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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Osvaldo Ortiz Medina

2017 TSPR 72

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Osvaldo Ortiz Medina

AB-2002-232

Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por quebrantar el Canon 9 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2017 TSPR 72

Osvaldo Ortiz Medina

(TS-8719)

197 DPR ____

Número del Caso: AB-2002-232

Fecha: 2 de mayo de 2017

Abogado del Promovido

Por derecho Propio

Oficina del Procurador General:

Lcda. Karla Pacheco Álvarez

Subprocuradora General

Lcda. Minnie H. Rodríguez López

Procuradora General Auxiliar

Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 10 de

mayo de 2017, fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión

inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

AB-2002-232

Osvaldo Ortiz Medina

TS-8719

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de mayo de 2017.

Una vez más nos vemos precisados a ejercer nuestra

facultad disciplinaria contra un integrante de la clase

togada por incumplir con las órdenes de este Tribunal.

El

Lcdo.

Osvaldo

Ortiz

Medina

(“licenciado

Ortiz

Medina”) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 26 de

junio de 1987. Asimismo, el 2 de octubre de 1987 prestó

juramento

para

ejercer

jurisdicción.

Por

los

continuación,

se

ordena

el

notariado

fundamentos

la

en

nuestra

que

enunciamos

a

suspensión

inmediata

e

indefinida del licenciado Ortiz Medina del ejercicio de la

abogacía y de la notaría.

A continuación, exponemos los antecedentes fácticos

que sostienen nuestro dictamen.

I

El

proceso

disciplinario

en

contra

del

licenciado

Ortiz Medina surgió como consecuencia del caso civil Banco

AB-2002-232

2

Bilbao Vizcaya de Puerto Rico v. Carlo Aymat, CD-1994-1021

sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Al revisar

una orden de lanzamiento emitida por el foro de instancia

en dicho proceso, el Tribunal de Apelaciones nos refirió

al

licenciado

disciplinaria

Ortiz

Medina

para

la

investigación

correspondiente.

Ello

pues

el

letrado

compareció ante dicho foro a pesar de haber autorizado las

escrituras

de

compraventa

en

virtud

de

las

cuales

se

reclamaban ciertos derechos propietarios. 1 El foro a quo

emitió

una

lanzamiento

Resolución

emitida

en

por

la

el

que

foro

confirmó

de

la

orden

de

instancia.

Así

las

cosas, los allí recurrentes demandaron al licenciado Ortiz

Medina por alegada impericia profesional.2

La reclamación de impericia profesional fue bifurcada.

El 16 de abril de 2004, el foro de instancia dictó una

Sentencia Parcial. Resolvió inter alia que el licenciado

Ortiz

Medina

había

sido

negligente.

La

decisión

fue

apelada. El 21 de octubre de 2004, el foro a quo emitió

una Sentencia en la que confirmó el dictamen emitido por

el foro de instancia. 3 Así las cosas, y antes de celebrada

la vista en su fondo de daños, el licenciado Ortiz Medina

1

Banco Bilbao Vizcaya v. Carlo Aymat, et al., KLCE00-01092, Resolución

del 24 de octubre de 2001, pág. 7.

2

Esterás Burgos v. Carlo Aymat, et al. Núm. Civil IDP-1998-0355. Los

Sres. Aymat-Díaz fueron incluidos como co-demandados. Alegaron que

este había sido negligente al: (1) no informarles sobre la existencia

de la hipoteca y (2) presentar tardíamente las escrituras de

compraventa,

permitiendo

de

esta

forma

que

sus

respectivas

participaciones sobre la finca fueran vendidas en subasta judicial.

3

Sentencia del 21 de octubre de 2004, KLAN-2004-00809.

AB-2002-232

3

llegó a un acuerdo transaccional con los demandantes. 4 El

15 de diciembre de 2006, el foro de instancia emitió una

Sentencia

Parcial

en

la

que

autorizó

el

desistimiento

voluntario de las reclamaciones presentadas en su contra.

El 2 de julio de 2007, dictó Sentencia Final en la que

declaró con lugar la demanda contra los co-demandados.

El

procedimiento

disciplinario

en

contra

del

licenciado Ortiz Medina transcurrió paralelamente. El 25

de

abril

de

2003,

ordenamos

investigación

disciplinaria

finalizara

reclamación

la

en

de

la

paralización

su

contra

impericia

de

hasta

la

tanto

profesional.

No

obstante, le ordenamos que nos mantuviera informado sobre

el estado procesal de la misma.

Luego de varios trámites procesales, el 24 de junio de

2005 emitimos una Resolución en la que le ordenamos al

licenciado

Ortiz

Medina

que

nos

informara

el

estado

procesal de la reclamación de impericia profesional en su

contra. El 10 de julio de 2005, el licenciado Ortiz Medina

presentó una Moción Informativa en la que indicó que la

misma se encontraba sub-judice pues estaba pendiente la

vista en su fondo de daños. Posteriormente, le ordenamos

al licenciado Ortiz Medina que nos informara el estado

procesal

de

la

reclamación

en

su

contra,

mediante

Resoluciones con fecha de 20 de agosto de 2008 y 2 de

febrero de 2011, respectivamente.

4

El licenciado Ortiz Medina pagó $30,000 a los comuneros como parte de

la transacción extrajudicial.

AB-2002-232

4

El 4 de junio de 2012, emitimos una Resolución en

virtud de la cual tomamos conocimiento de que en el 9 de

julio de 2007 el foro de instancia había dictado sentencia

final en el caso de impericia profesional. Así las cosas,

le concedimos un término al licenciado Ortiz Medina para

expresarse

en

cuanto

a

la

continuación

del

proceso

disciplinario. El letrado indicó que para la fecha en la

que el foro de instancia dictó la Sentencia Final este ya

no era parte en el pleito pues los demandantes habían

desistido de la reclamación en su contra.

Luego de varios trámites procesales, la Procuradora

General

emitió

su

informe.

Recomendó

la

suspensión

inmediata e indefinida del peticionario del ejercicio de

la

notaría. 5

El

27

de

enero

de

2017,

luego

de

haber

evaluado el Informe de la Procuradora General, suspendimos

del ejercicio de la notaría al licenciado Ortiz Medina,

5

Le imputó al licenciado Ortiz Medina la comisión de las siguientes

faltas: (1) afirmar hechos falsos con conocimiento de su falsedad, en

violación a la fe pública notarial; (2) no advertir las consecuencias

del Aviso de Demanda ni de celebrar la compraventa sin haber sometido

la segregación a la consideración de ARPE y (3) pretender burlar la

orden del tribunal de Aviso de Demanda al solicitar su cancelación.

También, reiteró la determinación del foro primario a efectos de que

el licenciado Ortiz Medina no había realizado un estudio de título.

Sostuvo que tampoco incluyó la escritura de compraventa otorgada por

los Sres. Vázquez-Burke en su índice notarial y que este había

aceptado haber autorizado dicha escritura tras haberlo negado

inicialmente, lo que denotó falta de sinceridad. Añadió que el

licenciado Ortiz Medina había representado legalmente a los Sres.

Aymat-Díaz durante el recurso de certiorari a pesar de haber

intervenido como notario en documentos relacionados con el pleito

pendiente, en violación a las normas de conducta profesional.

Específicamente, se le imputó la violación al Art. 2 de la Ley

Notarial de Puerto Rico; las Reglas 2, 5 y 12 del Reglamento Notarial

de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV; los Cánones 18-19, 35 y 38 del Código

de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX y los Arts. 38, 42-43 y 112 de la

Ley Hipotecaria de Puerto Rico, 30 LPRA secs. 2201, 2205-06 y 2401.

Véase, Informe de la Procuradora General, págs. 16-17.

AB-2002-232

5

como medida cautelar, entretanto se presentaba la querella

correspondiente.

El licenciado Ortiz Medina presentó una Solicitud de

Reconsideración.

misma,

El

ordenamos

14

de

marzo

de

la

paralización

2017,

denegamos

la

del

procedimiento

disciplinario en su contra y le concedimos un término de

quince (15) días para que mostrara causa por la cual no

debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía. Ello,

pues

al

examinar

la

que

licenciado

percatamos

el

totalidad

del

Ortiz

expediente

Medina

nos

nos

había

ocultado información pertinente al proceso disciplinario

de epígrafe por más de diez (10) años. Específicamente,

omitió

informarnos

sobre:

(1)

la

determinación

de

negligencia que hizo el foro de instancia en su contra;

(2) la sentencia emitida por el foro a quo en la que se

confirmó la determinación del foro de instancia y (3) la

transacción

extrajudicial

que

llevó

a

cabo

con

los

demandantes

y en virtud de la cual se dictó Sentencia

Parcial desestimando las reclamaciones en su contra.

Ante

la

Solicitud

de

Prórroga

presentada

por

el

licenciado Ortiz Medina, le concedimos un término final e

improrrogable de cinco (5) días para que cumpliera con

nuestra Resolución del 14 de marzo de 2017. El letrado

compareció

mediante

Cumplimiento

de

justificar

sus

determinación

un

escrito

intitulado

Moción

de

Orden.

Enumeró

tres

motivos

omisiones.

Primero,

indicó

que

tanto

la

el

foro

de

de

negligencia

hecha

por

para

AB-2002-232

6

instancia como la sentencia del Tribunal de Apelaciones

confirmándola surgían del expediente del caso, Núm. IDP1998-0355. Señaló que: “[d]ichos documentos no se pueden

ocultar.

Son

documentos

públicos.

Incluso

el

honorable

Tribunal Supremo pudo tomar conocimiento judicial de la

existencia de los mismos.” Segundo, señaló que cuando las

sentencias advinieron finales y firmes, este indemnizó a

los

demandantes

con

la

suma

de

$30,000

y

que

dicha

indemnización motivó la Sentencia Parcial en la que se

archivó la reclamación en su contra. Tercero, puntualizó

que una vez archivado el caso, “quizás de forma errónea,

pero sin que mediara mala fe” entendió que la reclamación

en su contra por impericia profesional había finalizado

sin perjuicio a que la determinación de negligencia se

utilizara en su contra durante el proceso disciplinario.

Evaluada

la

misma,

pasemos

a

exponer

la

normativa

aplicable a esta relación de hechos.

II

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA

Ap. IX, dispone que todo abogado deberá observar hacia los

tribunales una conducta que se caracterice por el mayor

respeto

y

diligencia.

La

naturaleza

de

la

función

de

abogado requiere de una escrupulosa atención y obediencia

a las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando se

trata de procedimientos sobre su conducta profesional. In

re

Bello

Rivera,

192

DPR

Pacheco, 192 DPR 553 (2015).

812

(2015);

In

re

Pacheco

AB-2002-232

7

Además, reiteradamente hemos señalado que desatender

las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la

autoridad de los tribunales e infringe el Canon 9. In re

Bello Rivera, supra; In re De Jesús Román, 192 DPR 799

(2015).

Asimismo,

hemos

advertido

que

procede

la

suspensión del ejercicio de la profesión cuando un abogado

no

atiende

muestra

con

diligencia

indiferente

ante

nuestros

requerimientos

y

se

nuestros

apercibimientos

de

imponerle sanciones disciplinarias.

In re Ezratty Samo,

2016 TSPR 19, 194 DPR ___ (2016). Igualmente, y además de

denotar

indisciplina,

desobediencia,

displicencia,

falta

de respeto y contumacia hacia las autoridades, desatender

nuestras

órdenes

en

el

curso

de

un

procedimiento

disciplinario, revela una gran fisura del buen carácter

que debe exhibir todo miembro de la profesión legal. In re

Escalona Colón, 149 DPR 900, 901 (2000). Recientemente,

hemos

ejercido

suspender

a

nuestra

miembros

autoridad

de

la

disciplinaria

profesión

por

para

dilatar

injustificadamente el proceso disciplinario en su contra

mediante la desatención a las órdenes de este Tribunal. In

re Irizarry Irizarry,

190 DPR 368 (2014).

III

Según

incumplido

relatáramos,

el

reiteradamente

licenciado

con

Ortiz

nuestras

Medina

ha

órdenes

y

requerimientos. Peor aún, nos ocultó información altamente

pertinente al proceso disciplinario de epígrafe. Ello no

tiene cabida en nuestra profesión. Nos explicamos.

AB-2002-232

8

El 25 de abril de 2003, paralizamos la investigación

disciplinaria

en

contra

del

consideración

a

que

estaba

judicial

la

aún

licenciado

reclamación

Ortiz

pendiente

de

Medina

de

impericia

en

resolución

profesional

presentada en su contra. La paralización estaría en vigor

hasta que dicho proceso judicial culminara. No obstante,

le

impusimos

afirmativa

al

de

licenciado

mantenernos

Ortiz

Medina

informados

la

sobre

obligación

el

estado

procesal del caso. En respuesta a nuestros requerimientos,

el 10 de julio de 2005, el licenciado Ortiz Medina indicó

que el pleito de impericia profesional en su contra se

encontraba sub-judice pues estaba pendiente la vista en su

fondo de daños. Empero, obvió cumplir con nuestra orden en

lo atinente a una etapa procesal medular, para fines de

nuestra jurisdicción disciplinaria. Nótese que para esta

fecha ya el Tribunal de Primera Instancia había emitido

una Resolución en la que había determinado que este había

sido negligente y el Tribunal de Apelaciones había emitido

una

Sentencia

en

determinación.

Cabe

la

que

destacar

había

que

esa

confirmado

dicha

no

la

única

tuvo

para

fue

oportunidad

que

el

licenciado

Ortiz

Medina

informarnos

lo

que

realmente

había

acontecido

en

la

reclamación de impericia profesional en su contra.

El 20 de agosto de 2008, le ordenamos al licenciado

Ortiz

Medina

nuevamente

que

nos

informara

el

estado

procesal de la reclamación de impericia profesional en su

contra. El 12 de septiembre de 2008 presentó un escrito en

AB-2002-232

9

el que solicitó veinte (20) días para cumplir con la orden

mediante la presentación de unos documentos certificados

que

había

documentos

solicitado.

pretendía

De

dicha

presentar

solicitud

ni

para

no

qué

surge

qué

propósitos

quería presentarlos. Peor aún, no surge del expediente que

haya presentado documento alguno ni dentro ni fuera del

término

solicitado.

No

obstante,

de

febrero

y

pesar

2011

le

incumplimiento,

el

2

nuevamente

que

nos

informara

el

estado

reclamación

en

su

contra.

24

de

licenciado

Ortiz

encontraba

pendiente

tercera

Medina

ocasión,

nos

en

el

El

de

a

indicó

despacho.

licenciado

de

ordenamos

procesal

marzo

que

de

la

2011,

el

pleito

se

de

el

Nuevamente,

Ortiz

su

Medina

y

por

omitió

informarnos los acontecimientos reales de la reclamación

de impericia profesional instada en su contra.

El

4

de

junio de

2012

emitimos

una

Resolución

en

virtud de la cual tomamos conocimiento judicial de que en

el 9 de julio de 2007 el foro de instancia había dictado

sentencia

en

el

caso

en

cuestión.

Le

ordenamos

al

licenciado Ortiz Medina que se expresara en torno a la

continuación del proceso disciplinario en su contra. Este

indicó que para la fecha en la que el pleito en su contra

había culminado este ya no era parte en el pleito, en

virtud

de

un

desistimiento

voluntario.

Por

primera

ocasión, informó que los demandantes habían desistido de

la reclamación en su contra. No obstante, y por cuarta

ocasión, el licenciado Ortiz Medina ocultó que el foro de

AB-2002-232

10

instancia había hecho una determinación de negligencia en

su contra, la cual posteriormente fue confirmada por el

foro a quo. En fin, el licenciado Ortiz Medina nunca nos

informó que el caso de impericia profesional en su contra

había

culminado,

aun

cuando

sabía

que

el

proceso

disciplinario en su contra se había paralizado hasta tanto

culminara el mismo. Examinando lo acontecido de la forma

más favorable para el licenciado Ortiz Medina, mediante su

omisión

e

inacción,

ambas

injustificadas

y

en

claro

menosprecio de nuestras directrices, este logró mantener

paralizada la investigación disciplinaria en su contra por

al menos cinco (5) años.

El incumplimiento reiterado y obstinado por parte del

licenciado Ortiz Medina con las órdenes de este Tribunal

denota

dejadez

y

despreocupación.

Máxime

incumplimiento,

al

mismo

consistido

ocultación

Cabe

de

destacar

obligado

a

reclamación

contra.

información

que

el

informar

de

tiempo,

el

impericia

Después

de

ha

requerida

por

cuando

este

en

su

la

Tribunal.

licenciado

Ortiz

Medina

estado

procesal

real

de

la

presentada

en

su

profesional

todo,

paralizamos

el

venía

proceso

disciplinario en su contra en consideración a que dicha

reclamación todavía estaba pendiente. Aun así, y en claro

desafío a este Tribunal, el licenciado Ortiz Medina indicó

en respuesta a la orden de mostrar causa que tanto la

Resolución del foro de instancia en la que determinó que

este había sido negligente como la Sentencia del foro a

AB-2002-232

11

quo en la que se confirmó dicha determinación obraban en

el expediente judicial. Indicó que dichos documentos eran

públicos y no se podían ocultar por lo que este Tribunal

muy bien pudo haber tomado conocimiento judicial de la

existencia de los mismos. Esta actitud de indiferencia y

menosprecio a la autoridad de este Tribunal constituye un

patrón

de

desidia

continuar

y

refleja

ejerciendo

inaceptable

e

la

la

falta

profesión.

incompatible

con

de

Su

el

interés

en

conducta

es

ejercicio

de

la

Opinión

Per

profesión de la abogacía.

Por

los

fundamentos

expuestos

en

la

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la

sentencia,

se

suspende

inmediata

e

indefinidamente

del

ejercicio de la abogacía al Lcdo. Osvaldo Ortiz Medina. Se

le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre

su

inhabilidad

para

continuar

representándolos,

devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos

no realizados e informar inmediatamente de su suspensión a

los foros judiciales y administrativos en los que tenga

asuntos

acreditar

pendientes.

ante

este

Además,

tiene

Tribunal

el

la

obligación

cumplimiento

con

de

lo

anterior, en el término de treinta (30) días a partir de

la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Osvaldo Ortiz Medina

AB-2002-232

TS-8719

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de mayo de 2017.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la

sentencia, se suspende inmediata e indefinidamente del

ejercicio de la abogacía al Lcdo. Osvaldo Ortiz Medina. Se

le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre

su

inhabilidad

para

continuar

representándolos,

devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos

no realizados e informar oportunamente de su suspensión a

los foros judiciales y administrativos. Además, tiene la

obligación de acreditar ante este Tribunal el cumplimiento

con lo anterior, en el término de treinta (30) días a

partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica el

Secretario del Tribunal Supremo.

La Jueza Presidenta

Oronoz Rodríguez y la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez no intervinieron.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo