Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Dinorah Burgos García
2017 TSPR 77
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Dinorah Burgos García
AB-2016-302 AB-2016-347 AB-2017-27
Conducta Profesional – Suspensión indefinida e inmediata de la abogacía por no cumplir con órdenes del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2017 TSPR 77
198 DPR ____
Dinorah Burgos García
(TS-9232)
Número del Caso: AB-2016-302
AB-2016-347
AB-2017-27
Fecha: 11 de mayo de 2017
Abogado del Promovido
Por derecho Propio
Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el
18 de mayo de 2017, fecha en que se le notificó a la abogada de
su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
AB-2016-302
AB-2016-347
AB-2017-027
Dinorah Burgos García
(TS-9232)
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2017.
Una
vez
más
nos
vemos
obligados
a
suspender del ejercicio de la abogacía y la
notaría a una miembro de la profesión legal
que,
en
reiteradas
ocasiones,
incumplió
con
las órdenes de este Tribunal. Veamos.
I.
La
licenciada
Dinorah
Burgos
García
fue
admitida al ejercicio de la abogacía el 28 de
junio de 1989 y al ejercicio de la notaría el
16 de agosto de 1999. En contra de ésta, y por
separado,
alegada
se
presentaron
negligencia
en
el
tres
quejas
desempeño
de
por
sus
funciones, las cuales atenderemos en conjunto.
2
A continuación, procedemos a exponer el contenido y
trámite procesal de cada una de esas quejas.
Queja AB-2016-0302
El 5 de octubre de 2016, el señor Carmelo Rivera
Pérez (en adelante, “señor Rivera Pérez”) y la señora
Rosa María González Flores (en adelante, “señora González
Flores”) presentaron una queja en contra de la licenciada
Burgos García en la que solicitaron, entre otras cosas,
ayuda de este Foro para localizar a la letrada, ya que
supuestamente
había
abandonado
sus
responsabilidades
profesionales y no había realizado la labor para la cual
fue contratada, a pesar de haberle pagado la cantidad de
ciento
cincuenta
dólares
($150.00)
al
inicio
Rivera
Pérez
de
la
relación profesional.
En
esencia,
el
señor
y
la
señora
González Flores alegan haber contratado a la licenciada
Burgos García para gestionar, en el Registro Demográfico
de Puerto Rico, una corrección al nombre de la señora
González Flores tanto en el certificado de nacimiento
como en el certificado de matrimonio. No obstante, alegan
éstos
que
gestión
la
alguna
licenciada
Burgos
y
se
tampoco
García
comunicó
nunca
con
realizó
éstos
para
informarles sobre el estado del asunto. Asimismo, alegan
que
intentaron
comunicarse
con
la
abogada
ocasiones, pero no lograron localizarla.
en
varias
3
El 12 de octubre de 2016, este Tribunal le envió una
comunicación a la licenciada Burgos García, en la que le
concedió un término de diez (10) días para que presentara
su
contestación
Burgos
García
a
no
la
queja
presentada.
compareció,
por
lo
La
que
licenciada
el
17
de
noviembre de 2016 se le remitió una segunda comunicación
en la que se le concedía un nuevo término de diez (10)
días
para
que
compareciera
con
su
contestación
por
escrito en torno a la queja en cuestión. Nuevamente, la
licenciada no compareció ante nos.
Así
pues,
el
7
de
febrero
de
2017
emitimos
una
Resolución en la que le concedimos a la licenciada Burgos
García un término final de cinco (5) días, contados a
partir de la notificación de la Resolución, para que
compareciera ante este Tribunal y contestara la queja
presentada en su contra. En la referida Resolución -- la
cual fue diligenciada personalmente -- se le apercibió de
que
su
incumplimiento
disciplinarias
severas,
podría
conllevar
incluyendo
la
sanciones
suspensión
al
ejercicio de la profesión. A esta última, la letrada
tampoco respondió.
Queja AB-2016-0347
Por otra parte, el 10 de noviembre de 2016, el señor
Juan
J.
Vega
Jauridez
Jauridez”)
y
la
adelante,
“señora
señora
Merced
(en
adelante,
Madeline
Colón”)
“señor
Vega
Colón
(en
presentaron
sus
Merced
4
respectivas quejas, por separado, contra la licenciada
Burgos
García.
En
síntesis,
ambos
alegaron,
respectivamente, que, a pesar de habérsele otorgado una
suma de dinero para ello, la abogada nunca presentó ante
el foro primario una demanda por impericia médica para la
cual fue contratada y, además, dejó de comunicarse con el
señor Vega Jauridez y la señora Merced Colón. La señora
Merced
Colón
alegó
que
si
perdió
la
oportunidad
de
presentar el caso, ello se debió a la irresponsabilidad
de la licenciada Burgos García.
El 29 de noviembre de 2016, este Tribunal le envió
una comunicación a la licenciada Burgos García, en la que
le concedió un término de diez (10) días para contestar
la
queja
presentada
en
su
contra.
Sin
embargo,
la
licenciada Burgos García no compareció, por lo que el 26
de enero de 2017 se le remitió una segunda comunicación
en la que se le concedió un término final de diez (10)
días para que compareciera con su contestación en torno a
la
referida
queja.
Una
vez
31
de
más,
la
licenciada
no
compareció ante nos.
Queja AB-2017-0027
Por
Matilde
último,
Rosario
el
Núñez
(en
enero
de
adelante,
2017,
la
“señora
señora
Rosario
Núñez”) presentó una queja contra la licenciada Burgos
García en la que alegó que la licenciada Burgos García no
responde a sus comunicaciones y no le ha informado sobre
5
el
estado
del
caso
para
el
que
fue
contratada,
relacionado a un asunto hereditario. Asimismo, la señora
Rosario Núñez solicitó a este Tribunal que ordenáramos a
la
licenciada
Burgos
García
comunicarse
con
ésta
e
informarle sobre los pormenores del caso.
El 8 de febrero de 2017, este Tribunal le envió una
comunicación a la licenciada Burgos García, en la que le
concedió un término de diez (10) días para contestar la
queja presentada en su contra. No obstante, la abogada no
compareció. Así las cosas, el 23 de febrero de 2017 se le
remitió una segunda notificación en la que se le concedió
un
término
final
de
diez
(10)
días,
a
partir
de
la
notificación de tal comunicación, para que compareciera
por escrito con su contestación a la queja. Nuevamente,
la licenciada no compareció.
Es, pues, a la luz del marco fáctico y procesal
antes expuesto, que procedemos a resolver este asunto sin
trámite ulterior.
II.
Como es sabido, las normas de conducta que rigen a
los miembros de la profesión legal, contenidas en los
cánones
de
ética
profesional,
buscan
promover
el
ejercicio profesional y personal del abogado y la abogada
a tono con los más altos principios de conducta decorosa.
In re Suárez Jiménez, 192 DPR 152 (2014); In re Castro
Colón, 177 DPR 333 (2009); In re Izquierdo Stella, 154
6
DPR 731 (2001). Ello, a su vez, redunda en beneficio de
la profesión, la ciudadanía y nuestras instituciones de
justicia. In re Franco Rivera, 2017 TSPR 36, 197 DPR ___
(2017); In re Suárez Jiménez, supra.
A
tenor
con
lo
anterior,
y
en
lo
pertinente
al
asunto que nos ocupa, el Canon 9 del Código de Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX, establece que todo abogado y
abogada
“debe
observar
para
con
los
tribunales
una
conducta que se caracterice por el mayor respeto”. In re
López Méndez, 2016 TSPR 248, 196 DPR ___ (2016); In re
Montalvo Delgado, 2016 TSPR 223, 196 DPR ___ (2016); In
re Torres Rodríguez, 188 DPR 304 (2013). Asimismo, como
corolario
abogados
del
y
respeto
las
profundo
abogadas
hacia
que
el
deben
foro
tener
los
judicial,
el
referido canon les ordena comparecer a los señalamientos
notificados por el tribunal. In re Rivera Navarro, 193
DPR 303 (2015); In re Nieves Nieves, 181 DPR 25 (2011).
Véase además In re Otero Fernández, 145 DPR 582 (1998).
Tal deber incluye, necesariamente, que todo abogado o
abogada
órdenes
responda
de
con
este
diligencia
los
requerimientos
Tribunal;
particularmente,
y
los
relacionados a procedimientos disciplinarios. In re López
Méndez, supra; In re Pacheco Pacheco, 192 DPR 553 (2015);
In re Rivera Navarro, supra; In re Irizarry Irizarry, 190
DPR 368 (2014).
En ese sentido, hemos señalado en más de una ocasión
7
que, cuando se desatienden los requerimientos formulados
por este Tribunal y los abogados o abogadas se muestran
indiferentes ante nuestros apercibimientos de imponerles
sanciones,
procede
la
suspensión
del
ejercicio
de
la
abogacía. In re Pérez Román, 191 DPR 186 (2014); In re
Betancourt Medina, 183 DPR 821 (2011); In re Lloréns Sar,
170 DPR 198 (2007). Y es que este Foro ha sido enfático
al no tolerar la actitud de indiferencia por parte de un
miembro de la profesión a nuestras órdenes, señalamientos
o
requerimientos.
In
re
Franco
Rivera,
supra;
In
re
García Aguirre, 190 DPR 539 (2014); In re López González,
189 DPR 581 (2013).
Así, pues, la desatención a las órdenes judiciales
constituye
un
serio
agravio
a
la
autoridad
de
los
tribunales y, a su vez, constituye una infracción al
Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra. In re
López Méndez, supra; In re Pestaña Segovia, 192 DPR 485
(2015); In re García Incera, 177 DPR 329 (2010); In re
Maldonado Rivera, 147 DPR 380 (1999).
Es, precisamente, a la luz del marco jurídico antes
expuesto
que
procedemos
a
disponer
del
proceso
disciplinario ante nuestra consideración.
III.
En
el
desprende
caso
del
ante
tracto
nuestra
aquí
consideración,
reseñado,
en
según
tres
se
causas
distintas (AB-2016-0302, AB-2016-0347 y AB-2017-0027), en
8
las cuales se cuestiona su desempeño como miembro de la
profesión legal, la licenciada Burgos García ha hecho
caso
omiso
a
nuestras
órdenes
de
responder
a
los
señalamientos en su contra, mostrándose así indiferente a
nuestro
apercibimiento
de
imponerle
sanciones
disciplinarias por su conducta displicente para con este
Tribunal. Es decir, no ha comparecido de forma alguna
ante este Foro, a pesar de las múltiples oportunidades
que ha tenido para ello.
No albergamos duda que la conducta desplegada por la
abogada es una de descuido y refleja una patente falta de
interés en continuar ejerciendo la profesión. La misma
constituye un desagravio a la autoridad de este Tribunal
y, a su vez, infringe el Canon 9 de Ética Profesional,
supra.
En
vista
de
indefinidamente
ello,
del
se
le
ejercicio
suspende
de
la
inmediata
abogacía
y
e
la
notaría. Se le impone a la licenciada Burgos García el
deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad
para
continuar
honorarios
informar
representándolos,
recibidos
por
inmediatamente
judiciales
y
de
devolver
trabajos
su
no
suspensión
administrativos
donde
cualesquiera
realizados
a
los
tenga
e
foros
casos
pendientes. Además, tiene la obligación de acreditar y
certificar
ante
este
Tribunal
el
cumplimiento
con
lo
anterior,
dentro
del
término
de
treinta
días
a
(30)
9
partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y
Sentencia.
Finalmente,
incautar
la
suspendida
y
el
obra
Alguacil
y
entregar
sello
los
de
este
notarial
mismos
al
Tribunal
de
la
Director
debe
abogada
de
la
Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente
investigación e informe.
Notifíquese personalmente.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Dinorah Burgos García
(TS-9232)
AB-2016-0302
AB-2016-0347
AB-2017-0027
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2017.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte de la
presente Sentencia, se suspende inmediata e
indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la
notaría a la licenciada Dinorah Burgos García.
Además, se le impone a la licenciada Burgos
García el deber de notificar a todos sus clientes
de
su
inhabilidad
para
continuar
representándolos,
devolver
cualesquiera
honorarios recibidos por trabajos no realizados e
informar inmediatamente de su suspensión a los
foros judiciales y administrativos donde tenga
casos pendientes. Además, tiene la obligación de
acreditar y certificar ante este Tribunal el
cumplimiento con lo anterior, dentro del término
de treinta (30) días a partir de la notificación
de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Finalmente, el Alguacil de este Tribunal
debe incautar la obra y sello notarial de la
abogada suspendida y entregar los mismos al
Director de la Oficina de Inspección de Notarías
para la correspondiente investigación e informe.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per
Curiam y Sentencia.
Lo acordó el Tribunal y
Secretario del Tribunal Supremo.
certifica
el
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo