LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Rodríguez Figueroa y otros v. Centro de Salud Mario Canales Torresola y otros

2017 TSPR 53

Poder Judicial de Puerto Rico

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Rodríguez Figueroa y otros v. Centro de Salud Mario Canales Torresola y otros

CC-2014-1081

Responsabilidad civil extracontractual: Alcance del límite de responsabilidad por acciones de impericia médica respecto a los Centros Médicos Académicos Regionales y los facultativos que en ellos laboran, conforme a la Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto Rico

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carmen Julia Rodríguez

Figueroa, et al.

Certiorari

Recurridos

2017 TSPR 53

v.

197 DPR ____

Centro de Salud Mario

Canales Torresola, et al.

Peticionario

Número del Caso: CC-2014-1081

Fecha: 12 de abril de 2017

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Caguas y Humacao

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. José O´Neill Font

Lcdo. Norberto Pagán Rivera

Abogados de las Partes Recurridas:

Lcdo. Carlos Agrelot Aponte

Lcda. Mayra Estrella Pérez-Valdivieso

Lcda. Ivelisse Iguina de la Rosa

Lcdo. Héctor Moreno Luna

Lcda. Laura Moreno Orama

Lcda. Coral Rivera Torres

Lcda. Nidia Teissonniere Rueda

Materia: Responsabilidad civil extracontractual: Alcance del

límite de responsabilidad por acciones de impericia médica

respecto a los Centros Médicos Académicos Regionales y los

facultativos que en ellos laboran, conforme a la Ley de los

Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto Rico.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carmen

Julia

Figueroa, et al.

Rodríguez

Recurridos

v.

Núm. CC-2014-1081

Centro

de

Salud

Mario

Canales Torresola, et al.

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2017

En

alcance

esta

del

ocasión

límite

nos

de

corresponde

responsabilidad

determinar

por

acciones

el

de

impericia médica que contempla el Artículo 7 de la Ley de

los Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto Rico,

Ley Núm. 136 de 27 de julio de 2006 (Ley Núm. 136 de

2006), 24 L.P.R.A. secs. 10031 et seq., según enmendada,

respecto a los Centros Médicos Académicos Regionales y

los facultativos que ejercen labores docentes en éstos.

Conviene,

pues,

repasar

someramente

los

hechos

pertinentes para dilucidar la controversia.

I

El

25

de

junio

de

2009,

el

Sr.

Javier

Santiago

Rodríguez acudió al Centro de Diagnóstico y Tratamiento

(CDT) de Jayuya. Allí indicó, entre otros particulares,

que sentía dolor en el cuerpo, náuseas y fiebre. Luego de

que se le suministraran una inyección y dos sueros para

hidratarlo, el señor Santiago Rodríguez fue dado de alta.

CC-2014-1081

2

Sin embargo, el 26 de junio de 2009, éste regresó al

CDT

en

cuestión,

alegando

sufrir

dolencias

similares.

Luego que se le realizara un examen de sangre, y dado que

éste

reflejó

un

bajo

contaje

de

plaquetas,

el

señor

Santiago Rodríguez fue referido al Saint Luke‟s Hospital

(u Hospital Episcopal San Lucas).1

Al llegar a dicha institución hospitalaria, el señor

Santiago López fue evaluado en la sala de emergencias y

admitido

al

cuidado

de

la

Dra.

Melanie

Albors

Mora

(peticionaria), quien procedió a realizar el diagnóstico

de rigor. Empero, el 28 de junio de 2009,

luego de haber

sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos del

hospital

en

cuestión,

el

señor

Santiago

Rodríguez

falleció.

Así las cosas, el 24 de junio de 2010, la madre del

difunto, sus hermanas y su expareja consensual -por sí y

en representación de los hijos que procreó con éste- (en

conjunto, las demandantes) presentaron una demanda ante

el Tribunal de Primera Instancia.2 Esencialmente, alegaron

que

tanto

la

doctora

Albors

Episcopal

San

Lucas,

entre

1

Mora,

otros

como

(en

el

Hospital

conjunto,

los

Conviene señalar en este momento que el Hospital

Episcopal San Lucas es parte de un consorcio con la

Escuela de Medicina de Ponce. Mediante éste, el hospital

provee un Programa de Residencia de Medicina Interna,

debidamente acreditado.

2

Nótese que las demandantes, posteriormente, enmendaron su

demanda en dos ocasiones. Estas enmiendas, sin embargo,

son impertinentes para la resolución de la controversia

que nos atañe.

CC-2014-1081

3

demandados),

fueron

negligentes

al

proveerle

servicios

médicos al difunto señor Santiago Rodríguez.

Los

demandados,

oportunamente

la

por

su

demanda.

parte,

En

lo

contestaron

pertinente

a

la

controversia que nos ocupa, la doctora Albors Mora alegó

que ejercía labores docentes en el Programa de Residencia

de Medicina Interna que proveía la Escuela de Medicina de

Ponce en el Hospital Episcopal San Lucas. Ello, en el

contexto del consorcio hecho entre ambas entidades, el

cual, a su vez, está comprendido dentro del Centro Médico

Académico Regional del Sur-Oeste. Por lo tanto, debido a

la

afiliación

del

consorcio

con

el

Centro

Médico

Académico Regional, negó su responsabilidad e invocó la

presunta inmunidad absoluta que consagra la Ley Núm. 136

de 2006, según enmendada.

Habida cuenta de lo anterior, el 13 de mayo de 2011,

el

Hospital

Episcopal

San

Lucas

presentó

una

solicitando

que

se

dictara

sentencia

sumaria,

fundamento

de

que

también

le

de

era

moción

bajo

el

aplicación

la

inmunidad que establece la referida ley. El 6 de junio de

2011, la doctora Albors Mora se unió a esta solicitud.

Luego

primario

de

varios

declaró

sin

trámites

procesales,

el

foro

lugar

referida

moción

de

la

sentencia sumaria. En síntesis, razonó que la inmunidad

consagrada en el artículo 7 de la Ley Núm. 136 de 2006

tuvo

el

efecto

de

imponerle

responsabilidad

de

los

límites

Centros

monetarios

Médicos

a

la

Académicos

CC-2014-1081

4

Regionales, así como a los facultativos que ejercieran

labores docentes en éstos, tal y como es el caso de la

doctora Albors Mora. Ello, según el razonamiento del foro

primario, no suponía una inmunidad absoluta, cuyo efecto

fuera la inexistencia de una causa de acción respecto al

hospital y la galena.

Inconforme, tanto el Hospital Episcopal San Lucas

como

la

doctora

certiorari

ante

Albors

el

Mora

Tribunal

presentaron

de

recursos

Apelaciones.

El

30

de

de

septiembre de 2014, sin embargo, dicho foro denegó la

expedición

de

los

recursos

en

cuestión.

Así,

la

peticionaria recurrió ante este Tribunal, arguyendo -en

esencia-

que

el

foro

apelativo

intermedio

erró

al

no

desestimar la demanda en su contra por la vía sumaria

cuando

a

ésta

le

cobijaba

la

inmunidad

absoluta

establecida por virtud de la Ley Núm. 136 de 2006 y la

Ley Núm. 103 de 27 de junio de 2011.

II

A

Mediante la aprobación de la Ley Núm. 136 de 2006,

la

Asamblea

Legislativa

creó

las

entidades

jurídicas

conocidas como los Centros Médicos Académicos Regionales

(CMAR). En esencia, éstos son un conjunto de “uno (1) o

más hospitales, facilidades de salud, grupos médicos y

programas de formación y entrenamiento de profesionales

de

la

salud

relacionadas

a

una

Escuela

de

Medicina

CC-2014-1081

5

acreditada, cuya misión es la educación, investigación y

provisión de servicios de salud”. 24 LPRA sec. 10031 (b).3

La creación de los CMAR tiene diversos propósitos.

En primer lugar, mediante éstos, se intenta fortalecer y

desarrollar un sistema integrado de salud pública. Ello,

con tal de crear un ambiente óptimo en el que se ofrezcan

y

brinden

servicios

de

salud

“costo

efectivo[s],

accesibles y de buena calidad a todas las personas por

igual,

sin

tener

en

cuenta

su

raza,

sexo,

creencias

religiosas y políticas”. 24 LPRA 10033. Por otro lado, se

utilizan para desarrollar programas de educación para los

profesionales

de

salud

que

no

cuentan

con

suficientes

espacios de internado y residencia -con los pacientes y

talleres clínicos necesarios- para rendir sus servicios y

proseguir

con

sus

prácticas.

Véase

Cámara

de

Representantes, Informe positivo sobre el P. del S. 985,

3ra Ses. Ord., 15va Asam. Leg. Así, se pretende evitar

poner en riesgo la acreditación de programas de educación

y adiestramiento existentes, al igual que el éxodo de

nuestros profesionales de salud. Véase Senado de Puerto

3

El Artículo 6 de la referida Ley le confiere a la Junta

de Directores de los CMAR la facultad de “[n]egociar y

contratar con las instituciones de salud que posean los

requisitos mínimos para pertenecer al Centro Médico

Académico Regional, a través de acuerdos de afiliación”.

24 LPRA sec. 10034 (3). Según comentamos, al amparo de

esta disposición, se estableció un consorcio entre el

Hospital Episcopal San Lucas y la Escuela de Medicina de

Ponce para proveer un Programa de Residencia de Medicina

Interna. Véase Apéndice XXII, pág. 334.

CC-2014-1081

6

Rico, Informe Positivo sobre el P. Del S. 985, 3ra Ses.

Ord., 15va Asam. Leg.

Cabe

destacar

que

los

CMAR,

funcionan

“como

entidades independientes sin fines de lucro y separadas

de cualquier otra agencia o instrumentalidad del Gobierno

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 24 LPRA sec.

10032. A su vez, éstos “tendrán personalidad jurídica,

separada

Libre

de

todo

Asociado

funcionario

del

de

Rico

Puerto

instrumentalidades,

Gobierno

y

sus

corporaciones

del

Estado

agencias,

públicas

y

subdivisiones”. Id.

B

En lo pertinente a la controversia que nos atañe, el

Artículo 7 de la Ley de los CMAR establece los límites de

responsabilidad

a

los

que

estarán

sujetos

los

“estudiantes, médicos en adiestramientos postgraduado y

miembros

de

facultad

de

los

mismos,

por

los

procedimientos médicos que se lleven a cabo en dichos

Centros en el ejercicio de sus funciones”. 24 LPRA sec.

10035.

En

extensiva

particular,

a

estos

la

Asamblea

individuos

las

Legislativa

hizo

limitaciones

de

responsabilidad que disfruta el Estado Libre Asociado de

Puerto Rico al amparo de la Ley de pleitos contra el

Estado,

32

LPRA

secs.

3077-3092a.

Así,

la

intención

legislativa se materializó mediante la imposición de una

limitación a la responsabilidad de “un máximo de setenta

y cinco mil dólares ($75,000) por los daños sufridos por

CC-2014-1081

una

7

persona

y

hasta

ciento

cincuenta

mil

dólares

($150,000) cuando los daños y perjuicios se le causaron a

más de una persona, o cuando sean varias las causas de

acción

a

que

tenga

derecho

un

solo

perjudicado.

No

obstante, se hizo constar, además, que se extenderían al

consorcio lo estipulado en el tercer párrafo de la sec.

4105 del Título 26”. 2006 LPR 878 (énfasis suplido).

Nótese que la última oración del precitado artículo

hace referencia al Artículo 41.050 del Código de Seguros

de

Puerto

Rico.

Al

momento

de

los

hechos,

el

tercer

párrafo del Artículo 41.050 disponía lo siguiente:

Ningún profesional de servicios de salud podrá

ser incluido como parte demandada en una acción

civil de reclamación de daños por culpa o

negligencia

por

impericia

profesional

(“malpractice”) que cause en el desempeño de su

profesión,

mientras

dicho

profesional

de

servicios de salud actúe en cumplimiento de sus

deberes y funciones como empleado del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias,

e instrumentalidades, El Centro Comprensivo de

Cáncer de la Universidad de Puerto Rico y

municipios o contratistas de éstos, mientras

actúe en cumplimiento de sus deberes y funciones

en las áreas de obstetricia, ortopedia, cirugía

general o trauma en una instalación médicohospitalaria

propiedad

del

Estado

Libre

Asociado, sus dependencias, instrumentalidades

y/o municipios, independientemente de si dicha

instalación está siendo administrada u operada

por una entidad privada. Ley Núm. 260 de 5 de

diciembre de 2006, 2006 LPRA 1371.

Según se desprende de éste, la Asamblea Legislativa optó

por conferir a ciertos profesionales de la salud, que se

desempeñaran como empleados de determinadas instituciones

-en

áreas

particulares

de

práctica-,

inmunidad

contra

CC-2014-1081

8

acciones de daños y perjuicios por impericia profesional

médico-hospitalaria.

Por ende, es evidente que el Artículo 7 de la Ley de

los CMAR

hizo

limitaciones

esclarecer

precisar

referencia a dos tipos muy distintos de

a

este

la

la

responsabilidad.

asunto,

distinción

en

primer

Por

tanto,

lugar,

fundamental

es

entre

para

necesario

el

término

„límite de responsabilidad‟ e „inmunidad‟.

La figura de la inmunidad -según se manifiesta en

este contexto- es conferida por la Asamblea Legislativa en

atención a consideraciones de política pública que rebasan

los límites de los actos u omisiones del individuo que la

disfruta.

Romero

Arroyo

v.

E.L.A.,

127

DPR

724,

745

(1991). En consideración al Artículo 41.050 del Código de

Seguros,

y

las

disposiciones

que

lo

precedieron,

hemos

comentado que la „inmunidad‟ “[n]o se trata [] de una

defensa

personal

del

médico

ante

reclamaciones

en

su

contra, sino de inexistencia de causa de acción”. Lind v.

Rodríguez, 112 DPR 67, 69 (1982). Véase, además, Rodríguez

Ruiz v. Hosp. San Jorge, 169 DPR 850 (2007); Flores Román

v. Ramos González, 127 DPR 601 (1990); Vázquez Negrón v.

E.L.A., 113 DPR 148 (1982); Vázquez v. E.L.A., 109 DPR 19

(1979). Por tanto, un individuo que disfrute de inmunidad

no puede ser objeto de un litigio, independientemente de

que

haya

negligente.

realizado

un

acto

u

omisión,

culposo

o

CC-2014-1081

De

9

otra

refiere

a

una

Legislativa

omisiones

parte,

a

un

„límite

limitación

las

o

responsabilidad‟

impuesta

cuantías

culposos

de

se

por

la

Asamblea

compensables

por

actos

por

ejemplo,

negligentes.

Véase,

u

Defendini Collazo et al. v. E.L.A., 134 DPR 28 (1993). En

la medida que un individuo no pueda ser incluido como

demandado

en

un

pleito,

inmunidad,

cualquier

al

límite

estar

a

la

cobijado

cuantía

a

por

una

recobrarse

sería inaplicable. La figura de la inmunidad, al ser más

abarcadora, absorbe la protección que confiere el límite a

la responsabilidad. Por ende, si bien ambas persiguen un

fin similar, las figuras son mutuamente excluyentes, en

tanto

la

aplicación

de

una

necesariamente

excluye

la

aplicación de la otra.

Por otro lado, es necesario puntualizar que el caso

ante nuestra consideración fue presentado en el año 2010 y

la normativa aplicable al caso es la vigente a esa fecha.

Empero,

resulta

pertinente

examinar

las

enmiendas

que

posteriormente sufrieron tanto el Artículo 7 de la Ley de

los CMAR como el Artículo 41.050 del Código de Seguros.

Ello,

pues,

mediante

el

estudio

de

este

desarrollo

legislativo, queda de manifiesto que el legislador reiteró

su intención original, a saber, extender la aplicación de

los

límites

de

responsabilidad

que

disfruta

el

Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, al amparo de la Ley de

pleitos contra el estado, a los estudiantes, médicos en

CC-2014-1081

10

adiestramiento

y

miembros

de

facultad

que

realicen

procedimientos médicos en los CMAR.

C

En

Seguros

específico,

ha

el

Artículo

41.050

del

sufrido

innumerables

enmiendas.

pertinente,

el

de

2011,

Legislativa

enmendó,

27

junio

tanto

de

esta

Código

de

4

lo

la

disposición

En

Asamblea

como

el

Artículo 7 de la Ley de los CMAR, mediante la aprobación

de

la

Ley

Núm.

103

y

la

Ley

Núm.

104.

Resulta

imprescindible destacar que, en la exposición de motivos

de la Ley Núm. 103, la Asamblea Legislativa hizo constar

que

[l]a

creación

de

estos

Centros

[Médicos

Académicos

Regionales]

y

el

éxito

en

el

funcionamiento de los mismos dependerá en gran

medida de que se les extienda a estos Centros

los

límites

de

responsabilidad

civil

por

impericia

profesional

médico-hospitalaria

(“malpractice”), a que está sujeto el Gobierno

de Puerto Rico. Aunque la ley que creó los

Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto

Rico provee para que éstos estén cubiertos por

los límites por los que responde el Estado en

casos

de

demandas

por

impericia

médicohospitalaria, existe duda sobre el alcance de

dicha inmunidad en cuanto a los facultativos y

estudiantes que en ellos laboran. Es por ello

que esta Asamblea Legislativa entiende necesario

aclarar que quienes están sujetos a los límites

que le aplican al Estado, además de los propios

Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto

Rico,

son

los

estudiantes,

residentes

y

profesionales de salud que en ellos laboren

mientras se encuentren ejerciendo funciones

docentes. Además, es menester aclarar que la

intención

legislativa

es

extender

a

estos

centros y a los estudiantes, residentes y

profesionales de la salud en funciones docentes

4

Véase Rodríguez Ruiz v. Hospital San Jorge, 169 DPR 850,

861-871 (2007).

CC-2014-1081

11

los límites del Estado en casos de demandas por

actos de impericia médico hospitalaria tal y

como se extendieron dichos a la Universidad de

Puerto Rico . . . No se trata, pues, de incluir

a los Centros Médicos Académicos Regionales como

una de las entidades por las cuales responde el

Estado al amparo de la Ley Núm. 104 de 29 de

junio de 1955, según enmendada. Exposición de

Motivos, Ley Núm. 103 de 2011.

Así, queda de manifiesto que el legislador identificó un

problema de interpretación que surgía del mismo texto de

la

ley.

Por

tanto,

optó

por

aclarar

esta

disputa.

Entiéndase, no cambió la garantía conferida, meramente

esclareció su extensión.

A esos efectos, la Ley Núm. 103 de 2011 alteró el

lenguaje de la última oración del Artículo 7 de la Ley de

los CMAR para que lea como sigue: “Además, se extenderá

al consorcio lo estipulado en el quinto párrafo de la

sec. 4105 del Título 26”. 24 LPRA sec. 10035 (énfasis

suplido). Por otro lado, destacamos que -al enmendarseel

Artículo

41.050

del

Código

de

Seguros

sufrió

una

alteración en cuanto al orden de sus párrafos. A saber:

introdujo un nuevo cuarto párrafo, alterando así el orden

de los próximos cuatro (4) párrafos, y por último se

añadió un octavo párrafo.

Ahora bien, aclaramos que, ese mismo día, se aprobó

la

Ley

Núm.

104

de

2011

que

enmendó

nuevamente

el

Artículo 41.050 del Código de Seguros. Así, se alteró

nuevamente

octavo,

el

orden

añadido

del

mediante

artículo

la

Ley

para

Núm.

que

103

el

de

párrafo

2011,

CC-2014-1081

figurara

12

como

el

párrafo

quinto.

Éste

leyó,

en

lo

pertinente, como sigue:

Se aplicarán los límites de responsabilidad que

la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según

enmendada, impone al Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, en similares circunstancias, en los

siguientes escenarios:

. . . .

(vii) A los Centros Médicos Académicos

Regionales de Puerto Rico, sus estudiantes y

miembros de facultad cuando recaiga sentencia

por actos constitutivos de impericia médica

hospitalaria (“malpractice”) cometida por sus

estudiantes y miembros de su facultad en el

desempeño de sus funciones docentes [. . .].5

De

esta

forma,

el

legislador

logró

alinear

sus

expresiones en torno a la limitación monetaria que fija

el Artículo 7 de la Ley de los CMAR, con una limitación

monetaria idéntica que fue añadida con suma especificidad

al Código de Seguros.

III

Según reseñamos, el señor Santiago Rodríguez acudió

al

Hospital

asistencia

parte

5

de

Episcopal

médica.

un

San

Dicha

consorcio

Lucas

con

institución

con

la

Escuela

tal

de

recibir

hospitalaria

de

Medicina

era

de

Cabe destacar que el Artículo 41.050 del Código de

Seguros fue enmendado posteriormente mediante la Ley Núm.

278 de 29 de septiembre de 2012, la Ley Núm. 101 de 13 de

agosto de 2013 y la Ley Núm. 150 de 10 de diciembre de

2013. Consecuentemente, en la actualidad, el orden de los

párrafos quedó nuevamente alterado. Por tanto, el quinto

párrafo fijado mediante la Ley Núm. 104-2011, es ahora el

octavo

párrafo.

Desafortunadamente,

la

Asamblea

Legislativa no enmendó el Artículo 7 de la Ley de los

CMAR para conformar la referencia que éste hace al

Artículo 41.050. No obstante, tras examinar las enmiendas

en cuestión, consideramos que tal proceder no respondió a

una intención del legislador de alterar los límites de

responsabilidad fijados.

CC-2014-1081

13

Ponce, al amparo de la Ley de los CMAR. Lamentablemente,

el señor Santiago Rodríguez falleció luego de haber sido

trasladado a la unidad de cuidados intensivos de este

Hospital.

Tras instarse el pleito, tanto el Hospital como la

doctora Albors Mora solicitaron la desestimación sumaria

de la demanda en su contra al interpretar que, conforme

al Artículo 7 de la Ley de los CMAR y la Ley Núm. 103 de

2011, estaban cobijados por una „inmunidad absoluta‟ que

impedía que fueran demandados. El tribunal de instancia

denegó esta solicitud debido a que concluyó que a las

partes sólo le aplicaba un límite monetario a la cuantía

por indemnización que, en su día, podría ser impuesta.

Inconformes, las partes demandadas acudieron en revisión

al Tribunal de Apelaciones, foro que se negó a expedir el

recurso de certiorari presentado por ésta.

Ante este Tribunal, la doctora Albors Mora arguye

que el análisis de la disposición en cuestión no puede

limitarse a una lectura literal. Así, pues, plantea que

la intención del legislador fue equiparar a los CMAR con

la inmunidad que le fue conferida a la Universidad de

Puerto Rico y sus facultativos, mediante la aprobación de

la Ley Núm. 98 de 24 de agosto de 1994, según enmendada. 6

6

Ciertamente, según citamos, la exposición de motivos de

la Ley Núm. 103 de 2011 hace referencia a la Ley Núm. 98

de 24 de agosto de 1994. A su vez, tal y como plantea la

peticionaria,

la

Ley

Núm.

98

confiere

a

ciertos

facultativos que laboran para la Universidad de Puerto

Rico una inmunidad -en ciertas circunstancias- y sujeta a

CC-2014-1081

14

Por tanto, en síntesis, concluye que le debe cobijar una

inmunidad total y absoluta.

En

innumerables

interpretar

una

ocasiones

disposición

hemos

expresado

legislativa

que

al

tenemos

el

propósito de hacer cumplir la intención del legislador.

Véase, Zayas Rodríguez v. P.R.T.C., 2016 TSPR 118, 195

DPR ___, en la pág. 16. Así, al efectuar el ejercicio

interpretativo debemos atribuirle a la legislación “un

sentido

que

asegure

el

resultado

que

originalmente

se

quiso obtener”. Méndez Pabón v. Méndez Martínez, 151 DPR

853, 858-859 (2000); Chase Manhattan Bank v. Mun. De San

Juan,

126

DPR

759,

766

(1990).

Ciertamente,

nuestra

función no es irrestricta, pues el Artículo 14 del Código

Civil de Puerto Rico dispone que “[c]uando la ley es

clara [y] libre de toda ambigüedad, la letra de ella no

debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir con su

espíritu”. 31 LPRA sec. 14.

Ahora bien, tenemos la responsabilidad de armonizar,

en

la

medida

posible,

todas

las

disposiciones

de

una

la institución a los límites monetarios fijados en la Ley

de pleitos contra el Estado. Ahora bien, estimamos que hay

una distinción fundamental entre la protección que el

legislador abrogó a la Universidad, por ser ésta una

entidad pública, y aquella que optó por conferirle a los

CMAR.

Según

reseñamos

anteriormente,

los

CMAR

son

entidades sin fines de lucro totalmente separadas del

Estado. Por tanto, en consideración a ello y analizando el

lenguaje de los precitados artículos, no encontramos razón

para no validar la intención del legislador de dar un

tratamiento distinto a los CMAR en lo que respecta a los

límites de responsabilidad aplicables.

CC-2014-1081

pieza

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legislativa

a

ser

interpretada.

De

esta

forma,

buscamos un resultado lógico y razonable que encarne la

intención

del

legislador.

Véase

Pueblo

v.

Zayas

Rodríguez, 147 DPR 530 (1999).

Conforme la discusión precedente, reconocemos que la

referencia que hacía el Artículo 7 de la Ley de los CMAR

al Artículo 41.050 del Código de Seguros podría poner en

duda cuál era la protección aplicable a los CMAR, los

estudiantes,

facultad

los

que

ahí

médicos

se

practicantes

desempeñaran

en

y

miembros

caso

de

de

que

incurrieran en impericia médico-hospitalaria. Ello, pues,

aunque el texto del Artículo 7 expresamente disponía una

limitación monetaria, al hacerles extensivo el lenguaje

del tercer párrafo del Artículo 41.050, referente a la

inmunidad, era posible razonar que a éstos les cobijaba

una inmunidad absoluta.

No obstante, es nuestro criterio que la intención

legislativa tras la redacción del Artículo 7 de la Ley

Núm. 136 de 2006 fue establecer

referidos

límites

inmunidad.

Así

de

la aplicación

responsabilidad,

concluimos

pues,

en

no

primer

de

de los

abrogar

lugar,

el

„límite de responsabilidad‟ y la inmunidad son figuras

jurídicas

mutuamente

excluyentes.

Por

tanto,

resulta

incongruente interpretar que la intención original del

legislador fue pretender aplicarlas de forma simultánea.

De otra parte, reconocemos que el lenguaje consagrado en

el

tercer

párrafo

del

Artículo

41.050

del

Código

de

CC-2014-1081

Seguros

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atiende

de

manera

muy

particular

las

instituciones, individuos y circunstancias en que será

aplicable la referida inmunidad. Somos del criterio que,

pretender sobreponer la inmunidad a los CMAR, a pesar de

que a éstos no se les incluyó en el Artículo 41.050,

sería contrario al mandato legislativo que se materializó

en el Artículo 7 de la Ley de los CMAR al fijar los

límites de responsabilidad.

Por último, según reseñamos, el posterior desarrollo

legislativo

de

manifiesto

que

los

el

precitados

legislador

artículos

optó

por

pone

de

reiterar

su

intención original. Particularmente, tras la aprobación

de la Ley Núm. 103-2011, se disipó cualquier confusión

respecto a la protección aplicable y al uso impreciso de

la

Asamblea

„límite

de

Legislativa

de

los

responsabilidad‟.

términos

En

fin,

„inmunidad‟

quedó

y

totalmente

claro; tanto los CMAR, los estudiantes y miembros de la

facultad,

en

hospitalaria,

casos

no

constitutivos

les

cobija

de

una

impericia

„inmunidad‟,

médicosino

un

límite monetario a las cuantías que se le podría imponer.

Por

consiguiente,

individuos

pueden

aclaramos

ser

que

incluidos

en

estas

una

entidades

demanda

e

sobre

impericia médico-hospitalaria.

El resultado al que hoy llegamos es el correcto. Nos

encontramos sumamente preocupados con la posibilidad de

que

una

artículos

interpretación

haya

llevado

equivocada

a

los

de

los

consorcios,

referidos

creados

al

CC-2014-1081

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amparo de la Ley de los CMAR, a establecer relaciones

contractuales insuficientes con los estudiantes, médicos

practicantes y miembros de la facultad. A saber, que se

haya partido de la premisa errada de que la institución y

estos individuos disfrutaban de una inmunidad que hacía

innecesaria

la

adquisición

financiera

para

enfrentar

de

seguros

o

reclamaciones

planificación

por

impericia

médico-hospitalaria. No obstante, no nos corresponde a

nosotros

establecer

o

modificar

la

política

pública

respecto a la protección conferida a los Centros Médicos

Académicos Regionales; dicha prerrogativa le corresponde

a las ramas políticas del gobierno.

De conformidad con lo anterior, concluimos que el

Tribunal de Apelaciones no erró al denegar la expedición

del

recurso

de

certiorari

presentado

por

la

doctora

Albors Mora. Así, pues, se confirma la determinación del

Tribunal de Primera Instancia y se devuelve el caso al

foro primario para la continuación de los procedimientos

de conformidad con lo aquí expuesto.

Se dictará sentencia de conformidad.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carmen

Julia

Figueroa, et al.

Rodríguez

Recurridos

v.

Núm. CC-2014-1081

Centro

de

Salud

Mario

Canales Torresola, et al.

Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2017

Por los fundamentos que anteceden, concluimos que el

Tribunal de Apelaciones no erró al denegar la expedición

del recurso de certiorari presentado por la doctora Albors

Mora. Así, pues, se confirma la determinación del Tribunal

de Primera Instancia y se devuelve el caso al foro primario

para la continuación de los procedimientos de conformidad

con lo aquí expuesto.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco

concurre y hace constar la siguiente expresión:

“La Jueza Asociada señora Pabón Charneco

concurre con la Opinión que antecede. No

obstante, debo señalar que las numerosas y

frecuentes enmiendas que ha sufrido el

Artículo 41.050 de la Ley Núm. 77 de 19 de

junio de 1957, según emendada, conocida como

Código de Seguros de Puerto Rico, 26

L.P.R.A. Sec. 4105, hacen necesario que la

Asamblea Legislativa reexamine su contenido

de forma abarcadora y no fragmentada. Esto,

para que se exprese clara e inequívocamente

la política pública del Estado con relación

a

la

inmunidad

o

los

límites

de

responsabilidad

que

le

aplican

a

los

profesionales de la salud – en especial, a

los

estudiantes

y

residentes

de

las

instituciones

médico-hospitalarias públicas

y privadas – ante las implicaciones que

pueda tener en la contratación de los

profesionales de la salud afectados por

dicha disposición y en la salud y causas de

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acción de los puertorriqueños atendidos por

estos”.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo