LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Derecho Constitucional. Revocación de lo resuelto en P.P.D. v. Gobernador II, 136 DPR 916 (1994). No procede aplicar la veda electoral dispuesta en la Ley Electoral de 2011 al plebiscito que se celebrará conforme la Ley para la descolonización inmediata de Puerto Rico, Ley Núm. 7 de 2017

2017 TSPR 57

Poder Judicial de Puerto Rico

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Derecho Constitucional. Revocación de lo resuelto en P.P.D. v. Gobernador II, 136 DPR 916 (1994). No procede aplicar la veda electoral dispuesta en la Ley Electoral de 2011 al plebiscito que se celebrará conforme la Ley para la descolonización inmediata de Puerto Rico, Ley Núm. 7 de 2017

CT-2017-2

Burgos Andujar v. Comisión Estatal de Elecciones

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Norma

E.

Burgos

Andújar,

Comisionada

Electoral

del

Partido Nuevo Progresista

Recurrida

v.

Comisión Estatal de Elecciones,

por conducto de su Presidenta,

Liza García Vélez; Comisionado

Electoral Interino del Partido

Popular

Democrático,

Miguel

Ríos

Torres;

Comisionada

Electoral Designada del Partido

Independentista Puertorriqueño,

María de Lourdes Santiago

2017 TSPR 57

Recurridos

197 ____

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico,

por

conducto

de

la

Secretaria de Justicia, Hon.

Wanda Vázquez Garced

Recurridos

Senado de Puerto Rico, por

conducto de su Presidente Hon.

Thomas Rivera Schatz, y su

Secretario

Manuel

Torres

Nieves;

Cámara

de

Representantes

de

Puerto Rico, por conducto de su

Presidente Hon. Carlos Méndez

Nuñez y su Secretaria Ayleen

Figueroa Vázquez

Peticionarios

Número del Caso: CT-2017-2

Fecha: 19 de abril de 2017

Abogados de los Peticionarios

Lcdo. Israel Roldán González

Lcdo. Carlos Santiago Tavarez

Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortiz

Lcda. Maria Elena Vázquez Graziani

Lcdo. Claudio Aliff Ortiz

Lcda. Rosa Campos Silva

Lcdo. Hamed Santaella Carlo

CT-2017-002

2

Abogados de los Recurridos

Lcdo. Manuel Izquierdo Encarnación

Lcdo. Héctor E. Pabón Vega

Lcdo. Gerardo De Jesús Annoni

Lcdo. Luis Enrique Romero

Lcdo. Liany Vega Nazario

Lcdo. Nelson Rodríguez Vargas

Oficina del Procurador General

Lcdo. Luis Román Negrón

Lcdo. Isaías Sánchez Báez

Materia: Derecho Constitucional. Revocación de lo resuelto en P.P.D.

v. Gobernador II, 136 DPR 916 (1994). No procede aplicar la veda

electoral dispuesta en la Ley Electoral de 2011 al plebiscito que se

celebrará conforme la Ley para la descolonización inmediata de Puerto

Rico, Ley Núm. 7 de 2017.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que

está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y

publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución

electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Norma E. Burgos Andújar,

Comisionada Electoral del

Partido Nuevo Progresista

Certificación

Intrajurisdiccional

Recurrida

CT-2017-002

v.

Comisión Estatal de

Elecciones, por conducto

de su Presidenta, Liza

García Vélez; Comisionado

Electoral Interino del

Partido Popular

Democrático, Miguel Ríos

Torres; Comisionada

Electoral Designada del

Partido Independentista

Puertorriqueño, María de

Lourdes Santiago

Recurridos

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, por conducto

de la Secretaria de

Justicia, Hon. Wanda

Vázquez Garced

Recurridos

Senado de Puerto Rico, por

conducto de su Presidente

Hon. Thomas Rivera Schatz,

y su Secretario Manuel

Torres Nieves;

Cámara de Representantes

de Puerto Rico, por

conducto de su Presidente

Hon. Carlos Méndez Nuñez y

su Secretaria Ayleen

Figueroa Vázquez

Peticionarios

CT-2017-002

2

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017.

Si para llegar a una correcta decisión

de este caso es necesario modificar las

opiniones dictadas anteriormente por este

Tribunal, que se modifiquen de cualquier

modo, o que se anulen, si fuere necesario. Al

error no se le puede nunca convertir en

verdad, por más que se insista en él; si se

ha seguido un camino equivocado, volvamos

sobre nuestros pasos antes de que nos

perdamos en el laberinto de los engaños;

atrevámonos a proceder correctamente. Giménez

et al. v. Brenes, 10 DPR 128 (1906) (Opinión

disidente del ex Juez Asociado MacLeary).

El recurso de certificación intrajurisdiccional ante

nuestra

consideración,

en

el

que

se

nos

solicita

que

determinemos si la veda electoral dispuesta en el Artículo

12.001

de

la

Ley

Electoral

aplicación

a

escenarios

de

2011,

electorales

infra,

es

de

distintos

a

los

establecidos por la Asamblea Legislativa, nos brinda la

oportunidad de reexaminar los pronunciamientos errados que

realizamos en el caso P.P.D. v. Gobernador II, 136 DPR 916

(1994), y corregirlos.

En dicho caso, una mayoría de este Tribunal violó los

principios

judicial

más

y

básicos

de

hermenéutica,

separación

de

poderes

al

autolimitación

interpretar

el

Artículo 8.001 de la Ley Electoral del 1977, infra, y

extender la veda electoral gubernamental allí dispuesta a

escenarios

electorales

Legislativa.

no

contemplados

por

la

Asamblea

CT-2017-002

Por

3

ello

y

por

los

fundamentos

que

expondremos

a

continuación, revocamos la norma establecida en P.P.D. v.

Gobernador

II,

supra,

y

resolvemos,

al

amparo

de

un

profundo análisis estatutario, que ni los plebiscitos ni

los referéndums

están

incluidos

dentro del concepto de

―elección general‖ establecido en el Artículo 12.001 de la

Ley Electoral de 2011, infra.

Con ello en mente, pasaremos a delinear los hechos

que dieron génesis a la controversia de autos.

I

El

3

de

febrero

de

2017,

la

Asamblea

Legislativa

aprobó la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto

Rico (Ley para la Descolonización), Ley Núm. 7-2017. En

virtud de dicho estatuto, se autorizó la celebración de un

Plebiscito

varias

el

11

de

alternativas

junio

de

de

estatus

2017,

para

político.

elegir

entre

También,

la

referida ley dispone para la celebración de un Referéndum

el

8

de

octubre

de

2017,

si

prevalece

una

de

dichas

alternativas.1

El 13 de febrero de 2017, la Comisión Estatal de

Elecciones (CEE) celebró una reunión ordinaria. En dicha

1

Al momento de la certificación de esta Opinión Per Curiam, la Ley

para la Descolonización, supra, está siendo objeto de varias enmiendas

relacionadas a las alternativas de estatus político de Puerto Rico que

serán incluidas en el Plebiscito. Sin embargo, nada de ello altera lo

que hoy resuelve este Tribunal en cuanto a la aplicación de la veda

electoral a escenarios electorales distintos al establecido por la

Asamblea Legislativa en el Artículo 12.001 de la Ley Electoral de

2011, infra.

CT-2017-002

reunión,

4

el

Comisionado

Democrático

(PPD)

la

Electoral

presentó

activación

de

Junta

mientras

culminaba

una

del

solicitud

Examinadora

el

Partido

de

proceso

Popular

para

Anuncios

la

(JEA),

plebiscitario.

La

Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP)

se opuso a dicha solicitud, por entender que, según el

Artículo 12.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico (Ley

Electoral de 2011), Ley Núm. 78-2011, 16 LPRA sec. 4231,

la veda electoral y la JEA solo procedían durante las

elecciones

generales

y

no

en

plebiscitos

ni

en

referéndums.

Ante la falta de unanimidad entre los Comisionados

Electorales,

la

controversia

fue

sometida

a

la

consideración de la presidenta de la CEE, quien el 1 de

marzo de 2017,

Allí,

sostuvo

emitió la

Resolución

que el Artículo

Núm. CEE-RS-17-07.

XIII de la

Ley

para la

Descolonización, supra, establecía que en el Plebiscito

aplicarían las prohibiciones contenidas en el Capítulo XII

de la Ley Electoral de 2011, supra, y reconoció que, entre

estas,

se

encontraba

la

prohibición

para

la

difusión

pública gubernamental dispuesta en el referido Artículo

12.001,

supra,

también conocida

como veda electoral.

A

base de dicha interpretación, la Constitución de Puerto

Rico

y

lo

resuelto

por

este

Tribunal

en

P.P.D.

v.

Gobernador II, supra, activó la veda electoral y ordenó la

constitución

de

la

JEA.

Según

la

Resolución,

la

prohibición perduraría hasta el 12 de junio de 2017 y, de

CT-2017-002

5

ser necesaria la celebración del Referéndum, hasta el 9 de

octubre de 2017.

Tras

habérsele

reconsideración,

denegado

la

una

Comisionada

oportuna

del

PNP

moción

de

presentó

un

recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Primera

Instancia,

en

el

que

reiteró

que

las

disposiciones

contenidas en el Artículo 12.001 de la Ley Electoral de

2011, supra, eran solamente aplicables a las elecciones

generales. Además, presentó una solicitud de auxilio de

jurisdicción, con el propósito de que se paralizaran los

efectos

de

la

Resolución

impugnada,

hasta

tanto

se

atendiera el recurso de revisión. Por último, incluyó como

partes indispensables en el pleito al Gobierno de Puerto

Rico y a los dos cuerpos legislativos.

Mientras

primario,

el

Representantes,

presidentes

presentaron

y

el

caso

Senado

por

estaba

de

el

intrajurisdiccional

ante

el

foro

Rico

la

Cámara

de

Puerto

conducto

secretarios

pendiente

(en

de

nos

sus

conjunto,

recurso

que

y

de

ocupa.

correspondientes

peticionarios),

certificación

Solicitaron

que

resolvamos, como cuestión de derecho, si la veda electoral

dispuesta en el Artículo 12.001 de la Ley Electoral de

2011, supra, puede aplicarse al proceso plebiscitario a

celebrarse el 11 de junio de 2017. En la misma fecha,

compareció la Comisionada Electoral del PNP para unirse al

recurso de certificación presentado.

CT-2017-002

El

30

6

de

marzo

de

2017,

expedimos

el

recurso

y

ordenamos a las partes presentar sus respectivos alegatos.

En su alegato, los peticionarios reiteraron que la

presidenta

de

la

CEE

se

había

extralimitado

en

sus

facultades, pues la veda electoral solamente aplicaba a las

elecciones

generales.

diferencia

que

Apoyaron

su

contención

entre

los

distintos

existía

en

la

procesos

eleccionarios, a saber: ―elección general‖, ―plebiscito‖ y

―referéndum‖, según definidos por la Ley Electoral de 2011,

supra. Arguyeron que tanto el texto del Artículo 12.001 de

la

Ley

Electoral

de

2011,

supra,

como

el

texto

del

Reglamento para el Control de Gastos de Difusión Pública

del

Gobierno

únicamente

aludían

al

término

―elección

general‖. En vista de ello, insistieron en que tanto los

―referéndums‖ como los ―plebiscitos‖ quedaban fuera del

ámbito de aplicación del referido Artículo.

Por su parte, la Comisionada del PNP añadió, entre

otras cosas, que la Ley para la Descolonización, supra,

disponía que aplicarían al Plebiscito las prohibiciones y

delitos de la Ley Electoral de 2011, supra, excepto cuando

estas fueran incompatibles e improcedentes con la misma

ley. Así, concluyó que la prohibición para la difusión

pública gubernamental estatuida en el Artículo 12.001 de la

Ley

Electoral

de

2011,

supra,

no

podía

aplicarse

al

Plebiscito, pues era improcedente e incompatible con la Ley

para la Descolonización, supra.

CT-2017-002

7

Asimismo,

el

Procurador

General

representación

del

Gobierno

Puerto

de

compareció

Rico.

En

en

primer

lugar, señaló que el Gobierno tenía el deber de informar a

la ciudadanía, máxime cuando se trataba de asuntos de alto

interés público. Adujo que este deber de informar, el cual

la

presidenta

de

intrínsecamente

la

ligado

CEE

al

pretendía

ejercicio

de

socavar,

la

estaba

libertad

de

expresión de los ciudadanos. En segundo lugar, recalcó que

la veda electoral contenida en el Artículo 12.001 de la Ley

Electoral

de

2011,

supra,

únicamente

aplicaba

a

las

elecciones generales. Enfatizó que la propia Ley Electoral

de 2011, supra, definía como ―elección‖ aquella que incluía

las

―elecciones

generales‖,

los

―plebiscitos‖

y

los

―referéndums‖, inter alia. Por consiguiente, sostuvo que

cuando la Asamblea Legislativa limitó el texto del Artículo

12.001 de la Ley Electoral de 2011, supra, a ―elección

general‖, inequívocamente había excluido de su ámbito de

aplicación

tanto

las

consultas

plebiscitarias

como

los

referéndums.

Además, el Procurador General planteó que lo resuelto

en P.P.D. v. Gobernador II, supra, era inaplicable al caso

de autos. En la alternativa, arguyó que este Tribunal debía

reevaluar el análisis y alcance de la norma allí esbozada,

en aras de evitar que se perpetuara un error doctrinal. Por

último, indicó que el hecho de que no se aplicara la veda

electoral al Plebiscito, no significaba que el Gobierno

podría gastar los fondos ilimitadamente. Destacó que al

CT-2017-002

8

amparo de la Sección 9 del Artículo VI de la Constitución

de Puerto Rico, infra, cualquier parte con legitimación

activa,

que

estuviese

entendiera

utilizando

que

el

fondos

Gobierno

públicos

de

Puerto

para

Rico

fines

no

públicos, podía acudir a los tribunales a vindicar sus

derechos.

Por su parte, los opositores al recurso, a saber, la

CEE, el Comisionado Electoral del PPD y la Comisionada

Electoral

del

Partido

Independentista

Puertorriqueño

defendieron la corrección de la Resolución de la CEE en

todas sus partes. Primero, arguyeron que la Sección 1 del

Artículo XIII de la Ley para la Descolonización, supra,

incorporó

por

referencia

la

Sección

de

Delitos

y

Prohibiciones de la Ley Electoral de 2011, supra, en su

totalidad. Segundo, enfatizaron que lo resuelto por este

Tribunal en P.P.D. v. Gobernador II, supra, disponía de la

controversia. Concluyeron que el principio constitucional

de igualdad económica entre los partidos justificaba la

veda electoral decretada.

Habiendo examinado las posiciones de todas las partes

en torno a la controversia que nos ocupa, procedemos a

resolver.

II

La

doctrina

del

stare

decisis

establece

que,

como

norma general, un tribunal debe seguir sus decisiones en

casos

posteriores,

a

fin

de

lograr

estabilidad

y

CT-2017-002

9

certidumbre legal. Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 921

(2009); Am. R.R. Co. of P.R. v. Comision Indus. de P.R. y

Angueira,

61

DPR

314,

326

(1943).

No

obstante,

dicha

doctrina ―no llega al extremo de declarar que la opinión de

un tribunal tenga el alcance de un dogma que deba seguirse

ciegamente

aun

cuando

el

tribunal

se

convenza

posteriormente que su decisión anterior es errónea‖. Am.

R.R. Co. of P.R. v. Comision Indus. de P.R. y Angueira,

supra. Véase, además, Pueblo v. Sánchez Valle, 192 DPR 594,

645 (2015). ―El propósito inspirador de la doctrina de

stare decisis es lograr estabilidad y certidumbre en la

ley, mas nunca perpetuar errores‖. Am. R.R. Co. of P.R. v.

Comision

Indus.

de

P.R.

y

Angueira,

supra,

pág.

326.

(Énfasis suplido). Así, cuando el razonamiento de una de

nuestras decisiones ya no resiste un análisis cuidadoso, no

estamos obligados a seguirlo. Rivera Ruiz v. Mun. de Ponce,

2016 TSPR 197, 196 DPR ___ (2016); Pueblo v. Díaz De León,

supra, pág. 922. En ese sentido, hemos identificado tres

circunstancias que, como excepción, justifican dejar a un

lado

un

precedente:

―(1)

si

la

decisión

anterior

era

claramente errónea; (2) si sus efectos sobre el resto del

ordenamiento son adversos, y (3) si la cantidad de personas

que confiaron en ésta es limitada‖. Rivera Ruiz v. Mun. de

Ponce, supra; Pueblo v. Sánchez Valle, supra, págs. 645646.

―El primero de estos principios dispone de la cuestión

planteada‖. Pueblo v. Sánchez Valle, supra, pág. 646. Sin

CT-2017-002

10

lugar a dudas, el caso P.P.D v. Gobernador II, supra, es

claramente erróneo. Así lo demostramos a continuación.

III

En agosto de 1994, la Asamblea Legislativa aprobó la

Ley

Habilitadora

del

Referéndum

sobre

Enmiendas

a

la

Constitución de Puerto Rico de 1994 (Ley Habilitadora del

Referéndum),

Ley

Núm.

49-1994,

16

LPRA

sec.

956

(Suprimida). Mediante esta, se autorizó la celebración de

un Referéndum para que los electores inscritos expresaran

su aprobación o rechazo a varias enmiendas propuestas a la

Constitución de Puerto Rico.

Con el propósito de impugnar la constitucionalidad de

dicha Ley y de solicitar que se le ordenara al entonces

Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Roselló González, que

detuviera

las

campañas

publicitarias

en

los

medios

de

difusión pública del país, se presentaron varias demandas

en

contra

del

Gobierno

de

Puerto

Rico

y

el

entonces

procesales,

el

Tribunal

Gobernador.

Tras

varios

incidentes

de

Primera Instancia resolvió que el Artículo 8.001 de la Ley

Electoral de Puerto Rico de 1977 (Ley Electoral de 1977),

Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, 16 LPRA sec. 3351

(ed. 2009) -el cual prohibía a las agencias del Gobierno

que

incurrieran

en

gastos

para

la

difusión

pública

―a

partir del 1ro. de enero del año en que deba celebrarse una

elección general y hasta el día siguiente a la fecha de

CT-2017-002

11

celebración de la misma‖-, era de aplicación al Referéndum.

Así, ordenó a la CEE a nombrar la JEA, para que evaluara la

necesidad

de

publicación

de

todo

anuncio

gubernamental

hasta el día del Referéndum. Fundamentó su razonamiento en

que la Ley Habilitadora del Referéndum disponía que la Ley

Electoral de 1977,

supra, aplicaría supletoriamente, en

todo aquello que fuera necesario, pertinente y compatible a

sus propósitos. Además, se basó en el principio de igualdad

económica

electoral

presuntamente

inmerso

en

la

Constitución de Puerto Rico.

Inconformes, el Gobierno de Puerto Rico y la Compañía

de Turismo recurrieron ante este Tribunal y plantearon,

entre otros asuntos, que el foro primario erró al aplicar

la veda electoral dispuesta en el referido Artículo 8.001

de la Ley Electoral de 1977, supra, al Referéndum, ya que

de

esa

forma

se

daba

al

traste

con

la

intención

legislativa.

Así las cosas, quedó sometida para la consideración de

este Tribunal la siguiente controversia: si era la voluntad

e intención de la Asamblea Legislativa que aplicara al

Referéndum

la

veda

electoral

estatuida

en

el

referido

Artículo 8.001, supra, para las elecciones generales. En

consecución de dicho objetivo, el Tribunal debía hacer un

análisis

exhaustivo

tanto

de

la

Ley

Habilitadora

del

Referéndum, supra, como de la Ley Electoral de 1977, supra.

Ello, pues es un principio de hermenéutica reconocido que

para conocer la intención legislativa es necesario analizar

CT-2017-002

12

la ley, y ―al analizar[la] se debe acudir primero al propio

texto, pues si el lenguaje es claro y libre de ambigüedad,

no debe ser menospreciado bajo el pretexto de cumplir con

su espíritu‖. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR

652, 668 (2014). Veáse, además, S.L.G. Sola-Maldonado v.

Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 691 (2011); Morell Corrada v.

Ojeda, 151 DPR 864, 877 (2000); Artículo 14 del Código

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 14.

Sin

supra,

análisis

embargo,

una

en

caso

P.P.D.

de

este

Tribunal

de

las

disposiciones

mayoría

profundo

el

que

v.

Gobernador

omitió

II,

hacer

un

legales

en

controversia.

En

vez,

y

sin

ninguno

de

los

peticionarios

impugnara

la

constitucionalidad

de

las

referidas disposiciones, confirmó la determinación del foro

primario

al

amparo

de

un

análisis

exclusivamente

constitucional. Específicamente y en lo pertinente, expresó

lo siguiente:

Resumiendo,

bajo

el

principio

constitucional de igualdad económica que permea

todo sufragio –que el Estado viene llamado a

garantizar y que este Tribunal tiene que

proteger al amparo de la Sec. 2 de la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico,

supra,

procede

que

extendamos

la

prohibición que contiene el Artículo 8.001 de la

Ley Electoral de Puerto Rico, supra, y la

apliquemos a este caso para evitar que el

Estado, mediante anuncios gubernamentales, pueda

tener una influencia en la libre expresión de

los ciudadanos en la votación, con el poder

económico que éste tiene mediante la utilización

de fondos públicos. P.P.D v. Gobernador II,

supra, págs. 926-927.

CT-2017-002

13

De lo transcrito surge que este Tribunal no auscultó

la intención de la Asamblea Legislativa y buscó en la

Constitución de Puerto Rico los fundamentos para resolver

lo que le pareció adecuado. Dicho análisis fue incorrecto.

Para empezar, esa forma de proceder infringió la norma

de

autolimitación

judicial

de

que

―[c]uando

se

puede

resolver un asunto mediante un análisis estatutario, se

hace

innecesario

considerar

el

aspecto

constitucional‖.

P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 DPR 199, 243, esc.

32

(1981).

Véase,

además,

Pacheco

v.

Srio.

Instrucción

Pública, 108 DPR 592, 601 (1979) (allí se razonó que cuando

las

partes

no

constitucional

plantean

de

un

el

aspecto

estatuto,

el

de

la

Tribunal

validez

no

está

justificado a pronunciarse sobre el particular). El hecho

de

que

este

Tribunal

sea

el

máximo

intérprete

de

la

Constitución de Puerto Rico no le da carta blanca para que

acuda

a

esta

ilimitadamente,

sin

la

correspondiente

solicitud de las partes.

Además,

la

actuación

del

Tribunal

infringió

la

doctrina de separación de poderes. Sobre el particular, los

tratadistas

Bernier

y

Cuevas

Segarra

han

expresado

siguiente:

Bajo un sistema de separación de poderes

como el que funciona en Puerto Rico, la Asamblea

Legislativa tiene la facultad de aprobar las

leyes. El Poder Judicial ejercitado por los

tribunales consiste en el ejercicio de las

facultades de resolver los litigios a través de

la interpretación de la ley. En el desempeño

normal de sus funciones, los tribunales están

lo

CT-2017-002

14

obligados a respetar la voluntad legislativa

aunque los magistrados discrepen personalmente

de la sabiduría de los actos legislativos.

Interpretar una ley en forma que sea contraria a

la

intención

del

legislador

implica

la

usurpación

por

la

Rama

Judicial

de

las

prerrogativas de la Rama Legislativa. Por tanto,

el intérprete debe abstenerse de sustituir el

criterio legislativo por sus propios conceptos

de lo justo, lo razonable y lo deseable. R.E.

Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e

Interpretación de las Leyes de Puerto Rico, 2da.

ed. San Juan, Publicaciones JTS, 1987, Vol. I,

pág. 299.2 (Énfasis suplido).

Por otro lado, no tan solo este Tribunal acudió a la

Constitución de Puerto Rico cuando no debió hacerlo, sino

que

llevó

a

desacertado,

cabo

el

un

cual

análisis

discutimos

constitucional

a

sumamente

continuación

en

dos

partes.

A.

Primero, el Tribunal hizo referencia a la Sección 2

del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, la cual

dispone que ―[l]as leyes garantizarán la expresión de la

voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual,

directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda

coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral‖.

Artículo

II,

específico,

2

Sec.

2,

Const.

razonó

que

―en

PR,

LPRA,

protección

Tomo

1.

En

del

derecho

Véase, además, Ponencia del ex Juez Presidente del Tribunal Supremo,

Hon. Federico Hernández Denton, La separación de poderes y la

interpretación constitucional en Puerto Rico, XIII Encuentro de

Presidentes y Magistrados de los Tribunales Constitucionales y de las

Salas Constitucionales de América Latina, México, 2006, págs. 8-9.

Disponible

en:

http://www.scribd.com/doc/51523764/La-Separación-dePoderes-y-la-Interpretación-Constitucional-en-Puerto-Rico-2006

(accedido, 10 de abril de 2017).

CT-2017-002

15

constitucional a la libre selección traducido en el derecho

al

sufragio‖,

debía

aplicar

la

veda

electoral

al

Referéndum. P.P.D v. Gobernador II, supra, pág. 926. Con

dicho razonamiento, este Tribunal presumió, sin prueba de

algún anuncio gubernamental, que el Gobierno de Puerto Rico

coaccionaría

a

los

electores

durante

el

Referéndum,

mediante la difusión pública. Sin embargo, eso no lo podía

presumir

el

Tribunal.

Por

considerarlas

completamente

acertadas, nos hacemos eco de las expresiones emitidas por

el ex Juez Asociado Rebollo López en su opinión disidente

en el caso P.P.D. v. Gobernador II:

Somos los primeros en admitir que siempre

existe la posibilidad de que la Rama Ejecutiva

del Gobierno de Puerto Rico —en un momento

determinado de nuestra historia de pueblo,

presente o futuro, y en relación con un evento

electoral— pueda intentar violar el referido

axioma de igualdad y coaccionar a la ciudadanía

en su prerrogativa electoral.

Ahora bien, ello no lo puede presumir la

Rama Judicial; esto es, estamos obligados a

partir de la premisa de que la Rama Ejecutiva,

de cualquier administración de Gobierno, actúa

correctamente

y

conforme

a

los

dictados

pertinentes de la Constitución y de las leyes

aplicables al asunto ante nuestra consideración.

En otras palabras, la parte que alegue y

sostenga que así no lo ha hecho la Rama

Ejecutiva tiene el peso de probarlo en una vista

judicial plenaria. Íd., pág. 936. (Énfasis en el

original).

Es decir, el Tribunal no podía especular sobre la

futura

actuación

gubernamental.

Ciertamente,

no

negamos

que los derechos consagrados en la Sección 2 del Artículo

CT-2017-002

16

II de la Constitución de Puerto Rico, supra, existen y

deben ser protegidos tanto en las elecciones generales,

como en los referéndums y los plebiscitos. Sin embargo,

ello no justifica que dichos derechos se intenten proteger

prematuramente y sin prueba de la que surja que fueron

violados. Dicha prueba no fue presentada por las partes en

el caso, por lo que este Tribunal erró al vindicar los

mencionados derechos a destiempo.

B.

Por otra parte, la mayoría del Tribunal en P.P.D v.

Gobernador

igualdad

II,

supra,

[económica

se

entre

fundamentó

los

en

el

partidos]

―axioma

de

presuntamente

inmerso en la Constitución‖. Sin embargo, dicho axioma no

existe

en

la

Constitución.

Sobre

el

particular,

el

profesor Luis M. Villaronga expresó muy acertadamente lo

siguiente:

Como

es

sabido

―axioma‖

significa

una

―[a]firmación tan evidente que es admitida por

todos sin necesidad de demostración‖. 1 María

Moliner, Diccionario de uso del español 318

(1986). Ni la Constitución de Puerto Rico ni la

de los Estados Unidos contienen tal [principio

de igualdad económica] respecto a personas en

general y mucho menos respecto a los partidos

políticos. L.

M.

Villaronga,

Derecho

Constitucional, 66 Rev. Jur. UPR 391, 402, esc.

48 (1997). (Énfasis suplido).

CT-2017-002

17

Ello lo reconoció este Tribunal en el caso Marrero v.

Mun. de Morovis, 115 DPR 643, 646 (1984),3 al expresar lo

siguiente:

Al presente, en materia electoral no se

cuestiona seriamente el postulado de igualdad

inmerso en nuestra Constitución. Históricamente

ese ideal ha cobrado vida en el esquema integral

financiero trazado por la Asamblea Legislativa

para lograr paridad económica entre los partidos

políticos y los candidatos. Este plan fue

originalmente

descrito

en

la

Asamblea

Constituyente por el delegado señor Padrón

Rivera. Abogó por el día en que ‗si queremos

unas elecciones fundamentalmente democráticas-tenemos que llegar a la conclusión de que los

partidos políticos deben ponerse en un mismo

nivel de potencialidad económica para que los

candidatos tengan la misma oportunidad de llegar

al

poder....

Y

el

Estado

debe

tener

la

obligación de poner en las mismas condiciones

económicas a todos los candidatos para que el

proceso

electoral

entrañe

puramente,

el

principio democrático‘. (Énfasis suplido.) 2

Diario

de

Sesiones

de

la

Convención

Constituyente 1401 (1952). Aunque esa aspiración

no

alcanzó

linaje

constitucional,

posteriormente, en virtud de la Ley Núm. 110 del

30 de junio de 1957 --hoy derogada-- tuvo

alumbramiento estatutario. (Énfasis suplido).

En ese sentido, resulta pertinente destacar que el ex

Juez Asociado Negrón García, quien emitió la Opinión del

Tribunal en la que, por primera vez, se hizo referencia al

mal llamado ―axioma‖,4 posteriormente admitió lo siguiente

3

Paradójicamente, el caso Marrero v. Mun. de Morovis, supra, fue

citado por la mayoría del Tribunal en el caso P.P.D. v. Gobernador II,

supra,

para

sostener

la

existencia

del

mal

llamado

axioma

constitucional.

4

El profesor José Julián Álvarez documenta lo siguiente sobre la

primera manifestación del ―axioma‖:

CT-2017-002

18

en su opinión concurrente del caso P.S.P. v. Srio. de

Hacienda, 110 DPR 313, 321 (1980) (Sentencia), a la que se

le

unieron

los

ex

Jueces

Asociados

Dávila

e

Irizarry

Yunqué:

Resueltas estas cuestiones preliminares y

despejada la vía procesal, diri[g]imos nuestra

atención a la médula del recurso: la validez del

Art. 3.017.

A manera de introito, este precepto forma

parte

integral

del

esquema

financiero

legislativo

trazado

para

lograr

paridad

económica entre los partidos políticos del país.

Este plan fue originalmente descrito en la

Asamblea Constituyente por el delegado Sr.

Padrón Rivera, quien abogó por el día en que ‗si

queremos

unas

elecciones

fundamentalmente

democráticas

-tenemos

que

llegar

a

la

conclusión de que los partidos políticos deben

ponerse en un mismo nivel de potencialidad

P.R.P. [v. ELA, 115 DPR 631 (1984)] es uno de la larga lista

de los casos en los que el Tribunal se ha referido a un supuesto

―axioma‖ o ―postulado‖ de igualdad entre los partidos políticos.

[…]. Es interesante trazar el origen de ese ―axioma‖. Su primera

manifestación fue una opinión del Tribunal emitida por el Juez

Negrón García, P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 DPR 741 (1976).

El PNP cuestionaba una orden del Tribunal Electoral para

inspeccionar sus libros y otros documentos relativos a sus

finanzas. El Tribunal concluyó que el organismo electoral deseaba

inspeccionar las finanzas de todos los partidos y sostuvo la

orden. Para justificarla, halló apoyo en el Código Electoral y

manifestó:

Es válido el axioma básico que fluye en el Código Electoral

de que el proceso político decisional puertorriqueño

responda en su realidad al mandato de igualdad consagrado

en nuestra Ley Fundamental; ello se logra imponiendo

limitaciones

al

monto

de

contribuciones

políticopartidistas. La constancia, preservación y presentación de

data e informes sobre el particular, y la oportuna

intervención y contabilidad de los mismos, son consecuencia

natural e imprescindible para garantizar el cumplimiento de

los límites legales establecidos en materia de finanzas

políticas.

Obviamente, el Tribunal resolvió que la ley se justificaba porque

perseguía el ideal de igualdad, no que sus preceptos estuvieran

compelidos

por

ese

ideal.

J.J.

Álvarez

González,

Derecho constitucional

de Puerto Rico y

relaciones

constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, ed. Temis, 2009,

págs. 965-966. (Énfasis en el original).

CT-2017-002

19

económica para que los candidatos tengan la

misma oportunidad de llegar al poder .... Y el

Estado debe tener la obligación de poner en las

mismas

condiciones

económicas

a

todos

los

candidatos para que el proceso electoral entrañe

puramente, el principio democrático‘. Diario de

Sesiones, pág. 1401. Aunque este deseo no

alcanzó linaje constitucional, posteriormente,

en virtud de la Ley Núm. 110 del 30 de junio de

1957

--hoy

derogada-tuvo

alumbramiento

estatutario. (Énfasis suplido).

Es decir, no hay duda que el principio de igualdad

económica

entre

los

partidos

no

es

de

estirpe

constitucional. Ahora bien, corresponde cuestionarse si, a

través de la Ley Núm. 110 del 30 de junio de 1957, (1957

Leyes de Puerto Rico 535-541), la cual se aprobó para

establecer

el

Fondo

Electoral,

estableció

un

principio

la

universal

Asamblea

que

Legislativa

aplicara,

no

tan

solo a la misma Ley Núm. 110, supra, sino a todas las

leyes que se aprobaran en el futuro. La respuesta a esta

interrogante es en la negativa.

La Asamblea Legislativa, en la Exposición de Motivos

de la Ley Núm. 110, supra, expresó únicamente sus razones

para establecer el Fondo Electoral. Específicamente y en

lo pertinente, indicó:

Es principio universalmente reconocido que

los

partidos

políticos

son

instrumentos

necesarios a la democracia para que a través de

ellos el pueblo pueda respaldar programas y

expresar mandatos con relación a su gobierno.

Todos los partidos democráticos, mayoría y

minoría, cumplen estas funciones: los de la

mayoría en respaldo a la obra de gobierno que

representa la opinión mayoritaria, pero que debe

ser llevada a cabo en beneficio de todo el

CT-2017-002

20

pueblo, sin distinción partidista; los de la

minoría para que expresen el punto de vista de

otra parte del pueblo con miras a tratar de

convencer a una mayoría de ciertos fines

distintos en ciertas formas diferentes, y velar

porque el programa respaldado por la mayoría sea

en efecto administrado con igualdad para todos.

Por tales razones, es de profundo interés

público el que los partidos políticos puedan

estar libres de control por fuerzas económicas,

privadas o gubernamentales, que al hacerse

necesarios

para

el

financiamiento

de

las

actividades legitimas normales de los partidos

políticos,

puedan

adquirir

sobre

ellos

un

control o influencias contrarios a la idea

democrática, a la libertad política del pueblo

en general y el funcionamiento genuino de la

democracia.

Es por eso que la asamblea legislativa

considera sabio el que por una parte, se

prohíban grandes contribuciones financieras a

los partidos políticos, y, por otra, se les

provea

a

estos

organismos

democráticos

de

algunos fondos adecuados para el cumplimiento de

sus funciones más esenciales, independientemente

del deber que cada ciudadano tiene de contribuir

al sostenimiento de su colectividad política con

pequeñas cantidades compatibles con sus ingresos

y con las normas que cada partido adopte dentro

de los propósitos y fines de esta ley.

De lo transcrito, solamente surge la preocupación de

la

Asamblea

Legislativa

de

que

los

partidos

políticos

estuvieran a merced de las fuerzas económicas, la cual

atendió con la creación del Fondo Electoral. De ninguna

parte se desprende el principio de que todos los partidos

debían ser iguales en materia económica. Por tanto, no es

correcto

seguir

ilimitado

de

aplicando

igualdad

un

principio

económica

entre

universal

los

e

partidos

CT-2017-002

21

políticos, que no fue establecido en tantas palabras por

la Asamblea Legislativa al aprobar la Ley Núm. 100, supra.

Sin embargo, este Tribunal, en P.P.D. v. Gobernador

II,

supra,

aplicó

dicho

principio

automáticamente

y

lo

elevó a rango constitucional. Ello se debe a que ―[a]

través de los

años ha surgido

Constitución,

no

en

sus

una tendencia a

propios

términos,

ver la

sino

a

transformarla en un documento político en apoyo de una

postura‖. R. Martínez Torres, El originalismo como método

de

interpretación

constitucional

y

el

principio

de

separación de poderes, 49 Rev. Jur. UIPR 249, 249 (2015).

Ciertamente,

―se

ha

utilizado

la

facultad

de

la

Rama

Judicial de ser la máxima intérprete de la Constitución

para

extender

indebidamente

el

significado

de

ese

documento magno, con el propósito de inventarse derechos

inexistentes, sin tener que aprobar una ley a esos efectos

ni enmendar la Constitución‖. Íd., págs. 249-250. (Énfasis

suplido).

Por

último,

indebidamente

Tribunal

el

en

además

presunto

P.P.D.

de

constitucionalizar

―principio‖,

v.

Gobernador

la

mayoría

II,

del

supra,

constitucionalizó la veda electoral y la JEA, a pesar de

que estas son de creación estatutaria. Es decir, creó el

derecho

constitucional

a

que

se

aplique

la

veda

y

se

active la JEA en procesos electorales distintos al que la

Asamblea Legislativa claramente contempló en el Artículo

8.001

de

la

Ley

Electoral

de

1977,

supra.

Esto,

para

CT-2017-002

22

evitar que el Gobierno, mediante la utilización de fondos

públicos en anuncios gubernamentales, pudiera ejercer una

influencia en la votación de los ciudadanos durante el

Referéndum.

Ahora bien, este Tribunal no tenía que elevar a rango

constitucional disposiciones estatutarias para atender la

mala utilización gubernamental de fondos públicos fuera

del

año

en

que

se

celebran

Ciertamente,

el

Tribunal

las

ignoró

elecciones

la

generales.

existencia

de

la

Sección 9 del Artículo VI de la Constitución de Puerto

Rico, el cual establece que ―[s]ólo se dispondrá de las

propiedades y fondos públicos para fines públicos y para

el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del

Estado, y en todo caso por autoridad de ley‖. Artículo VI,

Sec. 9, Const. de PR, supra. Mediante dicha disposición,

nuestra Asamblea Constituyente atendió la preocupación del

mal uso gubernamental de fondos públicos durante todo el

cuatrienio. En ese sentido y en virtud de que el Artículo

8.001 de la Ley Electoral del 1977, supra, solo aplicaba a

las elecciones generales, las partes en el caso P.P.D. v.

Gobernador II, supra, debieron haber presentado, de tener

prueba para ello, un injunction para vindicar sus derechos

al amparo de la referida Sección 9 de la Constitución de

Puerto Rico, supra.

IV

Del anterior análisis surge con total claridad que la

normativa establecida en P.P.D. v. Gobernador II, supra, es

CT-2017-002

claramente

23

errónea

y

debe

revocarse.

Sin

embargo,

la

opinión disidente de este Tribunal pretende evadir este

resultado por ―la difícil situación fiscal‖. Ello dista de

lo que debe motivar la revocación de una norma. Si la norma

es errónea, no debemos ―dudar en rectificar y dejar[la] sin

efecto‖,

pues

no

estamos

―investidos

del

don

de

la

infalibilidad‖. Rondón v. The Aetna Cas. & Sur. Co., 56 DPR

439, 456 (1940). ―Persistir en el error para realzar la

consistencia de lo decidido constituiría una abdicación del

deber que tenemos, como tribunal apelativo, de impartir

justicia y de pautar el derecho‖. Reyes Corano v. Dir.

Ejecutivo, 110 DPR 40, 42 (1980).

En virtud de dicho deber, a continuación, procederemos

a examinar si fue la intención de la Asamblea Legislativa no la nuestra-, que las disposiciones del Artículo 12.001

de la Ley Electoral de 2011, supra, aplicaran a la consulta

de estatus que autoriza la Ley para la Descolonización,

supra.

Para

lograr

dicho

objetivo,

aplicaremos

lo

que

corresponde en derecho, sin sujeción al erróneo precedente.

V

A.

De

poderes,

conformidad

con

no

perder

podemos

la

doctrina

de

de

separación

perspectiva

que

de

nuestra

función es determinar qué quiso decir el legislador y no

qué

nosotros

hubiéramos

querido

que

se

dijera.

Aquino

González v. AEELA, 182 DPR 1, 39 (2011); R.E. Bernier y

CT-2017-002

24

J.A. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 241. Para cumplir con

esa función, ―los tribunales deben interpretar la ley como

un ente armónico, dándole sentido lógico a sus diferentes

secciones‖. Aquino González v. AEELA, supra, pág. 40. Así,

debemos interpretar íntegramente las disposiciones de la

ley y no de manera aislada. Íd.; R.E. Bernier y J.A. Cuevas

Segarra, op. cit., pág. 315. La interpretación que le demos

finalmente al precepto legal no puede conllevar el absurdo

de

dejar

sin

efecto

–o

sin

sentido

coherente-

otras

disposiciones de la ley ante nuestra consideración. Véase

Cabassa

v.

Bravo,

21

DPR

185,

186

(1914)

(―debemos

interpretar la ley dándole efecto a todas sus disposiciones

sin omitir ninguna‖); véase, además, López Rosas v. CEE,

161 DPR 527, 535-536 (2004). Esta norma está predicada en

la armoniosidad que deben presentar las disposiciones de la

ley –y la ley en sí- ante nuestra consideración. Después de

todo,

no

podemos

presumir

que

la

Asamblea

Legislativa

promulgó una ley con disposiciones inconsistentes.

Por

otro

lado,

sabido

es

que

el

texto

claro

e

inequívoco de la ley constituye la expresión por excelencia

de la intención del legislador. Romero Barceló v. ELA, 169

DPR 460, 476-477 (2006); Alejandro Rivera v. ELA, 140 DPR

538, 544-545 (1996). Cuando estamos ante una ley que cumple

con esta característica, no podemos menoscabar la expresión

del Asamblea Legislativa, so pretexto de cumplir con la

intención

legislativa.

Artículo

14

del

Código

Civil

de

Puerto Rico, supra. (―Cuando la ley es clara libre de toda

CT-2017-002

25

ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo

el pretexto de cumplir su espíritu‖); Romero Barceló v.

ELA, supra, pág. 477 (―cuando una ley es clara y no es

ambigua no hay necesidad de mirar más allá de la letra en

búsqueda de la intención legislativa‖); Atlantic Pipe Corp.

v. FSE, 132 DPR 1026, 1030 (1993). Ante este postulado, no

podemos incluir escenarios en un estatuto que no están

dentro de la razón del precepto en cuestión. R.E. Bernier y

J.A. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 246.5 Por lo tanto,

―[d]ebemos

descubrir

y

darle

efecto

a

la

intención

expresada mediante la letra de la ley‖. Romero Barceló v.

ELA, supra, pág. 477.

Asimismo, ―[c]uando el lenguaje de la ley es claro e

inequívoco, nuestra responsabilidad es respetar la voluntad

legislativa,

independientemente

de

nuestro

criterio

personal‖. Delgado Hernández, Ex Parte, 165 DPR 170, 192

(2005), haciendo referencia a Alonso García v. SLG, 155 DPR

91 (2001); Lasalle v. Junta Dir. ACAA, 140 DPR 694 (1994);

Silva v. Adm. Sistemas de Retiro, 128 DPR 256 (1991). Es

decir,

al

interpretar

la

ley,

los

tribunales

deben

abstenerse ―de sustituir el criterio legislativo por sus

propios

conceptos

de

lo

justo,

razonable

y

deseable‖.

Aquino González v. AEELA, supra, pág. 40. ―[E]sto requiere

de los tribunales de justicia el mayor grado de disciplina

al aplicar una ley‖. Sánchez Díaz v. ELA, 181 DPR 810, 822

5

Véase Morales Torres v. Tribunal Superior, 99 DPR 459 (1970); Cardona

v. Com. Industrial, 57 DPR 397, 399 (1940).

CT-2017-002

26

(2011). Después de todo, la Asamblea Legislativa es la

llamada a ―determinar cuál deb[e] ser la política pública

que encarnen nuestras leyes‖. Delgado Hernández, Ex Parte,

supra, pág. 192. Consecuentemente, ―[e]l juzgador no puede

sustituir su sentido de justicia por la letra clara del

estatuto‖. Delgado Hernández, Ex Parte, supra, pág. 193;

Berrocal v. Tribunal de Distrito, 76 DPR 38, 92 (1954).

Nosotros

los

Jueces,

práctica

de

acudir

incluso,

a

debemos

preceptos

evitar

la

mala

constitucionales

como

fundamento para enmendar las leyes. En el ejercicio de

nuestra función, debemos mantenernos ―siempre dentro del

ámbito judicial, sin incursiones indebidas en la esfera

legislativa‖. Caguas Bus Line, Inc. v. Sierra, Comisionado,

73 DPR 743, 750 (1952); R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra,

op. cit., pág. 299.

En

este

caso,

el

lenguaje

claro

e

inequívoco

del

estatuto postula un solo significado y, consiguientemente,

―un sentido cabal de humildad y autodisciplina requiere la

aplicación de la voluntad legislativa‖ según establecida en

el propio precepto legal. Alejandro Rivera v. ELA, supra,

pág. 545. Véanse, además, Cotto v. Depto. de Educación, 138

DPR 658, 662 (1995); Atlantic Pipe Corp. v. FSE, supra.

Veamos.

B.

El Artículo XIII de la Ley para la Descolonización,

supra, dispone que

CT-2017-002

27

[l]as prohibiciones y delitos relacionados con la

celebración de esta consulta, se regirán por las

disposiciones establecidas en la Ley 78-2011,

según enmendada, conocida como ‗Ley Electoral de

Puerto Rico‘ y por la Ley 222-2011, conocida como

‗Ley para la Fiscalización del Financiamiento de

Campañas Políticas en Puerto Rico‘, excepto cuando

sean

improcedentes

o

incompatibles

con

las

disposiciones de esta Ley o cuando esta Ley

dispone delito o penalidad específica. (Énfasis

suplido).

Aunque la disposición que establece la veda electoral

está

contenida

entre

las

prohibiciones

y

delitos

que

dispone la Ley Electoral de 2011, supra, ello no la hace

aplicable automáticamente al proceso plebiscitario o al

referéndum que autoriza la Ley para la Descolonización,

supra. Según parece ignorar la opinión disidente del Juez

Asociado señor Colón Pérez, nótese que la aplicación del

precepto

estatutario

que

impone

la

veda

electoral

está

sujeta a que eso no sea incompatible o improcedente ante la

celebración

del

plebiscito

referéndum.6

Por

tanto,

o,

procede

de

ser

que

necesario,

analicemos

el

dicho

precepto.

6

No se trata meramente de que la aplicación de la veda electoral sea

necesaria o pertinente como expresa la opinión disidente del Juez

Asociado señor Colón Pérez al referirse al Artículo 11.001 de la Ley

Electoral de 2011, 16 LPRA sec. 4211. El referido Art. 11.001

establece

subsidiariamente

que:

―Todo

referéndum,

consulta

o

plebiscito que se celebre en Puerto Rico se regirá por la ley especial

que a tal fin se apruebe y por las disposiciones de este subtítulo en

todo aquello necesario o pertinente para lo cual dicha ley especial no

disponga‖. Íd. (Énfasis suplido).

No obstante, conforme dispuso la Asamblea Legislativa en la Ley

para la Descolonización, supra, la condición para que proceda la

aplicación del Art. 12.001 de la Ley Electoral de 2011, supra, es que

éste sea compatible y procedente ante la celebración del plebiscito y,

en su caso, el referéndum. Las disposiciones de una ley no se pueden

leer a medias. Incluso, aun cuando la Ley para la Descolonización,

supra, no hubiera dispuesto nada, el Art. 12.001 de la Ley Electoral

de 2011, supra, no debe extenderse al proceso plebiscitario por no

tratarse de una elección general. Como explicaremos, el legislador

CT-2017-002

28

El Artículo 12.001 de la Ley Electoral de 2011, supra,

mediante

el

cual

la

Asamblea

Legislativa

incorporó

en

nuestro ordenamiento jurídico la llamada veda electoral,

dispone de la manera siguiente:

Durante el año en que se celebre una

elección general y hasta el día siguiente a la

fecha de la celebración de la misma, se prohíbe a

las agencias del Gobierno, a la Asamblea

Legislativa y a la Rama Judicial de Puerto Rico

incurrir en gastos para la compra de tiempo y

espacio en los medios de comunicación, así como

para la compra y distribución de materiales

propagandísticos o promocionales con el propósito

de exponer sus programas, proyectos, logros,

realizaciones,

proyecciones

o

planes.

Se

exceptúan de esta disposición aquellos avisos y

anuncios de prensa expresamente requeridos por

ley; las campañas de la Compañía de Turismo para

promoción del turismo interno, campañas de

promoción fuera de Puerto Rico por parte de la

Compañía de Turismo de Puerto Rico o la Autoridad

de Distrito del Centro de Convenciones de Puerto

Rico promocionando a la isla de Puerto Rico como

destino turístico, o la Compañía de Fomento

Industrial

promocionando

la

inversión

del

extranjero en Puerto Rico, siempre que no

incluyan

relaciones

de

logros

de

la

administración o la corporación ni se destaque la

figura de ningún funcionario. Además, se excluyen

las notificaciones o convocatorias para procesos

de vistas públicas legislativas o administrativas

que se publique y circule sin usar los medios de

difusión masiva pagados.

Asimismo, se exceptúan de la anterior

disposición aquellos anuncios que sean utilizados

para difundir información de interés público,

urgencia o emergencia, los cuales sólo serán

permitidos previa autorización al efecto de la

Comisión.

[…]

La violación de este Artículo conllevará a

la agencia o dependencia gubernamental una multa

administrativa de hasta diez mil (10,000) dólares

por la primera infracción y hasta veinticinco mil

estableció

generales.

este

proceso

en

la

CEE

únicamente

para

las

elecciones

CT-2017-002

29

(25,000) dólares por infracciones subsiguientes.

Los fondos que se obtengan bajo este concepto,

pasarán a formar parte del Fondo especial para el

financiamiento de los gastos de automatización de

los procesos electorales, según se dispone en el

Artículo 3.001 de esta Ley. 16 LPRA sec. 4231.

(Énfasis suplido).

Particularmente,

12.001,

supra,

legislativo.7

fue

Luego

Representantes,

en

la

primera

objeto

de

de

ser

el

Senado

parte

alteración

aprobado

se

del

Artículo

en

el

trámite

la

Cámara

de

texto

la

por

agregó

a

su

expresión siguiente: ―Durante el año en que se celebre una

elección general y hasta el día siguiente a la fecha de la

celebración de la misma‖.8 Véase Informe Comisión Especial

sobre

Reforma

Informe

Gubernamental

emitido

el

10

de

del

Senado:

noviembre

de

Entrillado

del

2010.

esa

Con

adición fue aprobada finalmente la Ley Electoral de 2011,

supra.

De una lectura del precitado artículo, podemos notar

que en este se hace alusión expresa al ―año en que se

celebre una elección general‖. Así pues, nuestra función

principal

en

este

caso

es

determinar

si

la

Asamblea

7

El texto original del proyecto de ley, según aprobado por la Cámara

de Representantes y enviado al Senado, disponía en su primera oración

lo siguiente:

Se prohíbe a las agencias del Gobierno de Puerto Rico

a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a la Rama

Judicial incurrir en gastos para la compra de tiempo y

espacio en los medios de comunicación y así como para

compra y distribución de materiales propagandísticos o

promocionales con el propósito de exponer sus programas,

proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes.

Sustituto de la Cámara al P. de la C. 1863 de 8 de marzo de

2011, 3ra Sesión Ordinaria, 16ta Asamblea Legislativa, pág.

188.

8

Íd.

CT-2017-002

30

Legislativa

incluyó

dentro

del

concepto

de

―elecciones

generales‖ la celebración de un plebiscito o un referéndum

como

el

que

instituye

la

Ley

para

la

Descolonización,

supra, para que, de este modo, sea procedente la aplicación

del Artículo 12.001 de la Ley Electoral de 2011, supra, a

dicha consulta de estatus.

Al

hacer

―elección

una

interpretación

general‖,

no

de

podemos

qué

constituye

presumir

que

una

los

legisladores incluyeron disposiciones o palabras inútiles

en la ley. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, op. cit.,

pág. 333. Es decir, no podemos partir de la premisa que la

Asamblea Legislativa hizo expresiones o aclaraciones que no

tienen

ningún

sentido

o

función

ejercicio

de

en

el

estatuto

que

promulgaron.

En

el

nuestra

función

y

en

el

cumplimiento de nuestro deber, no podemos ignorar que la

propia

Ley

Electoral

de

2011,

supra,

contiene

una

disposición en la que se definen varios conceptos que los

legisladores

consideraron

importantes

delimitar.

Particularmente, la Asamblea Legislativa tomó de su tiempo

para

establecer

el

significado

del

término

―elecciones

generales‖. Al así hacerlo, aclaró que cuando se refirieran

a

ellas

en

la

Ley

Electoral

de

2011,

supra,

debía

entenderse que se trataba del ―[p]roceso mediante el cual

cada

cuatro

años

los

electores

seleccionan

a

los

funcionarios que ocuparán cargos públicos electivos en el

CT-2017-002

31

Gobierno de Puerto Rico incluyendo gobernador, comisionado

residente, legisladores estatales, alcaldes y legisladores

municipales‖. Artículo 2.003 de la Ley Electoral de 2011,

supra.

(Énfasis

suplido).9

De

este

modo,

la

Asamblea

Legislativa evitó que utilizáramos nuestro propio criterio

o tuviéramos que acudir a fuentes alternas o exteriores

para encontrar el significado de lo que quiso decir. Por su

pertinencia, estamos impedidos de hacer caso omiso a este

articulado. Véase ACAA v. Yantín, 103 DPR 59, 62 (1974).

Debemos notar que expresamente la Ley Electoral de

2011, supra, establece que en las elecciones generales ―los

electores

seleccionan

a

los

funcionarios

que

ocuparán

cargos públicos electivos en el Gobierno de Puerto Rico‖.

Íd.

Asimismo,

hay

que

resaltar,

inclusive,

que

la

ley

limita expresamente las elecciones generales al proceso

electoral que se celebra ―cada cuatro años‖, a diferencia

de su antecesora la Ley Electoral de Puerto Rico de 1977. A

esta

definición

y

a

la

aclaración

realizada

por

la

legislatura debe dársele su correspondiente significado y

efecto al interpretar la ley.

9

Véase, además, la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de

Campañas Políticas en Puerto Rico, Ley Núm. 222-2011, según enmendada,

16 LPRA sec. 621(28). Esta disposición define ―elecciones generales‖

como

aquel proceso mediante el cual el primer martes, después

del primer lunes del mes de noviembre, cada cuatro años,

los electores seleccionan a los funcionarios que han de

ocupar los cargos públicos electivos en el Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, incluyendo gobernador, comisionado

residente, legisladores estatales, alcaldes y legisladores

municipales. Íd.

CT-2017-002

32

Como indicamos anteriormente, no podemos presumir que

la Asamblea Legislativa incluyó en las leyes expresiones y

aclaraciones

inútiles.

De

hecho,

si

sustituimos

la

expresión ―elección general‖ por la definición provista por

el

propio

legislador,

la

primera

oración

del

Artículo

12.001 de la Ley Electoral de 2011, supra, leería como

sigue:

Durante el año en que se celebre un [proceso

mediante el cual cada cuatro años los electores

seleccionan a los funcionarios que ocuparán

cargos públicos electivos en el Gobierno de

Puerto Rico incluyendo gobernador, comisionado

residente, legisladores estatales, alcaldes y

legisladores

municipales]

y

hasta

el

día

siguiente a la fecha de la celebración de[l]

mism[o], se prohíbe a las agencias del Gobierno,

a la Asamblea Legislativa y a la Rama Judicial

de Puerto Rico incurrir en gastos para la compra

de

tiempo

y

espacio

en

los

medios

de

comunicación,

así

como

para

la

compra

y

distribución de materiales propagandísticos o

promocionales con el propósito de exponer sus

programas,

proyectos,

logros,

realizaciones,

proyecciones o planes.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa dispuso de un

concepto que utilizaría a través de la Ley Electoral de

2011,

supra,

para

refiriéndose

tanto

aquellas

a

ocasiones

elecciones

en

que

estuviera

generales,

como

a

plebiscitos, a referéndums, a consultas al electorado, a

elecciones

especiales

y

a

primarias.

Véase

Artículo

2.003(29) de la Ley Electoral de 2011, supra, 16 LPRA sec.

4003(29). En ese supuesto, dispuso que se referiría a ellas

solamente

como

―elección‖

o

―elecciones‖.

Íd.

Además,

incluyó una definición distinta y separada de ―plebiscito‖

CT-2017-002

33

y de ―referéndum‖. Estableció que un plebiscito es aquel

―[m]étodo

Puerto

mediante

Rico

para

el

cual

consulta

se

somete

al

electorado

de

electoral,

la

alternativa

de

escoger su preferencia entre varias opciones sobre un mismo

asunto

de

limitarse

ordenamiento

a,

la

relación

político

incluyendo,

política

entre

pero

Puerto

sin

Rico

y

Estados Unidos de América‖. Íd., inciso (82). Por su parte,

estatuyó que el referéndum era el proceso ―mediante el cual

se

somete

al

electorado

de

Puerto

Rico

para

consulta

electoral directa la aprobación o rechazo de una o varias

propuestas específicas sobre políticas públicas a adoptarse

o

legislación

a

ponerse

en

vigencia

sobre

asuntos

de

interés general‖. Íd., inciso (86).

Si la intención de la Asamblea Legislativa hubiese

sido

incluir

los

plebiscitos

dentro

de

la

prohibición

contenida en el Artículo 12.001 de la Ley Electoral de

2011, supra, hubiera bastado con referirse a la ―elección‖

o las ―elecciones‖. Esto, ya que, conforme se definió en la

ley, ese solo concepto incluye, entre otras cosas, los

referéndums y los plebiscitos. Como puede notarse, tanta

fue la distinción que realizó la Asamblea Legislativa que,

al establecer el significado de cada concepto, la sola

adición de una palabra alteraría su significado.

No se trata de un escenario en que se pueda señalar

que la Asamblea Legislativa no pudo prever la utilización

de cierta palabra e inadvertidamente omitió su inclusión en

CT-2017-002

34

la disposición de ley. En la Ley Electoral de 2011, supra,

el legislador incluyó referencia expresa a los plebiscitos

y a los referéndums en varias de sus disposiciones.10 No

obstante, en el Artículo 12.001 de la Ley Electoral de

2011, supra, no se hace mención de estos. Evidentemente, la

Asamblea Legislativa únicamente se refirió a la ―elección

general‖. La referencia específica a este evento electoral

excluye otros eventos no incluidos en el referido concepto

por la propia Asamblea Legislativa.

Además,

una

lectura

minuciosa

del

propio

Artículo

12.001 de la Ley Electoral de 2011, supra, demuestra que la

intención de la Asamblea Legislativa fue evitar que el

Gobierno en el poder pudiera tomar ventaja en el año en que

se

celebrara

una

elección

general

para

promocionar

sus

logros, proyectos, programas, realizaciones, proyecciones o

planes para obtener la victoria de sus funcionarios. A esta

conclusión abunda, incluso, la excepción contenida en el

Artículo 12.001 de la ley; específicamente al disponer que

las agencias mencionadas en el Artículo están exceptuadas

―siempre

que

no

incluyan

relaciones

de

logros

de

la

administración o la corporación ni se destaque la figura de

ningún funcionario‖. Véase 16 LPRA sec. 4231.

10

Para conocer varias disposiciones sobre este particular, véanse:

Arts. 3.003 (16 LPRA sec. 4013) (distingue periodos de reuniones de la

Comisión conforme el evento electoral), Art. 3.015 (16 LPRA sec.

4025); Art. 9.003 (16 LPRA sec. 4143) (establece los días feriados

para una elección general y distingue lo que sucede en el caso de un

referéndum, plebiscito, consulta o elección especial); Art. 9.013 (16

LPRA sec. 4153); Art. 10.019 (16 LPRA sec. 4209); Arts. 11.001-11.010

(16 LPRA secs. 4211-4220).

CT-2017-002

35

Asimismo, concluir que la expresión ―elección general‖

incluye la celebración de un plebiscito sería quitarles

efecto a varias de las disposiciones de la propia Ley

Electoral

9.004

de

dispone

2011,

supra.

Particularmente,

que

―[e]l

propósito

de

el

las

Artículo

Elecciones

Generales es la elección de todos los funcionarios en el

Gobierno de Puerto Rico que conforme la Constitución de

Puerto Rico y otras leyes especiales‖. 16 LPRA sec. 4144.

De

igual

manera,

el

Artículo

9.001

establece

que

la

elección general es la que se celebra cada cuatro años.

Íd., sec. 4141. Por ello, hacer extensible el plebiscito o

-de ser necesario- el referéndum dentro de la referencia a

la ―elección general‖ resultaría en un contrasentido.11

Lo más lógico y razonable, conforme surge claramente

de

la

Ley

Electoral

para

de

la

2011,

Descolonización,

supra,

supra,

y

–interpretadas

armoniosamente

y

sin

dejar

sin

efecto

disposiciones-

es

que

las

prohibiciones

ninguna

y

la

Ley

íntegra,

de

sus

delitos

que

aplican a la consulta de estatus son aquellas que resultan

compatibles y procedentes porque no se establecieron para

11

Para otras disposiciones que no tendrían sentido si el concepto de

elecciones generales incluyera un plebiscito o un referéndum, véanse,

además: Arts. 5.008, 6.012, 6.013, 6.016, 7.001, 7.014, 8.001, 8.004,

8.005, 8.007, 8.009, 8.012, 8.023, 9.001, 9.010, 9.011, 9.044, 10.013,

10.015 y 10.019 de la Ley Electoral de 2011, supra, 16 LPRA secs.

4048, 4072, 4073, 4076, 4091, 4104, 4111, 4114, 4115, 4117, 4119,

4122,

4133,

4141,

4150,

4151,

4184,

4203,

4205

y

4209,

respectivamente.

CT-2017-002

36

una elección general u otro evento electoral distinto a un

plebiscito o un referéndum.12

Como mencionamos, en nuestra función interpretativa no

podemos ignorar el lenguaje claro y expreso de la ley.

Tampoco

podemos

Legislativa

le

ignorar

el

significado

otorgó

a

cada

que

término

la

Asamblea

que

debemos

interpretar. La Ley Electoral de 2011, supra, claramente

dispone que la veda electoral únicamente es aplicable en el

año en que se celebra una elección general y, por ende,

según definida, al evento electoral celebrado cada cuatro

años en que los electores eligen a los funcionarios que

ocuparán

los

cargos

públicos

electivos

del

Gobierno

de

Puerto Rico.

VI

Con relación a la opinión disidente del Juez Asociado

señor Colón Pérez, es necesario hacer los planteamientos

siguientes.

Lamentablemente,

la

opinión

disidente

del

Juez

Asociado señor Colón Pérez intenta repetir el error que

cometimos hace más de dos décadas. En vez de llevar a cabo

un análisis correcto de la disposición que estaba llamada a

interpretar, se ampara en la Constitución -y en el erróneo

12

Por ejemplo, serían aplicables los Arts. 12.003, 12.005, 12.006,

12.009, 12.024 de la Ley Electoral de 2011, supra, 16 LPRA secs. 4233,

4235, 4236, 4239, 4253a, respectivamente, entre otros.

CT-2017-002

37

precedente que hizo lo mismo- para llegar al resultado que

le parece conveniente.

A pesar de que el texto del Artículo 12.001 de la Ley

Electoral, supra, es claro, la opinión disidente del Juez

Asociado

señor

Colón

Pérez

decide

ignorarlo.

Específicamente, concluye que ―la activación de la veda

electoral

para

la

difusión

de

anuncios

gubernamentales

contenida en el Artículo 12.001 de la Ley Núm. 78-2011, no

solo se limita a la celebración de elecciones generales,

como

pretende

sugerir

su

texto‖.

De

este

modo,

omite

utilizar el principio básico de hermenéutica que establece

que cuando la ley es clara, la letra de ella no debe ser

menospreciada bajo el pretexto de cumplir con su espíritu.

Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico, supra.

No tan solo hace a un lado el texto del Artículo

12.001 de la Ley Electoral de 2011, supra, sino que lo

descarta al amparo del mal llamado axioma constitucional de

igualdad económica entre los partidos. Según discutimos,

dicho axioma no es de linaje constitucional y no podemos

seguir perpetuándolo como tal. Ciertamente reconocemos que

después de ―haber estado en vigor durante muchos años las

constituciones

y

interpretados

por

los

las

estatutos

y

cortes

en

de

haber

varios

sido

casos,

inevitablemente la tendencia es a leer los casos y no la

constitución o el estatuto en sí cuando surge una cuestión

sobre su alcance‖. Pérez v. Tribunal de Distrito y Puig,

CT-2017-002

38

Interventores, 69 DPR 4, 12 (1948). No obstante, ello no

puede ser razón para que inmortalicemos errores.

Definitivamente,

Constitución

para

estamos

reconocer

impedidos

de

derechos

utilizar

la

inexistentes.

R.

Martínez Torres, op. cit., pág. 249. Sin embargo, en la

opinión

disidente

del

Juez

Asociado

señor

Colón

Pérez,

cometiendo el mismo desacierto que en P.P.D. v. Gobernador

II, supra, no únicamente se constitucionaliza el principio

de igualdad electoral económica, sino que como resultado se

constitucionaliza la JEA, la cual, como discutimos, es de

creación

estatutaria.

intenta

atribuir

Específicamente,

Además,

facultades

la

se

a

va

la

más

JEA

opinión disidente

allá

que

y

se

no

le

tiene.

del Juez Asociado

señor Colón Pérez expresa lo siguiente: ―se debe activar la

J.E.A.

como

filtro

para

determinar

si

las

agencias

adscritas al Poder Ejecutivo pueden o no incurrir en gastos

de fondos públicos en la publicación de anuncios; además de

cerciorarse

matizados

de

por

que

los

posturas

referidos

anuncios

político-partidistas‖.

no

En

estén

ese

sentido, procura incorporar, mediante jurisprudencia, una

Junta para controlar el gasto fiscal en la publicación de

anuncios, en vista de la situación económica de Puerto

Rico. Ello es improcedente. La JEA solo está facultada para

evaluar los anuncios y no los gastos en los que incurra el

Gobierno de Puerto Rico.

CT-2017-002

39

Ciertamente, la situación económica de Puerto Rico es

preocupante. Empero, le corresponde al Gobierno de Puerto

Rico y a la Asamblea Legislativa atender dicha situación. A

nosotros solo nos corresponde aplicar el derecho. Si la

Asamblea Legislativa entiende que la veda electoral debe

aplicar

al

proceso

plebiscitario

que

se

avecina,

le

corresponde a esta enmendar el Artículo 12.001 de la Ley

Electoral de 2011, supra. Este Tribunal no puede, por fiat

judicial, extender dicha aplicación porque parece justo. La

doctrina de separación de poderes nos lo impide.

VII

Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos que es

improcedente

activar

la

veda

electoral

contenida

en

el

Artículo 12.001 de la Ley Electoral de 2011, supra, ante la

consulta

de

estatus

Descolonización,

supra.

que

En

autoriza

la

consecuencia,

Ley

para

la

revocamos

la

Resolución Núm. CEE-RS-17-07 emitida por la CEE.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Norma E. Burgos

Andújar, Comisionada

Electoral del Partido

Nuevo Progresista

Certificación

Intrajurisdiccional

Recurrida

v.

Comisión Estatal de

Elecciones, por

conducto de su

Presidenta, Liza García

Vélez; Comisionado

Electoral Interino del

Partido Popular

Democrático, Miguel

Ríos Torres;

Comisionada Electoral

Designada del Partido

Independentista

Puertorriqueño, María

de Lourdes Santiago

Recurridos

Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, por

conducto de la

Secretaria de Justicia,

Hon. Wanda Vázquez

Garced

Recurridos

Senado de Puerto Rico,

por conducto de su

Presidente Hon. Thomas

Rivera Schatz, y su

Secretario Manuel

Torres Nieves;

Cámara de

Representantes de

Puerto Rico, por

conducto de su

Presidente Hon. Carlos

Méndez Nuñez y su

Secretaria Ayleen

Figueroa Vázquez

Peticionarios

CT-2017-002

CT-2017-002

2

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam

que antecede, resolvemos que es improcedente activar la veda

electoral contenida en el Artículo 12.001 de la Ley

Electoral de Puerto Rico, Ley Núm. 78-2011, ante la consulta

de estatus que autoriza la Ley para la Descolonización

Inmediata de Puerto Rico, Ley Núm. 7-2017. En consecuencia,

revocamos la Resolución Núm. CEE-RS-17-07 emitida por la

CEE.

Notifíquese inmediatamente mediante correo electrónico y

por la vía ordinaria.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión

disidente. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

emitió una Opinión disidente. El Juez Asociado señor

Estrella Martínez emitió una Opinión disidente. El Juez

Asociado señor Colón Pérez emitió una Opinión disidente.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Norma E. Burgos Andújar,

Comisionada Electoral del

Partido Nuevo Progresista

Recurridos

v.

Comisión

Estatal

de

Elecciones por conducto de

su Presidenta, Liza García

Vélez y otros

CT-2017-0002

Recurridos

Certificación

Intrajurisdiccional

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico por conducto de

la Secretaria de Justicia,

Wanda Vázquez Garced

Recurridos

Senado de Puerto Rico, por

conducto de su Presidente,

Hon. Thomas Rivera Schatz y

otros

Peticionarios

Opinión di

RODRÍGUEZ

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017.

“Una Constitución no establece, ni debe

establecer, normas para la hora

que pasa, sino principios para

un futuro que se expande”.13

Una

doctrina

resuelta

por

este

Tribunal

―no

debe

ser

variada a menos que sea tan manifiestamente errónea que no

pueda

13

sostenerse

sin

violentar

la

razón

y

la

justicia‖.

PIP v. CEE, 120 DPR 580, 613 (1988)(citando a B.M. Cardozo, La naturaleza

de la función judicial, Buenos Aires, Eds. Arayú, 1955, pág. 64).

CT-2017-0002

Capestany

2

v.

Capestany,

66

DPR

764,

767

(1946).

Al

parecer, una mayoría de este Tribunal considera que el

axioma constitucional de igualdad electoral consagrado

en nuestra jurisprudencia violenta sus nociones ofuscas

de razón y de justicia. Bajo esa impresión maltrecha de

lo que significa una sociedad verdaderamente democrática

e

igualitaria,

publicitaria

que

revocan

una

aplicaba

al

normativa

caso

ante

de

veda

nosotros

y

merecía el más vigoroso amparo de este foro. No puedo

estar en mayor desacuerdo y, por lo tanto, disiento.

I

A. El axioma constitucional de igualdad electoral

La

Constitución

de

Puerto

Rico

establece

un

ordenamiento democrático según el cual el poder político

emana de la participación del pueblo en las decisiones

colectivas.

Pmbl.,

efectos,

derecho

el

garantías

más

Const.

al

básicas

PR,

1.

A

esos

constituye

una

de

las

paradigmáticas

de

nuestra

voto

y

LPRA,

Tomo

sociedad. De ahí que nuestra Carta de Derechos disponga

que ―[l]as leyes garantizarán la expresión de la voluntad

del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo

y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción

en el ejercicio de la prerrogativa electoral‖. Art. II,

sec. 2, Const. PR, LPRA, Tomo 1.

La

disposición

citada

le

impone

al

Estado

una

responsabilidad dual. PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643,

670 (1995). En primer lugar, el Estado debe abstenerse de

CT-2017-002

3

interferir con el ejercicio libre del voto por parte de

sus

ciudadanos

afirmativo

de

y,

en

segundo

proteger

al

lugar,

tiene

un

deber

ciudadano

contra

cualquier

coacción que pretenda interferir con el ejercicio de su

prerrogativa electoral. Íd.

A tenor con un ordenamiento democrático en el que se

garantiza

el

derecho

igual

al

voto

y

se

exige

su

protección mediante deberes concomitantes y afirmativos

por parte del Estado, una serie de casos consignaban

hasta hoy lo que se denominaba el axioma constitucional

de igualdad electoral. Véanse PPD v. Gobernador I, supra;

Marrero v. Mun. de Morovis, 115 DPR 643 (1984); PRP v.

ELA, 115 DPR 631 (1984); PNP v. Tribunal Electoral, 104

DPR 741 (1976). En el espectro de ese axioma loable, este

Tribunal

interpretó

que

nuestra

Constitución

exige

ciertos derechos y garantías adicionales al acto formal

del

voto.

Es

decir,

que

con

el

pasar

del

tiempo

entendimos que el ejercicio cabal del derecho igualitario

al

voto

precisa

de

circunstancias

e,

incluso,

prohibiciones específicas.

En particular, este Tribunal resolvió que el axioma

de igualdad electoral exige, entre otras condiciones,

igual

acceso

de

los

partidos

políticos

a

fondos

electorales gubernamentales, PSP v. Srio. de Hacienda,

110 DPR 313 (1980)(Sentencia), e igual participación de

los partidos políticos en los asuntos de la Comisión

Estatal de Elecciones y la Junta de Inscripción Permanente,

PRP v. ELA, 115 DPR 631 (1984); PSP v. Com.

Estatal

de

CT-2017-002

Elecciones,

4

110

DPR

(1980).14

400

Así

también,

este

Tribunal interpretó que el axioma de igualdad electoral

prohíbe,

entre

públicos

a

otras

beneficio

prácticas,

de

el

campañas

uso

de

recursos

políticas.

Véase

Miranda v. CEE, 141 DPR 775 (1996) y PPD v. Gobernador I,

supra,

(prohibiendo

publicidad

gubernamental

connotaciones

político-partidistas);

véase

Marrero

Mun.

115

v.

(1984)(prohibiendo

el

de

Morovis,

uso

de

vehículos

con

también

DPR

643

públicos

en

campañas políticas).15

B. Restricciones a la facultad de informar del gobierno

Una de las prohibiciones o limitaciones que exige el

axioma de igualdad electoral tiene que ver con la facultad

del gobierno de comunicar determinada información a la ciudadanía.

PPD v. Gobernador I, supra, págs. 681-82. A esos efectos, la

jurisprudencia de este Tribunal reconoció al menos dos tipos de

limitaciones en cuanto a la información o publicidad gubernamental

se refiere.

Por

un

lado,

está

la

prohibición

de

publicidad

gubernamental de contenido político-partidista, la cual

surge tanto del mencionado axioma de igualdad electoral

14

Originalmente, este Tribunal había expresado que el axioma de

igualdad electoral surgía del Artículo IX, sección 6, de nuestra

Constitución, disposición transitoria que reconocía el disfrute de

los derechos reconocidos en la Ley Electoral a aquellos partidos que

cumplieran con los requisitos mínimos para quedar inscritos. Sin

embargo, así también reconocimos que ese principio de igualdad

constitucional no solo estaba contenido en la referida disposición

transitoria, sino que además surgía de nuestra Carta de Derechos.

PRP v. ELA, supra, pág. 637. Esta última base constitucional, en

particular el Artículo II, sección 2, de nuestra Constitución, ha

prevalecido desde entonces como la principal fuente jurídica del

axioma de igualdad electoral.

15

Véase J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico

y relaciones constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed.

Temis, 2009, págs.965-67 (discutiendo el historial jurisprudencial

del axioma de igualdad electoral).

CT-2017-002

5

como del Artículo IV, sección 9, de nuestra Constitución.

Íd., pág. 701 (determinando que la utilización de ciertos

―símbolos e insignias de naturaleza político-partidista

... [era] contraria al fin público que exige nuestro

ordenamiento

constitucional

en

la

administración

del

erario y al axioma de paridad económica entre las fuerzas

electorales que le sirve de norte‖).16 Esta prohibición

de publicidad con contenido político-partidista aplica en

cualquier

momento,

incluso

fuera

de

los

ciclos

electorales. Íd., pág. 692.

Por otro lado, reconocimos una limitación adicional

a la publicidad gubernamental, aun cuando su contenido no

fuera de índole político-partidista, comúnmente conocida

como veda electoral. Esta existía hasta hoy para evitar

la influencia que en términos generales puede tener la

publicidad gubernamental promovida por el partido en el

gobierno ante un evento electoral de fecha cercana. PPD

v. Gobernador II, supra, págs. 926-27 (explicando que la

veda electoral en esa ocasión buscaba ―evitar que el

Estado, mediante anuncios gubernamentales, pueda tener

una influencia en la libre expresión de los ciudadanos en

la votación‖).

16

Este Tribunal ha utilizado el Artículo VI, sección 9, de nuestra

Constitución como fundamento constitucional para la prohibición de

publicidad con contenido político-partidista. Éste dispone lo

siguiente: ―Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos

para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las

instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley‖.

Artículo VI, sec. 9, Const. PR, LPRA, Tomo 1. Véase PPD v.

Gobernador I, supra, pág.688.

CT-2017-002

6

Este último caso, PPD v. Gobernador II, supra, era

el precedente aplicable a la controversia ante nuestra

consideración, el cual una mayoría de este Tribunal se

negó a aplicar y, por lo tanto, revocó. En esa ocasión,

este

Tribunal

se

preguntó

si

el

axioma

de

igualdad

electoral exigía la aplicación de una veda electoral a un

proceso de referéndum, incluso cuando la Ley Electoral en

ese entonces solo aplicaba dicha veda electoral a las

elecciones

generales.

Respondimos

esa

interrogante

afirmativamente.

Según PPD v. Gobernador II, supra, la propaganda

gubernamental

por

parte

del

partido

en

el

gobierno

representa una ventaja indebida que le permite a ese

partido promover sus gestas y posturas de cara a un

proceso electoral. La veda electoral opera entonces como

una medida preventiva para evitar que esa ventaja se

produzca a costa de fondos públicos y mediante propaganda

gubernamental de diverso tipo.

Íd., págs. 926-27.

En

ausencia de una medida estatutaria a esos efectos en un

proceso electoral de referéndum, ésta se impuso en PPD v.

Gobernador

II,

supra,

―como

imperativo

del

axioma

de

igualdad inmerso en la Constitución‖. Íd., pág. 926.

Puesto que el entonces Artículo 8.001 de la Ley

Electoral disponía que la veda electoral aplicaría solo a

las elecciones generales, este Tribunal se basó en el

referido

imperativo

aplicabilidad

del

constitucional

Artículo

8.001

para

al

extender

la

referéndum

de

entonces. Íd. Al hacerlo, recurrió al Artículo 5 de la Ley

CT-2017-002

7

Habilitadora del Referéndum en cuestión, el cual disponía

que los artículos de la Ley Electoral serían supletorios

a la Ley Habilitadora del Referéndum en todo aquello que

fuera necesario, pertinente y compatible. Íd., pág. 924.

De

esta

manera,

establecida

en

este

la

Tribunal

Ley

concluyó

Electoral,

por

que

la

constituir

veda

un

imperativo constitucional, era una disposición compatible

y consecuente con la Ley Habilitadora del Referéndum.

Íd., pág. 926.

II

En lo que constituye un verdadero déjà vu jurídico,

el caso ante nosotros hoy planteaba la misma pregunta que

atendimos

en

PPD

preguntaba

a

este

v.

Gobernador

Tribunal

si

II,

supra.

procede

Se

una

le

veda

publicitaria a nivel gubernamental durante procedimientos

electorales, en particular un Plebiscito y un Referéndum,

para

los

cuales

la

ley

no

contempló

tal

prohibición

expresamente. Aunque conforme a PPD v. Gobernador II,

supra,

procedía

responder

afirmativamente,

la

mayoría

responde en la negativa.

A. Disposiciones estatutarias en controversia

Mediante la Ley Núm. 7-2017, la Asamblea Legislativa

dispuso una serie de consultas electorales en torno al

estatus político de Puerto Rico a llevarse a cabo en

2017. No estableció una veda electoral específicamente

aplicable a estos eventos, aunque reconoció que las ―prohibiciones

y los delitos relacionados con la celebración de [la] consulta, se

regirán por las

disposiciones

establecidas

en

la

[Ley

CT-2017-002

8

Electoral y Ley para la Fiscalización del Financiamiento

de Campañas Políticas]‖. Artículo XIII, sec. 1(a), Ley

Núm. 7-2017.

De

esta

manera,

cabe

interpretar

que

el

Artículo XIII tuvo el efecto de incorporarle a la Ley

Núm.

7-2017

la

sección

de

Prohibiciones

y

Delitos

Electorales de la Ley Electoral, 16 LPRA secs. 4231-4255,

salvo

en

todo

aquello

que

resultara

incompatible

o

improcedente.

La sección de Prohibiciones y Delitos Electorales de

la Ley Electoral establece lo siguiente en su Artículo 12.001:

Durante el año en que se celebre una elección

general y hasta el día siguiente a la fecha de

la celebración de la misma, se prohíbe a las

agencias

del

Gobierno,

a

la

Asamblea

Legislativa y a la Rama Judicial de Puerto Rico

incurrir en gastos para la compra de tiempo y

espacio en los medios de comunicación, así como

para la compra y distribución de materiales

propagandísticos

o

promocionales

con

el

propósito de exponer sus programas, proyectos,

logros, realizaciones, proyecciones o planes…

[…]

[S]e exceptúan de la anterior disposición

aquellos anuncios que sean utilizados para

difundir

información

de

interés

público,

urgencia o emergencia, los cuales sólo serán

permitidos previa autorización al efecto de la

Comisión. 16 LPRA sec. 4231 (énfasis suplido).

Nuevamente, la controversia puntual traída a nuestra

consideración es si esta prohibición le aplica también a

los

eventos

electorales

de

Plebiscito

y

Referéndum

establecidos en la Ley Núm. 7-2017.

B. El repentino abandono de un imperativo constitucional

Según discutido previamente, el axioma

constitucional

de igualdad electoral limita las facultades del gobierno de

CT-2017-002

divulgar

9

información.

En

particular,

este

Tribunal

estableció en PPD v. Gobernador II, supra, que la veda

electoral constituía un imperativo constitucional en aras

de

evitar

que

la

publicidad

gubernamental

influencie

directa o indirectamente a la ciudadanía en el ejercicio

libre

de

su

precedente

derecho

regía

al

la

voto.

Evidentemente,

controversia

ante

ese

nuestra

consideración.

Valga recordar que mientras este Tribunal no revoque

o

modifique

doctrina

un

precedente,

establecida

que

el

los

mismo

foros

constituye

inferiores

la

deben

seguir. Capestany v. Capestany, 66 DPR 764, 767 (1946).

Así

también,

una

norma

jurisprudencial

―no

debe

ser

variada a menos que sea tan manifiestamente errónea que

no

pueda

sostenerse

justicia‖.

Íd.

En

sin

materia

violentar

la

electoral,

razón

la

y

la

aplicación

consecuente de los precedentes de este Tribunal cobra

mayor envergadura aún, dado que incide sobre la credibilidad de

este Tribunal y del ordenamiento democrático mismo.

De ahí que, en referencia al tratamiento de este

Tribunal al axioma constitucional de igualdad electoral,

el

reconocido

González

constitucionalista

sugiriera

consecuentemente

que

dicha

los

José

Julián

Álvarez

tribunales

debían

aplicar

normativa

o,

de

lo

contrario,

―abandonar la empresa‖.17 En una crasa tergiversación de la

dicotomía sugerida por el distinguido profesor, una mayoría

17

―Si nuestros tribunales no son capaces de mantener un derrotero

consecuente y justificable sobre este tema, harían bien en abandonar

la empresa. La credibilidad del proceso judicial es un valor mucho

más importante‖. Álvarez González, op. cit., pág. 967.

CT-2017-002

10

de este Tribunal no pudo optar por la consistencia y, en

vez,

optó

abandonar

por

la

abandonar

empresa

en

la

empresa.

este

caso

Lamentablemente,

implica

pervertir

nuestro ordenamiento democrático y desechar lo que antes

habíamos denominado un imperativo constitucional.

Según

la

mayoría,

la

normativa

de

PPD

v.

Gobernador II, supra, es errada puesto que tuvo el efecto

de constitucionalizar el mecanismo de veda publicitaria

más allá de los procesos electorales contemplados por el

legislador

en

págs. 20-21.

la

En

Ley

ese

Electoral.

sentido,

la

Op.

Mayoritaria,

elevación

a

rango

constitucional de la llamada veda electoral representa

una

invención

de

derechos

inexistentes

que

extiende

indebidamente el significado de la Constitución. Íd. Bajo

esa lógica, ausente una expresión clara del legislador

imponiéndole la veda electoral a procesos electorales

como los dispuestos en la Ley Núm. 7-2017, la misma

resulta improcedente.

Con el poco tiempo que la mayoría de este Tribunal

nos concedió para expresarnos, delineamos al menos tres

problemas

sustanciales

con

la

postura

mayoritaria.

Veamos.

i.

El consagrado axioma de igualdad electoral

En claro desdén de la jurisprudencia previa, una

mayoría de este Tribunal derriba un componente del axioma

de igualdad electoral, esto es, la veda electoral, sin

advertir que con ello arriesga también el axioma en su

totalidad. Como mencionáramos antes, la jurisprudencia de

CT-2017-002

11

este Tribunal no solo había resuelto que el axioma de

igualdad impedía una desventaja electoral producto de la

publicidad

gubernamental,

sino

que

además

proscribía

otras prácticas incompatibles con un sistema democrocitá.

Como

bien

resume

el

profesor

Álvarez

González,

este

Tribunal descansó en el axioma de igualdad electoral para

disponer lo siguiente:

(1) igualdad de participación de los partidos

en el Fondo Electoral, sin sujeción a su

pujanza electoral previa; (2) igualdad en la

participación de los partidos por petición

junto con los principales en la administración

de la Comisión Estatal de Elecciones; (3)

prohibición del uso de vehículos en campañas

políticas; (4) prohibición de uso de fondos

públicos para campañas gubernamentales antes de

un referéndum para enmendar la Constitución;

(5) prohibición del uso de fondos públicos para

campañas gubernamentales que benefician al

partido en el poder; (6) inconstitucionalidad

de una ley para votar por el Presidente de

Estados Unidos. Álvarez González, op. cit.,

pág. 965 (citas omitidas).

A

pesar

del

historial

extenso

de

ese

axioma

constitucional, la mayoría nos informa hoy que el ―mal

llamado‖ axioma de igualdad electoral ―no existe en la

Constitución‖. Op. mayoritaria, págs. 16-17.

Nos

informa

entonces

que

son

letra

muerta

las

expresiones de este Tribunal a los efectos de que ―[l]a

igualdad

es

justicia

ingrediente

que

medular

constantemente

Constitución

[y]

susceptible

de

[p]or

del

ideal

de

late

en

la

dinámica

es

su naturaleza

manifestarse

en

diversas

dimensiones‖. PRP v. ELA, supra, pág. 633 (énfasis

suplido).

Además, son letra muerta aquellas expresiones en

CT-2017-002

12

las que este Tribunal consignó que, “[e]n la medida

en que se subvencione una campaña político-partidista con

fondos públicos, se le permite una ventaja a un partido

(o candidato político) sobre otros, lo que atenta contra

el axioma de igualdad electoral y socava los pilares del

esquema electoral en nuestro País‖. PPD v. Gobernador I,

supra, pág. 671 (énfasis suplido).

Resulta inaceptable asumir con tal liviandad el peso

de

esas

palabras

y

de

nuestros

precedentes,

más

aún

cuando esa actitud judicial reduce la protección de los

derechos

constitucionales,

en

vez

de

ampliarla.

La

doctrina del precedente, y sus respectivas excepciones,

no pueden ni deben servir, como lo hacen hoy, de meras

etiquetas

cual.18

legales

Tal

uso

para

ocultar

desvirtúa

el

los

caprichos

objetivo

medular

de

cada

de

esa

doctrina de proveer estabilidad jurídica y estropea

la ya lastimada credibilidad de este Tribunal.

ii.

El

rol

de

los

tribunales

en

el

constitucionalismo moderno

Es menester destacar también que la mayoría de este

Tribunal

parte

de

una

noción

minimalista

de

nuestra

Constitución, según la cual este foro está impedido de

extender

18

el

significado

de

nuestro

ordenamiento

―[H]emos identificado tres circunstancias que, como excepción,

justifican dejar a un lado un precedente: ―(1) si la decisión

anterior era claramente errónea; (2) si sus efectos sobre el resto

del ordenamiento son adversos, y (3) si la cantidad de personas que

confiaron en ésta es limitada‖. Pueblo v. Sánchez Valle, 192 DPR

594, 645-46 (2015)(citando a Pueblo v. Camacho Delgado, 175 DPR 1,

20 esc. 4 (2008)).

CT-2017-002

13

constitucional más allá del texto del documento magno.

Op. mayoritaria,

Torres,

págs.

20-21

(citando

a

R.

Martínez

El originalismo como método de interpretación

constitucional y el principio de separación de poderes,

49 Rev. Jur. UIPR 249, 249 (2015)). Ese entendido es

insostenible cuando se toma en cuenta el rol extenso que

este Tribunal ha asumido previamente en la protección de

los derechos constitucionales de índole político, social,

laboral

criminal.19

y

Así

también,

resulta

ajeno

al

desarrollo del constitucionalismo moderno del cual forma

parte nuestro ordenamiento democrático.

En

judicial

un

estado

funge,

de

derecho

precisamente,

democrático,

como

garante

el

poder

de

los

derechos constitucionales y de las condiciones necesarias

para su disfrute. Véase E. Rivera Ramos, Los derechos y

la democracia: ¿conflicto o complementariedad?, en Los

derechos fundamentales, R. Saba ed., 2001. Ese rol no

constituye una mera opción o preferencia teórica, sino

una

función

constitucional

deontológica

que

le

insertada

asigna

al

en

poder

el

andamiaje

judicial

la

interpretación de la propia Constitución. Íd. (―[E]sa

19

Los ejemplos sobran en la jurisprudencia de este Tribunal donde se

reconocen garantías y protecciones específicas dentro de derechos

constitucionales más amplios, como el debido proceso ley, la

intimidad, la dignidad humana, la igual protección de las leyes, la

libertad de expresión, el derecho al voto, la libertad de prensa y

la libertad de culto. Véanse e.g. Arroyo v. Rattan, 117 DPR 35

(1986)(la aplicación del derecho a la intimidad entre partes

privadas); Soto v. Srio de Justicia, 112 DPR 477 (1982)(derecho de

acceso

a la información como parte de la libertad de expresión);

Figueroa Ferrer v. ELA, 107 DPR 250 (1978)(derecho al divorcio como

parte del derecho a la intimidad); Pueblo v. Dolce, 105 DPR 422

(1976)(reconociendo factura más ancha en la protección contra

registros y allanamientos).

CT-2017-002

función

14

de

garante

de

las

pre-condiciones

de

la

democracia puede serle asignada al poder judicial en la

propia

Constitución,

por

voluntad

mayoritaria,

como

ocurre en algunas constituciones modernas‖); J.J. Álvarez

González, La protección de los derechos humanos en Puerto

Rico, 57 Rev. Jur. UPR 133, 174 (1988)(―[L]a revisión

judicial

es

la

forma

más

sistemas

constitucionales

conocida

de

[…]

Estados

que

Unidos

en

y

[los

Puerto

Rico] existe para hacer realidad las garantías que sus

Constituciones prometen‖).

En ese sentido, ese deber le fue asignado a este

Tribunal como último intérprete de la Constitución, con

la

facultad

correlativa

de

declarar

inconstitucional

aquellas normas o prácticas en las que otras ramas de

gobierno incurran. Artículo V, sec. 4, Const. PR, LPRA,

Tomo 1; véase Santa Aponte v. Srio. de Hacienda, 105 DPR

750, 759 (1977)(―La función de ser intérprete final de la

Constitución

le

corresponde

exclusivamente

a

un

solo

poder, al Poder Judicial. La Constitución les confiere

determinadas

facultades

Ejecutivo,

la

pero

al

Poder

definición

de

Legislativo

sus

contornos

y

al

y

la

determinación de la validez de su ejercicio son asuntos

cuidadosamente reservados a los tribunales‖).

La labor de revisión judicial incluye también la

facultad de este Tribunal de subsanar una deficiencia

constitucional allí donde el Estado malogra o incumple su

respectivo deber de garantizar mediante legislación los

CT-2017-002

derechos

15

constitucionales

de

la

ciudadanía.

Véase

Artículo II, secs. 1-2, Const. PR, LPRA, Tomo 1 (―Tanto

las

leyes

como

el

sistema

de

instrucción

pública

encarnarán estos principios de esencial igualdad humana‖;

―Las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del

pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y

secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción

en el ejercicio de la prerrogativa electoral‖); véase

también García v. Aljoma, 162 DPR 572, 580-82 (2004).

Como

mencionara

antes,

en

materia

de

igualdad

electoral, hay pues un deber afirmativo por parte del

Estado de garantizar el ejercicio real de esos derechos

mediante prohibiciones y limitaciones específicas. PPD v.

Gobernador I, supra, pág. 670; véase E. Rivera Ramos, El

estado de derecho: Aproximación al concepto, 81 Rev. Jur.

UPR

1113,

importancia

para

la

1119-1120

de

(2012)(donde

garantías

protección

de

se

menciona

e

institucionales

derechos

fundamentales).

normativas

los

la

Abdicar a la vigilia constante de esos derechos, así como

de sus condiciones necesarias, es ignorar que ―la mera

igualdad ante la ley no le garantiza el disfrute real de

los derechos a muchas personas‖. E. Rivera Ramos, La

igualdad una visión plural, 69 Rev. Jur. UPR 1, 12-13

(2000). Es también reducir nuestra Constitución a una

formalidad, en vez de otorgarle la fuerza vinculante y el

valor social que amerita.

CT-2017-002

16

iii. La

importancia

de

la

veda

publicitaria

en

procesos electorales

La veda electoral, en tanto mecanismo necesario para

el

ejercicio

igualitario

del

proceso

electoral

y

del

derecho al voto, procura legitimar el carácter plenamente

democrático

de

nuestro

sistema

de

gobierno.

Para

que

nuestro gobierno se base en la voluntad del pueblo, esa

voluntad ha de estar libre de coacciones y de influencias

indebidas por parte del propio gobierno. De lo contrario,

la esencia democrática del mandato electoral y, por lo

tanto, la legitimidad del poder gubernamental queda en

entredicho. Véase E. Ziegler, Government Speech and the

Constitution:

The

Limits

of

Official

Partisanship,

21 B.C.L. Rev. 578, 579-80 (1980)(―It is a truism that,

if a governing structure based upon widespread genuine

citizen opinions is to survive as a viable democracy, it

must place legal restraints on the government‘s ability

to

manipulate

the

formulation

and

expression

of

that

opinion‖); véase también PPD v. Gobernador I, supra, pág.

701 (citando a S. Shiffrin, Government Speech, 27 UCLA L.

Rev. 565, 612 (1980))(―[P]ermitirle al gobierno, armado

con

el

mayor

tesoro

de

campaña

—el

erario

público—

intentar dominar un proceso electoral, atenta contra la

integridad básica del proceso democrático‖).

De ahí que la postura asumida por este Tribunal hace

más de veinte años fuera la más sabia y cónsona con nuestra

CT-2017-002

17

Constitución.

La

propaganda

ilimitada

y

excesiva

por

parte del gobierno durante cualquier proceso electoral

―constituye

una

forma

abierta

y

velada

de

coacción

electoral con el propósito de beneficiar al partido que

controle la Rama Ejecutiva‖, PPD v. Gobernador II, supra,

pág. 929 (Op. de conformidad, J. Hernández Denton); véase

Stern v. Kramarsky, 375 N.Y.S. 2d 235, 239 (1975)(―It

would be establishing a dangerous and untenable precedent

to permit the government or any agency thereof, to use

public funds to disseminate propaganda in favor of or

against any issue or candidate.

This may be done by

totalitarian, dictatorial or autocratic governments but

cannot be tolerated, directly or indirectly, in these

democratic United States of America‖). Hoy más que nunca,

en una época de comunicación masiva por los medios más

diversos,

inmediatos

y

efectivos,

resultaba

propicio

limitar la influencia de la publicidad gubernamental en

la voluntad ciudadana.

La

mayoría

del

Tribunal

descarta

nuestros

pronunciamientos anteriores como un invento; como una

constitucionalización

ilegítima.

Sorprendentemente,

no

expresa justificación alguna para abandonar el mentado

axioma de igualdad electoral, sino que reduce su análisis

a

la

ausencia

de

bases

constitucionales

al

respecto.

Ignora así fundamentos potenciales a nivel federal, como

los señalados por el profesor Nelson Tebbe, quien sostiene que la

propaganda gubernamental irrestricta también contraviene

CT-2017-002

18

principios de debido proceso ley, igual protección de las

leyes y libertad de expresión.

nonendorsement,

98

Minn.

L.

N. Tebbe, Government

Rev.

648,

668-76,

712

(2013)(―[O]fficial speech is limited by a principle of

government

nonendorsement

that

cuts

across

various

constitutional provisions and that brings them together

to

protect

society‖);

full

and

equal

citizenship

véase

S.

Shiffrin

Government

in

a

free

Speech,

27

U.C.L.A. L.R. 565, 617-22, 655 (1980)(―Government speech

relating

to

ballot

amendment

problems,

formulated

that

questions

and

limit

raises

general

rules

government

serious

first

need

to

departures

be

from

electoral neutrality‖).20

En fin, erra la mayoría al enajenarse de todas estas

consideraciones y reducir así la veda publicitaria de

cara a un proceso electoral a una mera preferencia a

merced de las prerrogativas del ente legislativo en el

poder. Los precedentes de este Tribunal y la conciencia

de

la

realidad

social

en

la

que

opera

nuestro

ordenamiento constitucional dictaminaban lo contrario.

III

Al igual que en PDD v. Gobernador II, supra, el

artículo que actualmente establece la veda electoral en

la Ley Electoral solo se refiere a una ―elección general‖.

20

Véase también Int‘l Ass‘n. of Machinists v. Street, 367 U.S. 740,

788 (1961)(Op. disidente, J. Black)(―Probably no one would suggest

that Congress could, without violating [the First] Amendment ...

create a fund to be used in helping certain political parties or

groups favored by the Government to elect their candidates or

promote their controversial causes‖); Lathrop v. Donohue, 367 U.S.

820, 853 (1961) (Op. concurrente, J. Harlan) (―[A] State could not

‗create a fund to be used in helping certain political parties or

groups favored‘ by it ‗to elect their candidates or promote their

controversial causes‘‖).

CT-2017-002

19

16 LPRA sec. 4241. De ahí que la Opinión mayoritaria

destaque que su lenguaje es puntual al disponer que la

veda

electoral

término

que

aplicará

la

a

propia

las

Ley

elecciones

Electoral

generales,

define

como

―[p]roceso mediante el cual los electores seleccionan uno

o más funcionarios dentro de una demarcación geográfica

para

cubrir

una

o

más

vacantes

en

un

cargo

público

electivo en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico‖. 16

LPRA sec. 4003(31). A su juicio, ya sea que acudamos al

propio

Artículo

referencia

12.001

hecha

en

de

la

la

Ley

Ley

Electoral,

o

Núm. 7-2017

a

a

la

las

prohibiciones y delitos de la misma Ley Electoral,21 la

terminología utilizada por el legislador está igualmente

limitada a las elecciones generales.

Ahora bien, al detener nuestro análisis en el texto

del Artículo 12.001 de la Ley Electoral, los eventos

electorales contemplados en la Ley Núm. 7-2017 sufrían de

una deficiencia constitucional significativa a la luz de

lo dicho en PDD v. Gobernador II, supra. No obstante, en

nuestro

ordenamiento

constitucionales

hasta

―las

tanto

leyes

un

se

presumen

tribunal

competente

declare lo contrario‖. Brau v. ELA, 190 DPR 315, 337 (2014).

Desde esa perspectiva, ―los tribunales deben esforzarse por lograr

interpretaciones

21

congruentes

y

compatibles

que

adelanten

la

―Las prohibiciones y los delitos relacionados con la celebración

de [la] consulta, se regirán por las disposiciones establecidas en

la Ley 78-2011, según enmendada, conocida como la ‗Ley Electoral de

Puerto Rico‘ y por la Ley 222-2011, conocida como ‗Ley para la

Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto

Rico‘, excepto cuando sean improcedentes o incompatibles con las

disposiciones de esta Ley o cuando esta Ley dispone delito o

penalidad específica‖. Artículo XIII, sec. 1(a), Ley Núm. 7-2017.

CT-2017-002

20

constitucionalidad de las leyes‖. Íd. Así, ―cuando se

cuestiona la validez de una ley o se suscita alguna duda

sobre

su

constitucionalidad,

los

tribunales

deben

asegurarse de que no existe otra posible interpretación

razonable de la ley‖. Íd., pág. 338.

Es por eso que, aunque reconozco que una lectura

aislada de las disposiciones antes citadas sugiere que la

veda electoral no le aplica a los procesos electorales

ante

nuestra

consideración,

corresponde

una

lectura

integral de la ley para auscultar su constitucionalidad

conforme a PDD v. Gobernador II, supra. Considero que el

Artículo 11.001 de la propia Ley Electoral adelantaba ese

cometido.

Dicho

artículo

referéndum,

consulta

o

establece

plebiscito

que

que

se

―[t]odo

celebre

en

Puerto Rico se regirá por la ley especial que a tal fin

se apruebe y por las disposiciones de este subtítulo en

todo aquello necesario o pertinente para lo cual dicha

ley especial no disponga‖. 16 LPRA sec. 4211 (énfasis

suplido).

En el esfuerzo por interpretar la Ley Electoral y la

Ley

Núm.

7-2017

constitucionales

en

hasta

sintonía

hoy

con

vigentes,

los

opino

preceptos

que

el

Artículo 11.001 permitía la interpretación más razonable

del marco jurídico de estas leyes, a la vez que respaldaba

su constitucionalidad. Es decir, no bastaba la insistencia en que

el Artículo 12.001 de la Ley Electoral solo se refiere a las

elecciones

generales,

sino

que

resultaba

necesario

CT-2017-002

21

advertir además el conocimiento que tiene y debe tener el

legislador de la normativa constitucional aplicable, así

como de la jurisprudencia de este Tribunal al respecto.

Véase Exposición de Motivos, Ley Núm. 78 de 1 de junio

de 2011(reconociendo que la Ley Electoral ha sido objeto

de

cuantiosas

interpretaciones

por

parte

de

los

tribunales). En ese sentido, y precisamente por tratarse

de

un

imperativo

constituía

un

constitucional,

aspecto

necesario

la

y

veda

electoral

pertinente

a

los

procesos de Plebiscito y Referéndum aquí en controversia,

para el cual su ley especial no dispuso.22

En conclusión, una interpretación razonable de la

disyuntiva ante este Tribunal hubiese sido que, a través

del Artículo 11.001 de la Ley Electoral, el legislador le

aplicó a los eventos electores contemplados en la Ley

Núm. 7-2017 aquellas disposiciones de la Ley Electoral

que le resultaran necesarias y pertinentes. Así, procedía

aplicarle la veda publicitaria de la Ley Electoral al

Plebiscito y Referéndum establecidos mediante la Ley Núm.

7-2017 como una disposición necesaria y pertinente de

acuerdo al hoy deshecho imperativo constitucional de PDD

v. Gobernador II, supra.

22

Como mencionara antes, similar interpretación hizo este Tribunal

en PDD v. Gobernador II, supra. La ley especial que establecía el

referéndum de entonces contenía una disposición según la cual todo

aquello necesario, pertinente y compatible en la Ley Electoral, y

para lo cual la ley especial del referéndum no hubiese dispuesto, le

aplicaría supletoriamente. Íd., pág. 924. Al resolver que la veda

electoral constituía un imperativo constitucional, este Tribunal

concluyó que el Artículo 8.001 (que regulaba la veda electoral en

ese entonces) ―resulta[ba] compatible y consecuentemente aplicable a

la Ley Habilitadora de Referéndum‖. Íd., pág. 926.

CT-2017-002

22

IV

PDD v. Gobernador II, supra, representaba una norma

constitucional de gran valor democrático que aplicaba

perfectamente al caso ante nuestra consideración. Nuestro

ordenamiento

constitucional

debería

repudiar

cualquier

tipo de ventaja electoral sufragada con fondos públicos

en

aras

de

asegurar

que

todas

las

preferencias

ideológicas se presentan ante el electorado en la mayor

igualdad

de

condiciones

que

el

Estado

sea

capaz

de

garantizar. Considero que, por imperativo constitucional,

la veda publicitaria que establece la Ley Electoral le

aplica al Plebiscito y Referéndum dispuestos en la Ley

Núm. 7-2017. Por esa razón, disiento enérgicamente de una

mayoría de este Tribunal que hoy determina lo contrario,

de forma tal que debilita la doctrina del precedente en

nuestro estado de derecho y derrumba uno de los pilares

de nuestro ordenamiento democrático.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Norma E. Burgos Andújar,

Comisionada Electoral del

Partido Nuevo Progresista

Recurridos

v.

Comisión

Estatal

de

Elecciones, por conducto de

su Presidenta, Liza García

Vélez;

Comisionado

Electoral

Interino

del

Partido

Popular

Democrático, Miguel Ríos

Torres;

Comisionada

Electoral

Designada

del

Partido

Independentista

Puertorriqueño, María de

Lourdes Santiago

Certificación

intrajurisdiccio

nal

CT-2017-0002

Recurridos

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, por conducto

de

la

Secretaria

de

Justicia,

Hon.

Wanda

Vázquez Garced

Recurridos

Senado de Puerto Rico, por

conducto de su Presidente,

Hon. Thomas Rivera Schatz,

y su Secretario Manuel

Torres Nieves; Cámara de

Representantes de Puerto

Rico, por conducto de su

Presidente

Hon.

Carlos

Méndez

Nuñez

y

su

Secretaria Ayleen Figueroa

Vázquez

Peticionarios

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017

CT-2017-002

2

Continúa el ―[m]al tiempo

para votar‖. José Saramago,

Ensayo sobre la lucidez

Este

proceso

plebiscitario

que

se

avecina

y

los

incidentes en este Tribunal muy bien podrían denominarse

-con el perdón, claro está, de don Gabriel García MárquezCrónica de un plebiscito apañado.23 Todo comenzó

en el año

23

El trámite seguido para certificar esta opinión ha

sido, por demás, atropellado a pesar de que nos

encontramos

ante

una

controversia

de

envergadura

constitucional, donde la mayoría revoca jurisprudencia de

avanzada de este Tribunal. Se ha certificado esta

ponencia en apenas unas horas, sin la debida deliberación

y en un proceso, francamente, imprudente. Me explico.

El pasado 11 de abril de 2017, se circuló un

borrador de ponencia en este caso y se indicó que se

interesaba certificar la Opinión el lunes, 17 de abril.

En esa fecha, el Juez ponente en la opinión que hoy

certificamos, circuló una opinión disidente la cual

obtuvo el aval de una mayoría de los miembros del

Tribunal. Esa misma tarde se le refirió el expediente,

como es costumbre, para que reformulara su ponencia y

circulara nuevamente.

A esos efectos, en la mañana de ayer, se circuló la

ponencia reescrita y el Juez ponente indicó que se

certificaría esa misma tarde a las 5:00 p.m. Cabe señalar

que en la tarde del lunes 17 de abril, expresé por

escrito que me proponía suscribir una opinión disidente.

Por tanto, al recibir la comunicación indicando que la

certificación era en horas de la tarde del día en que se

había

circulado

la

ponencia

reformulada

solicité,

nuevamente

por

escrito,

que

se

reconsiderara

el

calendario propuesto. Esta petición se hizo a las 11:12

a.m. El Juez ponente guardó silencio y a las 3:42 p.m.,

circuló un memorando reiterándose en que se proponía

certificarla esa misma tarde. Este proceder refleja una

lamentable carencia de los más elementales principios de

urbanidad y civilidad y no está a la altura de lo que se

esperaría de un miembro de esta Curia.

Afortunadamente, un miembro de esa mayoría consideró

prudente y razonable posponer por 24 horas dicha

certificación, como se había propuesto durante el día de

ayer. De esta forma se obtuvieron los 5 votos necesarios

para certificar la ponencia hoy.

CT-2017-002

3

2009, cuando las olas desatadas por la marea judicial

provocaron que una mayoría de este Tribunal en Suárez

Cáceres v. CEE, 176 DPR 31 (2009), un caso que versaba

sobre

cómo

Minorías,

contar

votos

decidiera

sin

para

efectos

explicación

de

la

jurídica

Ley

de

alguna,

revocar un viejo precedente, a saber: Sánchez y Colón v.

ELA, 134 DPR 445 (1993).

Como recordarán, en Sánchez y Colón, este Tribunal

acató su deber de asegurar que la legislación promulgada

para la celebración del plebiscito de status de 14 de

noviembre

de

1993

cumpliese

con

aquellas

garantías

constitucionales que aseguran la condición fundamental y

preeminente del derecho al sufragio. A esos efectos, se

validó la adjudicación de papeletas depositadas en blanco

como un voto que no favorecía ninguna de las definiciones

de estatus propuestas por los partidos políticos para ese

plebiscito.

Conviene que refresquemos la memoria sobre lo que

dijimos en Suárez Cáceres, ante, en nuestro voto disidente, porque

nos ayuda a entender cómo se ha ido escribiendo esta Crónica. Allí

dijimos, citamos extensamente:

Francamente no creo que la desmedida ―prisa‖ en

certificar se justifique. Ello es más patente aun cuando

sabemos que la ley que evaluamos está siendo enmendada en

estos precisos momentos por la legislatura. Es más, se le

ha cambiado hasta el nombre y luego de aprobada, hay que

enviarla al Departamento de Justicia de Estados Unidos

para su revisión. ¿Cuál es la urgencia? Este curso de

acción, muy bien pudiera dar pie a que alguien pueda

pensar, que se interesa reaccionar al revés público que

supuso la carta enviada por el Departamento de Justicia

de Estados Unidos.

CT-2017-002

[L]a revocación de Sánchez y Colón v. E.L.A.

I, ante, se revela como una determinación

totalmente innecesaria por lo planteado en

este caso y cuya realidad enmascara otros

designios.

En rigurosa juridicidad, la controversia que

tuvimos ante nuestra consideración en Sánchez

y Colón, ante, es disímil a la planteada en

este caso. En Sánchez y Colón, ante, se

cuestionó la constitucionalidad de la Ley Núm.

22 de 4 de julio de 1993 (1993 Leyes de Puerto

Rico 101), que autorizaba la celebración de un

referéndum

de status con

las

fórmulas

siguientes: Estado Libre Asociado, Estadidad e

Independencia. Los demandantes alegaron que

eran electores debidamente inscritos; que no

estaban afiliados a ninguno de los tres

partidos políticos; que no estaban de acuerdo

con

las

definiciones

de

las

fórmulas

de status que se recogían en la papeleta; que

la ley no les concedía una oportunidad de

votar por las alternativas de su preferencia,

y que todo ello les violaba su derecho al

voto, a la libre expresión y asociación, y a

la igual protección de las leyes, tanto bajo

la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico como la de Estados Unidos de

América.

Confrontados

con

esta

controversia,

reconocimos que en materia de hermenéutica

constitucional,

cuando

nos

enfrentamos

a

estatutos que adolecen de inconstitucionalidad

por subinclusión, ostentamos la facultad de

extender

los

beneficios

estatutarios

a

aquellos grupos o clases excluidos. Sánchez y

Colón, ante, pág. 450. De acuerdo con este

principio y considerando los hechos particulares de

ese caso, y como mecanismo para ―superar las serias

objeciones

constitucionales

planteadas

por

los

demandantes‖, le ordenamos a la Comisión Estatal de

Elecciones que adjudicase ―las papeletas que se

depositen en blanco como un voto que no favorece

ninguna de las definiciones de status propuestas por

los partidos‖. Sánchez y Colón, ante, págs. 450–451.

Así pues, las expresiones relacionadas con las

papeletas en blanco se dan en el contexto de

configurar

un

remedio

que

evitase

declarar

inconstitucional el evento electoral que se avecinaba.

En

otras

palabras,

ante

los

visos

de

inconstitucionalidad por subinclusión de que adolecía

la

Ley

Núm. 22,

teníamos

que

escoger

4

CT-2017-002

entre dos alternativas, a saber: anular el

proceso electoral o configurar un remedio que

subsanara el problema de subinclusión de la

ley. Naturalmente, se escogió el segundo

camino. […]

Lo que sí resolvimos en Sánchez y Colón, ante,

y sobre lo cual la mayoría nada dice, fue que

en un referéndum de “status” hay que proveerle

a

aquellos

grupos

o

clases

que

quedan

excluidos

de

las

definiciones

de “status” sobre las que se vota, un lugar en

la papeleta donde se recoja su expresión. […]

Ese es el ratio de Sánchez, Colón, ante; esa

es la importancia de ese caso que tanto

incomoda a la mayoría. Evidentemente, Sánchez

y Colón, ante, poco tiene que ver —por no

decir que nada— con cómo se cuentan los votos

para efectos de la “Ley de Minorías”, que es

la controversia en este caso a juicio de la

mayoría. Indudablemente, para llegar a la

conclusión a que llega el Tribunal hoy, en

correcta metodología adjudicativa, éste no

tenía que revocar a Sánchez y Colón, ante.

Llama marcadamente la atención que en ningún

lugar de las sesenta y cuatro páginas de la

opinión,

el

Tribunal

explica

lo

que

verdaderamente resolvimos en Sánchez y Colón,

ante, y por qué es necesario ahora revocarlo

en el contexto de este caso. Un silencio que

es resonante y ensordecedor. Sin mucho apuro,

parece razonable concluir que la controversia

entre Jorge Suárez Cáceres y Ángel Rodríguez

Otero

es

secundaria; es,

meramente,

el

pretexto utilizado para desdibujar la norma

constitucional que exige que en un proceso de

referéndum, al igual que un plebiscito, haya

que proveer un espacio en la papeleta para

aquellos grupos o clases de ciudadanos que no

favorezcan las definiciones propuestas sobre

las que se votará. Sánchez y Colón, ante, pág.

451. Entendido así, el curso de acción de la

mayoría constituye un flagrante asalto a la

Democracia.

[…]

Es decir, la razón de ser del dictamen de hoy

no es lo que se nos dice en la opinión del

Tribunal, a saber, cómo aplicar la ―Ley de Minorías‖,

sino, […], allanar el camino para un futuro referéndum

o plebiscito de status. Suárez Cáceres, 178 DPR 112,

págs. 115-117 (2009)

(Rodríguez

Rodríguez,

5

CT-2017-002

6

J., Op. disidente).

nuestro.)

(Énfasis

en

original

y

El transcurso del tiempo ha corroborado lo que propusimos

como

explicación

a

lo

que

en

aquél

entonces

parecía

inexplicable. Suárez Cáceres, es el primer capítulo de

esta Crónica escrita por la marea judicial.

Hoy,

la

marea

vuelve

a

azotar

nuestras

costas

escribiendo lo que parece ser el último capítulo de la

Crónica de un plebiscito apañado, al revocar el caso

P.P.D. v. Gobernador II, 136 D.P.R. 916 (1994). En esa

ocasión hicimos

extensiva

la

veda

electoral

para

la

difusión de anuncios gubernamentales de las elecciones

generales contenidas en la Ley electoral de 1977, Ley

Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, 16 LPRA sec. 3351, a

la

consulta

electoral

sobre

ciertas

enmiendas

a

la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

mediante un referéndum. Esta determinación se fundamentó

en

el

axioma

Constitución

y

de

el

igualdad

derecho

al

económica

de

nuestra

sufragio como

elemento

compartido por las elecciones generales y los referéndum.

Hoy, sin más, una mayoría destierra de nuestro país el

principio de igualdad económica electoral sin considerar,

ni importar, sus efectos sobre la legitimación de la

democracia.

En esta ocasión, tras emplear un alegado ―análisis

textualista‖, lacónico por demás, la mayoría concluyó que

es inexistente el axioma de igualdad económica electoral,

puesto que la Constitución del Estado Libre Asociado de

CT-2017-002

Puerto

7

Rico

no

dispone

expresamente

sobre

ello.

La

opinión suscrita por una mayoría obvia por completo que

el sufragio es un derecho intrínseco de la democracia,

cuya piedra angular, a su vez, es la igualdad para la

consecución

de

la

justicia.

Este

derecho,

como

todo

derecho, no es más que una conquista de libertad, que hoy

lamentablemente se quebranta porque precisamente hoy, no

conviene.

Históricamente,

el

ideal

de

la

igualdad

en

el

contexto eleccionario se ha erigido sobre esquemas para

el financiamiento de los partidos políticos y de los

procesos electorales. Uno de los mecanismos adoptados en

Puerto Rico, y gran parte del mundo, es el financiamiento

público de los procesos electorales y de los partidos

políticos.

Este

esquema

pretende,

en

primer

lugar,

combatir el ―inversionismo‖ político y, en segundo lugar,

garantizar

una

distribución

igualitaria

de

bienes

o

subsidios directos e indirectos. En el presente caso, la

veda

electoral

–al

igual

que

otras

prohibiciones

contenidas en la Ley electoral de Puerto Rico, Ley Núm.

78-2011, 16 LPRA sec. 4231– crean medidas preventivas

tendentes

a

evitar

la

malversación

de

fondos,

la

corrupción y el mencionado ―inversionismo‖ político.

Además,

hay

que

resaltar

que

la

mayoría

revoca

P.P.D. v. Gobernador II, motu proprio, ¡nadie lo solicitó,

nadie lo argumentó! Por el contrario, los peticionarios en varias

ocasiones, tanto en su petición de certificación como en su

CT-2017-002

alegato,

8

reconocen

la

validez

del

caso

como

jurisprudencia vigente, más lo distinguen para sostener

que la norma que allí se sentó no aplica a la situación

planteada en este caso, pero en ningún momento plantean

que hay que revocarla y por qué. Con su proceder, la

mayoría transgrede el derecho de los recurridos a rebatir

este planteamiento con sus propios fundamentos. Es más,

la mayoría adopta un curso de acción idéntico al que le

critica al Tribunal que suscribió P.P.D. v. Gobernador

II,

ante.24

Estamos,

francamente,

ante

argumentos

o

fundamentos estólidos.

Pero

hay

más,

se

hace

constar

en

la

opinión

mayoritaria que en P.P.D. v. Gobernador II, este Tribunal

confirmó la determinación del foro primario sin que ninguno de los

peticionarios

24

impugnara

la

constitucionalidad de la

Por otro lado, yo tenía entendido que el derecho es

rogado y que planteamientos no argüidos por las partes,

particularmente de índole constitucional, no serán

atendidos por este Tribunal. Véase, por ejemplo, ELA v.

Northwestern Selecta, 185 DPR 40 (2012); Abengoa, S.A. v.

American Intl. Ins., 176 DPR 512 (2009) (Es un principio

de derecho arraigado en nuestro ordenamiento que, en

apelación,

nos

abstendremos

de

adjudicar cuestiones no planteadas ante el Tribunal de

Primera Instancia); Echandi Otero v. Stewart Title, 174

DPR 355 (2008) (Es norma vigente en nuestra jurisdicción

que en apelación nos abstendremos de adjudicar cuestiones

no planteadas ante el tribunal de instancia); Delgado, Ex

Parte, 165 DPR 170 (2005); Dorante v. Wrangler of P.R.,

145 DPR 408, 443 (1998); Trabal Morales v. Ruiz

Rodríguez, 125 DPR 340 (1990) (Así nos adherimos a la

norma vigente de que en apelación nos abstendremos de

adjudicar cuestiones no planteadas en primera instancia);

Sánchez v. Eastern Air Lines, Inc., 114 DPR 691 (1983);

Santiago Cruz v. Hernández Andino, 91 DPR 709, 712

(1965). Por lo menos esa era la norma hasta hoy. A no ser

que en un futuro, el vaivén de la marea requiera otro

resultado cuando se escriba un nuevo capítulo de esta

Crónica.

CT-2017-002

Ley

9

habilitadora

del

referéndum

sobre

enmiendas

a

la

Constitución de Puerto Rico de 1994, Ley Núm. 49 de 2 de

agosto de 1994. De esta forma, concluye la mayoría que el

Tribunal aplicó un análisis ―indebido‖ lo cual infringió

la norma de autolimitación judicial. Sin embargo, esta

aseveración es falsa. Ello, pues, reluce del expediente

original

de

P.P.D.

v.

Gobernador

II,

que

la

demanda

presentada por el Partido Independentista de Puerto Rico,

el 3 de agosto de 1994, impugnó la constitucionalidad de

la

referida

número

27

de

ley.25 Específicamente,

la

referida

plantearon argumentos

que

en

demanda,

en

la

alegación

la

cual

se

fueron reiterados ante este

Tribunal, se indicó que:

En vista de que el esquema de financiamiento

del referéndum de 1994 viola la libertad de

expresión, la libertad de asociación, el derecho

al voto, el debido proceso de ley, la igual

protección de las leyes y varias disposiciones

de la Ley Electoral, el mismo persigue un fin

ilegítimo y viola por lo tanto el Artículo IV,

Sección 9 de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico sobre el uso de fondos

públicos sólo para fines público legítimos.

Véase Apéndice, CE-1994-588, Anejo II, pág. 15.

Más grave aún, este alegado razonamiento textual,

pone

en

evidencia

un

preocupante

desconocimiento

del

texto constitucional que se interpreta. Así, la Sección

19 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre

Asociado dispone que ―[l]a enumeración de derechos que antecede no

se entenderá en forma restrictiva ni supone la exclusión de

25

Asimismo, la demanda presentada por el Partido Popular

Democrático de 12 de agosto de 1994 igualmente impugnó la

constitucionalidad de la ley en cuestión. Esta demanda

eventualmente se convirtió en el recurso CE-1994-588 que fue

consolidado al atender el caso P.P.D. v. Gobernador II.

CT-2017-002

otros

10

derechos

democracia,

y

pertenecientes

no

al

pueblo

en

mencionados específicamente‖.

una

Const.

P.R. Art. II, Sec. 19 (Énfasis nuestro). Con lo cual,

nuestro texto constitucional contiene su propio canon

interpretativo

en

materia

Específicamente, en la

de

la

Carta

de

Derechos.

Sección 2 -segundo en importancia

después del valor de la dignidad e igualdad del ser

humano-

nuestros

señalando

que

constituyentes

éste

será

colocaron

―universal,

el

igual,

sufragio

directo

y

secreto…‖. Const. P.R. Art. II, Sec. 2.

Don

Jaime

Benítez,

al

presentar

al

seno

de

la

Convención Constituyente el Informe sobre la Carta de

Derechos explicó que este articulado constitucional recogía dos

cánones de interpretación. El primero de ellos, el que nos atañe,

tenía como objetivo:

... proteger los derechos del individuo contra una

interpretación

restrictiva

o

contra

una

interpretación basada en la conocida norma de

inclusio unius, exclusio alterius. Según este

último principio interpretativo, el acto de

enumerar conlleva el acto de excluir, de suerte que

todo lo que no se menciona queda por ese solo hecho

descartado. No creemos que en una constitución deba

incorporarse un principio de esta inflexibilidad

[…] Una interpretación en el sentido de que todo lo

que no se desprenda literalmente de cada una de las

palabras usadas está por lo tanto excluido de la

protección constitucional, sería contraria a la

actitud básica que ha regido a la Comisión al

preferir el lenguaje breve de los grandes

principios en vez de la formulación minuciosa de

los detalles inagotables. (Énfasis nuestro). Diario

de Sesiones de la Convención Constituyente, Tomo

IV, pág. 2576 (1961).

El constituyente dejó meridianamente claro que esta sección

de la Carta de Derecho iba dirigida, precisamente, a evitar

CT-2017-002

11

interpretaciones como la que hoy avala la mayoría. En

otras palabras, los llamados textualistas/‖originalistas‖

etc., desatienden el texto claro de la Constitución o la

intención clara del constituyente. En boca de la mayoría,

conceptos como ―originalismo‖ o ―textualismo‖ carecen de

verdadero significado.

El delegado señor Benítez expresó que nuestra Carta

de Derechos recoge la ―protección más liberal de los

derechos

del

individuo...‖.

Id.

en

el

pasado,

somos

nosotros,

jueces puertorriqueños,

a

quienes

nos

corresponde

los

hacer

Como

he

dicho

realidad

el

mandato

constitucional de nuestro máximo documento impartiéndole

actualidad a los derechos individuales, para cumplir con

nuestra

obligación

constitucional

de

proveer

esa

protección más abierta y tolerante ―de los derechos del

individuo‖. Id. La Constitución que interpretamos es la

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no otra, por lo

que debemos atenernos al canon interpretativo que sus

forjadores

nos

impusieron.

Puede

que

no

guste,

pero mientras esté vigente hay que respetarla .

Todo lo cual me lleva a concluir que invocar

la tesis de ―análisis textualista‖ no es más que

un

subterfugio

para

ideológico

judicial,

ningunear

nuestra

derechos

de

la

que

encubrir

lleva

Constitución,

a

a

un

activismo

la

mayoría

limitar

a

los

ciudadanía y a abandonar precedentes

CT-2017-002

12

establecidos, para así obtener ventajas pasajeras en

procesos electorales ideológicos. ¡Qué lástima!

Por otra parte, es meritorio enfatizar que el valor

de

igualdad

estudiado,

lo

económica

electoral

cual

logrado

ha

ha

sido

ampliamente

constatar

que

―una

distribución de recursos extremadamente desigual puede

crear

la

apariencia

de

inequidad

que

afectaría

la

legitimidad del resultado electoral‖. Kevin Casas-Zamora

& Daniel Zovatto, El costo de la democracia: Apuntes

sobre

la

regulación

del

financiamiento

político

en

América Latina, Latin America Intiative Foreign Policy

(Julio

2015),

disponible

en:

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/TheCost-of-Democracy-CasasZamora-Zovatto-Spanish.pdf (última

visita, 17 de abril de 2017).

Con esto en mente, la revocación del principio de

igualdad económica electoral tiene el fatídico efecto de

socavar

la

legitimación

electorales.

Ello,

plebiscitario

que

aún

se

de

más,

los

procedimientos

avecina,

cuando

ha

el

proceso

provocado

gran

suspicacia en el propio gobierno federal. Como sabemos,

hace apenas unos días, el Departamento de Justicia de

Estados Unidos rechazó avalar este evento plebiscitario

ante

las

serias

dudas

provocadas

por

las

papeletas

diseñadas para utilizarse el próximo 11 de junio de 2017.

El subsecretario del Departamento de Justicia, Sr. Dana

J. Boente, en misiva de 13 de abril de 2017 señaló

que

el

lenguaje

contenido

en

la

papeleta

CT-2017-002

13

plebiscitaria contiene ―varias declaraciones ambiguas y

potencialmente engañosas‖. Véase United States Department

of Justice review of plebiscite ballot, voter education

materials,

and

expenditure

plan,

pág.

2.

(Traducción

nuestra.)

En consideración a lo antes expuesto y el contexto

de crisis fiscal que nos asecha, no existe lógica alguna

que

justifique

el

proceder

de

la

mayoría

de

este

Tribunal. Por el contrario, los pronunciamientos que hoy

emite este Alto Foro sólo dejan entrever, que está muy

presente el deseo de hacer posible un resultado electoral

particular.

Por los fundamentos que anteceden, me veo obligada a

disentir

de

la

determinación

de

una

mayoría

de

este

Tribunal que sólo abona a la creación de resquicios que

conminan nuestro sistema de gobierno y los principios

fundamentales de la democracia. La opinión que hoy se

avala, traza un derrotero lastimoso para la democracia en

nuestro país que asfixia y ahoga nuestras conquistas de

libertades. Hoy no somos un mejor país, de lo que éramos

ayer.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Norma E. Burgos Andújar,

Comisionada Electoral del

Partido Nuevo Progresista

Recurrida

v.

Comisión

Estatal

de

Elecciones, por conducto

de su Presidenta, Liza

García Vélez; Comisionado

Electoral

Interino

del

Partido

Popular

Democrático, Miguel Ríos

Torres;

Comisionada

Electoral Designada del

Partido

Independentista

Puertorriqueño, María de

Lourdes Santiago

Recurridos

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, por conducto

de

la

Secretaria

de

Justicia,

Hon.

Wanda

Vázquez Garced

Recurridos

Senado de Puerto Rico, por

conducto de su Presidente

Hon. Thomas Rivera Schatz,

y su Secretario Manuel

Torres Nieves; Cámara de

Representantes de Puerto

Rico, por conducto de su

Presidente

Hon.

Carlos

Méndez

Núñez

y

su

Secretaria Ayleen Figueroa

Vázquez

Peticionarios

CT-2017-002

Certificación

Intrajurisdiccional

CT-2017-002

Opinión disidente

ESTRELLA MARTÍNEZ

2

emitida

por

el

Juez

Asociado

SEÑOR

San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017.

El reconocimiento del derecho a la igualdad en todas

sus dimensiones fundamentales y constitucionales me exigen

disentir por encima de cualquier otra consideración.

El axioma de igualdad electoral,26 en su vertiente de

igualdad

económica,

es

uno

claramente

reconocido,

no

solamente por nuestro Derecho Constitucional, sino que es

uno de los pilares de la igualdad en materia electoral a

nivel del Derecho Internacional,27 el cual como jueces y

26

Sabido es que el principio de igualdad electoral contiene

múltiples garantías aplicables a diversos contextos en la

democracia, que no se limitan a la igualdad ciudadana para

acceder a los cargos públicos. L. Castillo González, Los

derechos de la militancia y la jurisdicción, en Democracia

interna y fiscalización de los Recursos de los Partidos

Políticos 59 y 73 (IFE 2006); R. Dworkin, Virtud Soberana

(Paidos 2003). Asimismo, se puede valorar cuantitativamente, en

la igualdad del voto. Otra dimensión donde encontramos el manejo

de la igualdad, es en el acceso a la justicia electoral.

También, este principio se utiliza para la igualdad de recursos,

cuando se estudia el financiamiento electoral. J. Woldenberg,

Vida interna de los partidos políticos y fiscalización de los

recursos, nuevos retos de la autoridad electoral, en Democracia

interna y fiscalización de los Recursos de los Partidos

Políticos, 21 (IFE 2006). Véase C.M. Rosales, Mecanismos de

financiamiento

político

y

el

control

de

las

campañas

electorales, 44 Rev. Jur. UIPR 515, 525 n. 30 y 31 (2010).

27

Véase Declaración Universal de Derechos del Hombre, A.G.

Res. 217 (III) A, N.U. Doc. A/RES/217(III) (10 de diciembre de

1948),

art.

21,

http://www.un.org/es/comun

/docs/?symbol=A/RES/217(III); Pacto Internacional de Derechos

CT-2017-002

3

juezas estamos obligados a reconocer por mandato de la

propia Constitución Federal. Art. IV, Const. EE. UU., LPRA,

Tomo

1.

Particularmente,

con

relación

a

la

Declaración

Universal de Derechos del Hombre y el Pacto Internacional

de Derechos Políticos y Civiles de 16 de diciembre de 1966,

se

ha

establecido

lo

siguiente:

―[T]he

foundational

documents in question, are imbued with influential notions

of

freedom,

equality,

accountability,

and

State

obligations. These rights and the notions surrounding them

are the primary representations of democratic norms and

political

values

at

the

international

politics

must

first

pass

through

these

level.

Money

filters‖.

in

T.K.

Kuhner, The Democracy to Which We Are Entitled: Human Right

and the Problem of Money in Politics, 26 Harv. Hum. Rets.

J.

39,

58

(2013).

Sabido

es

que

ambas

normas

Civiles y Políticos, A.G. Res. 2200 (XXI) A, N.U. Doc. A/RES/200

(XXI)

A

(16

de

diciembre

de

1966),

art.

25,

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2200(XXI)&Lang=S&A

rea=RESOLUTION. Véase, además, A.R. Dalla Vía,

Los

derechos

políticos

y

e lectorales

en

la

jurisprudencia

del

Tribunal Europeo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos,

Anales de la Academia Nacional de Ciencias Morales Y Políticas

(2012),

http://www.ancmyp.org.ar/user

/files/13Dallav%C3%ADa12.pdf;

A.R.

Dalla

Vía,

Derechos

políticos, normativa electoral y equidad en los procesos

electorales, en Cuaderno de Capel 57, Construyendo las

Condiciones de Equidad en los Procesos Electorales, Instituto

Interamericano

de

Derechos

Humanos

(2012),

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29275.pdf. Para una discusión

de los derechos humanos y los asuntos económicos en los procesos

políticos a nivel internacional, véase, en general, T.K. Kuhner,

The Democracy to Which We Are Entitled: Human Right and the

Problem of Money in Politics, 26 Harv. Hum. Rets. J. 39 (2013).

CT-2017-002

4

internacionales

son

vinculantes

y

recogen

inexorables

deberes aplicables al gobierno de los Estados Unidos. De

ese modo, nótese que la igualdad electoral en su vertiente

económica impone obligaciones al Estado directamente y no

se

limita

a

donantes

políticos

o

paridad

para partidos políticos, como erróneamente resuelve una

Mayoría de este Tribunal.

Asimismo,

cabe

destacar

que,

en

el

contexto

del

Derecho Internacional, la Igualdad real y la participación

en

asuntos

electorales

no

se

limitan

a

elecciones

generales, sino que se extienden a la participación en

asuntos públicos. La igualdad electoral en su vertiente

económica

ha

sido

autodeterminación

una

de

pieza

los

clave

Pueblos

en

la

lucha por

colonizados.

Sería

la

un

contrasentido, a la luz de la realidad puertorriqueña, que

la

vertiente

económica

de

la

igualdad

electoral

esté

excluida del proceso de autodeterminación de un Pueblo y

que quede relegado a meramente puestos electivos. En esa

línea, estudiosos del Derecho Internacional han planteado

lo siguiente:

Consider that the democratic entitlement requires

―access, on general terms of equality, to public

service in [one's] country,‖ protects ―the right

and the opportunity without . . . distinctions [as

to property, fortune, or economic status] . . .

[t]o take part in the conduct of public affairs .

. .,‖ and requires all States to provide

―[t]ransparent

and

accountable

government

CT-2017-002

5

institutions‖.

omitidas).

Kuhner,

supra,

pág.

40

(notas

De igual forma, no podemos ignorar que este axioma de trato

igualitario electoral es el que pone en práctica la salvaguarda

constitucional del derecho al sufragio universal, igual, directo y

secreto, y a la libre expresión de los electores en Puerto Rico.

Art. II, Sec. 2, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Tal principio protege a

los

ciudadanos

de

toda

coacción

en

cualquier

proceso

electoral, ya sea en elecciones generales, plebiscitos o

referéndums.

La realidad del Derecho Constitucional y del Derecho

Internacional en materia de igualdad electoral no puede ser

derrotada

por

la

intención

embargo,

aun

utilizando

del

la

legislador

línea

local.

argumentativa

de

Sin

la

Mayoría, a poco examinemos la propia Exposición de Motivos

de la Ley Núm. 7-2017, nos podemos percatar que la Asamblea

Legislativa

de

Puerto

Rico

está

consciente

de

los

parámetros de neutralidad en el mensaje y uso de fondos

públicos

que,

a

su

vez,

el

propio

Gobierno

Federal

reconoció al aprobar el Consolidated Appropriations Act,

2014, Pub. L. No. 113-76, 128 Stat. 5. Específicamente,

reconoció de forma expresa lo siguiente:

Después de más de un siglo de desventajas

coloniales y de años de haberse realizado el Plebiscito

en Puerto Rico, el Congreso y el Presidente aprobaron

una asignación de $2.5 millones en el "Consolidated

Appropriations Act (2014)", Ley Pública 113-76 (2014),

se

CT-2017-002

6

para proponer una consulta electoral de ratificación

sobre el resultado de Estadidad del Plebiscito de 2012,

ahora, a discreción del Gobierno de Puerto Rico y

financiar una campaña de "educación objetiva y no

partidista a los electores en un Plebiscito" . . .

"sobre las opciones que resolverían el estatus político

futuro[‖]. (énfasis suplido).

Ante el historial legislativo de la Ley Núm. 7-2017, y ni

hablar

del

reconocimiento

expreso

del

legislador

en

incluir las prohibiciones de la Ley Electoral, queda claro

que

en

virtud

de

la

legislación

federal

y

la

propia

legislación local resulta obligatoria la aplicación del

axioma

constitucional

vertiente

económica,

de

aun

igualdad

cuando

la

reconocerle un rango constitucional.

mismo

razonamiento

tendrían

que

electoral

en

Mayoría

quiera

no

su

Es decir, bajo su

concluir

que

hay

un

mandato federal y un reconocimiento legislativo local de

su aplicabilidad.

A

pesar

de

esa

realidad,

hoy

se

revoca

innecesariamente el precedente de PPD v. Gobernador II,

136 DPR 916 (1994), y se echa a la borda el acertado

reconocimiento de la jurisprudencia que este Tribunal ha

emitido.28 Sobre el particular, anteriormente expresamos lo

siguiente:

[H]emos reconocido que el axioma constitucional de

igualdad electoral ―es susceptible de manifestarse en

diversas dimensiones‖. PRP v. ELA, 115 DPR 631, 633

28

Véanse, por ejemplo, Acevedo Vilá v. CEE, 172 DPR

971 (2007); Miranda v. CEE, 141 DPR 775 (1996).

CT-2017-002

7

(1984). Véase PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 667

(1995). Si bien en el pasado ha sido invocado en el

contexto de controversias que involucraban partidos

políticos, no es exclusivo de ese contexto. Las

alternativas electorales en ocasiones trascienden los

márgenes de los partidos políticos. Se amplían; y con

ellas los escenarios en los que el axioma constitucional

de trato igualitario debe ser aplicado. No podemos

constreñir su alcance. Ensancharlo es lo correcto. Frente

a la ―partidocracia‖ debe prevalecer la democracia.

Guadalupe Tirado v. CEE, 165 DPR 106, 116 (2005).

Lamentablemente,

el

curso

de

acción

que

hoy

sigue

una

Mayoría de este Tribunal tiene el efecto de achicar el

alcance

de

tan

importante

y

fundamental

principio

de

arraigo constitucional.

Paradójicamente, en el escrutinio de una legislación

que persigue atender el problema de la Desigualdad, este

Tribunal restringe el alcance del concepto de Igualdad.

Ahora queda en manos del partido político que controle las

Ramas Políticas establecer los parámetros, si alguno, en

torno al uso de fondos públicos relacionados con eventos

electorales.

El

organismo

administrativo

electoral

——la

Comisión Estatal de Elecciones—— no podrá incluir en el

ejercicio

responsable

constitucionales

universal

escritas

que

en

de

su

adicionales

al

expertise

derecho

no

estén

contempladas

piedra

en

Constitución;

la

salvaguardas

del

sufragio

textualmente

peor

aún,

y

la

ciudadanía no contará con la protección oportuna de la

Rama Judicial. Anteriormente, he advertido que esa lectura

CT-2017-002

del

8

Derecho

Constitucional

convierte

las

garantías

ciudadanas que emanan de la Constitución en meramente un

cementerio de palabras. Hoy la Igualdad se acerca más a la

tumba

del

cementerio

constitucional

con

acciones

como

éstas. Como situación agravante, se elimina la posibilidad

de impugnar de su faz normas reglamentarias y resoluciones

de la naturaleza que nos ocupa, y la ciudadanía tendrá que

esperar y probar que se sufran daños particulares en el

evento electoral para tener algún éxito en el reclamo de

Igualdad.

Esas son algunas de las múltiples consecuencias que

acarrea la actuación de revocar un precedente firmemente

establecido por más de dos décadas y, sorprendentemente,

debilitar

estos

principios

constitucionales

consustanciales a la existencia de la democracia misma.

No puedo perder de perspectiva el Estado de Derecho

que

ha

regido

los

moderna,

así

como

eventos

electorales

nuestros

en

la

pronunciamientos

historia

y

las

protecciones que hemos concedido cuando los principales

movimientos

axioma

ideológicos

constitucional

en

Puerto

Rico

de

igualdad

han

invocado

electoral,

en

el

su

vertiente de igualdad económica, en aspectos relacionados

al ―status‖, y no solamente a elecciones generales, como

se ha restringido en el día de hoy. A modo de ejemplo, el

CT-2017-002

Partido

9

Nuevo

Progresista

dirigidos

a

cuestionar

cabildear

en

contra

el

de

(PNP)

uso

la

ha

de

realizado

fondos

estadidad.

reclamos

públicos

Para

ello,

para

la

representación legal del PNP, al igual que su liderato,

consecuentemente

han

invocado

la

prohibición

de

uso

indebido para fines no-públicos y el axioma constitucional

de igualdad económica. Véase, a modo de ejemplo, Recurso

de Certificación Intrajurisdiccional, PNP v. ELA, CT-201611;

PNP

v.

Hon. Sila

M.

Calderón,

162

DPR

239 (2004)

(Sentencia).

Desde mis estudios de Derecho, como abogado y como

juez, he conocido, reconocido y aplicado el axioma de la

igualdad electoral en su vertiente económica como uno de

los

pilares

del

concepto

de

la

Igualdad

y

como

una

garantía del Derecho Internacional y Constitucional. Ello,

precisamente, para garantizar la autodeterminación de los

Pueblos

y

evitar

relacionados

y

no

desigualdades

limitados

en

a

procesos

elecciones

electorales

de

puestos

públicos. Es lo correcto en Derecho ayer, hoy y siempre,

por

lo

que

consecuentemente

disiento

y,

en

su

lugar,

hubiese fortalecido y no debilitado el axioma de igualdad

electoral en su vertiente económica, de conformidad con la

base legal constitucional e internacional expuesta.

CT-2017-002

10

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Norma E. Burgos Andújar,

Comisionada Electoral

del Partido Nuevo

Progresista

Recurridos

v.

Comisión Estatal de

Elecciones por conducto

de su Presidenta, Liza

García Vélez y Otros

CT-2017-002

Certificación

Recurridos

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico por conducto

de la Secretaria de

Justicia, Wanda Vázquez

Garced

Recurridos

Senado de Puerto Rico,

por conducto de su

Presidente, Hon. Thomas

Rivera Schatz y Otros

Peticionarios

Opinión

Pérez.

Disidente

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

Colón

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017.

¿Será que nuevamente el vaivén de

las olas arropa el entendimiento y

provoca un tracto jurisprudencial

zigzagueante y dúctil?

Op. Disidente Juez Asociada señora

Rodríguez

Rodríguez

en

Asoc.

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz,

180 DPR 920, 974 (2011).

CT-2017-002

2

En el día de hoy, arropados nuevamente por el mecimiento

descontrolado

y

desmesurado

de

lo

que

hace

ocho

(8)

años

algunos miembros de este Tribunal proclamaron como el ―flujo

normal de la marea judicial‖, este Foro pierde la oportunidad

única de reiterar sus pronunciamientos, de hace más de dos (2)

décadas, en materia de igualdad electoral ante la celebración

de un referéndum. Esta vez, extendiendo la referida normativa

al contexto de un plebiscito.

Específicamente, nos correspondía determinar si, ante la

celebración de un plebiscito a celebrarse el próximo 11 de

junio de 2017, y de la posible celebración de un referéndum a

llevarse

a

cabo

el

8

de

octubre

del

mismo

año,

se

hacían

extensivas a las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico las prohibiciones establecidas en el Art. 12.001 de la Ley

Electoral de Puerto Rico, infra. Estas prohibiciones tienen el

efecto de impedir que, salvo autorización expresa de la Junta

Examinadora de Anuncios (en adelante, ―J.E.A.‖), tales agencias

incurran en gastos para la compra de tiempo y espacio en los

medios de comunicación del País, así como para la compra o

distribución de materiales propagandísticos o promocionales con

el

propósito

de

realizaciones,

exponer

sus

proyecciones

programas,

y/o

planes.

proyectos,

Lo

logros,

anterior,

con

excepción, claro está, de aquellos avisos y anuncios de

prensa

expresamente

campañas de la

requeridos

Compañía

de

por

ley,

Turismo, así como

ciertas

CT-2017-002

aquellos

3

anuncios

que

sean

utilizados

para

difundir

información de interés público, urgencia o emergencia,

los

cuales

sólo

efecto de la

serán

permitidos

previa

autorización al

Comisión Estatal de Elecciones (en adelante,

―C.E.E.‖).

Contrario a lo señalado por una mayoría de este Tribunal

-- y conforme al axioma de igualdad electoral contenido en la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a lo

resuelto por este Tribunal en los casos P.P.D. v. Gobernador I,

infra, y P.P.D. v. Gobernador II, infra, --, en el contexto de

los eventos electorales a celebrarse en los meses de junio y,

posiblemente, en octubre de 2017, tal prohibición era una válida

y

cónsona

sufragio

con

la

universal,

salvaguarda

igual,

constitucional

directo

y

secreto,

al

derecho

y

a

la

de

libre

expresión de los electores y las electoras en nuestro País.

Por no ser ese el curso de acción seguido por una mayoría

de este Tribunal, disentimos.

La postura que asume una mayoría de esta Curia, al amparo

de

una

lectura

desacertada,

literal

y

positivista

de

las

provisiones legales aplicables y de las salvaguardas contenidas

en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

conlleva la revocación de uno de nuestros stare decisis mejores

pensados y estructurados en materia de derecho electoral. Como si ello

no fuera suficiente, tal dictamen acarrea, indudable e inequívocamente,

un atentado contra el derecho fundamental de cada puertorriqueño y

CT-2017-002

4

puertorriqueña

al

voto,

libre

de

coacción

por

parte

del

Estado.

Esta nefasta actuación tiene el efecto de permitir que las

agencias

del

contexto

de

Estado

la

se

arroguen

celebración

de

fondos

de eventos

públicos

en

el

eleccionarios.

Con

su

actuación, una mayoría de este Tribunal avala que el partido

político que ostenta el poder utilice los fondos públicos para

interferir -- intencionalmente -- con el libre derecho al voto

de los puertorriqueños y puertorriqueñas, a ser depositado en

las

urnas

esquema

de

la

electoral

democracia,

socavando

de

País.

nuestro

así

Nuestra

los

pilares

del

conciencia

nos

impide avalar tal proceder.

I.

La controversia ante nuestra consideración surge a raíz

de la aprobación de la Ley Núm. 7 de 3 de febrero de 2017,

conocida

Puerto

como

Rico

referido

la

(en

Ley

para

adelante,

estatuto,

la

la

―Ley

Asamblea

Descolonización

Núm.

7-2017‖).

Legislativa

de

Inmediata

de

Conforme

al

Puerto

Rico

autorizó la celebración de dos eventos electorales, a saber:

(1) un plebiscito, a celebrarse el próximo 11 de junio de

2017, mediante el cual los electores debidamente inscritos

podrán votar entre ―Estadidad‖ y ―Libre Asociación/Independencia‖

CT-2017-002

como

5

opciones

de

estatus

político

―Plebiscito‖); y (2) en caso de prevalecer

(en

la

adelante,

opción

de

―Libre Asociación/Independencia‖, un referéndum, a celebrarse

el 8 de octubre de 2017, para seleccionar el tipo de relación

soberana,

ya

sea

―Libre

Asociación‖

o

―Independencia‖

(en

adelante, ―Referéndum‖).

A raíz de lo anterior, la Comisión Estatal de Elecciones

de

Puerto

Rico

(en

adelante,

―C.E.E.‖)

celebró

una

reunión

ordinaria, en la cual el Comisionado Electoral Interino del

Partido Popular Democrático, el señor Miguel Ríos Torres (en

adelante,

―Comisionado

Electoral

del

PPD‖),

presentó

una

solicitud para que -- en vista de los eventos electorales antes

mencionados –- se activase la J.E.A. Ello, al amparo del Art. 12.001 de

la Ley Núm. 78 de 1 de junio de 2011, según enmendada, Ley Electoral de

Puerto Rico, infra (en adelante, ―Ley Núm. 78-2011‖).

A dicha solicitud, la Comisionada Electoral del Partido Nuevo

Progresista, la señora Norma E. Burgos Andújar (en adelante ―Comisionada

Electoral del PNP‖), se opuso. Ésta alegó que la Ley Núm. 7-2017 era

silente en cuanto a la activación de la J.E.A. y que el Art. 12.001 de la

Ley Núm. 78-2011, infra, era aplicable únicamente a las elecciones

generales, por lo que entendió que la activación de tal ente no procedía

ante la celebración del Plebiscito.

Así

las

cosas,

ante

la

falta

de

unanimidad

entre

los Comisionados Electorales29 y conforme al procedimiento

29

Al momento en que se suscitó la controversia ante nuestra consideración,

solo estuvieron presentes dos Comisionados Electorales, a saber, uno por el

Partido Popular Democrático y otro por el Partido Nuevo Progresista. Ello, a

CT-2017-002

6

establecido

en

la

Ley

Núm.

78 -2011,

infra,

la

controversia quedó sometida para la consideració n de la

Presidenta

de

la

C.E.E.,

quien,

oportunamente,

emitió

la Resolución C.E.E.-RS-17-07 (en adelante, ―Resolución

de

la

C.E.E.‖)

y

dispuso

su

consideración.

Al

documento,

Presidenta

presentadas

ante

mediante

referido

C.E.E.

el

activó

la

veda

de

las

la

electoral

para

controversias

así

la

hacerlo,

de

la

difusión

de

anuncios gubernamentales contenida en el Art. 12.001 de

la

año

Ley

Núm.

78-2011,

vigente;

día

después

del

que

en

de

parte, dispuso

celebración

del

infra,

hasta

caso

Referéndum,

el

12

de

junio

del

Por

otra

Pleb iscito.

que

la

fuese

necesaria

referida

la

prohibición

estará vigente hasta el 9 de octubre de 2017. Por último, y

cónsono con lo anterior, ordenó se constituyera la J.E.A.; ente

encargado de hacer valer lo dispuesto en el mencionado Art.

12.001 de la Ley Núm. 78-2011, infra.

Inconforme

presentación

Presidenta

con

dicho

una

solicitud

de

de

la

C.E.E.,

proceder,

--

de

la

y

tras

la

reconsideración

cual

fue

oportuna

ante

denegada

--

la

la

Comisionada Electoral del PNP presentó un recurso de Revisión

Judicial ante el Tribunal de Primera Instancia, impugnando la

Resolución

de

la

C.E.E.

En

síntesis,

la

Comisionada

Electoral del PNP solicitó que se dejara sin efecto el

mencionado

dictamen,

por

entender

que

las

raíz de los resultados de las elecciones generales celebradas en noviembre

de 2016.

CT-2017-002

7

disposiciones

contenidas

Núm.

infra, son de

78-2011,

celebración

de

en

el

Art.

12.001

aplicación

elecciones

de

la

exclusiva

generales,

no

Ley

a la

así

al

Plebiscito y/o Referénd um.

Así pues, y mientras el caso se encontraba pendiente ante

el Tribunal de Primera Instancia, el Senado de Puerto Rico, por

conducto de su Presidente, Hon. Thomas Rivera Schatz, y su

Secretario,

Manuel

Torres

Nieves,

junto

a

la

Cámara

de

Representantes de Puerto Rico, por conducto de su Presidente,

Hon.

Carlos

mediante

Méndez

una

solicitud

solicitaron

modo

que

instancia,

Núñez,

que

de

comparecieron

ante

este

Certificación.

En

la

misma,

nos

presente

caso,

de

certificá ramos

este

Tribunal

los

asuntos

el

pudiera

atender,

planteados

en

ante

Tribunal

primera

el

foro

primario.

El

mismo

día,

compareció

ante

nos

la

Comisionada

Electoral del PNP, uniéndose a la mencionada solicitud

y adoptando los fundamentos expuestos por el Senado de

Puerto Rico, su Presidente y

Secretario, la Cámara

de

Representantes de Puerto Rico y su Presidente.

Luego de que este Tribunal acogiera la solicitud de

certificación, y tras los trámites de rigor, las partes

en el presente pleito presentaron sus respectivos alegatos. En ellos, la

C.E.E. alega que, por ser el ente designado por ley para resolver asuntos

electorales, estaba autorizada a reglamentar todo lo relativo

proceso electoral

en

el

País;

ello,

en

salvaguarda

al

al

derecho al

CT-2017-002

8

voto de los ciudadanos. Asimismo, arguyó que las disposiciones de la Ley

Núm. 7-2017 eran compatibles con la Ley Núm. 78-2011, infra, en lo

relacionado

a

la

veda

electoral.

Particularmente,

esboza

que

anteriormente este Tribunal ya había resuelto una controversia idéntica a

la presente y, allí, determinó que la veda electoral sobre difusión de

anuncios por parte del Estado, y sufragados con fondos públicos, era

aplicable a un evento de referéndum.

La Comisionada Electoral del PNP, por su parte, arguye que

activar la veda electoral a referéndums y plebiscitos tendría el

efecto de ―paralizar‖ la capacidad del Estado Libre Asociado de

comunicar sus políticas públicas e informar a la ciudadanía. En

consecuencia, sostiene que la prohibición contenida en el Art.

12.001

de

la

Ley

Núm.

78-2011,

infra,

era

de

aplicación

exclusiva a las elecciones generales en el País.

Por

otro

lado,

el

Comisionado

Electoral

del

PPD,

en

síntesis, entiende que el asunto ante nuestra consideración no

es uno novel, sino que ya se había resuelto por este Tribunal

hace años atrás. Así, expresó que cónsono con lo resuelto en

P.P.D. v. Gobernador II, infra, y según el texto claro de la Ley

Núm. 7-2017, la veda electoral aplica a los asuntos electorales

a celebrarse el 11 de junio y 8 de octubre de 2017, de ser este

último

necesario.

Por

ello,

sostuvo

la

procedencia

de

la

constitución de la J.E.A.

De

igual

forma,

la

Comisionada

Electoral

Independentista Puertorriqueño, la licenciada

del

María de

Partido

CT-2017-002

9

Lourdes Santiago Negrón (en adelante, ―la Comisionada Electoral

del PIP‖), compareció ante nos. En su alegato, y en lo aquí

pertinente, sostiene que la propia Ley Núm. 7-2017 incorporó, de

forma literal, lo dispuesto en la Ley Núm. 78-2011, infra, en

cuanto a los delitos y prohibiciones. Por ello, es de la opinión

que la veda electoral contenida en el Art. 12.001 de nuestro

estatuto

electoral

vigente,

infra,

por

ser

un

tipo

de

prohibición, aplica a los eventos electorales a celebrarse en

junio y octubre del año corriente. Asimismo, alega que este

Tribunal ya ha resuelto situaciones como la presente, al amparo

del principio de igualdad económica electoral.

De otra parte, en su comparecencia, el Procurador General

del

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico

(en

adelante,

―Procurador General‖) presentó su oposición a la Resolución de

la C.E.E. En esencia, el E.L.A. argumenta que en nuestro estado

de derecho existe una facultad delegada al Estado de comunicar e

informar

a

los

ciudadanos

del

País

sobre

los

programas

gubernamentales y que, si bien reconoce no poseer un derecho a

la libertad de expresión, cualquier limitación a esta facultad

debe ser observada con cautela. Además, sostiene que nada de lo

resuelto por este Tribunal apoya la activación de la J.E.A. en

periodos en los que no se celebre una elección general.

En

escrito

Presidente

y

su

separado,

Secretario,

el

Senado

de

Puerto

Rico,

su

alegaron,

en

síntesis,

que

las

disposiciones de la Ley Núm. 7-2017

eran

incompatibles

con

CT-2017-002

la

10

prohibición

Núm.78-2011,

ello,

por

sostienen

Curia

contenida

infra, por

tratarse

que

en

determinó

de

en

lo

la

Art.

que

una

P.P.D. v.

que

el

12.001

prevalecía

ley

Gobernador

II,

prohibición

Ley

primera;

Asimismo,

infra,

esta

en

el

entonces

no

se

vigente

en

aquel

extendía

a

que

se

celebrara

no

la

contenida

electoral

en

la

especial.

estatuto

años

de

una

elección

general.

Por último, la Cámara de Representantes de Puerto

Rico,

su

Presidente

presentaron

su

y

su

Secretario,

correspondiente

alegato.

En

también

el

mismo,

entre otras, plantean que para determinar si era o no

aplicable

la

veda

electoral

contenida

en

la

Ley

Núm.

78-2011, infra, no era necesario solamente realizar una

distinción

entre

los

distintos

eventos electorales -- a

saber, una elección general, un plebiscito y un referéndum -sino que, además, la naturaleza del referéndum debía tomarse

en

consideración.

ocasiones

por

Así,

este

arguyó

Tribunal,

que

en

lo

resuelto

contextos

en

otras

similares

al

presente, no es de aplicación.

II.

De entrada, es menester aclarar que, contrario a lo que pretende

intimar una mayoría de este Tribunal, este Foro -- como último intérprete

de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico -- puede y

debe

recurrir

al

texto

de

la

misma

en

todas

aquellas

CT-2017-002

11

circunstancias en las que ello sea meritorio. Precisamente, al

desplegar tal facultad revisora e interpretar así los contornos

de nuestra Constitución, ―debemos garantizar su vigorosidad y

relevancia ante los problemas sociales, económicos y políticos

actuales‖. (Énfasis suplido). Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR

64, 91 (1998). Véanse además, Nogueras v. Hernández Colón I, 127

DPR 405 411 (1990); P.I.P. v. C.E.E., 120 DPR 580, 613 (1988);

López

Vives

v.

(1987).

La

podemos

ejercer

solicitud

Policía

contención

de

tal

las

en

de

P.R. ,

contrario,

función

partes ‖,

― sin

Op.

pág.

118

DPR

219,

relativa a

la

227

que no

correspondiente

13,

resulta

en

una

anomalía a nuestro rol como tribunal de última instancia. Una

vez aclarado lo anterior, procedemos a discutir el derecho

aplicable -- y obviado por esta mayoría -- a la controversia

ante nos.

III.

Como es sabido, y en lo pertinente a la controversia

que nos ocupa, la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, al igual que la Constitución de los Estados Unidos

de

América30,

consagra

como

principio

fundamental

30

en

En lo aquí pertinente, la Enmienda XIV de la Constitución de los Estados

Unidos de América establece lo siguiente:

Ningún estado aprobará o hará cumplir ninguna ley que restrinja

los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados

Unidos; ni ningún estado privará a persona alguna de su vida, de

su libertad o de su propiedad, sin el debido procedimiento de

ley, ni negará a nadie, dentro de su jurisdicción, la igual

protección de las leyes. Emda. XIV, Const. EE.UU, LPRA, Tomo I,

ed. 2016, págs. 207-208.

CT-2017-002

12

nuestra vida de Pueblo el derecho a la igualdad e igual

protección de las leyes. Al respecto, el Art. II, Sec.

1, de nuestra Carta Magna señala que:

La dignidad del ser humano es inviolable.

Todos los hombres son iguales ante la Ley. No

podrá establecerse discrimen alguno por motivo

de raza, color, sexo, nacimiento, origen o

condición

social,

ni

ideas

políticas

o

religiosas. Tanto las leyes como el sistema de

instrucción

pública

encarnarán

estos

principios de esencial igualdad humana. Sec.

1, Art. II, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1, ed.

2016, pág. 275.

Según dispuesto en el Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente,

entre

los

principios

que

inspiraron

a

los

fundadores y fundadora de nuestra Constitución al momento de

redactar la referida cláusula constitucional se encontraban:

[…] fijar claramente como base consustancial de todo

lo que sigue el principio de la dignidad del ser

humano y, como consecuencia de ésta, la igualdad

esencial de todas las personas dentro de nuestro

sistema Constitucional. La igualdad ante la ley

queda por encima de accidentes o diferencias, bien

tengan su origen en la naturaleza o en la cultura.

Todo discrimen o privilegio contrario a esta

esencial

igualdad

repugna

al

sistema

jurídico

puertorriqueño. En cuanto fuera menester nuestra

organización legal queda robustecida por la presente

disposición constitucional, a la vez que obligada a

ensanchar

sus

disposiciones

para

dar

plena

realización a lo aquí dispuesto. Informe de la

Comisión de la Carta de Derechos, Diario de Sesiones

de la Convención Constituyente, Tomo 4, p. 2561,

Equity (1962).

Cónsono con lo anterior, en aras de darle significado y

vida

a

contexto

la

de

referida

las

disposición

controversias

constitucional,

que

establecido que la igualdad “[p]or su

nos

y

ocupan,

naturaleza

en

el

hemos

dinámica

CT-2017-002

es

13

susceptible

P.P.D.

v.

de

manifestarse

Gobernador

I,

139

en

diversas

D.P.R.

643,

dimensiones‖.

666-667

(1995),

citando a P.R.P. v. E.L.A., 115 DPR 631, 633 (1984). Una de

estas manifestaciones lo es la igualdad electoral.

El

principio

de

igualdad

electoral

está

celosamente

resguardado en nuestro ordenamiento constitucional en el Art.

II, Sec. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico. Véase Art. II, Sec. 2, Const. E.L.A., LPRA, Tomo I,

ed. 2016, pág. 283. Dicho articulado garantiza la expresión de

la voluntad del Pueblo mediante el sufragio universal, igual,

directo y secreto, y protege al ciudadano y ciudadana contra

toda coacción en el ejercicio de su prerrogativa electoral. Íd.

Como se puede apreciar, bien se puede decir que, en su

contenido, el Art. II, Sec. 2 de nuestra Constitución, Íd.,

consagra el principio fundamental de que el poder político en

nuestro ordenamiento constitucional emana del consentimiento y

la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas del País. Este

precepto

constitucional

responsabilidad

dual:

interferir

el

con

―la

le

impone

de

abstenerse,

ejercicio

del

al

sufragio

Gobierno

por

un

una

lado,

universal,

de

igual,

directo y secreto, y por otro, la de proteger al ciudadano

contra

toda

coacción

en

el

ejercicio

de

tal

prerrogativa

electoral‖. P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR en la pág. 670

(1995);

(1993).

Sánchez

y

Colón

v.

E.L.A.

I,

134

DPR

445,

449-450

CT-2017-002

14

Específicamente, este Tribunal, al expresarse en torno a

tal postulado, ha establecido lo siguiente:

Estos

postulados

constitucionales

protegen

y

garantizan el derecho al sufragio universal, tanto en

las elecciones generales como en los referéndums[s] y

en los plebiscitos. Aunque no es derecho de carácter

absoluto y la Legislatura tiene amplia facultad para

reglamentarlo, le corresponde a los tribunales la

responsabilidad

de

asegurar

que

la

legislación

promulgada cumpla con las garantías constitucionales.

Al descargar esta responsabilidad tenemos que hacer un

delicado balance entre el derecho fundamental al

sufragio y el interés del Estado en reglamentar su

ejercicio

para

que

el

proceso

se

conduzca

ordenadamente con la mayor participación de electores

en igualdad de condiciones. Cada decisión debe tomarse

con

cuidado,

atendiendo

a

las

circunstancias

particulares de cada caso. Como principio general,

aquella

legislación

que

sea

onerosa

y

afecte

sustancialmente el derecho al sufragio es susceptible

de impugnación constitucional. (Énfasis suplido). Íd.

En

ese

herramientas

sentido,

vale

con

cuales

las

la

pena

señalar

históricamente

que

se

una

ha

de

las

procurado

garantizar la igualdad electoral en nuestro País lo es el Art.

12.0001

de

la

Ley

Núm.

78-2011,

16

LPRA

sec.

4231,

antes

denominado Art. 8.0001 de la Ley Electoral de Puerto Rico de

1977, Ley Núm.

4 de 20 de diciembre de 1977, 16

sec. 3351 (en

adelante, ―Ley Electoral de

LPRA

1977‖) 31. En

31

El mencionado Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico de 1977, Ley

Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, 16 LPRA sec. 3351, derogado por el Art.

12.001 de la Ley Núm. 78-2011, Ley Electoral del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, disponía de la siguiente forma:

Se prohíbe a las agencias del Gobierno de Puerto Rico, la

Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a la Rama Judicial, que a

partir del 1ro. de enero del año en que deba celebrarse una

elección general y hasta el día siguiente a la fecha de

celebración de la misma, incurran en gastos para la compra de

tiempo y espacio en los medios de difusión pública con el

propósito

de

exponer

sus

programas,

proyectos,

logros,

realizaciones, proyecciones o planes. Se exceptúan de esa

disposición aquellos avisos y anuncios de prensa expresamente

requeridos por ley.

CT-2017-002

lo

pertinente

15

a

la

controversia

ante

nos,

la

referida

disposición legal establece que:

Durante el año en que se celebre una elección

general y hasta el día siguiente a la fecha de

la celebración de la mis ma, se prohíbe a las

agencias del Gobierno, a la Asamblea Legislativa

y a la Rama Judicial de Puerto Rico incurrir en

gastos para la compra de tiempo y espacio en los

medios de comunicación, así como para la compra

y distribución de materiales propagandíst icos o

promocionales con el propósito de exponer sus

programas,

proyectos,

logros,

realizaciones,

proyecciones o planes. Se exceptúan de esta

disposición aquellos avisos y anuncios de prensa

expresamente requeridos por ley; las campañas de

la

Compañía

de

Turismo

para

promoción

del

turismo interno, campañas de promoción fuera de

Puerto Rico por parte de la Compañía de Turismo

de Puerto Rico o la Autoridad de Distrito del

Centro

de

Convenciones

de

Puerto

Rico

promocionando a la isla de Puerto Rico como

destino turístico, o la Compañía de Fomento

Industrial

promocionando

la

inversión

del

extranjero

en

Puerto

Rico,

siempre

que

no

incluyan

relaciones

de

logros

de

la

administración o la corporación ni se destaque

la figura de ningún funcionario. Además, se

excluyen las notificaciones o convocatorias para

procesos

de

vistas

públicas

legislativas

o

administrativas que se publique y circule sin

usar los medios de difusión masiva pagados.

Asímismo [sic.], se exceptúan de la anterior

disposición

aquellos

anuncios

que

se an

utilizados para difundir información de interés

público, urgencia o emergencia, los cuales sólo serán

Asimismo, se exceptúan de la anterior disposición aquellos

anuncios que sean utilizados para difundir información de interés

público, urgencia o emergencia, los cuales sólo serán permitidos

previa autorización al efecto de la Comisión Estatal de

Elecciones. 16 LPRA sec. 3351.

CT-2017-002

16

permitidos

Comisión.

previa autorización al

efecto

de la

En el caso de los anuncios o avisos que son requeridos

por ley, a las agencias del Gobierno, a la Asamblea

Legislativa y a la Rama Judicial de Puerto Rico, así

como a los municipios, la Comisión tendrá un término

de dos (2) días laborables para expresar por escrito

su aprobación o reparo, al aviso o anuncio para el

cual se solicitó la autorización. El término antes

mencionado se contará a partir del momento de la

solicitud de autorización a la Comisión, y en caso de

que el mismo expire sin que la Comisión haya expresado

su aprobación o reparo, se dará por autorizado el

mensaje, aviso o anuncio en cuestión; y no será

necesaria la emisión de documentos de aprobación por

parte de la Junta.

Las disposiciones de esta sección no serán de

aplicación al cargo de Comisionado Residente, las que

se regirán por lo estatuido en la Ley Federal de

Elecciones 2 U.S.C. § 441 (a)(1)(A) et seq.

La violación de esta sección conllevará a la

agencia o dependencia gubernamental una multa

administrativa

de

hasta

diez

mil

(10,000)

dólares

por

la

primera

infracción

y

hasta

veinticinco

mil

(25,000)

dólares

por

infracciones subsiguientes. Los fondos que se

obtengan bajo este concepto, pasarán a formar

parte del fondo especial para el financiamiento

de los gastos de automatización de los procesos

electorales, según se dispone en la sec. 4011 de

este título.

Como se puede apreciar, la puesta en vigor del Art.

12.001, antes Art. 8.001 de la Ley Electoral de 1977,

tuvo

el

efecto

de,

salvo

contadas

excepciones

autorizadas por la J.E.A., restr ingir la divulgación de

información por parte del Estado Libre Asociado durante la

celebración de las elecciones generales en el País. Dicho de otra forma,

CT-2017-002

17

el referido estatuto tuvo la ―intención legislativa de excluir

definitivamente del proceso político la influencia solapada que

el partido en el poder pueda tener mediante el uso de los

anuncios gubernamentales‖. P.P.D. v. Gobernador I, supra, a las

págs. 682-683, citando con aprobación a C.E.E. v. Depto. de

Estado,

134

reflejan

927,

939

(1993)32.

interés

en

descontinuar

DPR

―el

Disposiciones

como

durante

el

ésta

período

eleccionario la práctica de las agencias gubernamentales de

hacer

campaña

política

mediante

la

publicación

de

anuncios

sobre sus logros y planes‖. P.P.D. v. Gobernador I, supra, a la

pág. 683, citando a C.E.E. v. Depto. de Estado, supra, a la

pág. 939.

Notamos,

pues,

que

al

igual

que

bajo

el

esquema

previamente establecido mediante el derogado Art. 8.001 de la

Ley Electoral de 1977, supra, el nuevo Art. 12.001 de la Ley

Núm. 78-2011, supra, -- el cual, en esencia, adelanta el mismo

espíritu que su predecesor -- busca evitar que el Estado Libre

Asociado

y

sus

agencias,

mediante

la

utilización

de

fondos

públicos, influyan de alguna forma en la libre expresión y

selección de los ciudadanos y ciudadanas que participan en los

eventos electorales del País. Sobre el particular, véase 1er

Informe

32

de la Comisión Especial

sobre la Reforma

Tales expresiones, en referencia al antiguo Art. 8.001 de la Ley

Electoral de 1977, supra, derogado por el actual Art. 12.001 de la Ley Núm.

78-2011.

CT-2017-002

18

Gubernamental rendido con enmiendas sobre el Sustitutivo de la

Cámara al P. de la C. 1863, 10 de noviembre de 2010, 4ta Sesión

Ordinaria, 16ta Asamblea Legislativa, pág. 2533.

Así pues, en aras de garantizar el fiel cumplimiento de lo

dispuesto en el Art. 12.001 de la Ley Núm. 78-2011, supra, -- y

similar a como se hacía cuando estaba vigente el Art. 8.001 de

la Ley Electoral de 1977, -- en virtud de la Sec. 2.1 del

Reglamento para el Control de Gastos de Difusión Pública del

Gobierno de la Comisión Estatal de Elecciones de 14 de octubre

de 2015, se estableció la J.E.A. Así, se le concedió a dicho

organismo

la

encomienda

de

evaluar

toda

solicitud

de

autorización de difusión de anuncios presentada por el gobierno

de Puerto Rico en las elecciones generales. Íd., Sec. 2.3, pág.

6.

Ahora bien, es menester señalar que la activación de la

veda electoral para la difusión de anuncios gubernamentales

contenida en el Art. 12.001 de la Ley Núm. 78-2011, no solo se

limita a la celebración de elecciones generales, como pretende

sugerir su texto. Al respecto, y para entender el alcance de

esta prohibición, conviene repasar las interpretaciones -- a

nuestro juicio, correctas y completas -- que del Art. 8.001 de la Ley

33

Allí, la Comisión Especial sobre la Reforma Gubernamental expresó que el

proyecto de ley -- eventualmente, tras su aprobación y firma, convertido en

la Ley Núm. 78-2011 -- tenía como fin, entre otro, “[g]arantizar a los

electores, la reducción del gasto público en campañas políticas, así como

reducir al mínimo la intervención con la voluntad del electorado de

elementos ajenos al proceso electoral”. 1er Informe de la Comisión Especial

sobre la Reforma Gubernamental rendido con enmiendas sobre el Sustitutivo de

la Cámara al P. de la C. 1863, 10 de noviembre de 2010, 4ta Sesión

Ordinaria, 16ta Asamblea Legislativa, pág. 25.

CT-2017-002

19

Electoral de 1977 realizó este Tribunal en los casos P.P.D. v.

Gobernador I, supra, y P.P.D. v. Gobernador II, 136 D.P.R. 916

(1994).

En P.P.D. v. Gobernador II, Íd., este Tribunal tuvo ante su

consideración una situación de hechos muy similar a la que hoy

nos atañe. En aquella ocasión, se impugnó la validez de la Ley

Núm. 49 de 2 de agosto de 1994, también conocida como Ley

Habilitadora del Referéndum sobre Enmiendas a la Constitución de

Puerto Rico de 1994 (en adelante, ―Ley Habilitadora‖), mediante

la cual se autorizó la celebración de un referéndum para que

los electores inscritos manifestaran su aprobación o rechazo a

unas enmiendas propuestas a varias secciones y artículos de la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra.

En lo aquí relacionado, los demandantes solicitaron que se

le ordenara al Gobernador de Puerto Rico y a las corporaciones

públicas demandadas, junto a los correspondientes funcionarios

públicos, detener las campañas publicitarias realizadas por

estos a través de los medios de difusión pública del País.

Ello, al amparo del Art. 8.001 de la Ley Electoral de 1977,

supra.

En

dicha

ocasión,

el

foro

primario

determinó

que

el

referido artículo de la Ley Electoral de 1977 tenía vigencia

en relación al referéndum programado en Puerto

que

ordenó

a

la C.E.E.

a

nombrar

la

que habría

de

evaluar

la

necesidad

Rico,

Junta

de

de

por

lo

Anuncios

publicación

CT-2017-002

de

todo

20

anuncio

gubernamental

hasta

el

día

después

del

referéndum. Ello, al amparo del principio de igualdad económica

inmerso en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico.

Así las cosas, este Tribunal se expresó en torno a la

aplicabilidad de la prohibición contenida en el antiguo Art.

8.001

de

la

Ley

Electoral

de

1977,

supra,

al

referéndum

a

celebrarse en el País, conforme a la Ley Habilitadora. En aquel

entonces, expresamos que, al amparo del Art. II, Sec. 2 del Art.

II de nuestra Constitución, Const. E.L.A., supra, y la intención

que tuvo la Convención Constituyente al redactar la misma, el

derecho constitucional al sufragio es ―un elemento común a las

elecciones generales y los referéndum[s]‖. (Énfasis suplido).

P.P.D. v. Gobernador II, 136 DPR a la pág. 925. Véase además,

Sánchez y Colón v. E.L.A., 134 D.P.R. en la pág. 449. Asimismo,

establecimos

que

el

derecho

constitucional

del

sufragio

―es

consustancial con la existencia misma de la democracia‖, por

tratarse de un derecho que está presente tanto en las elecciones

generales como en

supra.

Ese

sufragio

--

plebiscitos.

los referéndums.

elemento

sin

común,

duda

--

alguna,

el

P.P.D.

v. Gobernador II,

derecho

constitucional

al

presente

los

también

está

en

CT-2017-002

21

Posteriormente, un año después, en P.P.D. v. Gobernador I,

supra34, se alegó la violación a los principios más esenciales

del derecho al voto, ante la utilización de fondos públicos por

parte del Estado o un Municipio para pagar anuncios que tenían

el propósito de beneficiar al partido político en poder o a los

candidatos de tal partido, tanto a nivel estatal como municipal.

En lo aquí pertinente, este Tribunal reafirmó la norma a

los

efectos

electoral

de

queda

que

el

protegido

axioma

en

constitucional

nuestro

de

igualdad

ordenamiento.

Asimismo,

hicimos énfasis en la protección brindada a dicho axioma por

nuestra

Asamblea

Legislativa,

mediante

el

esquema

electoral

establecido en Puerto Rico. En aquel entonces, establecimos que

el Art. 3.023 de la Ley Electoral de 1977, 16 LPRA sec. 3116,

tenía el propósito de salvaguardar dicho principio de igualdad

electoral, al otorgarle un trato igual a los partidos políticos

en

la

asignación

anual

de

fondos

públicos

para

su

funcionamiento. Véase P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. en la

pág. 667.

Al evaluar la ―estrecha relación” entre la Sec. 9 del

Art. VI de nuestra Constitución, supra, y

34

el

axioma

de

Es menester señalar que, contrario a lo intimado por el Gobierno de

Puerto Rico en su Alegato, en P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643 (1995), la

situación de hechos era una distinta a la presente. Allí, si bien se impugnó

explícitamente la utilización de fondos públicos para sufragar la

publicación de anuncios, ello no se dio en el contexto de la celebración de

una elección general, referéndum, plebiscito o cualquier otro evento

electoral. Por el contrario, se dio en el contexto de un año en el cual la

veda electoral contenida en el antiguo Art. 8.001 de la Ley Electoral de

1977 era inaplicable, puesto que la misma solo cobraba vigencia durante la

ocurrencia de algún evento electoral; ya sea una elección general, un

plebiscito y/o referéndum, por ejemplo.

CT-2017-002

igualdad

electoral

22

en

su

vertiente

de

igualdad

económica,

dispusimos lo siguiente:

En la medida en que se subvencione una campaña

político-partidista con fondos públicos, se le

permite una ventaja a un partido (o candidato

político) sobre otros, lo que atenta contra el

axioma

de

igualdad

electoral

y

socava

los

pilares del esquema electoral en nuestro País,

el cual garantiza la igualdad económica entre

los

partidos

sin

limitarlo

al

período

eleccionario .

Esto

afecta

detrimentalmente

[sic.], además, el derecho de los electores a

ejercer su voto libre de cualquier coacción,

toda vez que como componentes esenciales de los

partidos son colocados en la misma desventaja

económica

que

su

partido

frente

al

que

subvencionó parte de su campaña política con los

fondos de todo el Pueblo de Puerto Rico, incluso

los de esos electores pertenecientes a cualquier

partido

de

oposición

del

Gobierno

actual.

(Énfasis nuestro). Íd., a la pág. 671.

Siendo ello así, no existe duda -- tal y como resolvimos

en P.P.D. v. Gobernador II, supra, -- de que el principio de

igualdad inmerso en nuestra Constitución se manifiesta, entre

otras, en los asuntos electorales, trátese de una elección

general, plebiscito o referéndum. Así pues,

[e]l

concepto

de

igualdad

econó mica,

con

relación a la distribución de fondos públicos

en el proceso electoral, impide que un partido

que ostente el poder de gobernar al pueblo en

un momento dado utilice fondos públicos para

tomar ventaja indebida dirigida a promover su

postura. El Art. 8.001 [de la Ley Electoral de

1977], supra,

es

precisamente

una

medida

preventiva para que no ocurra dicha práctica

indebida. Por lo tanto, el referido artículo,

por imperativo del axioma de igualdad inmerso

en la Constitución, así como en protecció n del

derecho constitucional a la libre selección

traducido en el derecho al sufragio, resulta

compatible y consecuentemente aplicable a la

Ley Habilitadora del Referéndum . En aras de

mantener

un

proceso

democrático,

no

podemos

permitir

una

ventaja

ind ebida

del

CT-2017-002

23

partido que esté en el Gobierno para promover

su postura mediante la utilización de fondos

públicos.

(Énfasis

suplido).

P.P.D.

v.

Gobernador II, supra, a la pág. 926.

En fin, si hace veinte (20) años -- en salvaguarda al

principio de igualdad electoral y la paridad económica de los

partidos políticos -- resolvimos que la prohibición contenida en

el Art. 8.0001 de la Ley Electoral de 1977, supra, era extensiva

a

un

evento

garantía

de

referéndum

a

estamos

obligados

celebrarse

a

en

extenderle

el

País,

a

los

igual

eventos

electorales que se avecinan; entiéndase, el Plebiscito del 11 de

junio de 2017 y el posible Referéndum del 8 de octubre del mismo

año.

Nótese que las elecciones generales, los plebiscitos y los

referéndums

tienen

un

elemento

común.

Buscan,

mediante

el

ejercicio del voto, auscultar el sentir de la ciudadanía sobre

distintos asuntos de vital importancia. En una elección general

se elige a los representantes del Pueblo; en el plebiscito, se

adoptan decisiones fundamentales sobre la estructura o forma

del Estado; y en el referéndum, se expresa sobre cualquier

asunto sometido a su consulta, como por ejemplo: asuntos de

naturaleza

constitucional

y/o

legislativa,

o

relativos

a

decisiones de naturaleza política. Véase Art. 2.003, incisos

(31), (82) y (86), respectivamente, de la Ley Núm. 78-2011,

supra.

Es evidente entonces, que todas tienen un elemento común:

convocar al pueblo para que mediante el ejercicio del voto se

expresen

sobre

un

tema

trascendental.

Al

ser

eventos

tan

CT-2017-002

24

similares e involucrar el derecho al voto como vehículo de

expresión, no cabe hacer distinción entre ellos a los efectos

de cumplir, en el plebiscito, con el mandato constitucional que

identificamos en P.P.D. v. Gobernador II, supra. Lo contrario - es decir, no aplicar la veda electoral al Plebiscito pero,

meses más tardes, sí aplicar tal prohibición al Referéndum -sería

una

dispone

anomalía,

para

ambos

puesto

que

eventos.

la

Esto

Ley

Núm.

sería

7-2017,

una

supra,

lectura

muy

enrevesada.

En este caso, contrario a lo esbozado por la mayoría de

este Tribunal, no existe condición alguna que deba mover a esta

Curia a variar el precedente previamente establecido. Todo lo

contrario. Es nuestra responsabilidad, como Alto Foro Judicial,

otorgar

cierto

grado

de

certeza

en

cuanto

a

si,

ante

la

eventualidad de los eventos electorales mencionados, se debe

activar la J.E.A. como filtro para determinar si las agencias

adscritas al Poder Ejecutivo pueden o no incurrir en gastos de

fondos

públicos

cerciorarse

en

la

publicación

de

anuncios;

además

de

de que los referidos anuncios no estén matizados

por posturas político-partidistas.

Por último, es menester señalar que en el caso de la ley

en controversia, la Ley Núm. 7-2017, supra, esta prohibición se

hace más patente si tomamos en cuenta que esta ley -- además de

establecer los pormenores para la realización de los eventos

electorales del 11 de junio y 8 de octubre de 2017 -- en su

Art. XIII, Sec. 1, expresamente establece que las prohibiciones

CT-2017-002

y

los

25

delitos

relacionados

con

la

celebración

de

esta

consulta, se regirán por las disposiciones establecidas en la

Ley

Núm.

78-2011;

entiéndase,

la

vigente

Ley

electoral

de

Puerto Rico. Sobre este particular, se señala en el mencionado

Art. XII, Sec. 1, lo siguiente:

Las prohibiciones y los delitos relacionados con la

celebración de esta consulta, se regirán por las

disposiciones establecidas en la Ley 78-2011, según

enmendada, conocida como la ―Ley Electoral de Puerto

Rico‖ y por la Ley 222-2011, conocida como la ―Ley

para la Fiscalización de Campañas Políticas en Puerto

Rico‖,

excepto

cuando

sean

improcedentes

o

incompatibles con las disposiciones de esta Ley o

cuando

esta

Ley

dispone

delito

o

penalidad

específica. Íd., a la pág. 47.

Demás está decir que, entre esas prohibiciones, en la Ley

Núm. 78-2011 se encuentra la prohibición de incurrir en gastos

para

la

compra

de

tiempo

y

espacio

en

los

medios

de

comunicación del País, así como para la compra o distribución

de materiales propagandísticos o promocionales con el propósito

de

exponer

proyecciones

los

programas,

proyectos,

planes

las

y/o

de

logros,

agencias

realizaciones,

adscritas

al

Poder

Ejecutivo. Lo anterior, como ya hemos mencionado, con excepción

de aquellos avisos y anuncios de prensa expresamente requeridos

por ley y las campañas de la Compañía de Turismo, así como

aquellos anuncios que sean utilizados para difundir información

de

interés

público,

urgencia

o

emergencia,

los

cuales

sólo

serán permitidos previa autorización de la C.E.E.

Además, al considerar la ci tada sección de ley, es

menester tomar en consideración también el Art. 11.001

de

la

Ley

Núm.

78-2011,

16

LPRA

sec.

4211,

el

cual

CT-2017-002

26

dispone

que

que

celebre

se

especial

― [t]odo

en

referéndum,

Puerto

que

a

tal

disposiciones

de

este

consulta

Rico

fin

se

se

o

regirá

apruebe

subtítulo

en

plebiscito

por

y

la

ley

por

las

todo

aquello

necesario o pertinente para lo cual dicha ley especial

no

disponga‖.

que

la

Es

intención

decir,

surge

legislativa

con

no

meridiana

fue

tornar

claridad

i noperante

la Ley Núm. 78 -2011, supra, sino que, por el contrario,

el propio estatuto especial reconoce su eficacia. Véase

además el Art. 18 del Código Civil de Puerto Rico, 31

LPRA

sec.

leyes

que

se

refieren

objeto

sea

el

mismo,

deben

ser

interpretadas

refiriendo

las

unas

a

otras,

por

cuanto

es

sus

materia

ser

o

lo

tomado

18

(―Las

cuyo

que

para

claro

en

uno

de

explicar

lo

que

las

a

la

preceptos

resulte

misma

pueda

dudoso

en

otro‖.).

Es, pues, a la luz de la normativa antes expuestas,

que

procedemos

a

dispon er

de

las

controversias

ante

nuestra consideración.

IV.

En

el

presente

caso,

el

argumento

principal

de

la

Comisionada Electoral del P.N.P., el Procurador General, del

Senado de Puerto Rico y de la Cámara de Representantes de Puerto

Rico, es que, si bien el Estado no tiene un derecho de libertad

de expresión, sí posee el deber y la facultad de comunicarse con

CT-2017-002

sus

27

ciudadanos

con

el

fin

de

informar

sobre

planes

gubernamentales y demás asuntos relacionado s. Bajo esta

premisa,

alegan

Resolución

de

que,

la

contrario

C.E.E. ,

las

a

lo

resuelto

disposiciones

en

la

contenidas

en el Art. 12.001 de la Ley Núm. 78 -2011, supra, son de

aplicación

celebre

exclusivamente

una

tanto el

elección

de

general.

Referéndum como el

definidos como

ha

durante

la

celebración

de

Plebiscito

Como

visto,

prohibición

tales

año

A demás,

―elección general ‖ y,

aplicarse

hemos

el

s imilares

que

se

argumentan

que

son eventos no

por

lo tanto, no

estatutaria

eventos.

No

le

en

durante

la

asiste

la

razón.

planteamientos

ya

fueron

atendidos y descartados por este Tribunal en P.P.D. v.

Gobernador II, supra, y P.P.D. v. Gobernador I, supra,

respectivamente.

Y es que la controversia ante nuestra consideración

se ceñía a determinar si, fuera del añ o

en el que se

celebran las elecciones generales en nuestro País, -- y

ante

la

celebración

referidas

elecciones

de

un

evento

generales,

por

distinto

virtud

de

a

las

una

ley

especial -- cobraban vida las disposiciones de la veda

electoral contenidas en el A rt. 12.001 de la Ley Núm.

78-2011,

supra.

Ello,

anuncio

que

Estado

el

a

los

fines

pretendiera

de

que

cualquier

difundir

por

los

medios de comunicación del País, fuese evaluado por el

ente designado por la C.E.E., a saber, la J.E.A.

CT-2017-002

28

Conforme a la normativa antes expuesta -- la cual

es una correcta y no amerita revocarse -- y en vista de

que este

ya

caso

no presenta

evaluados

por

elementos adicionales

este

Tribunal

anteriormente

discutidos,

correctamente

la

en

los

casos

que

actuó

extensivas

las

entendemos

C.E.E.

al

h acer

a los

disposiciones del Art.

12.001 de la Ley Núm. 78 -2011,

supra,

electorales

a

los

eventos

a

celebrarse

en

el

País el 11 de junio de 2017 y, de ser necesario, al que

se

llevaría

a

cabo

el

8

de

octubre

del

mismo

año,

a

saber, el Plebiscito y Referéndum, respectivamente. No

podemos

avalar

que

el

Estado

anuncios por medios de

Libre

Asociado,

difusión pública, y

mediante

con fondos

provenientes del Pueblo, interfiera con la prerrogativa

de

cada

uno

de

sufragio

es

inminente

corresponde

nuestros

velar

por

individuos.

El

a

la

democracia

que

se

ejerza

de

derecho

misma

forma

y

al

nos

libre

y

voluntaria, en todo suceso electoral. Siendo ello así,

es

nuestro

juicio

que

los

errores

señalados

no

se

cometieron.

V.

Antes

de

finalizar,

planteamientos

esbozados

y

por

en

el

torno

a

uno

Procurador

de

los

General,

a

los efectos de que aplicar la veda electoral tendría el

efecto

de

socavar

su

facultad

de

comunicarse

con

el

Pueblo en torno a asuntos gubernamentales, citamos ― in

CT-2017-002

29

extenso” lo dispuesto por este Tribunal en P.P.D v. Gobernador

II, supra, a saber:

Los derechos contenidos en la Carta de Derechos le[s]

asisten a los individuos frente al Estado. Esos

derechos no pueden extenderse a las expresiones del

Gobierno porque los derechos están formulados en

términos de lo que el Gobierno no puede hacer con

relación a la expresión de las personas y no a la

inversa. De ahí que el Gobierno no tiene un derecho

constitucional a la libre expresión protegido. El

problema ante nos implica el axioma básico de que el

proceso decisional puertorriqueño responde en su

realidad al postulado de igualdad inmerso en nuestra

Constitución,

el

cual

persigue

lograr

paridad

económica entre los partidos políticos para la

divulgación de ideas y mensajes en nuestro país.

Véanse: Marrero v. Mun. de Morovis, 115 D.P.R. 643,

646 (1984); P.N.P. v. Tribunal Electoral, supra, pág.

753. De ello resulta que existe un amplio poder en la

limitación de la propaganda gubernamental.

Por otro lado, no se veda completamente los anuncios

gubernamentales, puesto que existe un mecanismo

provisto por la C.E.E., que pasará juicio sobre el

anuncio, para autorizarlos si ello corresponde. Dicha

determinación está sujeta a revisión por parte de los

tribunales. Recordemos que se trata de un interés

apremiante en proteger el derecho constitucional de

igualdad, que existe un interés en que el Estado y

sus instrumentalidades [sic.] se mantengan neutrales,

salvaguardando así el principio de libre selección

del pueblo contenido en la Sec. 2 del Art. II de

nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1. P.P.D v.

Gobernador II, a las págs. 924-925.

VI.

Establecido

hubiésemos

lo

resuelto

anterior,

que,

al

y

a

amparo

modo

del

de

axioma

epílogo,

de

hoy

igualdad

electoral en su vertiente de igualdad económica consagrado en

la

Constitución

del

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

supra, el Art. 12.001 de la Ley Núm. 78-2011, supra, es de

aplicación en toda su extensión tanto al Plebiscito a celebrase

CT-2017-002

el

11

de

30

junio

de

2017,

así

como,

de

ser

necesario,

al

Referéndum a llevarse a cabo el 8 de octubre del mismo año. Las

elecciones generales, los plebiscitos y los referéndums tienen

como denominador común el ejercicio del derecho constitucional

al sufragio. Es nuestra función, como últimos intérpretes de la

Constitución,

procurar

por

la

pureza

de

dichos

procesos.

A

través de esta Opinión Disidente, lo hemos hecho en el día de

hoy.

VII.

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

disentimos

de

lo

resuelto por una mayoría de este Tribunal. Siendo ello así,

hubiéramos

confirmado

la

Resolución

de

la

C.E.E.

y,

consecuencia, ordenado la constitución de la J.E.A.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado

en

su

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Norma

E.

Burgos

Andújar,

Comisionada

Electoral del Partido

Nuevo Progresista

Recurridos

v.

Comisión

Estatal

de

Elecciones,

por

conducto

de

su

Presidenta,

Liza

García

Vélez;

Comisionado Electoral

Interino del Partido

Popular

Democrático,

Miguel

Ríos

Torres;

Comisionada Electoral

Designada del Partido

Independentista

Puertorriqueño, María

de Lourdes Santiago

Certificación

intrajurisdiccional

CT-20170002

Recurridos

Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, por

conducto

de

la

Secretaria

de

Justicia, Hon. Wanda

Vázquez Garced

Recurridos

Senado de Puerto Rico,

por conducto de su

Presidente,

Hon.

Thomas Rivera Schatz,

y su Secretario Manuel

Torres Nieves; Cámara

de Representantes de

Puerto

Rico,

por

conducto

de

su

Presidente Hon. Carlos

Méndez

Nuñez

y

su

Secretaria

Ayleen

Figueroa Vázquez

Peticionarios

RESOLUCIÓN

Nunc Pro Tunc

San Juan, Puerto Rico, a 20 de abril de 2017

CT-2017-0002

2

Se enmienda nunc pro tunc la Opinión Disidente de 19

de abril de 2017 de la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez a los efectos de corregir el último párrafo de la

página 7, el cual debe leer de la siguiente manera:

Además, hay que resaltar que la mayoría revoca P.P.D.

v. Gobernador II, sin que los peticionarios lo solicitaran.

Por el contrario, éstos en varias ocasiones, tanto en su

petición de certificación como en su alegato, reconocen la

validez del caso como jurisprudencia vigente, más lo

distinguen para sostener que la norma que allí se sentó no

aplica a la situación planteada en este caso, pero en

ningún momento plantean que hay que revocarla y por qué.

Con su proceder, la mayoría transgrede el derecho de los

recurridos a rebatir este planteamiento con sus propios

fundamentos.35 Es más, la mayoría adopta un curso de acción

idéntico al que le critica al Tribunal que suscribió P.P.D.

v.

Gobernador

II,

ante.

Estamos,

francamente,

ante

argumentos o fundamentos estólidos.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

35

Por otro lado, yo tenía entendido que el derecho es rogado y que

planteamientos no argüidos por las partes, particularmente de índole

constitucional, no serán atendidos por este Tribunal. Véase, por

ejemplo, ELA v. Northwestern Selecta, 185 DPR 40 (2012); Abengoa, S.A.

v. American Intl. Ins., 176 DPR 512 (2009) (Es un principio de derecho

arraigado en nuestro ordenamiento que, en apelación, nos abstendremos

de adjudicar cuestiones no planteadas ante el Tribunal de Primera

Instancia); Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355 (2008) (Es

norma vigente en nuestra jurisdicción que en apelación nos abstendremos

de adjudicar cuestiones no planteadas ante el tribunal de instancia);

Delgado, Ex Parte, 165 DPR 170 (2005); Dorante v. Wrangler of P.R., 145

DPR 408, 443 (1998); Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 DPR 340

(1990) (Así nos adherimos a la norma vigente de que en apelación nos

abstendremos

de

adjudicar

cuestiones no planteadas en

primera

instancia); Sánchez v. Eastern Air Lines, Inc., 114 DPR 691 (1983);

Santiago Cruz v. Hernández Andino, 91 DPR 709, 712 (1965). Por lo menos

esa era la norma hasta hoy. A no ser que en un futuro, el vaivén de la

marea requiera otro resultado cuando se escriba un nuevo capítulo de

esta Crónica.