Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Grimaldi Maldonado Maldonado
2017 TSPR 55
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Grimaldi Maldonado Maldonado
AB-2014-70
Suspensión de tres meses del ejercicio de la Notaría por quebrantar el Art. 15(f) de la Ley Notarial, la Fe Pública Registral y los Cánones 18 y 19 de Ética Profesional.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2017 TSPR 55
Grimaldi Maldonado Maldonado
197 DPR ____
Número del Caso: AB-2014-70
Fecha: 4 de abril de 2017
Abogado de la Promovente:
Por derecho propio
Oficina de Inspección de Notarías:
Lcdo. Manuel E. Avila de Jesús
Director
Materia: Conducta Profesional – La suspensión de la notaría será
efectiva una vez advenga final y firme la sentencia conforme la
Regla 45 del Reglamento del Tribunal Supremo sobre reconsideración.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Grimaldi Maldonado Maldonado
AB-2014-070
TS-9806
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 4 de abril de 2017.
Tenemos nuevamente la obligación de disciplinar a
un
abogado-notario
por
conducta
incumplimiento con la Ley Notarial.
antiética
e
Examinadas las
circunstancias particulares de este caso, concluimos
que la conducta desplegada por el letrado requiere que
lo suspendamos del ejercicio de la notaría por el
término de tres meses.
I
El Lcdo. Grimaldi Maldonado Maldonado (licenciado
Maldonado
Maldonado
o
letrado)
fue
admitido
al
ejercicio de la abogacía el 25 de junio de 1991 y al
ejercicio de la notaría el 2 de agosto de 1991. El 4
de marzo de 2014, la Sra. Carmen Rosa Rivera (quejosa)
presentó una queja contra el letrado ante la Oficina
AB-2014-070
2
de Inspección de Notarías (ODIN). Alegó que el 13 de agosto
de 2007 pagó al licenciado Maldonado Maldonado la cantidad
de $600 para que presentara la Escritura Pública Núm. 54A de
Liquidación de Sociedad Legal de Gananciales (Escritura Núm.
54A) en el Registro de la Propiedad. Adujo que en mayo de
2013 decidió vender una propiedad que le fue cedida mediante
la
referida
escritura,
lo
cual
notificó
al
licenciado
Maldonado Maldonado, pero que este último tardó hasta agosto
de
ese
año
para
presentar
el
instrumento
público
en
el
Registro de la Propiedad. Como evidencia de sus alegaciones,
entre otras cosas, acompañó la queja con copia del asiento
de
presentación.
Asimismo,
la
quejosa
arguyó
que
había
pagado $300 al licenciado Maldonado Maldonado como parte de
sus honorarios, y que un estudio de título que se había
realizado de su propiedad en el 2013 no era válido.1
Tras varios incidentes procesales, el 20 de octubre de
2015,
el
letrado
contestó
la
queja.
Alegó
que
los
$600
correspondían a los honorarios que cobró por el otorgamiento
de la Escritura Núm. 54A; y que los $300 correspondían a un
pago parcial en concepto de honorarios pendientes por el
caso de divorcio por consentimiento mutuo entre la quejosa y
el
Sr.
Rubén
García
Salgado,
proceso
que
dio
origen
posteriormente al otorgamiento de la Escritura Núm. 54A.2
Adujo, además, que la tardanza en presentar el instrumento
1
La quejosa hizo varias alegaciones en la queja sobre los pagos
realizados al licenciado Maldonado Maldonado por el estudio de título.
Particularmente reclamó la devolución de $660. Sin embargo, un examen
del expediente demuestra que la quejosa confundió la razón por la cual
realizó algunos pagos. Véanse los Anejos VI y VIII en el Informe.
2
Anejo II en el Informe.
AB-2014-070
3
público se debió a que ese tipo de negocio jurídico requería
el correspondiente “relevo de donación del Departamento de
Hacienda”.3
Arguyó
que
había
notificado
a
la
quejosa
en
cuanto a la necesidad de preparar una planilla de donaciones
y anejar una certificación negativa de deuda de ASUME, la
certificación
de
no
deuda
del
Centro
de
Recaudación
de
Ingresos Municipales (CRIM) y la certificación de no deuda
del Departamento de Hacienda, así como otros documentos para
poder presentar la Escritura Núm. 54A al Registro de la
Propiedad. A pesar de reconocer que nunca se unieron todos
los documentos complementarios a la escritura pública, el 10
de enero de 2014 el letrado la presentó en el Registro de la
Propiedad.4 Ahora bien, reconoció desconocer si la quejosa
había completado el mencionado trámite sobre la planilla de
donación o si se había expedido el correspondiente relevo de
donación.5
Posteriormente, como parte del proceso de investigación
de
la
queja,
Maldonado
la
sobre
información.6
Al
ODIN
la
notificó
necesidad
respecto,
el
al
de
licenciado
Maldonado
que
presentara
cierta
letrado
presentó
varios
documentos: (1) copia certificada de la Escritura Núm. 54A
de 13 de agosto de 2007, (2) la petición de divorcio por
consentimiento mutuo, (3) la sentencia de divorcio, (4) una
solicitud de cambio de dueño y exoneración contributiva del
CRIM, (5) un estudio de título de 8 de enero de 2014, (6) la
3
Íd.
Véase Anejo II y IX en el Informe.
5
Anejo IV en el Informe.
6
Véase Anejos III-IV en el Informe.
4
AB-2014-070
4
minuta de presentación de la escritura al Registro de la
Propiedad y (7) un documento sobre el estado de presentación
de la Escritura Núm. 54A. Además, informó que el contrato
entre éste y la quejosa no constaba por escrito.
Surge
de
la
Escritura
Núm.
54A
que
el
licenciado
Maldonado Maldonado consignó las advertencias siguientes:
---(A) Sobre los deberes y consecuencias fiscales
de este negocio jurídico.---------------------------(B) La deseabilidad de que esta escritura sea
presentada en el Registro de la Propiedad lo más
pronto posible y las posibles consecuencias de así
no hacerlo.-----------------------------------------(C) Que para inscribir la presente Escritura
necesitan como documento complementario la Copia
Certificada de la Sentencia de Divorcio de los
comparecientes.-------------------------------------(D)
Sobre
el
pago
de
los
derechos
correspondientes de inscripción; así como el deber
de
tramitar
rápidamente
el
correspondiente
traspaso en los registros sobre tributación de
propiedades del Departamento de Hacienda; el
traspaso
de
titularidad
en
el
Centro
de
Recaudación de Impuestos Municipales (C.R.I.M.);
las consecuencias del envío de la Planilla
Informativa sobre traspaso de bienes inmuebles al
Departamento de Hacienda, que lo transmitentes han
de certificar bajo su firma y responsabilidad; y
el significado de la obligación de evicción.--------(E) De los derechos de terceros que puedan
emanar del contenido de este instrumento público.---(F) El deber de informar al Departamento de
Hacienda en su planilla de contribución sobre
ingresos la ganancia que haya generado este
negocio.--------------------------------------------(G) El Notario Autorizante le ha advertido a
las partes que la presente escritura se ha
otorgado prescindiendo de un estudio de título
debido al conocimiento que tienen las partes de la
situación registral de la propiedad, siendo así
los comparecientes expresamente relevan al Notario
de cualquier responsabilidad por cargas y/o
gravámenes de cualquier índole que pudieran
aparecer en el Registro.------------------------7
7
Anejo VII en el Informe. (Énfasis suplido).
AB-2014-070
5
El 13 de enero de 2016, la ODIN remitió el Informe
correspondiente con la prueba provista por las partes. En
este, la ODIN concluyó lo siguiente:
En suma, colegimos que el Querellado actuó
con falta de diligencia en el cumplimiento con la
obligación asumida voluntariamente de presentar
la Escritura Núm. 54A de 2007 ante el Registro de
la Propiedad de Bayamón, Sección Cuarta; no se
consignó expresamente en ese instrumento público
una advertencia vinculada con el certificado de
cancelación de gravamen sobre donación necesario
como documento complementario a este en la
presentación ante el Registro de la Propiedad; y
no mantuvo informada a la Quejosa de todo asunto
relacionado con la presentación e inscripción de
este
instrumento
público.
Tal
conducta
es
constitutiva de violación al Artículo 15(f) de la
Ley Notarial, supra, a la fe pública notarial y a
los Cánones 12, 18 y 19 del Código de Ética
Profesional, supra. Además, la ausencia de un
contrato de servicios profesionales escrito o de
la divulgación efectiva de las partidas por las
cuales el Querellado cobró a la Quejosa causó
confusión en esta y levantó controversias sobre
los honorarios cobrados, asunto que pudo evitar
el Querellado de este seguir las guías del Canon
24 del Código de Ética Profesional, supra.
Igualmente, el Querellado autorizó un instrumento
público para el cual carecía de un estudio
registral
previo
y
consignó
un
relevo
de
responsabilidad por las cargas y gravámenes que
puedan surgir del Registro de la Propiedad, lo
cual revela una actuación carente del cuidado y
el esmero que se espera en el ejercicio de la
profesión notarial.8
En
vista
de
lo
anterior,
suspendiéramos
al
letrado
del
la
ODIN
ejercicio
recomendó
de
la
que
función
notarial por un término de tres meses o, en la alternativa,
se censurara enérgicamente.
El 23 de mayo de 2016, concedimos un término de veinte
días al letrado para que se expresara sobre el informe de la
ODIN.
8
El
10
Íd., pág. 11.
de
junio
de
2016,
el
licenciado
Maldonado
AB-2014-070
6
Maldonado presentó su posición sobre el particular.9 Reiteró
que la dilación en presentar la escritura al Registro de la
Propiedad no se debió a su descuido ni fue injustificada y
atribuyó la tardanza a la quejosa. Además, se opuso a la
recomendación de la ODIN de suspenderlo por un término de
tres
meses.
Arguyó
severo,
dadas
historial
como
que
las
su
suspensión
circunstancias
notario
y
los
sería
un
particulares
hechos
de
la
castigo
de
su
queja.
No
obstante, aceptó ser censurado enérgicamente por esta Curia.
Examinadas
con
detenimiento
la
queja
contra
el
licenciado Maldonado Maldonado, su contestación a la queja,
el Informe preparado por la ODIN y la oposición del letrado,
así como los demás documentos que obran en el expediente,
procedemos a resolver.
II
A. Incumplimiento con la fe pública notarial
Los notarios ejercen una función pública mediante la
cual dan fe y autentican, según las leyes aplicables, los
negocios jurídicos y demás actos y sucesos extrajudiciales
que ante ellos se realizan.10 Éstos son los custodios de la
fe pública notarial, espina dorsal de todo el esquema de
autenticidad documental.11 La función pública que ejerce el
notario
“trasciende
a
la
de
un
autómata
legalizador
de
firmas y penetra al campo de la legalidad de la transacción
9
Véase Moción expresando posición en torno a informe presentado por la
Oficina de Inspección de Notarías.
10
Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial), Ley Núm. 75
de 2 de julio de 1987, según enmendada, 4 LPRA sec. 2002.
11
In re Torres Alicea, 175 DPR 456, 460 (2009).
AB-2014-070
7
que ante él se concreta”.12 Así pues, esta conlleva el deber
inquebrantable de cerciorarse que el “instrumento público
cumple con todas las formalidades de la ley, que es legal y
verdadero, y que es una transacción legítima y válida”.13
Por
esa
razón,
la
función
notarial
extremo
cuidado
y
desempeñarse
con
debe
ejercerse
esmero,
con
diligencia
y
estricto celo profesional.14
Reiteradamente hemos establecido la importancia de que
se realice un estudio sobre los antecedentes registrales de
la
propiedad
previo
a
la
autorización
del
instrumento
público.15 En In re Vera Vélez, 148 DPR 1 (1999), expusimos
la obligación de los notarios de conocer el estado registral
de
la
propiedad
que
es
el
objeto
en
la
escritura.
Establecimos que ello es parte de su deber como custodios de
la fe pública, por lo que los notarios están impedidos de
ignorarlo.16
Asimismo, en In re Torres Alicea, 175 DPR 456, 460-461
(2009), reiteramos lo antes expuesto y expresamos que “el
notario
tiene
el
ineludible
deber
de
ilustrar
a
los
otorgantes para lograr que éstos concurran al acto notarial
12
Íd., pág. 463.
Íd., pág. 460.
14
In re Pacheco Pacheco, 192 DPR 553, 562 (2015); In re Toro González
II, 193 DPR 877, 888 (2015).
15
In re Torres Alicea, supra; Feliciano Caraballo v. Ross Tuggo, 165
DPR 649, 660 (2005); In re López Maldonado, 130 DPR 863 (1992).
Inclusive, si resulta ser que el estado registral del inmueble no era el
expresado por el notario en la escritura pública, hemos reconocido que
su actuación constituiría una violación al Canon 35 del Código de Ética
Profesional, supra.
16
In re Vera Vélez, supra. Véanse además: In re Toro González II,
supra, pág. 892; In re Ayala Oquendo, 185 DPR 572, 580 (2012); Feliciano
Caraballo v. Ross Tuggo, supra, pág. 659; In re López Maldonado, supra,
pág. 865.
13
AB-2014-070
8
en un estado de conciencia informada”.17 Como parte de esta
obligación,
el
notario
debe
ofrecer
las
explicaciones,
aclaraciones y advertencias necesarias a los otorgantes.18
Cónsono con ello, el Art. 15(f) de la Ley Notarial,
supra, dispone que el notario realice “de palabra a los
otorgantes
en
advertencias
el
acto
del
otorgamiento
pertinentes”.19
legales
las
reservas
Seguidamente,
y
el
artículo precitado, impone al notario el deber de consignar
en la escritura pública “aquellas advertencias que por su
importancia deban, a juicio prudente del notario, detallarse
expresamente”.20
La
Ley
advertencias
Notarial,
supra,
establece
que
contener
las
deben
una
serie
escrituras
de
públicas,
según el negocio jurídico que motiva su otorgamiento.21 No
obstante, el notario debe utilizar el derecho positivo y la
jurisprudencia, así como considerar el contenido del negocio
y
las
estipulaciones
que
se
suscribirán,
al
momento
de
decidir qué advertencias debe realizar y hacer constar en la
escritura pública.22 Consecuentemente hemos reconocido que,
para
que
otorgantes,
se
logre
el
el
notario
consentimiento
debe
informado
advertirles
de
los
sobre
la
conveniencia y necesidad de realizar un estudio de título.23
17
(Énfasis omitido) (“El notario tiene la indeclinable obligación de
conocer el estado registral de la propiedad, en su función principal de
custodio de la fe pública”).
18
In re Torres Alicea, supra, pág. 461.
19
4 LPRA sec. 2033.
20
Íd.
21
Véase íd.
22
In re Palmer Ramos, 195 DPR 245, 256 (2016); In re Toro González II,
supra, págs. 888-889.
23
In re Torres Alicea, supra, pág. 461.
AB-2014-070
9
Ello brinda a los otorgantes la oportunidad de conocer la
situación
registral
de
la
propiedad:
entre
otras
cosas,
quién consta como su titular registral, las cargas y los
gravámenes que afectan la propiedad. Sólo de esa manera se
puede garantizar un consentimiento informado por parte de
éstos. Ahora bien, en el caso de que los otorgantes no
quieran que se realice el estudio de título, el notario debe
consignar
en
la
necesidad
y
conveniencia
incumplimiento
escritura
con
lo
que
de
antes
les
que
advirtió
sí
sobre
la
hiciera.24
El
constituye
una
se
mencionado
violación al imperativo de custodiar la fe pública notarial,
con independencia de que esa haya sido o no la intención del
notario.25
B. Incumplimiento con los Cánones de Ética Profesional
En Puerto Rico, a diferencia de otros ordenamientos
jurídicos, contamos con un cuerpo de normas codificadas que
regulan
la
conducta
de
la
profesión
de
la
abogacía.
El
Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, contiene las
normas mínimas que deben guiar a todo abogado, incluyendo a
los que ejercen la función notarial.
El Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra,
impone
el
deber
a
los
abogados
de
ser
“conciso[s]
y
exacto[s] en el trámite y presentación de las causas”. Para
cumplir con esa obligación, se consignó en el referido Canon
que
los
abogados
necesarias
24
25
para
deben
“desplegar
asegurar
que
no
todas
las
diligencias
se
causen
indebidas
Íd.; Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432, 445 (1984).
In re Ayala Oquendo, supra, pág. 581.
AB-2014-070
dilaciones
10
en
su
tramitación
solución”.26
y
En
vista
de
ello, reiteradamente hemos reconocido que el Canon 12 de
ética profesional impone a los abogados el deber de ser
puntuales, responsables y diligentes en la tramitación de
las causas.27 Este es un deber ineludible que los togados
deben cumplir con gran recelo.
Por
otra
Profesional,
parte,
supra,
el
Canon
establece
18
la
del
Código
obligación
de
Ética
la
clase
de
togada de desplegar “en cada caso su más profundo saber y
habilidad
y
actua[r]
jurídica
en
general
en
aquella
estima
forma
que
la
profesión
adecuada
y
responsable”.
Asimismo, dispone que “un abogado puede asumir cualquier
representación profesional si se prepara adecuadamente para
ello y no impone gastos ni demoras irrazonables a su cliente
y a la administración de la justicia”.28 Este Canon exige al
abogado rendir una labor idónea de competencia y diligencia;
es
-indiscutiblemente-
incompatible
con
la
desidia,
la
despreocupación y la displicencia de los asuntos que se han
encomendado al abogado.29 De hecho, sabido es que el Canon
18 del Código de Ética Profesional, supra, es de aplicación
a los abogados-notarios.30
En
In
re
Ayala
Oquendo,
185
DPR
572,
580
(2012),
reiteramos que un abogado-notario infringe el Canon 18 del
26
Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra.
In re Nazario Díaz, 195 DPR 623, 625 (2016); In re Hernández
González, 188 DPR 721, 727 (2013).
28
(Énfasis suplido).
29
In re Nazario Díaz, supra, pág. 636; In re Plaud González, 181 DPR
874, 886 (2011).
30
In re Palmer Ramos, supra, pág. 256; In re Vargas Velázquez, 193 DPR
681 (2015). Véanse además: In re González Maldonado, 152 DPR 871 (2000);
In re Martínez Ramírez, 142 DPR 329, 340-341 (1997).
27
AB-2014-070
Código
11
de
Ética
Profesional,
supra,
cuando
viola
las
disposiciones de la Ley Notarial, supra. Al citar a In re
Aponte Berdecía, 161 DPR 94, 106 (2004), expresamos que “una
vez un notario contraviene la ley vigente, incurre en una
práctica
notarial
indeseable
y
contraviene
el
canon
mencionado”.31 No puede perderse de perspectiva que “[e]l
desconocimiento de las normas jurídicas y del ejercicio de
la
profesión
vulneran
[sic]
la
naturaleza
misma
del
notariado en nuestra jurisdicción y constituyen [sic] una
violación al Canon 18 del Código de Ética Profesional”.32
Asimismo, en In re Vargas Velázquez, 193 DPR 681, 694695 (2015), encontramos que el letrado había violado el
Canon
18
presentar
del
Código
de
Ética
al
Registro
de
la
Profesional,
Propiedad
una
supra,
al
escritura
de
partición de herencia sin cerciorarse de que el derecho
hereditario
estuviese
inscrito.
Hicimos
alusión
a
In
re
Pacheco Pacheco, 191 DPR 553, 564 (2015), a los efectos de
que “el notario queda compelido a ejercer diligentemente su
función […] hasta cerciorarse de que el instrumento público
no posee defectos que impidan su inscripción en el Registro
de
la
Propiedad”.33
El
incumplimiento
con
esta
norma
se
traduce en una violación a los Cánones de Ética Profesional,
supra,
que
amerita
el
ejercicio
de
nuestra
facultad
inherente de regular la profesión de la abogacía y, por
ende, la imposición de medidas disciplinarias.
31
Véase In re Ayala Oquendo, supra, pág. 580.
In re Vargas Velázquez, supra, pág. 693.
33
Íd.
32
AB-2014-070
Por
12
otro
lado,
el
Canon
19
del
Código
de
Ética
Profesional, supra, establece el deber de todo abogado de
“mantener a su cliente siempre informado de todo asunto
importante que surja en el desarrollo del caso que le ha
sido encomendado”. Así pues, el Canon 19 impone a la clase
togada la obligación de informar a sus clientes sobre las
gestiones realizadas y el desarrollo de las encomiendas para
las
que
fueron
contratados. Esta
obligación
de
mantener
informado a los clientes es distinta y separada del deber de
diligencia que se exige a los miembros de la profesión.34
Por ello, hemos reconocido que se viola el referido canon
cuando no se informa del resultado adverso al cliente, no se
atienden sus reclamos de información, no se mantiene al
cliente informado del estado o situación procesal en el
asunto que se encomendó al abogado, o cuando se le niega al
cliente información de su caso.35
III
Los
notarios
están
obligados
a
cumplir
con
la
Ley
Notarial y su reglamento, con el Código de Ética Profesional
y con las leyes aplicables a los documentos que autorizan.36
Aunque el letrado no violó el Canon 12 del Código de Ética
Profesional, supra, -por no ser de aplicación a los hechos
imputados
en
el
presente
caso-,
conclusión
de
la
ODIN
cuanto
Maldonado
Maldonado
34
en
infringió
el
coincidimos
a
Art.
que
el
15(f)
con
licenciado
de
la
In re Pietri Castellón, 185 DPR 982, 992 (2012).
Íd.
36
In re Toro González II, supra, pág. 889; In re Vargas Velázquez,
supra, pág. 693.
35
la
Ley
AB-2014-070
13
Notarial, supra, la fe pública registral, y el Canon 18 y 19
del Código de Ética Profesional, supra. Veamos.
Surge del expediente que el letrado representó a la
quejosa en un proceso de divorcio por consentimiento mutuo.
Posteriormente,
Maldonado
el
13
Maldonado
de
agosto
autorizó
la
de
2007
el
Escritura
licenciado
Núm.
54A
de
Liquidación de Sociedad Legal de Gananciales, en la cual
comparecieron la quejosa y el Sr. Rubén García Salgado.
Entre
las
advertencias
consignadas
en
la
Escritura
Núm. 54A, se hizo constar: (1) la deseabilidad de que la
escritura fuera presentada en el Registro de la Propiedad lo
más pronto posible y las posibles consecuencias de así no
hacerlo;
y
(2)
el
que
el
notario
autorizante
le
había
advertido a las partes que la escritura se había otorgado
prescindiendo de un estudio de título debido al conocimiento
que tenían los otorgantes de la situación registral de la
propiedad.37
consignó
Como
parte
expresamente
de
un
esta
relevo
última
de
advertencia
se
responsabilidad
al
notario por cargas o gravámenes de cualquier índole que
pudieran aparecer en el Registro de la Propiedad.38
Nótese que
realizó
un
licenciado
la
Escritura Núm. 54A
estudio
de
Maldonado
título
que
Maldonado
el
indica que no se
permitiera
estado
conocer
registral
al
del
inmueble que era objeto de la transacción. Ésta meramente
lo
que
consignó
otorgantes
37
38
sobre
fue
el
Anejo VII en el Informe.
Íd.
el
conocimiento
estado
registral
que
del
tenían
inmueble
los
y
un
AB-2014-070
14
supuesto relevo de responsabilidad a favor del notario. De
este modo, el licenciado Maldonado Maldonado autorizó una
escritura
pública
para
trasladar
la
titularidad
de
un
inmueble cuando ignoraba su estado registral, por lo que no
actuó
con
el
cuidado
y
esmero
que
exige
la
profesión
notarial. De hecho, ni siquiera se consignó la advertencia
sobre la necesidad y conveniencia de realizar el estudio de
título,
a
pesar
de
la
vasta
jurisprudencia
que
la
requiere.39
El licenciado Maldonado Maldonado tampoco consignó una
advertencia sobre la necesidad de incluir como documento
complementario la referida certificación de cancelación de
gravamen sobre donación del Departamento de Hacienda para
poder inscribir la escritura pública en el Registro de la
Propiedad.
Si
bien
la
legislación
expresamente
que
debía
consignarse
en
no
la
establecía
escritura
la
necesidad de la referida certificación, el Código de Rentas
Internas de Puerto Rico de 1994, Ley Núm. 120-1994, 13 LPRA
sec. 9334(c), -vigente al momento del otorgamiento de la
Escritura Núm. 54A- requería que este fuera incluido con el
instrumento público para hacer viable la inscripción en el
Registro de la Propiedad.40
Como señalamos, los notarios deben estar conscientes
de que, como juristas, tienen la responsabilidad de hacer
39
Véanse In re Vargas Velázquez, supra; In re Ayala Oquendo, supra; In
re Torres Alicea, supra; In re Vera Vélez, supra; In re Díaz Ruíz, 149
DPR 756, 760 (1999); In re López Maldonado, supra; Chévere v. Cátala,
supra.
40
Actualmente este requisito está establecido en la Sec. 2054.05(c) del
Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, Ley Núm. 1-2011, 13
LPRA sec. 31165(c).
AB-2014-070
las
15
reservas
conlleva
y
“una
inteligente
advertencias
gestión
de
los
legales
intelectual
principios
de
pertinentes.41
y
una
derecho
Ello
aplicación
positivos
y
jurisprudenciales”.42 En el pasado hemos reconocido que esta
responsabilidad no se da en el vacío; requiere que se tome
en cuenta el contenido del negocio jurídico y un análisis
integral de las estipulaciones que se consienten.43 Por lo
tanto, resulta lógico y razonable que un notario que se
obliga a presentar una escritura pública en el Registro de
la
Propiedad,
y
conoce
que
no
se
incluyó
–o
no
se
le
entregó- como documento complementario la correspondiente
certificación de cancelación de gravamen sobre donación del
Departamento de Hacienda, haga constar dicha advertencia en
la escritura pública.
Al
no
advertencias,
consignar
en
el licenciado
la
escritura
las
mencionadas
Maldonado Maldonado violó
el
Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, y el Art.
15(f) de la Ley Notarial, supra.
Por otro lado, sabido es que presentar los documentos
al Registro de la Propiedad puede tener beneficios y no
hacerlo pudiera conllevar consecuencias devastadoras para
las partes. Por esa razón, su presentación en el Registro
de la Propiedad es recomendable. Aunque la presentación de
una escritura pública al Registro de la Propiedad no es una
función inherente al ejercicio del notariado, una vez el
41
Feliciano Caraballo v. Ross Tuggo, supra, pág. 663.
In re Toro González II, supra, págs. 888-889; Feliciano Caraballo v.
Ross Tuggo, supra, pág. 663.
43
Íd.
42
AB-2014-070
16
notario asume esa responsabilidad está obligado a cumplirla
diligentemente.44
prolongado
es
La
demora
contraria
a
injustificada
los
y
postulados
por
tiempo
del
Código
el
2007
de
Ética Profesional, supra.45
A
pesar
presentar
de
la
haber
sido
contratado
Escritura
Núm.
54A
en
en
el
Registro
para
de
la
Propiedad, el licenciado Maldonado Maldonado tardó hasta el
10 de enero de 2014 para presentarla, es decir, casi siete
años después de aceptar la encomienda.46 Al así proceder
violó el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra.
Igualmente,
presentó
infringió
al
consciente
Registro
de
la
el
referido
de
la
necesidad
precepto
Propiedad
de
la
ético
una
cuando
escritura
certificación
de
cancelación de gravamen que debe expedir el Departamento de
Hacienda, pero sin incluirla como documento complementario
de la escritura pública. Más aún, el propio letrado admitió
que presentó la escritura sin cerciorarse posteriormente de
que
para
se
su
presentara
el
inscripción.
documento
Éste
complementario
debió
ser
necesario
diligente
en
la
presentación de la escritura pública y asegurarse de que
estuviera ausente de defectos que impidieran su inscripción
en el Registro de la Propiedad.47
44
Rosas González v. Acosta Pagán, 134 DPR 720, 730 (1993); In re
Avilés, Tosado, 157 DPR 867, 893 (2002); In re Salichs Martínez, 131 DPR
481, 487-488 (1992). Véase además In re Díaz Ruíz, supra, pág. 760.
45
Véase además In re Pagán Pagán, 171 DPR 975 (2007); In re Rodríguez
Mercado, 133 DPR 208, 215-216 (1993).
46
La escritura pública se presentó el 14 de agosto de 2013, pero sin
los aranceles registrales. Véase Anejo IX en el Informe.
47
Véanse In re Vargas Velázquez, supra, pág. 693; In re Pachecho
Pacheco, supra, pág. 564; In re Palmer Ramos, supra.
AB-2014-070
17
Asimismo,
alegó
que
obtener
el
habérselo
prueba
aunque
informó
a
certificado
solicitado
alguna
que
el
licenciado
la
quejosa
de
en
Maldonado
sobre
cancelación
varias
el
de
requisito
gravamen
ocasiones,
corroborara
la
Maldonado
no
y
de
de
presentó
existencia
de
comunicaciones entre ambos sobre ese particular. En vista
de ello, es forzoso concluir que el licenciado Maldonado
Maldonado faltó con su deber de mantener informada a la
quejosa sobre el estado de presentación de la escritura y
violó el Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra.
Luego de establecer las infracciones éticas y legales
del
licenciado
Maldonado
Maldonado,
nos
corresponde
determinar la sanción a imponer.
Para la imposición de sanciones disciplinarias, hemos
expuesto en un sinnúmero de ocasiones que podemos tomar en
consideración los factores siguientes: (1) la reputación del
letrado en la comunidad; (2) su historial previo; (3) si
esta
constituye
su
primera
falta
y
si
ninguna
parte
ha
resultado perjudicada; (4) la aceptación de la falta y su
sincero arrepentimiento; (5) si se trata de una conducta
aislada; (6) el ánimo de lucro que medió en su actuación;
(7) el resarcimiento al cliente; y (8) cualesquiera otras
consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien
según los hechos.48
48
In re Plaud González, supra, págs. 887-888. Véanse además: In re
Colón Morera, 172 DPR 49 (2007); In re Quiñones Ayala, 165 DPR 138
(2005); In re Montalvo Guzmán, 164 DPR 806 (2005); In re Vélez Barlucea,
152 DPR 298 (2000); In re Padilla Rodríguez, 145 DPR 536 (1998).
AB-2014-070
18
Resulta pertinente considerar que en la Queja AB-20120464
censuramos
Maldonado
por
enérgicamente
su
falta
al
de
licenciado
diligencia
en
Maldonado
la
gestión
notarial.49 En aquella ocasión apercibimos al letrado que en
el
futuro
debía
dar
fiel
cumplimiento
a
los
deberes
impuestos por la Ley Notarial y los postulados que emanan
del Código de Ética Profesional.
IV
Por
los
fundamentos
expuestos
en
esta
Opinión
Per
Curiam, ordenamos la suspensión del Lcdo. Grimaldi Maldonado
Maldonado del ejercicio de la notaría por un término de tres
meses.
Se
ordena
al
Alguacil
de
este
Tribunal
incautar
inmediatamente la obra protocolar y el sello notarial del
licenciado Maldonado Maldonado y entregarlos al Director de
la
Oficina
de
Inspección
informe
correspondiente.
Opinión
Per
Maldonado
a
de
Notarías
Notifíquese
Curiam
y
Sentencia
través
de
la
al
oficina
para
licenciado
del
Se dictará Sentencia de conformidad.
Véase Resolución de 24 de junio de 2016.
examen
personalmente
Tribunal.
49
su
Alguacil
e
esta
Maldonado
de
este
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Grimaldi Maldonado Maldonado
AB-2014-070
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 4 de abril de 2017.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de
la presente Sentencia, decretamos la suspensión del
Lcdo. Grimaldi Maldonado Maldonado del ejercicio de
la notaría por un término de tres meses. Se ordena
al Alguacil de este Tribunal incautar inmediatamente
la
obra
protocolar
y
el
sello
notarial
del
licenciado Maldonado Maldonado y entregarlos al
Director de la Oficina de Inspección de Notarías
para su examen e informe correspondiente.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per
Curiam y Sentencia al licenciado Maldonado Maldonado
a través de la oficina del Alguacil de este
Tribunal.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo