LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Grimaldi Maldonado Maldonado

2017 TSPR 55

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Grimaldi Maldonado Maldonado

AB-2014-70

Suspensión de tres meses del ejercicio de la Notaría por quebrantar el Art. 15(f) de la Ley Notarial, la Fe Pública Registral y los Cánones 18 y 19 de Ética Profesional.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2017 TSPR 55

Grimaldi Maldonado Maldonado

197 DPR ____

Número del Caso: AB-2014-70

Fecha: 4 de abril de 2017

Abogado de la Promovente:

Por derecho propio

Oficina de Inspección de Notarías:

Lcdo. Manuel E. Avila de Jesús

Director

Materia: Conducta Profesional – La suspensión de la notaría será

efectiva una vez advenga final y firme la sentencia conforme la

Regla 45 del Reglamento del Tribunal Supremo sobre reconsideración.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Grimaldi Maldonado Maldonado

AB-2014-070

TS-9806

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de abril de 2017.

Tenemos nuevamente la obligación de disciplinar a

un

abogado-notario

por

conducta

incumplimiento con la Ley Notarial.

antiética

e

Examinadas las

circunstancias particulares de este caso, concluimos

que la conducta desplegada por el letrado requiere que

lo suspendamos del ejercicio de la notaría por el

término de tres meses.

I

El Lcdo. Grimaldi Maldonado Maldonado (licenciado

Maldonado

Maldonado

o

letrado)

fue

admitido

al

ejercicio de la abogacía el 25 de junio de 1991 y al

ejercicio de la notaría el 2 de agosto de 1991. El 4

de marzo de 2014, la Sra. Carmen Rosa Rivera (quejosa)

presentó una queja contra el letrado ante la Oficina

AB-2014-070

2

de Inspección de Notarías (ODIN). Alegó que el 13 de agosto

de 2007 pagó al licenciado Maldonado Maldonado la cantidad

de $600 para que presentara la Escritura Pública Núm. 54A de

Liquidación de Sociedad Legal de Gananciales (Escritura Núm.

54A) en el Registro de la Propiedad. Adujo que en mayo de

2013 decidió vender una propiedad que le fue cedida mediante

la

referida

escritura,

lo

cual

notificó

al

licenciado

Maldonado Maldonado, pero que este último tardó hasta agosto

de

ese

año

para

presentar

el

instrumento

público

en

el

Registro de la Propiedad. Como evidencia de sus alegaciones,

entre otras cosas, acompañó la queja con copia del asiento

de

presentación.

Asimismo,

la

quejosa

arguyó

que

había

pagado $300 al licenciado Maldonado Maldonado como parte de

sus honorarios, y que un estudio de título que se había

realizado de su propiedad en el 2013 no era válido.1

Tras varios incidentes procesales, el 20 de octubre de

2015,

el

letrado

contestó

la

queja.

Alegó

que

los

$600

correspondían a los honorarios que cobró por el otorgamiento

de la Escritura Núm. 54A; y que los $300 correspondían a un

pago parcial en concepto de honorarios pendientes por el

caso de divorcio por consentimiento mutuo entre la quejosa y

el

Sr.

Rubén

García

Salgado,

proceso

que

dio

origen

posteriormente al otorgamiento de la Escritura Núm. 54A.2

Adujo, además, que la tardanza en presentar el instrumento

1

La quejosa hizo varias alegaciones en la queja sobre los pagos

realizados al licenciado Maldonado Maldonado por el estudio de título.

Particularmente reclamó la devolución de $660. Sin embargo, un examen

del expediente demuestra que la quejosa confundió la razón por la cual

realizó algunos pagos. Véanse los Anejos VI y VIII en el Informe.

2

Anejo II en el Informe.

AB-2014-070

3

público se debió a que ese tipo de negocio jurídico requería

el correspondiente “relevo de donación del Departamento de

Hacienda”.3

Arguyó

que

había

notificado

a

la

quejosa

en

cuanto a la necesidad de preparar una planilla de donaciones

y anejar una certificación negativa de deuda de ASUME, la

certificación

de

no

deuda

del

Centro

de

Recaudación

de

Ingresos Municipales (CRIM) y la certificación de no deuda

del Departamento de Hacienda, así como otros documentos para

poder presentar la Escritura Núm. 54A al Registro de la

Propiedad. A pesar de reconocer que nunca se unieron todos

los documentos complementarios a la escritura pública, el 10

de enero de 2014 el letrado la presentó en el Registro de la

Propiedad.4 Ahora bien, reconoció desconocer si la quejosa

había completado el mencionado trámite sobre la planilla de

donación o si se había expedido el correspondiente relevo de

donación.5

Posteriormente, como parte del proceso de investigación

de

la

queja,

Maldonado

la

sobre

información.6

Al

ODIN

la

notificó

necesidad

respecto,

el

al

de

licenciado

Maldonado

que

presentara

cierta

letrado

presentó

varios

documentos: (1) copia certificada de la Escritura Núm. 54A

de 13 de agosto de 2007, (2) la petición de divorcio por

consentimiento mutuo, (3) la sentencia de divorcio, (4) una

solicitud de cambio de dueño y exoneración contributiva del

CRIM, (5) un estudio de título de 8 de enero de 2014, (6) la

3

Íd.

Véase Anejo II y IX en el Informe.

5

Anejo IV en el Informe.

6

Véase Anejos III-IV en el Informe.

4

AB-2014-070

4

minuta de presentación de la escritura al Registro de la

Propiedad y (7) un documento sobre el estado de presentación

de la Escritura Núm. 54A. Además, informó que el contrato

entre éste y la quejosa no constaba por escrito.

Surge

de

la

Escritura

Núm.

54A

que

el

licenciado

Maldonado Maldonado consignó las advertencias siguientes:

---(A) Sobre los deberes y consecuencias fiscales

de este negocio jurídico.---------------------------(B) La deseabilidad de que esta escritura sea

presentada en el Registro de la Propiedad lo más

pronto posible y las posibles consecuencias de así

no hacerlo.-----------------------------------------(C) Que para inscribir la presente Escritura

necesitan como documento complementario la Copia

Certificada de la Sentencia de Divorcio de los

comparecientes.-------------------------------------(D)

Sobre

el

pago

de

los

derechos

correspondientes de inscripción; así como el deber

de

tramitar

rápidamente

el

correspondiente

traspaso en los registros sobre tributación de

propiedades del Departamento de Hacienda; el

traspaso

de

titularidad

en

el

Centro

de

Recaudación de Impuestos Municipales (C.R.I.M.);

las consecuencias del envío de la Planilla

Informativa sobre traspaso de bienes inmuebles al

Departamento de Hacienda, que lo transmitentes han

de certificar bajo su firma y responsabilidad; y

el significado de la obligación de evicción.--------(E) De los derechos de terceros que puedan

emanar del contenido de este instrumento público.---(F) El deber de informar al Departamento de

Hacienda en su planilla de contribución sobre

ingresos la ganancia que haya generado este

negocio.--------------------------------------------(G) El Notario Autorizante le ha advertido a

las partes que la presente escritura se ha

otorgado prescindiendo de un estudio de título

debido al conocimiento que tienen las partes de la

situación registral de la propiedad, siendo así

los comparecientes expresamente relevan al Notario

de cualquier responsabilidad por cargas y/o

gravámenes de cualquier índole que pudieran

aparecer en el Registro.------------------------7

7

Anejo VII en el Informe. (Énfasis suplido).

AB-2014-070

5

El 13 de enero de 2016, la ODIN remitió el Informe

correspondiente con la prueba provista por las partes. En

este, la ODIN concluyó lo siguiente:

En suma, colegimos que el Querellado actuó

con falta de diligencia en el cumplimiento con la

obligación asumida voluntariamente de presentar

la Escritura Núm. 54A de 2007 ante el Registro de

la Propiedad de Bayamón, Sección Cuarta; no se

consignó expresamente en ese instrumento público

una advertencia vinculada con el certificado de

cancelación de gravamen sobre donación necesario

como documento complementario a este en la

presentación ante el Registro de la Propiedad; y

no mantuvo informada a la Quejosa de todo asunto

relacionado con la presentación e inscripción de

este

instrumento

público.

Tal

conducta

es

constitutiva de violación al Artículo 15(f) de la

Ley Notarial, supra, a la fe pública notarial y a

los Cánones 12, 18 y 19 del Código de Ética

Profesional, supra. Además, la ausencia de un

contrato de servicios profesionales escrito o de

la divulgación efectiva de las partidas por las

cuales el Querellado cobró a la Quejosa causó

confusión en esta y levantó controversias sobre

los honorarios cobrados, asunto que pudo evitar

el Querellado de este seguir las guías del Canon

24 del Código de Ética Profesional, supra.

Igualmente, el Querellado autorizó un instrumento

público para el cual carecía de un estudio

registral

previo

y

consignó

un

relevo

de

responsabilidad por las cargas y gravámenes que

puedan surgir del Registro de la Propiedad, lo

cual revela una actuación carente del cuidado y

el esmero que se espera en el ejercicio de la

profesión notarial.8

En

vista

de

lo

anterior,

suspendiéramos

al

letrado

del

la

ODIN

ejercicio

recomendó

de

la

que

función

notarial por un término de tres meses o, en la alternativa,

se censurara enérgicamente.

El 23 de mayo de 2016, concedimos un término de veinte

días al letrado para que se expresara sobre el informe de la

ODIN.

8

El

10

Íd., pág. 11.

de

junio

de

2016,

el

licenciado

Maldonado

AB-2014-070

6

Maldonado presentó su posición sobre el particular.9 Reiteró

que la dilación en presentar la escritura al Registro de la

Propiedad no se debió a su descuido ni fue injustificada y

atribuyó la tardanza a la quejosa. Además, se opuso a la

recomendación de la ODIN de suspenderlo por un término de

tres

meses.

Arguyó

severo,

dadas

historial

como

que

las

su

suspensión

circunstancias

notario

y

los

sería

un

particulares

hechos

de

la

castigo

de

su

queja.

No

obstante, aceptó ser censurado enérgicamente por esta Curia.

Examinadas

con

detenimiento

la

queja

contra

el

licenciado Maldonado Maldonado, su contestación a la queja,

el Informe preparado por la ODIN y la oposición del letrado,

así como los demás documentos que obran en el expediente,

procedemos a resolver.

II

A. Incumplimiento con la fe pública notarial

Los notarios ejercen una función pública mediante la

cual dan fe y autentican, según las leyes aplicables, los

negocios jurídicos y demás actos y sucesos extrajudiciales

que ante ellos se realizan.10 Éstos son los custodios de la

fe pública notarial, espina dorsal de todo el esquema de

autenticidad documental.11 La función pública que ejerce el

notario

“trasciende

a

la

de

un

autómata

legalizador

de

firmas y penetra al campo de la legalidad de la transacción

9

Véase Moción expresando posición en torno a informe presentado por la

Oficina de Inspección de Notarías.

10

Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial), Ley Núm. 75

de 2 de julio de 1987, según enmendada, 4 LPRA sec. 2002.

11

In re Torres Alicea, 175 DPR 456, 460 (2009).

AB-2014-070

7

que ante él se concreta”.12 Así pues, esta conlleva el deber

inquebrantable de cerciorarse que el “instrumento público

cumple con todas las formalidades de la ley, que es legal y

verdadero, y que es una transacción legítima y válida”.13

Por

esa

razón,

la

función

notarial

extremo

cuidado

y

desempeñarse

con

debe

ejercerse

esmero,

con

diligencia

y

estricto celo profesional.14

Reiteradamente hemos establecido la importancia de que

se realice un estudio sobre los antecedentes registrales de

la

propiedad

previo

a

la

autorización

del

instrumento

público.15 En In re Vera Vélez, 148 DPR 1 (1999), expusimos

la obligación de los notarios de conocer el estado registral

de

la

propiedad

que

es

el

objeto

en

la

escritura.

Establecimos que ello es parte de su deber como custodios de

la fe pública, por lo que los notarios están impedidos de

ignorarlo.16

Asimismo, en In re Torres Alicea, 175 DPR 456, 460-461

(2009), reiteramos lo antes expuesto y expresamos que “el

notario

tiene

el

ineludible

deber

de

ilustrar

a

los

otorgantes para lograr que éstos concurran al acto notarial

12

Íd., pág. 463.

Íd., pág. 460.

14

In re Pacheco Pacheco, 192 DPR 553, 562 (2015); In re Toro González

II, 193 DPR 877, 888 (2015).

15

In re Torres Alicea, supra; Feliciano Caraballo v. Ross Tuggo, 165

DPR 649, 660 (2005); In re López Maldonado, 130 DPR 863 (1992).

Inclusive, si resulta ser que el estado registral del inmueble no era el

expresado por el notario en la escritura pública, hemos reconocido que

su actuación constituiría una violación al Canon 35 del Código de Ética

Profesional, supra.

16

In re Vera Vélez, supra. Véanse además: In re Toro González II,

supra, pág. 892; In re Ayala Oquendo, 185 DPR 572, 580 (2012); Feliciano

Caraballo v. Ross Tuggo, supra, pág. 659; In re López Maldonado, supra,

pág. 865.

13

AB-2014-070

8

en un estado de conciencia informada”.17 Como parte de esta

obligación,

el

notario

debe

ofrecer

las

explicaciones,

aclaraciones y advertencias necesarias a los otorgantes.18

Cónsono con ello, el Art. 15(f) de la Ley Notarial,

supra, dispone que el notario realice “de palabra a los

otorgantes

en

advertencias

el

acto

del

otorgamiento

pertinentes”.19

legales

las

reservas

Seguidamente,

y

el

artículo precitado, impone al notario el deber de consignar

en la escritura pública “aquellas advertencias que por su

importancia deban, a juicio prudente del notario, detallarse

expresamente”.20

La

Ley

advertencias

Notarial,

supra,

establece

que

contener

las

deben

una

serie

escrituras

de

públicas,

según el negocio jurídico que motiva su otorgamiento.21 No

obstante, el notario debe utilizar el derecho positivo y la

jurisprudencia, así como considerar el contenido del negocio

y

las

estipulaciones

que

se

suscribirán,

al

momento

de

decidir qué advertencias debe realizar y hacer constar en la

escritura pública.22 Consecuentemente hemos reconocido que,

para

que

otorgantes,

se

logre

el

el

notario

consentimiento

debe

informado

advertirles

de

los

sobre

la

conveniencia y necesidad de realizar un estudio de título.23

17

(Énfasis omitido) (“El notario tiene la indeclinable obligación de

conocer el estado registral de la propiedad, en su función principal de

custodio de la fe pública”).

18

In re Torres Alicea, supra, pág. 461.

19

4 LPRA sec. 2033.

20

Íd.

21

Véase íd.

22

In re Palmer Ramos, 195 DPR 245, 256 (2016); In re Toro González II,

supra, págs. 888-889.

23

In re Torres Alicea, supra, pág. 461.

AB-2014-070

9

Ello brinda a los otorgantes la oportunidad de conocer la

situación

registral

de

la

propiedad:

entre

otras

cosas,

quién consta como su titular registral, las cargas y los

gravámenes que afectan la propiedad. Sólo de esa manera se

puede garantizar un consentimiento informado por parte de

éstos. Ahora bien, en el caso de que los otorgantes no

quieran que se realice el estudio de título, el notario debe

consignar

en

la

necesidad

y

conveniencia

incumplimiento

escritura

con

lo

que

de

antes

les

que

advirtió

sí

sobre

la

hiciera.24

El

constituye

una

se

mencionado

violación al imperativo de custodiar la fe pública notarial,

con independencia de que esa haya sido o no la intención del

notario.25

B. Incumplimiento con los Cánones de Ética Profesional

En Puerto Rico, a diferencia de otros ordenamientos

jurídicos, contamos con un cuerpo de normas codificadas que

regulan

la

conducta

de

la

profesión

de

la

abogacía.

El

Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, contiene las

normas mínimas que deben guiar a todo abogado, incluyendo a

los que ejercen la función notarial.

El Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra,

impone

el

deber

a

los

abogados

de

ser

“conciso[s]

y

exacto[s] en el trámite y presentación de las causas”. Para

cumplir con esa obligación, se consignó en el referido Canon

que

los

abogados

necesarias

24

25

para

deben

“desplegar

asegurar

que

no

todas

las

diligencias

se

causen

indebidas

Íd.; Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432, 445 (1984).

In re Ayala Oquendo, supra, pág. 581.

AB-2014-070

dilaciones

10

en

su

tramitación

solución”.26

y

En

vista

de

ello, reiteradamente hemos reconocido que el Canon 12 de

ética profesional impone a los abogados el deber de ser

puntuales, responsables y diligentes en la tramitación de

las causas.27 Este es un deber ineludible que los togados

deben cumplir con gran recelo.

Por

otra

Profesional,

parte,

supra,

el

Canon

establece

18

la

del

Código

obligación

de

Ética

la

clase

de

togada de desplegar “en cada caso su más profundo saber y

habilidad

y

actua[r]

jurídica

en

general

en

aquella

estima

forma

que

la

profesión

adecuada

y

responsable”.

Asimismo, dispone que “un abogado puede asumir cualquier

representación profesional si se prepara adecuadamente para

ello y no impone gastos ni demoras irrazonables a su cliente

y a la administración de la justicia”.28 Este Canon exige al

abogado rendir una labor idónea de competencia y diligencia;

es

-indiscutiblemente-

incompatible

con

la

desidia,

la

despreocupación y la displicencia de los asuntos que se han

encomendado al abogado.29 De hecho, sabido es que el Canon

18 del Código de Ética Profesional, supra, es de aplicación

a los abogados-notarios.30

En

In

re

Ayala

Oquendo,

185

DPR

572,

580

(2012),

reiteramos que un abogado-notario infringe el Canon 18 del

26

Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra.

In re Nazario Díaz, 195 DPR 623, 625 (2016); In re Hernández

González, 188 DPR 721, 727 (2013).

28

(Énfasis suplido).

29

In re Nazario Díaz, supra, pág. 636; In re Plaud González, 181 DPR

874, 886 (2011).

30

In re Palmer Ramos, supra, pág. 256; In re Vargas Velázquez, 193 DPR

681 (2015). Véanse además: In re González Maldonado, 152 DPR 871 (2000);

In re Martínez Ramírez, 142 DPR 329, 340-341 (1997).

27

AB-2014-070

Código

11

de

Ética

Profesional,

supra,

cuando

viola

las

disposiciones de la Ley Notarial, supra. Al citar a In re

Aponte Berdecía, 161 DPR 94, 106 (2004), expresamos que “una

vez un notario contraviene la ley vigente, incurre en una

práctica

notarial

indeseable

y

contraviene

el

canon

mencionado”.31 No puede perderse de perspectiva que “[e]l

desconocimiento de las normas jurídicas y del ejercicio de

la

profesión

vulneran

[sic]

la

naturaleza

misma

del

notariado en nuestra jurisdicción y constituyen [sic] una

violación al Canon 18 del Código de Ética Profesional”.32

Asimismo, en In re Vargas Velázquez, 193 DPR 681, 694695 (2015), encontramos que el letrado había violado el

Canon

18

presentar

del

Código

de

Ética

al

Registro

de

la

Profesional,

Propiedad

una

supra,

al

escritura

de

partición de herencia sin cerciorarse de que el derecho

hereditario

estuviese

inscrito.

Hicimos

alusión

a

In

re

Pacheco Pacheco, 191 DPR 553, 564 (2015), a los efectos de

que “el notario queda compelido a ejercer diligentemente su

función […] hasta cerciorarse de que el instrumento público

no posee defectos que impidan su inscripción en el Registro

de

la

Propiedad”.33

El

incumplimiento

con

esta

norma

se

traduce en una violación a los Cánones de Ética Profesional,

supra,

que

amerita

el

ejercicio

de

nuestra

facultad

inherente de regular la profesión de la abogacía y, por

ende, la imposición de medidas disciplinarias.

31

Véase In re Ayala Oquendo, supra, pág. 580.

In re Vargas Velázquez, supra, pág. 693.

33

Íd.

32

AB-2014-070

Por

12

otro

lado,

el

Canon

19

del

Código

de

Ética

Profesional, supra, establece el deber de todo abogado de

“mantener a su cliente siempre informado de todo asunto

importante que surja en el desarrollo del caso que le ha

sido encomendado”. Así pues, el Canon 19 impone a la clase

togada la obligación de informar a sus clientes sobre las

gestiones realizadas y el desarrollo de las encomiendas para

las

que

fueron

contratados. Esta

obligación

de

mantener

informado a los clientes es distinta y separada del deber de

diligencia que se exige a los miembros de la profesión.34

Por ello, hemos reconocido que se viola el referido canon

cuando no se informa del resultado adverso al cliente, no se

atienden sus reclamos de información, no se mantiene al

cliente informado del estado o situación procesal en el

asunto que se encomendó al abogado, o cuando se le niega al

cliente información de su caso.35

III

Los

notarios

están

obligados

a

cumplir

con

la

Ley

Notarial y su reglamento, con el Código de Ética Profesional

y con las leyes aplicables a los documentos que autorizan.36

Aunque el letrado no violó el Canon 12 del Código de Ética

Profesional, supra, -por no ser de aplicación a los hechos

imputados

en

el

presente

caso-,

conclusión

de

la

ODIN

cuanto

Maldonado

Maldonado

34

en

infringió

el

coincidimos

a

Art.

que

el

15(f)

con

licenciado

de

la

In re Pietri Castellón, 185 DPR 982, 992 (2012).

Íd.

36

In re Toro González II, supra, pág. 889; In re Vargas Velázquez,

supra, pág. 693.

35

la

Ley

AB-2014-070

13

Notarial, supra, la fe pública registral, y el Canon 18 y 19

del Código de Ética Profesional, supra. Veamos.

Surge del expediente que el letrado representó a la

quejosa en un proceso de divorcio por consentimiento mutuo.

Posteriormente,

Maldonado

el

13

Maldonado

de

agosto

autorizó

la

de

2007

el

Escritura

licenciado

Núm.

54A

de

Liquidación de Sociedad Legal de Gananciales, en la cual

comparecieron la quejosa y el Sr. Rubén García Salgado.

Entre

las

advertencias

consignadas

en

la

Escritura

Núm. 54A, se hizo constar: (1) la deseabilidad de que la

escritura fuera presentada en el Registro de la Propiedad lo

más pronto posible y las posibles consecuencias de así no

hacerlo;

y

(2)

el

que

el

notario

autorizante

le

había

advertido a las partes que la escritura se había otorgado

prescindiendo de un estudio de título debido al conocimiento

que tenían los otorgantes de la situación registral de la

propiedad.37

consignó

Como

parte

expresamente

de

un

esta

relevo

última

de

advertencia

se

responsabilidad

al

notario por cargas o gravámenes de cualquier índole que

pudieran aparecer en el Registro de la Propiedad.38

Nótese que

realizó

un

licenciado

la

Escritura Núm. 54A

estudio

de

Maldonado

título

que

Maldonado

el

indica que no se

permitiera

estado

conocer

registral

al

del

inmueble que era objeto de la transacción. Ésta meramente

lo

que

consignó

otorgantes

37

38

sobre

fue

el

Anejo VII en el Informe.

Íd.

el

conocimiento

estado

registral

que

del

tenían

inmueble

los

y

un

AB-2014-070

14

supuesto relevo de responsabilidad a favor del notario. De

este modo, el licenciado Maldonado Maldonado autorizó una

escritura

pública

para

trasladar

la

titularidad

de

un

inmueble cuando ignoraba su estado registral, por lo que no

actuó

con

el

cuidado

y

esmero

que

exige

la

profesión

notarial. De hecho, ni siquiera se consignó la advertencia

sobre la necesidad y conveniencia de realizar el estudio de

título,

a

pesar

de

la

vasta

jurisprudencia

que

la

requiere.39

El licenciado Maldonado Maldonado tampoco consignó una

advertencia sobre la necesidad de incluir como documento

complementario la referida certificación de cancelación de

gravamen sobre donación del Departamento de Hacienda para

poder inscribir la escritura pública en el Registro de la

Propiedad.

Si

bien

la

legislación

expresamente

que

debía

consignarse

en

no

la

establecía

escritura

la

necesidad de la referida certificación, el Código de Rentas

Internas de Puerto Rico de 1994, Ley Núm. 120-1994, 13 LPRA

sec. 9334(c), -vigente al momento del otorgamiento de la

Escritura Núm. 54A- requería que este fuera incluido con el

instrumento público para hacer viable la inscripción en el

Registro de la Propiedad.40

Como señalamos, los notarios deben estar conscientes

de que, como juristas, tienen la responsabilidad de hacer

39

Véanse In re Vargas Velázquez, supra; In re Ayala Oquendo, supra; In

re Torres Alicea, supra; In re Vera Vélez, supra; In re Díaz Ruíz, 149

DPR 756, 760 (1999); In re López Maldonado, supra; Chévere v. Cátala,

supra.

40

Actualmente este requisito está establecido en la Sec. 2054.05(c) del

Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, Ley Núm. 1-2011, 13

LPRA sec. 31165(c).

AB-2014-070

las

15

reservas

conlleva

y

“una

inteligente

advertencias

gestión

de

los

legales

intelectual

principios

de

pertinentes.41

y

una

derecho

Ello

aplicación

positivos

y

jurisprudenciales”.42 En el pasado hemos reconocido que esta

responsabilidad no se da en el vacío; requiere que se tome

en cuenta el contenido del negocio jurídico y un análisis

integral de las estipulaciones que se consienten.43 Por lo

tanto, resulta lógico y razonable que un notario que se

obliga a presentar una escritura pública en el Registro de

la

Propiedad,

y

conoce

que

no

se

incluyó

–o

no

se

le

entregó- como documento complementario la correspondiente

certificación de cancelación de gravamen sobre donación del

Departamento de Hacienda, haga constar dicha advertencia en

la escritura pública.

Al

no

advertencias,

consignar

en

el licenciado

la

escritura

las

mencionadas

Maldonado Maldonado violó

el

Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, y el Art.

15(f) de la Ley Notarial, supra.

Por otro lado, sabido es que presentar los documentos

al Registro de la Propiedad puede tener beneficios y no

hacerlo pudiera conllevar consecuencias devastadoras para

las partes. Por esa razón, su presentación en el Registro

de la Propiedad es recomendable. Aunque la presentación de

una escritura pública al Registro de la Propiedad no es una

función inherente al ejercicio del notariado, una vez el

41

Feliciano Caraballo v. Ross Tuggo, supra, pág. 663.

In re Toro González II, supra, págs. 888-889; Feliciano Caraballo v.

Ross Tuggo, supra, pág. 663.

43

Íd.

42

AB-2014-070

16

notario asume esa responsabilidad está obligado a cumplirla

diligentemente.44

prolongado

es

La

demora

contraria

a

injustificada

los

y

postulados

por

tiempo

del

Código

el

2007

de

Ética Profesional, supra.45

A

pesar

presentar

de

la

haber

sido

contratado

Escritura

Núm.

54A

en

en

el

Registro

para

de

la

Propiedad, el licenciado Maldonado Maldonado tardó hasta el

10 de enero de 2014 para presentarla, es decir, casi siete

años después de aceptar la encomienda.46 Al así proceder

violó el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra.

Igualmente,

presentó

infringió

al

consciente

Registro

de

la

el

referido

de

la

necesidad

precepto

Propiedad

de

la

ético

una

cuando

escritura

certificación

de

cancelación de gravamen que debe expedir el Departamento de

Hacienda, pero sin incluirla como documento complementario

de la escritura pública. Más aún, el propio letrado admitió

que presentó la escritura sin cerciorarse posteriormente de

que

para

se

su

presentara

el

inscripción.

documento

Éste

complementario

debió

ser

necesario

diligente

en

la

presentación de la escritura pública y asegurarse de que

estuviera ausente de defectos que impidieran su inscripción

en el Registro de la Propiedad.47

44

Rosas González v. Acosta Pagán, 134 DPR 720, 730 (1993); In re

Avilés, Tosado, 157 DPR 867, 893 (2002); In re Salichs Martínez, 131 DPR

481, 487-488 (1992). Véase además In re Díaz Ruíz, supra, pág. 760.

45

Véase además In re Pagán Pagán, 171 DPR 975 (2007); In re Rodríguez

Mercado, 133 DPR 208, 215-216 (1993).

46

La escritura pública se presentó el 14 de agosto de 2013, pero sin

los aranceles registrales. Véase Anejo IX en el Informe.

47

Véanse In re Vargas Velázquez, supra, pág. 693; In re Pachecho

Pacheco, supra, pág. 564; In re Palmer Ramos, supra.

AB-2014-070

17

Asimismo,

alegó

que

obtener

el

habérselo

prueba

aunque

informó

a

certificado

solicitado

alguna

que

el

licenciado

la

quejosa

de

en

Maldonado

sobre

cancelación

varias

el

de

requisito

gravamen

ocasiones,

corroborara

la

Maldonado

no

y

de

de

presentó

existencia

de

comunicaciones entre ambos sobre ese particular. En vista

de ello, es forzoso concluir que el licenciado Maldonado

Maldonado faltó con su deber de mantener informada a la

quejosa sobre el estado de presentación de la escritura y

violó el Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra.

Luego de establecer las infracciones éticas y legales

del

licenciado

Maldonado

Maldonado,

nos

corresponde

determinar la sanción a imponer.

Para la imposición de sanciones disciplinarias, hemos

expuesto en un sinnúmero de ocasiones que podemos tomar en

consideración los factores siguientes: (1) la reputación del

letrado en la comunidad; (2) su historial previo; (3) si

esta

constituye

su

primera

falta

y

si

ninguna

parte

ha

resultado perjudicada; (4) la aceptación de la falta y su

sincero arrepentimiento; (5) si se trata de una conducta

aislada; (6) el ánimo de lucro que medió en su actuación;

(7) el resarcimiento al cliente; y (8) cualesquiera otras

consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien

según los hechos.48

48

In re Plaud González, supra, págs. 887-888. Véanse además: In re

Colón Morera, 172 DPR 49 (2007); In re Quiñones Ayala, 165 DPR 138

(2005); In re Montalvo Guzmán, 164 DPR 806 (2005); In re Vélez Barlucea,

152 DPR 298 (2000); In re Padilla Rodríguez, 145 DPR 536 (1998).

AB-2014-070

18

Resulta pertinente considerar que en la Queja AB-20120464

censuramos

Maldonado

por

enérgicamente

su

falta

al

de

licenciado

diligencia

en

Maldonado

la

gestión

notarial.49 En aquella ocasión apercibimos al letrado que en

el

futuro

debía

dar

fiel

cumplimiento

a

los

deberes

impuestos por la Ley Notarial y los postulados que emanan

del Código de Ética Profesional.

IV

Por

los

fundamentos

expuestos

en

esta

Opinión

Per

Curiam, ordenamos la suspensión del Lcdo. Grimaldi Maldonado

Maldonado del ejercicio de la notaría por un término de tres

meses.

Se

ordena

al

Alguacil

de

este

Tribunal

incautar

inmediatamente la obra protocolar y el sello notarial del

licenciado Maldonado Maldonado y entregarlos al Director de

la

Oficina

de

Inspección

informe

correspondiente.

Opinión

Per

Maldonado

a

de

Notarías

Notifíquese

Curiam

y

Sentencia

través

de

la

al

oficina

para

licenciado

del

Se dictará Sentencia de conformidad.

Véase Resolución de 24 de junio de 2016.

examen

personalmente

Tribunal.

49

su

Alguacil

e

esta

Maldonado

de

este

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Grimaldi Maldonado Maldonado

AB-2014-070

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de abril de 2017.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de

la presente Sentencia, decretamos la suspensión del

Lcdo. Grimaldi Maldonado Maldonado del ejercicio de

la notaría por un término de tres meses. Se ordena

al Alguacil de este Tribunal incautar inmediatamente

la

obra

protocolar

y

el

sello

notarial

del

licenciado Maldonado Maldonado y entregarlos al

Director de la Oficina de Inspección de Notarías

para su examen e informe correspondiente.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per

Curiam y Sentencia al licenciado Maldonado Maldonado

a través de la oficina del Alguacil de este

Tribunal.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo