Tribunal Supremo de Puerto Rico
Rodríguez Figueroa y otros v. Centro de Salud Mario Canales Torresola y otros
2017 TSPR 53
Poder Judicial de Puerto Rico
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Rodríguez Figueroa y otros v. Centro de Salud Mario Canales Torresola y otros
CC-2014-1081
Responsabilidad civil extracontractual: Alcance del límite de responsabilidad por acciones de impericia médica respecto a los Centros Médicos Académicos Regionales y los facultativos que en ellos laboran, conforme a la Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto Rico
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen Julia Rodríguez
Figueroa, et al.
Certiorari
Recurridos
2017 TSPR 53
v.
197 DPR ____
Centro de Salud Mario
Canales Torresola, et al.
Peticionario
Número del Caso: CC-2014-1081
Fecha: 12 de abril de 2017
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Caguas y Humacao
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. José O´Neill Font
Lcdo. Norberto Pagán Rivera
Abogados de las Partes Recurridas:
Lcdo. Carlos Agrelot Aponte
Lcda. Mayra Estrella Pérez-Valdivieso
Lcda. Ivelisse Iguina de la Rosa
Lcdo. Héctor Moreno Luna
Lcda. Laura Moreno Orama
Lcda. Coral Rivera Torres
Lcda. Nidia Teissonniere Rueda
Materia: Responsabilidad civil extracontractual: Alcance del
límite de responsabilidad por acciones de impericia médica
respecto a los Centros Médicos Académicos Regionales y los
facultativos que en ellos laboran, conforme a la Ley de los
Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto Rico.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen
Julia
Figueroa, et al.
Rodríguez
Recurridos
v.
Núm. CC-2014-1081
Centro
de
Salud
Mario
Canales Torresola, et al.
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2017
En
alcance
esta
del
ocasión
límite
nos
de
corresponde
responsabilidad
determinar
por
acciones
el
de
impericia médica que contempla el Artículo 7 de la Ley de
los Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto Rico,
Ley Núm. 136 de 27 de julio de 2006 (Ley Núm. 136 de
2006), 24 L.P.R.A. secs. 10031 et seq., según enmendada,
respecto a los Centros Médicos Académicos Regionales y
los facultativos que ejercen labores docentes en éstos.
Conviene,
pues,
repasar
someramente
los
hechos
pertinentes para dilucidar la controversia.
I
El
25
de
junio
de
2009,
el
Sr.
Javier
Santiago
Rodríguez acudió al Centro de Diagnóstico y Tratamiento
(CDT) de Jayuya. Allí indicó, entre otros particulares,
que sentía dolor en el cuerpo, náuseas y fiebre. Luego de
que se le suministraran una inyección y dos sueros para
hidratarlo, el señor Santiago Rodríguez fue dado de alta.
CC-2014-1081
2
Sin embargo, el 26 de junio de 2009, éste regresó al
CDT
en
cuestión,
alegando
sufrir
dolencias
similares.
Luego que se le realizara un examen de sangre, y dado que
éste
reflejó
un
bajo
contaje
de
plaquetas,
el
señor
Santiago Rodríguez fue referido al Saint Luke‟s Hospital
(u Hospital Episcopal San Lucas).1
Al llegar a dicha institución hospitalaria, el señor
Santiago López fue evaluado en la sala de emergencias y
admitido
al
cuidado
de
la
Dra.
Melanie
Albors
Mora
(peticionaria), quien procedió a realizar el diagnóstico
de rigor. Empero, el 28 de junio de 2009,
luego de haber
sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos del
hospital
en
cuestión,
el
señor
Santiago
Rodríguez
falleció.
Así las cosas, el 24 de junio de 2010, la madre del
difunto, sus hermanas y su expareja consensual -por sí y
en representación de los hijos que procreó con éste- (en
conjunto, las demandantes) presentaron una demanda ante
el Tribunal de Primera Instancia.2 Esencialmente, alegaron
que
tanto
la
doctora
Albors
Episcopal
San
Lucas,
entre
1
Mora,
otros
como
(en
el
Hospital
conjunto,
los
Conviene señalar en este momento que el Hospital
Episcopal San Lucas es parte de un consorcio con la
Escuela de Medicina de Ponce. Mediante éste, el hospital
provee un Programa de Residencia de Medicina Interna,
debidamente acreditado.
2
Nótese que las demandantes, posteriormente, enmendaron su
demanda en dos ocasiones. Estas enmiendas, sin embargo,
son impertinentes para la resolución de la controversia
que nos atañe.
CC-2014-1081
3
demandados),
fueron
negligentes
al
proveerle
servicios
médicos al difunto señor Santiago Rodríguez.
Los
demandados,
oportunamente
la
por
su
demanda.
parte,
En
lo
contestaron
pertinente
a
la
controversia que nos ocupa, la doctora Albors Mora alegó
que ejercía labores docentes en el Programa de Residencia
de Medicina Interna que proveía la Escuela de Medicina de
Ponce en el Hospital Episcopal San Lucas. Ello, en el
contexto del consorcio hecho entre ambas entidades, el
cual, a su vez, está comprendido dentro del Centro Médico
Académico Regional del Sur-Oeste. Por lo tanto, debido a
la
afiliación
del
consorcio
con
el
Centro
Médico
Académico Regional, negó su responsabilidad e invocó la
presunta inmunidad absoluta que consagra la Ley Núm. 136
de 2006, según enmendada.
Habida cuenta de lo anterior, el 13 de mayo de 2011,
el
Hospital
Episcopal
San
Lucas
presentó
una
solicitando
que
se
dictara
sentencia
sumaria,
fundamento
de
que
también
le
de
era
moción
bajo
el
aplicación
la
inmunidad que establece la referida ley. El 6 de junio de
2011, la doctora Albors Mora se unió a esta solicitud.
Luego
primario
de
varios
declaró
sin
trámites
procesales,
el
foro
lugar
referida
moción
de
la
sentencia sumaria. En síntesis, razonó que la inmunidad
consagrada en el artículo 7 de la Ley Núm. 136 de 2006
tuvo
el
efecto
de
imponerle
responsabilidad
de
los
límites
Centros
monetarios
Médicos
a
la
Académicos
CC-2014-1081
4
Regionales, así como a los facultativos que ejercieran
labores docentes en éstos, tal y como es el caso de la
doctora Albors Mora. Ello, según el razonamiento del foro
primario, no suponía una inmunidad absoluta, cuyo efecto
fuera la inexistencia de una causa de acción respecto al
hospital y la galena.
Inconforme, tanto el Hospital Episcopal San Lucas
como
la
doctora
certiorari
ante
Albors
el
Mora
Tribunal
presentaron
de
recursos
Apelaciones.
El
30
de
de
septiembre de 2014, sin embargo, dicho foro denegó la
expedición
de
los
recursos
en
cuestión.
Así,
la
peticionaria recurrió ante este Tribunal, arguyendo -en
esencia-
que
el
foro
apelativo
intermedio
erró
al
no
desestimar la demanda en su contra por la vía sumaria
cuando
a
ésta
le
cobijaba
la
inmunidad
absoluta
establecida por virtud de la Ley Núm. 136 de 2006 y la
Ley Núm. 103 de 27 de junio de 2011.
II
A
Mediante la aprobación de la Ley Núm. 136 de 2006,
la
Asamblea
Legislativa
creó
las
entidades
jurídicas
conocidas como los Centros Médicos Académicos Regionales
(CMAR). En esencia, éstos son un conjunto de “uno (1) o
más hospitales, facilidades de salud, grupos médicos y
programas de formación y entrenamiento de profesionales
de
la
salud
relacionadas
a
una
Escuela
de
Medicina
CC-2014-1081
5
acreditada, cuya misión es la educación, investigación y
provisión de servicios de salud”. 24 LPRA sec. 10031 (b).3
La creación de los CMAR tiene diversos propósitos.
En primer lugar, mediante éstos, se intenta fortalecer y
desarrollar un sistema integrado de salud pública. Ello,
con tal de crear un ambiente óptimo en el que se ofrezcan
y
brinden
servicios
de
salud
“costo
efectivo[s],
accesibles y de buena calidad a todas las personas por
igual,
sin
tener
en
cuenta
su
raza,
sexo,
creencias
religiosas y políticas”. 24 LPRA 10033. Por otro lado, se
utilizan para desarrollar programas de educación para los
profesionales
de
salud
que
no
cuentan
con
suficientes
espacios de internado y residencia -con los pacientes y
talleres clínicos necesarios- para rendir sus servicios y
proseguir
con
sus
prácticas.
Véase
Cámara
de
Representantes, Informe positivo sobre el P. del S. 985,
3ra Ses. Ord., 15va Asam. Leg. Así, se pretende evitar
poner en riesgo la acreditación de programas de educación
y adiestramiento existentes, al igual que el éxodo de
nuestros profesionales de salud. Véase Senado de Puerto
3
El Artículo 6 de la referida Ley le confiere a la Junta
de Directores de los CMAR la facultad de “[n]egociar y
contratar con las instituciones de salud que posean los
requisitos mínimos para pertenecer al Centro Médico
Académico Regional, a través de acuerdos de afiliación”.
24 LPRA sec. 10034 (3). Según comentamos, al amparo de
esta disposición, se estableció un consorcio entre el
Hospital Episcopal San Lucas y la Escuela de Medicina de
Ponce para proveer un Programa de Residencia de Medicina
Interna. Véase Apéndice XXII, pág. 334.
CC-2014-1081
6
Rico, Informe Positivo sobre el P. Del S. 985, 3ra Ses.
Ord., 15va Asam. Leg.
Cabe
destacar
que
los
CMAR,
funcionan
“como
entidades independientes sin fines de lucro y separadas
de cualquier otra agencia o instrumentalidad del Gobierno
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 24 LPRA sec.
10032. A su vez, éstos “tendrán personalidad jurídica,
separada
Libre
de
todo
Asociado
funcionario
del
de
Rico
Puerto
instrumentalidades,
Gobierno
y
sus
corporaciones
del
Estado
agencias,
públicas
y
subdivisiones”. Id.
B
En lo pertinente a la controversia que nos atañe, el
Artículo 7 de la Ley de los CMAR establece los límites de
responsabilidad
a
los
que
estarán
sujetos
los
“estudiantes, médicos en adiestramientos postgraduado y
miembros
de
facultad
de
los
mismos,
por
los
procedimientos médicos que se lleven a cabo en dichos
Centros en el ejercicio de sus funciones”. 24 LPRA sec.
10035.
En
extensiva
particular,
a
estos
la
Asamblea
individuos
las
Legislativa
hizo
limitaciones
de
responsabilidad que disfruta el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico al amparo de la Ley de pleitos contra el
Estado,
32
LPRA
secs.
3077-3092a.
Así,
la
intención
legislativa se materializó mediante la imposición de una
limitación a la responsabilidad de “un máximo de setenta
y cinco mil dólares ($75,000) por los daños sufridos por
CC-2014-1081
una
7
persona
y
hasta
ciento
cincuenta
mil
dólares
($150,000) cuando los daños y perjuicios se le causaron a
más de una persona, o cuando sean varias las causas de
acción
a
que
tenga
derecho
un
solo
perjudicado.
No
obstante, se hizo constar, además, que se extenderían al
consorcio lo estipulado en el tercer párrafo de la sec.
4105 del Título 26”. 2006 LPR 878 (énfasis suplido).
Nótese que la última oración del precitado artículo
hace referencia al Artículo 41.050 del Código de Seguros
de
Puerto
Rico.
Al
momento
de
los
hechos,
el
tercer
párrafo del Artículo 41.050 disponía lo siguiente:
Ningún profesional de servicios de salud podrá
ser incluido como parte demandada en una acción
civil de reclamación de daños por culpa o
negligencia
por
impericia
profesional
(“malpractice”) que cause en el desempeño de su
profesión,
mientras
dicho
profesional
de
servicios de salud actúe en cumplimiento de sus
deberes y funciones como empleado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias,
e instrumentalidades, El Centro Comprensivo de
Cáncer de la Universidad de Puerto Rico y
municipios o contratistas de éstos, mientras
actúe en cumplimiento de sus deberes y funciones
en las áreas de obstetricia, ortopedia, cirugía
general o trauma en una instalación médicohospitalaria
propiedad
del
Estado
Libre
Asociado, sus dependencias, instrumentalidades
y/o municipios, independientemente de si dicha
instalación está siendo administrada u operada
por una entidad privada. Ley Núm. 260 de 5 de
diciembre de 2006, 2006 LPRA 1371.
Según se desprende de éste, la Asamblea Legislativa optó
por conferir a ciertos profesionales de la salud, que se
desempeñaran como empleados de determinadas instituciones
-en
áreas
particulares
de
práctica-,
inmunidad
contra
CC-2014-1081
8
acciones de daños y perjuicios por impericia profesional
médico-hospitalaria.
Por ende, es evidente que el Artículo 7 de la Ley de
los CMAR
hizo
limitaciones
esclarecer
precisar
referencia a dos tipos muy distintos de
a
este
la
la
responsabilidad.
asunto,
distinción
en
primer
Por
tanto,
lugar,
fundamental
es
entre
para
necesario
el
término
„límite de responsabilidad‟ e „inmunidad‟.
La figura de la inmunidad -según se manifiesta en
este contexto- es conferida por la Asamblea Legislativa en
atención a consideraciones de política pública que rebasan
los límites de los actos u omisiones del individuo que la
disfruta.
Romero
Arroyo
v.
E.L.A.,
127
DPR
724,
745
(1991). En consideración al Artículo 41.050 del Código de
Seguros,
y
las
disposiciones
que
lo
precedieron,
hemos
comentado que la „inmunidad‟ “[n]o se trata [] de una
defensa
personal
del
médico
ante
reclamaciones
en
su
contra, sino de inexistencia de causa de acción”. Lind v.
Rodríguez, 112 DPR 67, 69 (1982). Véase, además, Rodríguez
Ruiz v. Hosp. San Jorge, 169 DPR 850 (2007); Flores Román
v. Ramos González, 127 DPR 601 (1990); Vázquez Negrón v.
E.L.A., 113 DPR 148 (1982); Vázquez v. E.L.A., 109 DPR 19
(1979). Por tanto, un individuo que disfrute de inmunidad
no puede ser objeto de un litigio, independientemente de
que
haya
negligente.
realizado
un
acto
u
omisión,
culposo
o
CC-2014-1081
De
9
otra
refiere
a
una
Legislativa
omisiones
parte,
a
un
„límite
limitación
las
o
responsabilidad‟
impuesta
cuantías
culposos
de
se
por
la
Asamblea
compensables
por
actos
por
ejemplo,
negligentes.
Véase,
u
Defendini Collazo et al. v. E.L.A., 134 DPR 28 (1993). En
la medida que un individuo no pueda ser incluido como
demandado
en
un
pleito,
inmunidad,
cualquier
al
límite
estar
a
la
cobijado
cuantía
a
por
una
recobrarse
sería inaplicable. La figura de la inmunidad, al ser más
abarcadora, absorbe la protección que confiere el límite a
la responsabilidad. Por ende, si bien ambas persiguen un
fin similar, las figuras son mutuamente excluyentes, en
tanto
la
aplicación
de
una
necesariamente
excluye
la
aplicación de la otra.
Por otro lado, es necesario puntualizar que el caso
ante nuestra consideración fue presentado en el año 2010 y
la normativa aplicable al caso es la vigente a esa fecha.
Empero,
resulta
pertinente
examinar
las
enmiendas
que
posteriormente sufrieron tanto el Artículo 7 de la Ley de
los CMAR como el Artículo 41.050 del Código de Seguros.
Ello,
pues,
mediante
el
estudio
de
este
desarrollo
legislativo, queda de manifiesto que el legislador reiteró
su intención original, a saber, extender la aplicación de
los
límites
de
responsabilidad
que
disfruta
el
Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, al amparo de la Ley de
pleitos contra el estado, a los estudiantes, médicos en
CC-2014-1081
10
adiestramiento
y
miembros
de
facultad
que
realicen
procedimientos médicos en los CMAR.
C
En
Seguros
específico,
ha
el
Artículo
41.050
del
sufrido
innumerables
enmiendas.
pertinente,
el
de
2011,
Legislativa
enmendó,
27
junio
tanto
de
esta
Código
de
4
lo
la
disposición
En
Asamblea
como
el
Artículo 7 de la Ley de los CMAR, mediante la aprobación
de
la
Ley
Núm.
103
y
la
Ley
Núm.
104.
Resulta
imprescindible destacar que, en la exposición de motivos
de la Ley Núm. 103, la Asamblea Legislativa hizo constar
que
[l]a
creación
de
estos
Centros
[Médicos
Académicos
Regionales]
y
el
éxito
en
el
funcionamiento de los mismos dependerá en gran
medida de que se les extienda a estos Centros
los
límites
de
responsabilidad
civil
por
impericia
profesional
médico-hospitalaria
(“malpractice”), a que está sujeto el Gobierno
de Puerto Rico. Aunque la ley que creó los
Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto
Rico provee para que éstos estén cubiertos por
los límites por los que responde el Estado en
casos
de
demandas
por
impericia
médicohospitalaria, existe duda sobre el alcance de
dicha inmunidad en cuanto a los facultativos y
estudiantes que en ellos laboran. Es por ello
que esta Asamblea Legislativa entiende necesario
aclarar que quienes están sujetos a los límites
que le aplican al Estado, además de los propios
Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto
Rico,
son
los
estudiantes,
residentes
y
profesionales de salud que en ellos laboren
mientras se encuentren ejerciendo funciones
docentes. Además, es menester aclarar que la
intención
legislativa
es
extender
a
estos
centros y a los estudiantes, residentes y
profesionales de la salud en funciones docentes
4
Véase Rodríguez Ruiz v. Hospital San Jorge, 169 DPR 850,
861-871 (2007).
CC-2014-1081
11
los límites del Estado en casos de demandas por
actos de impericia médico hospitalaria tal y
como se extendieron dichos a la Universidad de
Puerto Rico . . . No se trata, pues, de incluir
a los Centros Médicos Académicos Regionales como
una de las entidades por las cuales responde el
Estado al amparo de la Ley Núm. 104 de 29 de
junio de 1955, según enmendada. Exposición de
Motivos, Ley Núm. 103 de 2011.
Así, queda de manifiesto que el legislador identificó un
problema de interpretación que surgía del mismo texto de
la
ley.
Por
tanto,
optó
por
aclarar
esta
disputa.
Entiéndase, no cambió la garantía conferida, meramente
esclareció su extensión.
A esos efectos, la Ley Núm. 103 de 2011 alteró el
lenguaje de la última oración del Artículo 7 de la Ley de
los CMAR para que lea como sigue: “Además, se extenderá
al consorcio lo estipulado en el quinto párrafo de la
sec. 4105 del Título 26”. 24 LPRA sec. 10035 (énfasis
suplido). Por otro lado, destacamos que -al enmendarseel
Artículo
41.050
del
Código
de
Seguros
sufrió
una
alteración en cuanto al orden de sus párrafos. A saber:
introdujo un nuevo cuarto párrafo, alterando así el orden
de los próximos cuatro (4) párrafos, y por último se
añadió un octavo párrafo.
Ahora bien, aclaramos que, ese mismo día, se aprobó
la
Ley
Núm.
104
de
2011
que
enmendó
nuevamente
el
Artículo 41.050 del Código de Seguros. Así, se alteró
nuevamente
octavo,
el
orden
añadido
del
mediante
artículo
la
Ley
para
Núm.
que
103
el
de
párrafo
2011,
CC-2014-1081
figurara
12
como
el
párrafo
quinto.
Éste
leyó,
en
lo
pertinente, como sigue:
Se aplicarán los límites de responsabilidad que
la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según
enmendada, impone al Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, en similares circunstancias, en los
siguientes escenarios:
. . . .
(vii) A los Centros Médicos Académicos
Regionales de Puerto Rico, sus estudiantes y
miembros de facultad cuando recaiga sentencia
por actos constitutivos de impericia médica
hospitalaria (“malpractice”) cometida por sus
estudiantes y miembros de su facultad en el
desempeño de sus funciones docentes [. . .].5
De
esta
forma,
el
legislador
logró
alinear
sus
expresiones en torno a la limitación monetaria que fija
el Artículo 7 de la Ley de los CMAR, con una limitación
monetaria idéntica que fue añadida con suma especificidad
al Código de Seguros.
III
Según reseñamos, el señor Santiago Rodríguez acudió
al
Hospital
asistencia
parte
5
de
Episcopal
médica.
un
San
Dicha
consorcio
Lucas
con
institución
con
la
Escuela
tal
de
recibir
hospitalaria
de
Medicina
era
de
Cabe destacar que el Artículo 41.050 del Código de
Seguros fue enmendado posteriormente mediante la Ley Núm.
278 de 29 de septiembre de 2012, la Ley Núm. 101 de 13 de
agosto de 2013 y la Ley Núm. 150 de 10 de diciembre de
2013. Consecuentemente, en la actualidad, el orden de los
párrafos quedó nuevamente alterado. Por tanto, el quinto
párrafo fijado mediante la Ley Núm. 104-2011, es ahora el
octavo
párrafo.
Desafortunadamente,
la
Asamblea
Legislativa no enmendó el Artículo 7 de la Ley de los
CMAR para conformar la referencia que éste hace al
Artículo 41.050. No obstante, tras examinar las enmiendas
en cuestión, consideramos que tal proceder no respondió a
una intención del legislador de alterar los límites de
responsabilidad fijados.
CC-2014-1081
13
Ponce, al amparo de la Ley de los CMAR. Lamentablemente,
el señor Santiago Rodríguez falleció luego de haber sido
trasladado a la unidad de cuidados intensivos de este
Hospital.
Tras instarse el pleito, tanto el Hospital como la
doctora Albors Mora solicitaron la desestimación sumaria
de la demanda en su contra al interpretar que, conforme
al Artículo 7 de la Ley de los CMAR y la Ley Núm. 103 de
2011, estaban cobijados por una „inmunidad absoluta‟ que
impedía que fueran demandados. El tribunal de instancia
denegó esta solicitud debido a que concluyó que a las
partes sólo le aplicaba un límite monetario a la cuantía
por indemnización que, en su día, podría ser impuesta.
Inconformes, las partes demandadas acudieron en revisión
al Tribunal de Apelaciones, foro que se negó a expedir el
recurso de certiorari presentado por ésta.
Ante este Tribunal, la doctora Albors Mora arguye
que el análisis de la disposición en cuestión no puede
limitarse a una lectura literal. Así, pues, plantea que
la intención del legislador fue equiparar a los CMAR con
la inmunidad que le fue conferida a la Universidad de
Puerto Rico y sus facultativos, mediante la aprobación de
la Ley Núm. 98 de 24 de agosto de 1994, según enmendada. 6
6
Ciertamente, según citamos, la exposición de motivos de
la Ley Núm. 103 de 2011 hace referencia a la Ley Núm. 98
de 24 de agosto de 1994. A su vez, tal y como plantea la
peticionaria,
la
Ley
Núm.
