Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Osvaldo Ortiz Medina
2017 TSPR 72
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Osvaldo Ortiz Medina
AB-2002-232
Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por quebrantar el Canon 9 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2017 TSPR 72
Osvaldo Ortiz Medina
(TS-8719)
197 DPR ____
Número del Caso: AB-2002-232
Fecha: 2 de mayo de 2017
Abogado del Promovido
Por derecho Propio
Oficina del Procurador General:
Lcda. Karla Pacheco Álvarez
Subprocuradora General
Lcda. Minnie H. Rodríguez López
Procuradora General Auxiliar
Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 10 de
mayo de 2017, fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión
inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
AB-2002-232
Osvaldo Ortiz Medina
TS-8719
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 2 de mayo de 2017.
Una vez más nos vemos precisados a ejercer nuestra
facultad disciplinaria contra un integrante de la clase
togada por incumplir con las órdenes de este Tribunal.
El
Lcdo.
Osvaldo
Ortiz
Medina
(“licenciado
Ortiz
Medina”) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 26 de
junio de 1987. Asimismo, el 2 de octubre de 1987 prestó
juramento
para
ejercer
jurisdicción.
Por
los
continuación,
se
ordena
el
notariado
fundamentos
la
en
nuestra
que
enunciamos
a
suspensión
inmediata
e
indefinida del licenciado Ortiz Medina del ejercicio de la
abogacía y de la notaría.
A continuación, exponemos los antecedentes fácticos
que sostienen nuestro dictamen.
I
El
proceso
disciplinario
en
contra
del
licenciado
Ortiz Medina surgió como consecuencia del caso civil Banco
AB-2002-232
2
Bilbao Vizcaya de Puerto Rico v. Carlo Aymat, CD-1994-1021
sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Al revisar
una orden de lanzamiento emitida por el foro de instancia
en dicho proceso, el Tribunal de Apelaciones nos refirió
al
licenciado
disciplinaria
Ortiz
Medina
para
la
investigación
correspondiente.
Ello
pues
el
letrado
compareció ante dicho foro a pesar de haber autorizado las
escrituras
de
compraventa
en
virtud
de
las
cuales
se
reclamaban ciertos derechos propietarios. 1 El foro a quo
emitió
una
lanzamiento
Resolución
emitida
en
por
la
el
que
foro
confirmó
de
la
orden
de
instancia.
Así
las
cosas, los allí recurrentes demandaron al licenciado Ortiz
Medina por alegada impericia profesional.2
La reclamación de impericia profesional fue bifurcada.
El 16 de abril de 2004, el foro de instancia dictó una
Sentencia Parcial. Resolvió inter alia que el licenciado
Ortiz
Medina
había
sido
negligente.
La
decisión
fue
apelada. El 21 de octubre de 2004, el foro a quo emitió
una Sentencia en la que confirmó el dictamen emitido por
el foro de instancia. 3 Así las cosas, y antes de celebrada
la vista en su fondo de daños, el licenciado Ortiz Medina
1
Banco Bilbao Vizcaya v. Carlo Aymat, et al., KLCE00-01092, Resolución
del 24 de octubre de 2001, pág. 7.
2
Esterás Burgos v. Carlo Aymat, et al. Núm. Civil IDP-1998-0355. Los
Sres. Aymat-Díaz fueron incluidos como co-demandados. Alegaron que
este había sido negligente al: (1) no informarles sobre la existencia
de la hipoteca y (2) presentar tardíamente las escrituras de
compraventa,
permitiendo
de
esta
forma
que
sus
respectivas
participaciones sobre la finca fueran vendidas en subasta judicial.
3
Sentencia del 21 de octubre de 2004, KLAN-2004-00809.
AB-2002-232
3
llegó a un acuerdo transaccional con los demandantes. 4 El
15 de diciembre de 2006, el foro de instancia emitió una
Sentencia
Parcial
en
la
que
autorizó
el
desistimiento
voluntario de las reclamaciones presentadas en su contra.
El 2 de julio de 2007, dictó Sentencia Final en la que
declaró con lugar la demanda contra los co-demandados.
El
procedimiento
disciplinario
en
contra
del
licenciado Ortiz Medina transcurrió paralelamente. El 25
de
abril
de
2003,
ordenamos
investigación
disciplinaria
finalizara
reclamación
la
en
de
la
paralización
su
contra
impericia
de
hasta
la
tanto
profesional.
No
obstante, le ordenamos que nos mantuviera informado sobre
el estado procesal de la misma.
Luego de varios trámites procesales, el 24 de junio de
2005 emitimos una Resolución en la que le ordenamos al
licenciado
Ortiz
Medina
que
nos
informara
el
estado
procesal de la reclamación de impericia profesional en su
contra. El 10 de julio de 2005, el licenciado Ortiz Medina
presentó una Moción Informativa en la que indicó que la
misma se encontraba sub-judice pues estaba pendiente la
vista en su fondo de daños. Posteriormente, le ordenamos
al licenciado Ortiz Medina que nos informara el estado
procesal
de
la
reclamación
en
su
contra,
mediante
Resoluciones con fecha de 20 de agosto de 2008 y 2 de
febrero de 2011, respectivamente.
4
El licenciado Ortiz Medina pagó $30,000 a los comuneros como parte de
la transacción extrajudicial.
AB-2002-232
4
El 4 de junio de 2012, emitimos una Resolución en
virtud de la cual tomamos conocimiento de que en el 9 de
julio de 2007 el foro de instancia había dictado sentencia
final en el caso de impericia profesional. Así las cosas,
le concedimos un término al licenciado Ortiz Medina para
expresarse
en
cuanto
a
la
continuación
del
proceso
disciplinario. El letrado indicó que para la fecha en la
que el foro de instancia dictó la Sentencia Final este ya
no era parte en el pleito pues los demandantes habían
desistido de la reclamación en su contra.
Luego de varios trámites procesales, la Procuradora
General
emitió
su
informe.
Recomendó
la
suspensión
inmediata e indefinida del peticionario del ejercicio de
la
notaría. 5
El
27
de
enero
de
2017,
luego
de
haber
evaluado el Informe de la Procuradora General, suspendimos
del ejercicio de la notaría al licenciado Ortiz Medina,
5
Le imputó al licenciado Ortiz Medina la comisión de las siguientes
faltas: (1) afirmar hechos falsos con conocimiento de su falsedad, en
violación a la fe pública notarial; (2) no advertir las consecuencias
del Aviso de Demanda ni de celebrar la compraventa sin haber sometido
la segregación a la consideración de ARPE y (3) pretender burlar la
orden del tribunal de Aviso de Demanda al solicitar su cancelación.
También, reiteró la determinación del foro primario a efectos de que
el licenciado Ortiz Medina no había realizado un estudio de título.
Sostuvo que tampoco incluyó la escritura de compraventa otorgada por
los Sres. Vázquez-Burke en su índice notarial y que este había
aceptado haber autorizado dicha escritura tras haberlo negado
inicialmente, lo que denotó falta de sinceridad. Añadió que el
licenciado Ortiz Medina había representado legalmente a los Sres.
Aymat-Díaz durante el recurso de certiorari a pesar de haber
intervenido como notario en documentos relacionados con el pleito
pendiente, en violación a las normas de conducta profesional.
Específicamente, se le imputó la violación al Art. 2 de la Ley
Notarial de Puerto Rico; las Reglas 2, 5 y 12 del Reglamento Notarial
de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV; los Cánones 18-19, 35 y 38 del Código
de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX y los Arts. 38, 42-43 y 112 de la
Ley Hipotecaria de Puerto Rico, 30 LPRA secs. 2201, 2205-06 y 2401.
Véase, Informe de la Procuradora General, págs. 16-17.
AB-2002-232
5
como medida cautelar, entretanto se presentaba la querella
correspondiente.
El licenciado Ortiz Medina presentó una Solicitud de
Reconsideración.
misma,
El
ordenamos
14
de
marzo
de
la
paralización
2017,
denegamos
la
del
procedimiento
disciplinario en su contra y le concedimos un término de
quince (15) días para que mostrara causa por la cual no
debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía. Ello,
pues
al
examinar
la
que
licenciado
percatamos
el
totalidad
del
Ortiz
expediente
Medina
nos
nos
había
ocultado información pertinente al proceso disciplinario
de epígrafe por más de diez (10) años. Específicamente,
omitió
informarnos
sobre:
(1)
la
determinación
de
negligencia que hizo el foro de instancia en su contra;
(2) la sentencia emitida por el foro a quo en la que se
confirmó la determinación del foro de instancia y (3) la
transacción
extrajudicial
que
llevó
a
cabo
con
los
demandantes
y en virtud de la cual se dictó Sentencia
Parcial desestimando las reclamaciones en su contra.
Ante
la
Solicitud
de
Prórroga
presentada
por
el
licenciado Ortiz Medina, le concedimos un término final e
improrrogable de cinco (5) días para que cumpliera con
nuestra Resolución del 14 de marzo de 2017. El letrado
compareció
mediante
Cumplimiento
de
justificar
sus
determinación
un
escrito
intitulado
Moción
de
Orden.
Enumeró
tres
motivos
omisiones.
Primero,
indicó
que
tanto
la
el
foro
de
de
negligencia
hecha
por
para
AB-2002-232
6
instancia como la sentencia del Tribunal de Apelaciones
confirmándola surgían del expediente del caso, Núm. IDP1998-0355. Señaló que: “[d]ichos documentos no se pueden
ocultar.
Son
documentos
públicos.
Incluso
el
honorable
Tribunal Supremo pudo tomar conocimiento judicial de la
existencia de los mismos.” Segundo, señaló que cuando las
sentencias advinieron finales y firmes, este indemnizó a
los
demandantes
con
la
suma
de
$30,000
y
que
dicha
indemnización motivó la Sentencia Parcial en la que se
archivó la reclamación en su contra. Tercero, puntualizó
que una vez archivado el caso, “quizás de forma errónea,
pero sin que mediara mala fe” entendió que la reclamación
en su contra por impericia profesional había finalizado
sin perjuicio a que la determinación de negligencia se
utilizara en su contra durante el proceso disciplinario.
Evaluada
la
misma,
pasemos
a
exponer
la
normativa
aplicable a esta relación de hechos.
II
El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA
Ap. IX, dispone que todo abogado deberá observar hacia los
tribunales una conducta que se caracterice por el mayor
respeto
y
diligencia.
La
naturaleza
de
la
función
de
abogado requiere de una escrupulosa atención y obediencia
a las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando se
trata de procedimientos sobre su conducta profesional. In
re
Bello
Rivera,
192
DPR
Pacheco, 192 DPR 553 (2015).
812
(2015);
In
re
Pacheco
AB-2002-232
7
Además, reiteradamente hemos señalado que desatender
las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la
autoridad de los tribunales e infringe el Canon 9. In re
Bello Rivera, supra; In re De Jesús Román, 192 DPR 799
(2015).
Asimismo,
hemos
advertido
que
procede
la
suspensión del ejercicio de la profesión cuando un abogado
no
atiende
muestra
con
diligencia
indiferente
ante
nuestros
requerimientos
y
se
nuestros
apercibimientos
de
imponerle sanciones disciplinarias.
In re Ezratty Samo,
2016 TSPR 19, 194 DPR ___ (2016). Igualmente, y además de
denotar
indisciplina,
desobediencia,
displicencia,
falta
de respeto y contumacia hacia las autoridades, desatender
nuestras
órdenes
en
el
curso
de
un
procedimiento
disciplinario, revela una gran fisura del buen carácter
que debe exhibir todo miembro de la profesión legal. In re
Escalona Colón, 149 DPR 900, 901 (2000). Recientemente,
hemos
ejercido
suspender
a
nuestra
miembros
autoridad
de
la
disciplinaria
profesión
por
para
dilatar
injustificadamente el proceso disciplinario en su contra
mediante la desatención a las órdenes de este Tribunal. In
re Irizarry Irizarry,
190 DPR 368 (2014).
III
Según
incumplido
relatáramos,
el
reiteradamente
licenciado
con
Ortiz
nuestras
Medina
ha
órdenes
y
requerimientos. Peor aún, nos ocultó información altamente
pertinente al proceso disciplinario de epígrafe. Ello no
tiene cabida en nuestra profesión. Nos explicamos.
AB-2002-232
8
El 25 de abril de 2003, paralizamos la investigación
disciplinaria
en
contra
del
consideración
a
que
estaba
judicial
la
aún
licenciado
reclamación
Ortiz
pendiente
de
Medina
de
impericia
en
resolución
profesional
presentada en su contra. La paralización estaría en vigor
hasta que dicho proceso judicial culminara. No obstante,
le
impusimos
afirmativa
al
de
licenciado
mantenernos
Ortiz
Medina
informados
la
sobre
obligación
el
estado
procesal del caso. En respuesta a nuestros requerimientos,
el 10 de julio de 2005, el licenciado Ortiz Medina indicó
que el pleito de impericia profesional en su contra se
encontraba sub-judice pues estaba pendiente la vista en su
fondo de daños. Empero, obvió cumplir con nuestra orden en
lo atinente a una etapa procesal medular, para fines de
nuestra jurisdicción disciplinaria. Nótese que para esta
fecha ya el Tribunal de Primera Instancia había emitido
una Resolución en la que había determinado que este había
sido negligente y el Tribunal de Apelaciones había emitido
una
Sentencia
en
determinación.
Cabe
la
que
destacar
había
que
esa
confirmado
dicha
no
la
única
tuvo
para
fue
oportunidad
que
el
licenciado
Ortiz
Medina
informarnos
lo
que
realmente
había
acontecido
en
la
reclamación de impericia profesional en su contra.
El 20 de agosto de 2008, le ordenamos al licenciado
Ortiz
Medina
nuevamente
que
nos
informara
el
estado
procesal de la reclamación de impericia profesional en su
contra. El 12 de septiembre de 2008 presentó un escrito en
AB-2002-232
9
el que solicitó veinte (20) días para cumplir con la orden
mediante la presentación de unos documentos certificados
que
había
documentos
solicitado.
pretendía
De
dicha
presentar
solicitud
ni
para
no
qué
surge
qué
propósitos
quería presentarlos. Peor aún, no surge del expediente que
haya presentado documento alguno ni dentro ni fuera del
término
solicitado.
No
obstante,
de
febrero
y
pesar
2011
le
incumplimiento,
el
2
nuevamente
que
nos
informara
el
estado
reclamación
en
su
contra.
24
de
licenciado
Ortiz
encontraba
pendiente
tercera
Medina
ocasión,
nos
en
el
El
de
a
indicó
despacho.
licenciado
de
ordenamos
procesal
marzo
que
de
la
2011,
el
pleito
se
de
el
Nuevamente,
Ortiz
su
Medina
y
por
omitió
informarnos los acontecimientos reales de la reclamación
de impericia profesional instada en su contra.
El
4
de
junio de
2012
emitimos
una
Resolución
en
virtud de la cual tomamos conocimiento judicial de que en
el 9 de julio de 2007 el foro de instancia había dictado
sentencia
en
el
caso
en
cuestión.
Le
ordenamos
al
licenciado Ortiz Medina que se expresara en torno a la
continuación del proceso disciplinario en su contra. Este
indicó que para la fecha en la que el pleito en su contra
había culminado este ya no era parte en el pleito, en
virtud
de
un
desistimiento
voluntario.
Por
primera
ocasión, informó que los demandantes habían desistido de
la reclamación en su contra. No obstante, y por cuarta
ocasión, el licenciado Ortiz Medina ocultó que el foro de
AB-2002-232
10
instancia había hecho una determinación de negligencia en
su contra, la cual posteriormente fue confirmada por el
foro a quo. En fin, el licenciado Ortiz Medina nunca nos
informó que el caso de impericia profesional en su contra
había
culminado,
aun
cuando
sabía
que
el
proceso
disciplinario en su contra se había paralizado hasta tanto
culminara el mismo. Examinando lo acontecido de la forma
más favorable para el licenciado Ortiz Medina, mediante su
omisión
e
inacción,
ambas
injustificadas
y
en
claro
menosprecio de nuestras directrices, este logró mantener
paralizada la investigación disciplinaria en su contra por
al menos cinco (5) años.
El incumplimiento reiterado y obstinado por parte del
licenciado Ortiz Medina con las órdenes de este Tribunal
denota
dejadez
y
despreocupación.
Máxime
incumplimiento,
al
mismo
consistido
ocultación
Cabe
de
destacar
obligado
a
reclamación
contra.
información
que
el
informar
de
tiempo,
el
impericia
Después
de
ha
requerida
por
cuando
este
en
su
la
Tribunal.
licenciado
Ortiz
Medina
estado
procesal
real
de
la
presentada
en
su
profesional
todo,
paralizamos
el
venía
proceso
disciplinario en su contra en consideración a que dicha
reclamación todavía estaba pendiente. Aun así, y en claro
desafío a este Tribunal, el licenciado Ortiz Medina indicó
en respuesta a la orden de mostrar causa que tanto la
Resolución del foro de instancia en la que determinó que
este había sido negligente como la Sentencia del foro a
AB-2002-232
11
quo en la que se confirmó dicha determinación obraban en
el expediente judicial. Indicó que dichos documentos eran
públicos y no se podían ocultar por lo que este Tribunal
muy bien pudo haber tomado conocimiento judicial de la
existencia de los mismos. Esta actitud de indiferencia y
menosprecio a la autoridad de este Tribunal constituye un
patrón
de
desidia
continuar
y
refleja
ejerciendo
inaceptable
e
la
la
falta
profesión.
incompatible
con
de
Su
el
interés
en
conducta
es
ejercicio
de
la
Opinión
Per
profesión de la abogacía.
Por
los
fundamentos
expuestos
en
la
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la
sentencia,
se
suspende
inmediata
e
indefinidamente
del
ejercicio de la abogacía al Lcdo. Osvaldo Ortiz Medina. Se
le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre
su
inhabilidad
para
continuar
representándolos,
devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos
no realizados e informar inmediatamente de su suspensión a
los foros judiciales y administrativos en los que tenga
asuntos
acreditar
pendientes.
ante
este
Además,
tiene
Tribunal
el
la
obligación
cumplimiento
con
de
lo
anterior, en el término de treinta (30) días a partir de
la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Osvaldo Ortiz Medina
AB-2002-232
TS-8719
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 2 de mayo de 2017.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la
sentencia, se suspende inmediata e indefinidamente del
ejercicio de la abogacía al Lcdo. Osvaldo Ortiz Medina. Se
le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre
su
inhabilidad
para
continuar
representándolos,
devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos
no realizados e informar oportunamente de su suspensión a
los foros judiciales y administrativos. Además, tiene la
obligación de acreditar ante este Tribunal el cumplimiento
con lo anterior, en el término de treinta (30) días a
partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y
Sentencia.
Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica el
Secretario del Tribunal Supremo.
La Jueza Presidenta
Oronoz Rodríguez y la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez no intervinieron.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo