Tribunal Supremo de Puerto Rico
Derecho Constitucional. Revocación de lo resuelto en P.P.D. v. Gobernador II, 136 DPR 916 (1994). No procede aplicar la veda electoral dispuesta en la Ley Electoral de 2011 al plebiscito que se celebrará conforme la Ley para la descolonización inmediata de Puerto Rico, Ley Núm. 7 de 2017
2017 TSPR 57
Poder Judicial de Puerto Rico
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Derecho Constitucional. Revocación de lo resuelto en P.P.D. v. Gobernador II, 136 DPR 916 (1994). No procede aplicar la veda electoral dispuesta en la Ley Electoral de 2011 al plebiscito que se celebrará conforme la Ley para la descolonización inmediata de Puerto Rico, Ley Núm. 7 de 2017
CT-2017-2
Burgos Andujar v. Comisión Estatal de Elecciones
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Norma
E.
Burgos
Andújar,
Comisionada
Electoral
del
Partido Nuevo Progresista
Recurrida
v.
Comisión Estatal de Elecciones,
por conducto de su Presidenta,
Liza García Vélez; Comisionado
Electoral Interino del Partido
Popular
Democrático,
Miguel
Ríos
Torres;
Comisionada
Electoral Designada del Partido
Independentista Puertorriqueño,
María de Lourdes Santiago
2017 TSPR 57
Recurridos
197 ____
Estado Libre Asociado de Puerto
Rico,
por
conducto
de
la
Secretaria de Justicia, Hon.
Wanda Vázquez Garced
Recurridos
Senado de Puerto Rico, por
conducto de su Presidente Hon.
Thomas Rivera Schatz, y su
Secretario
Manuel
Torres
Nieves;
Cámara
de
Representantes
de
Puerto Rico, por conducto de su
Presidente Hon. Carlos Méndez
Nuñez y su Secretaria Ayleen
Figueroa Vázquez
Peticionarios
Número del Caso: CT-2017-2
Fecha: 19 de abril de 2017
Abogados de los Peticionarios
Lcdo. Israel Roldán González
Lcdo. Carlos Santiago Tavarez
Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortiz
Lcda. Maria Elena Vázquez Graziani
Lcdo. Claudio Aliff Ortiz
Lcda. Rosa Campos Silva
Lcdo. Hamed Santaella Carlo
CT-2017-002
2
Abogados de los Recurridos
Lcdo. Manuel Izquierdo Encarnación
Lcdo. Héctor E. Pabón Vega
Lcdo. Gerardo De Jesús Annoni
Lcdo. Luis Enrique Romero
Lcdo. Liany Vega Nazario
Lcdo. Nelson Rodríguez Vargas
Oficina del Procurador General
Lcdo. Luis Román Negrón
Lcdo. Isaías Sánchez Báez
Materia: Derecho Constitucional. Revocación de lo resuelto en P.P.D.
v. Gobernador II, 136 DPR 916 (1994). No procede aplicar la veda
electoral dispuesta en la Ley Electoral de 2011 al plebiscito que se
celebrará conforme la Ley para la descolonización inmediata de Puerto
Rico, Ley Núm. 7 de 2017.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que
está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y
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electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Norma E. Burgos Andújar,
Comisionada Electoral del
Partido Nuevo Progresista
Certificación
Intrajurisdiccional
Recurrida
CT-2017-002
v.
Comisión Estatal de
Elecciones, por conducto
de su Presidenta, Liza
García Vélez; Comisionado
Electoral Interino del
Partido Popular
Democrático, Miguel Ríos
Torres; Comisionada
Electoral Designada del
Partido Independentista
Puertorriqueño, María de
Lourdes Santiago
Recurridos
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, por conducto
de la Secretaria de
Justicia, Hon. Wanda
Vázquez Garced
Recurridos
Senado de Puerto Rico, por
conducto de su Presidente
Hon. Thomas Rivera Schatz,
y su Secretario Manuel
Torres Nieves;
Cámara de Representantes
de Puerto Rico, por
conducto de su Presidente
Hon. Carlos Méndez Nuñez y
su Secretaria Ayleen
Figueroa Vázquez
Peticionarios
CT-2017-002
2
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017.
Si para llegar a una correcta decisión
de este caso es necesario modificar las
opiniones dictadas anteriormente por este
Tribunal, que se modifiquen de cualquier
modo, o que se anulen, si fuere necesario. Al
error no se le puede nunca convertir en
verdad, por más que se insista en él; si se
ha seguido un camino equivocado, volvamos
sobre nuestros pasos antes de que nos
perdamos en el laberinto de los engaños;
atrevámonos a proceder correctamente. Giménez
et al. v. Brenes, 10 DPR 128 (1906) (Opinión
disidente del ex Juez Asociado MacLeary).
El recurso de certificación intrajurisdiccional ante
nuestra
consideración,
en
el
que
se
nos
solicita
que
determinemos si la veda electoral dispuesta en el Artículo
12.001
de
la
Ley
Electoral
aplicación
a
escenarios
de
2011,
electorales
infra,
es
de
distintos
a
los
establecidos por la Asamblea Legislativa, nos brinda la
oportunidad de reexaminar los pronunciamientos errados que
realizamos en el caso P.P.D. v. Gobernador II, 136 DPR 916
(1994), y corregirlos.
En dicho caso, una mayoría de este Tribunal violó los
principios
judicial
más
y
básicos
de
hermenéutica,
separación
de
poderes
al
autolimitación
interpretar
el
Artículo 8.001 de la Ley Electoral del 1977, infra, y
extender la veda electoral gubernamental allí dispuesta a
escenarios
electorales
Legislativa.
no
contemplados
por
la
Asamblea
CT-2017-002
Por
3
ello
y
por
los
fundamentos
que
expondremos
a
continuación, revocamos la norma establecida en P.P.D. v.
Gobernador
II,
supra,
y
resolvemos,
al
amparo
de
un
profundo análisis estatutario, que ni los plebiscitos ni
los referéndums
están
incluidos
dentro del concepto de
―elección general‖ establecido en el Artículo 12.001 de la
Ley Electoral de 2011, infra.
Con ello en mente, pasaremos a delinear los hechos
que dieron génesis a la controversia de autos.
I
El
3
de
febrero
de
2017,
la
Asamblea
Legislativa
aprobó la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto
Rico (Ley para la Descolonización), Ley Núm. 7-2017. En
virtud de dicho estatuto, se autorizó la celebración de un
Plebiscito
varias
el
11
de
alternativas
junio
de
de
estatus
2017,
para
político.
elegir
entre
También,
la
referida ley dispone para la celebración de un Referéndum
el
8
de
octubre
de
2017,
si
prevalece
una
de
dichas
alternativas.1
El 13 de febrero de 2017, la Comisión Estatal de
Elecciones (CEE) celebró una reunión ordinaria. En dicha
1
Al momento de la certificación de esta Opinión Per Curiam, la Ley
para la Descolonización, supra, está siendo objeto de varias enmiendas
relacionadas a las alternativas de estatus político de Puerto Rico que
serán incluidas en el Plebiscito. Sin embargo, nada de ello altera lo
que hoy resuelve este Tribunal en cuanto a la aplicación de la veda
electoral a escenarios electorales distintos al establecido por la
Asamblea Legislativa en el Artículo 12.001 de la Ley Electoral de
2011, infra.
CT-2017-002
reunión,
4
el
Comisionado
Democrático
(PPD)
la
Electoral
presentó
activación
de
Junta
mientras
culminaba
una
del
solicitud
Examinadora
el
Partido
de
proceso
Popular
para
Anuncios
la
(JEA),
plebiscitario.
La
Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP)
se opuso a dicha solicitud, por entender que, según el
Artículo 12.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico (Ley
Electoral de 2011), Ley Núm. 78-2011, 16 LPRA sec. 4231,
la veda electoral y la JEA solo procedían durante las
elecciones
generales
y
no
en
plebiscitos
ni
en
referéndums.
Ante la falta de unanimidad entre los Comisionados
Electorales,
la
controversia
fue
sometida
a
la
consideración de la presidenta de la CEE, quien el 1 de
marzo de 2017,
Allí,
sostuvo
emitió la
Resolución
que el Artículo
Núm. CEE-RS-17-07.
XIII de la
Ley
para la
Descolonización, supra, establecía que en el Plebiscito
aplicarían las prohibiciones contenidas en el Capítulo XII
de la Ley Electoral de 2011, supra, y reconoció que, entre
estas,
se
encontraba
la
prohibición
para
la
difusión
pública gubernamental dispuesta en el referido Artículo
12.001,
supra,
también conocida
como veda electoral.
A
base de dicha interpretación, la Constitución de Puerto
Rico
y
lo
resuelto
por
este
Tribunal
en
P.P.D.
v.
Gobernador II, supra, activó la veda electoral y ordenó la
constitución
de
la
JEA.
Según
la
Resolución,
la
prohibición perduraría hasta el 12 de junio de 2017 y, de
CT-2017-002
5
ser necesaria la celebración del Referéndum, hasta el 9 de
octubre de 2017.
Tras
habérsele
reconsideración,
denegado
la
una
Comisionada
oportuna
del
PNP
moción
de
presentó
un
recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Primera
Instancia,
en
el
que
reiteró
que
las
disposiciones
contenidas en el Artículo 12.001 de la Ley Electoral de
2011, supra, eran solamente aplicables a las elecciones
generales. Además, presentó una solicitud de auxilio de
jurisdicción, con el propósito de que se paralizaran los
efectos
de
la
Resolución
impugnada,
hasta
tanto
se
atendiera el recurso de revisión. Por último, incluyó como
partes indispensables en el pleito al Gobierno de Puerto
Rico y a los dos cuerpos legislativos.
Mientras
primario,
el
Representantes,
presidentes
presentaron
y
el
caso
Senado
por
estaba
de
el
intrajurisdiccional
ante
el
foro
Rico
la
Cámara
de
Puerto
conducto
secretarios
pendiente
(en
de
nos
sus
conjunto,
recurso
que
y
de
ocupa.
correspondientes
peticionarios),
certificación
Solicitaron
que
resolvamos, como cuestión de derecho, si la veda electoral
dispuesta en el Artículo 12.001 de la Ley Electoral de
2011, supra, puede aplicarse al proceso plebiscitario a
celebrarse el 11 de junio de 2017. En la misma fecha,
compareció la Comisionada Electoral del PNP para unirse al
recurso de certificación presentado.
CT-2017-002
El
30
6
de
marzo
de
2017,
expedimos
el
recurso
y
ordenamos a las partes presentar sus respectivos alegatos.
En su alegato, los peticionarios reiteraron que la
presidenta
de
la
CEE
se
había
extralimitado
en
sus
facultades, pues la veda electoral solamente aplicaba a las
elecciones
generales.
diferencia
que
Apoyaron
su
contención
entre
los
distintos
existía
en
la
procesos
eleccionarios, a saber: ―elección general‖, ―plebiscito‖ y
―referéndum‖, según definidos por la Ley Electoral de 2011,
supra. Arguyeron que tanto el texto del Artículo 12.001 de
la
Ley
Electoral
de
2011,
supra,
como
el
texto
del
Reglamento para el Control de Gastos de Difusión Pública
del
Gobierno
únicamente
aludían
al
término
―elección
general‖. En vista de ello, insistieron en que tanto los
―referéndums‖ como los ―plebiscitos‖ quedaban fuera del
ámbito de aplicación del referido Artículo.
Por su parte, la Comisionada del PNP añadió, entre
otras cosas, que la Ley para la Descolonización, supra,
disponía que aplicarían al Plebiscito las prohibiciones y
delitos de la Ley Electoral de 2011, supra, excepto cuando
estas fueran incompatibles e improcedentes con la misma
ley. Así, concluyó que la prohibición para la difusión
pública gubernamental estatuida en el Artículo 12.001 de la
Ley
Electoral
de
2011,
supra,
no
podía
aplicarse
al
Plebiscito, pues era improcedente e incompatible con la Ley
para la Descolonización, supra.
CT-2017-002
7
Asimismo,
el
Procurador
General
representación
del
Gobierno
Puerto
de
compareció
Rico.
En
en
primer
lugar, señaló que el Gobierno tenía el deber de informar a
la ciudadanía, máxime cuando se trataba de asuntos de alto
interés público. Adujo que este deber de informar, el cual
la
presidenta
de
intrínsecamente
la
ligado
CEE
al
pretendía
ejercicio
de
socavar,
la
estaba
libertad
de
expresión de los ciudadanos. En segundo lugar, recalcó que
la veda electoral contenida en el Artículo 12.001 de la Ley
Electoral
de
2011,
supra,
únicamente
aplicaba
a
las
elecciones generales. Enfatizó que la propia Ley Electoral
de 2011, supra, definía como ―elección‖ aquella que incluía
las
―elecciones
generales‖,
los
―plebiscitos‖
y
los
―referéndums‖, inter alia. Por consiguiente, sostuvo que
cuando la Asamblea Legislativa limitó el texto del Artículo
12.001 de la Ley Electoral de 2011, supra, a ―elección
general‖, inequívocamente había excluido de su ámbito de
aplicación
tanto
las
consultas
plebiscitarias
como
los
referéndums.
Además, el Procurador General planteó que lo resuelto
en P.P.D. v. Gobernador II, supra, era inaplicable al caso
de autos. En la alternativa, arguyó que este Tribunal debía
reevaluar el análisis y alcance de la norma allí esbozada,
en aras de evitar que se perpetuara un error doctrinal. Por
último, indicó que el hecho de que no se aplicara la veda
electoral al Plebiscito, no significaba que el Gobierno
podría gastar los fondos ilimitadamente. Destacó que al
CT-2017-002
8
amparo de la Sección 9 del Artículo VI de la Constitución
de Puerto Rico, infra, cualquier parte con legitimación
activa,
que
estuviese
entendiera
utilizando
que
el
fondos
Gobierno
públicos
de
Puerto
para
Rico
fines
no
públicos, podía acudir a los tribunales a vindicar sus
derechos.
Por su parte, los opositores al recurso, a saber, la
CEE, el Comisionado Electoral del PPD y la Comisionada
Electoral
del
Partido
Independentista
Puertorriqueño
defendieron la corrección de la Resolución de la CEE en
todas sus partes. Primero, arguyeron que la Sección 1 del
Artículo XIII de la Ley para la Descolonización, supra,
incorporó
por
referencia
la
Sección
de
Delitos
y
Prohibiciones de la Ley Electoral de 2011, supra, en su
totalidad. Segundo, enfatizaron que lo resuelto por este
Tribunal en P.P.D. v. Gobernador II, supra, disponía de la
controversia. Concluyeron que el principio constitucional
de igualdad económica entre los partidos justificaba la
veda electoral decretada.
Habiendo examinado las posiciones de todas las partes
en torno a la controversia que nos ocupa, procedemos a
resolver.
II
La
doctrina
del
stare
decisis
establece
que,
como
norma general, un tribunal debe seguir sus decisiones en
casos
posteriores,
a
fin
de
lograr
estabilidad
y
CT-2017-002
9
certidumbre legal. Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 921
(2009); Am. R.R. Co. of P.R. v. Comision Indus. de P.R. y
Angueira,
61
DPR
314,
326
(1943).
No
obstante,
dicha
doctrina ―no llega al extremo de declarar que la opinión de
un tribunal tenga el alcance de un dogma que deba seguirse
ciegamente
aun
cuando
el
tribunal
se
convenza
posteriormente que su decisión anterior es errónea‖. Am.
R.R. Co. of P.R. v. Comision Indus. de P.R. y Angueira,
supra. Véase, además, Pueblo v. Sánchez Valle, 192 DPR 594,
645 (2015). ―El propósito inspirador de la doctrina de
stare decisis es lograr estabilidad y certidumbre en la
ley, mas nunca perpetuar errores‖. Am. R.R. Co. of P.R. v.
Comision
Indus.
de
P.R.
y
Angueira,
supra,
pág.
326.
(Énfasis suplido). Así, cuando el razonamiento de una de
nuestras decisiones ya no resiste un análisis cuidadoso, no
estamos obligados a seguirlo. Rivera Ruiz v. Mun. de Ponce,
2016 TSPR 197, 196 DPR ___ (2016); Pueblo v. Díaz De León,
supra, pág. 922. En ese sentido, hemos identificado tres
circunstancias que, como excepción, justifican dejar a un
lado
un
precedente:
―(1)
si
la
decisión
anterior
era
claramente errónea; (2) si sus efectos sobre el resto del
ordenamiento son adversos, y (3) si la cantidad de personas
que confiaron en ésta es limitada‖. Rivera Ruiz v. Mun. de
Ponce, supra; Pueblo v. Sánchez Valle, supra, págs. 645646.
―El primero de estos principios dispone de la cuestión
planteada‖. Pueblo v. Sánchez Valle, supra, pág. 646. Sin
CT-2017-002
10
lugar a dudas, el caso P.P.D v. Gobernador II, supra, es
claramente erróneo. Así lo demostramos a continuación.
III
En agosto de 1994, la Asamblea Legislativa aprobó la
Ley
Habilitadora
del
Referéndum
sobre
Enmiendas
a
la
Constitución de Puerto Rico de 1994 (Ley Habilitadora del
Referéndum),
Ley
Núm.
49-1994,
16
LPRA
sec.
956
(Suprimida). Mediante esta, se autorizó la celebración de
un Referéndum para que los electores inscritos expresaran
su aprobación o rechazo a varias enmiendas propuestas a la
Constitución de Puerto Rico.
Con el propósito de impugnar la constitucionalidad de
dicha Ley y de solicitar que se le ordenara al entonces
Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Roselló González, que
detuviera
las
campañas
publicitarias
en
los
medios
de
difusión pública del país, se presentaron varias demandas
en
contra
del
Gobierno
de
Puerto
Rico
y
el
entonces
procesales,
el
Tribunal
Gobernador.
Tras
varios
incidentes
de
Primera Instancia resolvió que el Artículo 8.001 de la Ley
Electoral de Puerto Rico de 1977 (Ley Electoral de 1977),
Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, 16 LPRA sec. 3351
(ed. 2009) -el cual prohibía a las agencias del Gobierno
que
incurrieran
en
gastos
para
la
difusión
pública
―a
partir del 1ro. de enero del año en que deba celebrarse una
elección general y hasta el día siguiente a la fecha de
CT-2017-002
11
celebración de la misma‖-, era de aplicación al Referéndum.
Así, ordenó a la CEE a nombrar la JEA, para que evaluara la
necesidad
de
publicación
de
todo
anuncio
gubernamental
hasta el día del Referéndum. Fundamentó su razonamiento en
que la Ley Habilitadora del Referéndum disponía que la Ley
Electoral de 1977,
supra, aplicaría supletoriamente, en
todo aquello que fuera necesario, pertinente y compatible a
sus propósitos. Además, se basó en el principio de igualdad
económica
electoral
presuntamente
inmerso
en
la
Constitución de Puerto Rico.
Inconformes, el Gobierno de Puerto Rico y la Compañía
de Turismo recurrieron ante este Tribunal y plantearon,
entre otros asuntos, que el foro primario erró al aplicar
la veda electoral dispuesta en el referido Artículo 8.001
de la Ley Electoral de 1977, supra, al Referéndum, ya que
de
esa
forma
se
daba
al
traste
con
la
intención
legislativa.
Así las cosas, quedó sometida para la consideración de
este Tribunal la siguiente controversia: si era la voluntad
e intención de la Asamblea Legislativa que aplicara al
Referéndum
la
veda
electoral
estatuida
en
el
referido
Artículo 8.001, supra, para las elecciones generales. En
consecución de dicho objetivo, el Tribunal debía hacer un
análisis
exhaustivo
tanto
de
la
Ley
Habilitadora
del
Referéndum, supra, como de la Ley Electoral de 1977, supra.
Ello, pues es un principio de hermenéutica reconocido que
para conocer la intención legislativa es necesario analizar
CT-2017-002
12
la ley, y ―al analizar[la] se debe acudir primero al propio
texto, pues si el lenguaje es claro y libre de ambigüedad,
no debe ser menospreciado bajo el pretexto de cumplir con
su espíritu‖. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR
652, 668 (2014). Veáse, además, S.L.G. Sola-Maldonado v.
Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 691 (2011); Morell Corrada v.
Ojeda, 151 DPR 864, 877 (2000); Artículo 14 del Código
Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 14.
Sin
supra,
análisis
embargo,
una
en
caso
P.P.D.
de
este
Tribunal
de
las
disposiciones
mayoría
profundo
el
que
v.
Gobernador
omitió
II,
hacer
un
legales
en
controversia.
En
vez,
y
sin
ninguno
de
los
peticionarios
impugnara
la
constitucionalidad
de
las
referidas disposiciones, confirmó la determinación del foro
primario
al
amparo
de
un
análisis
exclusivamente
constitucional. Específicamente y en lo pertinente, expresó
lo siguiente:
Resumiendo,
bajo
el
principio
constitucional de igualdad económica que permea
todo sufragio –que el Estado viene llamado a
garantizar y que este Tribunal tiene que
proteger al amparo de la Sec. 2 de la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico,
supra,
procede
que
extendamos
la
prohibición que contiene el Artículo 8.001 de la
Ley Electoral de Puerto Rico, supra, y la
apliquemos a este caso para evitar que el
Estado, mediante anuncios gubernamentales, pueda
tener una influencia en la libre expresión de
los ciudadanos en la votación, con el poder
económico que éste tiene mediante la utilización
de fondos públicos. P.P.D v. Gobernador II,
supra, págs. 926-927.
CT-2017-002
13
De lo transcrito surge que este Tribunal no auscultó
la intención de la Asamblea Legislativa y buscó en la
Constitución de Puerto Rico los fundamentos para resolver
lo que le pareció adecuado. Dicho análisis fue incorrecto.
Para empezar, esa forma de proceder infringió la norma
de
autolimitación
judicial
de
que
―[c]uando
se
puede
resolver un asunto mediante un análisis estatutario, se
hace
innecesario
considerar
el
aspecto
constitucional‖.
P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 DPR 199, 243, esc.
32
(1981).
Véase,
además,
Pacheco
v.
Srio.
Instrucción
Pública, 108 DPR 592, 601 (1979) (allí se razonó que cuando
las
partes
no
constitucional
plantean
de
un
el
aspecto
estatuto,
el
de
la
Tribunal
validez
no
está
justificado a pronunciarse sobre el particular). El hecho
de
que
este
Tribunal
sea
el
máximo
intérprete
de
la
Constitución de Puerto Rico no le da carta blanca para que
acuda
a
esta
ilimitadamente,
sin
la
correspondiente
solicitud de las partes.
Además,
la
actuación
del
Tribunal
infringió
la
doctrina de separación de poderes. Sobre el particular, los
tratadistas
Bernier
y
Cuevas
Segarra
han
expresado
siguiente:
Bajo un sistema de separación de poderes
como el que funciona en Puerto Rico, la Asamblea
Legislativa tiene la facultad de aprobar las
leyes. El Poder Judicial ejercitado por los
tribunales consiste en el ejercicio de las
facultades de resolver los litigios a través de
la interpretación de la ley. En el desempeño
normal de sus funciones, los tribunales están
lo
CT-2017-002
14
obligados a respetar la voluntad legislativa
aunque los magistrados discrepen personalmente
de la sabiduría de los actos legislativos.
Interpretar una ley en forma que sea contraria a
la
intención
del
legislador
implica
la
usurpación
por
la
Rama
Judicial
de
las
prerrogativas de la Rama Legislativa. Por tanto,
el intérprete debe abstenerse de sustituir el
criterio legislativo por sus propios conceptos
de lo justo, lo razonable y lo deseable. R.E.
Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e
Interpretación de las Leyes de Puerto Rico, 2da.
ed. San Juan, Publicaciones JTS, 1987, Vol. I,
pág. 299.2 (Énfasis suplido).
Por otro lado, no tan solo este Tribunal acudió a la
Constitución de Puerto Rico cuando no debió hacerlo, sino
que
llevó
a
desacertado,
cabo
el
un
cual
análisis
discutimos
constitucional
a
sumamente
continuación
en
dos
partes.
A.
Primero, el Tribunal hizo referencia a la Sección 2
del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, la cual
dispone que ―[l]as leyes garantizarán la expresión de la
voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual,
directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda
coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral‖.
Artículo
II,
específico,
2
Sec.
2,
Const.
razonó
que
―en
PR,
LPRA,
protección
Tomo
1.
En
del
derecho
Véase, además, Ponencia del ex Juez Presidente del Tribunal Supremo,
Hon. Federico Hernández Denton, La separación de poderes y la
interpretación constitucional en Puerto Rico, XIII Encuentro de
Presidentes y Magistrados de los Tribunales Constitucionales y de las
Salas Constitucionales de América Latina, México, 2006, págs. 8-9.
Disponible
en:
http://www.scribd.com/doc/51523764/La-Separación-dePoderes-y-la-Interpretación-Constitucional-en-Puerto-Rico-2006
(accedido, 10 de abril de 2017).
CT-2017-002
15
constitucional a la libre selección traducido en el derecho
al
sufragio‖,
debía
aplicar
la
veda
electoral
al
Referéndum. P.P.D v. Gobernador II, supra, pág. 926. Con
dicho razonamiento, este Tribunal presumió, sin prueba de
algún anuncio gubernamental, que el Gobierno de Puerto Rico
coaccionaría
a
los
electores
durante
el
Referéndum,
mediante la difusión pública. Sin embargo, eso no lo podía
presumir
el
Tribunal.
Por
considerarlas
completamente
acertadas, nos hacemos eco de las expresiones emitidas por
el ex Juez Asociado Rebollo López en su opinión disidente
en el caso P.P.D. v. Gobernador II:
Somos los primeros en admitir que siempre
existe la posibilidad de que la Rama Ejecutiva
del Gobierno de Puerto Rico —en un momento
determinado de nuestra historia de pueblo,
presente o futuro, y en relación con un evento
electoral— pueda intentar violar el referido
axioma de igualdad y coaccionar a la ciudadanía
en su prerrogativa electoral.
Ahora bien, ello no lo puede presumir la
Rama Judicial; esto es, estamos obligados a
partir de la premisa de que la Rama Ejecutiva,
de cualquier administración de Gobierno, actúa
correctamente
y
conforme
a
los
dictados
pertinentes de la Constitución y de las leyes
aplicables al asunto ante nuestra consideración.
En otras palabras, la parte que alegue y
sostenga que así no lo ha hecho la Rama
Ejecutiva tiene el peso de probarlo en una vista
judicial plenaria. Íd., pág. 936. (Énfasis en el
original).
Es decir, el Tribunal no podía especular sobre la
futura
actuación
gubernamental.
Ciertamente,
no
negamos
que los derechos consagrados en la Sección 2 del Artículo
CT-2017-002
16
II de la Constitución de Puerto Rico, supra, existen y
deben ser protegidos tanto en las elecciones generales,
como en los referéndums y los plebiscitos. Sin embargo,
ello no justifica que dichos derechos se intenten proteger
prematuramente y sin prueba de la que surja que fueron
violados. Dicha prueba no fue presentada por las partes en
el caso, por lo que este Tribunal erró al vindicar los
mencionados derechos a destiempo.
B.
Por otra parte, la mayoría del Tribunal en P.P.D v.
Gobernador
igualdad
II,
supra,
[económica
se
entre
fundamentó
los
en
el
partidos]
―axioma
de
presuntamente
inmerso en la Constitución‖. Sin embargo, dicho axioma no
existe
en
la
Constitución.
Sobre
el
particular,
el
profesor Luis M. Villaronga expresó muy acertadamente lo
siguiente:
Como
es
sabido
―axioma‖
significa
una
―[a]firmación tan evidente que es admitida por
todos sin necesidad de demostración‖. 1 María
Moliner, Diccionario de uso del español 318
(1986). Ni la Constitución de Puerto Rico ni la
de los Estados Unidos contienen tal [principio
de igualdad económica] respecto a personas en
general y mucho menos respecto a los partidos
políticos. L.
M.
Villaronga,
Derecho
Constitucional, 66 Rev. Jur. UPR 391, 402, esc.
48 (1997). (Énfasis suplido).
CT-2017-002
17
Ello lo reconoció este Tribunal en el caso Marrero v.
Mun. de Morovis, 115 DPR 643, 646 (1984),3 al expresar lo
siguiente:
Al presente, en materia electoral no se
cuestiona seriamente el postulado de igualdad
inmerso en nuestra Constitución. Históricamente
ese ideal ha cobrado vida en el esquema integral
financiero trazado por la Asamblea Legislativa
para lograr paridad económica entre los partidos
políticos y los candidatos. Este plan fue
originalmente
descrito
en
la
Asamblea
Constituyente por el delegado señor Padrón
Rivera. Abogó por el día en que ‗si queremos
unas elecciones fundamentalmente democráticas-tenemos que llegar a la conclusión de que los
partidos políticos deben ponerse en un mismo
nivel de potencialidad económica para que los
candidatos tengan la misma oportunidad de llegar
al
poder....
Y
el
Estado
debe
tener
la
obligación de poner en las mismas condiciones
económicas a todos los candidatos para que el
proceso
electoral
entrañe
puramente,
el
principio democrático‘. (Énfasis suplido.) 2
Diario
de
Sesiones
de
la
Convención
Constituyente 1401 (1952). Aunque esa aspiración
no
alcanzó
linaje
constitucional,
posteriormente, en virtud de la Ley Núm. 110 del
30 de junio de 1957 --hoy derogada-- tuvo
alumbramiento estatutario. (Énfasis suplido).
En ese sentido, resulta pertinente destacar que el ex
Juez Asociado Negrón García, quien emitió la Opinión del
Tribunal en la que, por primera vez, se hizo referencia al
mal llamado ―axioma‖,4 posteriormente admitió lo siguiente
3
Paradójicamente, el caso Marrero v. Mun. de Morovis, supra, fue
citado por la mayoría del Tribunal en el caso P.P.D. v. Gobernador II,
supra,
para
sostener
la
existencia
del
mal
llamado
axioma
constitucional.
4
El profesor José Julián Álvarez documenta lo siguiente sobre la
primera manifestación del ―axioma‖:
CT-2017-002
18
en su opinión concurrente del caso P.S.P. v. Srio. de
Hacienda, 110 DPR 313, 321 (1980) (Sentencia), a la que se
le
unieron
los
ex
Jueces
Asociados
Dávila
e
Irizarry
Yunqué:
Resueltas estas cuestiones preliminares y
despejada la vía procesal, diri[g]imos nuestra
atención a la médula del recurso: la validez del
Art. 3.017.
A manera de introito, este precepto forma
parte
integral
del
esquema
financiero
legislativo
trazado
para
lograr
paridad
económica entre los partidos políticos del país.
Este plan fue originalmente descrito en la
Asamblea Constituyente por el delegado Sr.
Padrón Rivera, quien abogó por el día en que ‗si
queremos
unas
elecciones
fundamentalmente
democráticas
-tenemos
que
llegar
a
la
conclusión de que los partidos políticos deben
ponerse en un mismo nivel de potencialidad
P.R.P. [v. ELA, 115 DPR 631 (1984)] es uno de la larga lista
de los casos en los que el Tribunal se ha referido a un supuesto
―axioma‖ o ―postulado‖ de igualdad entre los partidos políticos.
[…]. Es interesante trazar el origen de ese ―axioma‖. Su primera
manifestación fue una opinión del Tribunal emitida por el Juez
Negrón García, P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 DPR 741 (1976).
El PNP cuestionaba una orden del Tribunal Electoral para
inspeccionar sus libros y otros documentos relativos a sus
finanzas. El Tribunal concluyó que el organismo electoral deseaba
inspeccionar las finanzas de todos los partidos y sostuvo la
orden. Para justificarla, halló apoyo en el Código Electoral y
manifestó:
Es válido el axioma básico que fluye en el Código Electoral
de que el proceso político decisional puertorriqueño
responda en su realidad al mandato de igualdad consagrado
en nuestra Ley Fundamental; ello se logra imponiendo
limitaciones
al
monto
de
contribuciones
políticopartidistas. La constancia, preservación y presentación de
data e informes sobre el particular, y la oportuna
intervención y contabilidad de los mismos, son consecuencia
natural e imprescindible para garantizar el cumplimiento de
los límites legales establecidos en materia de finanzas
políticas.
Obviamente, el Tribunal resolvió que la ley se justificaba porque
perseguía el ideal de igualdad, no que sus preceptos estuvieran
compelidos
por
ese
ideal.
J.J.
Álvarez
González,
Derecho constitucional
de Puerto Rico y
relaciones
constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, ed. Temis, 2009,
págs. 965-966. (Énfasis en el original).
CT-2017-002
19
económica para que los candidatos tengan la
misma oportunidad de llegar al poder .... Y el
Estado debe tener la obligación de poner en las
mismas
condiciones
económicas
a
todos
los
candidatos para que el proceso electoral entrañe
puramente, el principio democrático‘. Diario de
Sesiones, pág. 1401. Aunque este deseo no
alcanzó linaje constitucional, posteriormente,
en virtud de la Ley Núm. 110 del 30 de junio de
1957
--hoy
derogada-tuvo
alumbramiento
estatutario. (Énfasis suplido).
Es decir, no hay duda que el principio de igualdad
económica
entre
los
partidos
no
es
de
estirpe
constitucional. Ahora bien, corresponde cuestionarse si, a
través de la Ley Núm. 110 del 30 de junio de 1957, (1957
Leyes de Puerto Rico 535-541), la cual se aprobó para
establecer
el
Fondo
Electoral,
estableció
un
principio
la
universal
Asamblea
que
Legislativa
aplicara,
no
tan
solo a la misma Ley Núm. 110, supra, sino a todas las
leyes que se aprobaran en el futuro. La respuesta a esta
interrogante es en la negativa.
La Asamblea Legislativa, en la Exposición de Motivos
de la Ley Núm. 110, supra, expresó únicamente sus razones
para establecer el Fondo Electoral. Específicamente y en
lo pertinente, indicó:
Es principio universalmente reconocido que
los
partidos
políticos
son
instrumentos
necesarios a la democracia para que a través de
ellos el pueblo pueda respaldar programas y
expresar mandatos con relación a su gobierno.
Todos los partidos democráticos, mayoría y
minoría, cumplen estas funciones: los de la
mayoría en respaldo a la obra de gobierno que
representa la opinión mayoritaria, pero que debe
ser llevada a cabo en beneficio de todo el
CT-2017-002
20
pueblo, sin distinción partidista; los de la
minoría para que expresen el punto de vista de
otra parte del pueblo con miras a tratar de
convencer a una mayoría de ciertos fines
distintos en ciertas formas diferentes, y velar
porque el programa respaldado por la mayoría sea
en efecto administrado con igualdad para todos.
Por tales razones, es de profundo interés
público el que los partidos políticos puedan
estar libres de control por fuerzas económicas,
privadas o gubernamentales, que al hacerse
necesarios
para
el
financiamiento
de
las
actividades legitimas normales de los partidos
políticos,
puedan
adquirir
sobre
ellos
un
control o influencias contrarios a la idea
democrática, a la libertad política del pueblo
en general y el funcionamiento genuino de la
democracia.
Es por eso que la asamblea legislativa
considera sabio el que por una parte, se
prohíban grandes contribuciones financieras a
los partidos políticos, y, por otra, se les
provea
a
estos
organismos
democráticos
de
algunos fondos adecuados para el cumplimiento de
sus funciones más esenciales, independientemente
del deber que cada ciudadano tiene de contribuir
al sostenimiento de su colectividad política con
pequeñas cantidades compatibles con sus ingresos
y con las normas que cada partido adopte dentro
de los propósitos y fines de esta ley.
De lo transcrito, solamente surge la preocupación de
la
Asamblea
Legislativa
de
que
los
partidos
políticos
estuvieran a merced de las fuerzas económicas, la cual
atendió con la creación del Fondo Electoral. De ninguna
parte se desprende el principio de que todos los partidos
debían ser iguales en materia económica. Por tanto, no es
correcto
seguir
ilimitado
de
aplicando
igualdad
un
principio
económica
entre
universal
los
e
partidos
CT-2017-002
21
políticos, que no fue establecido en tantas palabras por
la Asamblea Legislativa al aprobar la Ley Núm. 100, supra.
Sin embargo, este Tribunal, en P.P.D. v. Gobernador
II,
supra,
aplicó
dicho
principio
automáticamente
y
lo
elevó a rango constitucional. Ello se debe a que ―[a]
través de los
años ha surgido
Constitución,
no
en
sus
una tendencia a
propios
términos,
ver la
sino
a
transformarla en un documento político en apoyo de una
postura‖. R. Martínez Torres, El originalismo como método
de
interpretación
constitucional
y
el
principio
de
separación de poderes, 49 Rev. Jur. UIPR 249, 249 (2015).
Ciertamente,
―se
ha
utilizado
la
facultad
de
la
Rama
Judicial de ser la máxima intérprete de la Constitución
para
extender
indebidamente
el
significado
de
ese
documento magno, con el propósito de inventarse derechos
inexistentes, sin tener que aprobar una ley a esos efectos
ni enmendar la Constitución‖. Íd., págs. 249-250. (Énfasis
suplido).
Por
último,
indebidamente
Tribunal
el
en
además
presunto
P.P.D.
de
constitucionalizar
―principio‖,
v.
Gobernador
la
mayoría
II,
del
supra,
constitucionalizó la veda electoral y la JEA, a pesar de
que estas son de creación estatutaria. Es decir, creó el
derecho
constitucional
a
que
se
aplique
la
veda
y
se
active la JEA en procesos electorales distintos al que la
Asamblea Legislativa claramente contempló en el Artículo
8.001
de
la
Ley
Electoral
de
1977,
supra.
Esto,
para
CT-2017-002
22
evitar que el Gobierno, mediante la utilización de fondos
públicos en anuncios gubernamentales, pudiera ejercer una
influencia en la votación de los ciudadanos durante el
Referéndum.
Ahora bien, este Tribunal no tenía que elevar a rango
constitucional disposiciones estatutarias para atender la
mala utilización gubernamental de fondos públicos fuera
del
año
en
que
se
celebran
Ciertamente,
el
Tribunal
las
ignoró
elecciones
la
generales.
existencia
de
la
Sección 9 del Artículo VI de la Constitución de Puerto
Rico, el cual establece que ―[s]ólo se dispondrá de las
propiedades y fondos públicos para fines públicos y para
el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del
Estado, y en todo caso por autoridad de ley‖. Artículo VI,
Sec. 9, Const. de PR, supra. Mediante dicha disposición,
nuestra Asamblea Constituyente atendió la preocupación del
mal uso gubernamental de fondos públicos durante todo el
cuatrienio. En ese sentido y en virtud de que el Artículo
8.001 de la Ley Electoral del 1977, supra, solo aplicaba a
las elecciones generales, las partes en el caso P.P.D. v.
Gobernador II, supra, debieron haber presentado, de tener
prueba para ello, un injunction para vindicar sus derechos
al amparo de la referida Sección 9 de la Constitución de
Puerto Rico, supra.
IV
Del anterior análisis surge con total claridad que la
normativa establecida en P.P.D. v. Gobernador II, supra, es
CT-2017-002
claramente
23
errónea
y
debe
revocarse.
Sin
embargo,
la
opinión disidente de este Tribunal pretende evadir este
resultado por ―la difícil situación fiscal‖. Ello dista de
lo que debe motivar la revocación de una norma. Si la norma
es errónea, no debemos ―dudar en rectificar y dejar[la] sin
efecto‖,
pues
no
estamos
―investidos
del
don
de
la
infalibilidad‖. Rondón v. The Aetna Cas. & Sur. Co., 56 DPR
439, 456 (1940). ―Persistir en el error para realzar la
consistencia de lo decidido constituiría una abdicación del
deber que tenemos, como tribunal apelativo, de impartir
justicia y de pautar el derecho‖. Reyes Corano v. Dir.
Ejecutivo, 110 DPR 40, 42 (1980).
En virtud de dicho deber, a continuación, procederemos
a examinar si fue la intención de la Asamblea Legislativa no la nuestra-, que las disposiciones del Artículo 12.001
de la Ley Electoral de 2011, supra, aplicaran a la consulta
de estatus que autoriza la Ley para la Descolonización,
supra.
Para
lograr
dicho
objetivo,
aplicaremos
lo
que
corresponde en derecho, sin sujeción al erróneo precedente.
V
A.
De
poderes,
conformidad
con
no
perder
podemos
la
doctrina
de
de
separación
perspectiva
que
de
nuestra
función es determinar qué quiso decir el legislador y no
qué
nosotros
hubiéramos
querido
que
se
dijera.
Aquino
González v. AEELA, 182 DPR 1, 39 (2011); R.E. Bernier y
CT-2017-002
24
J.A. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 241. Para cumplir con
esa función, ―los tribunales deben interpretar la ley como
un ente armónico, dándole sentido lógico a sus diferentes
secciones‖. Aquino González v. AEELA, supra, pág. 40. Así,
debemos interpretar íntegramente las disposiciones de la
ley y no de manera aislada. Íd.; R.E. Bernier y J.A. Cuevas
Segarra, op. cit., pág. 315. La interpretación que le demos
finalmente al precepto legal no puede conllevar el absurdo
de
dejar
sin
efecto
–o
sin
sentido
coherente-
otras
disposiciones de la ley ante nuestra consideración. Véase
Cabassa
v.
Bravo,
21
DPR
185,
186
(1914)
(―debemos
interpretar la ley dándole efecto a todas sus disposiciones
sin omitir ninguna‖); véase, además, López Rosas v. CEE,
161 DPR 527, 535-536 (2004). Esta norma está predicada en
la armoniosidad que deben presentar las disposiciones de la
ley –y la ley en sí- ante nuestra consideración. Después de
todo,
no
podemos
presumir
que
la
Asamblea
Legislativa
promulgó una ley con disposiciones inconsistentes.
Por
otro
lado,
sabido
es
que
el
texto
claro
e
inequívoco de la ley constituye la expresión por excelencia
de la intención del legislador. Romero Barceló v. ELA, 169
DPR 460, 476-477 (2006); Alejandro Rivera v. ELA, 140 DPR
538, 544-545 (1996). Cuando estamos ante una ley que cumple
con esta característica, no podemos menoscabar la expresión
del Asamblea Legislativa, so pretexto de cumplir con la
intención
legislativa.
Artículo
14
del
Código
Civil
de
Puerto Rico, supra. (―Cuando la ley es clara libre de toda
CT-2017-002
25
ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo
el pretexto de cumplir su espíritu‖); Romero Barceló v.
ELA, supra, pág. 477 (―cuando una ley es clara y no es
ambigua no hay necesidad de mirar más allá de la letra en
búsqueda de la intención legislativa‖); Atlantic Pipe Corp.
v. FSE, 132 DPR 1026, 1030 (1993). Ante este postulado, no
podemos incluir escenarios en un estatuto que no están
dentro de la razón del precepto en cuestión. R.E. Bernier y
J.A. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 246.5 Por lo tanto,
―[d]ebemos
descubrir
y
darle
efecto
a
la
intención
expresada mediante la letra de la ley‖. Romero Barceló v.
ELA, supra, pág. 477.
Asimismo, ―[c]uando el lenguaje de la ley es claro e
inequívoco, nuestra responsabilidad es respetar la voluntad
legislativa,
independientemente
de
nuestro
criterio
personal‖. Delgado Hernández, Ex Parte, 165 DPR 170, 192
(2005), haciendo referencia a Alonso García v. SLG, 155 DPR
91 (2001); Lasalle v. Junta Dir. ACAA, 140 DPR 694 (1994);
Silva v. Adm. Sistemas de Retiro, 128 DPR 256 (1991). Es
decir,
al
interpretar
la
ley,
los
tribunales
deben
abstenerse ―de sustituir el criterio legislativo por sus
propios
conceptos
de
lo
justo,
razonable
y
deseable‖.
Aquino González v. AEELA, supra, pág. 40. ―[E]sto requiere
de los tribunales de justicia el mayor grado de disciplina
al aplicar una ley‖. Sánchez Díaz v. ELA, 181 DPR 810, 822
5
Véase Morales Torres v. Tribunal Superior, 99 DPR 459 (1970); Cardona
v. Com. Industrial, 57 DPR 397, 399 (1940).
CT-2017-002
26
(2011). Después de todo, la Asamblea Legislativa es la
llamada a ―determinar cuál deb[e] ser la política pública
que encarnen nuestras leyes‖. Delgado Hernández, Ex Parte,
supra, pág. 192. Consecuentemente, ―[e]l juzgador no puede
sustituir su sentido de justicia por la letra clara del
estatuto‖. Delgado Hernández, Ex Parte, supra, pág. 193;
Berrocal v. Tribunal de Distrito, 76 DPR 38, 92 (1954).
Nosotros
los
Jueces,
práctica
de
acudir
incluso,
a
debemos
preceptos
evitar
la
mala
constitucionales
como
fundamento para enmendar las leyes. En el ejercicio de
nuestra función, debemos mantenernos ―siempre dentro del
ámbito judicial, sin incursiones indebidas en la esfera
legislativa‖. Caguas Bus Line, Inc. v. Sierra, Comisionado,
73 DPR 743, 750 (1952); R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra,
op. cit., pág. 299.
En
este
caso,
el
lenguaje
claro
e
inequívoco
del
estatuto postula un solo significado y, consiguientemente,
―un sentido cabal de humildad y autodisciplina requiere la
aplicación de la voluntad legislativa‖ según establecida en
el propio precepto legal. Alejandro Rivera v. ELA, supra,
pág. 545. Véanse, además, Cotto v. Depto. de Educación, 138
DPR 658, 662 (1995); Atlantic Pipe Corp. v. FSE, supra.
Veamos.
B.
El Artículo XIII de la Ley para la Descolonización,
supra, dispone que
CT-2017-002
27
[l]as prohibiciones y delitos relacionados con la
celebración de esta consulta, se regirán por las
disposiciones establecidas en la Ley 78-2011,
según enmendada, conocida como ‗Ley Electoral de
Puerto Rico‘ y por la Ley 222-2011, conocida como
‗Ley para la Fiscalización del Financiamiento de
Campañas Políticas en Puerto Rico‘, excepto cuando
sean
improcedentes
o
incompatibles
con
las
disposiciones de esta Ley o cuando esta Ley
dispone delito o penalidad específica. (Énfasis
suplido).
Aunque la disposición que establece la veda electoral
está
contenida
entre
las
prohibiciones
y
delitos
que
dispone la Ley Electoral de 2011, supra, ello no la hace
aplicable automáticamente al proceso plebiscitario o al
referéndum que autoriza la Ley para la Descolonización,
supra. Según parece ignorar la opinión disidente del Juez
Asociado señor Colón Pérez, nótese que la aplicación del
precepto
estatutario
que
impone
la
veda
electoral
está
sujeta a que eso no sea incompatible o improcedente ante la
celebración
del
plebiscito
referéndum.6
Por
tanto,
o,
procede
de
ser
que
necesario,
analicemos
el
dicho
precepto.
6
No se trata meramente de que la aplicación de la veda electoral sea
necesaria o pertinente como expresa la opinión disidente del Juez
Asociado señor Colón Pérez al referirse al Artículo 11.001 de la Ley
Electoral de 2011, 16 LPRA sec. 4211. El referido Art. 11.001
establece
subsidiariamente
que:
―Todo
referéndum,
consulta
o
plebiscito que se celebre en Puerto Rico se regirá por la ley especial
que a tal fin se apruebe y por las disposiciones de este subtítulo en
todo aquello necesario o pertinente para lo cual dicha ley especial no
disponga‖. Íd. (Énfasis suplido).
No obstante, conforme dispuso la Asamblea Legislativa en la Ley
para la Descolonización, supra, la condición para que proceda la
aplicación del Art. 12.001 de la Ley Electoral de 2011, supra, es que
éste sea compatible y procedente ante la celebración del plebiscito y,
en su caso, el referéndum. Las disposiciones de una ley no se pueden
leer a medias. Incluso, aun cuando la Ley para la Descolonización,
supra, no hubiera dispuesto nada, el Art. 12.001 de la Ley Electoral
de 2011, supra, no debe extenderse al proceso plebiscitario por no
tratarse de una elección general. Como explicaremos, el legislador
CT-2017-002
28
El Artículo 12.001 de la Ley Electoral de 2011, supra,
mediante
el
cual
la
Asamblea
Legislativa
incorporó
en
nuestro ordenamiento jurídico la llamada veda electoral,
dispone de la manera siguiente:
Durante el año en que se celebre una
elección general y hasta el día siguiente a la
fecha de la celebración de la misma, se prohíbe a
las agencias del Gobierno, a la Asamblea
Legislativa y a la Rama Judicial de Puerto Rico
incurrir en gastos para la compra de tiempo y
espacio en los medios de comunicación, así como
para la compra y distribución de materiales
propagandísticos o promocionales con el propósito
de exponer sus programas, proyectos, logros,
realizaciones,
proyecciones
o
planes.
Se
exceptúan de esta disposición aquellos avisos y
anuncios de prensa expresamente requeridos por
ley; las campañas de la Compañía de Turismo para
promoción del turismo interno, campañas de
promoción fuera de Puerto Rico por parte de la
Compañía de Turismo de Puerto Rico o la Autoridad
de Distrito del Centro de Convenciones de Puerto
Rico promocionando a la isla de Puerto Rico como
destino turístico, o la Compañía de Fomento
Industrial
promocionando
la
inversión
del
extranjero en Puerto Rico, siempre que no
incluyan
relaciones
de
logros
de
la
administración o la corporación ni se destaque la
figura de ningún funcionario. Además, se excluyen
las notificaciones o convocatorias para procesos
de vistas públicas legislativas o administrativas
que se publique y circule sin usar los medios de
difusión masiva pagados.
Asimismo, se exceptúan de la anterior
disposición aquellos anuncios que sean utilizados
para difundir información de interés público,
urgencia o emergencia, los cuales sólo serán
permitidos previa autorización al efecto de la
Comisión.
[…]
La violación de este Artículo conllevará a
la agencia o dependencia gubernamental una multa
administrativa de hasta diez mil (10,000) dólares
por la primera infracción y hasta veinticinco mil
estableció
generales.
este
proceso
en
la
CEE
únicamente
para
las
elecciones
CT-2017-002
29
(25,000) dólares por infracciones subsiguientes.
Los fondos que se obtengan bajo este concepto,
pasarán a formar parte del Fondo especial para el
financiamiento de los gastos de automatización de
los procesos electorales, según se dispone en el
Artículo 3.001 de esta Ley. 16 LPRA sec. 4231.
(Énfasis suplido).
Particularmente,
12.001,
supra,
legislativo.7
fue
Luego
Representantes,
en
la
primera
objeto
de
de
ser
el
Senado
parte
alteración
aprobado
se
del
Artículo
en
el
trámite
la
Cámara
de
texto
la
por
agregó
a
su
expresión siguiente: ―Durante el año en que se celebre una
elección general y hasta el día siguiente a la fecha de la
celebración de la misma‖.8 Véase Informe Comisión Especial
sobre
Reforma
Informe
Gubernamental
emitido
el
10
de
del
Senado:
noviembre
de
Entrillado
del
2010.
esa
Con
adición fue aprobada finalmente la Ley Electoral de 2011,
supra.
De una lectura del precitado artículo, podemos notar
que en este se hace alusión expresa al ―año en que se
celebre una elección general‖. Así pues, nuestra función
principal
en
este
caso
es
determinar
si
la
Asamblea
7
El texto original del proyecto de ley, según aprobado por la Cámara
de Representantes y enviado al Senado, disponía en su primera oración
lo siguiente:
Se prohíbe a las agencias del Gobierno de Puerto Rico
a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a la Rama
Judicial incurrir en gastos para la compra de tiempo y
espacio en los medios de comunicación y así como para
compra y distribución de materiales propagandísticos o
promocionales con el propósito de exponer sus programas,
proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes.
Sustituto de la Cámara al P. de la C. 1863 de 8 de marzo de
2011, 3ra Sesión Ordinaria, 16ta Asamblea Legislativa, pág.
188.
8
Íd.
CT-2017-002
30
Legislativa
incluyó
dentro
del
concepto
de
―elecciones
generales‖ la celebración de un plebiscito o un referéndum
como
el
que
instituye
la
Ley
para
la
Descolonización,
supra, para que, de este modo, sea procedente la aplicación
del Artículo 12.001 de la Ley Electoral de 2011, supra, a
dicha consulta de estatus.
Al
hacer
―elección
una
interpretación
general‖,
no
de
podemos
qué
constituye
presumir
que
una
los
legisladores incluyeron disposiciones o palabras inútiles
en la ley. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, op. cit.,
pág. 333. Es decir, no podemos partir de la premisa que la
Asamblea Legislativa hizo expresiones o aclaraciones que no
tienen
ningún
sentido
o
función
ejercicio
de
en
el
estatuto
que
promulgaron.
En
el
nuestra
función
y
en
el
cumplimiento de nuestro deber, no podemos ignorar que la
propia
Ley
Electoral
de
2011,
supra,
contiene
una
disposición en la que se definen varios conceptos que los
legisladores
consideraron
importantes
delimitar.
Particularmente, la Asamblea Legislativa tomó de su tiempo
para
establecer
el
significado
del
término
―elecciones
generales‖. Al así hacerlo, aclaró que cuando se refirieran
a
ellas
en
la
Ley
Electoral
de
2011,
supra,
debía
entenderse que se trataba del ―[p]roceso mediante el cual
cada
cuatro
años
los
electores
seleccionan
a
los
funcionarios que ocuparán cargos públicos electivos en el
CT-2017-002
31
Gobierno de Puerto Rico incluyendo gobernador, comisionado
residente, legisladores estatales, alcaldes y legisladores
municipales‖. Artículo 2.003 de la Ley Electoral de 2011,
supra.
(Énfasis
suplido).9
De
este
modo,
la
Asamblea
Legislativa evitó que utilizáramos nuestro propio criterio
o tuviéramos que acudir a fuentes alternas o exteriores
para encontrar el significado de lo que quiso decir. Por su
pertinencia, estamos impedidos de hacer caso omiso a este
articulado. Véase ACAA v. Yantín, 103 DPR 59, 62 (1974).
Debemos notar que expresamente la Ley Electoral de
2011, supra, establece que en las elecciones generales ―los
electores
seleccionan
a
los
funcionarios
que
ocuparán
cargos públicos electivos en el Gobierno de Puerto Rico‖.
Íd.
Asimismo,
hay
que
resaltar,
inclusive,
que
la
ley
limita expresamente las elecciones generales al proceso
electoral que se celebra ―cada cuatro años‖, a diferencia
de su antecesora la Ley Electoral de Puerto Rico de 1977. A
esta
definición
y
a
la
aclaración
realizada
por
la
legislatura debe dársele su correspondiente significado y
efecto al interpretar la ley.
9
Véase, además, la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de
Campañas Políticas en Puerto Rico, Ley Núm. 222-2011, según enmendada,
16 LPRA sec. 621(28). Esta disposición define ―elecciones generales‖
como
aquel proceso mediante el cual el primer martes, después
del primer lunes del mes de noviembre, cada cuatro años,
los electores seleccionan a los funcionarios que han de
ocupar los cargos públicos electivos en el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, incluyendo gobernador, comisionado
residente, legisladores estatales, alcaldes y legisladores
municipales. Íd.
CT-2017-002
32
Como indicamos anteriormente, no podemos presumir que
la Asamblea Legislativa incluyó en las leyes expresiones y
aclaraciones
inútiles.
De
hecho,
si
sustituimos
la
expresión ―elección general‖ por la definición provista por
el
propio
legislador,
la
primera
oración
del
Artículo
12.001 de la Ley Electoral de 2011, supra, leería como
sigue:
Durante el año en que se celebre un [proceso
mediante el cual cada cuatro años los electores
seleccionan a los funcionarios que ocuparán
cargos públicos electivos en el Gobierno de
Puerto Rico incluyendo gobernador, comisionado
residente, legisladores estatales, alcaldes y
legisladores
municipales]
y
hasta
el
día
siguiente a la fecha de la celebración de[l]
mism[o], se prohíbe a las agencias del Gobierno,
a la Asamblea Legislativa y a la Rama Judicial
de Puerto Rico incurrir en gastos para la compra
de
tiempo
y
espacio
en
los
medios
de
comunicación,
así
como
para
la
compra
y
distribución de materiales propagandísticos o
promocionales con el propósito de exponer sus
programas,
proyectos,
logros,
realizaciones,
proyecciones o planes.
Por otro lado, la Asamblea Legislativa dispuso de un
concepto que utilizaría a través de la Ley Electoral de
2011,
supra,
para
refiriéndose
tanto
aquellas
a
ocasiones
elecciones
en
que
estuviera
generales,
como
a
plebiscitos, a referéndums, a consultas al electorado, a
elecciones
especiales
y
a
primarias.
Véase
Artículo
2.003(29) de la Ley Electoral de 2011, supra, 16 LPRA sec.
4003(29). En ese supuesto, dispuso que se referiría a ellas
solamente
como
―elección‖
o
―elecciones‖.
Íd.
Además,
incluyó una definición distinta y separada de ―plebiscito‖
CT-2017-002
33
y de ―referéndum‖. Estableció que un plebiscito es aquel
―[m]étodo
Puerto
mediante
Rico
para
el
cual
consulta
se
somete
al
electorado
de
electoral,
la
alternativa
de
escoger su preferencia entre varias opciones sobre un mismo
asunto
de
limitarse
ordenamiento
a,
la
relación
político
incluyendo,
política
entre
pero
Puerto
sin
Rico
y
Estados Unidos de América‖. Íd., inciso (82). Por su parte,
estatuyó que el referéndum era el proceso ―mediante el cual
se
somete
al
electorado
de
Puerto
Rico
para
consulta
electoral directa la aprobación o rechazo de una o varias
propuestas específicas sobre políticas públicas a adoptarse
o
legislación
a
ponerse
en
vigencia
sobre
asuntos
de
interés general‖. Íd., inciso (86).
Si la intención de la Asamblea Legislativa hubiese
sido
incluir
los
plebiscitos
dentro
de
la
prohibición
contenida en el Artículo 12.001 de la Ley Electoral de
2011, supra, hubiera bastado con referirse a la ―elección‖
o las ―elecciones‖. Esto, ya que, conforme se definió en la
ley, ese solo concepto incluye, entre otras cosas, los
referéndums y los plebiscitos. Como puede notarse, tanta
fue la distinción que realizó la Asamblea Legislativa que,
al establecer el significado de cada concepto, la sola
adición de una palabra alteraría su significado.
No se trata de un escenario en que se pueda señalar
que la Asamblea Legislativa no pudo prever la utilización
de cierta palabra e inadvertidamente omitió su inclusión en
CT-2017-002
34
la disposición de ley. En la Ley Electoral de 2011, supra,
el legislador incluyó referencia expresa a los plebiscitos
y a los referéndums en varias de sus disposiciones.10 No
obstante, en el Artículo 12.001 de la Ley Electoral de
2011, supra, no se hace mención de estos. Evidentemente, la
Asamblea Legislativa únicamente se refirió a la ―elección
general‖. La referencia específica a este evento electoral
excluye otros eventos no incluidos en el referido concepto
por la propia Asamblea Legislativa.
Además,
una
lectura
minuciosa
del
propio
Artículo
12.001 de la Ley Electoral de 2011, supra, demuestra que la
intención de la Asamblea Legislativa fue evitar que el
Gobierno en el poder pudiera tomar ventaja en el año en que
se
celebrara
una
elección
general
para
promocionar
sus
logros, proyectos, programas, realizaciones, proyecciones o
planes para obtener la victoria de sus funcionarios. A esta
conclusión abunda, incluso, la excepción contenida en el
Artículo 12.001 de la ley; específicamente al disponer que
las agencias mencionadas en el Artículo están exceptuadas
―siempre
que
no
incluyan
relaciones
de
logros
de
la
administración o la corporación ni se destaque la figura de
ningún funcionario‖. Véase 16 LPRA sec. 4231.
10
Para conocer varias disposiciones sobre este particular, véanse:
Arts. 3.003 (16 LPRA sec. 4013) (distingue periodos de reuniones de la
Comisión conforme el evento electoral), Art. 3.015 (16 LPRA sec.
4025); Art. 9.003 (16 LPRA sec. 4143) (establece los días feriados
para una elección general y distingue lo que sucede en el caso de un
referéndum, plebiscito, consulta o elección especial); Art. 9.013 (16
LPRA sec. 4153); Art. 10.019 (16 LPRA sec. 4209); Arts. 11.001-11.010
(16 LPRA secs. 4211-4220).
CT-2017-002
35
Asimismo, concluir que la expresión ―elección general‖
incluye la celebración de un plebiscito sería quitarles
efecto a varias de las disposiciones de la propia Ley
Electoral
9.004
de
dispone
2011,
supra.
Particularmente,
que
―[e]l
propósito
de
el
las
Artículo
Elecciones
Generales es la elección de todos los funcionarios en el
Gobierno de Puerto Rico que conforme la Constitución de
Puerto Rico y otras leyes especiales‖. 16 LPRA sec. 4144.
De
igual
manera,
el
Artículo
9.001
establece
que
la
elección general es la que se celebra cada cuatro años.
Íd., sec. 4141. Por ello, hacer extensible el plebiscito o
-de ser necesario- el referéndum dentro de la referencia a
la ―elección general‖ resultaría en un contrasentido.11
Lo más lógico y razonable, conforme surge claramente
de
la
Ley
Electoral
para
de
la
2011,
Descolonización,
supra,
supra,
y
–interpretadas
armoniosamente
y
sin
dejar
sin
efecto
disposiciones-
es
que
las
prohibiciones
ninguna
y
la
Ley
íntegra,
de
sus
delitos
que
aplican a la consulta de estatus son aquellas que resultan
compatibles y procedentes porque no se establecieron para
11
Para otras disposiciones que no tendrían sentido si el concepto de
elecciones generales incluyera un plebiscito o un referéndum, véanse,
además: Arts. 5.008, 6.012, 6.013, 6.016, 7.001, 7.014, 8.001, 8.004,
8.005, 8.007, 8.009, 8.012, 8.023, 9.001, 9.010, 9.011, 9.044, 10.013,
10.015 y 10.019 de la Ley Electoral de 2011, supra, 16 LPRA secs.
4048, 4072, 4073, 4076, 4091, 4104, 4111, 4114, 4115, 4117, 4119,
4122,
4133,
4141,
4150,
4151,
4184,
4203,
4205
y
4209,
respectivamente.
CT-2017-002
36
una elección general u otro evento electoral distinto a un
plebiscito o un referéndum.12
Como mencionamos, en nuestra función interpretativa no
podemos ignorar el lenguaje claro y expreso de la ley.
Tampoco
podemos
Legislativa
le
ignorar
el
significado
otorgó
a
cada
que
término
la
Asamblea
que
debemos
interpretar. La Ley Electoral de 2011, supra, claramente
dispone que la veda electoral únicamente es aplicable en el
año en que se celebra una elección general y, por ende,
según definida, al evento electoral celebrado cada cuatro
años en que los electores eligen a los funcionarios que
ocuparán
los
cargos
públicos
electivos
del
Gobierno
de
Puerto Rico.
VI
Con relación a la opinión disidente del Juez Asociado
señor Colón Pérez, es necesario hacer los planteamientos
siguientes.
Lamentablemente,
la
opinión
disidente
del
Juez
Asociado señor Colón Pérez intenta repetir el error que
cometimos hace más de dos décadas. En vez de llevar a cabo
un análisis correcto de la disposición que estaba llamada a
interpretar, se ampara en la Constitución -y en el erróneo
12
Por ejemplo, serían aplicables los Arts. 12.003, 12.005, 12.006,
12.009, 12.024 de la Ley Electoral de 2011, supra, 16 LPRA secs. 4233,
4235, 4236, 4239, 4253a, respectivamente, entre otros.
CT-2017-002
37
precedente que hizo lo mismo- para llegar al resultado que
le parece conveniente.
A pesar de que el texto del Artículo 12.001 de la Ley
Electoral, supra, es claro, la opinión disidente del Juez
Asociado
señor
Colón
Pérez
decide
ignorarlo.
Específicamente, concluye que ―la activación de la veda
electoral
para
la
difusión
de
anuncios
gubernamentales
contenida en el Artículo 12.001 de la Ley Núm. 78-2011, no
solo se limita a la celebración de elecciones generales,
como
pretende
sugerir
su
texto‖.
De
este
modo,
omite
utilizar el principio básico de hermenéutica que establece
que cuando la ley es clara, la letra de ella no debe ser
menospreciada bajo el pretexto de cumplir con su espíritu.
Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico, supra.
No tan solo hace a un lado el texto del Artículo
12.001 de la Ley Electoral de 2011, supra, sino que lo
descarta al amparo del mal llamado axioma constitucional de
igualdad económica entre los partidos. Según discutimos,
dicho axioma no es de linaje constitucional y no podemos
seguir perpetuándolo como tal. Ciertamente reconocemos que
después de ―haber estado en vigor durante muchos años las
constituciones
y
interpretados
por
los
las
estatutos
y
cortes
en
de
haber
varios
sido
casos,
inevitablemente la tendencia es a leer los casos y no la
constitución o el estatuto en sí cuando surge una cuestión
sobre su alcance‖. Pérez v. Tribunal de Distrito y Puig,
CT-2017-002
38
Interventores, 69 DPR 4, 12 (1948). No obstante, ello no
puede ser razón para que inmortalicemos errores.
Definitivamente,
Constitución
para
estamos
reconocer
impedidos
de
derechos
utilizar
la
inexistentes.
R.
Martínez Torres, op. cit., pág. 249. Sin embargo, en la
opinión
disidente
del
Juez
Asociado
señor
Colón
Pérez,
cometiendo el mismo desacierto que en P.P.D. v. Gobernador
II, supra, no únicamente se constitucionaliza el principio
de igualdad electoral económica, sino que como resultado se
constitucionaliza la JEA, la cual, como discutimos, es de
creación
estatutaria.
intenta
atribuir
Específicamente,
Además,
facultades
la
se
a
va
la
más
JEA
opinión disidente
allá
que
y
se
no
le
tiene.
del Juez Asociado
señor Colón Pérez expresa lo siguiente: ―se debe activar la
J.E.A.
como
filtro
para
determinar
si
las
agencias
adscritas al Poder Ejecutivo pueden o no incurrir en gastos
de fondos públicos en la publicación de anuncios; además de
cerciorarse
matizados
de
por
que
los
posturas
referidos
anuncios
político-partidistas‖.
no
En
estén
ese
sentido, procura incorporar, mediante jurisprudencia, una
Junta para controlar el gasto fiscal en la publicación de
anuncios, en vista de la situación económica de Puerto
Rico. Ello es improcedente. La JEA solo está facultada para
evaluar los anuncios y no los gastos en los que incurra el
Gobierno de Puerto Rico.
CT-2017-002
39
Ciertamente, la situación económica de Puerto Rico es
preocupante. Empero, le corresponde al Gobierno de Puerto
Rico y a la Asamblea Legislativa atender dicha situación. A
nosotros solo nos corresponde aplicar el derecho. Si la
Asamblea Legislativa entiende que la veda electoral debe
aplicar
al
proceso
plebiscitario
que
se
avecina,
le
corresponde a esta enmendar el Artículo 12.001 de la Ley
Electoral de 2011, supra. Este Tribunal no puede, por fiat
judicial, extender dicha aplicación porque parece justo. La
doctrina de separación de poderes nos lo impide.
VII
Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos que es
improcedente
activar
la
veda
electoral
contenida
en
el
Artículo 12.001 de la Ley Electoral de 2011, supra, ante la
consulta
de
estatus
Descolonización,
supra.
que
En
autoriza
la
consecuencia,
Ley
para
la
revocamos
la
Resolución Núm. CEE-RS-17-07 emitida por la CEE.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Norma E. Burgos
Andújar, Comisionada
Electoral del Partido
Nuevo Progresista
Certificación
Intrajurisdiccional
Recurrida
v.
Comisión Estatal de
Elecciones, por
conducto de su
Presidenta, Liza García
Vélez; Comisionado
Electoral Interino del
Partido Popular
Democrático, Miguel
Ríos Torres;
Comisionada Electoral
Designada del Partido
Independentista
Puertorriqueño, María
de Lourdes Santiago
Recurridos
Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, por
conducto de la
Secretaria de Justicia,
Hon. Wanda Vázquez
Garced
Recurridos
Senado de Puerto Rico,
por conducto de su
Presidente Hon. Thomas
Rivera Schatz, y su
Secretario Manuel
Torres Nieves;
Cámara de
Representantes de
Puerto Rico, por
conducto de su
Presidente Hon. Carlos
Méndez Nuñez y su
Secretaria Ayleen
Figueroa Vázquez
Peticionarios
CT-2017-002
CT-2017-002
2
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam
que antecede, resolvemos que es improcedente activar la veda
electoral contenida en el Artículo 12.001 de la Ley
Electoral de Puerto Rico, Ley Núm. 78-2011, ante la consulta
de estatus que autoriza la Ley para la Descolonización
Inmediata de Puerto Rico, Ley Núm. 7-2017. En consecuencia,
revocamos la Resolución Núm. CEE-RS-17-07 emitida por la
CEE.
Notifíquese inmediatamente mediante correo electrónico y
por la vía ordinaria.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo.
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión
disidente. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
emitió una Opinión disidente. El Juez Asociado señor
Estrella Martínez emitió una Opinión disidente. El Juez
Asociado señor Colón Pérez emitió una Opinión disidente.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Norma E. Burgos Andújar,
Comisionada Electoral del
Partido Nuevo Progresista
Recurridos
v.
Comisión
Estatal
de
Elecciones por conducto de
su Presidenta, Liza García
Vélez y otros
CT-2017-0002
Recurridos
Certificación
Intrajurisdiccional
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico por conducto de
la Secretaria de Justicia,
Wanda Vázquez Garced
Recurridos
Senado de Puerto Rico, por
conducto de su Presidente,
Hon. Thomas Rivera Schatz y
otros
Peticionarios
Opinión di
RODRÍGUEZ
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017.
“Una Constitución no establece, ni debe
establecer, normas para la hora
que pasa, sino principios para
un futuro que se expande”.13
Una
doctrina
resuelta
por
este
Tribunal
―no
debe
ser
variada a menos que sea tan manifiestamente errónea que no
pueda
13
sostenerse
sin
violentar
la
razón
y
la
justicia‖.
PIP v. CEE, 120 DPR 580, 613 (1988)(citando a B.M. Cardozo, La naturaleza
de la función judicial, Buenos Aires, Eds. Arayú, 1955, pág. 64).
CT-2017-0002
Capestany
2
v.
Capestany,
66
DPR
764,
767
(1946).
Al
parecer, una mayoría de este Tribunal considera que el
axioma constitucional de igualdad electoral consagrado
en nuestra jurisprudencia violenta sus nociones ofuscas
de razón y de justicia. Bajo esa impresión maltrecha de
lo que significa una sociedad verdaderamente democrática
e
igualitaria,
publicitaria
que
revocan
una
aplicaba
al
normativa
caso
ante
de
veda
nosotros
y
merecía el más vigoroso amparo de este foro. No puedo
estar en mayor desacuerdo y, por lo tanto, disiento.
I
A. El axioma constitucional de igualdad electoral
La
Constitución
de
Puerto
Rico
establece
un
ordenamiento democrático según el cual el poder político
emana de la participación del pueblo en las decisiones
colectivas.
Pmbl.,
efectos,
derecho
el
garantías
más
Const.
al
básicas
PR,
1.
A
esos
constituye
una
de
las
paradigmáticas
de
nuestra
voto
y
LPRA,
Tomo
sociedad. De ahí que nuestra Carta de Derechos disponga
que ―[l]as leyes garantizarán la expresión de la voluntad
del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo
y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción
en el ejercicio de la prerrogativa electoral‖. Art. II,
sec. 2, Const. PR, LPRA, Tomo 1.
La
disposición
citada
le
impone
al
Estado
una
responsabilidad dual. PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643,
670 (1995). En primer lugar, el Estado debe abstenerse de
CT-2017-002
3
interferir con el ejercicio libre del voto por parte de
sus
ciudadanos
afirmativo
de
y,
en
segundo
proteger
al
lugar,
tiene
un
deber
ciudadano
contra
cualquier
coacción que pretenda interferir con el ejercicio de su
prerrogativa electoral. Íd.
A tenor con un ordenamiento democrático en el que se
garantiza
el
derecho
igual
al
voto
y
se
exige
su
protección mediante deberes concomitantes y afirmativos
por parte del Estado, una serie de casos consignaban
hasta hoy lo que se denominaba el axioma constitucional
de igualdad electoral. Véanse PPD v. Gobernador I, supra;
Marrero v. Mun. de Morovis, 115 DPR 643 (1984); PRP v.
ELA, 115 DPR 631 (1984); PNP v. Tribunal Electoral, 104
DPR 741 (1976). En el espectro de ese axioma loable, este
Tribunal
interpretó
que
nuestra
Constitución
exige
ciertos derechos y garantías adicionales al acto formal
del
voto.
Es
decir,
que
con
el
pasar
del
tiempo
entendimos que el ejercicio cabal del derecho igualitario
al
voto
precisa
de
circunstancias
e,
incluso,
prohibiciones específicas.
En particular, este Tribunal resolvió que el axioma
de igualdad electoral exige, entre otras condiciones,
igual
acceso
de
los
partidos
políticos
a
fondos
electorales gubernamentales, PSP v. Srio. de Hacienda,
110 DPR 313 (1980)(Sentencia), e igual participación de
los partidos políticos en los asuntos de la Comisión
Estatal de Elecciones y la Junta de Inscripción Permanente,
PRP v. ELA, 115 DPR 631 (1984); PSP v. Com.
Estatal
de
CT-2017-002
Elecciones,
4
110
DPR
(1980).14
400
Así
también,
este
Tribunal interpretó que el axioma de igualdad electoral
prohíbe,
entre
públicos
a
otras
beneficio
prácticas,
de
el
campañas
uso
de
recursos
políticas.
Véase
Miranda v. CEE, 141 DPR 775 (1996) y PPD v. Gobernador I,
supra,
(prohibiendo
publicidad
gubernamental
connotaciones
político-partidistas);
véase
Marrero
Mun.
115
v.
(1984)(prohibiendo
el
de
Morovis,
uso
de
vehículos
con
también
DPR
643
públicos
en
campañas políticas).15
B. Restricciones a la facultad de informar del gobierno
Una de las prohibiciones o limitaciones que exige el
axioma de igualdad electoral tiene que ver con la facultad
del gobierno de comunicar determinada información a la ciudadanía.
PPD v. Gobernador I, supra, págs. 681-82. A esos efectos, la
jurisprudencia de este Tribunal reconoció al menos dos tipos de
limitaciones en cuanto a la información o publicidad gubernamental
se refiere.
Por
un
lado,
está
la
prohibición
de
publicidad
gubernamental de contenido político-partidista, la cual
surge tanto del mencionado axioma de igualdad electoral
14
Originalmente, este Tribunal había expresado que el axioma de
igualdad electoral surgía del Artículo IX, sección 6, de nuestra
Constitución, disposición transitoria que reconocía el disfrute de
los derechos reconocidos en la Ley Electoral a aquellos partidos que
cumplieran con los requisitos mínimos para quedar inscritos. Sin
embargo, así también reconocimos que ese principio de igualdad
constitucional no solo estaba contenido en la referida disposición
transitoria, sino que además surgía de nuestra Carta de Derechos.
PRP v. ELA, supra, pág. 637. Esta última base constitucional, en
particular el Artículo II, sección 2, de nuestra Constitución, ha
prevalecido desde entonces como la principal fuente jurídica del
axioma de igualdad electoral.
15
Véase J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico
y relaciones constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed.
Temis, 2009, págs.965-67 (discutiendo el historial jurisprudencial
del axioma de igualdad electoral).
CT-2017-002
5
como del Artículo IV, sección 9, de nuestra Constitución.
Íd., pág. 701 (determinando que la utilización de ciertos
―símbolos e insignias de naturaleza político-partidista
... [era] contraria al fin público que exige nuestro
ordenamiento
constitucional
en
la
administración
del
erario y al axioma de paridad económica entre las fuerzas
electorales que le sirve de norte‖).16 Esta prohibición
de publicidad con contenido político-partidista aplica en
cualquier
momento,
incluso
fuera
de
los
ciclos
electorales. Íd., pág. 692.
Por otro lado, reconocimos una limitación adicional
a la publicidad gubernamental, aun cuando su contenido no
fuera de índole político-partidista, comúnmente conocida
como veda electoral. Esta existía hasta hoy para evitar
la influencia que en términos generales puede tener la
publicidad gubernamental promovida por el partido en el
gobierno ante un evento electoral de fecha cercana. PPD
v. Gobernador II, supra, págs. 926-27 (explicando que la
veda electoral en esa ocasión buscaba ―evitar que el
Estado, mediante anuncios gubernamentales, pueda tener
una influencia en la libre expresión de los ciudadanos en
la votación‖).
16
Este Tribunal ha utilizado el Artículo VI, sección 9, de nuestra
Constitución como fundamento constitucional para la prohibición de
publicidad con contenido político-partidista. Éste dispone lo
siguiente: ―Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos
para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las
instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley‖.
Artículo VI, sec. 9, Const. PR, LPRA, Tomo 1. Véase PPD v.
Gobernador I, supra, pág.688.
CT-2017-002
6
Este último caso, PPD v. Gobernador II, supra, era
el precedente aplicable a la controversia ante nuestra
consideración, el cual una mayoría de este Tribunal se
negó a aplicar y, por lo tanto, revocó. En esa ocasión,
este
Tribunal
se
preguntó
si
el
axioma
de
igualdad
electoral exigía la aplicación de una veda electoral a un
proceso de referéndum, incluso cuando la Ley Electoral en
ese entonces solo aplicaba dicha veda electoral a las
elecciones
generales.
Respondimos
esa
interrogante
afirmativamente.
Según PPD v. Gobernador II, supra, la propaganda
gubernamental
por
parte
del
partido
en
el
gobierno
representa una ventaja indebida que le permite a ese
partido promover sus gestas y posturas de cara a un
proceso electoral. La veda electoral opera entonces como
una medida preventiva para evitar que esa ventaja se
produzca a costa de fondos públicos y mediante propaganda
gubernamental de diverso tipo.
Íd., págs. 926-27.
En
ausencia de una medida estatutaria a esos efectos en un
proceso electoral de referéndum, ésta se impuso en PPD v.
Gobernador
II,
supra,
―como
imperativo
del
axioma
de
igualdad inmerso en la Constitución‖. Íd., pág. 926.
Puesto que el entonces Artículo 8.001 de la Ley
Electoral disponía que la veda electoral aplicaría solo a
las elecciones generales, este Tribunal se basó en el
referido
imperativo
aplicabilidad
del
constitucional
Artículo
8.001
para
al
extender
la
referéndum
de
entonces. Íd. Al hacerlo, recurrió al Artículo 5 de la Ley
CT-2017-002
7
Habilitadora del Referéndum en cuestión, el cual disponía
que los artículos de la Ley Electoral serían supletorios
a la Ley Habilitadora del Referéndum en todo aquello que
fuera necesario, pertinente y compatible. Íd., pág. 924.
De
esta
manera,
establecida
en
este
la
Tribunal
Ley
concluyó
Electoral,
por
que
la
constituir
veda
un
imperativo constitucional, era una disposición compatible
y consecuente con la Ley Habilitadora del Referéndum.
Íd., pág. 926.
II
En lo que constituye un verdadero déjà vu jurídico,
el caso ante nosotros hoy planteaba la misma pregunta que
atendimos
en
PPD
preguntaba
a
este
v.
Gobernador
Tribunal
si
II,
supra.
procede
Se
una
le
veda
publicitaria a nivel gubernamental durante procedimientos
electorales, en particular un Plebiscito y un Referéndum,
para
los
cuales
la
ley
no
contempló
tal
prohibición
expresamente. Aunque conforme a PPD v. Gobernador II,
supra,
procedía
responder
afirmativamente,
la
mayoría
responde en la negativa.
A. Disposiciones estatutarias en controversia
Mediante la Ley Núm. 7-2017, la Asamblea Legislativa
dispuso una serie de consultas electorales en torno al
estatus político de Puerto Rico a llevarse a cabo en
2017. No estableció una veda electoral específicamente
aplicable a estos eventos, aunque reconoció que las ―prohibiciones
y los delitos relacionados con la celebración de [la] consulta, se
regirán por las
disposiciones
establecidas
en
la
[Ley
CT-2017-002
8
Electoral y Ley para la Fiscalización del Financiamiento
de Campañas Políticas]‖. Artículo XIII, sec. 1(a), Ley
Núm. 7-2017.
De
esta
manera,
cabe
interpretar
que
el
Artículo XIII tuvo el efecto de incorporarle a la Ley
Núm.
7-2017
la
sección
de
Prohibiciones
y
Delitos
Electorales de la Ley Electoral, 16 LPRA secs. 4231-4255,
salvo
en
todo
aquello
que
resultara
incompatible
o
improcedente.
La sección de Prohibiciones y Delitos Electorales de
la Ley Electoral establece lo siguiente en su Artículo 12.001:
Durante el año en que se celebre una elección
general y hasta el día siguiente a la fecha de
la celebración de la misma, se prohíbe a las
agencias
del
Gobierno,
a
la
Asamblea
Legislativa y a la Rama Judicial de Puerto Rico
incurrir en gastos para la compra de tiempo y
espacio en los medios de comunicación, así como
para la compra y distribución de materiales
propagandísticos
o
promocionales
con
el
propósito de exponer sus programas, proyectos,
logros, realizaciones, proyecciones o planes…
[…]
[S]e exceptúan de la anterior disposición
aquellos anuncios que sean utilizados para
difundir
información
de
interés
público,
urgencia o emergencia, los cuales sólo serán
permitidos previa autorización al efecto de la
Comisión. 16 LPRA sec. 4231 (énfasis suplido).
Nuevamente, la controversia puntual traída a nuestra
consideración es si esta prohibición le aplica también a
los
eventos
electorales
de
Plebiscito
y
Referéndum
establecidos en la Ley Núm. 7-2017.
B. El repentino abandono de un imperativo constitucional
Según discutido previamente, el axioma
constitucional
de igualdad electoral limita las facultades del gobierno de
CT-2017-002
divulgar
9
información.
En
particular,
este
Tribunal
estableció en PPD v. Gobernador II, supra, que la veda
electoral constituía un imperativo constitucional en aras
de
evitar
que
la
publicidad
gubernamental
influencie
directa o indirectamente a la ciudadanía en el ejercicio
libre
de
su
precedente
derecho
regía
al
la
voto.
Evidentemente,
controversia
ante
ese
nuestra
consideración.
Valga recordar que mientras este Tribunal no revoque
o
modifique
doctrina
un
precedente,
establecida
que
el
los
mismo
foros
constituye
inferiores
la
deben
seguir. Capestany v. Capestany, 66 DPR 764, 767 (1946).
Así
también,
una
norma
jurisprudencial
―no
debe
ser
variada a menos que sea tan manifiestamente errónea que
no
pueda
sostenerse
justicia‖.
Íd.
En
sin
materia
violentar
la
electoral,
razón
la
y
la
aplicación
consecuente de los precedentes de este Tribunal cobra
mayor envergadura aún, dado que incide sobre la credibilidad de
este Tribunal y del ordenamiento democrático mismo.
De ahí que, en referencia al tratamiento de este
Tribunal al axioma constitucional de igualdad electoral,
el
reconocido
González
constitucionalista
sugiriera
consecuentemente
que
dicha
los
José
Julián
Álvarez
tribunales
debían
aplicar
normativa
o,
de
lo
contrario,
―abandonar la empresa‖.17 En una crasa tergiversación de la
dicotomía sugerida por el distinguido profesor, una mayoría
17
―Si nuestros tribunales no son capaces de mantener un derrotero
consecuente y justificable sobre este tema, harían bien en abandonar
la empresa. La credibilidad del proceso judicial es un valor mucho
más importante‖. Álvarez González, op. cit., pág. 967.
CT-2017-002
10
de este Tribunal no pudo optar por la consistencia y, en
vez,
optó
abandonar
por
la
abandonar
empresa
en
la
empresa.
este
caso
Lamentablemente,
implica
pervertir
nuestro ordenamiento democrático y desechar lo que antes
habíamos denominado un imperativo constitucional.
Según
la
mayoría,
la
normativa
de
PPD
v.
Gobernador II, supra, es errada puesto que tuvo el efecto
de constitucionalizar el mecanismo de veda publicitaria
más allá de los procesos electorales contemplados por el
legislador
en
págs. 20-21.
la
En
Ley
ese
Electoral.
sentido,
la
Op.
Mayoritaria,
elevación
a
rango
constitucional de la llamada veda electoral representa
una
invención
de
derechos
inexistentes
que
extiende
indebidamente el significado de la Constitución. Íd. Bajo
esa lógica, ausente una expresión clara del legislador
imponiéndole la veda electoral a procesos electorales
como los dispuestos en la Ley Núm. 7-2017, la misma
resulta improcedente.
Con el poco tiempo que la mayoría de este Tribunal
nos concedió para expresarnos, delineamos al menos tres
problemas
sustanciales
con
la
postura
mayoritaria.
Veamos.
i.
El consagrado axioma de igualdad electoral
En claro desdén de la jurisprudencia previa, una
mayoría de este Tribunal derriba un componente del axioma
de igualdad electoral, esto es, la veda electoral, sin
advertir que con ello arriesga también el axioma en su
totalidad. Como mencionáramos antes, la jurisprudencia de
CT-2017-002
11
este Tribunal no solo había resuelto que el axioma de
igualdad impedía una desventaja electoral producto de la
publicidad
gubernamental,
sino
que
además
proscribía
otras prácticas incompatibles con un sistema democrocitá.
Como
bien
resume
el
profesor
Álvarez
González,
este
Tribunal descansó en el axioma de igualdad electoral para
disponer lo siguiente:
(1) igualdad de participación de los partidos
en el Fondo Electoral, sin sujeción a su
pujanza electoral previa; (2) igualdad en la
participación de los partidos por petición
junto con los principales en la administración
de la Comisión Estatal de Elecciones; (3)
prohibición del uso de vehículos en campañas
políticas; (4) prohibición de uso de fondos
públicos para campañas gubernamentales antes de
un referéndum para enmendar la Constitución;
(5) prohibición del uso de fondos públicos para
campañas gubernamentales que benefician al
partido en el poder; (6) inconstitucionalidad
de una ley para votar por el Presidente de
Estados Unidos. Álvarez González, op. cit.,
pág. 965 (citas omitidas).
A
pesar
del
historial
extenso
de
ese
axioma
constitucional, la mayoría nos informa hoy que el ―mal
llamado‖ axioma de igualdad electoral ―no existe en la
Constitución‖. Op. mayoritaria, págs. 16-17.
Nos
informa
entonces
que
son
letra
muerta
las
expresiones de este Tribunal a los efectos de que ―[l]a
igualdad
es
justicia
ingrediente
que
medular
constantemente
Constitución
[y]
susceptible
de
[p]or
del
ideal
de
late
en
la
dinámica
es
su naturaleza
manifestarse
en
diversas
dimensiones‖. PRP v. ELA, supra, pág. 633 (énfasis
suplido).
Además, son letra muerta aquellas expresiones en
CT-2017-002
12
las que este Tribunal consignó que, “[e]n la medida
en que se subvencione una campaña político-partidista con
fondos públicos, se le permite una ventaja a un partido
(o candidato político) sobre otros, lo que atenta contra
el axioma de igualdad electoral y socava los pilares del
esquema electoral en nuestro País‖. PPD v. Gobernador I,
supra, pág. 671 (énfasis suplido).
Resulta inaceptable asumir con tal liviandad el peso
de
esas
palabras
y
de
nuestros
precedentes,
más
aún
cuando esa actitud judicial reduce la protección de los
derechos
constitucionales,
en
vez
de
ampliarla.
La
doctrina del precedente, y sus respectivas excepciones,
no pueden ni deben servir, como lo hacen hoy, de meras
etiquetas
cual.18
legales
Tal
uso
para
ocultar
desvirtúa
el
los
caprichos
objetivo
medular
de
cada
de
esa
doctrina de proveer estabilidad jurídica y estropea
la ya lastimada credibilidad de este Tribunal.
ii.
El
rol
de
los
tribunales
en
el
constitucionalismo moderno
Es menester destacar también que la mayoría de este
Tribunal
parte
de
una
noción
minimalista
de
nuestra
Constitución, según la cual este foro está impedido de
extender
18
el
significado
de
nuestro
ordenamiento
―[H]emos identificado tres circunstancias que, como excepción,
justifican dejar a un lado un precedente: ―(1) si la decisión
anterior era claramente errónea; (2) si sus efectos sobre el resto
del ordenamiento son adversos, y (3) si la cantidad de personas que
confiaron en ésta es limitada‖. Pueblo v. Sánchez Valle, 192 DPR
594, 645-46 (2015)(citando a Pueblo v. Camacho Delgado, 175 DPR 1,
20 esc. 4 (2008)).
CT-2017-002
13
constitucional más allá del texto del documento magno.
Op. mayoritaria,
Torres,
págs.
20-21
(citando
a
R.
Martínez
El originalismo como método de interpretación
constitucional y el principio de separación de poderes,
49 Rev. Jur. UIPR 249, 249 (2015)). Ese entendido es
insostenible cuando se toma en cuenta el rol extenso que
este Tribunal ha asumido previamente en la protección de
los derechos constitucionales de índole político, social,
laboral
criminal.19
y
Así
también,
resulta
ajeno
al
desarrollo del constitucionalismo moderno del cual forma
parte nuestro ordenamiento democrático.
En
judicial
un
estado
funge,
de
derecho
precisamente,
democrático,
como
garante
el
poder
de
los
derechos constitucionales y de las condiciones necesarias
para su disfrute. Véase E. Rivera Ramos, Los derechos y
la democracia: ¿conflicto o complementariedad?, en Los
derechos fundamentales, R. Saba ed., 2001. Ese rol no
constituye una mera opción o preferencia teórica, sino
una
función
constitucional
deontológica
que
le
insertada
asigna
al
en
poder
el
andamiaje
judicial
la
interpretación de la propia Constitución. Íd. (―[E]sa
19
Los ejemplos sobran en la jurisprudencia de este Tribunal donde se
reconocen garantías y protecciones específicas dentro de derechos
constitucionales más amplios, como el debido proceso ley, la
intimidad, la dignidad humana, la igual protección de las leyes, la
libertad de expresión, el derecho al voto, la libertad de prensa y
la libertad de culto. Véanse e.g. Arroyo v. Rattan, 117 DPR 35
(1986)(la aplicación del derecho a la intimidad entre partes
privadas); Soto v. Srio de Justicia, 112 DPR 477 (1982)(derecho de
acceso
a la información como parte de la libertad de expresión);
Figueroa Ferrer v. ELA, 107 DPR 250 (1978)(derecho al divorcio como
parte del derecho a la intimidad); Pueblo v. Dolce, 105 DPR 422
(1976)(reconociendo factura más ancha en la protección contra
registros y allanamientos).
CT-2017-002
función
14
de
garante
de
las
pre-condiciones
de
la
democracia puede serle asignada al poder judicial en la
propia
Constitución,
por
voluntad
mayoritaria,
como
ocurre en algunas constituciones modernas‖); J.J. Álvarez
González, La protección de los derechos humanos en Puerto
Rico, 57 Rev. Jur. UPR 133, 174 (1988)(―[L]a revisión
judicial
es
la
forma
más
sistemas
constitucionales
conocida
de
[…]
Estados
que
Unidos
en
y
[los
Puerto
Rico] existe para hacer realidad las garantías que sus
Constituciones prometen‖).
En ese sentido, ese deber le fue asignado a este
Tribunal como último intérprete de la Constitución, con
la
facultad
correlativa
de
declarar
inconstitucional
aquellas normas o prácticas en las que otras ramas de
gobierno incurran. Artículo V, sec. 4, Const. PR, LPRA,
Tomo 1; véase Santa Aponte v. Srio. de Hacienda, 105 DPR
750, 759 (1977)(―La función de ser intérprete final de la
Constitución
le
corresponde
exclusivamente
a
un
solo
poder, al Poder Judicial. La Constitución les confiere
determinadas
facultades
Ejecutivo,
la
pero
al
Poder
definición
de
Legislativo
sus
contornos
y
al
y
la
determinación de la validez de su ejercicio son asuntos
cuidadosamente reservados a los tribunales‖).
La labor de revisión judicial incluye también la
facultad de este Tribunal de subsanar una deficiencia
constitucional allí donde el Estado malogra o incumple su
respectivo deber de garantizar mediante legislación los
CT-2017-002
derechos
15
constitucionales
de
la
ciudadanía.
Véase
Artículo II, secs. 1-2, Const. PR, LPRA, Tomo 1 (―Tanto
las
leyes
como
el
sistema
de
instrucción
pública
encarnarán estos principios de esencial igualdad humana‖;
―Las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del
pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y
secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción
en el ejercicio de la prerrogativa electoral‖); véase
también García v. Aljoma, 162 DPR 572, 580-82 (2004).
Como
mencionara
antes,
en
materia
de
igualdad
electoral, hay pues un deber afirmativo por parte del
Estado de garantizar el ejercicio real de esos derechos
mediante prohibiciones y limitaciones específicas. PPD v.
Gobernador I, supra, pág. 670; véase E. Rivera Ramos, El
estado de derecho: Aproximación al concepto, 81 Rev. Jur.
UPR
1113,
importancia
para
la
1119-1120
de
(2012)(donde
garantías
protección
de
se
menciona
e
institucionales
derechos
fundamentales).
normativas
los
la
Abdicar a la vigilia constante de esos derechos, así como
de sus condiciones necesarias, es ignorar que ―la mera
igualdad ante la ley no le garantiza el disfrute real de
los derechos a muchas personas‖. E. Rivera Ramos, La
igualdad una visión plural, 69 Rev. Jur. UPR 1, 12-13
(2000). Es también reducir nuestra Constitución a una
formalidad, en vez de otorgarle la fuerza vinculante y el
valor social que amerita.
CT-2017-002
16
iii. La
importancia
de
la
veda
publicitaria
en
procesos electorales
La veda electoral, en tanto mecanismo necesario para
el
ejercicio
igualitario
del
proceso
electoral
y
del
derecho al voto, procura legitimar el carácter plenamente
democrático
de
nuestro
sistema
de
gobierno.
Para
que
nuestro gobierno se base en la voluntad del pueblo, esa
voluntad ha de estar libre de coacciones y de influencias
indebidas por parte del propio gobierno. De lo contrario,
la esencia democrática del mandato electoral y, por lo
tanto, la legitimidad del poder gubernamental queda en
entredicho. Véase E. Ziegler, Government Speech and the
Constitution:
The
Limits
of
Official
Partisanship,
21 B.C.L. Rev. 578, 579-80 (1980)(―It is a truism that,
if a governing structure based upon widespread genuine
citizen opinions is to survive as a viable democracy, it
must place legal restraints on the government‘s ability
to
manipulate
the
formulation
and
expression
of
that
opinion‖); véase también PPD v. Gobernador I, supra, pág.
701 (citando a S. Shiffrin, Government Speech, 27 UCLA L.
Rev. 565, 612 (1980))(―[P]ermitirle al gobierno, armado
con
el
mayor
tesoro
de
campaña
—el
erario
público—
intentar dominar un proceso electoral, atenta contra la
integridad básica del proceso democrático‖).
De ahí que la postura asumida por este Tribunal hace
más de veinte años fuera la más sabia y cónsona con nuestra
CT-2017-002
17
Constitución.
La
propaganda
ilimitada
y
excesiva
por
parte del gobierno durante cualquier proceso electoral
―constituye
una
forma
abierta
y
velada
de
coacción
electoral con el propósito de beneficiar al partido que
controle la Rama Ejecutiva‖, PPD v. Gobernador II, supra,
pág. 929 (Op. de conformidad, J. Hernández Denton); véase
Stern v. Kramarsky, 375 N.Y.S. 2d 235, 239 (1975)(―It
would be establishing a dangerous and untenable precedent
to permit the government or any agency thereof, to use
public funds to disseminate propaganda in favor of or
against any issue or candidate.
This may be done by
totalitarian, dictatorial or autocratic governments but
cannot be tolerated, directly or indirectly, in these
democratic United States of America‖). Hoy más que nunca,
en una época de comunicación masiva por los medios más
diversos,
inmediatos
y
efectivos,
resultaba
propicio
limitar la influencia de la publicidad gubernamental en
la voluntad ciudadana.
La
mayoría
del
Tribunal
descarta
nuestros
pronunciamientos anteriores como un invento; como una
constitucionalización
ilegítima.
Sorprendentemente,
no
expresa justificación alguna para abandonar el mentado
axioma de igualdad electoral, sino que reduce su análisis
a
la
ausencia
de
bases
constitucionales
al
respecto.
Ignora así fundamentos potenciales a nivel federal, como
los señalados por el profesor Nelson Tebbe, quien sostiene que la
propaganda gubernamental irrestricta también contraviene
CT-2017-002
18
principios de debido proceso ley, igual protección de las
leyes y libertad de expresión.
nonendorsement,
98
Minn.
L.
N. Tebbe, Government
Rev.
648,
668-76,
712
(2013)(―[O]fficial speech is limited by a principle of
government
nonendorsement
that
cuts
across
various
constitutional provisions and that brings them together
to
protect
society‖);
full
and
equal
citizenship
véase
S.
Shiffrin
Government
in
a
free
Speech,
27
U.C.L.A. L.R. 565, 617-22, 655 (1980)(―Government speech
relating
to
ballot
amendment
problems,
formulated
that
questions
and
limit
raises
general
rules
government
serious
first
need
to
departures
be
from
electoral neutrality‖).20
En fin, erra la mayoría al enajenarse de todas estas
consideraciones y reducir así la veda publicitaria de
cara a un proceso electoral a una mera preferencia a
merced de las prerrogativas del ente legislativo en el
poder. Los precedentes de este Tribunal y la conciencia
de
la
realidad
social
en
la
que
opera
nuestro
ordenamiento constitucional dictaminaban lo contrario.
III
Al igual que en PDD v. Gobernador II, supra, el
artículo que actualmente establece la veda electoral en
la Ley Electoral solo se refiere a una ―elección general‖.
20
Véase también Int‘l Ass‘n. of Machinists v. Street, 367 U.S. 740,
788 (1961)(Op. disidente, J. Black)(―Probably no one would suggest
that Congress could, without violating [the First] Amendment ...
create a fund to be used in helping certain political parties or
groups favored by the Government to elect their candidates or
promote their controversial causes‖); Lathrop v. Donohue, 367 U.S.
820, 853 (1961) (Op. concurrente, J. Harlan) (―[A] State could not
‗create a fund to be used in helping certain political parties or
groups favored‘ by it ‗to elect their candidates or promote their
controversial causes‘‖).
CT-2017-002
19
16 LPRA sec. 4241. De ahí que la Opinión mayoritaria
destaque que su lenguaje es puntual al disponer que la
veda
electoral
término
que
aplicará
la
a
propia
las
Ley
elecciones
Electoral
generales,
define
como
―[p]roceso mediante el cual los electores seleccionan uno
o más funcionarios dentro de una demarcación geográfica
para
cubrir
una
o
más
vacantes
en
un
cargo
público
electivo en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico‖. 16
LPRA sec. 4003(31). A su juicio, ya sea que acudamos al
propio
Artículo
referencia
12.001
hecha
en
de
la
la
Ley
Ley
Electoral,
o
Núm. 7-2017
a
a
la
las
prohibiciones y delitos de la misma Ley Electoral,21 la
terminología utilizada por el legislador está igualmente
limitada a las elecciones generales.
Ahora bien, al detener nuestro análisis en el texto
del Artículo 12.001 de la Ley Electoral, los eventos
electorales contemplados en la Ley Núm. 7-2017 sufrían de
una deficiencia constitucional significativa a la luz de
lo dicho en PDD v. Gobernador II, supra. No obstante, en
nuestro
ordenamiento
constitucionales
hasta
―las
tanto
leyes
un
se
presumen
tribunal
competente
declare lo contrario‖. Brau v. ELA, 190 DPR 315, 337 (2014).
Desde esa perspectiva, ―los tribunales deben esforzarse por lograr
interpretaciones
21
congruentes
y
compatibles
que
adelanten
la
―Las prohibiciones y los delitos relacionados con la celebración
de [la] consulta, se regirán por las disposiciones establecidas en
la Ley 78-2011, según enmendada, conocida como la ‗Ley Electoral de
Puerto Rico‘ y por la Ley 222-2011, conocida como ‗Ley para la
Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto
Rico‘, excepto cuando sean improcedentes o incompatibles con las
disposiciones de esta Ley o cuando esta Ley dispone delito o
penalidad específica‖. Artículo XIII, sec. 1(a), Ley Núm. 7-2017.
CT-2017-002
20
constitucionalidad de las leyes‖. Íd. Así, ―cuando se
cuestiona la validez de una ley o se suscita alguna duda
sobre
su
constitucionalidad,
los
tribunales
deben
asegurarse de que no existe otra posible interpretación
razonable de la ley‖. Íd., pág. 338.
Es por eso que, aunque reconozco que una lectura
aislada de las disposiciones antes citadas sugiere que la
veda electoral no le aplica a los procesos electorales
ante
nuestra
consideración,
corresponde
una
lectura
integral de la ley para auscultar su constitucionalidad
conforme a PDD v. Gobernador II, supra. Considero que el
Artículo 11.001 de la propia Ley Electoral adelantaba ese
cometido.
Dicho
artículo
referéndum,
consulta
o
establece
plebiscito
que
que
se
―[t]odo
celebre
en
Puerto Rico se regirá por la ley especial que a tal fin
se apruebe y por las disposiciones de este subtítulo en
todo aquello necesario o pertinente para lo cual dicha
ley especial no disponga‖. 16 LPRA sec. 4211 (énfasis
suplido).
En el esfuerzo por interpretar la Ley Electoral y la
Ley
Núm.
7-2017
constitucionales
en
hasta
sintonía
hoy
con
vigentes,
los
opino
preceptos
que
el
Artículo 11.001 permitía la interpretación más razonable
del marco jurídico de estas leyes, a la vez que respaldaba
su constitucionalidad. Es decir, no bastaba la insistencia en que
el Artículo 12.001 de la Ley Electoral solo se refiere a las
elecciones
generales,
sino
que
resultaba
necesario
CT-2017-002
21
advertir además el conocimiento que tiene y debe tener el
legislador de la normativa constitucional aplicable, así
como de la jurisprudencia de este Tribunal al respecto.
Véase Exposición de Motivos, Ley Núm. 78 de 1 de junio
de 2011(reconociendo que la Ley Electoral ha sido objeto
de
cuantiosas
interpretaciones
por
parte
de
los
tribunales). En ese sentido, y precisamente por tratarse
de
un
imperativo
constituía
un
constitucional,
aspecto
necesario
la
y
veda
electoral
pertinente
a
los
procesos de Plebiscito y Referéndum aquí en controversia,
para el cual su ley especial no dispuso.22
En conclusión, una interpretación razonable de la
disyuntiva ante este Tribunal hubiese sido que, a través
del Artículo 11.001 de la Ley Electoral, el legislador le
aplicó a los eventos electores contemplados en la Ley
Núm. 7-2017 aquellas disposiciones de la Ley Electoral
que le resultaran necesarias y pertinentes. Así, procedía
aplicarle la veda publicitaria de la Ley Electoral al
Plebiscito y Referéndum establecidos mediante la Ley Núm.
7-2017 como una disposición necesaria y pertinente de
acuerdo al hoy deshecho imperativo constitucional de PDD
v. Gobernador II, supra.
22
Como mencionara antes, similar interpretación hizo este Tribunal
en PDD v. Gobernador II, supra. La ley especial que establecía el
referéndum de entonces contenía una disposición según la cual todo
aquello necesario, pertinente y compatible en la Ley Electoral, y
para lo cual la ley especial del referéndum no hubiese dispuesto, le
aplicaría supletoriamente. Íd., pág. 924. Al resolver que la veda
electoral constituía un imperativo constitucional, este Tribunal
concluyó que el Artículo 8.001 (que regulaba la veda electoral en
ese entonces) ―resulta[ba] compatible y consecuentemente aplicable a
la Ley Habilitadora de Referéndum‖. Íd., pág. 926.
CT-2017-002
22
IV
PDD v. Gobernador II, supra, representaba una norma
constitucional de gran valor democrático que aplicaba
perfectamente al caso ante nuestra consideración. Nuestro
ordenamiento
constitucional
debería
repudiar
cualquier
tipo de ventaja electoral sufragada con fondos públicos
en
aras
de
asegurar
que
todas
las
preferencias
ideológicas se presentan ante el electorado en la mayor
igualdad
de
condiciones
que
el
Estado
sea
capaz
de
garantizar. Considero que, por imperativo constitucional,
la veda publicitaria que establece la Ley Electoral le
aplica al Plebiscito y Referéndum dispuestos en la Ley
Núm. 7-2017. Por esa razón, disiento enérgicamente de una
mayoría de este Tribunal que hoy determina lo contrario,
de forma tal que debilita la doctrina del precedente en
nuestro estado de derecho y derrumba uno de los pilares
de nuestro ordenamiento democrático.
Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Presidenta
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Norma E. Burgos Andújar,
Comisionada Electoral del
Partido Nuevo Progresista
Recurridos
v.
Comisión
Estatal
de
Elecciones, por conducto de
su Presidenta, Liza García
Vélez;
Comisionado
Electoral
Interino
del
Partido
Popular
Democrático, Miguel Ríos
Torres;
Comisionada
Electoral
Designada
del
Partido
Independentista
Puertorriqueño, María de
Lourdes Santiago
Certificación
intrajurisdiccio
nal
CT-2017-0002
Recurridos
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, por conducto
de
la
Secretaria
de
Justicia,
Hon.
Wanda
Vázquez Garced
Recurridos
Senado de Puerto Rico, por
conducto de su Presidente,
Hon. Thomas Rivera Schatz,
y su Secretario Manuel
Torres Nieves; Cámara de
Representantes de Puerto
Rico, por conducto de su
Presidente
Hon.
Carlos
Méndez
Nuñez
y
su
Secretaria Ayleen Figueroa
Vázquez
Peticionarios
Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017
CT-2017-002
2
Continúa el ―[m]al tiempo
para votar‖. José Saramago,
Ensayo sobre la lucidez
Este
proceso
plebiscitario
que
se
avecina
y
los
incidentes en este Tribunal muy bien podrían denominarse
-con el perdón, claro está, de don Gabriel García MárquezCrónica de un plebiscito apañado.23 Todo comenzó
en el año
23
El trámite seguido para certificar esta opinión ha
sido, por demás, atropellado a pesar de que nos
encontramos
ante
una
controversia
de
envergadura
constitucional, donde la mayoría revoca jurisprudencia de
avanzada de este Tribunal. Se ha certificado esta
ponencia en apenas unas horas, sin la debida deliberación
y en un proceso, francamente, imprudente. Me explico.
El pasado 11 de abril de 2017, se circuló un
borrador de ponencia en este caso y se indicó que se
interesaba certificar la Opinión el lunes, 17 de abril.
En esa fecha, el Juez ponente en la opinión que hoy
certificamos, circuló una opinión disidente la cual
obtuvo el aval de una mayoría de los miembros del
Tribunal. Esa misma tarde se le refirió el expediente,
como es costumbre, para que reformulara su ponencia y
circulara nuevamente.
A esos efectos, en la mañana de ayer, se circuló la
ponencia reescrita y el Juez ponente indicó que se
certificaría esa misma tarde a las 5:00 p.m. Cabe señalar
que en la tarde del lunes 17 de abril, expresé por
escrito que me proponía suscribir una opinión disidente.
Por tanto, al recibir la comunicación indicando que la
certificación era en horas de la tarde del día en que se
había
circulado
la
ponencia
reformulada
solicité,
nuevamente
por
escrito,
que
se
reconsiderara
el
calendario propuesto. Esta petición se hizo a las 11:12
a.m. El Juez ponente guardó silencio y a las 3:42 p.m.,
circuló un memorando reiterándose en que se proponía
certificarla esa misma tarde. Este proceder refleja una
lamentable carencia de los más elementales principios de
urbanidad y civilidad y no está a la altura de lo que se
esperaría de un miembro de esta Curia.
Afortunadamente, un miembro de esa mayoría consideró
prudente y razonable posponer por 24 horas dicha
certificación, como se había propuesto durante el día de
ayer. De esta forma se obtuvieron los 5 votos necesarios
para certificar la ponencia hoy.
CT-2017-002
3
2009, cuando las olas desatadas por la marea judicial
provocaron que una mayoría de este Tribunal en Suárez
Cáceres v. CEE, 176 DPR 31 (2009), un caso que versaba
sobre
cómo
Minorías,
contar
votos
decidiera
sin
para
efectos
explicación
de
la
jurídica
Ley
de
alguna,
revocar un viejo precedente, a saber: Sánchez y Colón v.
ELA, 134 DPR 445 (1993).
Como recordarán, en Sánchez y Colón, este Tribunal
acató su deber de asegurar que la legislación promulgada
para la celebración del plebiscito de status de 14 de
noviembre
de
1993
cumpliese
con
aquellas
garantías
constitucionales que aseguran la condición fundamental y
preeminente del derecho al sufragio. A esos efectos, se
validó la adjudicación de papeletas depositadas en blanco
como un voto que no favorecía ninguna de las definiciones
de estatus propuestas por los partidos políticos para ese
plebiscito.
Conviene que refresquemos la memoria sobre lo que
dijimos en Suárez Cáceres, ante, en nuestro voto disidente, porque
nos ayuda a entender cómo se ha ido escribiendo esta Crónica. Allí
dijimos, citamos extensamente:
Francamente no creo que la desmedida ―prisa‖ en
certificar se justifique. Ello es más patente aun cuando
sabemos que la ley que evaluamos está siendo enmendada en
estos precisos momentos por la legislatura. Es más, se le
ha cambiado hasta el nombre y luego de aprobada, hay que
enviarla al Departamento de Justicia de Estados Unidos
para su revisión. ¿Cuál es la urgencia? Este curso de
acción, muy bien pudiera dar pie a que alguien pueda
pensar, que se interesa reaccionar al revés público que
supuso la carta enviada por el Departamento de Justicia
de Estados Unidos.
CT-2017-002
[L]a revocación de Sánchez y Colón v. E.L.A.
I, ante, se revela como una determinación
totalmente innecesaria por lo planteado en
este caso y cuya realidad enmascara otros
designios.
En rigurosa juridicidad, la controversia que
tuvimos ante nuestra consideración en Sánchez
y Colón, ante, es disímil a la planteada en
este caso. En Sánchez y Colón, ante, se
cuestionó la constitucionalidad de la Ley Núm.
22 de 4 de julio de 1993 (1993 Leyes de Puerto
Rico 101), que autorizaba la celebración de un
referéndum
de status con
las
fórmulas
siguientes: Estado Libre Asociado, Estadidad e
Independencia. Los demandantes alegaron que
eran electores debidamente inscritos; que no
estaban afiliados a ninguno de los tres
partidos políticos; que no estaban de acuerdo
con
las
definiciones
de
las
fórmulas
de status que se recogían en la papeleta; que
la ley no les concedía una oportunidad de
votar por las alternativas de su preferencia,
y que todo ello les violaba su derecho al
voto, a la libre expresión y asociación, y a
la igual protección de las leyes, tanto bajo
la Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico como la de Estados Unidos de
América.
Confrontados
con
esta
controversia,
reconocimos que en materia de hermenéutica
constitucional,
cuando
nos
enfrentamos
a
estatutos que adolecen de inconstitucionalidad
por subinclusión, ostentamos la facultad de
extender
los
beneficios
estatutarios
a
aquellos grupos o clases excluidos. Sánchez y
Colón, ante, pág. 450. De acuerdo con este
principio y considerando los hechos particulares de
ese caso, y como mecanismo para ―superar las serias
objeciones
constitucionales
planteadas
por
los
demandantes‖, le ordenamos a la Comisión Estatal de
Elecciones que adjudicase ―las papeletas que se
depositen en blanco como un voto que no favorece
ninguna de las definiciones de status propuestas por
los partidos‖. Sánchez y Colón, ante, págs. 450–451.
Así pues, las expresiones relacionadas con las
papeletas en blanco se dan en el contexto de
configurar
un
remedio
que
evitase
declarar
inconstitucional el evento electoral que se avecinaba.
En
otras
palabras,
ante
los
visos
de
inconstitucionalidad por subinclusión de que adolecía
la
Ley
Núm. 22,
teníamos
que
escoger
4
CT-2017-002
entre dos alternativas, a saber: anular el
proceso electoral o configurar un remedio que
subsanara el problema de subinclusión de la
ley. Naturalmente, se escogió el segundo
camino. […]
Lo que sí resolvimos en Sánchez y Colón, ante,
y sobre lo cual la mayoría nada dice, fue que
en un referéndum de “status” hay que proveerle
a
aquellos
grupos
o
clases
que
quedan
excluidos
de
las
definiciones
de “status” sobre las que se vota, un lugar en
la papeleta donde se recoja su expresión. […]
Ese es el ratio de Sánchez, Colón, ante; esa
es la importancia de ese caso que tanto
incomoda a la mayoría. Evidentemente, Sánchez
y Colón, ante, poco tiene que ver —por no
decir que nada— con cómo se cuentan los votos
para efectos de la “Ley de Minorías”, que es
la controversia en este caso a juicio de la
mayoría. Indudablemente, para llegar a la
conclusión a que llega el Tribunal hoy, en
correcta metodología adjudicativa, éste no
tenía que revocar a Sánchez y Colón, ante.
Llama marcadamente la atención que en ningún
lugar de las sesenta y cuatro páginas de la
opinión,
el
Tribunal
explica
lo
que
verdaderamente resolvimos en Sánchez y Colón,
ante, y por qué es necesario ahora revocarlo
en el contexto de este caso. Un silencio que
es resonante y ensordecedor. Sin mucho apuro,
parece razonable concluir que la controversia
entre Jorge Suárez Cáceres y Ángel Rodríguez
Otero
es
secundaria; es,
meramente,
el
pretexto utilizado para desdibujar la norma
constitucional que exige que en un proceso de
referéndum, al igual que un plebiscito, haya
que proveer un espacio en la papeleta para
aquellos grupos o clases de ciudadanos que no
favorezcan las definiciones propuestas sobre
las que se votará. Sánchez y Colón, ante, pág.
451. Entendido así, el curso de acción de la
mayoría constituye un flagrante asalto a la
Democracia.
[…]
Es decir, la razón de ser del dictamen de hoy
no es lo que se nos dice en la opinión del
Tribunal, a saber, cómo aplicar la ―Ley de Minorías‖,
sino, […], allanar el camino para un futuro referéndum
o plebiscito de status. Suárez Cáceres, 178 DPR 112,
págs. 115-117 (2009)
(Rodríguez
Rodríguez,
5
CT-2017-002
6
J., Op. disidente).
nuestro.)
(Énfasis
en
original
y
El transcurso del tiempo ha corroborado lo que propusimos
como
explicación
a
lo
que
en
aquél
entonces
parecía
inexplicable. Suárez Cáceres, es el primer capítulo de
esta Crónica escrita por la marea judicial.
Hoy,
la
marea
vuelve
a
azotar
nuestras
costas
escribiendo lo que parece ser el último capítulo de la
Crónica de un plebiscito apañado, al revocar el caso
P.P.D. v. Gobernador II, 136 D.P.R. 916 (1994). En esa
ocasión hicimos
extensiva
la
veda
electoral
para
la
difusión de anuncios gubernamentales de las elecciones
generales contenidas en la Ley electoral de 1977, Ley
Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, 16 LPRA sec. 3351, a
la
consulta
electoral
sobre
ciertas
enmiendas
a
la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
mediante un referéndum. Esta determinación se fundamentó
en
el
axioma
Constitución
y
de
el
igualdad
derecho
al
económica
de
nuestra
sufragio como
elemento
compartido por las elecciones generales y los referéndum.
Hoy, sin más, una mayoría destierra de nuestro país el
principio de igualdad económica electoral sin considerar,
ni importar, sus efectos sobre la legitimación de la
democracia.
En esta ocasión, tras emplear un alegado ―análisis
textualista‖, lacónico por demás, la mayoría concluyó que
es inexistente el axioma de igualdad económica electoral,
puesto que la Constitución del Estado Libre Asociado de
CT-2017-002
Puerto
7
Rico
no
dispone
expresamente
sobre
ello.
La
opinión suscrita por una mayoría obvia por completo que
el sufragio es un derecho intrínseco de la democracia,
cuya piedra angular, a su vez, es la igualdad para la
consecución
de
la
justicia.
Este
derecho,
como
todo
derecho, no es más que una conquista de libertad, que hoy
lamentablemente se quebranta porque precisamente hoy, no
conviene.
Históricamente,
el
ideal
de
la
igualdad
en
el
contexto eleccionario se ha erigido sobre esquemas para
el financiamiento de los partidos políticos y de los
procesos electorales. Uno de los mecanismos adoptados en
Puerto Rico, y gran parte del mundo, es el financiamiento
público de los procesos electorales y de los partidos
políticos.
Este
esquema
pretende,
en
primer
lugar,
combatir el ―inversionismo‖ político y, en segundo lugar,
garantizar
una
distribución
igualitaria
de
bienes
o
subsidios directos e indirectos. En el presente caso, la
veda
electoral
–al
igual
que
otras
prohibiciones
contenidas en la Ley electoral de Puerto Rico, Ley Núm.
78-2011, 16 LPRA sec. 4231– crean medidas preventivas
tendentes
a
evitar
la
malversación
de
fondos,
la
corrupción y el mencionado ―inversionismo‖ político.
Además,
hay
que
resaltar
que
la
mayoría
revoca
P.P.D. v. Gobernador II, motu proprio, ¡nadie lo solicitó,
nadie lo argumentó! Por el contrario, los peticionarios en varias
ocasiones, tanto en su petición de certificación como en su
CT-2017-002
alegato,
8
reconocen
la
validez
del
caso
como
jurisprudencia vigente, más lo distinguen para sostener
que la norma que allí se sentó no aplica a la situación
planteada en este caso, pero en ningún momento plantean
que hay que revocarla y por qué. Con su proceder, la
mayoría transgrede el derecho de los recurridos a rebatir
este planteamiento con sus propios fundamentos. Es más,
la mayoría adopta un curso de acción idéntico al que le
critica al Tribunal que suscribió P.P.D. v. Gobernador
II,
ante.24
Estamos,
francamente,
ante
argumentos
o
fundamentos estólidos.
Pero
hay
más,
se
hace
constar
en
la
opinión
mayoritaria que en P.P.D. v. Gobernador II, este Tribunal
confirmó la determinación del foro primario sin que ninguno de los
peticionarios
24
impugnara
la
constitucionalidad de la
Por otro lado, yo tenía entendido que el derecho es
rogado y que planteamientos no argüidos por las partes,
particularmente de índole constitucional, no serán
atendidos por este Tribunal. Véase, por ejemplo, ELA v.
Northwestern Selecta, 185 DPR 40 (2012); Abengoa, S.A. v.
American Intl. Ins., 176 DPR 512 (2009) (Es un principio
de derecho arraigado en nuestro ordenamiento que, en
apelación,
nos
abstendremos
de
adjudicar cuestiones no planteadas ante el Tribunal de
Primera Instancia); Echandi Otero v. Stewart Title, 174
DPR 355 (2008) (Es norma vigente en nuestra jurisdicción
que en apelación nos abstendremos de adjudicar cuestiones
no planteadas ante el tribunal de instancia); Delgado, Ex
Parte, 165 DPR 170 (2005); Dorante v. Wrangler of P.R.,
145 DPR 408, 443 (1998); Trabal Morales v. Ruiz
Rodríguez, 125 DPR 340 (1990) (Así nos adherimos a la
norma vigente de que en apelación nos abstendremos de
adjudicar cuestiones no planteadas en primera instancia);
Sánchez v. Eastern Air Lines, Inc., 114 DPR 691 (1983);
Santiago Cruz v. Hernández Andino, 91 DPR 709, 712
(1965). Por lo menos esa era la norma hasta hoy. A no ser
que en un futuro, el vaivén de la marea requiera otro
resultado cuando se escriba un nuevo capítulo de esta
Crónica.
CT-2017-002
Ley
9
habilitadora
del
referéndum
sobre
enmiendas
a
la
Constitución de Puerto Rico de 1994, Ley Núm. 49 de 2 de
agosto de 1994. De esta forma, concluye la mayoría que el
Tribunal aplicó un análisis ―indebido‖ lo cual infringió
la norma de autolimitación judicial. Sin embargo, esta
aseveración es falsa. Ello, pues, reluce del expediente
original
de
P.P.D.
v.
Gobernador
II,
que
la
demanda
presentada por el Partido Independentista de Puerto Rico,
el 3 de agosto de 1994, impugnó la constitucionalidad de
la
referida
número
27
de
ley.25 Específicamente,
la
referida
plantearon argumentos
que
en
demanda,
en
la
alegación
la
cual
se
fueron reiterados ante este
Tribunal, se indicó que:
En vista de que el esquema de financiamiento
del referéndum de 1994 viola la libertad de
expresión, la libertad de asociación, el derecho
al voto, el debido proceso de ley, la igual
protección de las leyes y varias disposiciones
de la Ley Electoral, el mismo persigue un fin
ilegítimo y viola por lo tanto el Artículo IV,
Sección 9 de la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico sobre el uso de fondos
públicos sólo para fines público legítimos.
Véase Apéndice, CE-1994-588, Anejo II, pág. 15.
Más grave aún, este alegado razonamiento textual,
pone
en
evidencia
un
preocupante
desconocimiento
del
texto constitucional que se interpreta. Así, la Sección
19 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre
Asociado dispone que ―[l]a enumeración de derechos que antecede no
se entenderá en forma restrictiva ni supone la exclusión de
25
Asimismo, la demanda presentada por el Partido Popular
Democrático de 12 de agosto de 1994 igualmente impugnó la
constitucionalidad de la ley en cuestión. Esta demanda
eventualmente se convirtió en el recurso CE-1994-588 que fue
consolidado al atender el caso P.P.D. v. Gobernador II.
CT-2017-002
otros
10
derechos
democracia,
y
pertenecientes
no
al
pueblo
en
mencionados específicamente‖.
una
Const.
P.R. Art. II, Sec. 19 (Énfasis nuestro). Con lo cual,
nuestro texto constitucional contiene su propio canon
interpretativo
en
materia
Específicamente, en la
de
la
Carta
de
Derechos.
Sección 2 -segundo en importancia
después del valor de la dignidad e igualdad del ser
humano-
nuestros
señalando
que
constituyentes
éste
será
colocaron
―universal,
el
igual,
sufragio
directo
y
secreto…‖. Const. P.R. Art. II, Sec. 2.
Don
Jaime
Benítez,
al
presentar
al
seno
de
la
Convención Constituyente el Informe sobre la Carta de
Derechos explicó que este articulado constitucional recogía dos
cánones de interpretación. El primero de ellos, el que nos atañe,
tenía como objetivo:
... proteger los derechos del individuo contra una
interpretación
restrictiva
o
contra
una
interpretación basada en la conocida norma de
inclusio unius, exclusio alterius. Según este
último principio interpretativo, el acto de
enumerar conlleva el acto de excluir, de suerte que
todo lo que no se menciona queda por ese solo hecho
descartado. No creemos que en una constitución deba
incorporarse un principio de esta inflexibilidad
[…] Una interpretación en el sentido de que todo lo
que no se desprenda literalmente de cada una de las
palabras usadas está por lo tanto excluido de la
protección constitucional, sería contraria a la
actitud básica que ha regido a la Comisión al
preferir el lenguaje breve de los grandes
principios en vez de la formulación minuciosa de
los detalles inagotables. (Énfasis nuestro). Diario
de Sesiones de la Convención Constituyente, Tomo
IV, pág. 2576 (1961).
El constituyente dejó meridianamente claro que esta sección
de la Carta de Derecho iba dirigida, precisamente, a evitar
CT-2017-002
11
interpretaciones como la que hoy avala la mayoría. En
otras palabras, los llamados textualistas/‖originalistas‖
etc., desatienden el texto claro de la Constitución o la
intención clara del constituyente. En boca de la mayoría,
conceptos como ―originalismo‖ o ―textualismo‖ carecen de
verdadero significado.
El delegado señor Benítez expresó que nuestra Carta
de Derechos recoge la ―protección más liberal de los
derechos
del
individuo...‖.
Id.
en
el
pasado,
somos
nosotros,
jueces puertorriqueños,
a
quienes
nos
corresponde
los
hacer
Como
he
dicho
realidad
el
mandato
constitucional de nuestro máximo documento impartiéndole
actualidad a los derechos individuales, para cumplir con
nuestra
obligación
constitucional
de
proveer
esa
protección más abierta y tolerante ―de los derechos del
individuo‖. Id. La Constitución que interpretamos es la
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no otra, por lo
que debemos atenernos al canon interpretativo que sus
forjadores
nos
impusieron.
Puede
que
no
guste,
pero mientras esté vigente hay que respetarla .
Todo lo cual me lleva a concluir que invocar
la tesis de ―análisis textualista‖ no es más que
un
subterfugio
para
ideológico
judicial,
ningunear
nuestra
derechos
de
la
que
encubrir
lleva
Constitución,
a
a
un
activismo
la
mayoría
limitar
a
los
ciudadanía y a abandonar precedentes
CT-2017-002
12
establecidos, para así obtener ventajas pasajeras en
procesos electorales ideológicos. ¡Qué lástima!
Por otra parte, es meritorio enfatizar que el valor
de
igualdad
estudiado,
lo
económica
electoral
cual
logrado
ha
ha
sido
ampliamente
constatar
que
―una
distribución de recursos extremadamente desigual puede
crear
la
apariencia
de
inequidad
que
afectaría
la
legitimidad del resultado electoral‖. Kevin Casas-Zamora
& Daniel Zovatto, El costo de la democracia: Apuntes
sobre
la
regulación
del
financiamiento
político
en
América Latina, Latin America Intiative Foreign Policy
(Julio
2015),
disponible
en:
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/TheCost-of-Democracy-CasasZamora-Zovatto-Spanish.pdf (última
visita, 17 de abril de 2017).
Con esto en mente, la revocación del principio de
igualdad económica electoral tiene el fatídico efecto de
socavar
la
legitimación
electorales.
Ello,
plebiscitario
que
aún
se
de
más,
los
procedimientos
avecina,
cuando
ha
el
proceso
provocado
gran
suspicacia en el propio gobierno federal. Como sabemos,
hace apenas unos días, el Departamento de Justicia de
Estados Unidos rechazó avalar este evento plebiscitario
ante
las
serias
dudas
provocadas
por
las
papeletas
diseñadas para utilizarse el próximo 11 de junio de 2017.
El subsecretario del Departamento de Justicia, Sr. Dana
J. Boente, en misiva de 13 de abril de 2017 señaló
que
el
lenguaje
contenido
en
la
papeleta
CT-2017-002
13
plebiscitaria contiene ―varias declaraciones ambiguas y
potencialmente engañosas‖. Véase United States Department
of Justice review of plebiscite ballot, voter education
materials,
and
expenditure
plan,
pág.
2.
(Traducción
nuestra.)
En consideración a lo antes expuesto y el contexto
de crisis fiscal que nos asecha, no existe lógica alguna
que
justifique
el
proceder
de
la
mayoría
de
este
Tribunal. Por el contrario, los pronunciamientos que hoy
emite este Alto Foro sólo dejan entrever, que está muy
presente el deseo de hacer posible un resultado electoral
particular.
Por los fundamentos que anteceden, me veo obligada a
disentir
de
la
determinación
de
una
mayoría
de
este
Tribunal que sólo abona a la creación de resquicios que
conminan nuestro sistema de gobierno y los principios
fundamentales de la democracia. La opinión que hoy se
avala, traza un derrotero lastimoso para la democracia en
nuestro país que asfixia y ahoga nuestras conquistas de
libertades. Hoy no somos un mejor país, de lo que éramos
ayer.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Norma E. Burgos Andújar,
Comisionada Electoral del
Partido Nuevo Progresista
Recurrida
v.
Comisión
Estatal
de
Elecciones, por conducto
de su Presidenta, Liza
García Vélez; Comisionado
Electoral
Interino
del
Partido
Popular
Democrático, Miguel Ríos
Torres;
Comisionada
Electoral Designada del
Partido
Independentista
Puertorriqueño, María de
Lourdes Santiago
Recurridos
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, por conducto
de
la
Secretaria
de
Justicia,
Hon.
Wanda
Vázquez Garced
Recurridos
Senado de Puerto Rico, por
conducto de su Presidente
Hon. Thomas Rivera Schatz,
y su Secretario Manuel
Torres Nieves; Cámara de
Representantes de Puerto
Rico, por conducto de su
Presidente
Hon.
Carlos
Méndez
Núñez
y
su
Secretaria Ayleen Figueroa
Vázquez
Peticionarios
CT-2017-002
Certificación
Intrajurisdiccional
CT-2017-002
Opinión disidente
ESTRELLA MARTÍNEZ
2
emitida
por
el
Juez
Asociado
SEÑOR
San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017.
El reconocimiento del derecho a la igualdad en todas
sus dimensiones fundamentales y constitucionales me exigen
disentir por encima de cualquier otra consideración.
El axioma de igualdad electoral,26 en su vertiente de
igualdad
económica,
es
uno
claramente
reconocido,
no
solamente por nuestro Derecho Constitucional, sino que es
uno de los pilares de la igualdad en materia electoral a
nivel del Derecho Internacional,27 el cual como jueces y
26
Sabido es que el principio de igualdad electoral contiene
múltiples garantías aplicables a diversos contextos en la
democracia, que no se limitan a la igualdad ciudadana para
acceder a los cargos públicos. L. Castillo González, Los
derechos de la militancia y la jurisdicción, en Democracia
interna y fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos 59 y 73 (IFE 2006); R. Dworkin, Virtud Soberana
(Paidos 2003). Asimismo, se puede valorar cuantitativamente, en
la igualdad del voto. Otra dimensión donde encontramos el manejo
de la igualdad, es en el acceso a la justicia electoral.
También, este principio se utiliza para la igualdad de recursos,
cuando se estudia el financiamiento electoral. J. Woldenberg,
Vida interna de los partidos políticos y fiscalización de los
recursos, nuevos retos de la autoridad electoral, en Democracia
interna y fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, 21 (IFE 2006). Véase C.M. Rosales, Mecanismos de
financiamiento
político
y
el
control
de
las
campañas
electorales, 44 Rev. Jur. UIPR 515, 525 n. 30 y 31 (2010).
27
Véase Declaración Universal de Derechos del Hombre, A.G.
Res. 217 (III) A, N.U. Doc. A/RES/217(III) (10 de diciembre de
1948),
art.
21,
http://www.un.org/es/comun
/docs/?symbol=A/RES/217(III); Pacto Internacional de Derechos
CT-2017-002
3
juezas estamos obligados a reconocer por mandato de la
propia Constitución Federal. Art. IV, Const. EE. UU., LPRA,
Tomo
1.
Particularmente,
con
relación
a
la
Declaración
Universal de Derechos del Hombre y el Pacto Internacional
de Derechos Políticos y Civiles de 16 de diciembre de 1966,
se
ha
establecido
lo
siguiente:
―[T]he
foundational
documents in question, are imbued with influential notions
of
freedom,
equality,
accountability,
and
State
obligations. These rights and the notions surrounding them
are the primary representations of democratic norms and
political
values
at
the
international
politics
must
first
pass
through
these
level.
Money
filters‖.
in
T.K.
Kuhner, The Democracy to Which We Are Entitled: Human Right
and the Problem of Money in Politics, 26 Harv. Hum. Rets.
J.
39,
58
(2013).
Sabido
es
que
ambas
normas
Civiles y Políticos, A.G. Res. 2200 (XXI) A, N.U. Doc. A/RES/200
(XXI)
A
(16
de
diciembre
de
1966),
art.
25,
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2200(XXI)&Lang=S&A
rea=RESOLUTION. Véase, además, A.R. Dalla Vía,
Los
derechos
políticos
y
e lectorales
en
la
jurisprudencia
del
Tribunal Europeo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Anales de la Academia Nacional de Ciencias Morales Y Políticas
(2012),
http://www.ancmyp.org.ar/user
/files/13Dallav%C3%ADa12.pdf;
A.R.
Dalla
Vía,
Derechos
políticos, normativa electoral y equidad en los procesos
electorales, en Cuaderno de Capel 57, Construyendo las
Condiciones de Equidad en los Procesos Electorales, Instituto
Interamericano
de
Derechos
Humanos
(2012),
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29275.pdf. Para una discusión
de los derechos humanos y los asuntos económicos en los procesos
políticos a nivel internacional, véase, en general, T.K. Kuhner,
The Democracy to Which We Are Entitled: Human Right and the
Problem of Money in Politics, 26 Harv. Hum. Rets. J. 39 (2013).
CT-2017-002
4
internacionales
son
vinculantes
y
recogen
inexorables
deberes aplicables al gobierno de los Estados Unidos. De
ese modo, nótese que la igualdad electoral en su vertiente
económica impone obligaciones al Estado directamente y no
se
limita
a
donantes
políticos
o
paridad
para partidos políticos, como erróneamente resuelve una
Mayoría de este Tribunal.
Asimismo,
cabe
destacar
que,
en
el
contexto
del
Derecho Internacional, la Igualdad real y la participación
en
asuntos
electorales
no
se
limitan
a
elecciones
generales, sino que se extienden a la participación en
asuntos públicos. La igualdad electoral en su vertiente
económica
ha
sido
autodeterminación
una
de
pieza
los
clave
Pueblos
en
la
lucha por
colonizados.
Sería
la
un
contrasentido, a la luz de la realidad puertorriqueña, que
la
vertiente
económica
de
la
igualdad
electoral
esté
excluida del proceso de autodeterminación de un Pueblo y
que quede relegado a meramente puestos electivos. En esa
línea, estudiosos del Derecho Internacional han planteado
lo siguiente:
Consider that the democratic entitlement requires
―access, on general terms of equality, to public
service in [one's] country,‖ protects ―the right
and the opportunity without . . . distinctions [as
to property, fortune, or economic status] . . .
[t]o take part in the conduct of public affairs .
. .,‖ and requires all States to provide
―[t]ransparent
and
accountable
government
CT-2017-002
5
institutions‖.
omitidas).
Kuhner,
supra,
pág.
40
(notas
De igual forma, no podemos ignorar que este axioma de trato
igualitario electoral es el que pone en práctica la salvaguarda
constitucional del derecho al sufragio universal, igual, directo y
secreto, y a la libre expresión de los electores en Puerto Rico.
Art. II, Sec. 2, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Tal principio protege a
los
ciudadanos
de
toda
coacción
en
cualquier
proceso
electoral, ya sea en elecciones generales, plebiscitos o
referéndums.
La realidad del Derecho Constitucional y del Derecho
Internacional en materia de igualdad electoral no puede ser
derrotada
por
la
intención
embargo,
aun
utilizando
del
la
legislador
línea
local.
argumentativa
de
Sin
la
Mayoría, a poco examinemos la propia Exposición de Motivos
de la Ley Núm. 7-2017, nos podemos percatar que la Asamblea
Legislativa
de
Puerto
Rico
está
consciente
de
los
parámetros de neutralidad en el mensaje y uso de fondos
públicos
que,
a
su
vez,
el
propio
Gobierno
Federal
reconoció al aprobar el Consolidated Appropriations Act,
2014, Pub. L. No. 113-76, 128 Stat. 5. Específicamente,
reconoció de forma expresa lo siguiente:
Después de más de un siglo de desventajas
coloniales y de años de haberse realizado el Plebiscito
en Puerto Rico, el Congreso y el Presidente aprobaron
una asignación de $2.5 millones en el "Consolidated
Appropriations Act (2014)", Ley Pública 113-76 (2014),
se
CT-2017-002
6
para proponer una consulta electoral de ratificación
sobre el resultado de Estadidad del Plebiscito de 2012,
ahora, a discreción del Gobierno de Puerto Rico y
financiar una campaña de "educación objetiva y no
partidista a los electores en un Plebiscito" . . .
"sobre las opciones que resolverían el estatus político
futuro[‖]. (énfasis suplido).
Ante el historial legislativo de la Ley Núm. 7-2017, y ni
hablar
del
reconocimiento
expreso
del
legislador
en
incluir las prohibiciones de la Ley Electoral, queda claro
que
en
virtud
de
la
legislación
federal
y
la
propia
legislación local resulta obligatoria la aplicación del
axioma
constitucional
vertiente
económica,
de
aun
igualdad
cuando
la
reconocerle un rango constitucional.
mismo
razonamiento
tendrían
que
electoral
en
Mayoría
quiera
no
su
Es decir, bajo su
concluir
que
hay
un
mandato federal y un reconocimiento legislativo local de
su aplicabilidad.
A
pesar
de
esa
realidad,
hoy
se
revoca
innecesariamente el precedente de PPD v. Gobernador II,
136 DPR 916 (1994), y se echa a la borda el acertado
reconocimiento de la jurisprudencia que este Tribunal ha
emitido.28 Sobre el particular, anteriormente expresamos lo
siguiente:
[H]emos reconocido que el axioma constitucional de
igualdad electoral ―es susceptible de manifestarse en
diversas dimensiones‖. PRP v. ELA, 115 DPR 631, 633
28
Véanse, por ejemplo, Acevedo Vilá v. CEE, 172 DPR
971 (2007); Miranda v. CEE, 141 DPR 775 (1996).
CT-2017-002
7
(1984). Véase PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 667
(1995). Si bien en el pasado ha sido invocado en el
contexto de controversias que involucraban partidos
políticos, no es exclusivo de ese contexto. Las
alternativas electorales en ocasiones trascienden los
márgenes de los partidos políticos. Se amplían; y con
ellas los escenarios en los que el axioma constitucional
de trato igualitario debe ser aplicado. No podemos
constreñir su alcance. Ensancharlo es lo correcto. Frente
a la ―partidocracia‖ debe prevalecer la democracia.
Guadalupe Tirado v. CEE, 165 DPR 106, 116 (2005).
Lamentablemente,
el
curso
de
acción
que
hoy
sigue
una
Mayoría de este Tribunal tiene el efecto de achicar el
alcance
de
tan
importante
y
fundamental
principio
de
arraigo constitucional.
Paradójicamente, en el escrutinio de una legislación
que persigue atender el problema de la Desigualdad, este
Tribunal restringe el alcance del concepto de Igualdad.
Ahora queda en manos del partido político que controle las
Ramas Políticas establecer los parámetros, si alguno, en
torno al uso de fondos públicos relacionados con eventos
electorales.
El
organismo
administrativo
electoral
——la
Comisión Estatal de Elecciones—— no podrá incluir en el
ejercicio
responsable
constitucionales
universal
escritas
que
en
de
su
adicionales
al
expertise
derecho
no
estén
contempladas
piedra
en
Constitución;
la
salvaguardas
del
sufragio
textualmente
peor
aún,
y
la
ciudadanía no contará con la protección oportuna de la
Rama Judicial. Anteriormente, he advertido que esa lectura
CT-2017-002
del
8
Derecho
Constitucional
convierte
las
garantías
ciudadanas que emanan de la Constitución en meramente un
cementerio de palabras. Hoy la Igualdad se acerca más a la
tumba
del
cementerio
constitucional
con
acciones
como
éstas. Como situación agravante, se elimina la posibilidad
de impugnar de su faz normas reglamentarias y resoluciones
de la naturaleza que nos ocupa, y la ciudadanía tendrá que
esperar y probar que se sufran daños particulares en el
evento electoral para tener algún éxito en el reclamo de
Igualdad.
Esas son algunas de las múltiples consecuencias que
acarrea la actuación de revocar un precedente firmemente
establecido por más de dos décadas y, sorprendentemente,
debilitar
estos
principios
constitucionales
consustanciales a la existencia de la democracia misma.
No puedo perder de perspectiva el Estado de Derecho
que
ha
regido
los
moderna,
así
como
eventos
electorales
nuestros
en
la
pronunciamientos
historia
y
las
protecciones que hemos concedido cuando los principales
movimientos
axioma
ideológicos
constitucional
en
Puerto
Rico
de
igualdad
han
invocado
electoral,
en
el
su
vertiente de igualdad económica, en aspectos relacionados
al ―status‖, y no solamente a elecciones generales, como
se ha restringido en el día de hoy. A modo de ejemplo, el
CT-2017-002
Partido
9
Nuevo
Progresista
dirigidos
a
cuestionar
cabildear
en
contra
el
de
(PNP)
uso
la
ha
de
realizado
fondos
estadidad.
reclamos
públicos
Para
ello,
para
la
representación legal del PNP, al igual que su liderato,
consecuentemente
han
invocado
la
prohibición
de
uso
indebido para fines no-públicos y el axioma constitucional
de igualdad económica. Véase, a modo de ejemplo, Recurso
de Certificación Intrajurisdiccional, PNP v. ELA, CT-201611;
PNP
v.
Hon. Sila
M.
Calderón,
162
DPR
239 (2004)
(Sentencia).
Desde mis estudios de Derecho, como abogado y como
juez, he conocido, reconocido y aplicado el axioma de la
igualdad electoral en su vertiente económica como uno de
los
pilares
del
concepto
de
la
Igualdad
y
como
una
garantía del Derecho Internacional y Constitucional. Ello,
precisamente, para garantizar la autodeterminación de los
Pueblos
y
evitar
relacionados
y
no
desigualdades
limitados
en
a
procesos
elecciones
electorales
de
puestos
públicos. Es lo correcto en Derecho ayer, hoy y siempre,
por
lo
que
consecuentemente
disiento
y,
en
su
lugar,
hubiese fortalecido y no debilitado el axioma de igualdad
electoral en su vertiente económica, de conformidad con la
base legal constitucional e internacional expuesta.
CT-2017-002
10
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Norma E. Burgos Andújar,
Comisionada Electoral
del Partido Nuevo
Progresista
Recurridos
v.
Comisión Estatal de
Elecciones por conducto
de su Presidenta, Liza
García Vélez y Otros
CT-2017-002
Certificación
Recurridos
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico por conducto
de la Secretaria de
Justicia, Wanda Vázquez
Garced
Recurridos
Senado de Puerto Rico,
por conducto de su
Presidente, Hon. Thomas
Rivera Schatz y Otros
Peticionarios
Opinión
Pérez.
Disidente
emitida
por
el
Juez
Asociado
señor
Colón
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017.
¿Será que nuevamente el vaivén de
las olas arropa el entendimiento y
provoca un tracto jurisprudencial
zigzagueante y dúctil?
Op. Disidente Juez Asociada señora
Rodríguez
Rodríguez
en
Asoc.
Fotoperiodistas v. Rivera Schatz,
180 DPR 920, 974 (2011).
CT-2017-002
2
En el día de hoy, arropados nuevamente por el mecimiento
descontrolado
y
desmesurado
de
lo
que
hace
ocho
(8)
años
algunos miembros de este Tribunal proclamaron como el ―flujo
normal de la marea judicial‖, este Foro pierde la oportunidad
única de reiterar sus pronunciamientos, de hace más de dos (2)
décadas, en materia de igualdad electoral ante la celebración
de un referéndum. Esta vez, extendiendo la referida normativa
al contexto de un plebiscito.
Específicamente, nos correspondía determinar si, ante la
celebración de un plebiscito a celebrarse el próximo 11 de
junio de 2017, y de la posible celebración de un referéndum a
llevarse
a
cabo
el
8
de
octubre
del
mismo
año,
se
hacían
extensivas a las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico las prohibiciones establecidas en el Art. 12.001 de la Ley
Electoral de Puerto Rico, infra. Estas prohibiciones tienen el
efecto de impedir que, salvo autorización expresa de la Junta
Examinadora de Anuncios (en adelante, ―J.E.A.‖), tales agencias
incurran en gastos para la compra de tiempo y espacio en los
medios de comunicación del País, así como para la compra o
distribución de materiales propagandísticos o promocionales con
el
propósito
de
realizaciones,
exponer
sus
proyecciones
programas,
y/o
planes.
proyectos,
Lo
logros,
anterior,
con
excepción, claro está, de aquellos avisos y anuncios de
prensa
expresamente
campañas de la
requeridos
Compañía
de
por
ley,
Turismo, así como
ciertas
CT-2017-002
aquellos
3
anuncios
que
sean
utilizados
para
difundir
información de interés público, urgencia o emergencia,
los
cuales
sólo
efecto de la
serán
permitidos
previa
autorización al
Comisión Estatal de Elecciones (en adelante,
―C.E.E.‖).
Contrario a lo señalado por una mayoría de este Tribunal
-- y conforme al axioma de igualdad electoral contenido en la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a lo
resuelto por este Tribunal en los casos P.P.D. v. Gobernador I,
infra, y P.P.D. v. Gobernador II, infra, --, en el contexto de
los eventos electorales a celebrarse en los meses de junio y,
posiblemente, en octubre de 2017, tal prohibición era una válida
y
cónsona
sufragio
con
la
universal,
salvaguarda
igual,
constitucional
directo
y
secreto,
al
derecho
y
a
la
de
libre
expresión de los electores y las electoras en nuestro País.
Por no ser ese el curso de acción seguido por una mayoría
de este Tribunal, disentimos.
La postura que asume una mayoría de esta Curia, al amparo
de
una
lectura
desacertada,
literal
y
positivista
de
las
provisiones legales aplicables y de las salvaguardas contenidas
en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
conlleva la revocación de uno de nuestros stare decisis mejores
pensados y estructurados en materia de derecho electoral. Como si ello
no fuera suficiente, tal dictamen acarrea, indudable e inequívocamente,
un atentado contra el derecho fundamental de cada puertorriqueño y
CT-2017-002
4
puertorriqueña
al
voto,
libre
de
coacción
por
parte
del
Estado.
Esta nefasta actuación tiene el efecto de permitir que las
agencias
del
contexto
de
Estado
la
se
arroguen
celebración
de
fondos
de eventos
públicos
en
el
eleccionarios.
Con
su
actuación, una mayoría de este Tribunal avala que el partido
político que ostenta el poder utilice los fondos públicos para
interferir -- intencionalmente -- con el libre derecho al voto
de los puertorriqueños y puertorriqueñas, a ser depositado en
las
urnas
esquema
de
la
electoral
democracia,
socavando
de
País.
nuestro
así
Nuestra
los
pilares
del
conciencia
nos
impide avalar tal proceder.
I.
La controversia ante nuestra consideración surge a raíz
de la aprobación de la Ley Núm. 7 de 3 de febrero de 2017,
conocida
Puerto
como
Rico
referido
la
(en
Ley
para
adelante,
estatuto,
la
la
―Ley
Asamblea
Descolonización
Núm.
7-2017‖).
Legislativa
de
Inmediata
de
Conforme
al
Puerto
Rico
autorizó la celebración de dos eventos electorales, a saber:
(1) un plebiscito, a celebrarse el próximo 11 de junio de
2017, mediante el cual los electores debidamente inscritos
podrán votar entre ―Estadidad‖ y ―Libre Asociación/Independencia‖
CT-2017-002
como
5
opciones
de
estatus
político
―Plebiscito‖); y (2) en caso de prevalecer
(en
la
adelante,
opción
de
―Libre Asociación/Independencia‖, un referéndum, a celebrarse
el 8 de octubre de 2017, para seleccionar el tipo de relación
soberana,
ya
sea
―Libre
Asociación‖
o
―Independencia‖
(en
adelante, ―Referéndum‖).
A raíz de lo anterior, la Comisión Estatal de Elecciones
de
Puerto
Rico
(en
adelante,
―C.E.E.‖)
celebró
una
reunión
ordinaria, en la cual el Comisionado Electoral Interino del
Partido Popular Democrático, el señor Miguel Ríos Torres (en
adelante,
―Comisionado
Electoral
del
PPD‖),
presentó
una
solicitud para que -- en vista de los eventos electorales antes
mencionados –- se activase la J.E.A. Ello, al amparo del Art. 12.001 de
la Ley Núm. 78 de 1 de junio de 2011, según enmendada, Ley Electoral de
Puerto Rico, infra (en adelante, ―Ley Núm. 78-2011‖).
A dicha solicitud, la Comisionada Electoral del Partido Nuevo
Progresista, la señora Norma E. Burgos Andújar (en adelante ―Comisionada
Electoral del PNP‖), se opuso. Ésta alegó que la Ley Núm. 7-2017 era
silente en cuanto a la activación de la J.E.A. y que el Art. 12.001 de la
Ley Núm. 78-2011, infra, era aplicable únicamente a las elecciones
generales, por lo que entendió que la activación de tal ente no procedía
ante la celebración del Plebiscito.
Así
las
cosas,
ante
la
falta
de
unanimidad
entre
los Comisionados Electorales29 y conforme al procedimiento
29
Al momento en que se suscitó la controversia ante nuestra consideración,
solo estuvieron presentes dos Comisionados Electorales, a saber, uno por el
Partido Popular Democrático y otro por el Partido Nuevo Progresista. Ello, a
CT-2017-002
6
establecido
en
la
Ley
Núm.
78 -2011,
infra,
la
controversia quedó sometida para la consideració n de la
Presidenta
de
la
C.E.E.,
quien,
oportunamente,
emitió
la Resolución C.E.E.-RS-17-07 (en adelante, ―Resolución
de
la
C.E.E.‖)
y
dispuso
su
consideración.
Al
documento,
Presidenta
presentadas
ante
mediante
referido
C.E.E.
el
activó
la
veda
de
las
la
electoral
para
controversias
así
la
hacerlo,
de
la
difusión
de
anuncios gubernamentales contenida en el Art. 12.001 de
la
año
Ley
Núm.
78-2011,
vigente;
día
después
del
que
en
de
parte, dispuso
celebración
del
infra,
hasta
caso
Referéndum,
el
12
de
junio
del
Por
otra
Pleb iscito.
que
la
fuese
necesaria
referida
la
prohibición
estará vigente hasta el 9 de octubre de 2017. Por último, y
cónsono con lo anterior, ordenó se constituyera la J.E.A.; ente
encargado de hacer valer lo dispuesto en el mencionado Art.
12.001 de la Ley Núm. 78-2011, infra.
Inconforme
presentación
Presidenta
con
dicho
una
solicitud
de
de
la
C.E.E.,
proceder,
--
de
la
y
tras
la
reconsideración
cual
fue
oportuna
ante
denegada
--
la
la
Comisionada Electoral del PNP presentó un recurso de Revisión
Judicial ante el Tribunal de Primera Instancia, impugnando la
Resolución
de
la
C.E.E.
En
síntesis,
la
Comisionada
Electoral del PNP solicitó que se dejara sin efecto el
mencionado
dictamen,
por
entender
que
las
raíz de los resultados de las elecciones generales celebradas en noviembre
de 2016.
CT-2017-002
7
disposiciones
contenidas
Núm.
infra, son de
78-2011,
celebración
de
en
el
Art.
12.001
aplicación
elecciones
de
la
exclusiva
generales,
no
Ley
a la
así
al
Plebiscito y/o Referénd um.
Así pues, y mientras el caso se encontraba pendiente ante
el Tribunal de Primera Instancia, el Senado de Puerto Rico, por
conducto de su Presidente, Hon. Thomas Rivera Schatz, y su
Secretario,
Manuel
Torres
Nieves,
junto
a
la
Cámara
de
Representantes de Puerto Rico, por conducto de su Presidente,
Hon.
Carlos
mediante
Méndez
una
solicitud
solicitaron
modo
que
instancia,
Núñez,
que
de
comparecieron
ante
este
Certificación.
En
la
misma,
nos
presente
caso,
de
certificá ramos
este
Tribunal
los
asuntos
el
pudiera
atender,
planteados
en
ante
Tribunal
primera
el
foro
primario.
El
mismo
día,
compareció
ante
nos
la
Comisionada
Electoral del PNP, uniéndose a la mencionada solicitud
y adoptando los fundamentos expuestos por el Senado de
Puerto Rico, su Presidente y
Secretario, la Cámara
de
Representantes de Puerto Rico y su Presidente.
Luego de que este Tribunal acogiera la solicitud de
certificación, y tras los trámites de rigor, las partes
en el presente pleito presentaron sus respectivos alegatos. En ellos, la
C.E.E. alega que, por ser el ente designado por ley para resolver asuntos
electorales, estaba autorizada a reglamentar todo lo relativo
proceso electoral
en
el
País;
ello,
en
salvaguarda
al
al
derecho al
CT-2017-002
8
voto de los ciudadanos. Asimismo, arguyó que las disposiciones de la Ley
Núm. 7-2017 eran compatibles con la Ley Núm. 78-2011, infra, en lo
relacionado
a
la
veda
electoral.
Particularmente,
esboza
que
anteriormente este Tribunal ya había resuelto una controversia idéntica a
la presente y, allí, determinó que la veda electoral sobre difusión de
anuncios por parte del Estado, y sufragados con fondos públicos, era
aplicable a un evento de referéndum.
La Comisionada Electoral del PNP, por su parte, arguye que
activar la veda electoral a referéndums y plebiscitos tendría el
efecto de ―paralizar‖ la capacidad del Estado Libre Asociado de
comunicar sus políticas públicas e informar a la ciudadanía. En
consecuencia, sostiene que la prohibición contenida en el Art.
12.001
de
la
Ley
Núm.
78-2011,
infra,
era
de
aplicación
exclusiva a las elecciones generales en el País.
Por
otro
lado,
el
Comisionado
Electoral
del
PPD,
en
síntesis, entiende que el asunto ante nuestra consideración no
es uno novel, sino que ya se había resuelto por este Tribunal
hace años atrás. Así, expresó que cónsono con lo resuelto en
P.P.D. v. Gobernador II, infra, y según el texto claro de la Ley
Núm. 7-2017, la veda electoral aplica a los asuntos electorales
a celebrarse el 11 de junio y 8 de octubre de 2017, de ser este
último
necesario.
Por
ello,
sostuvo
la
procedencia
de
la
constitución de la J.E.A.
De
igual
forma,
la
Comisionada
Electoral
Independentista Puertorriqueño, la licenciada
del
María de
Partido
CT-2017-002
9
Lourdes Santiago Negrón (en adelante, ―la Comisionada Electoral
del PIP‖), compareció ante nos. En su alegato, y en lo aquí
pertinente, sostiene que la propia Ley Núm. 7-2017 incorporó, de
forma literal, lo dispuesto en la Ley Núm. 78-2011, infra, en
cuanto a los delitos y prohibiciones. Por ello, es de la opinión
que la veda electoral contenida en el Art. 12.001 de nuestro
estatuto
electoral
vigente,
infra,
por
ser
un
tipo
de
prohibición, aplica a los eventos electorales a celebrarse en
junio y octubre del año corriente. Asimismo, alega que este
Tribunal ya ha resuelto situaciones como la presente, al amparo
del principio de igualdad económica electoral.
De otra parte, en su comparecencia, el Procurador General
del
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico
(en
adelante,
―Procurador General‖) presentó su oposición a la Resolución de
la C.E.E. En esencia, el E.L.A. argumenta que en nuestro estado
de derecho existe una facultad delegada al Estado de comunicar e
informar
a
los
ciudadanos
del
País
sobre
los
programas
gubernamentales y que, si bien reconoce no poseer un derecho a
la libertad de expresión, cualquier limitación a esta facultad
debe ser observada con cautela. Además, sostiene que nada de lo
resuelto por este Tribunal apoya la activación de la J.E.A. en
periodos en los que no se celebre una elección general.
En
escrito
Presidente
y
su
separado,
Secretario,
el
Senado
de
Puerto
Rico,
su
alegaron,
en
síntesis,
que
las
disposiciones de la Ley Núm. 7-2017
eran
incompatibles
con
CT-2017-002
la
10
prohibición
Núm.78-2011,
ello,
por
sostienen
Curia
contenida
infra, por
tratarse
que
en
determinó
de
en
lo
la
Art.
que
una
P.P.D. v.
que
el
12.001
prevalecía
ley
Gobernador
II,
prohibición
Ley
primera;
Asimismo,
infra,
esta
en
el
entonces
no
se
vigente
en
aquel
extendía
a
que
se
celebrara
no
la
contenida
electoral
en
la
especial.
estatuto
años
de
una
elección
general.
Por último, la Cámara de Representantes de Puerto
Rico,
su
Presidente
presentaron
su
y
su
Secretario,
correspondiente
alegato.
En
también
el
mismo,
entre otras, plantean que para determinar si era o no
aplicable
la
veda
electoral
contenida
en
la
Ley
Núm.
78-2011, infra, no era necesario solamente realizar una
distinción
entre
los
distintos
eventos electorales -- a
saber, una elección general, un plebiscito y un referéndum -sino que, además, la naturaleza del referéndum debía tomarse
en
consideración.
ocasiones
por
Así,
este
arguyó
Tribunal,
que
en
lo
resuelto
contextos
en
otras
similares
al
presente, no es de aplicación.
II.
De entrada, es menester aclarar que, contrario a lo que pretende
intimar una mayoría de este Tribunal, este Foro -- como último intérprete
de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico -- puede y
debe
recurrir
al
texto
de
la
misma
en
todas
aquellas
CT-2017-002
11
circunstancias en las que ello sea meritorio. Precisamente, al
desplegar tal facultad revisora e interpretar así los contornos
de nuestra Constitución, ―debemos garantizar su vigorosidad y
relevancia ante los problemas sociales, económicos y políticos
actuales‖. (Énfasis suplido). Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR
64, 91 (1998). Véanse además, Nogueras v. Hernández Colón I, 127
DPR 405 411 (1990); P.I.P. v. C.E.E., 120 DPR 580, 613 (1988);
López
Vives
v.
(1987).
La
podemos
ejercer
solicitud
Policía
contención
de
tal
las
en
de
P.R. ,
contrario,
función
partes ‖,
― sin
Op.
pág.
118
DPR
219,
relativa a
la
227
que no
correspondiente
13,
resulta
en
una
anomalía a nuestro rol como tribunal de última instancia. Una
vez aclarado lo anterior, procedemos a discutir el derecho
aplicable -- y obviado por esta mayoría -- a la controversia
ante nos.
III.
Como es sabido, y en lo pertinente a la controversia
que nos ocupa, la Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, al igual que la Constitución de los Estados Unidos
de
América30,
consagra
como
principio
fundamental
30
en
En lo aquí pertinente, la Enmienda XIV de la Constitución de los Estados
Unidos de América establece lo siguiente:
Ningún estado aprobará o hará cumplir ninguna ley que restrinja
los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados
Unidos; ni ningún estado privará a persona alguna de su vida, de
su libertad o de su propiedad, sin el debido procedimiento de
ley, ni negará a nadie, dentro de su jurisdicción, la igual
protección de las leyes. Emda. XIV, Const. EE.UU, LPRA, Tomo I,
ed. 2016, págs. 207-208.
CT-2017-002
12
nuestra vida de Pueblo el derecho a la igualdad e igual
protección de las leyes. Al respecto, el Art. II, Sec.
1, de nuestra Carta Magna señala que:
La dignidad del ser humano es inviolable.
Todos los hombres son iguales ante la Ley. No
podrá establecerse discrimen alguno por motivo
de raza, color, sexo, nacimiento, origen o
condición
social,
ni
ideas
políticas
o
religiosas. Tanto las leyes como el sistema de
instrucción
pública
encarnarán
estos
principios de esencial igualdad humana. Sec.
1, Art. II, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1, ed.
2016, pág. 275.
Según dispuesto en el Diario de Sesiones de la Convención
Constituyente,
entre
los
principios
que
inspiraron
a
los
fundadores y fundadora de nuestra Constitución al momento de
redactar la referida cláusula constitucional se encontraban:
[…] fijar claramente como base consustancial de todo
lo que sigue el principio de la dignidad del ser
humano y, como consecuencia de ésta, la igualdad
esencial de todas las personas dentro de nuestro
sistema Constitucional. La igualdad ante la ley
queda por encima de accidentes o diferencias, bien
tengan su origen en la naturaleza o en la cultura.
Todo discrimen o privilegio contrario a esta
esencial
igualdad
repugna
al
sistema
jurídico
puertorriqueño. En cuanto fuera menester nuestra
organización legal queda robustecida por la presente
disposición constitucional, a la vez que obligada a
ensanchar
sus
disposiciones
para
dar
plena
realización a lo aquí dispuesto. Informe de la
Comisión de la Carta de Derechos, Diario de Sesiones
de la Convención Constituyente, Tomo 4, p. 2561,
Equity (1962).
Cónsono con lo anterior, en aras de darle significado y
vida
a
contexto
la
de
referida
las
disposición
controversias
constitucional,
que
establecido que la igualdad “[p]or su
nos
y
ocupan,
naturaleza
en
el
hemos
dinámica
CT-2017-002
es
13
susceptible
P.P.D.
v.
de
manifestarse
Gobernador
I,
139
en
diversas
D.P.R.
643,
dimensiones‖.
666-667
(1995),
citando a P.R.P. v. E.L.A., 115 DPR 631, 633 (1984). Una de
estas manifestaciones lo es la igualdad electoral.
El
principio
de
igualdad
electoral
está
celosamente
resguardado en nuestro ordenamiento constitucional en el Art.
II, Sec. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico. Véase Art. II, Sec. 2, Const. E.L.A., LPRA, Tomo I,
ed. 2016, pág. 283. Dicho articulado garantiza la expresión de
la voluntad del Pueblo mediante el sufragio universal, igual,
directo y secreto, y protege al ciudadano y ciudadana contra
toda coacción en el ejercicio de su prerrogativa electoral. Íd.
Como se puede apreciar, bien se puede decir que, en su
contenido, el Art. II, Sec. 2 de nuestra Constitución, Íd.,
consagra el principio fundamental de que el poder político en
nuestro ordenamiento constitucional emana del consentimiento y
la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas del País. Este
precepto
constitucional
responsabilidad
dual:
interferir
el
con
―la
le
impone
de
abstenerse,
ejercicio
del
al
sufragio
Gobierno
por
un
una
lado,
universal,
de
igual,
directo y secreto, y por otro, la de proteger al ciudadano
contra
toda
coacción
en
el
ejercicio
de
tal
prerrogativa
electoral‖. P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR en la pág. 670
(1995);
(1993).
Sánchez
y
Colón
v.
E.L.A.
I,
134
DPR
445,
449-450
CT-2017-002
14
Específicamente, este Tribunal, al expresarse en torno a
tal postulado, ha establecido lo siguiente:
Estos
postulados
constitucionales
protegen
y
garantizan el derecho al sufragio universal, tanto en
las elecciones generales como en los referéndums[s] y
en los plebiscitos. Aunque no es derecho de carácter
absoluto y la Legislatura tiene amplia facultad para
reglamentarlo, le corresponde a los tribunales la
responsabilidad
de
asegurar
que
la
legislación
promulgada cumpla con las garantías constitucionales.
Al descargar esta responsabilidad tenemos que hacer un
delicado balance entre el derecho fundamental al
sufragio y el interés del Estado en reglamentar su
ejercicio
para
que
el
proceso
se
conduzca
ordenadamente con la mayor participación de electores
en igualdad de condiciones. Cada decisión debe tomarse
con
cuidado,
atendiendo
a
las
circunstancias
particulares de cada caso. Como principio general,
aquella
legislación
que
sea
onerosa
y
afecte
sustancialmente el derecho al sufragio es susceptible
de impugnación constitucional. (Énfasis suplido). Íd.
En
ese
herramientas
sentido,
vale
con
cuales
las
la
pena
señalar
históricamente
que
se
una
ha
de
las
procurado
garantizar la igualdad electoral en nuestro País lo es el Art.
12.0001
de
la
Ley
Núm.
78-2011,
16
LPRA
sec.
4231,
antes
denominado Art. 8.0001 de la Ley Electoral de Puerto Rico de
1977, Ley Núm.
4 de 20 de diciembre de 1977, 16
sec. 3351 (en
adelante, ―Ley Electoral de
LPRA
1977‖) 31. En
31
El mencionado Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico de 1977, Ley
Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, 16 LPRA sec. 3351, derogado por el Art.
12.001 de la Ley Núm. 78-2011, Ley Electoral del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, disponía de la siguiente forma:
Se prohíbe a las agencias del Gobierno de Puerto Rico, la
Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a la Rama Judicial, que a
partir del 1ro. de enero del año en que deba celebrarse una
elección general y hasta el día siguiente a la fecha de
celebración de la misma, incurran en gastos para la compra de
tiempo y espacio en los medios de difusión pública con el
propósito
de
exponer
sus
programas,
proyectos,
logros,
realizaciones, proyecciones o planes. Se exceptúan de esa
disposición aquellos avisos y anuncios de prensa expresamente
requeridos por ley.
CT-2017-002
lo
pertinente
15
a
la
controversia
ante
nos,
la
referida
disposición legal establece que:
Durante el año en que se celebre una elección
general y hasta el día siguiente a la fecha de
la celebración de la mis ma, se prohíbe a las
agencias del Gobierno, a la Asamblea Legislativa
y a la Rama Judicial de Puerto Rico incurrir en
gastos para la compra de tiempo y espacio en los
medios de comunicación, así como para la compra
y distribución de materiales propagandíst icos o
promocionales con el propósito de exponer sus
programas,
proyectos,
logros,
realizaciones,
proyecciones o planes. Se exceptúan de esta
disposición aquellos avisos y anuncios de prensa
expresamente requeridos por ley; las campañas de
la
Compañía
de
Turismo
para
promoción
del
turismo interno, campañas de promoción fuera de
Puerto Rico por parte de la Compañía de Turismo
de Puerto Rico o la Autoridad de Distrito del
Centro
de
Convenciones
de
Puerto
Rico
promocionando a la isla de Puerto Rico como
destino turístico, o la Compañía de Fomento
Industrial
promocionando
la
inversión
del
extranjero
en
Puerto
Rico,
siempre
que
no
incluyan
relaciones
de
logros
de
la
administración o la corporación ni se destaque
la figura de ningún funcionario. Además, se
excluyen las notificaciones o convocatorias para
procesos
de
vistas
públicas
legislativas
o
administrativas que se publique y circule sin
usar los medios de difusión masiva pagados.
Asímismo [sic.], se exceptúan de la anterior
disposición
aquellos
anuncios
que
se an
utilizados para difundir información de interés
público, urgencia o emergencia, los cuales sólo serán
Asimismo, se exceptúan de la anterior disposición aquellos
anuncios que sean utilizados para difundir información de interés
público, urgencia o emergencia, los cuales sólo serán permitidos
previa autorización al efecto de la Comisión Estatal de
Elecciones. 16 LPRA sec. 3351.
CT-2017-002
16
permitidos
Comisión.
previa autorización al
efecto
de la
En el caso de los anuncios o avisos que son requeridos
por ley, a las agencias del Gobierno, a la Asamblea
Legislativa y a la Rama Judicial de Puerto Rico, así
como a los municipios, la Comisión tendrá un término
de dos (2) días laborables para expresar por escrito
su aprobación o reparo, al aviso o anuncio para el
cual se solicitó la autorización. El término antes
mencionado se contará a partir del momento de la
solicitud de autorización a la Comisión, y en caso de
que el mismo expire sin que la Comisión haya expresado
su aprobación o reparo, se dará por autorizado el
mensaje, aviso o anuncio en cuestión; y no será
necesaria la emisión de documentos de aprobación por
parte de la Junta.
Las disposiciones de esta sección no serán de
aplicación al cargo de Comisionado Residente, las que
se regirán por lo estatuido en la Ley Federal de
Elecciones 2 U.S.C. § 441 (a)(1)(A) et seq.
La violación de esta sección conllevará a la
agencia o dependencia gubernamental una multa
administrativa
de
hasta
diez
mil
(10,000)
dólares
por
la
primera
infracción
y
hasta
veinticinco
mil
(25,000)
dólares
por
infracciones subsiguientes. Los fondos que se
obtengan bajo este concepto, pasarán a formar
parte del fondo especial para el financiamiento
de los gastos de automatización de los procesos
electorales, según se dispone en la sec. 4011 de
este título.
Como se puede apreciar, la puesta en vigor del Art.
12.001, antes Art. 8.001 de la Ley Electoral de 1977,
tuvo
el
efecto
de,
salvo
contadas
excepciones
autorizadas por la J.E.A., restr ingir la divulgación de
información por parte del Estado Libre Asociado durante la
celebración de las elecciones generales en el País. Dicho de otra forma,
CT-2017-002
17
el referido estatuto tuvo la ―intención legislativa de excluir
definitivamente del proceso político la influencia solapada que
el partido en el poder pueda tener mediante el uso de los
anuncios gubernamentales‖. P.P.D. v. Gobernador I, supra, a las
págs. 682-683, citando con aprobación a C.E.E. v. Depto. de
Estado,
134
reflejan
927,
939
(1993)32.
interés
en
descontinuar
DPR
―el
Disposiciones
como
durante
el
ésta
período
eleccionario la práctica de las agencias gubernamentales de
hacer
campaña
política
mediante
la
publicación
de
anuncios
sobre sus logros y planes‖. P.P.D. v. Gobernador I, supra, a la
pág. 683, citando a C.E.E. v. Depto. de Estado, supra, a la
pág. 939.
Notamos,
pues,
que
al
igual
que
bajo
el
esquema
previamente establecido mediante el derogado Art. 8.001 de la
Ley Electoral de 1977, supra, el nuevo Art. 12.001 de la Ley
Núm. 78-2011, supra, -- el cual, en esencia, adelanta el mismo
espíritu que su predecesor -- busca evitar que el Estado Libre
Asociado
y
sus
agencias,
mediante
la
utilización
de
fondos
públicos, influyan de alguna forma en la libre expresión y
selección de los ciudadanos y ciudadanas que participan en los
eventos electorales del País. Sobre el particular, véase 1er
Informe
32
de la Comisión Especial
sobre la Reforma
Tales expresiones, en referencia al antiguo Art. 8.001 de la Ley
Electoral de 1977, supra, derogado por el actual Art. 12.001 de la Ley Núm.
78-2011.
CT-2017-002
18
Gubernamental rendido con enmiendas sobre el Sustitutivo de la
Cámara al P. de la C. 1863, 10 de noviembre de 2010, 4ta Sesión
Ordinaria, 16ta Asamblea Legislativa, pág. 2533.
Así pues, en aras de garantizar el fiel cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 12.001 de la Ley Núm. 78-2011, supra, -- y
similar a como se hacía cuando estaba vigente el Art. 8.001 de
la Ley Electoral de 1977, -- en virtud de la Sec. 2.1 del
Reglamento para el Control de Gastos de Difusión Pública del
Gobierno de la Comisión Estatal de Elecciones de 14 de octubre
de 2015, se estableció la J.E.A. Así, se le concedió a dicho
organismo
la
encomienda
de
evaluar
toda
solicitud
de
autorización de difusión de anuncios presentada por el gobierno
de Puerto Rico en las elecciones generales. Íd., Sec. 2.3, pág.
6.
Ahora bien, es menester señalar que la activación de la
veda electoral para la difusión de anuncios gubernamentales
contenida en el Art. 12.001 de la Ley Núm. 78-2011, no solo se
limita a la celebración de elecciones generales, como pretende
sugerir su texto. Al respecto, y para entender el alcance de
esta prohibición, conviene repasar las interpretaciones -- a
nuestro juicio, correctas y completas -- que del Art. 8.001 de la Ley
33
Allí, la Comisión Especial sobre la Reforma Gubernamental expresó que el
proyecto de ley -- eventualmente, tras su aprobación y firma, convertido en
la Ley Núm. 78-2011 -- tenía como fin, entre otro, “[g]arantizar a los
electores, la reducción del gasto público en campañas políticas, así como
reducir al mínimo la intervención con la voluntad del electorado de
elementos ajenos al proceso electoral”. 1er Informe de la Comisión Especial
sobre la Reforma Gubernamental rendido con enmiendas sobre el Sustitutivo de
la Cámara al P. de la C. 1863, 10 de noviembre de 2010, 4ta Sesión
Ordinaria, 16ta Asamblea Legislativa, pág. 25.
CT-2017-002
19
Electoral de 1977 realizó este Tribunal en los casos P.P.D. v.
Gobernador I, supra, y P.P.D. v. Gobernador II, 136 D.P.R. 916
(1994).
En P.P.D. v. Gobernador II, Íd., este Tribunal tuvo ante su
consideración una situación de hechos muy similar a la que hoy
nos atañe. En aquella ocasión, se impugnó la validez de la Ley
Núm. 49 de 2 de agosto de 1994, también conocida como Ley
Habilitadora del Referéndum sobre Enmiendas a la Constitución de
Puerto Rico de 1994 (en adelante, ―Ley Habilitadora‖), mediante
la cual se autorizó la celebración de un referéndum para que
los electores inscritos manifestaran su aprobación o rechazo a
unas enmiendas propuestas a varias secciones y artículos de la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra.
En lo aquí relacionado, los demandantes solicitaron que se
le ordenara al Gobernador de Puerto Rico y a las corporaciones
públicas demandadas, junto a los correspondientes funcionarios
públicos, detener las campañas publicitarias realizadas por
estos a través de los medios de difusión pública del País.
Ello, al amparo del Art. 8.001 de la Ley Electoral de 1977,
supra.
En
dicha
ocasión,
el
foro
primario
determinó
que
el
referido artículo de la Ley Electoral de 1977 tenía vigencia
en relación al referéndum programado en Puerto
que
ordenó
a
la C.E.E.
a
nombrar
la
que habría
de
evaluar
la
necesidad
Rico,
Junta
de
de
por
lo
Anuncios
publicación
CT-2017-002
de
todo
20
anuncio
gubernamental
hasta
el
día
después
del
referéndum. Ello, al amparo del principio de igualdad económica
inmerso en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.
Así las cosas, este Tribunal se expresó en torno a la
aplicabilidad de la prohibición contenida en el antiguo Art.
8.001
de
la
Ley
Electoral
de
1977,
supra,
al
referéndum
a
celebrarse en el País, conforme a la Ley Habilitadora. En aquel
entonces, expresamos que, al amparo del Art. II, Sec. 2 del Art.
II de nuestra Constitución, Const. E.L.A., supra, y la intención
que tuvo la Convención Constituyente al redactar la misma, el
derecho constitucional al sufragio es ―un elemento común a las
elecciones generales y los referéndum[s]‖. (Énfasis suplido).
P.P.D. v. Gobernador II, 136 DPR a la pág. 925. Véase además,
Sánchez y Colón v. E.L.A., 134 D.P.R. en la pág. 449. Asimismo,
establecimos
que
el
derecho
constitucional
del
sufragio
―es
consustancial con la existencia misma de la democracia‖, por
tratarse de un derecho que está presente tanto en las elecciones
generales como en
supra.
Ese
sufragio
--
plebiscitos.
los referéndums.
elemento
sin
común,
duda
--
alguna,
el
P.P.D.
v. Gobernador II,
derecho
constitucional
al
presente
los
también
está
en
CT-2017-002
21
Posteriormente, un año después, en P.P.D. v. Gobernador I,
supra34, se alegó la violación a los principios más esenciales
del derecho al voto, ante la utilización de fondos públicos por
parte del Estado o un Municipio para pagar anuncios que tenían
el propósito de beneficiar al partido político en poder o a los
candidatos de tal partido, tanto a nivel estatal como municipal.
En lo aquí pertinente, este Tribunal reafirmó la norma a
los
efectos
electoral
de
queda
que
el
protegido
axioma
en
constitucional
nuestro
de
igualdad
ordenamiento.
Asimismo,
hicimos énfasis en la protección brindada a dicho axioma por
nuestra
Asamblea
Legislativa,
mediante
el
esquema
electoral
establecido en Puerto Rico. En aquel entonces, establecimos que
el Art. 3.023 de la Ley Electoral de 1977, 16 LPRA sec. 3116,
tenía el propósito de salvaguardar dicho principio de igualdad
electoral, al otorgarle un trato igual a los partidos políticos
en
la
asignación
anual
de
fondos
públicos
para
su
funcionamiento. Véase P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. en la
pág. 667.
Al evaluar la ―estrecha relación” entre la Sec. 9 del
Art. VI de nuestra Constitución, supra, y
34
el
axioma
de
Es menester señalar que, contrario a lo intimado por el Gobierno de
Puerto Rico en su Alegato, en P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643 (1995), la
situación de hechos era una distinta a la presente. Allí, si bien se impugnó
explícitamente la utilización de fondos públicos para sufragar la
publicación de anuncios, ello no se dio en el contexto de la celebración de
una elección general, referéndum, plebiscito o cualquier otro evento
electoral. Por el contrario, se dio en el contexto de un año en el cual la
veda electoral contenida en el antiguo Art. 8.001 de la Ley Electoral de
1977 era inaplicable, puesto que la misma solo cobraba vigencia durante la
ocurrencia de algún evento electoral; ya sea una elección general, un
plebiscito y/o referéndum, por ejemplo.
CT-2017-002
igualdad
electoral
22
en
su
vertiente
de
igualdad
económica,
dispusimos lo siguiente:
En la medida en que se subvencione una campaña
político-partidista con fondos públicos, se le
permite una ventaja a un partido (o candidato
político) sobre otros, lo que atenta contra el
axioma
de
igualdad
electoral
y
socava
los
pilares del esquema electoral en nuestro País,
el cual garantiza la igualdad económica entre
los
partidos
sin
limitarlo
al
período
eleccionario .
Esto
afecta
detrimentalmente
[sic.], además, el derecho de los electores a
ejercer su voto libre de cualquier coacción,
toda vez que como componentes esenciales de los
partidos son colocados en la misma desventaja
económica
que
su
partido
frente
al
que
subvencionó parte de su campaña política con los
fondos de todo el Pueblo de Puerto Rico, incluso
los de esos electores pertenecientes a cualquier
partido
de
oposición
del
Gobierno
actual.
(Énfasis nuestro). Íd., a la pág. 671.
Siendo ello así, no existe duda -- tal y como resolvimos
en P.P.D. v. Gobernador II, supra, -- de que el principio de
igualdad inmerso en nuestra Constitución se manifiesta, entre
otras, en los asuntos electorales, trátese de una elección
general, plebiscito o referéndum. Así pues,
[e]l
concepto
de
igualdad
econó mica,
con
relación a la distribución de fondos públicos
en el proceso electoral, impide que un partido
que ostente el poder de gobernar al pueblo en
un momento dado utilice fondos públicos para
tomar ventaja indebida dirigida a promover su
postura. El Art. 8.001 [de la Ley Electoral de
1977], supra,
es
precisamente
una
medida
preventiva para que no ocurra dicha práctica
indebida. Por lo tanto, el referido artículo,
por imperativo del axioma de igualdad inmerso
en la Constitución, así como en protecció n del
derecho constitucional a la libre selección
traducido en el derecho al sufragio, resulta
compatible y consecuentemente aplicable a la
Ley Habilitadora del Referéndum . En aras de
mantener
un
proceso
democrático,
no
podemos
permitir
una
ventaja
ind ebida
del
CT-2017-002
23
partido que esté en el Gobierno para promover
su postura mediante la utilización de fondos
públicos.
(Énfasis
suplido).
P.P.D.
v.
Gobernador II, supra, a la pág. 926.
En fin, si hace veinte (20) años -- en salvaguarda al
principio de igualdad electoral y la paridad económica de los
partidos políticos -- resolvimos que la prohibición contenida en
el Art. 8.0001 de la Ley Electoral de 1977, supra, era extensiva
a
un
evento
garantía
de
referéndum
a
estamos
obligados
celebrarse
a
en
extenderle
el
País,
a
los
igual
eventos
electorales que se avecinan; entiéndase, el Plebiscito del 11 de
junio de 2017 y el posible Referéndum del 8 de octubre del mismo
año.
Nótese que las elecciones generales, los plebiscitos y los
referéndums
tienen
un
elemento
común.
Buscan,
mediante
el
ejercicio del voto, auscultar el sentir de la ciudadanía sobre
distintos asuntos de vital importancia. En una elección general
se elige a los representantes del Pueblo; en el plebiscito, se
adoptan decisiones fundamentales sobre la estructura o forma
del Estado; y en el referéndum, se expresa sobre cualquier
asunto sometido a su consulta, como por ejemplo: asuntos de
naturaleza
constitucional
y/o
legislativa,
o
relativos
a
decisiones de naturaleza política. Véase Art. 2.003, incisos
(31), (82) y (86), respectivamente, de la Ley Núm. 78-2011,
supra.
Es evidente entonces, que todas tienen un elemento común:
convocar al pueblo para que mediante el ejercicio del voto se
expresen
sobre
un
tema
trascendental.
Al
ser
eventos
tan
CT-2017-002
24
similares e involucrar el derecho al voto como vehículo de
expresión, no cabe hacer distinción entre ellos a los efectos
de cumplir, en el plebiscito, con el mandato constitucional que
identificamos en P.P.D. v. Gobernador II, supra. Lo contrario - es decir, no aplicar la veda electoral al Plebiscito pero,
meses más tardes, sí aplicar tal prohibición al Referéndum -sería
una
dispone
anomalía,
para
ambos
puesto
que
eventos.
la
Esto
Ley
Núm.
sería
7-2017,
una
supra,
lectura
muy
enrevesada.
En este caso, contrario a lo esbozado por la mayoría de
este Tribunal, no existe condición alguna que deba mover a esta
Curia a variar el precedente previamente establecido. Todo lo
contrario. Es nuestra responsabilidad, como Alto Foro Judicial,
otorgar
cierto
grado
de
certeza
en
cuanto
a
si,
ante
la
eventualidad de los eventos electorales mencionados, se debe
activar la J.E.A. como filtro para determinar si las agencias
adscritas al Poder Ejecutivo pueden o no incurrir en gastos de
fondos
públicos
cerciorarse
en
la
publicación
de
anuncios;
además
de
de que los referidos anuncios no estén matizados
por posturas político-partidistas.
Por último, es menester señalar que en el caso de la ley
en controversia, la Ley Núm. 7-2017, supra, esta prohibición se
hace más patente si tomamos en cuenta que esta ley -- además de
establecer los pormenores para la realización de los eventos
electorales del 11 de junio y 8 de octubre de 2017 -- en su
Art. XIII, Sec. 1, expresamente establece que las prohibiciones
CT-2017-002
y
los
25
delitos
relacionados
con
la
celebración
de
esta
consulta, se regirán por las disposiciones establecidas en la
Ley
Núm.
78-2011;
entiéndase,
la
vigente
Ley
electoral
de
Puerto Rico. Sobre este particular, se señala en el mencionado
Art. XII, Sec. 1, lo siguiente:
Las prohibiciones y los delitos relacionados con la
celebración de esta consulta, se regirán por las
disposiciones establecidas en la Ley 78-2011, según
enmendada, conocida como la ―Ley Electoral de Puerto
Rico‖ y por la Ley 222-2011, conocida como la ―Ley
para la Fiscalización de Campañas Políticas en Puerto
Rico‖,
excepto
cuando
sean
improcedentes
o
incompatibles con las disposiciones de esta Ley o
cuando
esta
Ley
dispone
delito
o
penalidad
específica. Íd., a la pág. 47.
Demás está decir que, entre esas prohibiciones, en la Ley
Núm. 78-2011 se encuentra la prohibición de incurrir en gastos
para
la
compra
de
tiempo
y
espacio
en
los
medios
de
comunicación del País, así como para la compra o distribución
de materiales propagandísticos o promocionales con el propósito
de
exponer
proyecciones
los
programas,
proyectos,
planes
las
y/o
de
logros,
agencias
realizaciones,
adscritas
al
Poder
Ejecutivo. Lo anterior, como ya hemos mencionado, con excepción
de aquellos avisos y anuncios de prensa expresamente requeridos
por ley y las campañas de la Compañía de Turismo, así como
aquellos anuncios que sean utilizados para difundir información
de
interés
público,
urgencia
o
emergencia,
los
cuales
sólo
serán permitidos previa autorización de la C.E.E.
Además, al considerar la ci tada sección de ley, es
menester tomar en consideración también el Art. 11.001
de
la
Ley
Núm.
78-2011,
16
LPRA
sec.
4211,
el
cual
CT-2017-002
26
dispone
que
que
celebre
se
especial
― [t]odo
en
referéndum,
Puerto
que
a
tal
disposiciones
de
este
consulta
Rico
fin
se
se
o
regirá
apruebe
subtítulo
en
plebiscito
por
y
la
ley
por
las
todo
aquello
necesario o pertinente para lo cual dicha ley especial
no
disponga‖.
que
la
Es
intención
decir,
surge
legislativa
con
no
meridiana
fue
tornar
claridad
i noperante
la Ley Núm. 78 -2011, supra, sino que, por el contrario,
el propio estatuto especial reconoce su eficacia. Véase
además el Art. 18 del Código Civil de Puerto Rico, 31
LPRA
sec.
leyes
que
se
refieren
objeto
sea
el
mismo,
deben
ser
interpretadas
refiriendo
las
unas
a
otras,
por
cuanto
es
sus
materia
ser
o
lo
tomado
18
(―Las
cuyo
que
para
claro
en
uno
de
explicar
lo
que
las
a
la
preceptos
resulte
misma
pueda
dudoso
en
otro‖.).
Es, pues, a la luz de la normativa antes expuestas,
que
procedemos
a
dispon er
de
las
controversias
ante
nuestra consideración.
IV.
En
el
presente
caso,
el
argumento
principal
de
la
Comisionada Electoral del P.N.P., el Procurador General, del
Senado de Puerto Rico y de la Cámara de Representantes de Puerto
Rico, es que, si bien el Estado no tiene un derecho de libertad
de expresión, sí posee el deber y la facultad de comunicarse con
CT-2017-002
sus
27
ciudadanos
con
el
fin
de
informar
sobre
planes
gubernamentales y demás asuntos relacionado s. Bajo esta
premisa,
alegan
Resolución
de
que,
la
contrario
C.E.E. ,
las
a
lo
resuelto
disposiciones
en
la
contenidas
en el Art. 12.001 de la Ley Núm. 78 -2011, supra, son de
aplicación
celebre
exclusivamente
una
tanto el
elección
de
general.
Referéndum como el
definidos como
ha
durante
la
celebración
de
Plebiscito
Como
visto,
prohibición
tales
año
A demás,
―elección general ‖ y,
aplicarse
hemos
el
s imilares
que
se
argumentan
que
son eventos no
por
lo tanto, no
estatutaria
eventos.
No
le
en
durante
la
asiste
la
razón.
planteamientos
ya
fueron
atendidos y descartados por este Tribunal en P.P.D. v.
Gobernador II, supra, y P.P.D. v. Gobernador I, supra,
respectivamente.
Y es que la controversia ante nuestra consideración
se ceñía a determinar si, fuera del añ o
en el que se
celebran las elecciones generales en nuestro País, -- y
ante
la
celebración
referidas
elecciones
de
un
evento
generales,
por
distinto
virtud
de
a
las
una
ley
especial -- cobraban vida las disposiciones de la veda
electoral contenidas en el A rt. 12.001 de la Ley Núm.
78-2011,
supra.
Ello,
anuncio
que
Estado
el
a
los
fines
pretendiera
de
que
cualquier
difundir
por
los
medios de comunicación del País, fuese evaluado por el
ente designado por la C.E.E., a saber, la J.E.A.
CT-2017-002
28
Conforme a la normativa antes expuesta -- la cual
es una correcta y no amerita revocarse -- y en vista de
que este
ya
caso
no presenta
evaluados
por
elementos adicionales
este
Tribunal
anteriormente
discutidos,
correctamente
la
en
los
casos
que
actuó
extensivas
las
entendemos
C.E.E.
al
h acer
a los
disposiciones del Art.
12.001 de la Ley Núm. 78 -2011,
supra,
electorales
a
los
eventos
a
celebrarse
en
el
País el 11 de junio de 2017 y, de ser necesario, al que
se
llevaría
a
cabo
el
8
de
octubre
del
mismo
año,
a
saber, el Plebiscito y Referéndum, respectivamente. No
podemos
avalar
que
el
Estado
anuncios por medios de
Libre
Asociado,
difusión pública, y
mediante
con fondos
provenientes del Pueblo, interfiera con la prerrogativa
de
cada
uno
de
sufragio
es
inminente
corresponde
nuestros
velar
por
individuos.
El
a
la
democracia
que
se
ejerza
de
derecho
misma
forma
y
al
nos
libre
y
voluntaria, en todo suceso electoral. Siendo ello así,
es
nuestro
juicio
que
los
errores
señalados
no
se
cometieron.
V.
Antes
de
finalizar,
planteamientos
esbozados
y
por
en
el
torno
a
uno
Procurador
de
los
General,
a
los efectos de que aplicar la veda electoral tendría el
efecto
de
socavar
su
facultad
de
comunicarse
con
el
Pueblo en torno a asuntos gubernamentales, citamos ― in
CT-2017-002
29
extenso” lo dispuesto por este Tribunal en P.P.D v. Gobernador
II, supra, a saber:
Los derechos contenidos en la Carta de Derechos le[s]
asisten a los individuos frente al Estado. Esos
derechos no pueden extenderse a las expresiones del
Gobierno porque los derechos están formulados en
términos de lo que el Gobierno no puede hacer con
relación a la expresión de las personas y no a la
inversa. De ahí que el Gobierno no tiene un derecho
constitucional a la libre expresión protegido. El
problema ante nos implica el axioma básico de que el
proceso decisional puertorriqueño responde en su
realidad al postulado de igualdad inmerso en nuestra
Constitución,
el
cual
persigue
lograr
paridad
económica entre los partidos políticos para la
divulgación de ideas y mensajes en nuestro país.
Véanse: Marrero v. Mun. de Morovis, 115 D.P.R. 643,
646 (1984); P.N.P. v. Tribunal Electoral, supra, pág.
753. De ello resulta que existe un amplio poder en la
limitación de la propaganda gubernamental.
Por otro lado, no se veda completamente los anuncios
gubernamentales, puesto que existe un mecanismo
provisto por la C.E.E., que pasará juicio sobre el
anuncio, para autorizarlos si ello corresponde. Dicha
determinación está sujeta a revisión por parte de los
tribunales. Recordemos que se trata de un interés
apremiante en proteger el derecho constitucional de
igualdad, que existe un interés en que el Estado y
sus instrumentalidades [sic.] se mantengan neutrales,
salvaguardando así el principio de libre selección
del pueblo contenido en la Sec. 2 del Art. II de
nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1. P.P.D v.
Gobernador II, a las págs. 924-925.
VI.
Establecido
hubiésemos
lo
resuelto
anterior,
que,
al
y
a
amparo
modo
del
de
axioma
epílogo,
de
hoy
igualdad
electoral en su vertiente de igualdad económica consagrado en
la
Constitución
del
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
supra, el Art. 12.001 de la Ley Núm. 78-2011, supra, es de
aplicación en toda su extensión tanto al Plebiscito a celebrase
CT-2017-002
el
11
de
30
junio
de
2017,
así
como,
de
ser
necesario,
al
Referéndum a llevarse a cabo el 8 de octubre del mismo año. Las
elecciones generales, los plebiscitos y los referéndums tienen
como denominador común el ejercicio del derecho constitucional
al sufragio. Es nuestra función, como últimos intérpretes de la
Constitución,
procurar
por
la
pureza
de
dichos
procesos.
A
través de esta Opinión Disidente, lo hemos hecho en el día de
hoy.
VII.
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
disentimos
de
lo
resuelto por una mayoría de este Tribunal. Siendo ello así,
hubiéramos
confirmado
la
Resolución
de
la
C.E.E.
y,
consecuencia, ordenado la constitución de la J.E.A.
Ángel Colón Pérez
Juez Asociado
en
su
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Norma
E.
Burgos
Andújar,
Comisionada
Electoral del Partido
Nuevo Progresista
Recurridos
v.
Comisión
Estatal
de
Elecciones,
por
conducto
de
su
Presidenta,
Liza
García
Vélez;
Comisionado Electoral
Interino del Partido
Popular
Democrático,
Miguel
Ríos
Torres;
Comisionada Electoral
Designada del Partido
Independentista
Puertorriqueño, María
de Lourdes Santiago
Certificación
intrajurisdiccional
CT-20170002
Recurridos
Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, por
conducto
de
la
Secretaria
de
Justicia, Hon. Wanda
Vázquez Garced
Recurridos
Senado de Puerto Rico,
por conducto de su
Presidente,
Hon.
Thomas Rivera Schatz,
y su Secretario Manuel
Torres Nieves; Cámara
de Representantes de
Puerto
Rico,
por
conducto
de
su
Presidente Hon. Carlos
Méndez
Nuñez
y
su
Secretaria
Ayleen
Figueroa Vázquez
Peticionarios
RESOLUCIÓN
Nunc Pro Tunc
San Juan, Puerto Rico, a 20 de abril de 2017
CT-2017-0002
2
Se enmienda nunc pro tunc la Opinión Disidente de 19
de abril de 2017 de la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez a los efectos de corregir el último párrafo de la
página 7, el cual debe leer de la siguiente manera:
Además, hay que resaltar que la mayoría revoca P.P.D.
v. Gobernador II, sin que los peticionarios lo solicitaran.
Por el contrario, éstos en varias ocasiones, tanto en su
petición de certificación como en su alegato, reconocen la
validez del caso como jurisprudencia vigente, más lo
distinguen para sostener que la norma que allí se sentó no
aplica a la situación planteada en este caso, pero en
ningún momento plantean que hay que revocarla y por qué.
Con su proceder, la mayoría transgrede el derecho de los
recurridos a rebatir este planteamiento con sus propios
fundamentos.35 Es más, la mayoría adopta un curso de acción
idéntico al que le critica al Tribunal que suscribió P.P.D.
v.
Gobernador
II,
ante.
Estamos,
francamente,
ante
argumentos o fundamentos estólidos.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
35
Por otro lado, yo tenía entendido que el derecho es rogado y que
planteamientos no argüidos por las partes, particularmente de índole
constitucional, no serán atendidos por este Tribunal. Véase, por
ejemplo, ELA v. Northwestern Selecta, 185 DPR 40 (2012); Abengoa, S.A.
v. American Intl. Ins., 176 DPR 512 (2009) (Es un principio de derecho
arraigado en nuestro ordenamiento que, en apelación, nos abstendremos
de adjudicar cuestiones no planteadas ante el Tribunal de Primera
Instancia); Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355 (2008) (Es
norma vigente en nuestra jurisdicción que en apelación nos abstendremos
de adjudicar cuestiones no planteadas ante el tribunal de instancia);
Delgado, Ex Parte, 165 DPR 170 (2005); Dorante v. Wrangler of P.R., 145
DPR 408, 443 (1998); Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 DPR 340
(1990) (Así nos adherimos a la norma vigente de que en apelación nos
abstendremos
de
adjudicar
cuestiones no planteadas en
primera
instancia); Sánchez v. Eastern Air Lines, Inc., 114 DPR 691 (1983);
Santiago Cruz v. Hernández Andino, 91 DPR 709, 712 (1965). Por lo menos
esa era la norma hasta hoy. A no ser que en un futuro, el vaivén de la
marea requiera otro resultado cuando se escriba un nuevo capítulo de
esta Crónica.