98
confiere
a
ciertos
facultativos que laboran para la Universidad de Puerto
Rico una inmunidad -en ciertas circunstancias- y sujeta a
CC-2014-1081
14
Por tanto, en síntesis, concluye que le debe cobijar una
inmunidad total y absoluta.
En
innumerables
interpretar
una
ocasiones
disposición
hemos
expresado
legislativa
que
al
tenemos
el
propósito de hacer cumplir la intención del legislador.
Véase, Zayas Rodríguez v. P.R.T.C., 2016 TSPR 118, 195
DPR ___, en la pág. 16. Así, al efectuar el ejercicio
interpretativo debemos atribuirle a la legislación “un
sentido
que
asegure
el
resultado
que
originalmente
se
quiso obtener”. Méndez Pabón v. Méndez Martínez, 151 DPR
853, 858-859 (2000); Chase Manhattan Bank v. Mun. De San
Juan,
126
DPR
759,
766
(1990).
Ciertamente,
nuestra
función no es irrestricta, pues el Artículo 14 del Código
Civil de Puerto Rico dispone que “[c]uando la ley es
clara [y] libre de toda ambigüedad, la letra de ella no
debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir con su
espíritu”. 31 LPRA sec. 14.
Ahora bien, tenemos la responsabilidad de armonizar,
en
la
medida
posible,
todas
las
disposiciones
de
una
la institución a los límites monetarios fijados en la Ley
de pleitos contra el Estado. Ahora bien, estimamos que hay
una distinción fundamental entre la protección que el
legislador abrogó a la Universidad, por ser ésta una
entidad pública, y aquella que optó por conferirle a los
CMAR.
Según
reseñamos
anteriormente,
los
CMAR
son
entidades sin fines de lucro totalmente separadas del
Estado. Por tanto, en consideración a ello y analizando el
lenguaje de los precitados artículos, no encontramos razón
para no validar la intención del legislador de dar un
tratamiento distinto a los CMAR en lo que respecta a los
límites de responsabilidad aplicables.
CC-2014-1081
pieza
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legislativa
a
ser
interpretada.
De
esta
forma,
buscamos un resultado lógico y razonable que encarne la
intención
del
legislador.
Véase
Pueblo
v.
Zayas
Rodríguez, 147 DPR 530 (1999).
Conforme la discusión precedente, reconocemos que la
referencia que hacía el Artículo 7 de la Ley de los CMAR
al Artículo 41.050 del Código de Seguros podría poner en
duda cuál era la protección aplicable a los CMAR, los
estudiantes,
facultad
los
que
ahí
médicos
se
practicantes
desempeñaran
en
y
miembros
caso
de
de
que
incurrieran en impericia médico-hospitalaria. Ello, pues,
aunque el texto del Artículo 7 expresamente disponía una
limitación monetaria, al hacerles extensivo el lenguaje
del tercer párrafo del Artículo 41.050, referente a la
inmunidad, era posible razonar que a éstos les cobijaba
una inmunidad absoluta.
No obstante, es nuestro criterio que la intención
legislativa tras la redacción del Artículo 7 de la Ley
Núm. 136 de 2006 fue establecer
referidos
límites
inmunidad.
Así
de
la aplicación
responsabilidad,
concluimos
pues,
en
no
primer
de
de los
abrogar
lugar,
el
„límite de responsabilidad‟ y la inmunidad son figuras
jurídicas
mutuamente
excluyentes.
Por
tanto,
resulta
incongruente interpretar que la intención original del
legislador fue pretender aplicarlas de forma simultánea.
De otra parte, reconocemos que el lenguaje consagrado en
el
tercer
párrafo
del
Artículo
41.050
del
Código
de
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Seguros
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atiende
de
manera
muy
particular
las
instituciones, individuos y circunstancias en que será
aplicable la referida inmunidad. Somos del criterio que,
pretender sobreponer la inmunidad a los CMAR, a pesar de
que a éstos no se les incluyó en el Artículo 41.050,
sería contrario al mandato legislativo que se materializó
en el Artículo 7 de la Ley de los CMAR al fijar los
límites de responsabilidad.
Por último, según reseñamos, el posterior desarrollo
legislativo
de
manifiesto
que
los
el
precitados
legislador
artículos
optó
por
pone
de
reiterar
su
intención original. Particularmente, tras la aprobación
de la Ley Núm. 103-2011, se disipó cualquier confusión
respecto a la protección aplicable y al uso impreciso de
la
Asamblea
„límite
de
Legislativa
de
los
responsabilidad‟.
términos
En
fin,
„inmunidad‟
quedó
y
totalmente
claro; tanto los CMAR, los estudiantes y miembros de la
facultad,
en
hospitalaria,
casos
no
constitutivos
les
cobija
de
una
impericia
„inmunidad‟,
médicosino
un
límite monetario a las cuantías que se le podría imponer.
Por
consiguiente,
individuos
pueden
aclaramos
ser
que
incluidos
en
estas
una
entidades
demanda
e
sobre
impericia médico-hospitalaria.
El resultado al que hoy llegamos es el correcto. Nos
encontramos sumamente preocupados con la posibilidad de
que
una
artículos
interpretación
haya
llevado
equivocada
a
los
de
los
consorcios,
referidos
creados
al
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amparo de la Ley de los CMAR, a establecer relaciones
contractuales insuficientes con los estudiantes, médicos
practicantes y miembros de la facultad. A saber, que se
haya partido de la premisa errada de que la institución y
estos individuos disfrutaban de una inmunidad que hacía
innecesaria
la
adquisición
financiera
para
enfrentar
de
seguros
o
reclamaciones
planificación
por
impericia
médico-hospitalaria. No obstante, no nos corresponde a
nosotros
establecer
o
modificar
la
política
pública
respecto a la protección conferida a los Centros Médicos
Académicos Regionales; dicha prerrogativa le corresponde
a las ramas políticas del gobierno.
De conformidad con lo anterior, concluimos que el
Tribunal de Apelaciones no erró al denegar la expedición
del
recurso
de
certiorari
presentado
por
la
doctora
Albors Mora. Así, pues, se confirma la determinación del
Tribunal de Primera Instancia y se devuelve el caso al
foro primario para la continuación de los procedimientos
de conformidad con lo aquí expuesto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen
Julia
Figueroa, et al.
Rodríguez
Recurridos
v.
Núm. CC-2014-1081
Centro
de
Salud
Mario
Canales Torresola, et al.
Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2017
Por los fundamentos que anteceden, concluimos que el
Tribunal de Apelaciones no erró al denegar la expedición
del recurso de certiorari presentado por la doctora Albors
Mora. Así, pues, se confirma la determinación del Tribunal
de Primera Instancia y se devuelve el caso al foro primario
para la continuación de los procedimientos de conformidad
con lo aquí expuesto.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco
concurre y hace constar la siguiente expresión:
“La Jueza Asociada señora Pabón Charneco
concurre con la Opinión que antecede. No
obstante, debo señalar que las numerosas y
frecuentes enmiendas que ha sufrido el
Artículo 41.050 de la Ley Núm. 77 de 19 de
junio de 1957, según emendada, conocida como
Código de Seguros de Puerto Rico, 26
L.P.R.A. Sec. 4105, hacen necesario que la
Asamblea Legislativa reexamine su contenido
de forma abarcadora y no fragmentada. Esto,
para que se exprese clara e inequívocamente
la política pública del Estado con relación
a
la
inmunidad
o
los
límites
de
responsabilidad
que
le
aplican
a
los
profesionales de la salud – en especial, a
los
estudiantes
y
residentes
de
las
instituciones
médico-hospitalarias públicas
y privadas – ante las implicaciones que
pueda tener en la contratación de los
profesionales de la salud afectados por
dicha disposición y en la salud y causas de
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acción de los puertorriqueños atendidos por
estos”.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo