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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Dinorah Burgos García

2017 TSPR 77

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Dinorah Burgos García

AB-2016-302 AB-2016-347 AB-2017-27

Conducta Profesional – Suspensión indefinida e inmediata de la abogacía por no cumplir con órdenes del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2017 TSPR 77

198 DPR ____

Dinorah Burgos García

(TS-9232)

Número del Caso: AB-2016-302

AB-2016-347

AB-2017-27

Fecha: 11 de mayo de 2017

Abogado del Promovido

Por derecho Propio

Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el

18 de mayo de 2017, fecha en que se le notificó a la abogada de

su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

AB-2016-302

AB-2016-347

AB-2017-027

Dinorah Burgos García

(TS-9232)

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2017.

Una

vez

más

nos

vemos

obligados

a

suspender del ejercicio de la abogacía y la

notaría a una miembro de la profesión legal

que,

en

reiteradas

ocasiones,

incumplió

con

las órdenes de este Tribunal. Veamos.

I.

La

licenciada

Dinorah

Burgos

García

fue

admitida al ejercicio de la abogacía el 28 de

junio de 1989 y al ejercicio de la notaría el

16 de agosto de 1999. En contra de ésta, y por

separado,

alegada

se

presentaron

negligencia

en

el

tres

quejas

desempeño

de

por

sus

funciones, las cuales atenderemos en conjunto.

2

A continuación, procedemos a exponer el contenido y

trámite procesal de cada una de esas quejas.

Queja AB-2016-0302

El 5 de octubre de 2016, el señor Carmelo Rivera

Pérez (en adelante, “señor Rivera Pérez”) y la señora

Rosa María González Flores (en adelante, “señora González

Flores”) presentaron una queja en contra de la licenciada

Burgos García en la que solicitaron, entre otras cosas,

ayuda de este Foro para localizar a la letrada, ya que

supuestamente

había

abandonado

sus

responsabilidades

profesionales y no había realizado la labor para la cual

fue contratada, a pesar de haberle pagado la cantidad de

ciento

cincuenta

dólares

($150.00)

al

inicio

Rivera

Pérez

de

la

relación profesional.

En

esencia,

el

señor

y

la

señora

González Flores alegan haber contratado a la licenciada

Burgos García para gestionar, en el Registro Demográfico

de Puerto Rico, una corrección al nombre de la señora

González Flores tanto en el certificado de nacimiento

como en el certificado de matrimonio. No obstante, alegan

éstos

que

gestión

la

alguna

licenciada

Burgos

y

se

tampoco

García

comunicó

nunca

con

realizó

éstos

para

informarles sobre el estado del asunto. Asimismo, alegan

que

intentaron

comunicarse

con

la

abogada

ocasiones, pero no lograron localizarla.

en

varias

3

El 12 de octubre de 2016, este Tribunal le envió una

comunicación a la licenciada Burgos García, en la que le

concedió un término de diez (10) días para que presentara

su

contestación

Burgos

García

a

no

la

queja

presentada.

compareció,

por

lo

La

que

licenciada

el

17

de

noviembre de 2016 se le remitió una segunda comunicación

en la que se le concedía un nuevo término de diez (10)

días

para

que

compareciera

con

su

contestación

por

escrito en torno a la queja en cuestión. Nuevamente, la

licenciada no compareció ante nos.

Así

pues,

el

7

de

febrero

de

2017

emitimos

una

Resolución en la que le concedimos a la licenciada Burgos

García un término final de cinco (5) días, contados a

partir de la notificación de la Resolución, para que

compareciera ante este Tribunal y contestara la queja

presentada en su contra. En la referida Resolución -- la

cual fue diligenciada personalmente -- se le apercibió de

que

su

incumplimiento

disciplinarias

severas,

podría

conllevar

incluyendo

la

sanciones

suspensión

al

ejercicio de la profesión. A esta última, la letrada

tampoco respondió.

Queja AB-2016-0347

Por otra parte, el 10 de noviembre de 2016, el señor

Juan

J.

Vega

Jauridez

Jauridez”)

y

la

adelante,

“señora

señora

Merced

(en

adelante,

Madeline

Colón”)

“señor

Vega

Colón

(en

presentaron

sus

Merced

4

respectivas quejas, por separado, contra la licenciada

Burgos

García.

En

síntesis,

ambos

alegaron,

respectivamente, que, a pesar de habérsele otorgado una

suma de dinero para ello, la abogada nunca presentó ante

el foro primario una demanda por impericia médica para la

cual fue contratada y, además, dejó de comunicarse con el

señor Vega Jauridez y la señora Merced Colón. La señora

Merced

Colón

alegó

que

si

perdió

la

oportunidad

de

presentar el caso, ello se debió a la irresponsabilidad

de la licenciada Burgos García.

El 29 de noviembre de 2016, este Tribunal le envió

una comunicación a la licenciada Burgos García, en la que

le concedió un término de diez (10) días para contestar

la

queja

presentada

en

su

contra.

Sin

embargo,

la

licenciada Burgos García no compareció, por lo que el 26

de enero de 2017 se le remitió una segunda comunicación

en la que se le concedió un término final de diez (10)

días para que compareciera con su contestación en torno a

la

referida

queja.

Una

vez

31

de

más,

la

licenciada

no

compareció ante nos.

Queja AB-2017-0027

Por

Matilde

último,

Rosario

el

Núñez

(en

enero

de

adelante,

2017,

la

“señora

señora

Rosario

Núñez”) presentó una queja contra la licenciada Burgos

García en la que alegó que la licenciada Burgos García no

responde a sus comunicaciones y no le ha informado sobre

5

el

estado

del

caso

para

el

que

fue

contratada,

relacionado a un asunto hereditario. Asimismo, la señora

Rosario Núñez solicitó a este Tribunal que ordenáramos a

la

licenciada

Burgos

García

comunicarse

con

ésta

e

informarle sobre los pormenores del caso.

El 8 de febrero de 2017, este Tribunal le envió una

comunicación a la licenciada Burgos García, en la que le

concedió un término de diez (10) días para contestar la

queja presentada en su contra. No obstante, la abogada no

compareció. Así las cosas, el 23 de febrero de 2017 se le

remitió una segunda notificación en la que se le concedió

un

término

final

de

diez

(10)

días,

a

partir

de

la

notificación de tal comunicación, para que compareciera

por escrito con su contestación a la queja. Nuevamente,

la licenciada no compareció.

Es, pues, a la luz del marco fáctico y procesal

antes expuesto, que procedemos a resolver este asunto sin

trámite ulterior.

II.

Como es sabido, las normas de conducta que rigen a

los miembros de la profesión legal, contenidas en los

cánones

de

ética

profesional,

buscan

promover

el

ejercicio profesional y personal del abogado y la abogada

a tono con los más altos principios de conducta decorosa.

In re Suárez Jiménez, 192 DPR 152 (2014); In re Castro

Colón, 177 DPR 333 (2009); In re Izquierdo Stella, 154

6

DPR 731 (2001). Ello, a su vez, redunda en beneficio de

la profesión, la ciudadanía y nuestras instituciones de

justicia. In re Franco Rivera, 2017 TSPR 36, 197 DPR ___

(2017); In re Suárez Jiménez, supra.

A

tenor

con

lo

anterior,

y

en

lo

pertinente

al

asunto que nos ocupa, el Canon 9 del Código de Ética

Profesional, 4 LPRA Ap. IX, establece que todo abogado y

abogada

“debe

observar

para

con

los

tribunales

una

conducta que se caracterice por el mayor respeto”. In re

López Méndez, 2016 TSPR 248, 196 DPR ___ (2016); In re

Montalvo Delgado, 2016 TSPR 223, 196 DPR ___ (2016); In

re Torres Rodríguez, 188 DPR 304 (2013). Asimismo, como

corolario

abogados

del

y

respeto

las

profundo

abogadas

hacia

que

el

deben

foro

tener

los

judicial,

el

referido canon les ordena comparecer a los señalamientos

notificados por el tribunal. In re Rivera Navarro, 193

DPR 303 (2015); In re Nieves Nieves, 181 DPR 25 (2011).

Véase además In re Otero Fernández, 145 DPR 582 (1998).

Tal deber incluye, necesariamente, que todo abogado o

abogada

órdenes

responda

de

con

este

diligencia

los

requerimientos

Tribunal;

particularmente,

y

los

relacionados a procedimientos disciplinarios. In re López

Méndez, supra; In re Pacheco Pacheco, 192 DPR 553 (2015);

In re Rivera Navarro, supra; In re Irizarry Irizarry, 190

DPR 368 (2014).

En ese sentido, hemos señalado en más de una ocasión

7

que, cuando se desatienden los requerimientos formulados

por este Tribunal y los abogados o abogadas se muestran

indiferentes ante nuestros apercibimientos de imponerles

sanciones,

procede

la

suspensión

del

ejercicio

de

la

abogacía. In re Pérez Román, 191 DPR 186 (2014); In re

Betancourt Medina, 183 DPR 821 (2011); In re Lloréns Sar,

170 DPR 198 (2007). Y es que este Foro ha sido enfático

al no tolerar la actitud de indiferencia por parte de un

miembro de la profesión a nuestras órdenes, señalamientos

o

requerimientos.

In

re

Franco

Rivera,

supra;

In

re

García Aguirre, 190 DPR 539 (2014); In re López González,

189 DPR 581 (2013).

Así, pues, la desatención a las órdenes judiciales

constituye

un

serio

agravio

a

la

autoridad

de

los

tribunales y, a su vez, constituye una infracción al

Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra. In re

López Méndez, supra; In re Pestaña Segovia, 192 DPR 485

(2015); In re García Incera, 177 DPR 329 (2010); In re

Maldonado Rivera, 147 DPR 380 (1999).

Es, precisamente, a la luz del marco jurídico antes

expuesto

que

procedemos

a

disponer

del

proceso

disciplinario ante nuestra consideración.

III.

En

el

desprende

caso

del

ante

tracto

nuestra

aquí

consideración,

reseñado,

en

según

tres

se

causas

distintas (AB-2016-0302, AB-2016-0347 y AB-2017-0027), en

8

las cuales se cuestiona su desempeño como miembro de la

profesión legal, la licenciada Burgos García ha hecho

caso

omiso

a

nuestras

órdenes

de

responder

a

los

señalamientos en su contra, mostrándose así indiferente a

nuestro

apercibimiento

de

imponerle

sanciones

disciplinarias por su conducta displicente para con este

Tribunal. Es decir, no ha comparecido de forma alguna

ante este Foro, a pesar de las múltiples oportunidades

que ha tenido para ello.

No albergamos duda que la conducta desplegada por la

abogada es una de descuido y refleja una patente falta de

interés en continuar ejerciendo la profesión. La misma

constituye un desagravio a la autoridad de este Tribunal

y, a su vez, infringe el Canon 9 de Ética Profesional,

supra.

En

vista

de

indefinidamente

ello,

del

se

le

ejercicio

suspende

de

la

inmediata

abogacía

y

e

la

notaría. Se le impone a la licenciada Burgos García el

deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad

para

continuar

honorarios

informar

representándolos,

recibidos

por

inmediatamente

judiciales

y

de

devolver

trabajos

su

no

suspensión

administrativos

donde

cualesquiera

realizados

a

los

tenga

e

foros

casos

pendientes. Además, tiene la obligación de acreditar y

certificar

ante

este

Tribunal

el

cumplimiento

con

lo

anterior,

dentro

del

término

de

treinta

días

a

(30)

9

partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Finalmente,

incautar

la

suspendida

y

el

obra

Alguacil

y

entregar

sello

los

de

este

notarial

mismos

al

Tribunal

de

la

Director

debe

abogada

de

la

Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente

investigación e informe.

Notifíquese personalmente.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Dinorah Burgos García

(TS-9232)

AB-2016-0302

AB-2016-0347

AB-2017-0027

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2017.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte de la

presente Sentencia, se suspende inmediata e

indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la

notaría a la licenciada Dinorah Burgos García.

Además, se le impone a la licenciada Burgos

García el deber de notificar a todos sus clientes

de

su

inhabilidad

para

continuar

representándolos,

devolver

cualesquiera

honorarios recibidos por trabajos no realizados e

informar inmediatamente de su suspensión a los

foros judiciales y administrativos donde tenga

casos pendientes. Además, tiene la obligación de

acreditar y certificar ante este Tribunal el

cumplimiento con lo anterior, dentro del término

de treinta (30) días a partir de la notificación

de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Finalmente, el Alguacil de este Tribunal

debe incautar la obra y sello notarial de la

abogada suspendida y entregar los mismos al

Director de la Oficina de Inspección de Notarías

para la correspondiente investigación e informe.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per

Curiam y Sentencia.

Lo acordó el Tribunal y

Secretario del Tribunal Supremo.

certifica

el

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo