercero inocente,
ello de por sí no compele a la conclusión de que se desea
castigar a una persona.56
Tercero,
señaló que si bien puede
decirse que tales estatutos sirven un propósito disuasivo, la
realidad es que tal objetivo es válido tanto para procesos de
confiscación puramente civiles como para procesos criminales.57
Finalmente, enfatizó que el solo hecho de que los estatutos
confiscatorios
estén
atados
o
supeditados
a
una
actividad
criminal no es suficiente para establecer mediante “la más clara
evidencia” que el proceso denominado como civil realmente es de
carácter punitivo en su naturaleza o efecto.58
Al extrapolar tal análisis y escrutinio a nivel local con
el
objetivo
de
establecido
en
constituye
una
auscultar
la
si
el
proceso
Ley
Uniforme
de
sanción
meramente
civil
de
confiscación
Confiscaciones
o
penal,
de
no
2011
podemos
alcanzar otra conclusión que no sea que ésta es puramente civil
y remediativa. Según indicáramos, no hay duda de que la Asamblea
Legislativa
aprobó
expresa
establecer
de
la
legislación
vigente
un
administrativo
proceso
con
la
intención
in
rem
de
estricto carácter civil e independiente de cualquier otra acción
55
Íd., pág. 291.
56
Íd., págs. 291-292.
57
Íd., pág. 292.
58
Íd.
CC-2016-0086
de
29
naturaleza
penal,
administrativa
o
de
cualquier
otra
naturaleza.
La
realidad es que un simple repaso de la legislación
concerniente
evidencia
la
inexistencia
de
“la
más
clara
evidencia” que nos lleve a concluir que, en efecto, estamos ante
un estatuto de carácter punitivo. Nótese que la ley vigente no
requiere demostrar que hubo intención criminal por parte de la
persona que utilizó la cosa de forma ilícita para que proceda la
confiscación. Como explicáramos, en el proceso civil estatuido
únicamente se requiere demostrar la conexión entre la propiedad
confiscada
y
su
uso
en
una
actividad
prohibida
por
ley,
independientemente de quién la utilizó o si tenía tal intención
o no.
Además, aunque la legislación vigente podría permitir que
se
presente
evidencia
de
la
circunstancias,
esto,
atribuirle
legislación
a
la
por
inocencia
sí
solo,
un
ánimo
del
dueño
en
no
es
de
castigar.
ciertas
suficiente
La
para
clara
intención de la Asamblea Legislativa de disuadir la actividad
criminal, según surge de la ley y de su historial, obligan a
concluir
que
estamos
ante
una
ley
de
naturaleza
civil
y
remediativa. Como bien señalara la Corte Suprema de Estados
Unidos, tal elemento disuasivo de la actividad criminal no es en
sí suficiente para categorizar un proceso civil de confiscación
como uno de naturaleza criminal.
II
En
el
caso
que
hoy
atendemos,
la
situación
que
presuntamente dio lugar a la confiscación del vehículo de motor
fue su utilización en violación del Art. 404 de la Ley de
CC-2016-0086
30
Sustancias Controladas, 24 LPRA sec. 2404. Por los mismos hechos
que dieron lugar a la confiscación se denunció al
Sr. Jorge
Salas Ríos. Así las cosas, se adujo que en el proceso criminal
en
su
contra,
el
señor
Salas
Ríos
se
sometió
al
mecanismo
establecido en la Regla 247.1 de las Reglas de Procedimiento
Criminal, supra.
En
vista
de
la
alegada
–no
probada–
exoneración
y
sobreseimiento de las acusaciones, Mapfre Preferred Risk Ins.
Co.
y
Reliable
Financial
Services
Inc.
(en
conjunto,
peticionarias), solicitaron se dictara sentencia sumaria a su
favor en el proceso de impugnación de la confiscación que habían
presentado. Arguyeron que, conforme el resultado favorable en el
proceso
criminal
aplicación
la
en
contra
doctrina
de
del
señor
Salas
cosa
juzgada
en
su
Ríos,
era
de
modalidad
de
impedimento colateral por sentencia.59
Ahora bien, tanto el Tribunal de Primera Instancia, como
el Tribunal de Apelaciones, concluyeron correctamente que el
resultado favorable en la causa criminal en contra del señor
Salas Ríos no conllevaba la invalidez, ilegalidad y falta de
corrección
de
la
confiscación
del
vehículo
en
cuestión.
Acertadamente concluyeron que las peticionarias, conforme los
postulados de la nueva Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011,
supra,
estaban
obligadas
a
presentar
otra
evidencia
que
permitiera concluir que la propiedad confiscada no fue utilizada
en violación del Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas,
59
Del expediente no surge que las peticionarias presentaran, junto a
la solicitud para que dictara sentencia sumaria a su favor, la prueba
que sustentara ni siquiera su alegación en cuanto al resultado
favorable en el proceso criminal. Ahora bien, reiteramos que dicha
prueba por si sola no es suficiente para anular la confiscación
realizada.
CC-2016-0086
31
supra. Ante la ausencia de tal prueba, concluyeron que, como
cuestión de derecho, no procedía dictar sentencia sumaria a su
favor.
En
un
interrogante
escenario
como
el
de
mero
hecho
si
el
del
presente
del
caso,
surge
sobreseimiento
de
la
los
cargos en virtud de la Regla 247.1, supra, constituye prueba
preponderante de la no utilización del vehículo confiscado en
una actividad ilegal que, a su vez, permitiera dictar por la vía
sumaria
una
sentencia
a
favor
de
las
peticionarias.
Evidentemente, no.
Nótese
que
en
el
pasado
emitimos
varios
dictámenes
en
casos que presentaban situaciones sumamente similares a la que
tenemos ante nuestra consideración. En aquel entonces, a la luz
de
la
Ley
Uniforme
de
Confiscaciones
de
1988,
anulamos
las
confiscaciones ante el “dictamen favorable” en un caso criminal
que se hubiera presentado por los mismos hechos que dieron lugar
a
la
confiscación.
Como
vimos,
particularmente,
este
Foro
atendió una situación casi idéntica en Ford Motor v. ELA, supra.
Ahora bien, según reseñáramos, las pasadas determinaciones
de este Tribunal estuvieron enmarcadas en lo que hasta aquel
momento era la voluntad e intención expresada por la Asamblea
Legislativa. Como observáramos, a pesar de que en la legislación
de 1988 se reconocía el carácter in rem de las confiscaciones,
el Poder Legislativo afirmativamente acogió el matiz in personam
que por varias décadas este Tribunal le otorgó al procedimiento
in
rem
al
condicionar
la
continuación
del
proceso
de
confiscación a los acontecimientos a nivel penal.60 Así que en
60
Véase, parte I, sección C de esta Opinión.
CC-2016-0086
virtud
de
procesos,
32
dicha
tanto
intención
el
se
mantuvieron
procedimiento
criminal
vinculados
ambos
en
de
contra
la
persona imputada de delito como la acción civil de confiscación.
Esto contrasta enormemente con la actual Ley Uniforme de
Confiscaciones
de
2011.
conociendo
la
interrelación
estableció
entre
el
En
ésta,
la
Asamblea
que
el
pasado
este
Tribunal
el
proceso
penal,
proceso
en
civil
y
Legislativa,
específicamente consignó su voluntad de desligar, distanciar y
diferenciar la acción criminal dirigida contra una persona de
aquella acción confiscatoria a nivel civil dirigida contra la
propiedad
en
expuesto
en
particular.
la
sección
Esta
intención
anterior,
surge
legislativa,
de
cada
según
parte
del
historial legislativo de la Ley Uniforme de Confiscaciones de
2011, supra, incluyendo el propio texto de la ley, su exposición
de
motivos,
los
informes
de
las
respectivas
comisiones
legislativas, e incluso las ponencias presentadas.61 Es decir, de
una evaluación completa y cuidadosa del referido estatuto.
Así,
por
ejemplo,
Confiscaciones
de
el
2011,
Art.
supra,
2
de
la
Ley
Uniforme
establece
que
en
de
nuestra
jurisdicción las confiscaciones serán de naturaleza in rem y,
como consecuencia, independientes de cualquier otra acción de
naturaleza penal, administrativa o de otra índole que pudiera
llevarse
en
contra
del
dueño
o
del
poseedor
de
los
bienes
ocupados.62 Este principio de separabilidad e independencia fue
reiterado más adelante por el Poder Legislativo al expresar
literalmente
–y
por
primera
vez
como
parte
integral
de
61
Véase, parte I, sección D de esta Opinión.
62
Véase, Art. 2 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra.
la
CC-2016-0086
33
legislación en claro contraste con las leyes anteriores- su
intención
de
mantener
la
confiscación
civil
separada
del
procedimiento criminal y dirigida exclusivamente a dilucidar el
involucramiento del bien confiscado en una actividad prohibida
por
ley.63
De
esta
Legislativa
manera,
pretendió
no
hay
duda
de
distanciarse
que
la
del
Asamblea
desarrollo
jurisprudencial bajo el cual el proceso civil de confiscación
quedaba condicionado al resultado de la causa criminal contra el
alegado autor del delito. Cónsono con ese claro distanciamiento,
el
Poder
Legislativo
explícitamente
cónsono
a
un
sus
modificó
procedimiento
típicas
el
civil
enfoque
y
estableció
verdaderamente
características
y
la
in
rem
independencia
establecida respecto a cualquier otro proceso que pueda surgir
del
mismo
conjunto
de
hechos.64
Adviértase,
como
mencionamos
anteriormente, que la Asamblea Legislativa aclaró en la parte
expositiva de la
que
el
afectado
Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra,
procedimiento
en
modo
de
alguno”
confiscación
por
el
in
rem
“no
procedimiento
queda[ría]
criminal
in
personam.65 En ese sentido, la Asamblea Legislativa precisó, como
lo hizo a través de varias disposiciones de la propia ley, que
la validez de la confiscación no estaría supeditada al resultado
del proceso criminal. Tal aclaración parece ser ignorada por una
mayoría de este Tribunal.66
63
Véase, Íd., Art. 8.
64
Véase, Parte I, Sección A de esta Opinión.
65
Exposición de Motivos de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011,
supra, pág. 1-2 (2011 Leyes de Puerto Rico 1762-1763).
66
La Opinión mayoritaria falla al concluir que, como en el pasado nos
referimos a la confiscación como un proceso independiente, lo que hizo
la Asamblea Legislativa fue incorporar nuestros pronunciamientos a la
legislación vigente. Sin embargo, -como hemos discutido- un examen de
la Ley Uniforme de Confiscación de 2011, supra, hace evidente que la
CC-2016-0086
34
Bajo esas circunstancias, utilizar el resultado favorable
obtenido por el imputado en el proceso penal para aplicar la
doctrina de impedimento colateral por sentencia en el proceso
civil de confiscación, constituye un curso de acción que va en
contra de la voluntad legislativa diáfanamente expresada en la
Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra. Después de todo,
precisamente,
eso
fue
lo
que
quiso
evitar
el
legislador
al
disponer sobre la independencia de los procedimientos y reiterar
una
y
otra
vez
la
naturaleza
estrictamente
in
rem
de
la
confiscación en nuestra jurisdicción.
La realidad es que, más allá de ese ejercicio válido de
establecimiento de política pública, tal independencia entre el
proceso civil de confiscación y la acción penal tiene perfecta
lógica y congruencia jurídica.67 Esto porque al final de todo se
tratan de dos acciones judiciales que -si bien surgen de un
mismo conjunto de hechos- responden a fines y cuestionamientos
distintos bajo diferentes estándares de prueba. Por un lado, la
acción civil de confiscación lo que busca es establecer mediante
preponderancia de la prueba
que la propiedad confiscada fue
utilizada en una actividad prohibida por ley. Mientras que la
acción penal busca establecer más allá de duda razonable que el
Asamblea Legislativa tuvo la intención de ir más allá y modificar la
normativa que se había desarrollado bajo las leyes de confiscaciones
derogadas. Así, parece ser que la mayoría de este Tribunal está decida
a perpetuar la confusión que nuestras pasadas determinaciones
generaron y que la Asamblea Legislativa pretendió eliminar mediante la
aprobación de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, y, a
su vez, convertir en letra muerta algunas de las disposiciones
contenidas en la referida ley.
67
Así ha sido reconocido, incluso, por el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos en multiplicidad de casos aún vigentes. Véase, e.g.,
Bennis v. Michigan, 516 US 442, 452 (1996); United States v. One
Assortment of 89 Firearms, 465 US 354 (1984); Calero-Toledo v. Pearson
Yatch Leasing Co., 416 US 663 (1974); Goldmith-Grant Co. v. United
States, 254 US 505 (1921).
CC-2016-0086
35
imputado o acusado cometió un delito. En tales circunstancias,
es jurídicamente sostenible no condicionar la acción civil de
confiscación a lo que acontezca en la acción penal. Tan es así
que, como hemos resaltado en esta Opinión disidente, nuestro
ordenamiento jurídico actual no establece que la confiscación de
una
propiedad
criminales
y
va
a
mucho
depender
menos
de
de
la
presentación
la
obtención
de
una
de
cargos
sentencia
condenatoria a nivel penal.68 Reiteramos que la Ley Uniforme de
Confiscaciones de 2011, supra, enmarcó la voluntad legislativa
expresa
de
que
el
procedimiento
de
confiscación
in
rem
no
quedara afectado de modo alguno por el procedimiento criminal in
personam.69
Ciertamente,
estas
distinciones
no
alteran
nuestra
bien
concebida norma de que las confiscaciones no son favorecidas por
los
tribunales
y,
como
consecuencia,
los
estatutos
68
De hecho, esta posibilidad fue descartada, incluso, como parte de
los debates suscitados durante la Convención Constituyente de Puerto
Rico. III Diarios de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto
Rico, 1569-1581 (1961). Cónsono con ello, puede haber ocasiones en que
el Estado simplemente no tenga conocimiento de quién utilizó la
propiedad en una actividad ilegal, pero como cuestión de hecho sí se
sabe que fue utilizada con tales propósitos. Tal sería el caso, por
ejemplo, de un automóvil abandonado con sustancias controladas en su
interior. Ante tal hallazgo, no hay duda de que la propiedad fue
empleada en la comisión de una actividad ilegal (almacén o transporte
de sustancias controladas), pero por estar abandonada el Estado
desconoce quién la utilizó para ello. ¿Supone ese desconocimiento del
autor del delito un impedimento para que el Estado pueda confiscar la
propiedad? No. Esto porque, como hemos explicado, bajo la modalidad
civil de confiscación la pregunta no es quién utilizó la propiedad,
sino si la propiedad, en efecto, fue utilizada en una actividad
ilegal.
69
Exposición de Motivos de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011,
supra, pág. 1-2. (2011 Leyes de Puerto Rico 1762–1763).
CC-2016-0086
36
confiscatorios
bien,
los
deben
interpretarse
tribunales
estamos
restrictivamente.70
autorizados
a
Ahora
interpretar
una
legislación cuando “esta no es clara o concluyente sobre un
punto en particular”.71 De ese ser el caso, “debemos siempre
considerar
cuáles
fueron
los propósitos
perseguidos
por
la
Asamblea Legislativa al aprobar una legislación, de manera que
nuestra interpretación asegure la efectividad de la intención
legislativa”.72
De
esta
forma
evitamos
una
interpretación
contraria a esa intención y, por ende, una usurpación al Poder
Legislativo.
En el caso particular de la Ley Uniforme de Confiscaciones
de 2011, la Asamblea Legislativa fue clara y categórica sobre su
propósito de establecer como política pública una separación e
independencia, es decir, no condicionada entre el proceso civil
de
confiscación
y
la
causa
penal
consecuencia de los mismos hechos.
que
podría
producirse
a
Ahora bien, teniendo ese
propósito claro, ¿sería procedente utilizar exclusivamente el
resultado favorable obtenido por el imputado para disponer y
anular automáticamente la confiscación? ¿Estaría conforme a la
voluntad legislativa continuar el desarrollo jurisprudencial de
este
Tribunal
estaba
en
el
condicionada
cual
la
a
que
lo
procedencia
de
aconteciera
la
a
confiscación
nivel
penal?
Indudablemente, no.
70
Coop. Seg. Mult. v. ELA, supra, pág. 668; Del Toro Lugo v. ELA,
supra, pág. 988; Suárez v. ELA, supra, pág. 64; Carlo v. Srio. de
Justicia, supra, pág. 363; Pueblo v. González Cortes, 95 DPR 164, 168
(1967).
71
Brau, Linares v. ELA, 190 DPR 315, 340 (2014); Rivera Fernández v.
Mun. de Carolina, 190 DPR 196, 202 (2014); Consejo Titulares v. Gómez
Estremera, 184 DPR 407 (2012), citando a Pueblo v. Ortega Santiago,
125 DPR 203, 214 (1990).
72
Romero Barceló v. ELA, 169 DPR 460, 500-501 (2006); Rexach v.
Ramírez Vélez, 162 DPR 130 (2004), citando a Pérez v. Mun. de Lares,
155 DPR 697, 706-707 (2001).
CC-2016-0086
Sería
un
37
contrasentido
establecer
por
un
lado
que
los
procesos son independientes y, por el otro, interrelacionarlos
de tal manera que lo que ocurra en uno predetermine el desenlace
del
otro.
Ante
tales
circunstancias
estábamos
impedidos
de
alterar las normas estatutarias aplicables al caso ante nuestra
consideración. Así, teníamos el deber de reafirmar el legítimo
ejercicio de establecimiento de política pública promovido por
la
Asamblea
Legislativa
mediante
la
aprobación
de
la
Ley
Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra.
Como hemos sostenido en reiteradas ocasiones, si bien es
cierto que la actual Ley Uniforme de Confiscaciones, supra, no
incluye
una
disposición
sobre
la
doctrina
de
impedimento
colateral por sentencia –tal y como se incluyó en su momento
mediante la derogada Ley Núm. 32-2000- la realidad es que su
aplicación
a
los
casos
que
hoy
atendemos
es
completa
y
absolutamente incompatible con varias de las disposiciones que
sí fueron incluidas en la Ley.73 En ese sentido, los tribunales
no
podemos
utilizar
nuestra
función
interpretativa
para
distanciarnos e invalidar el contenido expreso y claro de una
ley bajo el pretexto de que el legislador no incluyó determinado
lenguaje. Nuestro deber no es juzgar cómo el legislador debió
expresar su intención legislativa, sino auscultar si determinada
interpretación y resultado es compatible con la voluntad del
73
Véase, Arts. 2, 8 y 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011,
supra, los cuales, como discutimos en secciones anteriores, dejan
claro la voluntad de la Asamblea Legislativa de establecer un proceso
civil de confiscación independiente de lo acontecido a nivel penal.
Esto, indudablemente, no brinda espacio para otra interpretación
estatutaria que no sea la inaplicabilidad de la doctrina de
impedimento colateral por sentencia o de cualquier otra doctrina que
condicione la continuación de la confiscación al resultado de otro
procedimiento.
CC-2016-0086
38
legislador reflejada en trámite, discusión y el propio texto de
la ley.
No hay duda de que validar la aplicación de la doctrina de
impedimento colateral por sentencia, la aplicación de cualquier
otra doctrina de índole estatutaria o continuar reconociendo
presuntas excepciones a la independencia que debe caracterizar
el proceso
in rem de confiscación constituiría un ejercicio
impropio de legislación judicial. Lo anterior en la medida que
se ignorarían y menoscabarían las disposiciones que sí fueron
incluidas en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra.74
Por todo lo anterior, este Tribunal debió concluir que los
tribunales no pueden disponer de la acción civil de confiscación
basados exclusivamente en el resultado obtenido por el imputado
a nivel penal, mucho menos cuando tal determinación se produce
como consecuencia de un fundamento ajeno a los méritos del caso
penal en sí. Según las disposiciones de la Ley Uniforme de
Confiscaciones de 2011, supra, la procedencia de la confiscación
debe
ser
adjudicada
a
nivel
civil
por
preponderancia
de
la
prueba y en completa independencia de lo que haya acontecido a
nivel penal. Así que, en ausencia de algún otro planteamiento
procedente en derecho, los foros primarios deberían dilucidar
las
demandas
méritos,
civiles
conforme
al
de
impugnación
proceso
de
confiscación
delineado
por
la
en
sus
Asamblea
Legislativa en la legislación vigente.
74
Ello sin mencionar las posibles incongruencias jurídicas que
sustantivamente supone la aplicabilidad de esta doctrina en el
contexto de un proceso civil de confiscación basado en lo acontecido
en un proceso de índole penal, el cual, en muchas ocasiones, ni tan
siquiera concluye mediante una sentencia luego de un proceso
adjudicativo en sus méritos.
CC-2016-0086
39
Claro está, no siempre la determinación del foro primario
en una demanda de impugnación de confiscación estará basada en
su adjudicación en los méritos. En ese sentido, los tribunales
podrían
resolver
mecanismos
este
tipo
de
pleito
disponibles
bajo
nuestras
utilizando
Reglas
de
todos
los
Procedimiento
Civil, incluso disponer del mismo por la vía sumaria, si así
procede en derecho. Ahora bien, la disposición del recurso no
puede descansar en el mero resultado favorable obtenido por el
imputado
a
nivel
penal,
como
ocurría
en
el
pasado
bajo
la
derogada Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988. Si la parte
demandante interesa obtener un dictamen sumario, por ejemplo,
deberá
entonces
ubicar
en
posición
al
tribunal
sobre
su
procedencia, pero su petición no puede basarse exclusivamente en
la obtención de un dictamen favorable en la causa criminal.
Así, la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, supra, lo
que dispone es que
[e]l tribunal luego del acusado hacer una
alegación
de
culpabilidad
y
sin
hacer
pronunciamiento
de
culpabilidad
cuando
el
Secretario de Justicia o el fiscal lo solicitare
y presentare evidencia de que el acusado ha
suscrito
un
convenio
para
someterse
a
tratamiento y rehabilitación en un programa del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, privado,
supervisado y licenciado por una agencia del
Estado Libre Asociado, así como una copia del
convenio, podrá suspender todo procedimiento y
someter a dicha persona a libertad a prueba bajo
los términos y condiciones razonables que tenga
a bien requerir, y por el término dispuesto en
el convenio para la rehabilitación del acusado
el cual no excederá de cinco (5) años. El
tribunal apercibirá al acusado que, de abandonar
dicho programa será sancionado conforme a lo
dispuesto en el Artículo 232 de la Ley Núm. 115
de 22 de Julio de 1974, según enmendada.
Como parte de los términos del convenio estará
el consentimiento del acusado a que, de cometer un
CC-2016-0086
delito grave, se celebre conjuntamente con la vista
de determinación de causa probable, la vista sumaria
inicial que disponen la Ley Núm. 259 de 3 de abril de
1946, según enmendada. La determinación de causa
probable de la comisión de un nuevo delito es causa
suficiente
para,
en
ese
momento,
revocar
provisionalmente los beneficios de libertad a prueba.
En el caso de incumplimiento de una
condición de la libertad a prueba, el tribunal
podrá dejar sin efecto la libertad a prueba y
proceder
a
dictar
sentencia
siguiendo
lo
dispuesto en la Ley Núm. 259 de 3 de abril de
1946, según enmendada.
Si durante el período de libertad a prueba la
persona no viola ninguna de las condiciones de la
misma, el tribunal, en el ejercicio de su discreción
y previa celebración de vista, podrá exonerar a la
persona y sobreseer el caso en su contra. La
exoneración y sobreseimiento bajo esta Regla se
llevará a cabo sin declaración de culpabilidad por el
tribunal, en carácter confidencial, no accesible al
público y separado de otros récords, a los fines
exclusivos de ser utilizados por los tribunales al
determinar si en procesos subsiguientes, la persona
cualifica bajo esta Regla.
La exoneración y sobreseimiento del caso no
se considerará como una convicción a los fines
de
las
descualificaciones
o
incapacidades
impuestas por ley a los convictos por la
comisión de algún delito, y la persona así
exonerada
tendrá
derecho
a
que
el
Superintendente
de
la
Policía
le
devuelva
cualesquiera récord de huellas digitales y
fotografías que obren en poder de la Policía de
Puerto Rico, tomadas en relación al caso
sobreseído.
La exoneración y sobreseimiento de que
trata esta Regla podrán concederse en solamente
una ocasión a cualquier persona.
La aceptación por un acusado del sobreseimiento
de una causa por el fundamento señalado en esta Regla
constituirá una renuncia a la desestimación de la
40
CC-2016-0086
41
acción por los fundamentos relacionados
incisos (e), (f), (m) y (n) de la Regla 64.75
en
los
No hay duda que someterse al proceso establecido en la
Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, supra, y la posterior
exoneración del imputado y sobreseimiento de los cargos,
no
constituye una determinación de que la propiedad confiscada no
fue utilizada en alguna actividad ilegal. Un examen de la Regla
247.1 de Procedimiento Criminal, supra, y el Art. 404(b) de la
Ley
de
Sustancias
Controladas,
supra,
deja
claro
que
dicha
adjudicación no se genera en el caso criminal. En ese sentido,
el
sobreseimiento
siquiera
de
constituye
los
la
cargos
en
adjudicación
contra
del
del
hecho
acusado
ni
central
del
proceso civil de impugnación de la confiscación.76 En realidad lo
que sucede es que el acusado tiene el beneficio de someterse a
un proceso que, finalmente, evitara que se vea perjudicado como
sucede en el caso de convicciones ordinarias. Ello no significa
que la propiedad que pudo haberse confiscado por los mismos
hechos no se utilizó en violación de alguna disposición penal
que permita su confiscación. Por el contrario, para todos los
efectos, la propiedad pudo haber sido utilizada en la comisión
de una actividad ilegal o ser producto de esta.
Así las cosas, en circunstancias como las del presente
caso,
en
las
cuales
se
presentó
una
solicitud
de
sentencia
sumaria en el proceso de impugnación de la confiscación por
75
76
(Énfasis suplido).
Incluso, véase que si la persona incumple con los términos del
convenio, el tribunal puede dejar sin efecto la libertad a prueba y
dictar la sentencia que proceda por el delito bajo el cual hizo
alegación de culpabilidad. D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho
procesal penal puertorriqueño, 9na ed. rev., San Juan, Instituto para
el Desarrollo del Derecho Inc., 2011, pág. 158.
CC-2016-0086
42
parte de los demandantes fundándose en el sobreseimiento de los
cargos
criminales
en
contra
de
una
persona,
son
de
total
aplicación -y de suma importancia- las disposiciones de la Ley
Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, que establecen que la
confiscación
acusación
puede
alguna
realizarse
contra
aunque
ninguna
no
se
persona
haya
o
presentado
antes
de
su
culpabilidad o absolución. Como mencionamos anteriormente, esta
disposición
se
debe
a
la
clara
intención
legislativa
de
establecer un proceso separado e independiente, que no se afecta
de modo alguno, por cualquier procedimiento penal que pudiera o
pueda estar llevándose a cabo por los mismos hechos.77 Así, ante
la evidente distinción de un proceso de confiscación in personam
77
No podemos pasar por alto que ni siquiera las peticionarias,
teniendo el peso de la prueba, presentaron evidencia que sostuviera
las alegaciones en su solicitud de sentencia sumaria respecto al
resultado favorable en el proceso criminal. Sobre ese particular
debemos resaltar que la propia Opinión de conformidad emitida por la
Jueza Asociada señora Pabón Charneco lo reconoce al expresar que
[n]o surge de los autos el dictamen del foro de instancia
decretando el archivo y sobreseimiento de la causa criminal
contra el señor Salas Ríos, ni prueba que lo acredite. Ahora
bien, de los autos surgen alegaciones que apuntan a que el
señor Salas Ríos en efecto se sometió a un programa de
desvío bajo la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, supra.
También hay prueba de que el foro primario requirió al
Estado que informara sobre el progreso de dicho programa.
Op. de conformidad emitida por la Jueza Asociada señora Pabón
Charneco, págs. 15-16. Por ello, ni siquiera ante la interpretación
errónea que hace la mayoría del Tribunal se justificó declarar con
lugar la solicitud de sentencia sumaria que presentaron las
peticionarias. Aunque en la Sentencia que en el día de hoy emite este
Tribunal se decide “revocar”, la realidad es que confirma la
determinación de declarar no ha lugar la solicitud de sentencia
sumaria presentada por las peticionarias pero por otros fundamentos.
SLG Pérez-Otero v. ELA, 192 DPR 298, 326 (2015) (Opinión disidente de
la Jueza Asociada señora Pabón Charneco) (“la revisión se da contra el
resultado y no contra los fundamentos”). En ese sentido el resultado
del caso es el mismo: reconocer que no procedía dictar sentencia
sumaria a favor de las peticionarias.
CC-2016-0086
y
el
proceso
43
de
civil
de
confiscación
in
rem
adoptado
por
nuestra Asamblea Legislativa, no procedía vincular, condicionar
y hacer depender la validez de la confiscación al resultado
favorable en el proceso criminal que se llevó a cabo en contra
de
una
persona.
Como
indicamos
a
través
de
esta
Opinión
disidente, tal conclusión no se justifica a la luz de la nueva
Ley de Confiscaciones de 2011, supra.
III
En vista de que la mayoría de este Tribunal decide revocar
el dictamen correcto del Tribunal de Apelaciones, que denegó
expedir un recurso de certiorari para revisar la determinación
del
foro
primario
de
no
aplicar
la
doctrina
de
impedimento
colateral por sentencia al presente caso, no me resta más que
disentir. En su lugar, conforme la normativa que detalladamente
he evaluado y examinado a través de esta Opinión disidente,
hubiera confirmado el dictamen recurrido y validado la intención
de
la
Asamblea
Legislativa
establecer
verdaderamente
la
independencia y separabilidad que caracteriza el proceso civil
de confiscación in rem.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado